Propuestas para el Agro del Grupo GAPU. Ing. Agr. Guillermo Bernaudo, Lic. José Anchorena, Dr. Andrés Dominguez, Ing. Agr. Leonardoi Sarquís, Dr. Rossi

1. 30 PROPUESTAS
PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
ANCHORENA, José
BERNAUDO, Guillermo
COLOMBRES, Mercedes
DOMINGUEZ, Andrés
ROSSI, Hugo
SARQUIS, Leonardo
Los autores agradecen los valiosos aportes de expertos, profesionales,
empresarios, productores, comercializadores, y otros referentes consultados en el
proceso de elaboración del presente.
Este documento contiene
Parte I: Visión de País y Grandes Lineamientos para la
Unidad
Parte II: 30 Propuestas para el Desarrollo Agroindustrial

2. 1 30 PROPUESTAS
INTRODUCCION
Presentación del GAPU AGRO y sus miembros

3. 2 30 PROPUESTAS
QUIENES SOMOS
El Grupo de Acción Política para la Unidad - GAPU AGRO – es un grupo de profesionales técnico-políticos, que
somos o hemos sido referentes de diferentes partidos políticos de Argentina, y desde el año 2012 tomamos la
decisión de trabajar en conjunto.
Lo conformamos José Anchorena (Director de Planes de Gobierno de Fundación Pensar / PRO), Guillermo
Bernaudo (Coordinador Agropecuario de Unión por Todos), Mercedes Colombres (Ex Asesora de Diputados
Nacionales UCR Unión Cívica Radical), Andrés Domínguez (Ex Coordinador Agroindustrial de Coalición Cívica),
Leonardo Sarquis (Ex Coordinador Agroindustrial Union Celeste y Blanco) y Hugo Rossi (Responsable de temas
agropecuarios del Bloque de Diputados Nacionales UCR Unión Cívica Radical).
Nuestro objetivo principal como grupo es la elaboración de propuestas concretas de políticas públicas
agroindustriales para la Argentina, que tengan la mayor solvencia técnica y más amplio apoyo político-
partidario y sectorial posible. Estamos convencidos que para el proceso de elaboración de las mismas son
centrales el dialogo, la apertura, la interacción con los actores involucrados, y la incorporación de insumos
académicos.
El GAPU AGRO es un espacio de trabajo sin filiación partidaria, aunque quienes lo conformamos estamos o
hemos estado participando en diferentes partidos políticos de Argentina. Es también un espacio
independiente del Estado, aunque su trabajo está a disposición de las autoridades públicas, y estamos abiertos
al debate referido a las mismas. Asimismo es un espacio independiente de entidades de productores,
asociaciones técnicas, cadenas de valor, gremios o empresarios del sector agroindustrial argentino. Por
supuesto que GAPU AGRO tiene relación con todos estos actores, pero la interacción con todos ellos, tanto
públicos y privados, es en función de avanzar hacia nuestro objetivo: diseñar y poner en práctica políticas
agroindustriales.
El GAPU AGRO no es tampoco un grupo sectorial. Trabajamos temas agroindustriales porque es nuestra
especialidad, pero nuestra vocación no es representar intereses sectoriales, sino buscar desde los temas
relacionados a la agroindustria, las mejores propuestas de políticas en beneficio de la Argentina, de la calidad
de vida de su población, y para la alimentación de nuestro país y del mundo en cantidad y calidad. Quienes
formamos GAPU AGRO proponemos, desde el lugar en que tenemos experiencia profesional que es la
agroindustria, un modelo de desarrollo para toda la Argentina.
Asimismo, creemos que por el rol que tienen Argentina y América Latina como proveedores globales de
alimentos a un mundo cada vez más demandante (y que tendrán aún más en el futuro), nuestras propuestas
de políticas públicas para Argentina tienen también un impacto internacional, o cuando menos regional.
Creemos también que naturalmente el proceso de construcción de Políticas de Estado Agroindustriales para

4. 3 30 PROPUESTAS
Argentina abarcara diversos temas relacionados con integración regional y con la dimensión regional de las
políticas públicas locales.
El 15 de Marzo de 2014 GAPU AGRO presento en EXPOAGRO Argentina (la mayor muestra de agroindustria del
país) un documento titulado “30 Propuestas para el Desarrollo Agroindustrial”. Estrictamente ese documento
contiene dos partes, una primera parte llamada “Visión de País y Grandes Lineamientos para la Unidad”, que
ya había sido presentada en Diciembre de 2012 en la sede del gremio UATRE (Unión de Trabajadores Rurales y
Estibadores), y una segunda parte en donde se explican en detalle las 30 Propuestas, que son aportes
concretos de política pública que desde el GAPU AGRO proponemos como puntos de acuerdo en el camino
hacia la construcción de Políticas de Estado Agroindustriales en nuestro país. El estudio previo y la redacción
final del documento fueron compartidos por los seis integrantes del grupo. Todo el trabajo realizado por el
GAPU AGRO es de carácter público, y están a disposición de la política y la sociedad argentina en general.
Más allá del “hito” de presentar este documento en público, destacamos que el proceso de trabajo del GAPU
AGRO es dinámico. A la presentación del documento citado llegamos luego de haber expuesto ideas similares
en los principales eventos de la agroindustria argentina durante 2012 y 2013, y de publicar estas ideas en
diversos medios de prensa. Tuvimos asimismo gran cantidad de reuniones con actores privados del sector,
académicos, investigadores y referentes, así como con actores políticos con los cuales tenemos relación por
nuestros trabajos profesionales. Asimismo hemos obtenido una repercusión creciente en la prensa al respecto
de las propuestas de políticas públicas acordadas entre técnicos de diferentes orígenes partidarios, lo cual en
la actualidad está potenciando ese trabajo de interacción con diferentes actores antes descripto. En línea con
este proceso dinámico desde GAPU AGRO tenemos claro que las “30 propuestas” también son dinámicas:
Reiteramos que el objetivo es que este proceso de interacción en el que actuamos como articuladores vaya
generando mejores propuestas de políticas públicas (en cuanto a su solvencia, profundidad y nivel de detalle),
que a su vez tengan el mayor consenso político-partidario y sectorial posible. Creemos asimismo que este
proceso mejorara la eficiencia, eficacia y buena recepción (o apropiación) por parte de los actores sociales al
momento de aplicar las políticas públicas que surjan como resultado del mismo.
Es clara en Argentina la demanda de los actores de la agroindustria por este tipo de políticas públicas con
amplio nivel de acuerdo, pero también lo es de la sociedad toda, a través de las preocupaciones por temas
centrales tale como el precio y abastecimiento de los alimentos, el uso y manejo de recursos naturales, entre
otros.
Consideramos asimismo que experiencias similares podrían llegar a darse o estar dándose en otros países de
la región, entre las que podemos enriquecernos mutuamente. En tal sentido es que creemos que es valioso
compartir esta experiencia con otros expertos de políticas públicas en general, tanto el resultado del trabajo
(las propuestas de políticas públicas en sí) como el proceso de generación de las mismas (es decir, la propia
conformación del GAPU AGRO como grupo y todo el proceso de interacción descripto).

5. 4 30 PROPUESTAS
JOSÉ ANCHORENA
Lic. en Economía (Universidad Católica Argentina) y Doctor en Economía (Universidad Carnegie Mellon). Recibió la Beca
William Larimer Mellon de la Universidad Carnegie Mellon, donde fue instructor en las materias Desarrollo Económico y
Microeconomía, también fue investigador visitante en el Departamento de Economía de la Universidad de Oslo. Es autor
de diversos trabajos de investigación y realizó presentaciones de sus trabajos en instituciones locales y del extranjero.
Actualmente es Director de Desarrollo Económico y Coordinador de Planes de Gobierno en la Fundación Pensar.
GUILLERMO BERNAUDO
Ingeniero Agrónomo (FAUBA) está finalizando su Tesis como aspirante a Magister en Gobernabilidad por la
UNLaMatanza. Becario del Departamento de Estado de EEUU para el estudio de las Sinérgias público-privadas en el
sector agrícola (2011). Tiene cursos de Posgrado en Cadenas Agroalimentarias y en Gestión de Proyectos en IAE-UA. Se
desempeña profesionalmente como Director y Consultor de empresas agroindustriales en Argentina y Uruguay. Es
coordinador del Equipo Agroindustrial de Unión por Todos y asesor de la diputada nacional Patricia Bullrich. Es profesor
adjunto de Políticas Económicas Agropecuarias (UB). Fue docente invitado en la Escuela de Posgrado Alberto Soriano
(FAUBA 2003-2008) donde ha sido director y jurado de Tesis de Especialización. Fue investigador para IPCVA (2007) y
para National Science Foundation (NSF 2004-2007) y consultor de PROSAP (2004-2005). Desarrolló su carrera
profesional en CREA donde fue asesor (1985-2012), Coordinador Regional (1996-2004) y Líder de Investigación y
Desarrollo(2002-2008) representando a esa institución en eventos y organismos nacionales e internacionales. Fue
consejero del Consejo Normalizador Consultivo de la Facultad de Agronomía UBA (1983) Autor de numerosos artículos,
coautor de libros y conferencista de diversos temas del sector agroindustrial.
MERCEDES COLOMBRES
Licenciada en Comunicacion (2002, Universidad Catolica de Tucuman) y Master en Periodismo (2004, La Nación-
Universidad Di Tella). Trabajo como periodista en las secciones Economía y Campo de La Nación entre enero de 2004 y
marzo de 2012, teniendo a su cargo la cobertura del conflicto entre el sector agropecuario y el Gobierno en 2008.
Posteriormente fue asesora en temas de comunicación de los agrodiputados Juan Casañas, Jorge Chemes y Lucio
Aspiazu (UCR), durante 2012 y 2013. También trabajó en la producción de temas rurales en el programa radial Cada
Mañana (Radio 10), de Marcelo Longobardi, en 2012. Asesoró en comunicación para cuestiones puntuales al
Movimiento CREA y Argentrigo. Actualmente asesora de prensa de la Asociación Argentina de Angus y de la Fundación
Libertad y Progreso, de Aldo Abram y Manuel Solanet. Además, desde 2009 integra el staff del programa agropecuario
Bichos de Campo en sus versiones de radio y tv. En 2005 ganó el premio CAPA-Banco Galicia para periodistas de agro en
la categoría Política Agropecuaria y en 2006, un premio de ADEPA en la categoría Economía. Fue disertante en el
Programa CEIDA de la Sociedad Rural Argentina en temas de comunicación agropecuaria.
ANDRES DOMINGUEZ
Es Abogado (U. de Buenos Aires) y Lic. En Economia (U. de San Andres), con cursos de Posgrado sobre Gobernabilidad y
Gerencia Política (U. de San Andrés - Corporación Andina de Fomento – George Washington University), y
Administración Pública Local ( Facultad de Ciencias Económicas – U. de Buenos Aires). Su especialización profesional es
sobre Politicas Publicas, en particular, Politicas Agroindustriales. Fue Coordinador Nacional de Equipos Tecnicos, y
Coordinador Agroindustrial de la Coalicion Civica. Fue Asesor de los Diputados Nacionales Elisa Carrio y Alfonso Prat-Gay,

6. 5 30 PROPUESTAS
entre otros puestos técnicos en el Congreso de la Nacion, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. En la
actualidad consultor asociado a Fundacion Pensar y responsable de RED Consultora. Es columnista de ERREPAR –
Consultor Agropecuario. Como docente se desempeña en materias de grado y posgrado en la Universidad de Belgrano,
la U.Nacional de La Plata y el Concejo Profesional de Ciencias Economicas de la Ciudad de Buenos Aires.
HUGO ROSSI
Abogado, egresado con diploma de honor de la Universidad Católica Argentina en el año 2005. Posgrado en Derecho
Empresario Económico en la Universidad Católica Argentina. Trabajo en la justicia nacional en lo comercial y en los
estudios jurídicos Brons & Salas y Beccar Varela. Socio fundador del Estudio Rossi Amadeo Abogados. Es asesor del
Diputado Nacional Juan Casañas en el Congreso Nacional desde el año 2010. Allí asesoró a la presidencia de la Comisión
de Agricultura y Ganadería y la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Es productor agropecuario. Presidente de la Sociedad Rural de Guardia del Monte, provincia de Buenos Aires. Es
miembro CREA y fue fundador y presidente del grupo CREA Monte. Es socio activo de la Sociedad Rural Argentina, de la
Fundación Barbechando y miembro del grupo GAPU Agro. Participó como disertante en diversos congresos y
conferencias relativas al agro.
LEONARDO SARQUIS
Ingeniero Agronomo. (UBA), MBA de Adam Smith Open University, PostGrado en Marketing y Economia Agraria en
Sweet Briar College (VA, USA). Fue durante 15 años Director y Gerente General en unidades de negocios en empresas
como Monsanto, YPF, en distintas posiciones en el pais y en el exterior. Tambien fue Director de Microemprendimientos
del Ministerio de Produccion de la provincia de Buenos Aires, y coordinador de eventos Agroindustriales del Ministerio
de Asuntos Agrarios y Produccion. Coordino los equipos de Agroindustria del Diputado Francisco de Narvaez durante 3
años, y fue asesor de legisladores provinciales de Union Celeste y Blanco en temas del sector. Es Asesor y Consultor de
empresas privadas, organismos de gobierno, instituciones. Columnista en temas Agroindustriales en El Cronista, y en
radios en forma permanente. Es docente universitario (Universidad de San Andres y Universidad de Belgrano) y
actualmente desde 2009 Director General de su consultora, CONFIAGRO, y miembro fundador y activo del Gapu Agro.

7. 6 30 PROPUESTAS
Parte I: visión de País y Grandes
Lineamientos para la Unidad
Documento presentado públicamente el 2 de Diciembre
de 2012 en la UATRE con el aval de legisladores
nacionales y provinciales:
Patricia Bullrich (Unión por Todos)
Federico Pinedo (PRO)
Eduardo Amadeo (Frente Peronista)
Jorge Chemes (UCR)
Lucio Aspiazu (UCR)
Jorge Srodek (Diputado Provincial – Prov.Bs As / PRO)

8. 7 30 PROPUESTAS
I. Un modelo de desarrollo nacional
1. Dos objetivos básicos de un modelo de desarrollo nacional son, uno, aumentar la producción económica y,
dos, que toda la población se beneficie con ese desarrollo. Consideramos que el sector agroindustrial puede
ser uno de los motores fundamentales para alcanzar esos objetivos. El sector agroindustrial incluye al sector
agropecuario pero lo excede largamente a través del desarrollo de las cadenas de valor.
2. En efecto, varios países desarrollados en el mundo (definidos como de alto ingreso per cápita y equitativa
distribución del ingreso) basan, en gran parte, su estructura productiva y sus exportaciones en recursos
naturales; por ejemplo, Australia, Nueva Zelandia, Noruega, Canadá, etc.
3. El desarrollo agroindustrial buscado tendrá varios efectos positivos. Por un lado, aumentará el empleo con
salarios altos. Por otro, el desarrollo se dará en todo el territorio del país lo que permitirá que municipios y
provincias converjan en sus niveles de vida con las zonas más prósperas.
4. El modelo que proponemos tiene como objetivo abastecer tanto exportaciones crecientes como consumo
interno. El aumento drástico de la producción y su valor permitirá este doble objetivo, asegurando el
abastecimiento alimentario a precios razonables y el crecimiento del ingreso de divisas. Esta sinergia será la
verdadera defensa de la “mesa de los argentinos”.
5. Este desarrollo productivo propuesto tendrá su contraparte en desarrollo social, representado por el acceso
a la educación, la salud, la vivienda y a servicios varios, lo que será tanto causa y efecto del agregado de valor.
6. Esta propuesta abarca a todas las cadenas productivas alimentarias y agroindustriales basadas en recursos
naturales, incluyendo a las oleaginosas, carnes (bovina, aviar, porcina, ovina y caprina), lácteas, cereales,
vitivinícola, maderera, frutícolas, hortícolas, arrocera, azucarera, algodonera, yerbatera, del tabaco, del té, del
olivo, de la pesca, etc. Cada una de esos productos tiene encadenamientos hacia atrás (insumos tales como
maquinaria, fertilizantes o semillas) y encadenamientos hacia adelante (tales como transporte,
industrialización, biocombustibles, alimentos, comercialización, etc.). Cada una de las cadenas presenta
problemáticas idiosincráticas pero también algunas características comunes. En este documento nos referimos
a estas últimas.
7. El modelo de desarrollo que proponemos incluye no solamente el crecimiento de la agroindustria de escala
comercial e inserción a los mercados mundiales, sino también la llamada agricultura familiar. Esta consiste en
agricultura de pequeña escala, con mano de obra familiar y gran porción de producción para consumo local. La
agricultura familiar requiere de políticas específicas y focalizadas que promuevan las capacidades productivas
y comerciales de sus actores. En otras palabras, también los productores de agricultura familiar podrán crecer
tanto en ingresos como en bienestar.
8. Para el éxito de este modelo productivo será fundamental el uso sustentable de los recursos naturales:
suelos, agua, fauna, monte y pastizales nativos. En particular, deberá promoverse el uso consciente de
agroquímicos en base al conocimiento científico de sus efectos y a las normas internacionales.

9. 8 30 PROPUESTAS
II. Oportunidades del mundo
9. El escenario mundial para los próximos 20 años es de una gran demanda alimentaria así como de otros
productos agroindustriales (biocombustibles, fibras, productos de la madera, etc.). Esta demanda proviene de
los centros tradicionales (Estados Unidos y Europa) y de nuevos polos de desarrollo (como China, India y
Brasil), pero también de toda una serie de países de tamaño menor que están creciendo en forma
considerable, tales como los del sudeste asiático, norte de Africa y Medio Oriente.
10. En este sentido, el gran desafío para el país y para el sector es, por un lado, transformar la estructura de
producción a una de mayor valor agregado, y, por otro, acceder con esta producción de avanzada
precisamente a esos mercados internacionales. 1
III. Políticas para el sector
a. Tributaria y comercio interior
11. Consideramos que debe realizarse una reforma tributaria para la economía en su conjunto, dentro de la
cual las propuestas que afecten al sector agroindustrial serían las siguientes:
i. Simplificación de la normativa y reglamentación impositiva (en el presente la cantidad de normas y su
cambio continuo lleva a que sea prácticamente imposible cumplir adecuadamente con la reglamentación,
costo que recae sobre todo en pequeños productores).
ii. Reducción de la excesiva presión tributaria sobre el sector (en el presente se calcula que, en un año normal,
los impuestos representan al menos 80% de las ganancias antes de impuestos).
iii. Disminución del peso de los impuestos que desalientan la producción, el empleo, la inversión y el comercio.
Por ejemplo, consideramos que el impuesto a los créditos y débitos (impuesto al cheque) debe ser eliminado,
lo que alentará el comercio, la extensión de las cadenas así como la bancarización a la que nos referimos en el
punto e).
iv. Disminución de los derechos de exportación, los cuales tenderán a 0%. Las retenciones son un impuesto
que desalienta la producción, lo consideramos injusto porque no tiene en cuenta el nivel de ganancias, y, en
general, afecta en mayor medida a zonas menos rendidoras y pequeños productores. También desalienta las
inversiones de los productores así como la generación de mejoras tecnológicas. Recalcamos que pueden
afectar más a los productores que están alejados de los centros de recibo o se encuentran en zonas
marginales por suelo o por clima.
12. Promovemos mayor libertad en los mercados internos, con el debido control estatal, mediante la adopción
de reglas claras y estables que reemplacen el ejercicio arbitrario de la autoridad administrativa.
Paradójicamente las intervenciones realizadas con fines de abaratar los alimentos provocaron una
concentración de la renta en menor cantidad de actores, llevaron a menor transparencia y consecuentemente
1
Los argumentos de este punto se desarrollan con mas profundidad en las notas de prensa “En el desafio de alimentar al mundo,
Argentina puede ser parte de la solución” (Andres Dominguez y Jose Anchorena, 16/6/2014, Diario La Nacion
http://www.lanacion.com.ar/1563344-en-el-desafio-de-alimentar-al-mundo-la-argentina-puede-ser-parte-de-la-solucion ) y
“Aprovechar las oportunidades” (Andres Dominguez, 2/6/2012, Diario La Nacion, http://www.lanacion.com.ar/1478194-aprovechar-
las-oportunidades) , entre otras publicaciones.

10. 9 30 PROPUESTAS
elevaron los precios al consumidor. Así, varios estudios muestran que las brechas de precio entre el productor
y el consumidor aumentaron significativamente a partir de estas políticas, sin que esos aumentos fueran
consecuencia de un agregado genuino de valor.
b. Comercio exterior
13. Proponemos eliminar las restricciones a las exportaciones (ROE) y desarrollar una política activa de acceso
y recuperación de mercados, cumpliendo los estándares sanitarios, de trazabilidad y de calidad que los países
demandantes requieren.
14. Consideramos que es necesario una política macroeconómica que no se transforme en un freno para las
exportaciones. Un tipo de cambio real apreciado debido a la inflación es una barrera infranqueable para las
exportaciones. La propuesta que planteamos aquí es para el largo plazo y creemos que, en ese plazo, el tipo
de cambio real debe acercarse al de equilibrio, lo que permitirá que, con ganancias de productividad, el país
sea cada vez más competitivo.
15. Promovemos una política de inserción internacional a través de multinacionales de capital argentino que
realicen la comercialización de productos alimentarios y agroindustriales argentinos. De esta manera se podrá
vender en el exterior productos con valor agregado en el país. Esto implicará mayor inversión y empleo en el
país.
c. Infraestructura
16. Consideramos que el estado nacional y los estados provinciales deben dar prioridad a la inversión en
infraestructura para la producción. Esta consiste en la construcción y mantenimiento de autopistas, rutas y
caminos internos, el desarrollo ferroviario y el transporte fluvial, así como en la mejora de la logística
portuaria. También el estado debe priorizar la infraestructura energética, desde la generación hasta la
distribución a todo el país, lo que será condición necesaria para el desarrollo de las cadenas de valor en todo el
territorio. Asimismo, se promoverá el riego dadas las características semiáridas de gran parte del país y de los
importantes recursos hídricos del mismo. Por último, deberá adaptarse la capacidad de almacenaje así como
incentivar la reconversión de la flota de camiones.
17. Con el objetivo de avanzar en la construcción y mantenimiento de esta infraestructura para el desarrollo
productivo se usarán tanto los recursos estatales como la atracción de inversión privada. Creemos que los
estados nacional y provinciales deben elegir inteligentemente cuál es la mejor combinación de recursos
privados y estatales para cada proyecto particular.
d. Empleo
18. El desarrollo agroindustrial permitirá erradicar la pobreza rural. Se promoverá la fiscalización del empleo
rural con una paulatina formalización del mismo.
19. La tecnificación de los procesos agroindustriales exige que la capacitación del personal abocado a estas
tareas y de los jóvenes que aspiran a incorporarse al sector sea un eje de trabajo conjunto del estado, los
sectores gremiales y los sectores empresarios. El desarrollo agroindustrial generará empleos con altos salarios

11. 10 30 PROPUESTAS
al requerir conocimientos específicos. Habrá una demanda creciente de instituciones educativas de calidad en
todo lo relacionado a las ciencias de la vida.
e. Crédito
20. Un aspecto fundamental de toda economía de mercado dinámica (lo que constituye una precondición para
ser simultáneamente rica e igualitaria) es el acceso al crédito por parte de toda la población. Por ello es
fundamental el crecimiento del crédito tanto a empresas (de todos los tamaños) como a individuos, lo que es
imposible sin un crecimiento de los depósitos de los propios individuos y empresas. En otras palabras, es
fundamental que el sector financiero crezca en su rol de intermediador entre ahorristas e inversores.
21. La primera condición para tener un mercado crediticio amplio y accesible es tener una moneda creíble. Por
lo que, si bien la política monetaria excede a un manifiesto sobre política agroindustrial, no se puede dejar de
mencionar que es absolutamente necesario el freno a la inflación y la implementación de un banco central
independiente, confiable y con reputación.
22. La segunda condición para un mercado crediticio desarrollado es que el propio Estado sea confiable en su
trato de la propiedad privada de los depósitos. En la medida en que los individuos y empresas perciban que en
el mediano plazo esos fondos pueden ser confiscados (explícita o implícitamente mediante diferentes tipos de
“defaults”) seguirán ahorrando sacando los fondos del mercado local o directamente no ahorrarán, lo que
imposibilitará desarrollos productivos de largo plazo.
23. Mientras se sientan las bases para un desarrollo financiero que otorgue préstamos a empresas e
individuos para su crecimiento productivo, será necesario implementar medidas para canalizar ahorro a
productores, sea a través de la amortización acelerada de bienes de capital como de préstamos a productores
(por ejemplo, ganaderos) a valor producto.
24. El desarrollo de un mercado financiero (bancario y de capitales) permitirá la extensión de las cadenas, el
financiamiento de pequeños productores y nuevos emprendimientos, así como el afianzamiento de grandes
firmas de capital nacional, como lo han hecho Chile y Brasil en la última década.
f. Profesionalización del Estado
25. Una política de fuerte profesionalización de los organismos estatales relevantes para la agroindustria será
otro de los pilares de la política pública para el sector, desde la reconstrucción del INDEC (cuya intervención
llevó al fracaso total del censo agropecuario del 2008) a la profesionalización del SENASA (que se ha
deteriorado fuertemente en el último año), el Ministerio de Agricultura (cuya capacidad de gestión es menor a
la que tenía cuando era una Secretaría), el INTA, el INTI, el CONICET y las universidades públicas.
26. Consideramos que un Estado fuerte, presente y eficiente, con prioridades claras entre las cuales se
destacan la ciencia y tecnología, la inserción internacional y el desarrollo territorial es condición necesaria para
avanzar en transformar la potencia agropecuaria que es hoy la Argentina en potencia agroindustrial.

12. 11 30 PROPUESTAS
IV. Agricultura familiar
27. Entendemos que el desarrollo de la ruralidad no será completo si no se generan políticas efectivas, claras y
sostenidas para la agricultura familiar. Este sector representa casi el 66% del total de las explotaciones
agropecuarias existentes en el país, y trabaja poco más de 1/8 de la superficie que explotan los productores de
mayor dimensión, aportando un 20% al producto bruto agropecuario nacional. La agricultura familiar es
también un factor clave de ocupación territorial y contención social.
28. Por sus propias características y vulnerabilidad, la agricultura familiar requiere de políticas específicas y
focalizadas que promuevan las capacidades productivas y comerciales de sus actores a través de políticas
orientadas al propio desarrollo. La estructura administrativa del Estado debe ser capaz de atender estas
necesidades específicas con metas objetivas de promoción y desarrollo a alcanzar en plazos establecidos y en
trabajo conjunto con las provincias.
29. Consideramos que la creación de un Ministerio de Agricultura Familiar separado del Ministerio de
Agricultura, tal como lo hizo Brasil, será un buen comienzo para apoyar en forma enfática el desarrollo de la
agricultura familiar. Entre las primeras acciones deberá considerarse la progresiva titularización de
propiedades.
V. Uso de recursos naturales
30. Para llevar a cabo la producción agropecuaria es necesario transformar el paisaje natural y utilizar los
recursos naturales del ambiente. Los principales recursos naturales implicados en estos procesos son (i) la
diversidad natural (flora y fauna originales en el bioma natural), (ii) el suelo y (iii) el agua. En la inteligencia de
que no es posible el desarrollo de las actividades agropecuarias sin la transformación y uso de los recursos
naturales y que, al mismo tiempo, éstos brindan servicios no sólo a la actividad agropecuaria sino también a
muchas otras actividades económicas, sociales, etc., es necesario buscar mecanismos que permitan
compatibilizar la creación de valor y generación de desarrollo con el cuidado, el uso prudente y racional y la
conservación de los recursos naturales.
31. Consideramos que la mejor manera en que el estado nacional puede proteger los recursos naturales en el
largo plazo es promoviendo la educación científica así como creando los ámbitos de discusión de estas
temáticas. Esto redundará en una presión social mayor por una regulación prudente e inteligente del uso de
los recursos.

13. 12 30 PROPUESTAS
Parte II: 30 Propuestas para el
Desarrollo Agroindustrial
Presentadas públicamente en Expoagro Argentina, Ramallo,
en Marzo 2014

14. 13 30 PROPUESTAS
POLITICAS IMPOSITIVAS
1 – ELIMINACION INMEDIATA DE TODOS LOS DERECHOS DE EXPORTACION SOBRE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES EXCEPTO SOJA Y SUBPRODUCTOS (GRANOS Y SUBPRODUCTOS DERIVADOS,
PRODUCTOS DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y TODAS LAS CARNES, INCLUYENDO BOVINAS Y AVICOLAS).
Los derechos sobre las exportaciones son, esencialmente, un
impuesto transitorio y de emergencia. Son asimismo un
impuesto distorsivo, que desalienta la producción, y que al
aplicarse sobre las ventas brutas no tiene en cuenta los
márgenes reales de ganancia y rentabilidad de cada productor.
Pensamos que en un esquema tributario coherente con nuestro
proyecto de país y sostenible en el largo plazo debe
contemplarse la eliminación definitiva de dichos derechos de
exportación. Proponemos para los productos mencionados una
eliminación completa e inmediata de los derechos de
exportación. El impacto fiscal de esta propuesta es relativamente
menor. El impacto productivo positivo de la rebaja en cada una
de las cadenas, y con ellas en las regiones del interior en donde
se producen, será muy importante medido en términos relativos
al costo fiscal. Además de esta manera se ampliará las bases de
los impuestos coparticipables (IVA y Ganancias).
2 - REDUCCION PAULATINA DE DERECHOS DE EXPORTACION
SOBRE SOJA Y SUBPRODUCTOS DEL COMPLEJO SOJERO, A UN
RITMO DE 5% ANUAL, TENDIENDO A ELIMINACION EN
MEDIANO PLAZO.
En el caso de la soja, tanto como poroto como por subproductos
de aceite, atendiendo a las necesidades fiscales del Estado, la
reducción propuesta es de 5 puntos porcentuales respecto a los
niveles vigentes para cada producto, de forma tal de llegar a una
eliminación total de los mismos en un plazo de seis años desde el
inicio de la aplicación del nuevo esquema y un periodo menor en algunos subproductos.
3 – BAJA DE PRESION TRIBUTARIA EFECTIVA EN IMPUESTO A LAS GANANCIAS e IVA – AMORTIZACIÓN
ACELERADA
En la actualidad se han generado fuertes distorsiones y perjuicios debido a cambios normativos incoherentes
hechos a lo largo del tiempo, algunas regulaciones puntuales, y fundamentalmente, y por la inflación de los
COSTO FISCAL Y FINANCIAMIENTO DE
PROPUESTAS SOBRE DERECHOS DE
EXPORTACION
La eliminación de los derechos de
exportación a todas las economías
regionales, todos los granos excepto la
soja y sus subproductos, y todas las
carnes exportadas, implica un costo
fiscal de 2850 millones de dólares por
año (de ello el 82% son los granos, el
11% las carnes y el 7% las economías
regionales). La reducción de cada 5% al
complejo sojero implica un costo fiscal
acumulativo anual de 1175 millones de
dólares.
Se estima que entre 65 y 80% de la
pérdida de recaudación por baja de
retenciones se recupera por vía de
impuestos (ganancias, IVA y otros
impuestos) y aumento de la producción,
sobre todo en zonas marginales y
alejadas de los puertos (Porto, UNLP
2007 y Anchorena,Fundación Pensar)
2010.

15. 14 30 PROPUESTAS
últimos años. El impuesto a las ganancias debe gravar las ganancias reales de la actividad económica –y no
ganancias ficticias generadas por la inflación -, no debe generar costos financieros al contribuyente, y debe
tener mínimos no imponibles coherentes con la inflación. Hay algunos ejemplos de estas distorsiones en la
agroindustria que se pueden corregir de forma sencilla, como eliminar la aplicación de I. a las Ganancias a lo
que se denominada “resultado por tenencia”, solo aplicable a las empresas agropecuarias. En cuanto al IVA
debe corregirse el esquema hacia una mayor simplificación. Tanto para IVA como para Ganancias,
proponemos permitir la utilización de los “saldos a favor” sin restricciones por parte del contribuyente.
De esta manera respecto a estos dos impuestos, proponemos bajar su presión tributaria efectiva (más allá del
valor de las alícuotas) mediante la eliminación de “saldos a favor”, la disminución de costos financieros, la
simplificación tributaria y la eliminación de la asimetría de costos de interés entre el contribuyente y el fisco.
Asimismo proponemos la amortización acelerada de las inversiones de manera de incentivar la inversión en
todo tipo de capital físico, tal como maquinaria agrícola, galpones, alambrados, fábricas, etc.
4 – TOMAR COMO PAGO A CUENTA EL “IMPUESTO AL CHEQUE”.
El llamado “impuesto al cheque” (impuesto a los débitos y créditos bancarios) es claramente distorsivo y
desincentiva la formalización de la economía y el uso de servicios financieros. Proponemos que de manera
progresiva dicho impuesto pueda ser tomado a cuenta de otros impuestos nacionales, llegando finalmente a
que sea tomado al 100% (en este momento se toma en un 17%). De esta manera se consiguen varios
objetivos: remover el incentivo a la no bancarización, coparticipar en un 100% lo recaudado por esta vía, y
reducir la presión fiscal sobre la economía en general, y en particular a las PYMES; que son la inmensa mayoría
de las empresas agroindustriales.
5 – CAMBIOS EN EL IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES.
En el corto plazo, es ineludible actualizar el piso de este impuesto, que ha perdido sentido por la persistente
inflación. Asimismo hay que modificar la actual estructura legal de dicho mínimo, transformándolo en un
“mínimo no imponible”, es decir, que el impuesto se pague por el excedente de patrimonio mayor al mismo, y
no por el total. En el mediano plazo, proponemos eliminar dicho impuesto a nivel nacional, y dejarlo en la
esfera provincial, ya que el patrimonio es una base imponible propia de las provincias por la Constitución
Nacional. La recaudación total de bienes personales es de $10.300 millones en 2013, el cual es distribuido por
fuera de la coparticipación, pero de forma automática y con los mismos coeficientes (sin dar una fracción a la
ANSES), de modo que el Tesoro resignaría el unos $4.100 millones (40.24%), cercano al 0.5% de los ingresos
totales del fisco, lo que no resultaría en dificultades fiscales.
6 – SIMPLIFICACION DE LOS REGIMENES DE INFORMACION.
Existen en la actualidad una multiplicidad de obligaciones y regímenes de información ante el fisco (RFOG,
RUCA, Registro de Contratos), que en muchos casos implican entregar varias veces y a diversas oficinas

16. 15 30 PROPUESTAS
públicas la misma información, lo que genera un costo excesivo de administración para los productores.
Asimismo, esta verdadera maraña de regulación hace también muy difícil el cumplimiento de las normas,
incluso sin intención de evadir. Por último, las regulaciones otorgan un excesivo y arbitrario poder de castigo a
la AFIP y otros organismos, que pueden imponer sanciones tales como suspensión del RFOG o considerar al
productor en inconducta fiscal, sin que los parámetros estén claros. Proponemos revisar esta regulación
tendiendo a su simplificación, unificación, y fijar parámetros claros para la aplicación de sanciones y la
posibilidad de recurrir las mismas.
POLITICAS COMERCIALES
7 - APERTURA DE LAS EXPORTACIONES Y ELIMINACION DE LOS REGISTROS DE OPERACIONES DE
EXPORTACION.
En nuestro proyecto de país pretendemos ser una potencia exportadora, y eso requiere un horizonte claro
para que cualquier actor de la cadena (procesador, comercializador, acopiador, exportador) pueda exportar
sin trabas ni arbitrariedades. La existencia de permisos, cupos y cuotas auto-impuestas para las exportaciones
agroindustriales, consagradas por el esquema de Registros de Operaciones de Exportaciones (ROEs), llevó al
extremo de prohibir de hecho dichas exportaciones y ha sido uno de los elementos más nocivos de los últimos
años. Se han generado transferencias de ingresos injustas entre sectores, falta de previsibilidad, desincentivo
a las inversiones de largo plazo, e incluso sospechas de corrupción en torno a dicho sistema.2
En tal sentido,
proponemos la eliminación de los ROE y la derogación de toda la normativa dictada respecto a los mismos
desde 2006 hasta la fecha. Proponemos como señal hacia el largo plazo, tanto para los actores locales como
para los compradores, que dicha medida se tome por una Ley del Congreso. Esta propuesta tuvo apoyo de
todos los bloques opositores en la Cámara de Diputados de la Nación (Coalición Cívica, PRO, UCR, Partido
Socialista, Peronismo Federal) en 2010 y obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Agricultura y
Ganadería (Expte. 3778-D-2010 –Autora: Diputada Elisa Carrio). 3
8 – POLITICA COMERCIAL EXTERNA ESTRATEGICA.
Además de eliminar las trabas propias al comercio exterior, es necesario tener una política proactiva de acceso
y recuperación de mercados, la cual debe ser orientada de manera estratégica según las capacidades y
potencialidades de Argentina y las demandas y oportunidades que existen en el mundo. Proponemos
establecer una estrategia común con otros países productores sobre negociación internacional, apertura de
agregadurías en países con demanda relevante para nuestros productos, y trabajo específico y
profesionalizado en algunos temas clave del mercado actual, en particular, en articulación con otras oficinas
del Estado y con el sector privado en el cumplimiento de los estándares sanitarios, de trazabilidad y de calidad
3
Los argumentos de estas propuestas se desarrollan con mas profundidad en las notas de prensa “Los ROE no son progresistas”
(Guillermo Bernaudo – 7/06/2011 http://www.eldiario.com.ar/diario/suplemento/rural/8496-los-roes-no-son-progresistas.htm)

17. 16 30 PROPUESTAS
que los países demandantes requieren. Esto implicará importantes incrementos en el valor agregado de las
exportaciones agroindustriales.4
9 – ELIMINACION DE LA INTROMISION ARBITRARIA PARA LA COMERCIALIZACION INTERNA.
Proponemos la eliminación de precios sugeridos, máximos, cuidado, o pseudo-acuerdos de precios y
distribución, ya sea de derecho y de hecho (“escuelita”).
10 – ELIMINACION DE LA UCESCI.
El nuevo esquema de comercialización que proponemos implica eliminar intervenciones e injerencias
arbitraria, sin por ello dejar de ejercer todas las potestades de control de estado (sanitarias, fiscales,
aduaneras, etc), por cada uno de los organismos especializados (SENASA; AFIP; ADUANA y demás). En este
marco, la existencia de un organismo como la UCESCI, sucesora de la ONCCA, pierde sentido, por lo que
proponemos su eliminación y la recuperación de sus atribuciones de fiscalización general por parte de otras
dependencias de los Ministerios y Secretarias correspondientes.
11 - TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS.
Hay acciones concretas que se pueden hacer para que los mercados internos funcionen mejor y de manera
más transparente. Proponemos la creación de Precios de Pizarra para lácteos y productos regionales. En esta
línea vienen trabajando actores privados de dichas cadenas productivas y deben ser apoyados por el Estado.
También desde el sector público se debe apoyar el fortalecimiento técnico de MATBA y Mercados de Futuros,
a través de la auditoría estatal, así como medidas específicas para mejorar la gestión de futuros, coberturas, y
warrants.
POLITICAS DE INNOVACION Y DE USO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES
12 – REVERTIR LOS ERRORES DE POLÍTICA PÚBLICA EN LA INDUSTRIA DE BIODIESEL.
La industria de biodiesel de soja fue una de las buenas novedades para el país y el sector en el perÍodo 2006-
2012. Principalmente por la existencia de un diferencial arancelario entre la exportación de aceites y de este
producto, y atado a la demanda generada por el corte obligatorio de la Unión Europea, se desarrolló esta
industria. Se logró un éxito resonante, ya que se logró vender al mundo al punto de liderar las exportaciones
de dicho producto. En 2012, diversas medidas, muchas de ellas contrarias entre sí en pocos meses,
aumentaron las retenciones y cambiaron los cupos internos de exportación, generando una pérdida de
rentabilidad en toda la industria y serios problemas en especial a las empresas más chicas. Planteamos en
concreto dar marcha atrás con estas medidas equivocadas, es decir, derogación de los Decretos del PEN Nº
4 4
Los argumentos de estas propuestas se desarrollan con mas profundidad en las notas de prensa “Los ROE no son progresistas”
(Leonardo Sarquis – 7/06/2011)

18. 17 30 PROPUESTAS
1.339 y 1.719 de 2012, de la mano de una eliminación gradual de retenciones, como explicamos más arriba,
para volver a exportar y recuperar el camino de crecimiento de la industria.
13 – LEY CONABIA – FORTALECER MECANISMO DE APROBACIÓN DE EVENTOS.
La tecnología, la innovación y los organismos genéticamente modificados, usados con buenas prácticas
agrícolas, han sido y son el pilar del éxito de la agricultura argentina de las últimas décadas. A los fines de
asegurar la posibilidad de que nuestro país se mantenga en la avanzada del uso de genética y biotecnología,
condición que está perdiendo, es fundamental disponer de un marco institucional acorde y moderno. Como
puntos fundamentales se dará a la CONABIA sustento legal con una Ley que la independice de los vaivenes
políticos y un riguroso mecanismo de profesionalización a través de concursos para la determinación de sus
integrantes y auditoría de su accionar.
14 – LEY DE SEMILLAS – IMPULSAR EL PROYECTO ACORDADO EN JUNIO DE 2010.
Asimismo se promoverá la sanción de una ley de semillas que atienda los acuerdos de todos los actores y que
sobre todas las cosas logre destrabar el atraso en el desarrollo genético y biotecnológico en que se encuentra
nuestro país. En tal sentido, en junio del 2010 en el seno de la CONASE se discutió y acordó con toda la cadena
un proyecto que contempla: a) el “derecho al uso propio del agricultor” (de guardar semilla comprada en una
siembra anterior y usarla para la nueva siembra) no debe superar la cantidad de hectáreas sembradas en el
período anterior ni requerir mayor cantidad de semillas que la adquirida originalmente; b) el “derecho del
obtentor” para que se reconozca y pague la mejora genética a quien ha desarrollado la misma; y c) la
“excepción del fitomejorador”, que implica la posibilidad de utilizar la variedad protegida, sin necesidad de
autorización de su titular, para la creación de una nueva variedad, como forma de no restringir la innovación y
mejora de variedades. Sostenemos las líneas generales de este proyecto, y promovemos que se discutan
mejoras y actualizaciones al mismo, y sobre esa base forjar la nueva ley.
15 - INNOVACION Y AGREGACION DE VALOR – CERTIFICACIONES DE CALIDAD.
Se establecerán los mecanismos y normas para que nuestro país pueda acceder a mercados de productos cuya
certificación de determinados agregados de valor sea requerida. En este sentido es necesario actualizar
muchos estándares de calidad que hoy no nos permiten agregar valor e incorporar nuevas certificaciones, para
las cuales el rol del Estado es requerido a través de diversos organismos (Ministerio de Agroindustria,
Aduanas, etc.) y el abandono que se ha hecho de una política sería y expansiva de nuestras exportaciones nos
pone en una situación de retraso que no es posible mantener.
16 - LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL. A nivel nacional no
existe una ley en tal sentido, lo que implica que el país carece, ni siquiera en sus grandes rasgos, de una
estrategia de uso, manejo y resolución de conflictos relacionados con el suelo y los recursos naturales
relacionados al mismo. Dicho debate debe darse en el Congreso de la Nación y contener “presupuestos

19. 18 30 PROPUESTAS
mínimos”, es decir, pautas generales de manejo, que acorde al mandato constitucional, luego serán las
provincias, por ser las titulares de los recursos naturales, las que las apliquen y complementen en sus
territorios. Los contenidos de dicha ley deberán ser discutidos de manera amplia con todos los sectores, ya
que implican el uso industrial, residencial, turístico y demás del uso del suelo, y los potenciales conflictos entre
ellos. Es fundamental que dicho debate incluya todos los aspectos requeridos para el desarrollo sustentable en
lo ambiental pero también en sus aspectos económicos y sociales.
17 – REVISIÓN DE LA LEY 26.331 DE BOSQUES NATIVOS Y DE SU REGLAMENTACIÓN.
La enorme demora en la sanción por parte de las provincias de sus respectivos ordenamientos territoriales de
bosques nativos, los conflictos aún vigentes en algunas de las que los han sancionado, y el incumplimiento de
la Nación de la mayoría de las obligaciones asumidas en la Ley ameritan que la misma sea revisada, lo mismo
que su reglamentación. El enfoque parcial de la Ley, sin una visión acorde con una propuesta de desarrollo
regional integral y con una reglamentación que en algunos aspectos no contempla la diversidad de situaciones
regionales amerita un nuevo debate que contemple una visión más amplia y atienda los aspectos en los que se
centran las dificultades existentes. Es necesario recopilar las dificultades reales ocurridas en la
implementación de la Ley, evaluar su impacto en el desarrollo de cada región y revisar la Ley en aquellos
aspectos que originan estos problemas.
18 – LEY NACIONAL DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE MANEJO Y APLICACIÓN DE AGROQUIMICOS.
Como cualquier insumo industrial, los agroquímicos deben ser usados con profesionalidad, cuidado y
supervisión. Como cualquier otra actividad que utiliza recursos naturales, las empresas y productores
involucrados deben ser responsables por sus acciones. Ahora bien, el debate respecto al tema agroquímicos se
ha teñido de opiniones sin fundamento en hechos concretos y muchos prejuicios, que en algunos casos fueron
potenciados al ser receptados en algunas legislaciones locales, lo que ha complicado la discusión. Es en tal
sentido que proponemos una ley nacional que regule estándares básicos de uso y manejo, y en su caso,
responsabilidades de los diferentes eslabones de la cadena de agroquímicos y penalidades por
incumplimiento. También la ley debe obligar a los distintos niveles de gobierno la aceptación de las
características de toxicidad, normas de uso, etc., determinadas por SENASA o las autoridades competentes. En
particular, cuestiones referidas a la aplicación de los mismos por los productores, así como la disposición de
envases, y también obligaciones de los industriales y distribuidores, deben ser incluidas en esa ley. Esta
reglamentación clara de nivel nacional puede salvar discusiones, proteger el ambiente y la población de
riesgos potenciales y servir para el crecimiento de la producción. Proponemos en este sentido tomar como
base de regulación el Proyecto del Diputado de la UCR Juan Casañas de 2012 (Expte 8602)

20. 19 30 PROPUESTAS
EL FOMENTO EN LA ACTUALIDAD
En la actualidad existen solo a nivel nacional más de 20
programas y leyes de fomento agropecuario, en 3 Ministerios
diferentes, además del INTA y otros organismos
descentralizados, y con una multiplicidad de asignaciones
presupuestas distintas. Entre ellos la Ley Ovina, Fondo del
Algodón, Fondo del Tabaco, PROHUERTA, PROVIAR y
Programas Regionales, entre otros. El total del gasto público en
fomento fue en 2013 de 1685 millones de pesos, lo que
equivale prácticamente al total del aporte por retenciones que
hacen todas las economías regionales en su conjunto, a
excepción de los lácteos. A esto debe sumarse las “líneas de
crédito especiales” otorgadas por Bancos Públicos, sin contar el
fomento realizado por Provincias y Municipios. Tampoco
incluye el gasto tribuario, es decir lo que se deja de recaudar
por diferentes exenciones impositivas. Este esfuerzo tiene
muchas debilidades: se realiza de manera muy descoordinada,
tiene bajo control de gasto, y los beneficiarios son elegidos de
manera discrecional, pero su mayor debilidad radica en que
mayormente es incapaz de transformar para mejor la realidad
productiva de los sectores fomentados. Esto implica no solo un
fracaso para los privados, sino una injusta e ineficiente
asignación de recursos públicos.
POLITICAS DE FOMENTO AGROINDUSTRIAL, DESARROLLO RURAL Y EMPLEO.
19 – NUEVA LEY NACIONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. Proponemos una regulación nacional sobre
Políticas de Fomento Agroindustrial, capaz de ordenar, priorizar, presupuestar y controlar todas las normas de
fomento que hoy existen dispersas,
desordenadas y sin control ni
presupuestario ni de resultados. De
esta manera será el Congreso quien
discuta y decida cuáles serán los a)
Objetivos b) Sectores c) Requisitos y
Condiciones d) Tipos de ayuda y e)
Contraprestaciones de cada uno de los
programas de fomento. Asimismo,
consideramos que dicha ley debe
agregar a los actuales programas de
fomento las siguientes características,
hoy ausentes: i) la condicionalidad del
beneficio (es decir, debe existir algún
tipo de contraprestación u objetivo a
cumplir por parte del privado que
recibe el beneficio estatal), ii) la
evaluación de impactos y resultados de
los proyectos, y iii) la existencia de
auditoría y controles a todo el esquema
de fomento (AGN, SIGEN, etc.). Dicha
ley regirá por 5 o 10 años, y su
renovación y la de sus proyectos
estarán atadas a dichas evaluaciones
de impacto y controles realizados. Si
bien el centro de nuestra propuesta es
que exista y se defina por el Congreso este nuevo esquema institucional de fomento, adelantamos algunos de
los contenidos concretos que proponemos para dicha Ley. Entre los objetivos debemos apuntar a alargar las
cadenas de valor, agregando procesamiento a diferentes productos, como pueden secado de leche, frigoríficas
o procesamiento de frutas y hortalizas. Respecto a sectores, se puede fomentar la reconversión de las
industrias forestales, las de bioenergías, y determinadas economías regionales. También se fomentaran
cuestiones de impacto social o ambiental, como el arraigo rural, la rentabilidad de diversas escalas, o la mejora
en el uso de los recursos naturales. Cuestiones a evaluar serán también el fomento de la cobertura por
seguros privados de riesgo agropecuario y el acceso al crédito para productores de diversas escalas, entre
otros. Esta ley de fomento complementará el incentivo a la inversión y el empleo que implicará la

21. 20 30 PROPUESTAS
amortización acelerada de la inversión y otras medidas que mejoren la rentabilidad de los productores,
explicitadas en el capítulo tributario. 5
20 – NUEVOS MERCADOS CONCENTRADORES DE DIFERENTES ESCALAS - AGRICULTURA FAMILIAR.
El mayor problema de la agricultura familiar es su poco o deficiente acceso a mercados en general. Por ello
proponemos la creación de nuevos y diversos mercados concentradores en el territorio del país, de diferentes
escalas. Estos mercados no fijarán precios o distribución, sino que acercarán a las partes de la cadena y
ahorrarán costos operativos a los productores. El sector público actuará como articulador y garante de la
competencia, favoreciendo el acceso de productores, intermediarios y consumidores.
21 – MEJORAR LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO (RNTA).
La reciente reforma por la Ley 26727 ha dejado algunas dudas o implicado reformas de difícil implementación
práctica, que pueden y deben ser mejoradas por vía reglamentaria, más aun si como proponemos, dicha
reglamentación se hace en dialogo tripartito (gobierno, trabajadores y empleadores) y con la consideración
que la ley contempla de las diferentes realidades productivas regionales. En particular deben detallarse
cuestiones referidas a las condiciones de estabilidad para trabajadores llamados “golondrina” (según el
régimen anterior tratados como no permanente, hoy tratados como temporarios o permanentes de
prestación discontinua, según el caso), a la solidaridad ante los incumplimientos de la ley laboral, y a las
condiciones de vivienda, traslados e infraestructura. 6
22 - RECUPERACION DEL RENATRE.
El RENATRE fue un órgano tripartito, con participación de todos los sectores, que tuvo un enorme éxito en
lograr la formalización de los trabajadores del sector. Aun a pesar de este éxito, por cuestiones de
alineamiento partidarios totalmente ajenas a la eficiencia del organismo y la realidad sectorial, el mismo fue
reemplazado por el RENATEA y le fue quitada su gestión conjunta al directorio compuesto por la UATRE y las
demás entidades gremiales y cámaras del sector. Creemos que debe darse marcha atrás con esta medida, y
recuperar el sendero de aumento de la formalización por incentivos y trabajo conjunto.7
5
Los argumentos de estas propuestas se desarrollan con más profundidad en la notas de prensa “Hacia el debate de
una ley de fomento agroindustrial” (Andrés Domínguez, Diario La Nación, 12/4/20104)
7
Respecto a los puntos 21 y 22 Respecto a este tema, en la nota “Los temas pendientes y la necesidad de fijar una estrategia de
país” (Andres Dominguez, 29/12/2012, http://www.lanacion.com.ar/1541036-los-temas-pendientes-y-la-necesidad-de-fijar-una-
estrategia-de-pais ) afirmamos al respecto de la a la reforma del Régimen Nacional de Trabajo Agrario y de la
disolución del Renatre. “Esta ley se ha aplicado parcialmente: básicamente para cerrar Renatre manejado por Uatre- y
absorberlo en Renatea manejado por el Gobierno. Pero quedan muchas dudas jurídicas. Trabajadores que antes eran legalmente
calificados como no permanentes (por tareas de ciclos o por cosecha) ahora pueden ser calificados como permanentes de prestación
discontinua si son contratados más de una vez por el mismo empleador, o como temporarios en caso de que sea una sola vez. En el
primer caso adquieren estabilidad y en el segundo, no. Esto implica a su vez que sus beneficios de jubilación e indemnización, entre
otros, se asimilan a la ley general de contrato de trabajo. Por otro lado, en un sector de tanta informalidad, donde venía habiendo

22. 21 30 PROPUESTAS
POLITICAS ESPECIFICAS y SECTORIALES
23 – PLAN DE INFRAESTRUCTURA FEDERAL, CON OBRAS CENTRALES PARA LA AGROINDUSTRIA.
En el marco del ineludible plan de infraestructura nacional que nuestro país debe encarar, tanto en
infraestructura productiva como social, todos los principales modos de transporte deben ser potenciados de
manera de incrementar la competitividad sistémica de los agronegocios y sus industrias. Estos modos son el
vial, el hídrico y portuario, y el ferroviario de cargas. El transporte vial será prioridad, pensando en ampliar la
red de autopistas, repavimentar rutas y mejorar los caminos rurales. En cuanto al transporte de cargas
ferroviario, debido a la fuerte desinversión del sistema y los altos costos de inversión, se deberá priorizar la
recuperación de algunas obras troncales, tales como el Belgrano Cargas. También tendrá alta prioridad el
balizamiento y dragado de vías navegables, en conjunto con la mejora y ampliación de puertos y de accesos a
los mismos. La magnitud de las obras impone buscar alternativas mixtas tanto de financiamiento como de
ejecución, que incluyan al sector público, a las empresas privadas, al financiamiento internacional y a los
fondos de cooperación multilateral. Según estudios de la Fundación Pensar, el monto de inversión en los
rubros prioritarios de infraestructura de transporte ascendería a 18.500 millones de dólares en cuatro años.
24 - PLAN DE AGUAS – OBRAS HIDRICAS DE MANEJO DE CUENCAS, RIEGO y CONTROL DE INUNDACIONES.
En complemento al plan de infraestructura de transporte, Argentina debe encarar el desafío de manejar uno
de los recursos estratégicos que posee en abundancia y que hoy malgasta y desmaneja. Hoy existen 2,3
millones de hectáreas bajo riego de las cuales 450 mil están mecanizadas por pivote. El potencial de riego es
de 16 millones de hectáreas. Existe la tecnología disponible para aprovechar al máximo nuestras cuencas,
evitar pérdidas por inundaciones y sequÍas, y de esta manera ampliar la frontera productiva y mejorar la
productividad de las actuales tierras trabajadas, todo de la mano de una manejo más amigable con el medio
ambiente y evitando el despilfarro. Este plan de obras será articulado entre Nación, Provincias y Municipios,
con un rol central de los usuarios privados, contemplando que en los casos en que las obras puntuales en
tierras privadas generen mejoras concretas para propietarios rurales las mismas sean realizadas o solventadas
por los beneficiarios.8
avances desde que surgió Renatre, no es claro si estos cambios legales son de hecho mejoras o incentivos a seguir en la
informalidad”
8
Respecto al tema, en la nota “Las lecciones que nos deja la sequia”, (Leonardo Sarquis y Andres Dominguez, 4/2/2012,
Diario La Nacion ) introducían la siguiente idea: “necesitamos discutir y aplicar un Plan Nacional de Manejo del Agua y
de Obras de Riego. Nuestros ríos expulsan millones de litros de agua dulce por día al mar. Los efectos del cambio
climático hacen que los eventos climáticos extremos sean más fuertes y se repitan con más ocurrencia.nte esta situación,
es necesario racionalizar nuestro uso del agua y de manejo de las cuencas hídricas. El agua que en algunas zonas sobra
puede poner en producción otras tierras. Las obras de riego así, como la mejora tecnológica en el uso del agua pueden
generar un verdadero boom productivo, minimizando así el impacto negativo del clima. Incluso deberíamos pensar un
plan de manejo de aguas y cuencas a nivel regional y sudamericano, para aprovechar mejor los recursos”

23. 22 30 PROPUESTAS
25 - ALIMENTACION INTERNA.
Proponemos perfeccionar las normas de calidad, sanidad y certificación, e incrementar el esfuerzo de control y
cumplimiento de la normativa vigente. Los detalles de esta medida y la ejecución cotidiana serán encarados,
como proponemos más adelante, por organismos fortalecidos técnicamente, en este caso el SENASA, el
Ministerio de Agroindustria y las Direcciones Provinciales de Seguridad Alimentaria.
26 – COMERCIO EXTERIOR ESPECIFICO PARA GANADERIA VACUNA.
Proponemos trabajar para la apertura de una Cuota Americana de embarques de carne a Estados Unidos,
avanzar en la implementación de la ya existente Cuota de Feed-Lot para el mercado europeo, que no hemos
aprovechado, y apertura de mercados emergentes. Respecto a la Cuota Hilton, hoy en día la arbitrariedad en
la distribución, sumada a la intervención de hecho de los mercados de exportación, nos ha llevado a incumplir
envíos ya autorizados por Europa, con pérdida de divisas para el país y empleo para todos, además de afectar
nuestro prestigio como proveedores de carne vacuna. Para revertir esto, proponemos volver al antiguo
esquema de distribución de Cuota Hilton que se inició en 2005, luego de diversos problemas de gestión,
judiciales, y de aftosa entre otros, que tenía en cuenta la adjudicación de la misma por parámetros objetivos,
los que incluían entre otros, consideraciones territoriales, sociales y productivas (como favorecer a PYMES y
frigoríficos del interior), así como el cumplimiento previo de los embarques, conocido como “past-
perfomance”.9
27 – ABRIR LAS EXPORTACIONES DE LACTEOS.
La articulación que la cadena lechera ha logrado en torno a diagnósticos y propuestas plasmadas en el Plan
Estratégico de Lechería (PEL) es un ejemplo a seguir y debe ser la base para pensar futuras propuestas
puntuales para esta cadena, pero encuentra sus esfuerzos desaprovechados en un marco de políticas públicas
como las actuales, por lo que las mismas deben ser reformadas. En el sector lácteo en particular, con altísimos
niveles de eficiencia en la Argentina en la comparación internacional, y un sector de producción primaria
competitivo y que ya hoy genera exceso de oferta para abastecer a todo el mercado interno, es una de las
cadenas en donde nuestra propuesta de comercio exterior explicada más arriba de apertura de exportaciones,
eliminación de los ROE y búsqueda de una estrategia de comercio exterior proactiva de nuevos mercados,
9
Un diagnostico en profundidad de las políticas publicas en materia de ganadería y sus resultados fue realizado por
Fundación Pensar en “Historia de un Fracaso: Política de Carne Bovina 2005-2013” (Jose Anchorena, Silvana Meltisko y
Andres Dominguez, Abril de 2013 http://www.fundacionpensar.org/pdf/DT013_Carnes.pdf). Adelanto de estos
resultados y de las propuestas contenidas en este punto fueron anunciados en las notas “Las mentiras no bajan el precio
de la carne” (Elisa Carrio y Alejandro Rabinovich con redacción de Andrés Domínguez, Diario La Nacion, 15/3/2006
http://www.lanacion.com.ar/788767-las-mentiras-no-bajan-el-precio-de-la-carne ) y “Un verdadero Plan Ganadero”
(Elisa Carrio y Andres Dominguez, Diario Clarin, 10/6/2006, http://edant.clarin.com/suplementos/rural/2006/06/10/r-
02401.htm)

24. 23 30 PROPUESTAS
sumada a la generación del “precio de pizarra lácteo” que mejore el funcionamiento de los mercados, tendrá
fuertes beneficios para la cadena, las zonas de producción y el conjunto de la economía del país. 10
POLITICAS INSTITUCIONALES
28 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ORGANISMOS TECNICOS.
El INTA, el SENASA y el INASE son organismos de peso, que en su momento tuvieron prestigio y centralidad en
nuestra agroindustria, y que se han ido degradando con el tiempo. Proponemos su fortalecimiento
institucional y profesional, con medidas concretas como: concurso público de oposición y antecedentes para
sus cargos de conducción técnica y la mayoría de sus cargos de línea, sistema de mérito para el manejo de los
recursos humanos y ascensos, autarquía financiera y fortalecimiento presupuestario. Estos tres organismos
recibieron en el año 2013 un presupuesto total de 4.400 millones de pesos. Consideramos que un manejo
eficiente de esos fondos puede generar los resultados impulsados en estas propuestas.
29 – CREACION DEL CONSEJO DE DIALOGO AGROINDUSTRIAL.
El debate entre sector agroindustrial, gobierno y sociedad es uno de los puntos pendientes de la agenda
argentina. Proponemos crear una instancia permanente de interacción público-privada, de carácter honorario
para sus miembros y consultivo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Nacionales, en donde participen todos
los actores, cadenas y subsectores de la agroindustria, como espacio de intercambio y debate y mejora de
temas referidos a políticas públicas concretas.
30 - CREACION DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
En línea con la visión de la agroindustria que planteamos, dinámica, productiva, con desarrollo territorial y
largas cadenas de valor, proponemos ampliar las competencias del actual Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, para que, sin dejar de atender a la producción primaria, tenga una visión industrial, alimentaria y de
conjunto del sector y su potencial. Este organismo deberá facilitar el buen funcionamiento de los mercados,
coordinar todas las acciones de fomento, colaborar en la resolución de los conflictos intra-cadenas y
simultáneamente promover una política de comercio exterior proactiva de apertura de mercados para todos
los productos agroindustriales.
10
Toda la propuesta de Lacteos esta basada y en línea con el trabajo de el PEL y la Fundacion PEL
http://www.fundacionpel.org/index.php/sample-sites-2?view=featured