La Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, evalúa positivamente la actuación del Gobierno en los últimos cuatro años. Señala que se han cumplido los objetivos marcados al inicio de la legislatura como extender derechos, reforzar el Estado de Bienestar y situar a los ciudadanos en el centro de la acción política. También defiende las nuevas medidas sociales adoptadas y la necesidad de la Ley de Memoria Histórica.

1. e
entrevista
Con ocasión de este número especial contamos con una protagonista de excepción, la
Vicepresidenta Primera del Gobierno María
Teresa Fernández de la Vega, con la que repasamos, en la siguiente entrevista, algunos de
los aspectos más relevantes de la actualidad
político-legislativa de nuestro país y a la que
agradecemos muy sinceramente la amabilidad con la que ha atendido a las preguntas
de Lex Nova La Revista.
María Teresa
Fernández de la Vega
Vicepresidenta Primera,
Ministra de la Presidencia
y Portavoz del Gobierno
Pablo Sanjuán García
A
hora que acaba la legislatura, ¿qué balance hace usted de
la actuación del Gobierno? ¿Se han cumplido los objetivos
que se marcaron al llegar a la Moncloa?
No quiero pecar de falta de humildad, pero no me queda más remedio
que responderle que sí, que hemos cumplido nuestros objetivos, que eran
los compromisos a que llegamos con los ciudadanos al iniciarse la legislatura. En estos casi cuatro años hemos extendido derechos a colectivos que
no los disfrutaban; hemos sentado el cuarto pilar del Estado de Bienestar
al hacer de la dependencia una responsabilidad de todos; hemos recuperado el diálogo institucional y reforzado como nunca el diálogo social;
hemos renovado infraestructuras; hemos hecho de RTVE una corporación
independiente y sostenible desde el punto de vista económico; hemos
elevado las pensiones más bajas más de un 20% y multiplicado las becas;
hemos llegado al 0,5% del PIB en cooperación al desarrollo... En fin, no
quiero alargarme. Hay muchas más cosas que podría destacar de nuestra
gestión, pero creo que el mejor resumen que puedo hacerle es que hemos
situado a los ciudadanos en el centro de nuestra acción política. Ellos han
sido y son el origen y el objetivo de nuestra gestión.
Comencemos con las medidas que ustedes señalan como principio
básico de su actuación como son las de política social: ayudas a los
dependientes, para que los jóvenes adquieran vivienda, por nacimiento de hijo... ¿son sostenibles? ¿Tiene dinero el Ministro Solbes
para financiarlas?
Tenemos unos presupuestos con superávit público y con las cuentas
muy bien hechas. Estamos gestionando bien y eso nos permite poner en
marcha nuevas prestaciones sociales que, por supuesto, nuestra economía
puede afrontar. Somos un gobierno serio y riguroso, que además tiene la
voluntad de mantener el superávit en las cuentas del Estado.
Por cierto, ¿un niño sólo «cuesta» 2.500 euros?
Aunque viene a sumarse a otras percepciones económicas, como los cien
euros mensuales, por hijos menores de tres años, evidentemente no y tampoco es la económica la única perspectiva de este asunto. Así lo entiende el
Gobierno, y por eso, además de esta medida, ha habido otras muchas que
han ido destinadas a apoyar a las familias. Medidas como la extensión de los
permisos de paternidad y maternidad, las acciones para la conciliación de
la vida familiar y laboral, el aumento del número y la cuantía de las becas,
y tantas otras. Pero por lo que se refiere concretamente a los 2.500 euros,
creo sinceramente que ésta es una medida que va a ayudar a las familias a
afrontar los primeros gastos que trae el nacimiento de un hijo, que son considerables. Desde luego, los ciudadanos la han recibido muy bien.
En el ámbito social también se han aprobado novedades legislativas para acabar con problemas tan graves como la violencia de
género o las víctimas de las carreteras, y el problema parece seguir
igual. Aparte de las legislativas que no parecen estar surtiendo demasiado efecto, ¿qué medidas nos quedan?
A lo largo de estos años hemos puesto en marcha muchísimas medidas además de las legislativas. Pero me parece que es usted injusto cuando dice que estas leyes no surten efecto. Hablamos de fenómenos como
la violencia de género o los accidentes de carretera que desde luego no
se van solucionar de un día para otro, eso está claro, pero en los que, sin
duda, se van notando algunos resultados. Claro que todos quisiéramos
que fueran más inmediatos, pero con tesón, podemos ir mejorando. En
el caso de los malos tratos contra las mujeres, la ley integral, que como
sabe fue la primera que el Gobierno envió al Parlamento y la primera que
se aprobó, por unanimidad, en esta legislatura, ha movilizado a todos los
poderes públicos y ha puesto en marcha iniciativas muy concretas. Es una
ley que, además de incluir medidas de carácter educativo y social a medio
y largo plazo, baja a pie de calle y actúa con acciones muy concretas que
en este tiempo hemos ido implementando y evaluando. No cabe duda de
que es lacerante, es muy doloroso encontrarse con las noticias de las mujeres asesinadas o con el balance de víctimas del tráfico, pero la respuesta
es no bajar la guardia ni un momento, seguir esforzándonos cada día en
combatir estas situaciones. Y poco a poco vamos avanzando.
El mejor resumen que puedo
hacerle es que hemos situado a
los ciudadanos en el centro de
nuestra acción política.
La reciente ley para la mejora de la defensa de consumidores y
usuarios contempla medidas positivas —prohibición de redondeos y de cobros por horas completas— que son «neutralizadas»
con subidas de precios —como sucede con los aparcamientos y
las compañías de telefonía—. ¿No hay una tendencia al «exceso legislativo»? ¿No sería más eficaz primar la labor de policía
administrativa de la Administración, dotando de más y mejores
medios a los órganos de inspección y control?
Es que también hemos reforzado estos órganos. Me habla usted
de un ámbito, el del consumo y la defensa de los derechos de los
usuarios, en el que el Gobierno ha trabajado a fondo introduciendo
nuevas garantías para los ciudadanos. No creo que se pueda hablar
de exceso legislativo cuando con ello estamos evitando situaciones de
abuso y además introduciendo transparencia y claridad en los derechos que asisten a los usuarios. El control está, y lo estamos viendo
precisamente en alguno de los sectores que usted ha mencionado.
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2. e
entrevista
En mi opinión, España es un país muy cohesionado y sinceramente
no creo que exista esa percepción entre los ciudadanos. Lo cierto es que
el Estado de las Autonomías se ha consolidado plenamente. ¿Cómo lo
ha hecho? Acercando a los ciudadanos la gestión de sus asuntos, siendo solidario, colaborando; lo ha hecho funcionando. Un Estado como el
español debe ser un Estado cooperativo en el que todas las administraciones públicas, cada una en el marco de sus competencias, tienen que
colaborar para solucionar los problemas y prestar los mejores servicios
a los ciudadanos. El Gobierno no puede gestionar con recelo hacia las
comunidades autónomas. Eso no sería ni leal ni eficaz. Francamente, es
que no tendría sentido. Nosotros somos un gobierno respetuoso de las
instituciones y de sus competencias, un gobierno que confía en el diálogo
y la colaboración permanente con los gobiernos autonómicos. Porque
además eso es lo que prevé y lo que manda nuestra Constitución. Y
porque, además, repito, está funcionando.
En las últimas elecciones generales la suma de CiU y PNV era del
4,7 % de los votos y significaba 1 escaños mientras que iU con el
4,9 % sólo obtuvo diputados. ¿Sigue siendo adecuado el sistema electoral que salió de la Transición? ¿La ley D’Hont no da una
importancia poco proporcional a los partidos nacionalistas?
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General es, como bien sabe,
una norma de extraordinaria importancia, que fue aprobada por consenso de todos los grupos políticos en 1985. Quiero decir con ello que
prácticamente toda nuestra democracia se ha regido en sus procesos
electorales por esta ley. Hay, evidentemente, un debate en torno a ella, y
no sólo en lo referente a la ley D’Hont, sino también en otros aspectos,
como el de las listas cerradas. En todo caso, la reforma de este sistema
debería ser fruto de un amplio debate público y de un consenso muy
claro entre todos los partidos. No es tarea sencilla.
En cuanto a la política internacional, en especial la europea que
es la que más nos afecta, ¿qué significa el reciente Tratado de
Lisboa? ¿Nos precipitamos con el frustrado «Tratado por el que
se establece una Constitución para Europa» o España le «debía»
a Europa esa apuesta?
El Tratado de Lisboa significa mucho para todos los ciudadanos
europeos. Con él se cierra una etapa de incertidumbre y se abre el
camino para seguir construyendo una Europa más unida, más justa y
más solidaria. Desde el Tratado de Roma, Europa se ha ido construyendo, con pasos lentos pero firmes. Claro que este Gobierno apostó
por la Constitución Europea, como lo hicieron la mayoría de países de
la Unión y creo que eso es algo de lo que todos podemos estar orgullosos. Lo importante es que ahora tenemos un tratado que, estoy
segura, va a permitir avanzar en una Europa más cohesionada, capaz
de ofrecer mayor bienestar a sus ciudadanos y con más influencia
internacional, lo cual es a todas luces muy necesario.
Una cuestión especialmente delicada es la de la vertebración
territorial de nuestro país. Centrándonos en lo que percibe un
ciudadano cualquiera, dejando políticas tan importantes para
los ciudadanos como la sanidad o la aplicación efectiva de la
reciente ley de dependencia a las comunidades autónomas ¿no
se puede aumentar la sensación de desigualdad entre ellas y
«confirmar» la percepción de que dependiendo del territorio
en que se resida se tienen distintos derechos?
Para terminar con lo relativo a las comunidades autónomas, ¿habrá en un futuro próximo una reforma del Senado que lo convierta en una verdadera Cámara de representación territorial en la
que sí deba primar esa representación nacionalista a la que nos
acabamos de referir?
Como usted sabe para reformar el Senado es necesario modificar la
Constitución. Y como usted recordará también, nuestra propuesta era
modificar el texto constitucional en cuatro aspectos concretos, entre los
que se encontraba la transformación del Senado en una autentica Cámara de representación territorial. Lógicamente, para emprender una reforma constitucional es necesario contar con el apoyo del principal partido
de la oposición, que se ha opuesto a ello y consecuentemente la reforma
no ha sido posible.
En las materias más importantes siempre se habla, a la hora de
legislar, de consenso. Mariano Rajoy ha anunciado que suprimiría
la asignatura «Educación para la ciudadanía»; ustedes frenaron
una modificación educativa del Gobierno Aznar… ¿Es suficiente
el requisito de «la mitad más uno» de la Ley Orgánica que exigen
esas materias para hablar de consenso? ¿O sería necesario que en
la regulación de materias tan sensibles e importantes como la educación se introduzcan cambios –quizás mayoría de 3/ como en
otros ámbitos– para evitar que un cambio de gobierno implique
un cambio educativo?
La Constitución establece la mayoría absoluta como requisito para
que puedan aprobarse o modificarse en el Parlamento las leyes orgánicas, es decir, las que desarrollan sus preceptos, y no creo que haya que
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civil y la dictadura. Es una ley que no va contra nadie y que cualquier demócrata podría suscribir en todas y cada una de sus líneas.
Para terminar, abordemos dos cuestiones especialmente cercanas a
usted. Una es –atendiendo a su currículo– la justicia: La actual polémica en torno a los magistrados del Constitucional y las habituales
referencias a «jueces del PP» y «jueces del PSOE« (con eufemismos
como «mayoría conservadora» mediante), ¿no hace necesaria una
profunda reforma del Poder judicial?
Como sabe, la elección de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial corresponde al Congreso y al Senado, que constituyen la representación del pueblo español. Y, además, para proceder a esta elección se
necesita una mayoría de tres quintos, lo que obliga a los grupos parlamentarios a llegar a acuerdos amplios. Por supuesto —y le digo lo mismo de antes— podemos plantearnos una revisión del sistema si existe consenso para
ello, pero a mí me parece que éste es bastante democrático. Lo que no es
tan democrático es hacer un uso partidista de las instituciones o, como es
el caso, impedir que se produzca el mecanismo que la Constitución establece de la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Por tanto,
creo que no debemos confundir un sistema correcto con una utilización incorrecta. En todo caso, lo que sí quiero decirle independientemente de esta
cuestión, es que el Gobierno ha puesto un enorme empeño en la mejora
de la administración de Justicia, en su modernización, en dotarla de más y
mejores medios, en apoyar la oficina judicial. En definitiva, hemos apostado claramente por la Justicia, más allá de polémicas de índole política.
modificar nada en este aspecto. Otra cosa es que, efectivamente, sea muy
deseable procurar el máximo consenso a la hora de regular asuntos que
conciernen y son básicos para toda la sociedad. Es fundamental escuchar a
todo el mundo, intentar integrar todas las posiciones y puntos de vista. Es
fundamental el diálogo, la voluntad de alcanzar acuerdos, y mi Gobierno
lo ha practicado sin descanso, tanto con los sectores y agentes sociales
afectados por cada iniciativa como con los grupos políticos. En el caso de
la educación, concretamente, hemos contado con el acuerdo de toda la
comunidad educativa, incluso de la enseñanza concertada y los enseñantes
religiosos. No era el caso, por cierto, de las leyes promovidas por el anterior
gobierno. Es más, era el caso contrario.
Aunque era uno de los «proyectos estrella» del Presidente ¿Era
absolutamente necesaria la Ley de «memoria histórica»? ¿No
bastaba con exigir un estricto y escrupuloso cumplimiento de
las disposiciones internacionales sobre derechos humanos y crímenes contra la humanidad?
Claro que era una ley necesaria. Lo era porque había situaciones que
no habían quedado suficientemente reparadas. Y es verdad que tanto la
transición como la democracia han hecho una gran labor de rehabilitación
y de reconocimiento de derechos, pero aún existían pensiones, como las
de orfandad, que podían mejorarse; aún había hijos y nietos de españoles
que no podían serlo porque sus padres tuvieron que renunciar a su nacionalidad; aún faltaba ofrecer un criterio general en torno a los símbolos de
la confrontación y la dictadura; aún había que ayudar a los que quieren
dar sepultura digna a sus familiares; aún quedaba por reparar el derecho
a la memoria individual y la dignidad personal de muchos españoles que
fueron juzgados injustamente por sus ideas, por sus creencias, por todo
aquello que la democracia ampara. Esta ley pretende reparar, reconocer
derechos, rendir homenaje a las víctimas, a todas las víctimas de la guerra
Un Estado como el español
debe ser un Estado cooperativo
en el que todas las administraciones públicas, cada una en
el marco de sus competencias,
tienen que colaborar para solucionar
los problemas.
La otra, de la que usted siempre ha hecho gala, es el feminismo.
Ya hay un buen número de alcaldesas en grandes ciudades e
incluso una Presidenta de Comunidad Autónoma ¿Es impensable en España que una mujer tenga posibilidades de alcanzar la
presidencia del Gobierno? Para un respeto completo a esa paridad que tuvo en cuenta el Presidente al nombrar a los Ministros, ¿debería su partido presentar una candidata a las próximas
elecciones generales?
Por supuesto que es pensable que España tenga una presidenta
del Gobierno, pero mi partido, que va a presentar, no una sino muchas mujeres candidatas en sus listas y en muy buenos puestos, tiene
un magnífico líder que es hombre y que se llama José Luis Rodríguez
Zapatero. El Presidente Zapatero es un gran activo político, no sólo
para los socialistas, sino para todos los españoles y para todas las
españolas. No creo que pueda dudarse de su compromiso con las
mujeres, después de lo que él ha hecho por la igualdad de género.
Permítame, para terminar, que envíe un saludo muy cordial a todos los lectores de «Lex Nova - La Revista» y que les desee un año
nuevo lleno de alegrías y de buenas noticias. Un abrazo fuerte para
todos.
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