Reportaje sobre los intentos y finalmente el logro de una Ley de Espectáculos en Colombia, en favor de la modernización y estímulo para las artes escénicas, exclusivo para la revista cultural Arcadia, dirigida por Marianne Ponsford

1. Ahora sí puede venir U2 a Colombia
Público del concierto de los Red Hot Chili Peppers en Bogotá.
La ley soñada
Se aprobó la Ley de Espectáculos y con esta se desataron los
nudos administrativos y financieros que hacían tan compleja
la realización de eventos culturales en el país. Adelantamos
un artículo sobre el tema, escrito hace unos días para la
edición impresa.
Por: Yeniter Poleo
Publicado el: 2011-12-16
Ozzy Osbourne pidió una habitación con cojines, sábanas y muebles negros. Britney Spears, lo
opuesto: un cuarto insonorizado donde todo fuera blanco y luciera lindas velitas con aroma a
vainilla. Hay quien quiere diez escoltas, existen rockeros vegetarianos, raperos que se antojan de
un restaurante portátil, merengueros que solicitan camionetas blindadas, una que solo toma
champaña, otro que solo bebe agua de lujo extraída de un sanísimo manantial en Fiji. En este
punto, lo normal es la extravagancia; sin embargo, cuando una estrella dice que sí dará su
concierto en Colombia no son estas rarezas las que ensombrecen el firmamento del empresario o
de la productora, sino el pedestre camino hacia la obtención de casi veinte permisos, una feroz
carga impositiva y el pago millonario por derechos de autor. Ya entrados en gastos, se inicia una

2. carrera contrarreloj para completar carpetas y sobres dirigidos a una u otra instancia, en un
círculo de desazón que se agudiza durante las horas previas al evento mientras se alargan las filas
del público inocente, entusiasta, y el equipo organizador aún no sabe, aún aguarda, aún cree que
recibirá las últimas firmas y sellos oficiales que se necesitan para abrir las puertas del
espectáculo.
Así se vivió el año pasado cuando siete mil fans de los Jonas Brothers aguardaban para entrar al
parque Simón Bolívar y la policía exigía un permiso que la empresa promotora alegaba que ya
había entregado. Pasó en noviembre cuando Sayco exigió un monto que el promotor del
concierto de Aerosmith pidió que le permitieran pagar después. Le ocurrió a quienes trajeron al
Dj David Guetta, que estuvo horas esperando en un restaurant de Bogotá mientras el empresario
y la Secretaría de Gobierno discutían si había o no concierto. Y no hubo. Esa incertidumbre, con
o sin final feliz, es la historia que se repite periódicamente dentro del ámbito de las artes
escénicas en el país (teatro, conciertos, danza, ópera, títeres, circo y hasta magia), a la cual el
Ministerio de Cultura busca finiquitar con un proyecto de ley para la Formalización del
Espectáculo Público, documento de once páginas y veintinueve artículos que el Congreso
empezó a revisar en octubre y mantiene en ascuas al sector cultural y de entretenimiento
colombiano.
Para grandes y pequeños
Esta no es la primera vez que se trata el tema. En marzo de 2009 la entonces ministra de Cultura,
Paula Marcela Moreno, llevó al Congreso un proyecto sobre Espectáculos Públicos cuyo
contenido tenía las mismas intenciones que el actual, pero que murió en el intento; sobre eso hay
diferentes versiones: la ex ministra Moreno señala que el congresista Venus Albeiro Silva
“intentó incluirle más temas y obstaculizó su trámite, lo que implicó que se condicionara el aval
de Hacienda e instancias como las alcaldías”; el asesor de Mincultura, Manuel José Álvarez, que
ha sido parte de la formulación de la actual propuesta en estudio, afirma que la hoy ministra
Mariana Garcés lo retiró del debate parlamentario al asumir el cargo “porque tenía defectos de
forma”. Y el actual presidente de la Cámara, Simón Gaviria (quien también respaldó el proyecto
en 2009), dice que fue Moreno quien lo retiró porque las exigencias, en efecto, pusieron en
peligro los avales obtenidos; para él, sin embargo, lo que más afectó fueron “las votaciones sobre
la reelección, que hicieron perder hasta doce plenarias”.
El espíritu que pervive en este segundo lance busca, en primer término, reducir el papeleo que
incluye solicitar permisos a una larga lista de instituciones como Fopae, Policía, Bomberos,
secretarías de Ambiente, Salud, Hacienda, Gobierno y Movilidad, entre otras; en segundo,
atenuar el pago de tributos como el Impuesto del Fondo de Pobres (10%, solo en Bogotá),
Impuesto Nacional sobre Espectáculos Públicos destinado desde 1967 al financiamiento del
deporte (10%), más el Impuesto sobre la Renta e IVA. “Yo que soy gestora cultural, que estoy
haciendo país, contratando gente, que tengo que pagar esos impuestos absurdos cada vez que
presentamos una obra, me siento feliz. Cuando estamos de gira hay que resolver en cada ciudad
problemas distintos con los permisos porque cada quien ve la ley como le parece”, refiere
Alejandra Borrero, directora de Casa Ensamble. La multiplicidad de requisitos técnicos a veces
se repite en una y otra entidad. “Para el Festival hay que contratar un staff dedicado solo a
tramitar permisología. En la edición pasada, para presentar Carillon en la plaza de toros nos

3. pidieron hasta un estudio de suelos”, añade William Cruz, presidente de la junta directiva del
Teatro Nacional y del Festival Iberoamericano de Teatro.
Cada vez que se presenta un montaje o concierto en un escenario se deben iniciar los trámites
desde cero, proceso que toma de cuatro a seis semanas, “aunque a veces los permisos los
terminan dando el último día”, recuerda Ricardo Leyva, quien padeció el drama para presentar a
Aerosmith. La expectativa de quienes invierten, por ejemplo, en teatro es que una obra dé lo
suficiente para realizar la próxima, “pero en Colombia cuando alguien decide de manera noble y
llena de amor producir algo, lo hace y queda muy pobre, por eso surgen cosas maravillosas y
vuelven a desaparecer”, dice Borrero. Sobre eso, Simón Gaviria enfatiza que esta propuesta de
ley dará continuidad y formalizará al sector pues se reducirán los costos y se plantearán reglas
claras de juego: “El espectáculo público se ha visto como un tema de élites, de allí las tasas de
contribución supremamente altas que se le exigen. Se busca corregir la contribución del sector.
No se trata de acabar con esos impuestos sino de desgravar las artes escénicas: ¿Qué gracia tiene
irle a cobrar tributos a un pequeño teatro que no tiene ni para pagar sus propios gastos?”.
Resta simple
“Todos los impuestos desaparecen. Solo habrá una tasa cultural equivalente a 10% de las boletas
cuyo valor individual sea igual o superior a tres UVT (75 mil pesos), que será administrada por
el Ministerio de Cultura. Este creará un Comité de Espectáculos Públicos que determinará cómo
se ejecutarán los recursos bajo la directriz de invertir en construcción, adecuación, mejoramiento
y dotación de la infraestructura de los escenarios. Así, si Bogotá aporta 40% a ese fondo, esa es
la cantidad que se le asignará para este tipo de obras”, explica Manuel José Álvarez, portavoz
ministerial. En este sentido, el proyecto de ley busca atender los múltiples reclamos sobre los
nuevos y modernos espacios que requieren las diferentes ciudades del país para ofrecer
espectáculos de mayor alcance. “Necesitamos una ley moderna que estimule la industria y acabe
con la informalidad”, clama Juan Pablo Ospina, el promotor de eventos que perdió 1600 millones
de pesos cuando le suspendieron la presentación de Guetta debido a la precariedad del local. Lo
refrendan quienes saben que el estadio El Campín está vedado y que tanto U2 como Paul
McCartney se han negado a visitar el país porque no hay tarima que les ofrezca las condiciones
técnicas que requieren.
Al respecto, Álvarez recalca otro propósito del proyecto de ley: si se invierte en la construcción o
mejoras de escenarios públicos, habrá un deducible de 100% del Impuesto sobre la Renta por ese
concepto. En cuanto a los trámites, se plantea “un permiso bianual por espacio habilitado”, esto
es, que las autorizaciones se otorgarán al escenario, independientemente de cuántos espectáculos
ofrezca, siempre que cumpla con los requisitos de ley. De este modo, agrega, “también se
disminuyen costos, porque se reducirán a cuatro los veintitrés permisos que hoy se tramitan y se
procesarán en una ventanilla única que deberá crear cada capital de departamento. Si bajan los
impuestos y los trámites, tiene que bajar el precio de las boletas, es la ley de mercado”. “La
nueva ley nos permitiría racionalizar los procesos que tenemos que soportar para llevar a escena
una obra. Colombia es uno de los pocos países que grava la actividad cultural; es pedirle al
Estado que si no nos da, por lo menos no nos quite”, asevera William Cruz. “Esa ley es lo mejor
que le puede pasar al país. La retención a la fuente para artistas extranjeros está en 33% y la idea

4. es bajarla a 8%. Así se va a acabar la evasión de impuestos y al final quien gane será quien
compre la boleta”, afirma Ricardo Leyva.
Todo incluido
Afirman que esta vez el proyecto de ley está blindado, que los errores fueron enmendados, que
hubo inclusive mayor socialización dentro del sector: ha llegado al Legislativo con el aval de 170
organizaciones culturales, Ministerio de Hacienda, DIAN y las alcaldías de Bogotá, Barranquilla,
Cali, Cartagena y Medellín. Pero, en particular, porta el inusual apoyo de la Presidencia: “Yo sé
que todos los teatros están en rojo”, dijo el jefe de Estado en un acto especial. Por lo pronto, la
propuesta pasó a segunda discusión. La ley soñada, anhelada, aplaudida desde un principio,
estaba redactada para aliviar dos aspectos muy complejos del quehacer cultural y de
entretenimiento, pero en su formulación original dejaba por fuera un tercero, claramente, el más
controversial: el pago por derechos de autor que recibe Sayco-Acinpro, sobre el que se ha
debatido sottovoce durante años. Tiempo atrás, un diagnóstico del Centro de Estudios de
Desarrollo Económico ya había expresado la necesidad de reflexión: “Se evidencia la no
existencia de tarifas transparentes y eficientes de acuerdo al tipo de espectáculo, hecho que
merece una revisión (…) Adicionalmente, Sayco-Acinpro actúan de forma independiente, sin el
debido control que debe ejercer el Estado para garantizar una efectiva administración de los
recursos”.
La inconformidad del sector, que estalló en una polémica a partir de la denuncia pública que
hiciera Leyva, iba camino a mantenerse incólume porque el proyecto de ley para Formalización
de los Espectáculos Públicos solo dedicaba un genérico párrafo al asunto. Álvarez había
explicado el porqué: “Desafortunadamente eso continúa, porque Sayco-Acinpro dependen del
Ministerio del Interior. No podemos hacer nada, solo generar un debate para que haya una
reglamentación acorde. No tiene mucho sentido, por ejemplo, que yo deba pagar esos derechos si
soy autor de mi música. Tampoco se entiende cómo se negocia el monto, por qué varía. Esos
intríngulis me causan mucha curiosidad, sobre todo, cuando se cobra dinero por las obras del
señor Beethoven o el señor Verdi”.
Cuando Arcadia pidió una entrevista con un vocero de Sayco-Acinpro para incluir la posición
institucional sobre las dudas que había en el sector acerca de la administración de recursos, hubo
incontables dilaciones. Sustentado ya el escándalo, se indagó si la entidad emitiría un
comunicado que pudiera ser incluido en esta investigación y la respuesta fue una pregunta: “¿Eso
tiene algún costo?”. Pese a la obvia negativa, fue imposible conocer la postura oficial. Pero la
presión pública movió los resortes, incluso del propio ministro del Interior, Germán Vargas, y
causó la salida del director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, supervisora de
Sayco, que si bien no es la única entidad recaudadora es la de mayor trayectoria, tamaño y poder.
De allí que, pese a las reservas iniciales, el proyecto de ley para la Formalización de los
Espectáculos Públicos tuviera que ser ampliado para cobijar este aspecto aunque no le
correspondiera proponerlo a Mincultura. Cinco artículos fueron incorporados, a petición del
Ministerio del Interior, para establecer un control efectivo sobre las diversas sociedades de
gestión y, de hecho, ese despacho se compromete allí a hacer los cambios necesarios en un rango
de seis meses. Esto evidencia, sobre todo, una voluntad reanimada de intervenir en un territorio

5. abandonado a un indolente libre albedrío, en el que hace apenas un año el mismo ministro
Vargas Lleras y el mismo presidente Santos suscribieron el controversial decreto 3942 de
octubre del 2010 que dejó un amplio margen de acción a Sayco-Acinpro para que determinara
las tarifas. Hace justo un año también y pese a los señalamientos de siempre, la auditoría
correspondiente fue una más, una revisión rutinaria en la que todo aparecía en orden pues el
examen “no se dirigió a descubrir fraudes”, aunque sí dejó por escrito el informe que las pruebas
habían sido selectivas, por lo que no se aseguraba “la improbabilidad de errores, omisiones o
irregularidades”. El Congreso tiene ahora la palabra.