El documento denuncia la violencia y corrupción en Paraguay que profundizan la pobreza y amenazan la paz social. Insta a las autoridades a proteger la vida de los ciudadanos dentro del Estado de Derecho y combatir la corrupción. También hace un llamado a la sociedad civil a asumir su responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa y pacífica a través de la promoción de los derechos humanos y la educación ciudadana.

1. POR LA VIDA Y POR LA PAZ
La sociedad paraguaya vive en la actualidad un recrudecimiento de la violencia y
de la inseguridad, traducidas en asaltos, secuestros, crímenes violentos y hechos
de corrupción que evidencian la persistencia del grave deterioro del tejido social y
moral de la nación, denunciada por los Obispos en diversos momentos de la
historia de nuestro país.
Frente a esta situación, la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal
Paraguaya manifiesta su palabra de denuncia y de exhortación a respetar la vida
de las personas y a construir las condiciones para una convivencia pacífica.
1. La corrupción profundiza la pobreza
Los hechos de corrupción denunciados en los últimos tiempos y que están
relacionados con gestiones del Ministerio de Educación como el programa de la
merienda escolar, así como la distribución de materiales de estudio; con el
Ministerio de Agricultura y el programa algodonero; con el Ministerio de Salud y la
distribución de los kits para el parto, entre otros, además de profundizar la
desconfianza hacia la gestión de los organismos públicos, indignan y ofenden la
conciencia ciudadana, pues distraen recursos vitales para el presente y el futuro
de miles de niños, de las familias campesinas más pobres y de la atención
adecuada a la salud materna.
Los hechos y las instituciones mencionadas son sólo un ejemplo de cómo la
corrupción priva al país de los recursos necesarios para mejorar las condiciones
de vida de nuestros compatriotas que, ante la falta de alternativas y el
empobrecimiento creciente, abandonan el campo y la patria.
La corrupción es una violencia contra el país y contra su gente, más aún si no se
castiga a los responsables y no se recupera lo robado.
La enseñanza social de la Iglesia sostiene que entre las causas que en mayor
medida concurren a determinar el subdesarrollo y la pobreza de los países se
encuentran el analfabetismo, las dificultades alimenticias, la ausencia de
estructuras y de servicios, la carencia de medidas que garanticen la asistencia
básica en el campo de la salud, la corrupción, la precariedad de las instituciones y
de la misma vida política. (Compendio de la DSI, 447)
2. La convivencia pacífica es fruto del respeto a la vida y a la dignidad de las
personas
A todo esto debemos agregar el aumento de la violencia criminal con los asaltos,
secuestros y asesinatos violentos, con fuertes indicios que involucran a las propias
instituciones de seguridad del Estado.

2. El Estado tiene la obligación de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos en
el marco del estricto respeto a la dignidad de las personas y a las garantías que
confieren la Constitución y las leyes. En ningún caso se pueden admitir
situaciones que podrían interpretarse como una posible extralimitación en las
atribuciones de los organismos públicos de seguridad y de sus funcionarios.
La violencia genera más violencia. Es necesario construir la convivencia pacífica al
amparo del Estado de Derecho.
La debilidad e ineficiencia de los poderes públicos y de los organismos de
seguridad del Estado para proteger a sus ciudadanos mueve a la Iglesia a
exhortar a las autoridades a adoptar todas las medidas para garantizar la vida de
las personas.
Asimismo, todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, así como
los ciudadanos y ciudadanas, deben asumir su responsabilidad en la lucha contra
la corrupción y contra la violencia, cualquiera sea su origen.
Finalmente, la Iglesia afirma que la paz es fruto de la justicia. La paz peligra
cuando a las personas no se les reconoce aquello que les es debido en cuanto a
su condición humana, cuando no se respeta su dignidad y cuando la convivencia
no está orientada hacia el bien común. (Compendio de la DSI, 494)
Para vivir en una sociedad pacífica y lograr el desarrollo integral de los individuos
y de la nación resulta esencial la defensa y la promoción de los derechos humanos
y la puesta en práctica de una educación ciudadana que promueva la
responsabilidad social y un compromiso firme con la construcción de una sociedad
más justa.-
Asunción, 11 de mayo de 2007