1. La Tierra: don de Dios para todos – 8 de Setiembre de 1989
Es indudable que en este momento de la vida nacional, la tierra se ha hecho noticia y ocupa amplios
espacios en los medios de comunicación, en los debates y en la preocupación del hombre paraguayo.
Quienes luchan por conquistar un espacio de tierra donde vivir y quienes luchan por defender la que
poseen, emplean argumentos e invocan principios que creemos necesario aclarar. Hace más de
seis años, los Obispos hemos hablado sobre el particular. Hoy queremos volver sobre este tema para
referirnos a los hechos, para recordar
principios y enseñanzas de la Iglesia y para proponer algunas líneas de solución.
1- LOS HECHOS
En un país como el nuestro, es evidente que hay tierra suficiente pero que no está debidamente
distribuida. Una lamentable especulación y muchas maniobras ilegítimas han privado al pueblo de gran
parte de esa tierra. Una mención particular debe hacerse de la situación de los indígenas, dolorosa e
injustamente marginados.
Nuestra condición agrícola hace que, hasta hoy, gran parte de la población viva del campo y necesite, por
eso mismo, perentoriamente la tierra que es trabajo, vivienda y subsistencia. La región Occidental tiene
grandes reservas que hasta hoy no pueden ser habitadas por falta de proyectos oportunos y adecuados.
Pero es todo el país el que carece de servicios eficientes para el régimen de la tierra: legislación clara y
actualizada, catastro y registros organizados y seguros; política eficaz de protección al pequeño agricultor;
subsidios técnicos suficientes, etc.
Digamos también que los modos culturales de nuestro pueblo, en la valorización y en el uso de la tierra,
responden a otras épocas y a otras necesidades.
Todo esto hace que existan situaciones irregulares y conflictos que hoy afloran con inusitada gravedad. El
conjunto de elementos, apenas mencionados por otra parte, desgraciadamente nunca fue tenido
en cuenta en la programación del crecimiento del país. Por ello, no podemos asombrarnos de irritantes
situaciones de injusticias nacidas de la ambición desmedida y del egoísmo.
2- LOS PRINCIPIOS Y ENSEÑANZAS
La tierra es don de Dios para todos los hombres, afirmábamos en la Carta Pastoral del 12 de junio de
1983. Lo reiteramos hoy, recordando la enseñanza de la Sagrada Escritura -Antiguo y Nuevo Testamento-
, la Tradición Patrística y la Doctrina Social de la Iglesia y de los Sumos Pontífices.
La tierra y todos los bienes han sido destinados por Dios para todos los hombres. El Creador constituyó al
hombre administrador y dispensador de los bienes a su cargo para que beneficiaran a todos los hombres.
Este principio fundamental debe iluminar el tratamiento del problema.
Recordemos que el trabajo es más importante que el capital. Y esto vale en el uso de la tierra y en la vida
de quienes la trabajan y en ella tienen la fuente de su sustento y el de su familia. El derecho de necesidad
prima sobre todas las consideraciones y autoriza soluciones provisorias de urgencia con intervención de
la autoridad. Pequeñas y grandes comunidades tienen derecho natural a vivir dignamente y a promoverse
por encima de la miseria, del estancamiento y del mero nivel de supervivencia. Y éste, derecho a una vida
digna debe primar con relación a la libre disposición comercial de la tierra.

2. Es claramente injusto apelar al derecho de la propiedad privada como un derecho absoluto, sin tener en
cuenta el derecho natural a una vida digna, superior y anterior a aquél. Recordemos la ya célebre
expresión del Papa Juan Pablo II: «Sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social».
La necesaria tecnificación y la industrialización del agro deben enderezarse, antes que nada, a una
promoción masiva e intensiva del nivel de vida y de la mentalidad de pequeños y medianos agricultores.
De ninguna manera pueden ser confiadas exclusivamente a la iniciativa de grupos transnacionales de
inversionistas cuyo objetivo es el lucro, de un modo preponderante, a costa del bien social del país.
3- LAS LÍNEAS DE SOLUCIÓN
A la luz de estos principios y en las presentes circunstancias, los Obispos del Paraguay queremos aportar
algunas líneas orientadoras de ayuda a la reflexión en la búsqueda de una solución humana de este
problema que nos preocupa de veras.
Quienes han acumulado grandes extensiones de tierra, para responder a su condición de cristianos,
deben estar dispuestos a colaborar en la solución de este problema con iniciativas urgentes y adecuadas.
Los angustiosos problemas no admiten demoras. Por eso juzgamos justificado y valoramos el interés
demostrado por el Gobierno en procurar soluciones inmediatas aunque sean provisorias.
Las comunidades cristianas deben cooperar, con espíritu solidario y de acuerdo a sus posibilidades, en
los cas os más urgentes de los “s in tierra”.
No podemos sentirnos ajenos ni permanecer indiferentes ante tales casos que golpean nuestra
conciencia.
Juzgamos también necesario el dictado de normas y procedimientos claros para la recuperación de tierras
habidas ilegítima e ilegalmente
Lógicamente, tales tierras deben ser utilizadas en favor de quienes las necesitan y las merecen. Deben
ser acelerados los estudios para la corrección de la legislación vigente en lo que hace a la tenencia
de tierras y un replanteamiento de la Reforma Agraria buscando que la misma responda a las
necesidades reales de los pobladores del campo y promueva el auténtico desarrollo de los mismos.
Consideramos que con la urgencia del caso, en las debidas instancias y con la participación de los
responsables correspondientes y atendiendo a los intereses de los sectores involucrados, deben
hacerse tales estudios, que permitan un nuevo, justo y adecuado ordenamiento legal, que impida la
escalada de hechos más graves.
La Iglesia aprecia los esfuerzos realizados y los propósitos enunciados.
Ella está dispuesta a prestar toda su colaboración en los casos urgentes y en los planteamientos de
fondo. Consciente de la prioridad del problema humano, y a través de su Pastoral Social en particular,
reitera su espíritu de servicio para alcanzar adecuada solución a este problema.
Asunción, 8 de setiembre de 1989
Por la Presidencia de la CEP.
+Jorge Livieres Banks
Obispo Prelado de Encarnación y
Secretario General de la CEP