El documento discute pagos de utilidades de 2000 a 2004 que aún deben determinarse, y culpa a Isaías y sus abogados de evadir impuestos e inventar una deuda de $80 millones en Gran Cayman que se usó para gastos personales y perjudicar las utilidades con intereses. También menciona un contrato de compraventa del 70% de las acciones de una compañía azucarera que establece que el vendedor será responsable ante el comprador si hay sentencias en procesos judiciales existentes o futuros originados en administraciones anteriores a