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¿Y de las políticas de desarrollo rural qué?
Por: José Félix Lafaurie Rivera*
@jflafaurie
Desde enero, cuando entró en vigencia la Ley de Víctimas, el tema de la propiedad
rural eclipsó el debate nacional y destapó un polvorín, que apenas empezamos a
percibir. Preocupa, que en medio de la velocidad de las marchas para reclamar
derechos amparados por la Ley 1448 –que los ganaderos, en nuestra condición de
víctimas también abrigamos– han tenido lugar otros levantamientos, menos
mediáticos pero igual de inflamables, que nadie atiende. Demandan acceso a
insumos, riego, mercados o vías. Exigencias de ayer que se mezclarán,
irremediablemente, con las del batallón de almas que retornarán al campo y que
terminarán por encender la mecha.
Tristemente, el discurso ideológico se ha dirigido en forma exclusiva a estigmatizar
a la ganadería, por ocupar más área de la recomendada para su vocación, pero ha
sido incapaz de poner el dedo en las llagas que, históricamente, han convulsionado
la ruralidad. Hoy como ayer, nos asedian las deficiencias en cobertura de bienes
públicos y activos productivos –tecnología, infraestructura, recursos financieros,
organización social o comercialización–, la desarticulación de cadenas y la
inexperiencia del capital humano. Aún así, nos acosan para competir en TLC´s
leoninos para la producción agropecuaria.
El ejemplo de cientos de productores, que han intentado volver a sembrar algodón
en el norte del Cesar, es emblemático de la frágil situación “agraria”. A los
desarrollos tecnológicos de las semillas transgénicas y de un precio de referencia,
se sumó un camino de abrojos, que da cuenta de viejas deficiencias en los
encadenamientos entre el sector primario y el transformador. Los costos de
producción, derivados de los altos precios de semillas, fertilizantes, combustibles y
transporte por trochas, no se conduelen con las imposiciones de los industriales,
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que han dejado sin desmote, sin mercado y sin canales de comercialización a 3.500
toneladas de fibra y 5.000 toneladas de semilla motosa.
¿Qué ha pasado con las políticas públicas para el campo? No es admisible que un
cultivo como el algodón –que de 400 mil hectáreas sembradas en 1978, pasó a casi
0 a principios de los noventa, por cuenta de modelos anti‐agraristas– intente
renacer sobre el esfuerzo exclusivo de un puñado de agricultores, pero también
sobre su propio descalabro financiero. Pero esta realidad de los algodoneros,
encarna preocupaciones de mayor calado que conectan, inevitablemente, con el
proceso de restitución y con la misma transformación productiva y territorial en
que está empeñado el Gobierno.
Si el país no tiene instrumentos de política para reactivar 100 o 200 mil hectáreas
en algodón, me pregunto ¿cómo garantizar la permanencia de 350 mil familias que
retornarán a no menos de 2 millones de hectáreas, en el envión inicial de la
restitución? Difícilmente son sujeto crédito o asesoría técnica y estamos lejos de
asegurar la productividad de sus cultivos, un mercado para venderlos o incluso su
protección. Más aún ¿cómo reconvertir de la noche a la mañana 10 millones de
hectáreas, 3 o 4 millones de ellas a usos agrícolas? No en vano se produjo la
“ganaderización” del campo, de la que se habla con tanta maledicencia. Fue la
única salida para miles de productores que expulsó la apertura económica a la
quiebra, aunque hoy pretendan desconocerlo quienes adoctrinan desde poltronas
en las ciudades.
El clima insano que están atizando los activistas profesionales, que manosean la
Ley de víctimas como bandera política y la ausencia de “gobernanza rural”, no
hacen parte del rompecabezas de la transformación “agraria” o la restitución de
tierras. O lo que es lo mismo: del desarrollo de los que están y los que vuelven, de
los sistemas de producción establecidos y los 10 millones de hectáreas a
reconvertir. Son procesos que requieren la misma profundidad y compromiso
estatal. La tierra per sé no hace posible el crecimiento económico y el desarrollo
humano integral. Privilegiar el asunto de la tierra, sin construir, en forma paralela,