Sintesis informativa viernes 01 de diciembre de 2017

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Trabajadores de Salud de Oaxaca sin rendirse;
bloqueos siguen vigentes
Nadia Altamirano

Oaxaca. Así como lo hicieron ayer, trabajadores del Hospital General doctor Aurelio Valdivieso que exigen
abasto de medicamentos, material de curación, equipamiento y uniformes, volvieron a bloquear la Calzada
Porfirio Díaz y la calle Doctor Mario Pérez Ramírez.
De acuerdo con el secretario de organización de la
subsección 07, Aristeo Torres, a las 19:00 horas esperan
tener una reunión con el gobernador Alejandro Murat, el
secretario de Salud Celestino Alonso Álvarez, y el secretario
general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Salud (SNTS), Mario Félix Pacheco, a la
cual pertenecen los trabajadores.
Por su parte, la directora del nosocomio, Maritza Jenny Hernández Cuevas, se mostró esperanzada de que la
reunión de hoy llegue “a un buen término” y el paro parcial se pueda levantar.
Para ello “estamos viendo la adquisición de medicamentos y el día de hoy nos entregan las muestras de los
uniformes”.
Con bloqueos, logran mesa con gobernador de Oaxaca
Por Sayra Cruz
El paro parcial en el Hospital Civil, estará el tiempo necesario, advierten sindicalizados
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
Integrantes de la Subsección 07 del Hospital Civil, después de varios bloqueos consecutivos, lograron una
mesa de negociación con el gobernador Alejandro Murat, a quien le expusieron la falta de medicina y falta
de material de curación.
Los sindicalizados realizaron ayer un bloqueo en el contorno de la fuente de las 8 Regiones, con camas de
hospital, colchonetas y urbanos que retuvieron en esta zona para presionar a la autoridad.
Durante siete horas, los inconformes estuvieron desquiciando la circulación para miles de automovilistas y
afectando el paso de estudiantes, comerciantes, trabajadores, entre otros.
Los manifestantes reclamaron la desatención del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO),
Celestino Alonso Álvarez por distorsionar los motivos de la protesta y no reconocer la falta de
medicamentos.

El secretario general de esta subsección, que pertenece a la Sección 35 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Salud (SNTSA), Alberto Vásquez Sangermán, indicó que el paro parcial, estará el tiempo
necesario.
Advirtió que no levantarán su inconformidad si nos les dotan de lo necesario para realizar sus actividades y
atender a los pacientes conforme lo requieren.
Durante la protesta, arribó el secretario de Organización de la Sección 35, Carlos Pérez Bautista a informar
sobre el encuentro con el mandatario estatal, así como con el titular de los SSO donde expusieron las
demandas.
Por la noche, los representantes de la subsección, con presencia de la dirigencia de la Sección 35,
entablaron la mesa de negociación con funcionarios estatales.
4 mil 200 pacientes sin servicio en el Hospital Civil
de Oaxaca
EMILIO
MORALES PACHECO
Muchos pacientes han tenido que viajar a la capital de otras partes del estado, sólo para enrontrarse con el paro del
nosocomio
Nadia Altamirano
Feliciano Mateo y su padre Emiliano Mateo gastaron 500 pesos para viajar de Santiago Zacatepec Mixe a la
ciudad de Oaxaca para descubrir que la consulta externa del Hospital General Aurelio Valdivieso cumplía ayer
una semana de estar suspendida.
“No sabíamos, venimos de lejos”, contaba tratando de reponerse del azoro de ver que desperdiciaría los otros
500 pesos que tendrían que gastar, entre comida y pasaje, para volver a su comunidad, sin que le revisaran la
cirugía en su pierna izquierda ni le proporcionaran medicamento para el dolor.
Muy de mañana, al salir de la pequeña terminal de camionetas que llevan y traen personas de la zona Mixe a
cambio de 115 pesos, ambos tomaron un taxi que los dejaría en la puerta del Hospital Valdivieso, pero eso no
fue posible.

Tres cuadras antes, en la penúltima calle de Netzahualcóyotl, en la colonia Reforma, el taxi se detuvo, la zona
aledaña al nosocomio estaba bloqueada. Con ayuda de su padre y un par de muletas, Feliciano camino para
intentar llegar a su cita.
De nada sirvieron las apuraciones, ni el esfuerzo. “Mi pierna todavía me duele mucho”, expresaba mientras
tomaba aire y se sentaba en un banco que es parte de un puesto ambulante de tamales donde la clientela está
ausente.
Tampoco hay medicinas
La pierna que se fracturó hace un mes cuando la camioneta en que iba volcó en su comunidad; está cubierta por
un edredón pequeño. Además de la revisión esperaba que le suministraran algo de medicamento para el dolor.
“Por nuestro rumbo no hay medicinas, no hay nada; hay clínica, pero tampoco tiene medicina, la doctora me dio
el pase para venir a que me revisen y me den medicamento, pero solo hicimos el gasto para regresar sin nada”,
enuncia con palabras envueltas por la decepción.
Su padre Leonel Mateo, se desayuna la frustración de haber acompañado a su hijo a un chequeo médico que no
tendrá lugar, ni la toma de radiografías que tenían previamente agendadas.
La frustración es mayor porque a su regreso a Zacatepec tendrá que pagar los mil pesos que pidió prestado a un
vecino porque “somos campesinos, no tenemos sueldo, siembro café, pero por la roya afectó el 90 por ciento del
cultivo”.
Así como a Feliciano, al día 400 pacientes no han podido ser atendidos en consulta externa ni 300 han accedido
al servicio de laboratorio.
De miércoles a viernes de la semana pasada y de lunes a ayer, de manera conjunta se les ha negado el servicio a
4 mil 200 personas. Sólo funciona el servicio de urgencias y hospitalización.
Se actuará con firmeza en caso del pequeño
Eduard: Fiscal de Oaxaca
Rubén Vasconcelos, dijo que se aplicará todo el peso de la ley contra médicos y enfermeras de
hospital privado que operaron al menor por fractura de un brazo y murió por sobredosis de
anestesia.
Fiscal General de Justicia de Oaxaca, Rubén Vasconcelos. (Óscar Rodríguez)
ÓSCAR RODRÍGUEZ30/11/2017 08:00 PM
Oaxaca
El Fiscal General de Justicia del estado, Rubén Vasconcelos, afirmó que se actuará con firmeza y
con todo el peso de la ley contra los médicos y enfermeras de un hospital privado que al intervenir
quirúrgicamente a un niño de tres años que reportaba una fractura, le suministraron una sobredosis
de anestesia, lo que generó que muriera al sufrir un paro cardiaco.
En entrevista adelantó que por este hecho se configura el delito de homicidio, además de negligencia
médica, sin embargo aún está por definirse las acciones jurídicas a seguir.
Rubén Vasconcelos aceptó que se reunirá con los padres de la víctima para escuchar su reclamo de
justicia, precisó que de su parte, se actuará con firmeza para que el crimen no quede en la
impunidad.

Aseguró que en este caso las instituciones encargadas de procurar justicia, actuarán con todo rigor
para esclarecer la verdad y valer justicia, no importando el poder económico que puedan valer o
ejercer los responsables de dos hospitales privados de renombre, involucrados en el crimen del
menor, originario del municipio de San Francisco Telixtlahuaca.
Vasconcelos Méndez, indicó que además de este caso la Fiscalía de Justicia indaga otros 12 casos
relacionados con negligencias médicas.
Con respecto al caso del niño Edward, precisó que hasta ahora los familiares de la víctima ya
presentaron la denuncia con lo que se han integrado una carpeta de investigación, y la fiscalía está
actuado rápidamente para resolver el caso.
Aseguró que una vez que los peritos del Instituto de Ciencias Forenses concluyan los peritajes y
obtengan las pruebas de laboratorio, resultado de la necropsia de ley, se determinará las causas reales
de la muerte y de ahí se desprenderán las sanciones que se habrán de fincar la fiscalía contra los
responsables.
El domingo, fue canalizado a dos hospitales privado de la zona norte de la ciudad de Oaxaca, por sus
padres, ya que el Hospital Civil estaba en paro médico, el niño Edward Luna, de apenas tres años, al
reportar una fractura en un brazo.
En uno de los nosocomios se realizó la intervención quirúrgica, y los médicos afirmaron que sería una
operación sencilla, pero al anestesiarlo, se les paso la mano y el menor murió de un infarto.
En tanto el presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO), José Manuel
Ugalde Iglesias, aseguró que el análisis de los expedientes médicos y las indagatorias permitirán
determinar qué pasó para que la Fiscalía pueda actuar con firmeza contra los responsables.
Aseguró que "de oficio" la CEAMO integró un expediente con la narración de los hechos y los
expedientes clínicos, tanto del Hospital del Valle, donde se le realizó la cirugía a Edward, o el San Lucas,
a donde llegó inconsciente y falleció después de un paro cardiaco, no descartando la clausura de los
nosocomios.
Adelantó que será en un plazo de 15 días que se tengan los dictámenes, pero adelantó que no serán
públicos serán confidenciales, sólo lo podrán consultar la familia de Edward y la Fiscalía General de
Oaxaca, donde ya se integró una carpeta de investigación.
En tanto el visitador General de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez
Ramos, señaló que hay una investigación contra los médicos y enfermeras del Hospital Civil quienes se
negaron atender al menor por que estaban en paro laboral.
Maestros regularizados de Oaxaca exigen pagos al
IEEPO
ARCHIVO
Alondra Olivera

Una treintena de profesores agremiados a la Sección 22 del SNTE -que reclaman sus pagos al IEEPO-,
secuestraron alrededor de seis camiones de transporte público urbano con los que obstaculizaron el paso vial en
la calle de Héroes de Chapultepec.
En minutos se generó el trafico vehícular y afectó a decenas de transeúntes que buscaban llegar sus destinos.
Los manifestantes reclñaman sueldos supuestamente devengados que se les adeudan desde hace dos años y
cuyo pago fue acordado durante los compromisos pactados entre la dirigencia magisterial y el gobierno del
estado.
Estas acciones se sumaron a la toma de oficinas públicas como parte de la jornada de lucha emergente que
reanudaron desde el lunes pasado.
Disminuidos en participación, los mentores protestaron en las oficinas de Informática, SATIC, oficinas donde
despacha el titular del Instituto Germán Cervantes Ayala y oficinas administrativas.
Genaro Martínez, secretario de organización política, advirtió que las movilizaciones irán de menos a más, pues
observan que nuevamente se da dilación a los acuerdos pactados.
El secretario de organización política sostuvo que el magisterio no teme la amenaza de una iniciativa de ley que
tiene como objetivo coartar el derecho a la manifestación pública, ya que con esta se pretenden callar las voces
de inconformidad.
“Este es un intento de regresar al autoritarismo que los caracteriza, solo se busca criminalizar al movimiento
democrático y a las diferentes expresiones de las organizaciones sociales, por eso les decimos que rechazamos
cualquier intención del gobierno de Alejandro Mural”.
Rector de la UABJO confía en rescate
financiero del estado
Por
Agencias
Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que no otorgará recursos
adicionales a las universidades públicas con crisis financiera en cinco estados del país, entre
ellos Oaxaca, el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO), Eduardo Bautista
Martínez, confió en que será el estado el que solvente los gastos de la institución para
concluir el ejercicio fiscal de este año.

Pese a la crisis financiera de la universidad, que cuenta con una matrícula de 25 mil
alumnos, el primero de seis sindicatos emplazó ayer a huelga para el 1 de febrero, y exigió
aumento salarial de 20%.
Bautista Martínez precisó que la universidad requiere de un recurso extraordinario por 240
millones de pesos para cubrir los gastos de lo que resta de noviembre y diciembre, en
especial, la nómina de más de cuatro mil trabajadores, además del pago de liquidaciones
para jubilaciones, y el cual prevé sea proporcione por el gobierno de Oaxaca y Congreso
local.
“Estamos en un momento de crisis económica, de insolvencia financiera, pero estamos
también con el optimismo de que esta situación se tiene que resolver con el respaldo del
estado, del Congreso y el gobernador”, dijo y añadió que mantienen negociaciones para
tener una solución dentro de los primeros 10 días de diciembre.
“En este momento, la gestión no se ha agotado y vamos a seguir insistiendo para obtener el
dinero que necesitamos para el cierre del ejercicio fiscal. Quiero ser optimista y pensar que
la universidad tiene una función social que va a ser respaldada en ese aspecto”.
Solicitó a la federación y al gobierno estatal además un incremento de 30% al subsidio
ordinario para el ejercicio de 2018, el cual sería de 291 millones 333 mil 789 pesos más del
presupuesto que se le asigne.
El rector argumentó que sería para alcanzar la media nacional respecto al subsidio por
alumno, que buscan sea de 47 mil 673 pesos por cada estudiante con recursos federales y
estatales.
Para 2017, la universidad pública de Oaxaca contó con un presupuesto de 941 millones de
pesos, del cual más de 90% se destinó al pago de nómina y todo lo relacionado con recursos
humanos, así como al pago de 800 jubilados, monto que asciende a 959 millones 850 mil
pesos.
Ante el déficit que enfrenta la institución, reconoció que la crisis financiera es producto del
inadecuado manejo de las finanzas y una de las causas es el pago a jubilados y
pensionados, pero cuya práctica se mantiene desde hace tres décadas.
Como no se han tomado medidas en un proceso que lleva más de 30 años, eso llevó a que
los procesos de jubilaciones y el reconocimiento de plantilla real no se viera, ya porque por
cada jubilado tenemos un reemplazo que no es reconocido por la Federación”, dijo.
El pago a los 800 jubilados rebasa 30% del total de la nómina del personal activo y tiende a
crecer, señaló.

Pierde UABJO 75 mdp para becas
Por Alonso Pérez Avendaño
La deserción escolar se agravará por la disminución de las becas, lo anterior como resultado del
incumplimiento de la uabjo en el convenio de paridad
El problema de deserción escolar en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), que
alcanza al 48 por ciento de sus estudiantes, se verá agravado este año por la disminución en el número de
becas para atender el rezago social, que pasaron del ciclo 2016-17 al actual, 2017-18, de 7 mil 612 a 5 mil
672, una caída de 26.5 por ciento.
Este descenso se debió a la falta de pago de las participaciones del Gobierno del Estado en 2016, cuando el
convenio de coparticipación para el fondo de becas era de 175 millones de pesos por parte del gobierno
federal y 100 millones por parte del estatal. Al incumplir el compromiso, la Federación estableció para
2017 un convenio de paridad, en el que cada ente entregaría 100 millones de pesos.
Para compensar este número de becas de manutención perdidas, el gobierno federal otorgó 750 becas
Prospera, que sumadas a 4 mil 922 de manutención dan el total actual de becas, 5 mil 672. Ambas becas
están orientadas a atender rezagos sociales, es decir, se otorgan prioritariamente a alumnos de escasos
recursos.
“Salvo una de las becas que tiene que ver con la calificación, la mayoría están orientadas al factor
vulnerable, para evitar que un joven deserte porque no tiene para transporte, material, alimento,
desafortunadamente este recorte nos pone en riesgo de que la deserción aumente”, explica Javier Martínez
Marín, secretario académico de la UABJO.
El panorama para este año, agrega, es complicado. “La falta de becas y la incertidumbre que genera la
situación financiera de la universidad van a aumentar la deserción, para que un estudiante permanezca
necesita certidumbre, desafortunadamente no la hemos logrado”.
En el caso de la beca manutención los apoyos van de los 750 pesos para estudiantes de primer año, 830
para los de segundo, 920 para los de tercero y mil pesos para cuarto y quinto. Los requisitos para recibirla
son contar con promedio mínimo de 8, no adeudar materias y provenir de una familia cuyo ingreso total sea
máximo de 4 salarios mínimos. La beca prospera otorga 950 pesos 10 veces al año y 750 dos veces.

QUEDAN FUERA BUENOS PROSPECTOS
En la UABJO el problema de la deserción estudiantil –que oscila entre el 30 por ciento en licenciaturas
como Derecho hasta el 80 por ciento en Economía– se combina con un factor determinante, la
sobredemanda y subdemanda de algunas carreras. Mientras algunas licenciaturas dejan afuera a más del 75
por ciento de los estudiantes que aplican el examen de admisión, hay otras que aceptan prácticamente a
todos los que lo solicitan.
Entre las licenciaturas con mayor demanda para el ciclo 2016-17se encontraron: Terapia Física, que aceptó
a 30 de los 432 jóvenes que aplicaron el examen; Medicina, que recibió 2 mil 456 solicitudes de ingreso y
permitió el acceso a 230 estudiantes; Arquitectura 5 de Mayo, con 50 de 367; Gastronomía, con 25 de 171;
Enfermería, 130 de 165; y Turismo, 30 de 134.
La subdemanda, es decir, el que haya más jóvenes queriendo acceder a una licenciatura que lugares
ofertados implica que ingresan quienes mayores puntajes obtienen. En Medicina, por ejemplo, la media en
el puntaje de los estudiantes que ingresaron es de 75/100, en Arquitectura 5 de Mayo, 68/100 y en Terapia
Física, 65/100, es decir, aun estudiantes con más del 60% de aciertos en la prueba quedaron fuera.
ESTÁN ADENTRO TODOS
En contraparte, licenciaturas como Biología, Física, Matemáticas y las unidades de Idiomas de Puerto
Escondido y Tehuantepec aceptan a la totalidad de los estudiantes que aplican el examen e incluso su
matrícula queda por debajo del número de espacios que ofertan.
“Es otro factor que afecta la deserción, cuando no tienen margen de selección, cuando una unidad
académica tiene 100 aspirantes y 100 espacios no hay selección, una escuela con alta demanda selecciona a
alumnos de alto puntaje y eso disminuye la posibilidad de deserción”, explica Martínez Marín.
LUGARES PREFERENCIALES

La oferta de la Universidad se ve afectada también por cuotas que por reglamento interior o acuerdo laboral
con los sindicatos.
Para estudiantes de preparatorias cada escuela o facultad aparta el 10 por ciento de su matrícula, ocupada
con pases directos. Para familiares de trabajadores sindicalizados el acceso está garantizado al 100 por
ciento.
Por derecho sindical ingresaron al ciclo 2016-17 un total de 84 alumnos, 28 A Derecho, 23 a Medicina y a
Arquitectura CU, Odontología, Entrenamiento Deportivo y Ciencias de la Educación, seis cada una.
SIN SEGUIMIENTO A DESERTORES
Aunque en cada escuela y facultad se siguen diversas estrategias para atender el fenómeno de la deserción
escolar, una de las principales, que es la asesoría de tutores para apoyar a estudiantes con problemas de
reprobación, solo es obligatoria para los alrededor de 200 docentes de tiempo completo, que reciben un
pago por esta labor. El resto, los profesores hora-clase participan voluntariamente.
“Una de las deficiencias que más nos pega en la universidad es la falta de seguimiento, tenemos tantos
problemas en el presente, en los activos, que pocos estudios tenemos para analizar este tema, ahora las
acreditadoras obligan a las unidades para aceptarlas a hacer estudios sobre deserción, donde se tiene que
ver no solo la trayectoria del estudiante, sino su ingreso y, si deserta, saber por qué lo hace, veo muy difícil
alcanzar una eficiencia al 100 por ciento, ingreso, que todos egresen, que todos se titulen, que todos tengan
trabajo, lo veo utópico, pero no significa que no podamos mejorar nuestros números”, acepta Martínez
Marín.
CARRERAS CON MÁS BECAS
Contaduría 1485
Derecho 1034
Medicina 431
Enfermería 408
ICE 285
MAYOR INCREMENTO DE BECAS RESPECTO A 2016
Ciencias 79
Enfermería 37
Bellas Artes 36
Deportes 32
Sociología 17
MAYOR PORCENTAJE DE ALUMNOS BECADOS
Ciencias de la Educación 75%
Ciencias 70%
Idiomas Puerto Escondido 65%
Bellas Artes 57%
Sociología 55%

Huajuapan de León en el abandono
Por Nathalie Gómez
La vivienda de don Genaro Cruz Guzmán, habitante de la colonia La Merced de esta ciudad, quedó
inhabitable
HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA

Ya pasaron más de dos meses del sismo del 19 de septiembre y no ha pasado nada; la incertidumbre, los
problemas económicos y la tristeza de quienes perdieron su patrimonio, tampoco ha pasado.
Luego del movimiento telúrico de magnitud 7.1 con epicentro en Puebla y Morelos, la vivienda de don
Genaro Cruz Guzmán, habitante de la colonia La Merced de esta ciudad, quedó inhabitable.
La noticia le fue dada tras la revisión de integrantes del colegio de ingenieros y arquitectos, que apoyaron al
gobierno municipal con esta tarea y se confirmó por personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu).
Tuvieron que pasar 25 años para que concluyeran su hogar ubicado en la calle Aldama número 40 de la
colonia La Merced, porque lo hicieron poco a poco y con mucho esfuerzo.
Ahora, su reconstrucción requerirá alrededor de 4 millones 400 mil pesos de acuerdo con un arquitecto
particular que fue consultado.
A partir del 19 de septiembre, la vivienda tiene 23 fallas, los daños son estructurales, además de que hay
grietas y fisuras, se levantaron pisos, se cayeron losetas y revocos.
Junto con su esposa —de 67 años de edad, que por problemas de salud está en silla de ruedas— y cuatro
integrantes más de la familia, tuvieron que desalojar la vivienda.
Al recibir la notificación, les informaron que no recibirían apoyo del gobierno municipal, que “lo único que
podrían hacer es no cobrarle ningún impuesto por demoler su casa”.
UNA BURLA
“Me pareció una burla, algo triste, porque el estado anímico en el que uno se encuentra después de haber
perdido todo, tener este tipo de respuestas es indignante”, enfatizó.
A Huajuapan llegaron víveres pero a esta familia no les han dicho nada de ningún tipo de apoyo, mucho
menos entregado algo, “ni un tabique, un clavo, nada”, afirma don Genaro.
En el caso de Sedatu, su personal colocó un código en la parte superior de la puerta verde, pero de ahí no ha
surgido nada más.
“Si bien es cierto que el Istmo sufrió los mayores daños, en la Mixteca también hubo gente que lo perdimos
todo, por eso llamo a las instancias de gobierno a voltear a ver a esta región y no hasta que inicien las
campañas políticas y entonces sí, vengan a prometer el sol, la luna y las estrellas”, señaló.
Abundó: “Qué tristeza me da que las autoridades municipales, estatales y federales no nos atiendan luego
del terremoto que afectó a esta parte del estado también, el presidente municipal que es el representante en
Huajuapan, no nos informa nada de la atención que se le va a dar a los damnificados de su municipio”.
CONFORMAN COMITÉ
Por dicho olvido, dio a conocer que las personas que resultaron con afectaciones graves están conformando
un comité de damnificados que permita exigir atención y pedir el apoyo necesario “porque sí hay recursos
del Fondo Nacional de Atención de Desastres Naturales, (Fonden), sólo urge su aplicación ya que incluso
por ello redujeron el presupuesto de otros rubros”, destacó.
“No culpamos a nadie de lo que pasó, simplemente lo que queremos es que nos atiendan las autoridades
porque en el discurso dicen que Oaxaca está de pie, que se está atendiendo a los ciudadanos, se echan unas
frases que da gusto escuchar pero que no son ciertas, al menos no en Huajuapan y la Mixteca porque lo
hemos señalado, acá siempre se nos hace a un lado”, señaló.
Resaltó que las personas afectadas no esperan que el gobierno les construya su vivienda, pero sí un impulso
para iniciar porque además de que él y su esposa presentan problemas de salud, han sido víctimas de dos
robos de vehículos con mercancía y un asalto en este 2017, lo que les imposibilita para iniciar la
reconstrucción.
Mientras tanto, todos los días, don Genaro, de 72 años de edad y su familia, tienen que viajar a Huajuapan
para seguir trabajando pues se vieron en la necesidad de irse a vivir a San Marcos Arteaga, su pueblo natal.
“Para nosotros fue un golpe bastante fuerte, con mi familia cuando tuvimos que desalojar todo fue muy
triste, no podíamos creer que teníamos que irnos de nuestra casa pero bueno, son cosas que provoca la
naturaleza y lo tenemos que ir asimilando”, manifestó.

¿Y LOS VÍVERES?
Otra vez se pone en duda el reparto de víveres. En sesión ordinaria de cabildo y ante la petición de las
regidoras Leydith Cruz Chávez y Dulce Belén Uribe Mendoza, personal del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), informó sobre los apoyos que se recibieron y entregaron a raíz del sismo.
Se informó que fueron 12 toneladas de víveres que se recibieron por parte de Moroleón, Guanajuato; seis,
de Aguascalientes; dos tráilers del gobierno del estado, entre otros, y lo que dieron los huajuapenses y
mixtecos.
Dijeron que los apoyos recibidos se habían entregado a las personas que reportaron daños en sus viviendas,
fueran graves o no tanto; sin embargo, Cruz Guzmán reiteró que a él no le han entregado ningún tipo de
apoyo aun cuando su casa fue pérdida total y reportada oportunamente.
Abandonados en Juchitán de Zaragoza; los pobladores
viven entre escombros
30 NOVIEMBRE, 2017 DESPERTAROAX
Rebeca Luna Jiménez
El tenor oaxaqueño, Edilberto Regalado Ordóñez, manifestó su preocupación ante el abandono que sufre en
la actualidad Juchitán de Zaragoza, “¿qué sigue después del temblor del 7 de septiembre?, seguimos en
escombros, y lo peor es que los abuelos se están muriendo”, expuso.
En entrevista con el tenor zapoteco, exclamó que los abuelos se están muriendo, “los que representan la
historia de Juchitán, los están abandonando, parece que a nadie le importa, parece que todo ha regresado a la
calma, y no es verdad, todo está destruido, esa es nuestra preocupación”, refirió.
Recordó que desde el sismo del 19 de septiembre, los juchitecos perdimos el centro de atención de los
políticos, por eso comento que tal pareciera que todo ha regresado a la calma, “nos abandonaron porque las
autoridades no pueden tomar una alternativa, y se alejan”, indicó.
Dijo que muchos nativos de Juchitán se fueron de la población, pero otros han regresado para darles ayuda,
pero es muy poca, y el apoyo que dio el gobierno de los 120 mil pesos para la construcción de viviendas
afectadas por los sismos, no es suficiente.
Por eso dijo que está buscando apoyos, además de hacer entender a muchos que las afectaciones de los
sismos están latentes, porque parece para algunos pobladores que con echarle tierra encima se termina el
problema.

Ante el problema que se vive, dijo que ya viene el mes de diciembre, y se necesita que regrese la ayuda, que
esté presente hasta que se construyan las viviendas.
Regalado Ordóñez tiene en mente realizar un concierto en apoyo a su pueblo istmeño, el cual está
abandonado y los adultos mayores que se siguen muriendo.
Maquillan escuelas en el Istmo, Oaxaca; lenta
recostrucción
MARIO JIMENEZ
LEYVA
En instalaciones improvisadas algunas comunidades han obligado el regreso a clases
Alondra Olivera
Luego de los daños causados por los sismos de septiembre pasado a la infraestructura escolar del Istmo de
Tehuantepec, el gobierno federal anunció una inversión de 3 mil millones de pesos, que no se han ejercido en su
totalidad ya que el proceso de reconstrucción varetrasado y en algunos casos solo "maquillan" los daños, se
quejaron autoridades municipales.
Esta situación mantiene en retraso el inicio de las actividades educativas de manera normal y al 100 ciento en
esta región del estado. Pues a la fecha un aproximado de 80 mil estudiantes sin clases.
De acuerdo con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 76 escuelas sufrieron pérdidas totales y
tendrán que ser reconstruidas, pero este proceso lleva menos de un 50 por ciento de avance y en algunas
comunidades es nulo.
Sin detallar montos, el organismo educativo reportó que 50 millones de pesos fue la inversión de una primera
etapa por parte de la federación para la atención de escuelas con daños menores, pero es el IOCIFED quien
ejerce el recurso para la reconstrucción total o parcial.
Ixtaltepec, ni un ladrillo
Tan solo en el caso de Asunción Ixtaltepec, uno de los municipios mas afectados por el terremoto del 7 de
septiembre y por la réplica del 23 del mismo mes, el regidor de Educación Rey David Santiago Gómez señaló
que las cuatro escuelas que sufrieron los mayores daños no se ha levantado ni un ladrillo.
“Ya las demolieron, están listos los terrenos para que se empiece a reconstruir las escuelas y en otros casos las
aulas que resultaron devastadas, pero es la hora que no se ha hecho nada, y las que resultaron con daños
parciales solo se les está dando una maquilladita”.

En Ixtaltepec, sus agencias y colonias, hay cerca de 50 escuelas, de estas 4 resultaron con daños totales y el
resto con daños parciales. “El problema aquí es que son muchas las empresas que están llevando este proceso,
trabajan un rato se van y llegan otras y así no se puede avanzar”.
Las escuelas Margarita Maza de Juárez, Presidente Juárez, el preescolar y la Secundaria Técnica 19, no tienen
una fecha definida para estar listas, a pesar de que durante su visita el titular de la SEP, Aurelio Nuño dijo que
la reconstrucción de escuelas llevaría un promedio de 5 meses, mientras que el regreso a clases en su totalidad a
mediados de noviembre.
Ahora, dijo, les llegó una queja de la escuela ubicada en la localidad de Santiago Ixtaltepec la cual para la
reparación de daños se le asignó 126 mil pesos, pero la empresa de la cual no se tuvo acceso al nombre solo
aplicó 24 mil y del resto del recurso se desconoce o bien se lo llevaron. “También en la agencia de Chivela, la
directora de la escuela nos reportó que la reparación es una porquería y es el misma constructora”.
Santiago Gómez mencionó que en este municipio las clases no se han reanudado de manera normal, pues
aunque las aulas provisionales quedaron listas, después de que algunas las desbarató el viento, no se han
entregado y en otros casos los maestros de la Sección 22 del SNTE se niega argumentando que requieren bardas
de seguridad.
Aulas provisionales sin funcionar al 100%
Otro problema que se ha retrasado el regreso a clases son las aulas provisionales, pues en algunos casos padres
de familia se han inconformado porque no son seguras. En total se instalaron 300 aulas provisionales en 67 de
estas escuelas cuyo monto destinado fue casi 300 millones de pesos.
En el catalogo de precios referentes de trabajos de escuelas de excelencia del Instituto Oaxaqueño Constructor
de Infraestructura Educativa una aula en zonas con alta sismicidad tiene un precio aproximado de 320 mil, pero
las que se hicieron en el Istmo rondaron en los 400, las cuales instalaron 43 empresas constructoras que contrato
el organismo oaxaqueño y que se denunciaron en su momento.
Las instituciones encargadas de llevar este proceso no han informado el monto invertido y cuándo quedarán
listas las escuelas para que la comunidad estudiantil regrese a ocuparlas.
En el Istmo de Tehuantepec, ayuda perdediza
POR PEDRO MATÍAS , 30 NOVIEMBRE, 2017REPORTAJE ESPECIAL
Los istmeños damnificados por los sismos de septiembre pasado no dejan de presionar a las autoridades de los
tres niveles –sobre todo a las estatales– para que expliquen dónde está el dinero destinado a la reconstrucción.
También aseguran haber recibido amenazas de muerte por el hecho de protestar, e insisten en que debe
realizarse un segundo censo de vivienda que incluya a las familias realmente afectadas.
OAXACA, Oax (Proceso).- A la gente del Istmo de Tehuantepec “nos quitaron el alma al terminar de derribar
nuestras casas, que son un patrimonio cultural”, sostiene la poeta Natalia Toledo cuando habla de la situación
que viven sus paisanos, damnificados por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre.

Esas construcciones, puntualiza, “hablaban zapoteco y resguardaban recuerdos en el baúl, y ahora todo es un
desmadre”, pues los tres niveles de gobierno “están trabajando de manera tan chafa que buscan minar el
carácter, la enjundia de la gente para ser carne de cañón en las próximas elecciones”.
Y añade: “A mi entender, la reconstrucción sigue siendo negocio de los tres niveles de gobierno porque hay más
de 2 mil familias de Juchitán cuyas casas no fueron censadas por la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano)”.
El malestar es generalizado. Según la síndica hacendaria de Juchitán, María Cruz Vásquez, eso se ha traducido
en más de 10 bloqueos carreteros en Juchitán, Tehuantepec y Jalapa del Marqués, así como en marchas de
trabajadores del sector salud y un plantón de mujeres frente al palacio de gobierno.
Los integrantes del Consejo de Damnificados en San Pedro Comitancillo, presidido por Sodel Linton,
denunciaron actos de intimidación luego de la protesta que organizaron el lunes 13 frente al ayuntamiento para
exigir al alcalde Arturo Cruz Girón y señalar que algunos de sus incondicionales fueron incluidos en el padrón
de damnificados aun cuando no lo son.
Estos damnificados afirman que los amenazaron con matarlos o levantarlos si seguían denunciando
irregularidades en el padrón de viviendas a reconstruir, la clonación y el decomiso de tarjetas de Bansefi, así
como la opacidad en la entrega de recursos de empleo temporal a los afectados por los sismos.
El martes 14, el consejo recibió un mensaje enviado desde la cuenta de Facebook PGR Cosco Alex en la cual
aparece la fotografía de un individuo armado con el siguiente mensaje:
“Luego porque amanece uno muerto como perro sodel libton y alba peña cabrona amenazando porque según
tienen el respaldo de esa gente bájenle a su pedo q si ustedes están peliendo mil pesos yo con esos mil pesos los
voy a desaparecer los voy a llenar de plomo y déjenme decirles q esta por medio su familia un levantón no
vendría nada mal hijos de puta” (sic).
Según Linton, en Comitancillo hay “una serie de situaciones equívocas”. Por principio, dice, el censo no lo
realizó Sedatu sino dos personas, presumiblemente de esa dependencia, que sólo acudieron a Juchitán a impartir
un taller; “en realidad fueron los trabajadores del municipio quienes realizaron el censo. Uno de ellos, César
Girón Jiménez, incluso aparece en él, aunque su vivienda no tiene folio”.
Ese censo incluye a otras regidoras cuyas casas presuntamente sufrieron daños, así como terrenos baldíos. El
propósito es beneficiar a gente que trabaja en el ayuntamiento de Juchitán, mientras que las más de 660
personas que sí resultaron afectadas no aparecen en el primer censo, sostiene el dirigente.
Su colega del Rey Toledo, de la Coordinadora Única de Damnificados de Ixtaltepec, se quejó porque las
autoridades de los tres niveles, en lugar de apoyarlos, comenzaron a demoler las casas. Ello obligó a los
afectados a formar el Consejo de Damnificados en Comitancillo, en Ixtaltepec y en Ixtepec, pues muchas
familias no fueron censadas ni tienen folio de su vivienda.
En Ixtaltepec, según el censo ciudadano, más de 300 familias que tuvieron daño parcial y total en sus
inmuebles, no han sido censados.
Por si fuera poco, el programa emergente de Empleo Temporal se dio de manera discrecional. En Ixtaltepec no
se hizo pública la entrega del apoyo y más de 500 damnificados con folio quedaron fuera.
En los tres municipios detectaron más de 100 casos de tarjetas del Bansefi clonadas y la exclusión de mil
familias del padrón, por lo que intentan conformar una coordinación nacional de damnificados y presentar sus
quejas ante la Sedatu.
Ajeno a las críticas ciudadanas, en su primer informe de gobierno –entregado la semana antepasada ante la
LXIII Legislatura– Alejandro Murat destacó que su gobierno está “en la ruta correcta” en lo que respecta al
problema.
Según él, Bansefi depositó mil millones de pesos que se distribuyeron mediante 63 mil tarjetas entre los
istmeños para la construcción de 6 mil hornos para totopo y pan. Asimismo, según el documento, se avanza en

la construcción de 10 mercados que se cayeron y en la atención a 125 edificios catalogados como monumentos
históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Sin embargo, evitó hablar o transparentar el monto de recursos que recibió el gobierno en donaciones de
gobiernos extranjeros, fundaciones y empresarios para la reconstrucción del Istmo de Tehuantepec.
La realidad local
“Los istmeños ya tenemos un sismógrafo en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, porque sigue temblando.
Llevamos más de 10 mil réplicas, y según la sacudida sabemos si (el sismo) fue de cuatro o cinco grados.
Algunos hasta lo toman a broma, pero en el Istmo ya vivimos en modo vibrador”, comenta la síndica hacendaria
de Juchitán.
Hasta ahora, dice, los gobiernos federal, estatal y municipal no han explicado dónde está la ayuda humanitaria
nacional e internacional, y añade que los istmeños no quieren que ese dinero y el del Fondo Nacional para
Desastres Naturales (Fonden) se quede en los bolsillos o cuentas bancarias de los líderes, gobernantes o
empresarios de la construcción, sino en la gente que realmente lo necesita.
Natalia Toledo dice que ella se enteró de que la tarjeta del Fonden está clonada o no tiene ni un peso de
respaldo; también dice saber que los damnificados que tuvieron pérdida total de su casa sólo recibieron apoyos
por daño parcial, y esa cantidad no les alcanza.
“No sabes si vas amanecer al día siguiente; es como quemar las naves. De todas maneras, no podemos hacer
una casa con ese pinche dinero que nos dieron…”
En otros lugares los pobladores ya comenzaron a levantar viviendas desechables; otros permanecen en casas de
campaña.
Natalia Toledo dice tener reportes de que hay muchos inmuebles derruidos pese a que no habían sufrido daños;
todo porque las autoridades les dijeron a los propietarios: “Si no tiras tu casa, no te va tocar”. Y ellos las
derribaron.
La poeta invita a los afectados a hablar, a cuidarse, a participar en los talleres en zapoteco o en las 43 cocinas
comunitarias que apoya su papá, el pintor Francisco Toledo.
Menciona incluso el programa “Gente hormiga”, mediante el cual se da de comer a unos 50 niños y
adolescentes que van a la escuela y luego regresan a ayudar.
Ahí en el Istmo trabajan sin descanso los artistas Demián Flores, el poeta Mardonio Carballo y la propia
Natalia. “Estamos viendo resultados positivos, creando jóvenes comprometidos solidarios que se preocupan por
los otros y por el arte”, dice ella.
“También hay gente de fuera, como la fotógrafa Graciela Iturbide, que quiere seguir apoyándonos. No nos
sentimos solos. Ella quiere dar dinero para que continúen los talleres”, comenta.
¿Dónde está el dinero?
La fracción del PRD en el Congreso del Estado de Oaxaca pidió a los gobiernos federal y estatal concluir el
censo de beneficiarios para reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre.
“Se requiere una auditoría al primer censo para que se compruebe que estén en el censo las personas que
verdaderamente sufrieron afectaciones en sus viviendas”, pidieron por escrito los legisladores de ese partido.
Carol Antonio Altamirano calificó de irresponsables al gobierno de Enrique Peña Nieto y al de Murat, pues
muchas familias siguen viviendo en la calle; peor aún, “personas que perdieron sus casas no han ingresado al
censo y no han recibido el apoyo”, dijo el diputado perredista.
Se quejó también porque, sostuvo, los 120 mil pesos destinados para daño total en vivienda son insuficientes, y
sobre todo porque los gobiernos federal y estatal incrementaron los montos del Fonden:

“Tan sólo en ese fondo se etiquetaron 18 mil millones de pesos para 2018 que deben ser destinados en su gran
mayoría a la reconstrucción de viviendas. Por parte del gobierno del estado, se cuenta con 8 mil millones de
pesos, que en su mayoría deben ser destinados a la reconstrucción de las casas afectadas por los sismos.”
A su vez, los trabajadores del hospital Macedonio Benítez Fuentes realizaron marchas luego de que el gobierno
ordenó desmantelar la sede alterna del nosocomio, ubicada en el deportivo El Juchiteco.
La base trabajadora preguntó al secretario de Salud federal, José Narro, y al estatal, Celestino Alonso Álvarez,
dónde fue aplicado el presupuesto destinado a ese hospital, superior a los 4 millones de pesos.
Los empleados de la Secretaría de Salud estatal exigen la remoción inmediata de Álvarez por su falta de
seriedad.
Al cierre de edición, habitantes de la región del Istmo realizaban un bloqueo en la carretera federal 190 Oaxaca-
Tehuantepec y en Jalapa del Marqués para exigir el levantamiento de un segundo censo de viviendas afectadas.
El Comité de Damnificados de los Pueblos del Istmo, integrado por afectados de Niltepec, Ixtepec, Ixtaltepec,
Matías Romero y Juchitán, pregunta:
“¿Dónde se aplicará la deuda de mil 200 millones de pesos que adquirió el gobierno estatal?, ¿dónde están los
millones de dólares que recibió el gobierno federal en donativos?, ¿dónde están, que no se reflejan?”
Este reportaje se publicó el 26 de noviembre de 2017 en la edición 2143 de la revista Proceso.
Playa Brasil, la "favela" de Pemex en Oaxaca
MARIO JIMENEZ LEYVA
Lanchas semi abandonadas en la playa ante la inactividad pesquera.
Miguel Angel
PLAYA BRASIL, SALINA CRUZ, Oaxaca.- El sutil movimiento de las olas mecen a la embarcación. El
Pirata, concentrado en sus pensamientos, mira fijamente el chocar de las olas contra las filosas piedras, más de
uno ha perecido ahí.
Playa Brasil es una agencia del municipio de Salina Cruz en donde habitan alrededor de 500 pobladores, la
mayoría de los cuales son pescadores, otros más se dedican a al turismo, aunque como ellos dicen, “sólo es por
deporte”, pues en Semana Santa es la única época en que realmente reciben visitantes.
Son las 2:00 horas y El Pirata está cansado, junto a cinco de sus compañeros salió a pescar por la noche y es
hora de regresar a casa, el botín: más de 200 docenas de peces cocinero, “la noche no fue ni buena ni mala”.

Playa Brasil adolece por un lado la pasividad de los gobernantes municipales y estatales, prácticamente están
ausentes los apoyos y, las peticiones de los pobladores, no son escuchadas. Petróleos Mexicanos, (Pemex) en la
figura de la refinería Antonio Dovalí Jaime y sus derrames es su principal enemigo: contamina sus playas.
Terremoto, sin clases, sin apoyos
“Aquí no nos visitó nadie después del terremoto ni siquiera nos engañaron”, afirman pescadores.
Muchas casas muestran cuarteaduras.
Relatan que cuando sucedió el temblor, corrió el rumor de que vendría un tsunami, por lo que
desalojaron su casa y debieron correr rumbo a la carretera, donde pasaron la noche.
“Afortunadamente aquí no hubo heridos ni muertos, pero los niños no han tenido clases desde el 7 de
septiembre, pues no han venido a realizar los famosos dictámenes”, señala otro afectado.
“La pesca es como la muerte, en un rato te puedes pescar 500 docenas y luego pasar semanas sin atrapar nada”,
afirma El Pirata.
Pemex, el cáncer de Playa Brasil
En la lancha, ‘El Pirata recuerda el más reciente derrame de petróleo registrado en junio pasado, desde entonces
la cantidad, tanto de peces como de visitantes, disminuyó considerablemente.
Sus dos hijos y su esposa lo esperan en tierra firme, aunque eso es un decir, pues su casa se encuentra a escasos
10 metros de la playa.
El petróleo derramado en playa Brasil está ahí, mezclado con la arena, “después de tanto insistir, nos dieron un
empleo temporal para nosotros mismos limpiar las playas”, destaca El Pirata.
Una pala y un pico, además de 2 mil 500 pesos a la semana pagó Pemex para que ellos mismos limpiaran sus
playas. Únicamente personal que trabajaba directamente con la paraestatal contaba con el equipo necesario para
trabajar, pero “sólo vinieron para tomarse la foto”.
El Pirata y sus cinco acompañantes dejan la embarcación en la playa, y se dirige a su hogar, todos duermen, el
silencio y el cansancio lo vencen y se recuesta.
El Pirata ha vivido toda su vida en Playa Brasil. FOTO: Mario Jiménez
Pemex, a pesar de sus multimillonarias ganancias, no es más que una peste que ha venido a contaminar Playa
Brasil , a crear incertidumbre y a aniquilar.

Les pagan lo que quieren
“El chingador”, así conoce El Pirata a la persona que le compra los pescados, “viene y se lleva el pescado sin
comprártelo, lo vende y luego te paga, pero bajo sus condiciones”.
Sabe que las 100 docenas de pescados que les toca no es mucho, y habrá que cuidar los ingresos, al menos
tendrá para comer.
“Los chingadores” se rascan la bolsa una y otra vez y, al momento de pagar no lo hacen; si bien les va, les darán
20 pesos por una docena.
El Pirata rememora sus tiempos de joven, cuando no había motores y había que remar, entonces llevaban su
producto a Salina Cruz y las ganancias no eran tan malas.
”Ahora, los que tienen carro son los que se aprovechan, son rápidos”, afirma El Pirata. El mercado grande es
Salina Cruz, en los Pinos, ahí llegan todos los pescadores, del Morro, del Carrizal, Santa María, el Coyul entre
otros.
No sabe cuánto gana, pues la pesca es variada, “puedes hacer captura de alrededor de 2 mil pesos a la semana, y
otras más sólo ganar 50 pesos”, reconoce El Pirata.
En Playa Brasil trabajan por cooperativas, en la que trabaja El Pirata, son 18, con una embarcación, tenía otra,
pero “desapareció”.
La contaminación de la playa ha afectado a los pescadores de Playa Brasil.
FOTO: Mario Jiménez
‘El Pirata’, o como sólo unos cuantos lo conocen, Israel Mendoza, va a descansar, ha vivido toda su vida, 60
años, en Playa Brasil, y “aquí me quedaré”.

Segundo incremento al gas en Oaxaca en 15 días
Citlalli Luciana
En menos de quince días el precio del gas LP incrementó en dos ocasiones acumulando un alza de poco más de
un peso por kilogramo. La semana pasada el costo por kilo se ubicó en 17.97; ayer miércoles creció a 18.09.
Los constantes incrementos en este año representan el golpe más fuerte sobre este producto al menos desde el
2013.
Mientras que en los años anteriores de manera acumulada la tarifa por un tanque de 20 kilogramos llegó a
sumar un alza entre 7 y 20 pesos por año, en éste 2017 ha sido de 80 pesos, revela una revisión al Diario Oficial
de la Federación (DOF).
Mientras que de febrero de 2013 a enero de 2014 el costo del tanque de 20 kilogramos de gas LP para la región
135 , correspondiente a Oaxaca, varió de 240.08 pesos a 257.20 pesos; es decir un alza de 17.2 pesos en ese
lapso.
De enero de 2014 a enero de 2015 el tanque de 20 kilogramos fue de 257.20 a 284.00; un alza de 27 pesos en un
año; de enero de 2015 a enero de 2016 el mismo producto creció de 284.00 a 291.80, un acumulado de 7.8
pesos.
FEBRERO de 2013
12.00 pesos por kilogramo
240.08 pesos por 20 kg
360.11 pesos por 30 kg
ENERO de 2014
12.86 por kilogramo (kg)
257.20 por 20 kgs
ENERO de 2015
14.20 por kilogramo
284.00 por 20 kilos
426.00 por 30 kilos
ENERO de 2016
14.59 por kilogramo

291.80 por 20 kg
437.70 por 30 kg
NOVIEMBRE de 2017
18.09 por kg
361.80 por 20 kg
542.70 por 30 kg
Reforma energética, un engaño
Tras la reforma energética, en agosto de 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autorizó un
decremento del 10 por ciento en el costo del gas LP, por lo que el producto en tanque de 20 kilogramos se ubicó
en 266.66 en lo que restó de aquél año. En el mismo mes de 2017 el mismo producto tuvo un precio de 305
pesos; un alza de 38.34 pesos, con respecto del anterior.
A esta fecha, 29 de noviembre de 2017 el producto tiene un costo de 354 pesos, un alza acumulada de 88 pesos
desde el único decremento producto de la reforma energética que liberaron los precios del gas LP a partir del 1
de enero del año que esta por concluir.
Suspenden pista de hielo en Oaxaca para este año
Por Carlos Alberto Hernández
Determinó cancelar, al menos por este año, la pista de hielo en el zócalo capitalino
Ante la contingencia en la región del Istmo de Tehuantepec, tras los sismos del mes de septiembre que
dejaron más de 60 mil inmuebles con daños parciales o totales, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa
determinó cancelar, al menos por este año, la pista de hielo en el zócalo capitalino.
Y es que dicha moda la implementó el ex mandatario Gabino Cué Monteagudo al arranque de su
administración en 2010, que le generó diversos cuestionamientos por los gastos millonarios para instalación
y operación.

Sin embargo, en el primer fin de año de su mandato, el priista Murat Hinojosa continuó con la realización
del festival navideño, que se instaló en diciembre pasado en la plancha del zócalo, incluida la pista de hielo.
“Lo estamos evaluando, pero al parecer en este año no habrá, porque es un año de austeridad por la
contingencia en el Istmo”, dijo el gobernador al término del Primer Informe de Actividades del magistrado
presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho.
Murat Hinojosa externó que hay otros gastos necesarios y prioritarios, derivado de los trabajos de
reconstrucción de las viviendas que resultaron destruidas de forma parcial o general en 41 municipios.
Sobre las presuntas anomalías en la entrega de las tarjetas de apoyo a la reconstrucción o clonación de las
mismas, el gobernador enfatizó que si hay violación a la ley se castigará con todo el peso de la ley.
Recordó que en las últimas horas puso en marcha diversas acciones de rehabilitación de espacios públicos y
salud en los municipios de Unión Hidalgo, Juchitán de Zaragoza y Ciudad Ixtepec, impactados por los
movimientos telúricos.
Comentó que se trabaja en estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno, a fin de dar
continuidad en las acciones de reconstrucción y reactivación económica en la zona del Istmo de
Tehuantepec.
En el municipio de Unión Hidalgo, el mandatario oaxaqueño constató el inicio de rehabilitación del
mercado público “Rodolfo Brena Torres”, que con el apoyo del Grupo Constructor Carso, de la Fundación
Carlos Slim, podrán ser restaurados los espacios de 60 comerciantes, a través de una inversión de 5
millones de pesos.
Señaló que el gobierno del estado erogará por cuatro meses la renta de inmuebles que servirán de sedes
alternas de las escuelas que fueron afectadas, cuyos trabajos de restauración y reconstrucción iniciarán
próximamente, a fin de que las y los niños no pierdan más días de clases.
Cancelarán 600 concesiones de transporte
irregulares en Oaxaca
El titular de Transporte estatal dijo que en la pasada administración se entregaron 8 mil permisos de esta
forma, por lo que el objetivo es poner orden en la política de movilidad urbana del estado.
ÓSCAR RODRÍGUEZ30/11/2017 08:57 PM
Oaxaca
El gobierno de Alejandro Murat, anunció que va a cancelar las 600 concesiones de transporte que otorgó
de forma irregular la administración del ex gobernador Gabino Cué.
El titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (SEVITRA), Francisco García López, advirtió que ya se
iniciaron los procedimientos de cancelación de concesiones a quienes no cumplan con los requisitos para
poder operar.
Con la detención de tres ex funcionarios de la dependencia estatal, incluido el ex titular, Carlos Moreno
Alcántara, García López aseguró que se continúa con la auditoría en la Sevitra, donde no descartó la
detección de más irregularidades.
Luego de asegurar que la dependencia a su cargo ha contribuido con las autoridades competentes en la
entrega de la información solicitada, el funcionario aseguró que los primeros resultados de la auditoría
revelaron la entrega de más de ocho mil concesiones en un año en la administración anterior.
Asimismo, tan sólo en el último mes del gobierno de Gabino Cué, se entregaba una concesión cada 10
minutos.
"A la entrega de estas concesiones, ocho mil en un año, por la propia rapidez, el último mes se entregó
casi una concesión cada 10 minutos, lo cual obligaba a una operación que la propia secretaría no tiene la
capacidad tanto en términos humanos como de capacidad de equipo. Nosotros hemos advertido que hay
una serie de inconsistencias, unas de fondo y otras de forma, en ese sentidos nosotros estamos en el
mejor ánimo de poder contribuir al procedimiento, este que ha iniciado la contraloría para que los
concesionarios puedan sentirse tranquilos, que este gobierno lo que quiere es que pongamos en orden
las concesiones que se otorgaron, las que se otorgaron de acuerdo a la ley", precisó Francisco García
López, Secretario de Vialidad y Transporte (Sevitra).

García López también se refirió a una serie de inconsistencias de fondo y forma que se han dado a
conocer ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, a fin de que los
concesionarios tengan la confianza de que este gobierno pondrá un orden.
"Los permisos que otorga la secretaría son permisos a concesionarios, como aquellos que de alguna
manera sufrieron alguna avería la placa o su vehículo o se extravió o algo pasó con eso y en ese inter
ellos tienen la necesidad de seguir prestando el servicio.
Explicó que a "ellos se les extiende un permiso, pero necesitan ser concesionarios, no son ajenos a la
matrícula que se tiene del control del transporte concesionado y en muchos de estos se les entregó a
gente que no tenía la concesión, pero tiene un permiso y es con lo que han venido operando y para ellos
ya ganaron ciertos derechos de haber trabajado un mes, dos meses, seis o un año o hasta más, pero sí
van a haber, vamos a iniciar procedimientos de cancelación de concesiones".
Como parte de este ordenamiento en la dependencia que ha tenido un desfalco por más de seis millones
de pesos, se revisará si por las nuevas concesiones hubo falsificación de documentos y si todos cuentan
con antecedentes no penales.
En la presente administración, aclaró que para la entrega de concesiones se llevarán a cabo los pagos
por medio de la Secretaría de Finanzas y no a particulares, como se presume se hacía en el anterior
gobierno.
Busca Poder Judicial hacer efectivo el Estado de Derecho
Por Carlos Alberto Hernández
El magistrado presidente Raúl Bolaños Cacho, rinde su Primer Informe de Actividades
En el Poder Judicial se trabaja con la certeza de que la justicia es un derecho invaluable para la convivencia
social y para la preservación y el fortalecimiento de la democracia, con absoluto respeto a los derechos
humanos, afirmó ayer el magistrado presidente Raúl Bolaños Cacho, al rendir su Primer Informe de
Actividades.
Ante el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el presidente de la Mesa Directiva de la 63 Legislatura
local, Jesús Romero López, quienes asistieron como invitados de honor, resaltó los logros en el Tribunal
Superior de Justicia del Estado (TSJE), a 8 meses de haber asumido el cargo como forma de retomar la
grandeza de uno de los Poderes del Estado.
Durante la sesión solemne realizada en el auditorio de la sede del Poder Judicial de Oaxaca y ante
magistrados, enfatizó que con el apoyo de todos, el TSJE volverá a ser referente de excelencia en la
operatividad, no sólo de los juicios orales penales sino de los nuevos sistemas de justicia, civil, familiar y
laboral.

Al detallar las acciones efectuadas en el periodo comprendido del 13 de marzo a la fecha, llamó a los
integrantes del Poder Legislativo para que apoyen al Poder Judicial, a fin de que cuente con los recursos
necesarios que permita no sólo el equipamiento de los centros de justicia, sino afrontar con eficacia la
implementación de los nuevos sistemas de justicia.
Luego de reconocer el liderazgo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su firme determinación de
luchar en contra de la corrupción y la impunidad, dijo que el Poder Judicial tiene el compromiso de aplicar
la ley con determinación, sin vacilaciones, con responsabilidad y ética.
“Estamos convencidos de que la única vía para lograr el desarrollo de nuestro estado, radica en hacer
efectivo el Estado de Derecho”, subrayó ante funcionarios estatales, legisladores locales e invitados
especiales.
Bolaños Cacho refrendó el compromiso de trabajar unidos por el estado, “lastimado no sólo por los
fenómenos naturales, sino también por el lastre destructor de la corrupción y la impunidad, el cual de paso
ha sido secuestrado por el chantaje y la indiferencia”.
“Este Poder Judicial, inspirado en los ideales del Coloso de Guelatao, Don Benito Juárez tiene con los
oaxaqueños el compromiso de administrar justicia de manera imparcial, con respeto a las decisiones de los
magistrados y jueces, quienes con absoluta independencia e imparcialidad, realizan su función
jurisdiccional”, precisó.
El magistrado presidente afirmó que con austeridad y con la optimización de los recursos, se pueden
obtener resultados positivos, a fin de que sea el inicio de una etapa fructífera en la historia del Poder
Judicial.
“Que la honestidad en el desempeño de nuestras funciones sea ejemplo para todos, que el respeto a la ley y
la transparencia en el manejo de los recursos públicos, sea el camino que nos permita reposicionar al Poder
Judicial en el contexto nacional, para que vuelva a brillar como una institución vanguardista, comprometida
con la sociedad y que brinde una administración de justicia eficiente y eficaz”, añadió.
Explicó que en materia de planeación para el ejercicio fiscal 2017, le autorizaron 810 millones de pesos, el
cual fue distribuido de la siguiente forma: 159 millones para el Tribunal Superior de Justicia y 651 millones
para el Consejo de la Judicatura.
“En las visitas que he realizado a los juzgados ubicados en las 8 regiones de la entidad, he constatado la
buena disposición de los jueces y de su personal para atender de la mejor manera posible a los justiciables,
aún con los mínimos recursos presupuestarios”, anotó.
Para ellos que ven en la administración de justicia la oportunidad de servir a Oaxaca de manera responsable
y eficaz, les expreso mi más sincero reconocimiento”, refirió.
Sostuvo que con el objeto de reposicionar a Oaxaca como una de las entidades más eficaces en la
operatividad e implementación de los nuevos sistemas de justicia, el Pleno de Magistrados nombró 4
comisiones permanentes para el seguimiento en la operatividad de los juicios orales en materia penal, así
como en la aplicación de la oralidad mercantil, civil y familiar que deberán implementarse en el 2018.
Manifestó que en estos 8 meses de su administración, ha visitado 72 juzgados y 5 centros de Justicia en 22
distritos judiciales para constatar las condiciones en que labora el personal y hacer las adecuaciones
necesarias, además de las reuniones de trabajo con barras y colegios de abogados, notarios y con
integrantes de diversos sindicatos del Poder Judicial.
Destacó la creación de un grupo de trabajo institucional para dar puntual seguimiento a los casos de
feminicidios, la construcción de 9 Centros de Justicia, uno de los cuales, el de Miahuatlán de Porfirio Díaz,
ha entrado en operación y la aprobación de la desaparición de la Central de Actuarios, así como el sistema
de notificaciones electrónicas con el dispositivo de seguridad debidamente autorizado.
También su participación en diversos foros y reuniones como la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), Instituto Nacional de Ciencias Penales;
Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de
Magistrados, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bolaños Cacho reconoció la capacidad de respuesta del gobernador Alejandro Murat Hinojosa ante los
sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre, así como la ardua y solidaria labor de la Señora Ivette Morán de
Murat, presidenta honoraria del DIF-Oaxaca, en favor de las familias afectadas por este siniestro.

De igual forma, externó su agradecimiento al Poder Judicial del Estado de México por su donativo en
especie y al Poder Judicial de Jalisco, por su donativo en efectivo a favor de los damnificados, los cuales
fueron canalizados oportunamente al DIF-Oaxaca.
“Los magistrados de este Tribunal Superior de Justicia también acordaron realizar un donativo económico
en favor de los damnificados, para ellos mis agradecimientos”, subrayó.
Al final, junto con el gobernador Alejandro Murat, el magistrado presidente entregó reconocimientos al
Mérito Judicial a la magistrada Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, a la jueza Sorely Esmirna Castro
Vásquez y a la secretaria de Acuerdos, Ana Laura Canseco Méndez.
Robos, acoso escolar, drogas y hasta agresiones sexuales en planteles
del Conalep: INEE
POR ARELI VILLALOBOS , 30 NOVIEMBRE, 2017NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)
resultó ser el servicio de Educación Media Superior (EMS) en el que directivos, docentes y estudiantes
reportaron más actos violentos y conductas ilegales que ocurren dentro y fuera de los planteles, que van
desde robo de objetos personales, acoso escolar, consumo de drogas y hasta agresiones sexuales.
Esto de acuerdo con el informe “Evaluación de la oferta educativa en Educación Media Superior”, que dio a
conocer hoy el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Según los datos en materia de “Contexto y clima escolar” que ofrece el documento, cerca de 83% de los
escolares que asisten a los 530 Colegios Nacionales a escala federal afirmaron sentirse “inseguros” dentro de las
instalaciones, mientras que directivos y docentes coincidieron con los alumnos en presenciar ambientes
violentos dentro y fuera de los planteles.
Profesores aseguraron que el delito que han presenciado con mayor frecuencia en las aulas es robo de objetos
personales (42%); robo de inmobiliario de la escuela (33%), acoso escolar (en 47%) y agresiones físicas en
29%.
Tampoco descartaron presenciar consumo y venta de drogas, consumo de alcohol y vandalismo.
En la consulta que se hizo a los alumnos que componen la matrícula escolar de más de 307 mil estudiantes, el
reporte reveló que 31% dijo que en los últimos 12 meses había sido víctima de agresiones verbales; 21%, de
robo; 15%, de agresiones físicas; 17%, de difamación, y 3% de agresiones sexuales.
Por su parte, directivos de estos centros señalaron que es fuera del plantel donde ocurren con más frecuencia
estos delitos.
Al respecto, la consejera de la Junta de Gobierno del INEE, Teresa Bracho, argumentó que la mayoría de estos
planteles están ubicados en contextos de marginación de zonas rurales y urbanas y que esa es una causa por la
que presentan mayores índices delictivos.
“Estamos viendo cómo se vive la experiencia educativa y sí nos señala focos de atención. Es una situación que
no es responsabilidad del sistema educativo en estricto sentido, pero que sí afecta la vivencia de estudiantes y
docentes”.
El informe también evidenció que, contrario a estas cifras, los planteles del Conalep son los que menos
carencias en materia de infraestructura registran: 98% de los planteles tiene internet; 81% cuenta con acervos
bibliohemerográficos; 100% con energía eléctrica, y 87% con agua potable todos los días de la semana.

Detenciones militares y espionaje, lo que
está en juego con la Ley de Seguridad
Interior
De entrar en vigor, la ley daría facultades al presidente de ordenar una intervención militar en una
región, incluso cuando no lo solicite el estado o lo apruebe el Congreso.
13 claves de la Ley de Seguridad Interior .Foto: Cuartoscuro
Arturo Angel (@arturoangel20)
FONDEA el periodismo independiente
Los diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior que reglamenta la intervención de las fuerzas federales y
armadas en los estados del país, cuando la seguridad de los ciudadanos e instituciones (seguridad interior) se
vea comprometida, y donde las capacidades de un estado o municipio estén rebasadas.
La ley compuesta por 34 artículos (que aún debe pasar el filtro de la aprobación del Senado) establece de forma general
en qué situaciones intervendrán las fuerzas federales y armadas en un municipio o entidad, así como el método por el
cual se aprobaría. En todos los casos, la decisión será facultad del Presidente de la República sin necesidad de
aprobación del congreso.
Pero además, la ley incluye otros elementos importantes como la clasificación de la información reservada en
estas acciones, la posibilidad de realizar acciones de espionaje, la condición de que las marchas sean “pacíficas”
para que no se les considere una amenaza, y efectuar detenciones con la policía.
Animal Político te presenta 13 puntos clave de esta ley:
1. ¿Qué es la seguridad interior y cuándo está amenazada?
El artículo 2 de la nueva ley establece que la seguridad interior es “la condición que proporciona el Estado
mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e
instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de
Derecho y la gobernabilidad”.
Ésta se verá amenazada (según la propia ley) en situaciones que se originen dentro del país, por ejemplo, hechos
que impidan combatir a la delincuencia organizada o actos de terrorismo, así como por emergencias o desastres
naturales, epidemias, o cualquier fenómeno que afecte las capacidades de estados y municipios en temas de
seguridad nacional (sin especificar cuáles).
2. ¿Qué es la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior?

El artículo 4 define que es la orden del Presidente que “habilita la intervención de la Federación, incluidas las
Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad
Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior”.
La Declaratoria es un requisito indispensable para que se autorice la intervención federal y militar en un estado,
aunque el artículo 6 establece que las fuerzas armadas pueden implementar por su cuenta (sin
declaratoria)acciones para prevenir o atender “riesgos” identificados en la Agenda Nacional de Riesgos.
Cabe señalar que la Agenda Nacional de Riesgos está contemplada en el artículo 7 de la Ley de Seguridad
Nacional y por ser de ese ámbito, su contenido es clasificado como reservado.
3. Derechos humanos: respeto y suspensión
El artículo 7 de la nueva Ley de Seguridad Interior señala expresamente quetodos los actos que realicen las
autoridades en materia de seguridad interiordeben respetar los derechos humanos sin excepción.
Solo en casos de graves perturbaciones a la paz pública o cualquier incidente que represente un riesgo grave se
podrá autorizar la suspensión de derechos, de acuerdo a lo que ya está previsto en el artículo 29 de la
Constitución.
4. Marchas no son amenazas, mientras sean pacíficas
Según el artículo 8, ningún tipo de movilización de tipo social o electoral puede considerarse una amenaza a la
seguridad interior mientras esta se desarrolle de forma “pacífica”. La ley no detalla que se considera pacífico y
que no en este punto.
5. Opacidad
“Toda la información” que se origine con motivo de la aplicación de esta nueva norma será considerada de
Seguridad Nacional y será clasificada en materia de transparencia, por lo cual no podrá ser de
conocimiento público, de acuerdo con el artículo 9.
6. Intervención federal: cuándo, cómo y dónde
La intervención de la federación en un estado o municipio, con las fuerzas federales y/o armadas, será una
decisión exclusiva del Presidente, previa emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
El Presidente, según el artículo 11, podrá promover por sí mismo la intervención federal o hacerlo a solicitud de
algún congreso estatal. Si la intervención es por solicitud el presidente deberá definir en un plazo máximo de 72
horas si se aprueba o no el envío de fuerzas federales.
En casos de emergencia, añade el artículo 16, se podrá autorizar un despliegue inmediato aún cuando no esté
lista la declaratoria. (No se dan detalles de en qué situaciones específicas).
La intervención federal en una entidad será procedente también cuando la amenaza supere las capacidades de
las autoridades locales para atenderla, o cuando estas se originen por la “insuficiente colaboración” de
entidades y municipios en temas de seguridad nacional.
El artículo 14 señala que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá contener, entre otras cosas,
la autoridad que coordinará el despliegue, las amenazas que se atenderán, las zonas de atención, el visto bueno
al despliegue militar de ser necesario, las acciones que se llevarán a cabo y la temporalidad.
También señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá ser notificada de cada
declaratoria emitida.
7. ¿Cuánto duraría una intervención? Un año pero…
La Ley sostiene en su artículo 15 que una declaratoria que autorice la intervención federal en un estado tendrá
como máxima duración un año, sin embargo se establece también que esta vigencia podrá “modificarse o
prorrogarse” por acuerdo del Presidente y si se justifican estas acciones. No se detallan otras condiciones.
8. Que no es seguridad pública… ni exime a gobiernos locales
El artículo 18 de la ley señala que “en ningún caso” las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las
autoridades federales tienen por objeto sustituir las autoridades locales ni “eximirlas de sus responsabilidades”.

Incluso, asegura que las acciones que lleven a cabo las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior “no
tendrán la condición de seguridad pública”.
9. La participación de las Fuerzas Armadas
El artículo 20 establece que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en acciones de seguridad interior si las
capacidades de las Fuerzas Federales civiles son insuficientes “para reducir y contener” la amenaza de la que se
tarde.
En caso de que esto ocurra el presidente nombrará a un comandante de las Fuerzas Armadas que coordinará
todo el despliegue operativo así como la colaboración con otras fuerzas que participen (federales y locales) a
través de grupos interinstitucionales. Además definirá un protocolo de actuación.
El artículo 21 señala que los “grupos interinstitucionales” deberán contar con un representante de todas las
fuerzas que intervengan.
10. ¿Y los estados y municipios que harán mientras tanto?
Según la ley, los estados y municipios cubiertos por una intervención federal tendrán varias obligaciones, entre
ellas, atender todas las órdenes que se adopten en los grupos de coordinación, aportar la información solicitada,
mantener el desarrollo y crecimiento de su fuerza de seguridad, y elaborar un programa de fortalecimiento de
sus instancias en esta materia del que se deberá informar periódicamente su progreso.
11. Detenciones militares sí… con policías.
El artículo 27 faculta a las Fuerzas Armadas que participen en alguna acción de seguridad interior a “poner a
disposición de la autoridad correspondiente” a personas detenidas por un hecho delictivo, siempre y cuando
sea “por conducto” o en “coordinación” con la policía, sin dar mayores detalles.
Además establece que los militares estarán obligados a notificar de un posible delito a la policía y al Ministerio
Público, y a resguardar el lugar de los hechos.
12. Espionaje militar… con apego a la ley
El artículo 30 faculta a fuerzas Federales y Armadas por igual a realizar trabajos de espionaje en temas de
seguridad interior, bajo las condiciones que marca la ley.
“Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad
Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades
facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información” indica
el artículo.
13. Órganos autónomos deben dar información
El artículo 31 señala que en materia de seguridad interior los “órganos autónomos deben proporcionar la
información que les requieran las autoridades”.
México ¿militarizado?
Estas son las medidas de la Ley de Seguridad Interior aprobada por diputados y que ha
sido cuestionada por la Oposición y ONGs
¿Quién se encargará de salvaguardar la seguridad interior?
La aplicación de la Ley de Seguridad Interior corresponderá a fuerzas estatales y federales y, en casos
excepionales, a las Fuerzas Armadas.
A mayor violencia, más soldados

Las Fuerzas Armadas podrán participar en tareas de combate al crimen cuando las autoridades civiles
se vean rebasadas.
Presencia de Fuerzas Armadas: orden del Presidente
El Presidente podrá, a petición de legislaturas estatales o Gobernadores, ordenar actuación de Fuerzas
Armadas en un territorio por alrededor de un año, y el Ejecutivo será el único que podrá prolongar la
estadía de elementos en casos excepcionales.
Ejército a las calles en situaciones de alerta
Ante una emergencia nacional, el Presidente podrá ordenar, sin requerimiento alguno, la reacción
inmediata de Fuerzas Armadas.

Protestas y movilizaciones no serán amenazas
Las protestas sociales o con motivos político-electorales no serán consideradas como amenazas a la
seguridad interior.
Defensa del País con apego a Derechos Humanos
En todo momento, las autoridades deberán respetar los derechos humanos y las garantías
constitucionales.
Excepción
En casos de no emergencia, las Fuerzas Armadas sólo podrán intervenir en un territorio mediante la
emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Segob al mando de la seguridad interior

La Secretaría de Gobernación será la encargada de implementar esquemas de colaboración para la
coordinación y ejecución de las acciones de seguridad.
Cumplimiento de tareas
Autoridades federales deberán cumplir con políticas, programas y acciones de prevención que atiendan
el Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.
1. La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) es aprobada anualmente por el titular del Ejecutivo en el
seno del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) a propuesta del secretario técnico.
2. La ANR identifica alertas y amenazas a la Seguridad Nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las
vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos y las posibles manifestaciones de los mismos.

La Ley de Seguridad “abre la puerta para que militares espíen a la
ciudadanía”: R3D
POR MATHIEU TOURLIERE , 30 NOVIEMBRE, 2017NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al aprobar la Ley de Seguridad Interior, los diputados abrieron la
puerta a que los militares espíen a los ciudadanos, “sin que existan límites claros ni se establezcan de
manera explícita controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas”, alertó hoy la Red en
Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
La organización subrayó algunas ambigüedades del texto de la ley, mismo que proporciona facultades a las
secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) para “desarrollar actividades de inteligencia”,
incluyendo la “recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información”, y ello a través de
“cualquier método lícito de recolección de información”.
Estas facultades, abundó R3D, representan un “serio riesgo de abuso, una situación que no resultaría extraña en
el contexto actual de vigilancia sistemática del Estado mexicano y el historial de abusos a los derechos humanos
por parte de las Fuerzas Armadas”.
A lo largo de los últimos años se sumaron las evidencias de que los militares intervienen las comunicaciones de
los mexicanos de manera ilegal.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, la Sedena adquirió un centro de espionaje por 5 mil
millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices, propiedad del contratista mexicano José Susumo
Azano Mitsura.
En 2015, la empresa italiana Hacking Team, que desarrolla el software espía llamado Galileo, estableció
contactos en la Sedena y la Semar para venderles su programa.
Los documentos internos de la empresa, publicados por Wikileaks, indicaron que la Sedena había adquirido el
programa Pegasus, desarrollado por la empresa de origen israelí NSO Group, y que fue utilizado para espiar a
periodistas y defensores de derechos humanos.
En su informe “Estado de vigilancia: fuera de control”, publicado hace un año, R3D recordó que ni la Sedena ni
los gobiernos estatales que contrataron a Hacking Team tenían facultades legales o constitucionales para
intervenir comunicaciones privadas.

PRI, Verde, panistas y hasta del PRD,
¿quiénes votaron a favor de la Ley de
Seguridad Interior?
15 legisladores panistas y dos perredistas dieron su visto bueno a la ley que regula la actuación de las
fuerzas armadas en labores de seguridad pública y que es seriamente cuestionada por organizaciones
civiles.
Diputados del PRI, del Partido Verde, e incluso de PAN y del PRD dieron su visto bueno para aprobar la Ley de
Seguridad Interior.Foto: Cuartoscuro
Redacción Animal Político
Diputados del PRI, del Partido Verde, e incluso de PAN y del PRD dieron su visto bueno para aprobar en lo general la Ley
de Seguridad Interior, que regula la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y que es
seriamente cuestionada por organizaciones civiles.
Por parte del Partido de la Revolución Democrática, fueron Alanís Pedraza Ángel II y Fernández González
Waldo, diputados de Michoacán y Nuevo León, respectivamente, quienes decidieron apoyar la iniciativa. El
resto de la bancada votó en contra (39 legisladores) o se ausentaron (12).
Mientras que en Acción Nacional hubo una división, pues de 109 diputados, 48 se abstuvieron de votar, 17 lo
hicieron en contra y 30 se ausentaron. Los 15 legisladores panistas que aprobaron la Ley de Seguridad Interior
fueron:
Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, María García Pérez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez y Armando
Alejandro Rivera Castillejos, representando al estado de Querétaro.
También lo hicieron los legisladores Herminio Corral Estrada, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, así como Gisela
Paes Martínez. Todos, diputados por Baja California Sur, que se ha convertido en la tercera entidad más
violenta en 2017.
De Tamaulipas, votaron a favor los blanquiazules César Augusto Rendón García y Elvia Valles Olvera.
Sus compañeros Alfredo Miguel Herrera Deras (Durango), Juan Pablo Piña Kurczyn (Puebla), Gabriela
Ramírez Ramos (Veracruz), Patricia Sánchez Carrillo (Quintana Roo), Claudia Sánchez Juárez (Estado de
México) y Rafael Valenzuela Armas (Nayarit) también votaron a favor de la legislación señalada por
organizaciones y expertos de militarizar al país y abrir la puerta a violaciones de derechos humanos.

MaríadelCarmen Nava@MaricarmenNava
#LeyDeSeguridadInterior fue aprobada en lo gral@Mx_Diputados con 27% d diputados ausentes y
abtención
Llama la atención que:#PAN se abstuvo-ausentó el 72% de la bancada#PRD #MC #Morena votaron
más del 70% en contra#PRI #PVEM #NA votaron más del 75% a favor#SeguridadSinGuerra
17:57 - 30 nov. 2017
Todos los integrantes de las bancadas del PRI (183) y el Partido Verde Ecologista de México (35 diputados)
votaron a favor. También nueve legisladores de Nueva Alianza, y 9 del PES.
Horas antes, con 18 votos a favor y 13 en contra, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados
aprobó el dictamen, llevándolo fast-track al pleno.
8 puntos clave de la Ley de Seguridad
Interior aprobada por los diputados
La ley aprobada establece que el presidente podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas para
enfrentar "amenazas a la seguridad interior"; ONG acusan que la ley militariza al país.
Cuartoscuro Archivo

Redacción Animal Político
La Ley de Seguridad Interior aprobada este jueves en la Cámara de Diputados establece el procedimiento con el
que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país,
cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales
resulten insuficientes para hacer frente a “la amenaza”.
ONG nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos se pronunciaron en contra del dictamen, impulsado
por el PRI, al considerar que abre la puerta a la militarización del país, y potenciales violaciones de garantías de los
ciudadanos.
Integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra y activistas señalaron que aprobar la ley perpetuaría la
militarización de la seguridad pública y la violencia.
“Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o reformas que permitan a las autoridades
federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de
seguridad pública”, señalaron.
A continuación 8 puntos clave de la Ley de Seguridad Interior aprobada por los diputados (pasó al Senado), y
que el presidente Enrique Peña Nieto consideró como una “imperiosa necesidad”:
1.- En el artículo 11 se establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las
legislaturas de las Entidades Federativas, la intervención de la Federación para la realización e
implementación de Acciones de Seguridad Interior, es decir, una intervención del Ejército y la Marina en
zonas de conflicto.
Esto, cuando se identifiquen Amenazas a la Seguridad Interior, que “comprometan o superen las capacidades
efectivas de las autoridades competentes para atenderla”, o se identifique “la falta o insuficiente colaboración de
las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional”.
2.- Al existir las condiciones de amenaza mencionadas en el punto anterior, el presidente de la República,
“previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención
de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, la Declaratoria de Protección
a la Seguridad interior”.
Al expedirse la Declaratoria, debe tener el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional, y luego la Secretaría
de Gobernación debe notificar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), para proceder a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
3.- En el artículo 16, sin embargo, también se establece que “en aquellos casos en que las amenazas
representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones
fundamentales de gobierno”, el Presidente de la República, “bajo su estricta responsabilidad”, podrá
ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas.
Lo anterior, se señala, “sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el
menor tiempo posible”.
4.- En el artículo 7, se establece que “los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta
Ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos
y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

Mexicanos Primero
✔@Mexicanos1o
La Ley de Seguridad Interior fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia
civil. #SeguridadSinGuerra
17:47 - 30 nov. 2017

5.- “En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave
peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”, es otro de los puntos
señalados en el artículo 7.
6.- El artículo 8 indica que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-
electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni
podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.
7.- En el artículo 15 se señala que al emitirse la declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, deberá fijarse
el plazo de la intervención de las fuerzas armadas, “la cual no podrá exceder de un año”.
“Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo”,
sin embargo, “las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán
modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la
Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones”.
8.- En la ley se establece que “las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de
inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas
de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de
recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los
derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Sobre este último punto, la Red en Defensa de los Derechos Digitales opinó:
“La vaguedad y amplitud en la redacción de la Ley de Seguridad Interior abre la puerta para que las Fuerzas
Armadas lleven a cabo medidas como la intervención de comunicaciones y la recolección de información
privada de cualquier individuo a través de cualquier método, sin que existan límites claros ni se
establezcan de manera explícita controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas”.
Borde Político@BordePolitico
#ÚltimaHora Aquí el dictamen de la Ley de Seguridad Interior que se discutirá este jueves en la
Cámara de
Diputados.http://bit.ly/2idpaP0 #ParlamentoAbierto #SeguridadInterior#SeguridadSinGuerra
12:44 - 28 nov. 2017

Dinero
El FMI abre la cartera a Meade
¿Soldados en la calle en la jornada electoral?
El doblete de Alejandra Barrales
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
En las horas recientes hubo sucesos que eventualmente pueden convertirse en apoyos muy importantes para el
candidato del PRI, José Antonio Meade.
–El Fondo Monetario Internacional le abrió la chequera para que haga frente a cualquier contingencia
económica en caso de necesitarlo. Renovó por dos años más la línea de crédito flexible por 88 mil millones de
dólares, en respuesta a la solicitud de las autoridades mexicanas. La directora del Fondo, Christine Lagarde,
explicó que las políticas macroeconómicas de México siguen siendo muy sólidos, lo cuál es determinante para
que una economía tenga acceso al crédito. La línea (nunca ha sido utilizada) se creó el 24 de marzo de 2009 y
fue renovada el 25 de marzo de 2010, el 10 de enero de 2011, el 30 de noviembre de 2012 y el 26 de noviembre
de 2014. El 27 de mayo de 2016, la línea se amplió de 65 a 88 mil millones de dólares.¿La podría utilizar otro
presidente, López Obrador, o Ricardo Anaya, por ejemplo? Sí. No es personal. ¿Entonces por que se interpreta
como un apoyo a Meade. La señora Lagardeno hizo el anuncio desde antes, cuando López Obrador fue
declarado candidato de Morena, al parecer da como un hecho el triunfo de Meade. El sector financiero
internacional y nacional está alineado con el candidato del PRI y no lo oculta.
–Los directivos de las agrupaciones empresariales afiliadas al CCE están esperando el momento oportuno
para convocar a los candidatos a que firmen un acuerdo por el cual se comprometen a acatar y respetar el fallo
que emita el INE sobre el resultado de las elecciones, cualquiera que sea. Hace seis años sucedió lo mismo,
todos firmaron, López Obrador se mostró reticente al primer llamado, pero finalmente firmo el acuerdo,
inclusive asistió al acto de la firma. Está fuera de lo imaginable un fallo que hiciera a Meade a salir a las calles a
protestar.
–Anoche la Cámara de Diputados avanzaba la ley de seguridad interior, no obstante que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, y numerosas organizaciones civiles advierten que es violatoria de los derechos
fundamentales de los mexicanos. Ahora pasará al Senado y el martes quedará lista. ¿Tendremos al Ejército en
las calles el día de la elección? Tal vez sí.
La lista
El sentido de justicia e imparcialidad con la cual se otorga una medalla como la Belisario Domínguez también
se mide por las personas que son eliminadas de la lista. El Senado decidió entregar este año el reconocimiento a
la bióloga Julia Carabias Lillo, por su labor en materia de divulgación científica y su compromiso con las causas
ambientales, principalmente en la selva Lacandona de Chiapas. La activista realizó sus estudios de licenciatura
y posgrado (1973-1981) en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha impartido cursos desde 1977
en la Facultad de Ciencias, así como en otras instituciones académicas, en materia de ecología, manejo de
recursos naturales, restauración ambiental, conservación de ecosistemas y políticas públicas. Fue secretaria del

Medio Ambiente con el ex presidente Ernesto Zedillo. Su postulación pasará al pleno del Senado y se espera
que el próximo martes sea aprobada; el reconocimiento le sería entregado el miércoles 6 de diciembre.¿Quienes
fueron los personajes que estuvieron siendo mencionados? Carlos Slim, la escritora Elena Poniatowska, la
política Ifigenia Martínez; los músicos Armando Manzanero y Juan Gabriel y la actriz Kate del Castillo. ¿Es
una selección justa la de la señora Carabias? Es pregunta.
No da brinco sin tacones
Cada mes que Alejandra Barrales dobleteó como senadora y dirigente del PRD se embolsó 700 mil pesos (sólo
en el Senado, más lo que haya podido pepenar en el partido). Lo que más le convino fue que el Tribunal Federal
Electoral le ordenara dejar su puesto en el partido porque podrá seguir en la jugosa nómina senatorial. ¿Hubiera
sido más justo que el Tribunal ordenara su separación de ambos cargos, dado que no acató a tiempo su fallo?
Ombudsman social
Asunto: el lodazal
Supongo que quienes se burlan de López Obrador por su acento tabasqueño o de Meade por su vitiligo son
perfectos. Y no, no es que defienda a estos dos candidatos. Critiquemos constructivamente sus propuestas, sus
acciones públicas y políticas. Condenemos sus actos deshonestos.
Salvador San Vicente.
R: Estimado Salvador: ¿sabes qué es lo que habrá de sobra en esta campaña? Lodo. Lamentablemente.
Twiteratti
La noche de anoche asaltaron el restaurante Chili’s de avenida Universidad, uno más a la larga lista de
impunidad. La inseguridad en Ciudad de México se va agudizando mientras sus políticos piensan en su futuro
político.
Luis Jorge Gallegos@luisjorgallegos
¿Qué onda con los 14 diputados del PAN que votaron a favor de la ley de seguridad interior? ¿Y los 38 que
se abstuvieron? ¿Y los 30 que no fueron? Solo 17 diputados del PAN en contra... qué conste.
@arturoangel20
Aún se puede detener en el@senadomexicano. La #LeyDeSeguridadinterior.
SuridadSinGuerra
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
Foro: elforomexico.com/encuestas/
galvanochoa@gmail.com
Astillero
Triunfo de la guadaña peñista-calderonista
Elecciones y seguridad interior
CNDH advirtió riesgos
Meade pide defender a Peña
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DESAYUNO EN REFORMA. José Antonio Meade, quien busca la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional,
desayunó con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, en el hotel Marquís, de Paseo de la Reforma. Conversaron sobre temas de la
agenda nacional y retos que enfrentará la nación, dieron a conocer colaboradores del ex encargado de HaciendaFoto La Jornada
Aun año de entregar el poder, Enrique Peña Nieto logró consolidar e institucionalizar la guadaña calderonista:
habiendo empeorado la situación de la seguridad pública en el país, dueño de marcas históricas en cuanto a
homicidios intencionales y violencia en general, impugnado por amplias franjas ciudadanas y en riesgo su
partido y su candidato de perder las próximas elecciones presidenciales, el ex gobernador del estado de México
ordenó el miércoles que al siguiente día la maquinaria legislativa, bajo control del Partido Revolucionario
Institucional y sus aliados, aprobará por turnos (ayer, los diputados; luego lo harán los senadores) una alarmante
ley de seguridad interior (LSI).
Con esa nueva normatividad se busca legalizar las acciones militares en materia de combate al crimen
organizado (lo cual, leído a contrasentido, es una contundente confesión de que ha sido ilegal lo hecho hasta
ahora en esa materia), formalizar el uso de las fuerzas armadas para tareas políticas y sociales que deberían
resolver los civiles, y dotar al mencionado Peña Nieto de los mecanismos de activación legal de soldados y
marinos para operaciones delicadas, según el criterio personalísimo del ocupante de Los Pinos, incluyendo
movilizaciones políticas, sociales y electorales que se salgan de un rango pacífico, conforme a la valoración
discrecional del máximo funcionario del país.
La luz verde para los futuros tiempos aún más rojos fue dada en San Lázaro, en lo general, este jueves antes
de las cuatro de la tarde, apenas pasado un día de que Peña Nieto había impelido al Congreso a dar su voto
mayoritario a favor de una ley de imperiosa necesidad. Los opositores a esa ley hablaron y hablaron en tribuna,
y mostraron una manta de varios metros de largo y cartulinas de protesta, pero al final fueron superados por una
votación cuyo principal rasgo distintivo no fue la aritmética evidente, con 248 votos a favor de la LSI y 115 en
contra (poco más de dos a uno), sino el elevado número de abstenciones (48, sobre todo de panistas) y de
ausentes (llamativo el caso de Morena, con nueve ausencias, que significan casi 20 por ciento de su bancada en
la cámara de diputados, mientras del PRI sólo se ausentaba 10 por ciento, según datos publicados en Internet
por María del Carmen Nava).
La aprobación de la LSI, en lo general y en lo particular (con 101 puntos reservados para discusión en
específico), se produjo luego de casi tres horas de simulacro de debate y análisis, con oradores de oposición
hablando como si lo hicieran frente a una pared, mientras el consorcio encabezado por el PRI aguardaba el
desahogo opositor para luego aplicar la aplanadora numérica: 205 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones.
La siguiente tanda legislativa será en el Senado, donde seguramente el PRI y sus aliados también la aprobarán y,
así, quedará cumplido el ciclo de esta iniciativa, a todo vapor y previas presiones expresas de Peña Nieto y de
los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina.
El texto aprobado tuvo una previa caracterización negativa por parte de varias organizaciones defensoras de
derechos humanos, nacionales e internacionales, incluyendo la gubernamental mexicana, presidida por Luis
Raúl González Pérez. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que la aprobación de
este tipo de textos no puede ser producto de decisiones coyunturales o políticas.
González Pérez aseguró, un día antes de la votación en San Lázaro, que los potenciales riesgos del dictamen
que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad. Tan sólo por mencionar algunos, se podrían

referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la seguridad nacional con la seguridad
interior; una definición sumamente amplia y ambigua de esta última permitiría configurar, prácticamente,
cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad
discrecional genérica; la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría
nugatoria cualquier expectativa de transparencia; la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de
cuentas; la posibilidad de que las fuerzas armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así
como la trasgresión a los derechos de reserva en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a
entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito.
También consideró el presidente de la CNDH que es previsible que la aplicación de la LSI trasgreda, desde
el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual
propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la
justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de
un tribunal de derecho. Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de seguridad interior serían
cuestiones que, bajo otra óptica se podrían considerar, como propias del ámbito de la seguridad pública (nota de
Emir Olivares, en La Jornada).
Aún así, las fuerzas peñistas unidas sacaron adelante la muy impugnada ley en mención. El avance se
produjo a un año de que Peña Nieto deje la oficina presidencial de Los Pinos, en el contexto de una estrategia
multifactorial que pretende instalar a José Antonio Meade como sustituto apartidista y que se alista para
contener de diversas maneras las expresiones de apoyo electoral al virtual candidato opositor, Andrés Manuel
López Obrador, puntero en las poco confiables encuestas de opinión público y poseedor indudable de una base
de apoyo político y social que podría considerarse muy insatisfecha si los resultados oficiales de julio próximo
le parecen fraudulentos.
Y, mientras José Antonio Meade ha pedido a los priístas defender a Peña Nieto, pues está salvando al país, y
terminará su gobierno con amor y generosidad, ¡hasta el próximo lunes!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx
México SA
Meade: ¿bajar la deuda?
México, débito perpetuo
Fobaproa: casi un billón
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
Aescasos días de su nombramiento como secretario de Hacienda, el 7 de septiembre de 2016, José Antonio
Meade hizo público uno de sus primeros compromisos: estabilizar y reducir la voluminosa deuda pública
contratada por su antecesor en el puesto, Luis Videgaray. Hacer lo contrario, decía, “puede llevar a la pérdida de
la confianza, a tener consecuencias abruptas y sustanciales en el costo de la deuda, y a reducir aún más el gasto.
Trece meses después de tal compromiso, el informe oficial que la Secretaría de Hacienda envía
periódicamente a la Cámara de Diputados revela que José Antonio Meade no sólo incumplió, sino que al cierre
de octubre de 2017 –un mes antes de que el susodicho fuera destapado– el saldo histórico de los requerimientos
financieros del sector público (la suma de todas sus deudas) rozó los 10 billones de pesos, saldo nominal nunca
antes registrado en esta República perpetuamente endeudada.
Así, durante la no muy prolongada estadía de Meade en la oficina principal de Hacienda tal saldo, lejos
deestabilizarse y reducirse, se incrementó casi 410 mil millones de pesos, a razón promedio diario de poco más
de mil 38 millones de pesos en los trece meses considerados.

Sintesis informativa viernes 01 de diciembre de 2017

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