Aportaciones de Nueva Canarias (NC) al documento base del Gobierno sobre el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias estima que se precisan movilizar más de 18.547 millones de euros públicos y privados. Las propuestas de los nacionalistas progresistas sustentan su viabilidad en la autorización del uso del superávit y el endeudamiento a largo plazo de los ayuntamientos, los cabildos y el Ejecutivo canario, herramientas que servirán de contrapeso a la relevante pérdida de los ingresos tributarios y para evitar la política austericida de los recortes de 2008. Los planteamientos de NC proyectan un futuro para las islas posterior a la crisis de la pandemia del coronavirus basado en el desarrollo sostenible, donde los tres niveles públicos institucionales reordenen sus estructuras en base a los principios de la simplificación y la coordinación administrativa y el fortalecimiento del autogobierno asentado en los singulares derechos históricos y más recientes del Régimen Económico y Fiscal (REF), el Estatuto de Autonomía y el reconocimiento jurídico de Región Ultraperiférica de la Unión Europea (UE).

1. PACTO
PARA LA
REACTIVACIÓN
SOCIALY ECONÓMICA

2. INDICE
PACTO PARA LA REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 3
Servicios públicos 5
Sostenibilidad 7
Sector primario 8
Relaciones Canarias-Estado 9
Simplificación y coordinación interadministrativa 11
Papel de cabildos y ayuntamientos 13
Anexo. Estimación de aportaciones de instituciones, y entidades sociales y económicas 14
Foto: CIGC

3. PACTO PARA LA REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
Canarias atraviesa una de las mayores crisis de su historia. La pandemia del Covid-19 está
causando un enorme daño sanitario, económico y social en todo el mundo. Pero sus
consecuencias económicas y sociales son aún más graves en una sociedad volcada en el
turismo, un sector hoy paralizado y con numerosas incógnitas sobre cómo será su futuro.
Y, además, por los efectos en una Comunidad que ya presentaba parámetros negativos en
cohesión social, con altas tasas de desempleo, así como elevados porcentajes de pobreza
y exclusión social, bajos salarios y pensiones, así como insuficientes niveles educativos.
Afrontar esta crisis exige un compromiso firme y prolongado en el tiempo del conjunto de la
sociedad de las Islas. De su Gobierno, sus cabildos y sus ayuntamientos. De las
formaciones políticas. Del mundo empresarial y del sindical. De las universidades canarias.
Del ámbito de la cultura. De las organizaciones no gubernamentales. De sus ciudadanos y
ciudadanas.
Solo desde ese compromiso colectivo, de esa alianza por el presente y futuro de Canarias,
podremos remontar esta profunda crisis y construir, colectivamente, una Canarias mejor.
Con una economía equilibrada y al servicio de nuestra gente. Con más y mejor empleo.
Con mejores servicios públicos. Con un trato afectuoso a nuestros mayores. Con un
desarrollo sostenible. Con una justa distribución de la riqueza y la adecuada atención a las
personas más vulnerables, garantizando que dispongan de unos ingresos mínimos y
protegiendo elementos sustanciales como el derecho a la vivienda.
Las circunstancias actuales deben servir, asimismo, para abordar tareas siempre
planteadas en los discursos y nunca realizadas en todos sus términos. Como la
diversificación de nuestra economía. La apuesta decidida por las energías renovables, la
movilidad sostenible y la lucha contra la Crisis Climática. El fortalecimiento de nuestro hoy
débil sector primario, potenciando los productos locales, los del país, de enorme calidad.
La relevancia del sector cultural, que no solo supone enriquecimiento espiritual sino
también economía y empleo.
Deben servir, asimismo, para no repetir los errores de la crisis de 2008. No puede volverse
a producir el brutal recorte de los servicios públicos de entonces. La sanidad, la educación
y los servicios sociales deben salir fortalecidos de esta etapa crítica. Son la garantía de
una mejor calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Son, asimismo, elementos
claves de la equidad en una sociedad con muchas desigualdades. Y en donde las
personas deben ser el eje de la actuación política.
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4. En tercer lugar, esta crisis debe servir para fortalecer el autogobierno, desde el esencial
papel del Gobierno de Canarias que ejerce las competencias fundamentales del estado de
bienestar y, asimismo, desde su estrecha colaboración con cabildos y ayuntamientos, las
instituciones más próximas a la ciudadanía y que desarrollan también relevantes
competencias sociales. Desde la exigencia de cumplimiento de nuestro Estatuto de
Autonomía, del REF, del reconocimiento por la Unión Europea de nuestra condición de
región ultraperiférica.
Por último, estamos convencidos de que la difícil coyuntura actual también puede ser una
oportunidad para simplificar el entramado administrativo, facilitando que, desde el respeto
a la legalidad, las actuaciones sean más ágiles. No es momento de dilaciones de ningún
tipo.
El espíritu de este pacto debe atravesar y comprometer al conjunto de la sociedad desde
los mayores niveles de unidad y consenso. Y, en una segunda fase, ha de trasladarse a
planes con actuaciones concretas en los más diversos ámbitos que posibiliten una
transformación económica equilibrada, sostenible, autocentrada, puesta al servicio del
bienestar de los hombres y mujeres de esta tierra.
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5. Servicios públicos
La pandemia ha servido para conocer en profundidad, en una situación extrema, las
fortalezas y las debilidades de nuestro sistema sanitario. Con una buena capacidad de
respuesta, pese a iniciales errores, que han permitido que Canarias sea reconocida como
una de las comunidades con mejores datos. Ahora hay que seguir fortaleciendo el sistema,
garantizar los presupuestos que precisa la sanidad, así como la seguridad de sus
profesionales, y abordar las infraestructuras sanitarias pendientes en los distintos
territorios.
La educación precisa de especial atención si no queremos agrandar la brecha educativa.
Que no solo está vinculada a aspectos digitales -por las carencias de ordenadores o de
conexión a Internet en miles de hogares- sino que está muy vinculada a la situación
económica y cultural de las familias, como han confirmado distintos estudios, con más
elevados índices de abandono escolar temprano en el estudiantado de familias más
vulnerables, así como con menos expectativas de partida sobre su recorrido en el sistema
educativo por parte del alumnado de entornos desfavorecidos.
La vuelta a las aulas supondrá importantes modificaciones organizativas, en horarios,
ratios, combinación de enseñanza presencial con educación a distancia, que exigirá
dotación de medios digitales y formación del profesorado. Así como apoyo a las familias.
Las modificaciones no afectarán solo a la docencia, sino también a los servicios de
comedor o transporte escolar, así como a los de limpieza de los centros. Y exigirán
transformaciones en el ámbito de las infraestructuras educativas, que ya presentaban
algunos déficits importantes.
Igualmente, habrá que implicarse en profundidad en la mejora de las tareas de refuerzo
escolar y en la política de becas y ayudas al estudio en una etapa de crecimiento del
desempleo y de graves dificultades económicas de decenas de miles de familias.
Se debe prestar especial atención a la educación infantil 0-3 años, etapa en la que
Canarias es muy deficitaria, y a la Formación Profesional, adaptándola a los nuevos retos
de la economía de las Islas. Y a la atención a la diversidad, para que esta crisis no
suponga dejar atrás a nadie. La escuela debe ser hoy, más que nunca, inclusiva y
promotora de igualdad.
Los efectos de la pandemia en las familias van a suponer un incremento de las situaciones
de vulnerabilidad de los menores que es preciso afrontar de formar decidida, con un
diagnóstico previo de la situación y medidas adecuadas para combatir la pobreza infantil.
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6. En el ámbito sociosanitario, la pandemia ha destapado en el conjunto del Estado las
insuficiencias con relación a las residencias de personas mayores. Defendemos un
compromiso firme e inequívoco con la financiación y la gestión de la dependencia
definiendo una apuesta por modelos que garanticen mucho mejor la prestación del
servicio.
Y consideramos que debe producirse un mayor reconocimiento social de las tareas de
cuidados. Las que tradicionalmente ejercían las mujeres y que, pese a las
transformaciones sociales, siguen recayendo en buena parte en ellas, limitando su
incorporación al mundo de trabajo o condenándolas a dobles jornadas. Deben ser
plenamente asumidas por la sociedad, incrementando el empleo en el sector, así como su
profesionalización, y configurando una sociedad más justa, más empática, más humana.
Igualmente, entendemos debe considerarse la implicación del tercer sector en la atención a
personas vulnerables, como en la implementación de la renta básica y las tareas de
inserción social y/o laboral.
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7. Sostenibilidad
La sostenibilidad debe presidir todas las actuaciones que se pongan en marcha como
respuesta a esta crisis. Solo desde el equilibrio entre la Naturaleza, el territorio y la acción
humana tiene futuro Canarias y el conjunto del Planeta, actuando consecuentemente
contra la Crisis Climática y sus especificas consecuencias en los territorios insulares.
Canarias debe impulsar las energías renovables, para superar la actual dependencia y el
actual modelo contaminante. Y apostar por un sector, el de las energías limpias, que
supone empleo de calidad, menos costes económicos y menor dependencia del exterior,
así como mejores parámetros medioambientales. La implementación rápida de las
energías renovables requiere de una estrategia específica, para remover todos los
obstáculos que frenan su desarrollo en Canarias.
La movilidad sostenible es otro parámetro esencial que puede experimentar un importante
salto en este período. Desde el apoyo al transporte público -que debe adaptarse a las
actuales circunstancias sanitarias- en todas sus modalidades, incluido el transporte guiado.
Desde el incremento de la movilidad en bicicletas y patinetas, que deben facilitar las
ciudades, modificando la actual concepción urbana, con entornos más favorables a estos
modos de transporte y ganando espacios para el paseo ciudadano.
La sociedad canaria debe aprovechar la actual crisis para realizar, de verdad, una
diversificación de su economía. Potenciando un turismo sostenible, de calidad y de máxima
seguridad sanitaria. Con mayor peso de la economía verde y azul. Con una industria con
mayor peso en lo que consumimos. Con un sector primario que recupere peso en nuestro
PIB e incremente el hoy muy escaso grado de soberanía alimentaria. Con un mayor
desarrollo del sector cultural, que no solo supone enriquecimiento espiritual, sino que
genera economía y empleo.
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8. Sector primario
Pese a la enorme calidad de los productos del país, casi todo lo que comemos viene de
fuera del Archipiélago. Las administraciones públicas canarias deben comprometerse para
modificar profundamente esa situación, potenciando la producción local y facilitando que se
consuman más productos de proximidad, de kilómetro cero. En nuestras casas, en el
sector turístico y el conjunto de la restauración. Esto exige campañas publicitarias de
concienciación general y gestiones con grandes empresas de alimentación.
Será una importante oportunidad para que cuidemos mejor nuestro paisaje, para generar
más empleo, para asentar la gente en el territorio… lo que exige que en los entornos
rurales se puedan encontrar parámetros de vida homologables a los urbanos, en
conectividad, digitalización, servicios públicos, etcétera.
La anterior crisis apenas influyó en la vuelta al campo. La actual debiera suponer un salto
cualitativo que nos haga menos dependientes, que facilite una alimentación más sana y
equilibrada, que mejore la rentabilidad del trabajo de nuestros hombres y mujeres del
ámbito rural y que disminuya las dificultades para competir con los productos importados,
protegiendo adecuadamente a la producción local.
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9. Relaciones Canarias-Estado
El cumplimiento de los derechos y fueros que hemos consolidado a lo largo de nuestra
historia, que puede concretarse en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y el
Estatuto de Autonomía recientemente actualizado, es el eje alrededor del cual han de girar
las relaciones entre Canarias y el Estado para garantizar el acceso de la ciudadanía de las
Islas a los servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad con el resto de
España.
La prioridad estratégica derivada de ese planteamiento ha de pasar inexcusablemente por
tres asuntos:
1. El Gobierno de España ha de asumir urgencia nuestra reclamación de que traslade a
las comunidades autónomas y corporaciones locales el levantamiento de las reglas
fiscales acordado por la UE, lo que significa que el Estado haga partícipes a estas
administraciones públicas de una mayor capacidad de endeudamiento a largo plazo y
las cumplidoras con los objetivos de estabilidad presupuestaria puedan utilizar su
superávit y remanentes, que, en el caso de Canarias, se acercan a los 3.000 millones
de euros que el Gobierno autónomo, los cabildos y los ayuntamientos tienen
bloqueados en los bancos, un uso que ha de poder ampliarse a los gastos no
financieros.
Esta decisión es imprescindible para alcanzar el pleno desarrollo de los objetivos de
este pacto. Hay que restituir la caída de los ingresos tributarios, diferencialmente más
acusada en Canarias por nuestra estructura tributaria con mayor peso de los tributos
propios que el resto de España, hasta el punto de que la merma se estima en 1.000
millones de euros para el Gobierno autónomo. Es urgente contar con liquidez para
seguir prestando servicios y garantizando la inversión, así como para articular medidas
de estímulo y de respuesta a esta crisis. Todas estas son herramientas fundamentales,
sin las cuales sería imposible lograrlo.
2. La resolución de los contenciosos pendientes con la Administración General del Estado
(AGE), principalmente los 1.000 millones de carreteras que nos corresponden por
sentencias judiciales, de los cuales 500 han de desanclarse del superávit para usarlos
con libre disposición.
Asimismo, consideramos también irrenunciable la dotación presupuestaria por parte del
Estado de programas sectoriales que tienen anclaje en nuestro REF, como los planes
de empleo, carreteras, infraestructuras educativas y turísticas, obras hidráulicas, agua
de riego agrícola o lucha contra la pobreza. Unos compromisos que ya eran
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10. imprescindibles antes de la crisis provocada por la pandemia y que ahora se convierte
en vitales e inaplazables.
3. La aplicación de un trato diferencial a Canarias por sus singularidades mediante la
transferencia de fondos adicionales para acometer la reactivación económica y social
subsiguiente al control de la crisis sanitaria. Además, el Gobierno de España ha de
considerar esas especificidades en cuantos planes y fondos extraordinarios articule de
forma global para atender la situación actual.
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11. Simplificación y coordinación interadministrativa
Muchas de las acciones y medidas cuya orientación es coyuntural por la crisis del Covid-19
también han de tener vocación de continuidad en el tiempo como propuestas estructurales.
Es decir, aprovechar el consenso de actuar frente a esta crisis para establecer ejes de
actuación a medio plazo. Es el caso de la modernización administrativa.
La simplificación administrativa y la coordinación interadministrativa han de configurarse
como herramientas esenciales para cualquier plan de reactivación. Una simplificación que
no significa permisividad o laxitud en la aplicación normativa, sino agilización de los
procedimientos de permisos y adjudicaciones para que los proyectos empiecen a
ejecutarse lo antes posible y las adjudicaciones puedan hacerse en plazos más cortos. Se
necesita potenciar los órganos de contratación. La coordinación, por su parte, ha de evitar
solapamientos competenciales entre administraciones que solo generan confusión e
incertidumbre a la ciudadanía.
Si convenimos que la sociedad en su conjunto debe adaptarse a una nueva normalidad, la
Administración también. La administración pública no puede ser la única estructura de
nuestra sociedad que vuelva exactamente a su estado anterior al Covid-19. La buena
gobernanza de cada nivel administrativo y de todos en conjunto ha de pasar de objetivo
deseable a inaplazable.
En una triple crisis sin precedentes (social, económica y sanitaria) donde la actividad
económica ha sufrido una parálisis brusca, el sector público deber ser el tractor que
reactive la economía, y para ello hay que invertir en un modelo de fortalecimiento
institucional, basado en la flexibilidad, la eficacia y la ética.
La orientación hacia ese modelo requiere acciones inaplazables:
- Provocar los cambios o suspensiones normativas necesarias para garantizar las
respuestas adaptadas al contexto actual y que adquieran carácter estructural de
permanencia en el tiempo.
- Mejorar el funcionamiento de las administraciones mediante el esfuerzo en impulsar
tecnológica y telemáticamente los procedimientos (teletramitación con usuarios y
teletrabajo con empleados públicos).
- Evitar las duplicidades, y buscar la economía administrativa mediante la eficacia y
eficiencia. Para ello, es fundamental disponer de protocolos interadministrativos que
dejen claros los pasos procedimentales.
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12. - Creación de una comisión técnica con representantes de las administraciones y expertos
para impulsar tanto la simplificación como la coordinación. Son precisos espacios de
coordinación entre administraciones locales y Comunidad Autónoma para evitar
duplicidades administrativas y reparto de tareas. Que cada administración realice
aquello que mejor sabe hacer.
- Constitución de un comité cuyo cometido sea el estudio de proyectos estratégicos en
atención al interés general. Este órgano debe tener una dirección política para detectar
los proyectos estratégicos que redunden en la reactivación económica, a nivel insular y
canario, que requieran de la participación de las tres administraciones.
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13. Papel de cabildos y ayuntamientos
El papel de los cabildos y ayuntamientos también debiera ser una prioridad estratégica por
su papel relevante como prestatarios de servicios sociales básicos para atender a
personas en situación de vulnerabilidad y dependencia. Sus competencias y recursos han
de quedar perfectamente definidos. Por tanto, el protagonismo de las corporaciones
locales en la concepción del pacto y los posteriores planes tiene que ser destacado en aras
a su vital participación en la gestión, que requiere de una efectiva descentralización desde
el ámbito autonómico.
La respuesta más inmediata a la necesidad de empresarios y autónomos locales, así como
el mantenimiento de una inversión territorializada, ahora más importante que nunca,
convierten al municipalismo en protagonista esencial para alcanzar los objetivos
propuestos.
Por consiguiente, la Administración General del Estado ha de compensar a cabildos y
ayuntamientos por la pérdida de ingresos del bloque de financiación canario, estimada en
unos 600 millones de euros, bien mediante transferencias bien con el desbloqueo de sus
superávit y remanentes, e incluso permitiéndoles endeudamiento. Hay que tener muy
presente que las corporaciones locales son las administraciones más cercanas a la
ciudadanía y que impactan más directa y rápidamente en la solución a sus necesidades
cotidianas.
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14. Anexo. Estimación de aportaciones de instituciones, y
entidades sociales y económicas
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