tierra

1. EL PUEBLO CASADEÑO TIENE DERECHO A LA
TIERRA Y AL TRABAJO
(Conf. Constitución Nacional Art. 86)
Una vez más la Conferencia Episcopal Paraguaya CEP, asume la
responsabilidad de dirigir una nota a las Autoridades Nacionales: Senadores y
Diputados, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, autoridades departamentales
y ciudadanía toda.
La situación que ponemos a consideración de todos son los problemas y los
derechos de nuestros compatriotas, los pobladores de Puerto Casado.
Todos sabemos que se trata de un problema de explotación y marginación
grave ocasionado por una empresa taninera desde hace más de 100 años. Hoy los
descendientes están en la calle, sin posesión y sin los derechos humanos
elementales, a merced de una nueva empresa transnacional que no les reconoce ni
el piso ni las viviendas que venían ocupando.
Referente a este tema ya nos hemos manifestado en dos ocasiones anteriores
(9 de julio de 1.997 y 8 de noviembre de 2.000).
En la última nota decíamos en una parte, numeral 5: "En relación a los sucesos
de Puerto Casado, los Obispos del Paraguay manifestamos nuestra convicción de
que los habitantes de Puerto Casado están en su pleno derecho de ser respetados
en sus reclamos, que son justos y les apoyamos en su gestión de exigir que se les
haga justicia. Y a los representantes legítimos del puebloles pedimos que escuchen
dichos reclamos y respondan en beneficio de ese pueblo trabajador y sufrido".
Hoy queremos recalcar una vez más los siguientes puntos:
1. Constatamos un desafío a la soberanía nacional. Grandes extensiones de
tierra explotadas irracionalmente no han dejado beneficio social estable con
proyección hacia el futuro. Últimamente, las tierras están en peores condiciones por
falta de explotación y la población en estado de abandono.
Allí hay tierra más que suficiente para los casadeños y aún otros paraguayos
y extranjeros, y sobrará aún grandes extensiones para la empresa que quiera
invertir. Recordemos que esa es una región con recuerdos y valores
históricos para el país.

2. Nuestros compatriotas con sus años de trabajo sepultados allí y generaciones
enteras que vivieron en esa región, tienen verdaderos derechos adquiridos.
2. Exigimos justicia social, equidad y solidaridad con nuestros compatriotas
de Puerto Casado.
Hay una justicia mínima que responde al derecho elemental, al derecho humano
de toda persona y a la prescripción constitucional: el derecho a la tierra y al trabajo
(Const. Nac. : Art. 86, derecho al trabajo; Art. 114, Reforma Agraria; Art. 116,
latifundio improductivo) que tenemos que respetar.
El gobierno, a través de sus órganos e instituciones debe intervenir conforme a
las leyes vigentes y hacer que nuestros conciudadanos tengan un pedazo de tierra
propia para trabajar, sostener a su familia y aportar al bien del país.
3. Llamamos la atención sobre un latifundio improductivo de extensión
extraordinaria que excluyó y sigue excluyendo a miles de trabajadores.
Un relevamiento técnico de la propiedad de la firma Carlos Casado S.A, realizado
en mayo de 1.997 por el Instituto de Bienestar Rural, Gabinete Técnico - Anexo II -
Expediente Nº 2.644/66 afirma: "La contundencia de las comprobaciones y
evidencias verificables, califican a la propiedad de la Empresa Carlos Casado
como el mas grande latifundio improductivo de la Republica del
Paraguay, constituyéndose en todo una traba para el desarrollo económicoy social
de la Región Occidental".
Se trata de un tema serio, vital y urgente.
4. Presencia del Gobierno Nacional. Esperamos de nuestras autoridades la
buena disposición y la determinación de enfrentar y dar una solución a este
problema, a través de sus organismos correspondientes.
Será justicia escuchar el reclamo de estos hermanos nuestros de Puerto Casado.
Dios guarde a todos Ustedes
Con todo respeto y estima. A nombre de todos los Obispos de la Conferencia
Episcopal Paraguaya. (CEP)
Asunción, 07 de junio de 2005