1. “Sin estudio real de alternativas no
se cumple la ley con Biscarrués”
Siete expertos profesores universitarios elaboran un
exhaustivo informe para la Fundación Nueva Cultura del Agua,
a petición de SEO-Birdlife, en el que analizan las carencias del
proyecto, los previsibles impactos socieconómicos y
ambientales y subrayan la vulneración de la normativa
jurídica española y europea del embalse
(8-4-2011) El anteproyecto y el Estudio de Impacto Ambiental de
Biscarrués no cumplen la ley porque no tienen en cuenta todas las
alternativas al embalse. Así se explicita en un exhaustivo informe
elaborado por siete expertos profesores universitarios redactado por
la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), a petición de la
Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife).
El informe está elaborado por Pedro Arrojo (Universidad de
Zaragoza); Abel La Calle (Universidad de Almería); Antonio Casas
(Universidad de Zaragoza); Nuria Cid (Universidad de Barcelona);
José Javier García (Universidad de Zaragoza); Alfredo Ollero
(Universidad de Zaragoza); y Narcís Prat (Universidad de Barcelona).
El documento subraya que “la omisión o minimización
injustificada de importantes efectos ambientales en el Estudio
de Impacto Ambiental, así como incumplimientos del Derecho
comunitario y nacional tanto en la fase de evaluación de
impacto ambiental como en el cumplimiento del deber de
prevención del deterioro de todas las masas de agua, así como
en los deberes de protección y conservación de las zonas
protegidas de la Red Natura 2000”.
Y los incumplimientos no se limitan a la Directiva Marco del
Agua y el estado del río Gállego, sino también a la protección de la
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de Monegros y al
LIC Bajo Gállego. Jurídicamente se constata, como concluyó el CEDEX
en su informe de abril de 2010, que la selección previa de las
alternativas a Biscarrués no responde a una verdadera evaluación de

2. las opciones en el estudio de impacto ambiental. El planteamiento
sesgado de un análisis de alternativas constituye un “fraude”, tal y
como explicita la normativa europea.
Además, los expertos señalan que el proyecto presenta “serias
deficiencias técnicas” en cuanto a la ubicación de la presa, los
materiales propuestos para su construcción, la geomorfología del
vaso y el riesgo sísmico de la zona. Además, la construcción de
Biscarrués tendría “importantes e irreversibles impactos sobre el
río Gállego y sobre el ecosistema estepario de Monegros”.
A juicio de los siete expertos, la construcción de la presa
supondría una “pérdida irreparable de naturalidad,
geodiversidad y biodiversidad en el río Gállego”, ya que se
incrementaría la vegetación dentro del cauce, habría un descenso del
freático en las riberas y un acorazamiento muy marcado en el fondo
del lecho del río.
Los profesores concluyen que el embalse no solo tendrá efectos
negativos sobre el Gállego, sino también sobre el área esteparia de
Monegros. Argumentan que “cualquier tipo de regadío en
Monegros es incompatible con la conservación de las aves
esteparias y que, en cualquier caso, no puede llevarse a cabo
antes de aprobar los planes de recuperación, ampliar la Red
Natura 2000 y aprobar sus correspondientes planes de
gestión”. La utilización del agua de Biscarrués tendrá un impacto
“irreversible” sobre el humedal de las Saladas Sástago-Bujaraloz.
La ejecución de este proyecto conllevaría también serios
perjuicios para el estado ecológico del río Gállego, ya que el
embalse disminuirá las avenidas aguas abajo de Ardisa y afectará al
LIC (Lugar de Interés Comunitario) Bajo Gállego. Los docentes
resaltan que se perderá también la conectividad ecológica, ya que los
peces de aguas abajo nunca podrán subir aguas arriba y viceversa y
se teme que otro embalse favorezca la introducción del mejillón cebra
y, por lo tanto, de cambio total del ecosistema.
El informe sí contempla las alternativas a Biscarrués entre
las que destacan la redimensión y modernización de la gestión de
Riegos del Alto Aragón; la retirada de superficies de regadío
salinizadas; la construcción de embalses de regulación en destino; no
aumentar la superficie de Riegos del Alto Aragón; y el empleo de
aguas subterráneas del aluvial Bajo Gállego, entre otras. Se constata
así que el Estudio de Impacto Ambiental adolece de una falta de
análisis real de alternativas, lo que vulnera tanto la Constitución
española como la Directiva de evaluación de impacto ambiental.