El documento discute la vulnerabilidad de México ante ciberataques debido a su escasa capacidad para prevenir y responder a incidentes cibernéticos que podrían comprometer infraestructuras críticas y filtrar información sensible del gobierno y los ciudadanos. Un ataque masivo podría afectar la economía, las finanzas y la sociedad a través del robo de datos personales almacenados en servidores públicos o privados.