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LOS PROYECTOS DE LEY SOPA, PIPA 
POR: LADY LAQUI RODRIGUEZ 
- INFORMATICA JURIDICA
LOS PROYECTOS DE LEY SOPA, PIPA 
Como una medida de sancionar a los que reproducen material musical, literatura, obras, proyectos 
etc. entre otros, el Congreso de EE.UU. aún evalúa la posibilidad de establecer sanciones y una 
severa vigilancia a los sitios web que fomentan la piratería. Por tal motivo se creó proyectos 
que a continuación detallamos. 
STOPPING ONLINE PIRACY ACT (SOPA) y PROTECT IP ACT (PIPA) son probablemente dos de las 
iniciativas legislativas más impopulares impulsadas por la legislación estadounidense en los 
últimos años. Ambas normas buscan combatir agresivamente la difusión no autorizada de material 
protegido con copyright a través de la red de redes. 
De aprobarse ambas iniciativas, cualquier sitio web (independientemente del lugar donde se 
encuentre) será pasible de sanción si es que permite el alojamiento de contenidos ilegales. La 
norma establece además que los servidores serán sancionados si mantienen por un breve espacio de 
tiempo a las webs con contenidos con derechos de autor. 
Esto obligaría a diversas web a activar mecanismos de autocensura y a filtrar la actividad de sus 
usuarios para evitar que incumplan la norma, lo que acarrearía el cierre de la página. Es decir, 
la imposición de una vigilancia extrema y de la limitación de libertades en internet. 
Lo que pretende la norma es impedir el acceso a las páginas que facilitan la descarga de 
contenidos piratas retirándola de los servidores, censurándolas de los buscadores y obligando a 
los proveedores de Internet a bloquearlas para los internautas. 
La distribución de copias ilegales también será castigada y se restringirá el acceso a páginas 
que contengan producciones protegidas por los derechos de autor.
DERECHOS DEAUTOR 
Erick Iriarte, abogado especialista en temas informáticos del Estudio Iriarte & Asociados, explicó, que lo que la ley 
SOPA pretende “es regular el entorno digital y proteger a la industria de contenido, específicamente del contenido 
que no es creado en la red. Sin embargo, esa norma choca con todo el contenido que es creado en línea por millones y 
millones de usuarios”. 
Para Iriarte, el tema principal es que se trata de una ley pensada en que solo algunas pocas personas pueden ser 
creadoras. “La ley de derecho de autor protege el derecho humano, de todos, de crear, no de algunos”, detalla. A su 
entender, lo que esta norma hace es generar censura previa. “Puede terminar bloqueando la libertad de expresión 
bajo una aparente protección de la propiedad intelectual. Bajo ese argumento es que la Casa Blanca no ha apoyado 
esta ley”, subraya. 
ALERTA EN LA RED 
Tanto SOPA como PIPA siguen en evaluación en el Congreso de Estados Unidos, motivo por el cual páginas como 
Reddit, Boing Boing y Wikipedia han decidido cerrar durante 24 horas como medida de protesta ante 
las pretendidas normas. El hecho de que Wikipedía, la sexta página más visitada de 
Internet, se una a la protesta convierte a este en una acción sin precedentes. 
Otras páginas como Google, Facebook, Twitter, eBay y Mozilla, también han manifestado 
su rechazo a las impopulares SOPA y PIPA. 
Derechos de autor en Perú: una historia de piratas, ciudadanos y mediadores 
Por Alfonso Rivadeneyra García.
En enero último un proyecto de ley de EEUU de combate a la piratería motivó a que internautas de todo el mundo se 
quejaran, pues la “cura” era “más mala que la enfermedad”. Perú no estuvo ajeno a las protestas, pues los derechos 
de autor aquí son un tema gracias a internet cada vez más discutido. 
Decreto legislativo Nº 822 Ley sobre el derecho de autor. Tal es la norma peruana que regula los derechos de la 
“persona natural que realiza la creación intelectual (autor)”. Este documento modificado por el DL N°1076 establece 
puntos a ser cumplidos en todo el país en beneficio de los creadores de libros, canciones, películas, etc. 
El derecho de autor tiene dos partes: derechos morales (identidad del autor) y patrimoniales (relativos al lucro). En 
EEUU existe el copyright, que no es una traducción del derecho de autor. Son similares, pero el segundo se enfoca más 
a lo patrimonial. 
Hay dos opciones para el autor: administrar por sí mismo sus derechos o valerse de las sociedades de gestión 
colectiva (SGC), organizaciones que recaudan dinero por regalías y regentan derechos. 
Bajadas y bajadas 
La ley dice que el autor puede prohibir la copia no autorizada de su creación. ¿Pero qué ocurre cuando descargas vía 
internet un archivo de música mp3 sin tener el disco original? Según Martín Moscoso, director de Derecho de Autor 
del Indecopi, la piratería no está en nuestro marco legal, pero nos regimos por el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), que la define como aquella reproducción comercial sin autorización del 
autor. 
Para el funcionario, no hay problema si el mp3 es solamente descargado de de plataformas autorizadas como iTunes. 
De lo contrario, es ilegal. 
En el caso de YouTube, popular web para reproducir videos, hay piezas totalmente legales, creadas por los usuarios. 
Aún así, resaltó Moscoso, tiene archivos (videoclips, cortometrajes, películas, etc.) reproducidos “sin autorización de 
los autores y titulares”. El entrevistado precisó que “el visionado no es piratería”. 
¿Y en Perú, si alguien baja ilegalmente un archivo mp3 puede ir a prisión? 
Moscoso: “Nadie tiene que ir a la cárcel (…) no hay una visión extrema y lamentablemente en el Perú a tal punto no es 
extrema que ni siquiera hay un pirata en la cárcel por la piratería pura, dura y masiva”.
Los reyes de la colina 
Moscoso informó que según un estudio económico realizado en el 2002, los montos de la piratería fonográfica 
alcanzaban los 300 millones de dólares en Perú y que el negocio de “las grandes mafias” estaba en la provisión de 
insumos, o sea CD y DVD. Dijo que “un pequeño holding grupo de empresas de un mismo rubro importador de discos en 
solo tres meses movió siete millones de dólares. “Si esto lo multiplicamos por los cuatro trimestres, podemos decir que 
movía 28 millones de dólares anuales”. 
En 2005 las importaciones de discos precisó el funcionario alcanzaron un pico de 144 millones de unidades “de las cuales 
las industria formal (…) no sobrepasaba las 20 millones”. El exceso era de “124 millones de unidades” que iban “al 
mercado pirata”. 
La entidad del Estado es enfática al decir que este negocio produce “ingentes cantidades de dinero, no necesariamente 
al ambulante que las vende, sino para las personas que están detrás”. 
Torcidos de autor 
Le preguntamos a Erick Iriarte, abogado especialista en derechos de autor, qué considera como el mayor problema en 
dicho campo. “Ha perdido su noción básica de derecho humano” porque durante años se vio a los autores “como un 
grupo de personas que podían crear y se perdió la noción básica de que tú, yo, cualquiera somos creadores de cualquier 
cosa”. 
En este punto difiere Carlos Ferreyros, doctor en derecho de la Universidad de Montpellier I (Francia), para quien “los 
rasgos principales de la creación en la propiedad intelectual (“tronco” del cual nacen los derechos de autor), siguen siendo 
humanos” y están “vinculados a la originalidad y a la innovación”. 
Para Indecopi, en Perú es necesaria la intervención del Poder Judicial, que es la “pata” coja de la hipotética mesa de lucha 
anti piratería. 
En el caso de Rubén Ugarteche, director general de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), en 
este país falta conocimiento de los derechos de autor por parte del Estado y los usuarios, así como la inexistencia de una 
“cultura de respeto a la propiedad intelectual”. 
Por su parte Óscar Montezuma, abogado ex miembro de la Comisión de Derechos de Autor de Indecopi, señaló que no 
hay una industria nacional interesada en utilizar los derechos de autor “como herramienta, discutir sus alcances y 
valorarlos en su real dimensión”. De igual modo, mencionó que hay mucho desconocimiento de la una ley “bastante 
compleja”.
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Las sociedades de gestión colectiva (SGC) no solo administran derechos de autor, sino derechos conexos (relacionados al 
primero, como de los cantantes, productores y músicos). Hay siete en Perú, de las cuales la que más recauda, más 
demandas ha iniciado y, a su vez, más veces ha sido demandada –según Indecopi- es APDAYC. Como dato adicional, la 
Asociación Nacional de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (ANAIE) –actualmente baja de oficio- será investigada por 
Indecopi, que pidió una auditoría financiera del periodo 2009 al 2011. 
¿Son transparentes las SGC? Para Moscoso, esto es algo a lo que se debe llegar. “En el caso peruano hemos pasado del 
oscurantismo y estamos (…) en un tránsito hacia la transparencia”. 
Como dice Montezuma, las SGC “funcionan en condiciones monopólicas, lo que hace que su actividad se preste para 
abusos y problemas de transparencia”, en lo cual ni APDAYC o ANAIE –indicó-son la excepción. 
Roces entre las SGC y artistas no son novedad. Por ejemplo en 2010 un funcionario de APDAYC intentó cobrar a la 
banda Adictos al Bidet en un lugar público cuando el grupo no tenía canciones registradas en dicha sociedad. El 
cobrador mencionó que se asume la posibilidad de que la banda toque temas de otros autores peruanos o no con 
derechos administrados por APDAYC. 
En casos de este tipo las SGC no pueden cobrar por repertorios que no representan el director de APDAYC dijo lo mismo. 
En caso de que una SGC haga una demanda, deberá probar si los implicados difundieron temas que no debían. 
En el caso musical, quien hace comunicación pública de temas protegidos podría hacer pagos a distintas SGC, como de 
autores y compositores (APDAYC), productores fonográficos (Unimpro) e intérpretes o ejecutantes (ANAIE). El usuario 
puede comprender que le cobran varias veces lo mismo, cuando no es así. Por eso Indecopi sugiere la implementación de 
una “ventanilla única”: que una sola entidad haga la cobranza y reparta lo que corresponde a cada sociedad. 
¿Y cuando una peluquería –donde el uso de música no es vital- pone la radio debe pagar a las SGC por hacer una 
comunicación pública de obras protegidas cuando la radioemisora ya paga? ¿No es algo injusto? 
La asesora legal de la Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO), Yvett Jorg-Lizano, contó a este medio 
que el cobro sí se puede dar, pues el DL 822 lo avala al ser un “nuevo acto de explotación de la obras o fonogramas 
musicales”. Igual respuesta obtuvimos del representante de APDAYC, para quien esto “no es un abuso porque es un 
derecho establecido en la ley”. 
Como no todos los creadores buscan el lucro con su trabajo, existe la alternativa del copyleft, licencias que proponen 
libertad en los derechos para difundir de manera comercial o no la creación intelectual, siempre reconociendo al autor 
original. Dos conocidas licencias copyleft son Creative Commons y ColorIURIS.

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  • 1. LOS PROYECTOS DE LEY SOPA, PIPA POR: LADY LAQUI RODRIGUEZ - INFORMATICA JURIDICA
  • 2. LOS PROYECTOS DE LEY SOPA, PIPA Como una medida de sancionar a los que reproducen material musical, literatura, obras, proyectos etc. entre otros, el Congreso de EE.UU. aún evalúa la posibilidad de establecer sanciones y una severa vigilancia a los sitios web que fomentan la piratería. Por tal motivo se creó proyectos que a continuación detallamos. STOPPING ONLINE PIRACY ACT (SOPA) y PROTECT IP ACT (PIPA) son probablemente dos de las iniciativas legislativas más impopulares impulsadas por la legislación estadounidense en los últimos años. Ambas normas buscan combatir agresivamente la difusión no autorizada de material protegido con copyright a través de la red de redes. De aprobarse ambas iniciativas, cualquier sitio web (independientemente del lugar donde se encuentre) será pasible de sanción si es que permite el alojamiento de contenidos ilegales. La norma establece además que los servidores serán sancionados si mantienen por un breve espacio de tiempo a las webs con contenidos con derechos de autor. Esto obligaría a diversas web a activar mecanismos de autocensura y a filtrar la actividad de sus usuarios para evitar que incumplan la norma, lo que acarrearía el cierre de la página. Es decir, la imposición de una vigilancia extrema y de la limitación de libertades en internet. Lo que pretende la norma es impedir el acceso a las páginas que facilitan la descarga de contenidos piratas retirándola de los servidores, censurándolas de los buscadores y obligando a los proveedores de Internet a bloquearlas para los internautas. La distribución de copias ilegales también será castigada y se restringirá el acceso a páginas que contengan producciones protegidas por los derechos de autor.
  • 3. DERECHOS DEAUTOR Erick Iriarte, abogado especialista en temas informáticos del Estudio Iriarte & Asociados, explicó, que lo que la ley SOPA pretende “es regular el entorno digital y proteger a la industria de contenido, específicamente del contenido que no es creado en la red. Sin embargo, esa norma choca con todo el contenido que es creado en línea por millones y millones de usuarios”. Para Iriarte, el tema principal es que se trata de una ley pensada en que solo algunas pocas personas pueden ser creadoras. “La ley de derecho de autor protege el derecho humano, de todos, de crear, no de algunos”, detalla. A su entender, lo que esta norma hace es generar censura previa. “Puede terminar bloqueando la libertad de expresión bajo una aparente protección de la propiedad intelectual. Bajo ese argumento es que la Casa Blanca no ha apoyado esta ley”, subraya. ALERTA EN LA RED Tanto SOPA como PIPA siguen en evaluación en el Congreso de Estados Unidos, motivo por el cual páginas como Reddit, Boing Boing y Wikipedia han decidido cerrar durante 24 horas como medida de protesta ante las pretendidas normas. El hecho de que Wikipedía, la sexta página más visitada de Internet, se una a la protesta convierte a este en una acción sin precedentes. Otras páginas como Google, Facebook, Twitter, eBay y Mozilla, también han manifestado su rechazo a las impopulares SOPA y PIPA. Derechos de autor en Perú: una historia de piratas, ciudadanos y mediadores Por Alfonso Rivadeneyra García.
  • 4. En enero último un proyecto de ley de EEUU de combate a la piratería motivó a que internautas de todo el mundo se quejaran, pues la “cura” era “más mala que la enfermedad”. Perú no estuvo ajeno a las protestas, pues los derechos de autor aquí son un tema gracias a internet cada vez más discutido. Decreto legislativo Nº 822 Ley sobre el derecho de autor. Tal es la norma peruana que regula los derechos de la “persona natural que realiza la creación intelectual (autor)”. Este documento modificado por el DL N°1076 establece puntos a ser cumplidos en todo el país en beneficio de los creadores de libros, canciones, películas, etc. El derecho de autor tiene dos partes: derechos morales (identidad del autor) y patrimoniales (relativos al lucro). En EEUU existe el copyright, que no es una traducción del derecho de autor. Son similares, pero el segundo se enfoca más a lo patrimonial. Hay dos opciones para el autor: administrar por sí mismo sus derechos o valerse de las sociedades de gestión colectiva (SGC), organizaciones que recaudan dinero por regalías y regentan derechos. Bajadas y bajadas La ley dice que el autor puede prohibir la copia no autorizada de su creación. ¿Pero qué ocurre cuando descargas vía internet un archivo de música mp3 sin tener el disco original? Según Martín Moscoso, director de Derecho de Autor del Indecopi, la piratería no está en nuestro marco legal, pero nos regimos por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), que la define como aquella reproducción comercial sin autorización del autor. Para el funcionario, no hay problema si el mp3 es solamente descargado de de plataformas autorizadas como iTunes. De lo contrario, es ilegal. En el caso de YouTube, popular web para reproducir videos, hay piezas totalmente legales, creadas por los usuarios. Aún así, resaltó Moscoso, tiene archivos (videoclips, cortometrajes, películas, etc.) reproducidos “sin autorización de los autores y titulares”. El entrevistado precisó que “el visionado no es piratería”. ¿Y en Perú, si alguien baja ilegalmente un archivo mp3 puede ir a prisión? Moscoso: “Nadie tiene que ir a la cárcel (…) no hay una visión extrema y lamentablemente en el Perú a tal punto no es extrema que ni siquiera hay un pirata en la cárcel por la piratería pura, dura y masiva”.
  • 5. Los reyes de la colina Moscoso informó que según un estudio económico realizado en el 2002, los montos de la piratería fonográfica alcanzaban los 300 millones de dólares en Perú y que el negocio de “las grandes mafias” estaba en la provisión de insumos, o sea CD y DVD. Dijo que “un pequeño holding grupo de empresas de un mismo rubro importador de discos en solo tres meses movió siete millones de dólares. “Si esto lo multiplicamos por los cuatro trimestres, podemos decir que movía 28 millones de dólares anuales”. En 2005 las importaciones de discos precisó el funcionario alcanzaron un pico de 144 millones de unidades “de las cuales las industria formal (…) no sobrepasaba las 20 millones”. El exceso era de “124 millones de unidades” que iban “al mercado pirata”. La entidad del Estado es enfática al decir que este negocio produce “ingentes cantidades de dinero, no necesariamente al ambulante que las vende, sino para las personas que están detrás”. Torcidos de autor Le preguntamos a Erick Iriarte, abogado especialista en derechos de autor, qué considera como el mayor problema en dicho campo. “Ha perdido su noción básica de derecho humano” porque durante años se vio a los autores “como un grupo de personas que podían crear y se perdió la noción básica de que tú, yo, cualquiera somos creadores de cualquier cosa”. En este punto difiere Carlos Ferreyros, doctor en derecho de la Universidad de Montpellier I (Francia), para quien “los rasgos principales de la creación en la propiedad intelectual (“tronco” del cual nacen los derechos de autor), siguen siendo humanos” y están “vinculados a la originalidad y a la innovación”. Para Indecopi, en Perú es necesaria la intervención del Poder Judicial, que es la “pata” coja de la hipotética mesa de lucha anti piratería. En el caso de Rubén Ugarteche, director general de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), en este país falta conocimiento de los derechos de autor por parte del Estado y los usuarios, así como la inexistencia de una “cultura de respeto a la propiedad intelectual”. Por su parte Óscar Montezuma, abogado ex miembro de la Comisión de Derechos de Autor de Indecopi, señaló que no hay una industria nacional interesada en utilizar los derechos de autor “como herramienta, discutir sus alcances y valorarlos en su real dimensión”. De igual modo, mencionó que hay mucho desconocimiento de la una ley “bastante compleja”.
  • 6. Sociedades de cuidado Las sociedades de gestión colectiva (SGC) no solo administran derechos de autor, sino derechos conexos (relacionados al primero, como de los cantantes, productores y músicos). Hay siete en Perú, de las cuales la que más recauda, más demandas ha iniciado y, a su vez, más veces ha sido demandada –según Indecopi- es APDAYC. Como dato adicional, la Asociación Nacional de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (ANAIE) –actualmente baja de oficio- será investigada por Indecopi, que pidió una auditoría financiera del periodo 2009 al 2011. ¿Son transparentes las SGC? Para Moscoso, esto es algo a lo que se debe llegar. “En el caso peruano hemos pasado del oscurantismo y estamos (…) en un tránsito hacia la transparencia”. Como dice Montezuma, las SGC “funcionan en condiciones monopólicas, lo que hace que su actividad se preste para abusos y problemas de transparencia”, en lo cual ni APDAYC o ANAIE –indicó-son la excepción. Roces entre las SGC y artistas no son novedad. Por ejemplo en 2010 un funcionario de APDAYC intentó cobrar a la banda Adictos al Bidet en un lugar público cuando el grupo no tenía canciones registradas en dicha sociedad. El cobrador mencionó que se asume la posibilidad de que la banda toque temas de otros autores peruanos o no con derechos administrados por APDAYC. En casos de este tipo las SGC no pueden cobrar por repertorios que no representan el director de APDAYC dijo lo mismo. En caso de que una SGC haga una demanda, deberá probar si los implicados difundieron temas que no debían. En el caso musical, quien hace comunicación pública de temas protegidos podría hacer pagos a distintas SGC, como de autores y compositores (APDAYC), productores fonográficos (Unimpro) e intérpretes o ejecutantes (ANAIE). El usuario puede comprender que le cobran varias veces lo mismo, cuando no es así. Por eso Indecopi sugiere la implementación de una “ventanilla única”: que una sola entidad haga la cobranza y reparta lo que corresponde a cada sociedad. ¿Y cuando una peluquería –donde el uso de música no es vital- pone la radio debe pagar a las SGC por hacer una comunicación pública de obras protegidas cuando la radioemisora ya paga? ¿No es algo injusto? La asesora legal de la Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO), Yvett Jorg-Lizano, contó a este medio que el cobro sí se puede dar, pues el DL 822 lo avala al ser un “nuevo acto de explotación de la obras o fonogramas musicales”. Igual respuesta obtuvimos del representante de APDAYC, para quien esto “no es un abuso porque es un derecho establecido en la ley”. Como no todos los creadores buscan el lucro con su trabajo, existe la alternativa del copyleft, licencias que proponen libertad en los derechos para difundir de manera comercial o no la creación intelectual, siempre reconociendo al autor original. Dos conocidas licencias copyleft son Creative Commons y ColorIURIS.