Contralínea 464

ISSN: 1665-1626
Año 14 • Número 464 • $30
Del 23 al 29 de noviembre de 2015

4 19 de octubre de 2015
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4 23 de noviembre de 2015
El 11 de noviembre de
2015, alrededor de 150
alumnos de la Escuela
Normal Rural de Ayotzi-
napa fueron víctimas de
violaciones a sus derechos a
la integridad y a la vida por
causa de la brutalidad poli-
ciaca cometida en su contra
por parte de elementos de
la Policía Estatal, Policía
Ministerial, Policía Federal
y elementos del Ejército
Mexicano.
Aproximadamente a las
16:15 horas los estudiantes
regresaban de una activi-
dad de colecta de recursos
para la movilización del
próximo 26 de noviembre
y de continuar con la exi-
gencia de presentación con
vida de sus 43 compañeros
desaparecidos desde hace
14 meses. Se trasladaban
a bordo de ocho autobuses
hacia la Normal de Ayotzi-
napa. Al pasar por el punto
denominado “el túnel”
de la carretera que une a
Tixtla con Chilpancingo,
alrededor de 20 patrullas de
la Policía Estatal comenza-
ron a perseguir la caravana
de autobuses, empareján-
dose a los dos últimos. Los
policías estatales golpearon
los vidrios con sus toletes y
lanzaron gas lacrimógeno
al interior de los autobuses
en marcha, lo que obligó a
los autobuses a detenerse.
Inmediatamente después
los policías rodearon los
autobuses para bajar por
la fuerza a los normalistas,
quienes fueron brutalmente
golpeados por los policías
estatales con patadas, golpes
con el puño y toletes.
Varios estudiantes resul-
taron con lesiones graves en
este primer ataque, uno de
ellos con traumatismo facial
al momento en que un
policía le dio una patada en
el rostro, mientras que otros
más resultaron con fracturas
en la pierna y brazos por los
golpes con toletes, escudos
y el disparo a quemarropa
de gas lacrimógeno. Aproxi-
madamente 20 estudiantes
fueron sometidos sobre el
pavimento, los demás que
iban a bordo de esos dos
autobuses, al ver la bru-
talidad con que estaban
actuando los policías, se
dispersaron por el cerro. En
este primer ataque la Policía
Estatal detuvo, al menos, a
cinco normalistas, a quienes
subieron a una patrulla al
tiempo que los seguían gol-
peando y los amenazaban
con matarlos.
Los normalistas que
iban a bordo de los otros
autobuses intentaron de-
fender a sus compañeros y
repeler la agresión, sin em-
bargo los policías estatales
no cesaron las acciones de
brutalidad contra los estu-
diantes realizando disparos
con armas de fuego, lo que
obligó a los normalistas a
subirse nuevamente a los
autobuses para intentar
huir. En el trayecto del tra-
mo carretero que se ubica
entre el túnel y la caseta de
cobro fueron alcanzados
dos autobuses más del que
bajaron a los estudiantes
golpeándolos con toletes,
puños y patadas. Cada
estudiante que bajaba era
recibido a golpe por los
policías que los esperaban
en la puerta del autobús. El
resto de los autobuses siguió
su marcha, pero antes de
llegar a la caseta de cobro
Tixtla fueron alcanzados y
de igual manera atacados
por elementos de la Policía
Estatal con gas lacrimógeno
al interior de los autobuses,
obligándolos a descender
para golpearlos con tolete
y patadas conforme iban
bajando.
En uno de los autobuses
detenidos en el segundo
ataque, los policías estatales
y la Policía Ministerial im-
pidieron el descenso a siete
normalistas, a quienes deja-
ron encerrados en el auto-
bús con cuatro latas de gas
lacrimógeno en su interior.
Los estudiantes intentaron
salir por una de las venta-
nas, sin embargo los policías
estatales lo impidieron,
quedando así encerrados
por un lapso de 20 minu-
tos, soportando los efectos
del gas. Inmediatamente
después fueron descendidos
violentamente del autobús y
subidos a las patrullas de la
Policía Estatal.
Durante este segundo
ataque fueron detenidos 13
normalistas, quienes fueron
sacados del lugar de los he-
chos a bordo de patrullas de
la Policía Estatal. En la ba-
tea de una de las patrullas,
un policía apodado el Diablo
se acercó a dos normalistas
detenidos para quemarles la
espalda con cigarros, a otro
trato de asfixiarlo con una
bufanda, mientras que los
demás fueron golpeados en
la cabeza. Simultáneamen-
te, otros elementos de las
policías estatal y ministerial
retuvieron a cinco norma-
listas a quienes les quitaron
el pantalón y comenzaron
a decirles cosas obscenas,
amenazándolos con tortu-
rarlos una vez que fueran
traslados a la Fiscalía.
Para este momento ya
se encontraban en el lugar
elementos de la Policía
Federal y elementos del
Ejército Mexicano, quienes
participaron en la agresión
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
ALUMNOS DE AYOTZINAPA
BRUTALIDAD CONTRA

www.contralinea.com.mx 5
NUESTROS LECTORES OPINIÓN
contra los normalistas golpeán-
dolos, bloqueando el paso de
los autobuses y de los jóvenes
que huían de la agresión. Los
normalistas que habían sido
desnudados lograron huir del
lugar, enfilando hacia los cerros.
Minutos después llegaron al
lugar de los hechos medios de
comunicación que pudieron
registrar los acontecimientos, lo
que generó que la Policía dismi-
nuyera la intensidad del ataque
contra los normalistas y dejaran
libres a los que fueron detenidos
durante el primer ataque. Tam-
bién llegó personal de Protec-
ción Civil para dar los primeros
auxilios a los lesionados.
Los autobuses que iban en
la parte delantera de la carava-
na fueron interceptados y ataca-
dos por policías federales, esta-
tales y por elementos del Ejérci-
to que venían desde Tixtla, con
dirección a Chilpancingo. Los
normalistas que iban a bordo
de estos autobuses lograron huir
de la agresión dispersándose
por los cerros aledaños.
El resultado de estos hechos
de brutalidad policiaca come-
tidos contra los estudiantes de
la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa en tres diferentes
momentos fueron: 20 estudian-
tes heridos que requirieron
hospitalización, de los cuales
ocho se encuentran gravemente
heridos. Ante el rechazo de la
sociedad civil hacia estos actos
de brutalidad policiaca contra
la normal de Ayotzinapa, los 13
estudiantes detenidos por la Po-
licía Estatal fueron entregados
a la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Gue-
rrero, en donde se certificaron
sus lesiones y fueron puestos en
libertad.
La brutalidad policiaca
por parte de elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública
del Gobierno del Estado, de
la Policía Ministerial, Policía
Federal y Ejército Mexicano
contra estudiantes de la Normal
Rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa constata el patrón
sistemático de violaciones de
derechos humanos que impera
en México, especialmente dolo-
roso en Guerrero.
Las recurrentes y graves
violaciones a los derechos
humanos son alentadas por la
impunidad que impera en otros
hechos de violencia de Estado
contra los estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa,
como los ocurridos en diciem-
bre de 2011 con el asesinato
de Jorge Alexis Herrera Pino y
Gabriel Echeverría de Jesús, así
como los ocurridos el pasado
26 y 27 de septiembre de 2014,
con el asesinato de Julio César
Ramírez Nava, Daniel Solís
Gallardo y Julio César Mondra-
gón Fontes, y la desaparición
forzada de 43 normalistas.
Estos crímenes y actos de
brutalidad policíaca cometidos
contra los normalistas forman
parte de la persecución y agre-
sión sistemática contra la Nor-
mal de Ayotzinapa que se tra-
duce en la criminalización per-
manente que sufren desde hace
décadas. La descalificación, la
campaña de desprestigio y el
odio que se fomenta desde la
esfera del poder público contra
los estudiantes los coloca en
la vulnerabilidad, abaratando
el asesinato y la desaparición
forzada de estudiantes de Ayot-
zinapa. Representa el fracaso
de los mecanismos de control
y transparencia al interior
del gobierno estatal y federal;
evidencian, además, el rasgo
sistemático de la estigmatiza-
ción institucional hacía los estu-
diantes de las normales rurales,
quienes son criminalizados
permanentemente. La campaña
de descalificación y la repre-
sión directa es una estrategia
gubernamental e institucional
para distraer la atención de las
demandas centrales de presen-
tación con vida de los 43 estu-
diantes desaparecidos el 26 y 27
de septiembre 2014 en Iguala,
Guerrero, justicia y reparación
para los estudiantes asesinados
y heridos y la atención a las
recomendaciones del Grupo
Interdisciplinario de Expertos
Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos.
Por lo tanto, urgimos al
Estado mexicano a:
Procesar y sancionar a los
policías estatales, ministeriales
y federales responsables de los
actos de brutalidad policiaca
cometida contra estudiantes
de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, así como a las auto-
ridades federales que omitieron
y consintieron las graves viola-
ciones a los derechos humanos
perpetradas el 11 de noviembre
de 2015.
Garantizar la atención
integral, médica y sicológica de
los estudiantes lesionados.
Detener la escalada de
criminalización, hostigamiento
y asedio contra los estudiantes
de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa.
Alto a la brutalidad policía-
ca en Guerrero.
Garantizar la seguridad e
integridad de los estudiantes
que han denunciado los hechos
y de las personas defensoras que
acompañan en su proceso a los
estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa.
Centro de Derechos Humanos
de la MontañaTlachinollan
Urgen a aprobar ley
contra desaparición
forzada
El Movimiento por Nuestros
Desaparecidos en México
expresa su indignación por la
pérdida de tiempo valioso para
iniciar de manera decidida
los trabajos en la legislación
en materia de desaparición
forzada y desaparición por
particulares y las consecuencias
negativas de esta dilación.
Familiares y acompañantes
de víctimas exigimos al Poder
Ejecutivo presentar su iniciati-
va e invitamos al Legislativo a
retomar mecanismos de parti-
cipación sustantiva para que la
Ley sobre Desaparición Forza-
da y Desapariciones por Parti-
culares sea aprobada durante
el próximo periodo ordinario
de sesiones.
El 10 julio se publicó el
decreto por el que se reforma
el Artículo 73 cons- titucional
que faculta al Congreso a
legislar en esta materia y esta-
blece un plazo de 180 días para
cumplir con esta obligación,
cuyo término se cumplirá el 6
de enero de 2016.
Hasta ahora el Ejecutivo
no ha presentado su iniciativa y
el proceso legislativo no ha ini-
ciado, lo cual se observa como
una muestra de desinterés de
quienes tienen en sus manos
poner fin a la impunidad y a la
incertidumbre de las víctimas.
Tampoco se han formalizado
mecanismos de participación
sustantiva de organizaciones de
familiares y de la sociedad civil
en la discusión y elaboración
de la legislación.
Insistimos enfáticamente
en que esta ley contenga la
obligatoriedad de dotar del
presupuesto suficiente para
ejecutarla con los recursos
humanos, materiales y técnicos
que subsanen el déficit actual
de personal ministerial, policial
y pericial indispensable para
la integración eficaz de los
expedientes en las diferentes
instancias de investigación y
búsqueda de los desaparecidos.
Instamos al Ejecutivo a
presentar su iniciativa y al
Legislativo a incorporar el
esfuerzo, conocimiento y expe-
riencia de las organizaciones
de familiares y organizaciones
acompañantes como la parte
central de la ley. Asimismo,
reconocemos la apertura del
Senado para trazar una ruta
de trabajo e invitamos a los y
las legisladoras a formalizar
mecanismos de participación
sustantiva de organizaciones de
familiares y de organizaciones
acompañantes, así como de
expertos de la sociedad civil
nacional e internacional, en
la discusión y elaboración de
la legislación, como lo reco-
mendaron el Comité contra
la Desaparición Forzada de
la ONU en febrero de 2015
y el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes.
[Carta resumida]
Movimiento por Nuestros
Desaparecidos en México

CONTENIDO
26
PORTADA
De 2013 a 2015, el Consejo de la Judicatura
Federal ha sancionado apenas a nueve
magistrados y 12 jueces. Imposibilitada, de
tocar a los integrantes de la Suprema
Corte y del Tribunal Electoral
EN 3 AÑOS,
JUDICATURA CASTIGÓ A
SÓLO 21 JUZGADORES
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL EN RIESGO, BASE DE DATOS DE MILLONES
DE PASAPORTES Miguel Badillo
DEFENSOR DEL PERIODISTA LA ADMINISTRACIÓN Y
GOBIERNO DE MIGUEL MANCERA SON LOS PEORES DESDE 1930
Álvaro Cepeda Neri
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN LAS MULTIMILLONARIAS
PENSIONES DE EXPRESIDENTES Y EXMINISTROS Nancy Flores
ZONA CERO AGUAS, MÉXICO-ESTADOS UNIDOS Zósimo Camacho
ARTÍCULOS
LA QUIEBRA DE CFE ARRASTRARÁ A SUS TRABAJADORES
Martín Esparza Flores
MARIGUANA: SÍ PERO NO Jorge Meléndez Preciado
TERRORISMO E HIPOCRESÍA Ángel Escamilla
LAS PATENTES Y EL EXORBITANTE COSTO DE LOS FÁRMACOS
SALVAVIDAS Germán Velásquez/IPS
APENAS QUEDA TIEMPO PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Xavier Caño Tamayo/CCS
4
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14
16
18
20
22
24
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN -año 14, número
464, del 23 al 29 de noviembre de 2015- es una publicación sema-
nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida
Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP
04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.con-
tralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agus-
tín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de
autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de li-
citud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Este
número se terminó de imprimir el 20 de noviembre de 2015. Dis-
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tad y Expresión, SA de CV.
Circulación certificada por Romay
Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

CONTENIDO
ANÁLISIS
ECONÓMICO El estancamiento y la terapia de choque de 2016-2018 Marcos
Chávez M
INTERNACIONAL Power, la cara oculta de la administración Obama Thierry
Meyssan/Red Voltaire
44
52
INVESTIGACIÓN
PORTADA Judicatura Federal, mazo liviano Mauricio Romero
PORTADA Poder Judicial, sometido al Ejecutivo Netzaí Sandoval Ballesteros
26
34
MISCELÁNEO
EX LIBRIS El perenne romanticismo de Agustín Lara Álvaro Cepeda Neri
PASO A DESNIVEL Terror educativo Miguel Galindo
62
66
Ilustracióndeportada:CeciliaMartínezy123RF
44
34 52

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
E
l manejo de la información para la emi-
sión de pasaportes es un asunto de seguri-
dad nacional. En los últimos 3 años, con
José Antonio Meade como secretario de Rela-
ciones Exteriores –ahora lo es de Desarrollo So-
cial–, esta dependencia “dejó perder” esa impor-
tante base de datos con información confidencial
de millones de mexicanos, y el único respaldo
que hay está en las oficinas de la empresa pri-
vada Mainbit, cuyos accionistas –José Antonio
Sánchez y Juan José Álvarez– fueron hasta sep-
tiembre pasado los responsables de elaborar los
pasaportes, y ahora sostienen que si la canciller
Claudia Ruiz Massieu
quiere recuperar esa
información tendrá
que recontratarlos.
Muy enojados por
perder la licitación,
que les hubiera per-
mitido ganar un nuevo
contrato por otro pe-
riodo de 3 años y un monto mayor a los 1 mil
millones de pesos, Sánchez y Álvarez han inicia-
do una batalla legal y administrativa en contra
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
por asignar la licitación al grupo de empresas
lideradas por Veridos México (conformado por
compañías de Alemania, España y Japón), lo que
ha ocasionado todos los problemas en la emisión
de pasaportes y, lo más grave, “que las empre-
sas ganadoras echaron a perder las películas que
contenía la base de datos con toda esa informa-
ción confidencial”.
Los dos empresarios critican la omisión y ne-
gligencia del gobierno por no guardar la base de
datos en la SRE, e inclusive en la misma Secreta-
ría de Gobernación, pues se trata de un asunto de
seguridad nacional por ser información confiden-
cial de millones de personas; sin embargo, dicen
que “los ganadores de la licitación y los funcio-
narios no hicieron bien su trabajo y perdieron la
base de datos, y el único respaldo que hay está en
mi oficina, así que van a tener que recontratarnos
al grupo de empresas (Mainbit, Vanagent Méxi-
co, Ted Tecnología Editorial, Oberthur Techono-
logies y Datanova Servicios) que hicimos la oferta
económica más baja y
contamos con la capa-
cidad técnica probada
para volver a producir
los pasaportes.
“Desde marzo pa-
sado, cuando le asig-
naron el contrato a
Veridos, nosotros en-
tregamos a la SRE las películas con toda la base
de datos de los pasaportes, para que en un pla-
zo de 6 meses pudieran regularizar el servicio,
pero echaron a perder las películas y ahora los
funcionarios nos han llamado para pedirnos que
por favor no borremos el respaldo que tenemos
porque ellos lo han perdido todo.
“Es injusto que no nos hayan asignado el
contrato que habíamos cumplido cabalmen-
te en los últimos 3 años, y todo porque en esta
nueva licitación nos negamos a pagar un sobor-
no de 10 millones de dólares, pero como ahora
EN RIESGO, BASE DE DATOS
DE MILLONES DE PASAPORTES
MIGUEL BADILLO, PERIODISTA
Los empresarios Sánchez y Álvarez
critican la negligencia del gobierno
por no guardar la base de datos. Es
un asunto de seguridad nacional
Los empresarios Sánchez y Álvarez
un asunto de seguridad nacional

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
no tienen la base de datos van a tener que re-
contratarnos.”
A pesar de que los dueños de Mainbit con-
trataron al despacho de los panistas Antonio
Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez –am-
bos procuradores generales de la República du-
rante los gobiernos del Partido Acción Nacio-
nal (PAN)–, la empresa ha perdido todo en sus
gestiones legales ante los órganos de control y
los tribunales, por lo que ahora presionan con la
base de datos que tienen en su poder. También
la fracción del PAN en el Senado ha intervenido
para presionar a la SRE de que cancele el con-
trato a las empresas ganadoras.
El proceso de licitación en donde perdió
Mainbit fue acompañado en todas sus etapas por
un testigo social designado por la Secretaría de
la Función Pública, que es la Academia Mexica-
na de Auditoría Integral de Desempeño, quien
también concluyó que “el procedimiento de la
licitación se desarrolló en términos de igualdad
y equidad para todos los licitantes y fundado en
los principios de transparencia e imparcialidad
previstos por la ley”.
Los criterios para designar al ganador en esa
licitación fue una evaluación a través de puntos
y porcentajes, toda vez que se trató de la con-
tratación de un servicio con alta especialidad
técnica, la cual tuvo un valor de 60 puntos, y la
económica sólo de 40 puntos. Por ello, el con-
sorcio que resultó adjudicado fue Veridos, por
su mejor resultado en la evaluación técnica, al
alcanzar 59.764 puntos de 60 posibles.
El contrato para elaborar los pasaportes tiene
una vigencia del 27 de abril de 2015 al 30 de
junio de 2018, por un monto mínimo de 65.3 mi-
llones de dólares y un máximo de 80.9 millones.
De acuerdo con reportes de la licitación,
Mainbit perdió porque no acreditó los rangos
establecidos para la infraestructura de los siste-
mas de identificación de huella dactilar (AFIS,
por su sigla en inglés); tampoco acreditó con-
tar con trabajadores con discapacidad en por
lo menos el 5 por ciento de su planta laboral;
no presentó constancia del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial; no presentó certifi-
cación de políticas y prácticas de igualdad de
género; en el suministro anual de al menos 1
millón de láminas de seguridad para pasaporte,
cumplió con sólo dos contratos de especialidad
acreditada, cuando el máximo eran seis; no
acreditó cumplir con experiencia mínima de 1
año en materia de aprovisionamiento de AFIS;
no acreditó contar con contratos cumplidos sa-
tisfactoriamente y con su respectivo documento
de cumplimiento de obligaciones contractuales
en gobiernos o entidades.
El problema del gobierno de Enrique Peña
Nieto es que las irregularidades con la emisión
de los pasaportes se da en momentos cuando el
terrorismo avanza y cumple su objetivo de ate-
morizar al mundo, y mientras las fronteras que
dividen las naciones se cierran aún más y se en-
durecen las medidas de seguridad. Por ello, la
negligencia de funcionarios de la SRE deja al
país sin una importante base de datos que iden-
tifica a millones de personas y sin cuya infor-
mación estratégica cualquier delincuente puede
tramitar con documentos apócrifos un pasapor-
te sin que la autoridad se dé cuenta del engaño y
pueda viajar con nombre falso por el mundo sin
levantar sospechas.
Puntos suspensivos… El nuevo jefe de la
oficina de la Cancillería, el priísta Francisco
Arroyo Vieyra, es mencionado para ocupar la
Embajada de México en Chile, y de lograrlo
–pues siempre ha querido ser gobernador de
Guanajuato y nunca ha podido– deberá dejar
a buen resguardo sus múltiples propiedades que
posee en su estado natal y que, de acuerdo con
panistas de aquella entidad, alcanzarían los 150
millones de pesos, cifra elevada si consideramos
el salario que percibió el funcionario durante 25
años que se mantuvo como legislador… Agria
sorpresa se llevó el excanciller José Antonio
Meade cuando llegó a su nueva oficina de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la en-
contró completamente vacía, sin escritorio, silla,
sala ni mesa de trabajo, porque la experredista
Rosario Robles –quien nunca se esperó salir de
la Sedesol– se llevó todo, al más vil y burdo estilo
de los titulares de las delegaciones políticas del
Distrito Federal, quienes también vaciaron sus
oficinas cuando salieron huyendo…

CONTRAPODER
OPINIÓN
A
siento de los poderes federales del Esta-
do desde 1824, la capital del país como
Federación ha sido escenario de todos los
acontecimientos históricos desde su fundación
geopolítica en, al menos, 1325, o quizá desde
1255, de Aztlán al cerro de Chapultepec. Y del se-
ñor Tenoch a Cuauhtémoc (1325-1521). Después,
de la era de la conquista al virreinato (1524-1821).
Luego de Iturbide y la Regencia (1821-1872). Lle-
ga el periodo de Lerdo de Tejada a León de la
Barra (1872-1911). Irrumpe el periodo de Made-
ro a Cárdenas (1911-1940). Pasando por el De-
partamento del Distrito Federal de Aarón Sáenz
a la jefatura del Distrito
Federal por elección
directa de Cuauhté-
moc Cárdenas. Y de
éste para acá el arribo
de Miguel Ángel Man-
cera para reinaugurar
los malos gobiernos, si-
guiendo el ejemplo depredador de Martínez Do-
mínguez-Hank González-Aguirre-Espinoza Villa-
rreal y Marcelo Ebrard, la llegada de Mancera, el
millonario heredero de la franquicia de 70 años de
los Bisquets Obregón.
Con el desastre enmascarado con su dema-
gogia fiestera, Mancera ya ha superado a sus
antecesores; y los habitantes de la Ciudad (con
excepción de los ricos, millonarios y multimillo-
narios) a duras penas sobreviven presas de la inse-
guridad, basura por todos lados, la complicidad
de los delegados y el caos vial que provoca, entre
otras cosas, el cierre arbitrario de las vías dizque
rápidas porque el señor Mancera pasará por ahí.
Ha descuidado totalmente el mantenimiento de
la Ciudad, con la complicidad de los “nuevos”
delegados –salvo excepciones que confirman la
regla, aunque el morenista Monreal ya se “disci-
plinó” a Mancera mediante el recado de “colabo-
ración”–, no pocos de ellos reelectos por medio
de sus parejas, como la de Valentín Maldonado y
el maromero Mauricio Toledo, que se han adueña-
do de la delegación Coyoacán; con quienes se ha
coludido para desgobernar a la capital del país
y tenerla bajo su dominio para sus negocios…
electoreros.
Ha emprendido obras
al estilo peñista de:
“¡háganle como quie-
ran!”, sin la menor
consulta ni consenso. Y
su “CDMX” se ha con-
vertido en asilo del nar-
cotráfico, que al menudeo es un negocio de parte
de la policía y los vendedores. Todos los días hay
un homicidio. Y el quíntuple crimen de la colonia
Narvarte sigue en el misterio. La recolección de
basura es, además de negocio, un reparto de ca-
nonjías que sólo recoge la que lleva una propina o
el pago cuantioso en las colonias burguesas.
En la Ciudad hay infinidad de baches, au-
ténticos cráteres y coladeras destapadas, que la
hacen parecer una zona bombardeada. Los ca-
mellones para hacer ejercicio son respiraderos
de esmog; y los aparatos para ejercitarse están
LA ADMINISTRACIÓN
Y GOBIERNO DE MIGUEL MANCERA
SON LOS PEORES DESDE 1930
ÁLVARO CEPEDA NERI, PERIODISTA
En la Ciudad de México todos los
días se comete, al menos, un homici-
dio; mientras que el quíntuple crimen
de la colonia Narvarte sigue impune
En la Ciudad de México todos los
de la colonia Narvarte sigue impune

CONTRAPODER OPINIÓN
abandonados en selvas de pastos y hierba. Y aho-
ra el señor Mancera dice que dará viviendas a
los maestros, alejadas de sus fuentes de trabajo
y en el quinto infierno, sólo como propaganda de
enfrentamiento con Aurelio Nuño, quien ha in-
vadido las escuelas públicas para expropiarles a
los niños la ceremonia de izamiento de bande-
ra. Mancera es jefe del mal gobierno defeño, con
sus constantes apariciones para juntar adeptos
para su calentura presidencial, “amenazando”
con ir de independiente para hacerle el favor a
los Chuchos de enfrentarse con Andrés Manuel
López Obrador, y como éste ya se entrevistó con
el papa, Mancera de inmediato entregó su carta
en la nunciatura apostólica para dizque invitar a
Francisco a su guarida en el Cabildo para que le
dé la bendición.
En más de 30 años la Ciudad de México
nunca había tenido a un desgobernador como
Mancera, y vaya que ha tenido especímenes aterra-
dores. Los ha superado en mediocridad, dema-
gogia, cinismo y una corrupción generalizada,
acompañada de la ola criminal con el poder del
narcotráfico que se enseñorea con toda la im-
punidad posible. Por donde se vea la Ciudad
es un desastre social. Florece el desempleo, y la
informalidad como salida es combatida a sangre
y fuego, para obligar a los “creativos” a ingresar
en la delincuencia en lugar de facilitarles la ins-
talación de sus changarros; y sus empleados los
persiguen o les piden un soborno. No hay una
política pública de empleo. Y ha permitido que
la iniciativa privada cierre plazas laborales.
Eso de Médico en tu Casa y Abogado en tu
Casa es una vacilada de Mancera, quien quiere
a todas horas estar en los noti-
ciarios y aparecer con su ami-
go López-Dóriga en Televisa, a
razón de 2 millones el minuto.
Sus seudométodos para orde-
nar la vida colectiva de la Ciu-
dad son un fracaso. Hay de-
sorden por las arbitrariedades
del transporte público que no
respeta los paraderos. El servi-
cio policiaco por delegaciones
sigue sin funcionar. Y el nuevo
Reglamento de Tránsito busca
criminalizar draconianamente
la circulación vehicular, mien-
tras privatiza las vías rápidas
para favorecer al elitismo; y la
pobreza es un cáncer que no ali-
vian sus comedores de 10 pesos.
Delegados y Mancera son
17 malos funcionarios que na-
da tienen de servidores públi-
cos. Más bien se sirven de sus
cargos, y en lugar de desem-
peñar sus obligaciones andan en grillas, desa-
yunos y componendas para seguir escalando y
enriqueciéndose; al fin y al cabo aquí priva la
impunidad para toda clase de corrupción. Y si
estalla la crisis general de la Ciudad de Méxi-
co, vuela por los aires el sistema-régimen, porque
aquí se asientan los tres poderes del Estado. De
ese tamaño es el desastre defeño y Mancera no
tiene tamaños para desactivar la crisis que su mal
gobierno ha generado. El mancerismo es ya el
detonador.
DAVIDMANRIQUE

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
L
a desigualdad en México se manifiesta de
muchas formas. Una de ellas tiene que ver
con las pensiones, porque no es lo mismo
retirarse como ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, expresidente de la República
o exejecutivo del Banco de México, que como un
humilde trabajador.
Mientras que los primeros tienen garantizadas
sus millonarias pensiones a costa del erario, los se-
gundos se encuentran a la deriva de la especula-
ción que hacen con los ahorros de su vejez, a diario
y en total impunidad, las administradoras de fon-
dos para el retiro (Afore).
Ejemplo de ello son
las pérdidas registradas
en octubre pasado por
139 mil millones de pe-
sos, según la Comisión
Nacional del Sistema
de Ahorro para el Re-
tiro (Consar). Por este
motivo, algunos traba-
jadores vieron mermado su futuro (con pérdidas
entre 15 mil y 100 mil pesos), sin que nadie les
reponga el recurso y mucho menos les pregunte su
opinión sobre el riesgo de las inversiones.
El monto del déficit total representa tres veces
el presupuesto anual asignado a la Consar, que en
2015 ascendió a 45 mil 691 millones 868 mil 766
pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Pero en México no todos pierden: los que nun-
ca lo hacen son quienes pertenecen a la elite de
funcionarios mejor pagados por el erario. Estos ni
siquiera son objeto de recortes, pese al presupues-
to de austeridad para 2016.
A esa elite pronto se unirán los ministros Olga
Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. Una vez que
concluyan sus funciones, en diciembre próximo,
gozarán de sus pensiones vitalicias, por 4 millones
100 mil pesos anuales para cada uno, porque ellos
son los mejores pagados por el erario federal.
Y es que sus haberes de retiro incluyen el cien-
to por ciento de los ingresos que perciben al mo-
mento de su jubilación, refiere la respuesta a la
solicitud de información SSAI/00155013, hecha
por un particular a la Suprema Corte.
“Los haberes de
retiro integran la tota-
lidad de las percepcio-
nes que se les cubren a
los ministros que han
cumplido su tiempo de
designación del cargo
y pasan al retiro. Es
necesario precisar que
los señores ministros no tienen asignado en su
haber de retiro compensaciones económicas por
conceptos de ayudas, cajas de ahorro y fondos de
ahorros”, indica la respuesta.
No obstante, los ministros en retiro sí tienen
derecho a otros ingresos, como gastos de alimen-
tación, vehículos de lujo para su transportación,
gasolina y aditivos, al igual que los ministros en
activo. Además, cuentan con la asistencia de cin-
co personas pagadas por la Hacienda Pública: dos
asistentes de mando superior, un profesional ope-
rativo y dos técnicos operativos.
LAS MULTIMILLONARIAS PENSIONES
DE EXPRESIDENTES Y EXMINISTROS
NANCY FLORES, PERIODISTA
La pensión vitalicia de los ministros
Sánchez Cordero y Silva Meza ascen-
derá a 4 millones al año. También se
les pagarán gastos de alimentación
La pensión vitalicia de los ministros
les pagarán gastos de alimentación

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
Actualmente, Sánchez Cordero y Silva Meza
perciben 193 mil 17 pesos como sueldo base
mensual más prestaciones nominales por 66 mil
662 pesos; prima vacacional por 62 mil 412 pe-
sos; aguinaldo por 381 mil 898 pesos y, por si lo
anterior no fuera poco, otros 539 mil 790 pesos
que reciben anualmente por el llamado “pago por
riesgo”, según el Manual que Regula las Remune-
raciones de los Servidores Públicos del Poder Judi-
cial de la Federación para el ejercicio fiscal 2015,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
febrero pasado.
Todo ese recurso se les seguirá pagando a los
próximos ministros pensionados, tal como a sus
colegas que ya se encuentran en retiro. Pero eso
no es todo, si su cónyu-
ge aún les sobrevive una
vez que estos fallecen,
éste hereda la pensión
vitalicia hasta su muerte.
Los expresi-
dentes
Los segundos mejor
pagados son quienes al-
guna vez decidieron la
suerte de esta nación:
los expresidentes de Mé-
xico. Después de sus 6
años de mandato, éstos
se hacen acreedores a
una millonaria pensión
de por vida. Entre los privilegiados están Felipe
Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada y Luis
Echeverría Álvarez.
Durante su gobierno, Calderón Hinojosa de-
claró la supuesta guerra contra el narcotráfico que
desató la actual crisis humanitaria que padecemos,
cuyo saldo supera los 150 mil civiles asesinados, los
30 mil desaparecidos y los 250 mil desplazados.
El mandato de Fox Quesada es recordado por
casos emblemáticos de corrupción (como el de En-
ciclomedia) y por cogobernar con su cónyuge Mar-
ta Sahagún mientras sus hijastros, los hermanos
Bribiesca Sahagún, hacían negocios multimillona-
rios con las dependencias de gobierno (Instituto de
Protección al Ahorro Bancario y Petróleos Mexica-
nos). Y a Echeverría Álvarez se le ubica como autor
intelectual de la masacre del 10 de junio de 1971 y
cómplice de la matanza estudiantil de 1968.
Pese a ello, cada año los mexicanos y hasta su
muerte les pagan 2 millones 505 mil 215 pesos a
cada uno (2 millones 461 mil 464 pesos por con-
cepto de pensión vitalicia y 43 mil 750 pesos por
aguinaldo), revela la respuesta a la solicitud de in-
formación 0210000004015 hecha por un particu-
lar a la Presidencia de la República.
Además del haber de retiro, el erario les paga
un seguro de vida y de gastos médicos mayores,
así como el sueldo de más de 150 empleados que
están a sus servicios: militares y civiles, desde cho-
feres hasta directores ge-
nerales (Contralínea 242).
Y aunque en la lis-
ta de los que reciben el
dinero no se encuentra
el expresidente Ernesto
Zedillo Ponce de León
(a quien se le responsa-
biliza por la masacre de
Acteal, Chiapas), éste sí
tiene acceso a un haber
de retiro de por vida
pagado con los impues-
tos del pueblo: el que le
otorga el Banco de Mé-
xico y que, según el dia-
rio La Razón, sería una
de las más caras, pues
ascendería a más de 10 millones de pesos.
Un extitular del Ejecutivo que también ha te-
nido acceso a esa pensión vitalicia del Banco de
México es su actual gobernador Agustín Carstens,
quien en 2007, meses después de ser nombrado
secretario de Hacienda, aún cobraba su pensión
por casi 2 millones de pesos (Contralínea 89).
Para un país con la mayor parte de su pobla-
ción –unos 80 millones de mexicanos– en situa-
ción de pobreza y marginación, y donde el salario
mínimo está fijado en apenas 72 pesos diarios, es-
tas pensiones vitalicias no sólo son desproporcio-
nadas, sino insultantes. Así, las prioridades de los
presupuestos en México.
DAVIDMANRIQUE

ZONA CEROOPINIÓN
E
n las próximas semanas podría generar-
se un nuevo capítulo de controversia en-
tre México y Estados Unidos por el agua
de la Frontera. Sectores estadunidenses –sobre to-
do empresarios texanos– presionan a su gobierno
para que adopte una posición más enérgica ante
lo que consideran “acaparamiento” del líquido
por parte de los mexicanos. Lo cierto es que la po-
sición ventajosa en esta materia –como en la ma-
yoría de esta relación asimétrica– parece ser la de
los gringos. La administración de Barack Obama,
incluso, no está muy interesada en abrir un debate
serio, porque una revisión de los acuerdos binacio-
nales podría poner en evidencia la provechosa
situación que obtuvie-
ron desde la primera
mitad del siglo XX.
Un documento del
Servicio de Investiga-
ción del Congreso es-
tadunidense, fechado
el 10 de noviembre pa-
sado –US-Mexico water sharing: Background and recent
developments–, reconoce que una renegociación del
Tratado de Aguas de 1944 “puede ser riesgosa
para los intereses estadunidenses”.
Nuestro país comparte con Estados Unidos
dos grandes aﬂuentes de agua: el Río Colorado
y el Río Bravo (llamado en ese país Río Grande).
Las controversias datan del siglo XIX, luego de
las guerras que amputaron a México más de la
mitad de su territorio y que consolidaron la voca-
ción imperialista y el expansionismo del Tío Sam.
Ambos países cuentan hoy con un mecanismo bi-
nacional para resolver los diferendos antes de que
se eleven a nivel de secretarías de Estado o presi-
dencial. En español, se le llama Comisión Interna-
cional de Límites y Aguas (CILA). Representantes
del Departamento de Estado de Estados Unidos
integran una sección. La otra, representantes de
la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Con respecto del Río Colorado, los vecinos sólo
nos entregan el 10 por ciento del agua de este cau-
ce. Podría parecer justo porque antes de internarse
en territorio mexicano se alimenta de escurrimien-
tos de siete estados de la Unión Americana (Arizo-
na, California, Colorado, Nevada, Nuevo Méxi-
co, Utah y Wyoming). Al cruzar la línea divisoria
internacional, el río es una frontera natural entre
los estados mexicanos
de Baja California y
Sonora. Finalmente de-
semboca en el Golfo de
California.
Los problemas que
reconoce el documen-
to: la cada vez mayor
dificultad para que los estadunidenses entreguen
a México la cantidad mínima de agua establecida;
la calidad del líquido (por el tratamiento que reci-
be corriente arriba, llega con niveles de salinidad
no aptos para la agricultura y el consumo humano);
y un tercero es de carácter ambiental derivado
de los dos primeros. Al entregar poca agua y de
mala calidad, se afectan importantes ecosistemas.
“El lado mexicano del delta contiene humedales,
bosques y zonas desérticas que son el hogar de
muchas especies en peligro de extinción”, señala
el estudio. De hecho, la zona tiene categoría de
reserva de la biósfera decretada por la Organiza-
ZÓSIMO CAMACHO, PERIODISTA
AGUAS
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
En el tema del agua, uno de los pro-
blemas es la cada vez mayor diﬁcultad
para que Estados Unidos entregue a Mé-
xico la cantidad mínima establecida
En el tema del agua, uno de los pro-
xico la cantidad mínima establecida

ZONA CERO OPINIÓN
ción de las Naciones Unidas. El insen-
sible gobierno estadunidense no tienen
intención alguna de destinar más can-
tidad de agua y el timorato mexicano
no ha querido defender con energía su
medio ambiente. El resultado: hoy 90
por ciento de los humedales tienen al-
gún nivel de degradación.
Con respecto del Río Bravo, éste
está dividido en dos cuencas: la que
alimenta la corriente que va de Ciudad
Juárez a Fort Quitman, Texas, y la que
va de este último sitio a desembocar en
el Golfo de México. Es Estados Unidos
el que debe entregar a México agua
de la primera cuenca. De la segunda,
México es el obligado a entregar agua
a Estados Unidos.
De la cuenca Noroeste, de 1939 a
2015, el vecino nos ha entregado 30 por ciento
menos agua. El argumento: la sequía que se ha
agudizado en la región. No hay penalización al-
guna para los estadunidenses y, de hecho, la in-
dustria agrícola y la eléctrica de ese país pugnan
porque se entregue menos agua a México. De la
cuenca Noreste, México también ha encontrado
dificultades para entregar agua a Estados Unidos;
y aquí no hay pero que valga: si México no cum-
ple, adquiere una “deuda de agua”. La presión
estadunidense –gubernamental y mediática– ha
conseguido que México “pague” esa agua con
los “excedentes” de la temporada de huracanes.
Ahora, México se encuentra atrasado en las en-
tregas de agua a Estados Unidos por la misma si-
tuación, la sequía. El documento da cuenta de la
presión ejercida por el gobierno estadunidense al
mexicano, de tal suerte que la administración de
Enrique Peña Nieto ha aceptado que, en caso de
haber un faltante en sus entregas, lo reintegrará en
el siguiente ciclo; y además se han comprometido
a que, de ahora en adelante, se entregará el líqui-
do en los tiempos previstos, “sin déficits”. El pre-
sidente de México incluso dio instrucciones a la
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) “de priorizar
el trabajo con la CILA, las autoridades de Texas y
el Departamento de Estado (del gobierno federal
estadunidense) para llegar a un acuerdo lo antes
posible”.
A pesar las condiciones aceptadas por México,
señala el informe que “grupos de interés” estadu-
nidenses se encuentran “furiosos” y consideran
que México “acapara” el líquido que pertenece a
los dos países.
Fragmentos
El régimen, pusilánime a la hora de defender
los recursos mexicanos, ha optado por el autori-
tarismo en los asuntos domésticos. La brutal re-
presión de los últimos días contra maestros y estu-
diantes normalistas nos dice que buscará imponer
con sangre lo que no pudo desarrollar con diálogo
y trabajo político. El dinosaurio se apoya en sus
dos bases históricas: su aparato de control social
(los grandes medios de comunicación) y su instru-
mento de dominación (las Fuerzas Armadas). Ya
lo hizo en 1958, 1968, la Guerra Sucia. Pero hoy
la sociedad no es la misma… La masacre en París
llegó a tiempo para los intereses de la ultradere-
cha xenófoba en Europa. Y también fue oportuna
para el gobierno del francés Hollande: le dio ca-
pital político para justificar su presencia en Siria,
justo cuando había quedado fuera de las negocia-
ciones entre Estados Unidos y Rusia.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
LA QUIEBRA DE CFE
L
a “empresa de clase mundial”, que por 12
años mostraron los panistas como arqueti-
po de transparencia, bonanza y eficiencia
del sector energético, ahora se encuentra dando
sus últimos estertores ante la quiebra de sus finan-
zas y el aumento irreversible de sus números rojos
que, año con año, van al alza, debido en buena
parte a la corrupción que desde años se enquistó
en la estructura administrativa de sus niveles di-
rectivos y los ineficientes sistemas de operación,
sobre todo en la zona centro del país, donde se
han incrementado las pérdidas de energía.
Del 2012 hasta mediados de este año, los esta-
dos contables de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) arrojaron un saldo negativo de 139 mil
192 millones de pesos, borrando en los hechos el
último vestigio de su “clase mundial”.
A la distancia, es evidente que los 12 años en
el poder del Partido Acción Nacional (PAN) lle-
varon a la Comisión Federal de Electricidad a
la peor de sus debacles, y como en su momento
lo alertó la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), por su silenciosa privatización que terminó
por colocar a la antes paraestatal, hoy empresa
productiva del Estado, de hinojos ante los intere-
ses de las trasnacionales.
En 2010, y al dar a conocer los resultados de su
análisis de la Cuenta Pública 2009, la ASF alertó
con oportunidad y claridad: “En electricidad, la
fiscalización superior tiene un amplio potencial en
temas como la revisión de la capacidad de genera-
ción de la CFE, que está siendo subutilizada, con
el aumento de los costos fijos y variables que ello
implica, para permitir que los productores exter-
nos de energía (PEE) exploten y vendan al orga-
nismo público la electricidad que generan. Estos
productores no asumen riesgos porque deciden
vender a la CFE la energía que producen a los
precios que pactaron en contratos que se extien-
den por 25 años y más. Existe un campo a evaluar
por parte de la ASF en materia de licitaciones y
permisos a permisionarios privados como Iber-
drola, Électricité de France, Mitsubishi, AES Cor-
poration, InterGen, TransAlta, entre otros, ya que
la Comisión Reguladora de Energía ha autoriza-
do inversiones y proyectos que están desplazando
a los del servicio público nacional”.
Hoy, su actual director, Enrique Ochoa Reza,
acaba de declarar durante su participación en la
edición 25 de la Cumbre México, organizada por
la revista The Economist, que el futuro de la em-
presa “descansa en reducir los pasivos laborales”,
negándose a aceptar en un claro contrasentido lo
que está por venir; es decir, los despidos masivos.
De acuerdo con Ochoa, los pasivos de la CFE en
este rubro ascienden, hasta 2015, a 591 mil millo-
nes de pesos.
La velada advertencia del funcionario sobre
el colapso que espera a la CFE es parte de otra
cortina de humo por donde nuevamente se escabu-
llirán los panistas responsables del multimillona-
rio quebranto a la empresa, que ahora tiene en la
cuerda floja no sólo la estabilidad laboral de miles
de trabajadores afiliados al charro Sindicato Úni-
co de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (SUTERM), sino de paso a su régimen
ARRASTRARÁ A SUS TRABAJADORES
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
de jubilaciones, que pretende ser llevado sin dis-
tingo alguno a la imposición de las cuentas indi-
viduales.
Así, con los espejismos de la inexistente jauja
hechos añicos, son los trabajadores y la sociedad
quienes terminarán pagando los platos rotos de los
excesos, corrupción, políticas antinacionalistas y
desmedidos privilegiados que privaron al interior
de la antes empresa pública.
Hay dos elementos que deben enjuiciarse en el
actual contexto de la reforma energética que fue-
ron omitidos por parte del Congreso de la Unión,
como la aceptación de absorber los pasivos labo-
rales tanto de CFE como de Petróleos Mexicanos
–casi 2 billones de pesos– para transformarlos en
deuda pública, es decir, en dinero que deberemos
pagar todos los mexicanos como antes sucedió
con el rescate bancario o el rescate carretero, a
condición de llevar contra las cuerdas al Contrato
Colectivo de los agremiados del SUTERM.
Por un lado, nadie ha concitado la responsabi-
lidad de los panistas en este gigantesco hoyo negro
ocasionado a las finanzas de la Comisión Federal
de Electricidad, y que en buena medida tiene a la
empresa productiva del Estado al borde del co-
lapso financiero, al haber desoído las propuestas
para sacar agua del barco, indicadas con precisión
por la ASF; y, por el otro, el solapamiento y hasta
la colusión criminal mostrada por exfuncionarios
de Felipe Calderón que se negaron a acatar una
resolución del Poder Judicial que obligaba a de-
pendencias como la Secretaría de Energía, del
Trabajo y Previsión Social, y la propia CFE a in-
formar al Congreso sobre la desaparición de un
Fondo Mutualista por 683 mil millones de pesos,
producto de 50 años de ahorro de los jubilados
del SUTERM, y que sus líderes mantienen en ca-
lidad de desaparecido, pese a existir un laudo de
las autoridades laborales para devolver sus aho-
rros a sus legítimos dueños.
Ahora, lo que asoma por el horizonte de los
agremiados del SUTERM son nubarrones de duras
tormentas, sobre todo si se considera que ya en fe-
brero de este año sus dirigentes aceptaron modi-
ficaciones a su Contrato Colectivo para facilitar
el adelgazamiento de la plantilla de trabajadores
mediante los despidos que considere pertinentes
la empresa. El plazo fatal para miles de ellos se
cumplirá, como ya lo anunció Ochoa Reza, en el
ya cercano mayo de 2016, en que se buscará, ade-
más, que su incondicional líder, Víctor Fuentes
del Villar, convenza a todos los trabajadores por
igual de sumarse a la propuesta oficial de cuentas
individuales para el retiro, con lo que perderán
buena parte de sus derechos sindicales, cuando el
dirigente charro todavía no les informa a sus jubi-
lados dónde quedó el dinero de sus ahorros.
La justificación de los pasivos laborales para
mutilar las prestaciones contempladas en su Con-
trato Colectivo, como se aprecia, no explica de
raíz el problema del actual quebranto financiero
de la CFE, como en su momento sucedió con la
aún nebulosa extinción de Luz y Fuerza del Cen-
tro (LFC), razón por la cual vale recapitular sobre
el diagnóstico, preciso y contundente, realizado
por la ASF tras el cierre de la paraestatal en oc-
tubre del 2009, que sigue generando infinidad
de preguntas y cuyas respuestas aún se ocultan y
adeudan al país.
Leamos y analicemos: “Deberá evaluarse, por
parte de la fiscalización superior, el contexto eco-
nómico, financiero, legal y político de la extinción
y liquidación de LFC. En el marco del predomi-
nio de la inversión extranjera en una industria
de generación y suministro de electricidad que
constitucionalmente pertenece al Estado mexi-
cano, habrá de revisarse qué tanto la liquidación
de LFC, la propia subutilización de la capacidad
instalada y desplazamiento de la CFE son resul-
tado de la presencia de permisionarios privados y
no tanto de deficiencias operativas y financieras
del organismo liquidado. Qué tan expuesta está
la CFE para que entre en un proceso similar o se
convierta en un intermediario para comprar-ven-
der electricidad y así salvar a los preceptos cons-
titucionales”.
Ahora, en el entorno de la reforma energética,
es indudable que la CFE ha entrado a un proceso
similar al de LFC, a diferencia de que, para des-
gracia de sus trabajadores, no cuentan con un sin-
dicato independiente y combativo como el Sindi-
cato Mexicano de Electricistas para su defensa.
La cuestión es: ¿reaccionarán a tiempo y busca-
rán librarse de su corrupta y sumisa dirigencia?

ARTÍCULOOPINIÓN
U
na nueva declaración contradictoria ha
lanzado Enrique Peña Nieto. Dice el ti-
tular del Ejecutivo: “En lo personal, no
es deseable la legalización de la mariguana, ya que
puede llevar [a los ciudadanos] a otras drogas más
dañinas”. Y afirma: “No puedo ser dueño de la
única verdad” (sic que se humilla ante el poder divino).
Aunque después apunta que “se debe abrir el
debate inicialmente con los especialistas e investi-
gadores, lo cual servirá para llevar una propuesta
a la asamblea de [la Organización de] las Nacio-
nes Unidas [ONU] que tendrá un encuentro acer-
ca del asunto de las drogas en abril del próximo
año” (2016).
Vaya gobernante, ya que un estadista actua-
ría para favorecer y
fortalecer a su nación,
no con la idea vaga de
que yo no lo hago pero
mejor discutamos. Y
menos pensando que
lo importante es lle-
var una propuesta a la
ONU, la cual abordará el tema porque hay ex-
mandatarios y funcionarios que han insistido en
algo fundamental: la prohibición de las llamadas
drogas ha traído más perjuicios que beneficios, es-
pecialmente contra los más desfavorecidos.
En Estados Unidos, lo hemos dicho, hay mu-
chos lugares donde ya se vende la yerba para usos
recreativos y medicinales. Próximamente vendrá
la decisión en California, la séptima economía
mundial, donde hay millones de compatriotas y
existe una frontera con Tijuana, Tecate y Mexica-
li. El “sí” a la liberación tiene mayoría.
En Uruguay, reiteramos, ya se legalizó, y el Es-
tado se hará cargo de todo el proceso, de la pro-
ducción hasta venderla en farmacias.
En nuestro vecino del Norte, la fumaron los
presidentes Bill Clinton y Barack Obama (¿la pro-
barán todavía?). En el país del Sur, José Mujica no
tiene interés personal en ella y jamás la ha consu-
mido. Por lo tanto, no es cuestión de gustos, deseos
o prejuicios, sino de entender qué ocurre en un
Estado.
Ya habíamos dicho hace tiempo, cuando el
aborto, que en Francia el católico Valéry Giscard
d’Estaing, en 1974, estuvo a favor de esa salvadora
práctica, ya que eso impedía que fallecieran mu-
jeres. Y en México, Lázaro Cárdenas auspició y
posibilitó el uso de las
drogas hasta que tuvo
problemas con la im-
portación de algunas
sustancias y suspendió
su venta el 7 de junio
de 1940.
Conclusión, no es
cuestión de una visión personal, sino necesidad de
los ciudadanos.
La Iglesia le sigue el juego a Peña Nieto. Está en
contra de la mota, pero el obispo Guillermo Ortiz
Mondragón, de Cuautitlán, Estado de México,
dice que se puede usar como medicina para las
reumas. Algo que hacía mi abuela, Luisa, la cual
mezclaba alcohol con mariguana en una botella y
se la ponía en las piernas por las noches. Bien. ¿Y
dónde adquirirla?
Para ser audaz, la senadora Cristina Díaz, del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), dice
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO, PERIODISTA
En algunos estados de EU ya se ven-
de mariguana para usos recreativos y
medicinales. En California, donde se va
a discutir el tema, hay mayoría por el sí
En algunos estados de EU ya se ven-
a discutir el tema, hay mayoría por el sí
MARIGUANA
SÍ PERO NO

ARTÍCULO OPINIÓN
que se permitirá importar elementos como el
cannabidiol, ya que posibilita que algunos infantes
puedan tener una mejor situación con sus epilep-
sias, como quedó demostrado en el caso de la niña
Graciela Elizalde. ¿Habrá exención de impuestos?
No se olvide que Luis Videgaray, encargado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo
que lo primero era la salud y luego el dinero.
La Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, de Mikel Arriola, ya recibió la
solicitud de seis nuevos ciudadanos para usar mos-
taza. ¿Los turnará, otra vez, a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación?
Miguel Osorio Chong dijo
que habrá, cuando menos, tres
debates: especialistas primero,
ciudadanos después y finalmen-
te legisladores. No se olvide que
modificar, parcialmente, el de-
recho a la información tardó
más de 12 años de discusiones:
gobiernos de José López Portillo
y Miguel de la Madrid.
Sorprendente el artículo de
Diego Valadés (Reforma, 10 de
noviembre de 2015). Decir que
la legislación de 1917 contra
drogas y pulque es correcta, es
como abogar porque regrese la
Ley Carranza, la cual penaliza los
delitos contra la prensa por fal-
tas a la moral.
Es verdad, el uso de la juanita
ha crecido en los 2 últimos años.
Pasó de 25.9 de consumo entre
jóvenes a 29.6, según el encargado del Instituto
para la Atención y Prevención de las Adicciones
(IAPA), que dirige Rafael Camacho Solís. Pero no
se olvide que muchos de los carrujos que se quema-
ron pudieron haber sido de la más baja calidad y,
por lo tanto, más nocivos para los consumidores,
algo que la autoridad ni siquiera tiene idea.
Recientemente, tanto Gabriel Sosa Plata (Sin
Embargo, 10 de noviembre de 2015) como Clara
Luz Álvarez (Reforma, 11 de noviembre de 2015)
nos dieron a conocer que nuestros niños serán en-
venenados por dos vías: la televisión que produce
telenovelas, reality shows y series violentas, las cua-
les podrán ver los infantes más temprano (desde
las 16 horas) que en otros países, y por medio de
los anuncios publicitarios que recomiendan paste-
lillos, bebidas azucaradas y demás chatarra. Ello
por decreto de la Secretaría de Gobernación, que
no impide que los chavos vean esas series y anun-
cios en las horas de la tarde. ¿Hubo algún debate
con especialistas al respecto? No.
El expresidente de Colombia César Gaviria
afirmó que es el momento para que Enrique Peña
Nieto “tome al toro por los cuernos” en el caso de
las drogas. No le entrará el mexicano, ya que los
medios satanizadores de los que motean y no de los
traficantes apoyan al inquilino de la Casa Blanca
mexicana.
Mejor leer el reciente libro coordinado por
Juan Ramón de la Fuente: Mariguana y salud (Fon-
do de Cultura Económica), abrevar en el volumen
de Froylán Enciso: Nuestra historia narcótica. Pasa-
jes para (re) legalizar las drogas en México (Editorial
Debate) y conseguir el gran artículo de Fabrizio
Mejía Madrid (Proceso, 2036), en lugar de andarle
buscando, como dice José Antonio Álvarez Lima,
chichis a las culebras.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
L
os hechos ocurridos en París, Francia, hace
unos días han despertado la solidaridad in-
ternacional, incluyendo las redes sociales.
Son numerosos los usuarios de ellas que han usa-
do los colores de la bandera francesa para mostrar
su apoyo y su repudio ante la muerte de 132 per-
sonas ante un ataque perpetrado por miembros
del Estado Islámico. Por otro lado, en Beirut, Lí-
bano, perdieron la vida decenas de personas y los
heridos se calculan en cientos. No se ven muchos
usuarios de Facebook utilizando los colores liba-
neses. Se ha destacado un supuesto doble rasero
de los medios de comunicación y aquellos que re-
zan por París y no por
las víctimas sirias, liba-
nesas o africanas.
En efecto, el terro-
rismo es una gran y
mortal amenaza, aun-
que no para las metró-
polis que concentran la
riqueza mundial. Por lo
menos no en la forma en que los grandes medios
lo proyectan.
En mayo de 2013, el Consorcio Nacional para
el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Te-
rrorismo con sede en la Universidad de Maryland,
Estados Unidos, publicó una estadística con la lis-
ta de los 10 países más afectados por el terrorismo.
En la lista únicamente se encuentran países africa-
nos y asiáticos.
Solamente en Pakistán, primer lugar de la lista,
murieron 1 mil 848 personas en 2012, o bien, en
el segundo lugar, Irak, perdieron la vida 1 mil 271.
Las metrópolis europeas o anglosajonas ni siquie-
ra figuran en esta lista. Por su parte, Francia, se-
gún el informe, solamente sufrió dos ataques con
la muerte de tres mujeres activistas kurdas y una
persona gravemente herida.
¿Qué pasa en África? Un artículo de princi-
pios de este año del especialista en África Ioannis
Mantzikos, publicado en la revista Perspectives on
Terrorism, expone cómo la organización Boko Ha-
ram, afiliada al Estado Islámico, ha devastado la
economía en el Noroeste de Nigeria, uno de los
países más pobres de la región. Esta organización
existe desde 2010, y en ese pequeño periodo se ha
convertido en la orga-
nización yihadista más
letal dirigiendo sus ata-
ques contra cristianos,
ministros de culto mu-
sulmanes críticos, líderes
tradicionales, sospecho-
sos de colaborar con
sus enemigos, oficinas
de la Organización de las Naciones Unidas y es-
cuelas para mujeres y, por si fuera poco, contra
empleados de la salud que desarrollaban campa-
ñas de vacunación contra la polio. Sólo en la pri-
mera mitad de 2014 Boko Haram mató a más
personas que el Estado Islámico, Al Qaeda de
la península árabe y los talibanes combinados: 2
mil 924 personas.
Por otro lado, en México el panorama es de-
solador. Si consideramos que el informe de 2013,
mencionado al principio de este artículo, no ubica
ningún grupo terrorista en nuestro país, ¿entonces
ÁNGEL ESCAMILLA, HISTORIADOR POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA,
UNIDAD IZTAPALAPA
TERRORISMO
E HIPOCRESÍA
Los 10 países más afectados por el
terrorismo son africanos y asiáticos. El
primer lugar es Pakistán, donde mu-
rieron 1 mil 848 personas en 2012
Los 10 países más afectados por el
rieron 1 mil 848 personas en 2012

ARTÍCULO OPINIÓN
cómo podemos considerar aquellas organizacio-
nes criminales que desmiembran cuerpos deján-
dolos en plazas públicas o exhibiendo ejecuciones en
las redes sociales?
Narcoterrorismo mexicano
Vinculado al crimen organizado, y específica-
mente al narcotráfico del último cuarto del siglo
XX –dado que anteriormente no exhibió carac-
terísticas trasnacionales, sus ingresos de miles de
millones de dólares necesitan de un entorno políti-
co que sea propicio para sus actividades–, aparece
el narcoterrorismo como herramienta para mantener
ese ambiente donde pueden cultivar, procesar,
empacar y transportar de forma trasnacional sus
mercancías.
Gus Martin considera
que el objetivo de los di-
sidentes criminales es pro-
teger su empresa ilegal.
Dado que están simple-
mente motivados por la
ganancia, los criminales
disidentes están en la polí-
tica sólo para extender un
ambiente propicio para
su negocio.
El ejemplo mexicano
es claro. Cuando los gru-
pos criminales defienden
sus territorios, ya sea de
la autoridad o algún com-
petidor, envían mensajes
que serán transmitidos
por los medios, dada su
crudeza: cabezas cortadas
y/o cadáveres con signos
de tortura.
Los 43 normalistas ru-
rales víctimas de desapari-
ción forzada, los periodis-
tas asesinados y los miles
de muertos y desapareci-
dos víctimas de una “gue-
rra contra las drogas” por
parte de agresores que se
encuentran en una línea muy tenue entre las ban-
das criminales y corporaciones de seguridad, in-
distinguibles en ocasiones, son sólo algunos casos.
El sesgo mediático
Así como los números son aplastantes tanto en
Asia, África o México, sin duda el ser víctima de
actos terroristas no es lo mismo en un país peri-
férico que en una metrópoli. No es lo mismo ser
víctima de un régimen represor como lo es el en-
cabezado por un júnior como Bashar al-Assad en
Siria, o en una monarquía sexenal como la mexicana,
donde las desapariciones ya no son objeto de es-
cándalo sino de una triste cotidianidad.
Las bombas matan por igual, aunque hay per-
sonas más iguales que otras. El rating es el rating.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
G
inebra, Suiza. La importante relación
que existe entre el examen de las paten-
tes que realizan las oficinas nacionales de
patentes y el derecho de los ciudadanos a acceder
a los medicamentos no siempre ha sido bien en-
tendida. Con demasiada frecuencia se considera
que estas funciones o responsabilidades del Estado
no están relacionadas entre sí. Y la razón es cla-
ra: los requisitos de patentabilidad no los definen las
oficinas nacionales, sino que a menudo lo hacen
los tribunales, la legislación o los negociadores de
tratados.
Éste es el caso cuando la política de patentes
se ejecuta de forma aislada de la política de salud
pública, y no guiada por ella.
Dado el impacto que tienen las patentes far-
macéuticas en el acceso a los medicamentos, las
oficinas de patentes deben seguir apoyando con
su labor las políticas nacionales de salud y de me-
dicina, aprovechando la libertad que les otorga el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comer-
cio (Trips, por su acrónimo en inglés) para definir
los requisitos de patentabilidad.
El Trips exige a todos los Estados miembros de
la Organización Mundial del Comercio (OMC)
que incorporen a su legislación normas mínimas
universales para casi todos los derechos en este
ámbito: los derechos de autor, las patentes y las
marcas.
Una patente es un título concedido por las au-
toridades públicas que confieren un monopolio
temporario para la explotación de un invento a la
persona que lo revela, que aporta una descripción
suficientemente clara y completa del mismo y que
reivindica ese monopolio.
Como con cualquier monopolio, puede gene-
rar precios elevados, que a su vez puede limitar
el acceso. El problema se agrava en el caso de los
fármacos, cuando las patentes confieren el mono-
polio de un bien público y de productos esenciales
necesarios para prevenir enfermedades o la muer-
te y mejorar la salud.
De acuerdo con el Trips, los requisitos de
patentabilidad que utilizan las oficinas nacionales
de propiedad intelectual exigen que un produc-
to o proceso de fabricación cumpla las condicio-
nes necesarias para conceder la protección de la
patente: novedad, resultado de una actividad in-
ventiva y con aplicación industrial (utilidad).
Estos tres elementos, sin embargo, no están de-
finidos en el Trips y los Estados miembros de la
OMC son libres de definir los tres criterios de
forma coherente con los objetivos de salud pública
definidos por cada país.
Hay consenso de que las patentes se otorgan
para proteger a los medicamentos nuevos median-
te la recompensa al esfuerzo de innovación. Sin
embargo, el número de patentes obtenidas anual-
mente para proteger verdaderamente a los pro-
ductos farmacéuticos nuevos es muy bajo y está
en descenso.
Por otra parte, de las miles de patentes que se
otorgan a productos farmacéuticos cada año, unas
pocas son para medicamentos nuevos, por ejem-
plo, para nuevas entidades moleculares.
Todo esto llevó a la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en colaboración con la Confe-
GERMÁNVELÁSQUEZ, ASESOR ESPECIAL EN SALUDY DESARROLLO DEL CENTRO DEL SUR,
CON SEDE EN GINEBRA, SUIZA/IPS
LAS PATENTES Y EL EXORBITANTE COSTO
DE LOS FÁRMACOS SALVAVIDAS

ARTÍCULO OPINIÓN
rencia de la Organización de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo, el Programa de
la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y el Centro Internacional para el Co-
mercio y el Desarrollo Sostenible, a desarrollar, en
2007, las pautas para el examen de las patentes
farmacéuticas desde una perspectiva de salud pú-
blica.
El objetivo de esas pautas era contribuir a la
mejora de la transparencia y la eficacia del siste-
ma de patentes para los productos farmacéuticos,
de manera que los países pudieran prestarle más
atención al examen de patentes y los procedimien-
tos de concesión, con el fin de evitar los efectos
negativos de hechos no relacionados con la inven-
ción en el acceso a los
medicamentos.
Se pueden identificar
cuatro principales pro-
blemas en el uso actual
del sistema de patentes
para proteger la inno-
vación farmacéutica: la
reducción de la innova-
ción, el alto precio de los
medicamentos, la falta
de transparencia en los
costos de investigación y
desarrollo, y la prolifera-
ción de las patentes.
Un estudio realiza-
do por la revista Prescrire
analizó los medicamen-
tos que se introdujeron al mercado francés entre
2006 y 2011 y concluyó que el número de medici-
nas que generaron un progreso terapéutico signi-
ficativo se redujo drásticamente, de 22 en 2006, a
15, 10, siete y cuatro, respectivamente, en los años
posteriores hasta 2011.
En ese último año, Prescrire concluyó que sólo
ingresó al mercado un medicamento de interés te-
rapéutico significativo. Dado que Francia es uno de
los mayores mercados farmacéuticos del mundo,
la reducción de la innovación confirmada en ese
país europeo es un buen indicador de la situación
internacional.
Oncólogos de 15 países denunciaron recien-
temente los precios excesivos de los tratamientos
contra el cáncer, e instaron a que prevalezcan las
implicaciones morales. Según ellos, de los 12 trata-
mientos anticancerígenos aprobados en 2012 por
la Administración de Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos, 11 cuestan más de 100 mil dó-
lares por paciente y por año.
Varias fuentes señalan que el costo promedio
de la investigación de un nuevo producto farma-
céutico pasó de 1 millón de dólares en 1950 a 2
mil 500 millones para el desarrollo de sólo un pro-
ducto.
En el verano boreal de 2014, varios países
europeos, entre ellos España y Francia, pasaron
muchos meses negociando con la empresa far-
macéutica estadunidense
Gilead por el precio de
un nuevo medicamento
para la hepatitis C, co-
nocido como Sovaldi.
Gilead había fijado un
precio de 56 mil euros
por paciente para un tra-
tamiento de 12 semanas,
equivalente a 666 euros
por comprimido. Se-
gún el diario francés Le
Monde, el precio de cada
comprimido era 280 ve-
ces superior al costo de
su producción. Se calcu-
la que en Francia existen
250 mil pacientes que
deben recibir este medicamento, cuyo costo ab-
sorbería 7 por ciento del presupuesto anual que el
Estado dedica a la medicina.
La aplicación de los requisitos de patentabilidad
en el caso de los medicamentos, debido a su di-
mensión de salud pública, se debe considerar con
más cuidado que en el caso de los productos
comerciales comunes o de lujo.
El primer paso, y el más importante, es aprove-
char la libertad que permite el Trips para definir
los tres requisitos de patentabilidad de tal manera
que no se pierda de vista el interés público a la
hora de difundir el conocimiento. (Traducción de
Álvaro Queiruga)
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
L
os científicos lo confirman sin la menor
duda: si no frenamos el cambio climático,
la temperatura media global aumentara
mucho más de lo aceptable, con tremendas con-
secuencias. Y un dictamen de la Agencia para la
Ciencia de Estados Unidos asegura que 2015 ha
sido un año récord en calentamiento global. Por
su parte, un estudio de la Universidad de Harvard
concluye que el nivel del mar subió 1.2 milímetros
anuales de 1901 a 1990, una de las peores conse-
cuencias del calentamiento. Mala noticia, aunque
parezca cifra pequeña, porque la subida del nivel
del mar en los últimos 20 años ha sido mucho ma-
yor que la prevista y eso
no es nada bueno.
Lo que sabemos
con certeza es que en
los últimos 2 mil años,
el mar y su tempera-
tura fueron estables.
Hasta la Revolución In-
dustrial del siglo XIX.
Entonces se disparó la emisión de dióxido de
carbono y subió el nivel del mar. Hoy, el Grupo
de Expertos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha calculado que en este siglo los
océanos subirán 44 centímetros de media sobre
los niveles de 1990. Y es mucho subir.
Un estudio reciente sobre consecuencias del
cambio climático, designado C3E, concluye que
el nivel del mar subirá en las costas españolas en
el siglo XXI, por ejemplo, de 60 a 80 centímetros
sobre la subida de 1986 a 2005. Así será si no se
reducen las emisiones de gases de efecto inverna-
dero. Según ese informe, la mayor subida de las
aguas será en los deltas del Ebro, Guadalquivir
y Guadiana y, si no se frena el cambio climático,
en 2050 las playas españolas habrán retrocedido
de 20 a 40 metros. Imaginemos lo que supondrá.
Además habrá habitualmente enormes oleajes y
fuertes vientos en puertos e infraestructuras cos-
teras españolas. La subida del mar, el aumento
del oleaje y los fuertes vientos promoverán vio-
lentas galernas y las inundaciones de costas serán
más frecuentes e intensas.
Los daños causados hasta ahora por las emisio-
nes de gases (subida del nivel del mar, mayor aci-
dez de los mares o de-
rretimiento de glacia-
res y hielos de los polos)
serán un problema cre-
ciente si no se toman ya
drásticas medidas para
reducir y frenar la emi-
sión de gases de efecto
invernadero. Según los
expertos de la ONU, de no poner remedio, la tem-
peratura aumentaría hasta 4.8 grados centígrados
para 2099, cuando el máximo aumento de tempe-
ratura global soportable calculado por la ciencia
es de 2 grados centígrados. ¿Dejaremos a nuestros
descendientes un mundo habitable?
El calentamiento es innegable, y desde 1950
muchos cambios en el clima no tienen preceden-
tes en siglos anteriores. La superficie de la Tierra
está mucho más caliente que en cualquier tiempo
antes de 1850 y cada una de las 3 últimas décadas
ha sido más cálida que la anterior mientras las
XAVIER CAÑO TAMAYO, PERIODISTAY ESCRITOR/CENTRO DE COLABORACIONES
SOLIDARIAS
APENAS QUEDA TIEMPO
PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Por falta de medidas, aumentan
los daños causados por las emisiones
de gases, como la subida del nivel del
mar y el derretimiento de glaciares
Por falta de medidas, aumentan
mar y el derretimiento de glaciares

ARTÍCULO OPINIÓN
olas de calor son cada vez más frecuentes, inten-
sas y duraderas.
Ante esta situación, la ONU promovió que los
países decidieran voluntariamente sus volúmenes
de reducción de gases de efecto invernadero. Pero
ha sido un fracaso y las reducciones de gases han
sido tan ridículas que vamos hacia un calenta-
miento global de 3 grados centígrados. Y 3 grados
centígrados de aumento es multiplicar por tres
veces y medio el cambio climático sufrido hasta
ahora según los mismos expertos. Más violentos
y enormes huracanes, más deshielo de glaciares y
hielos árticos y antárticos, gran subida del nivel del
mar, diluvios torrenciales y enormes sequías con
sus correspondientes grandes incendios.
Para frenar el cambio climático no hay otra
salida que reducir emisiones de gases de efecto
invernadero. Abandonar la energía con combus-
tibles fósiles y sustituirla por energías limpias y
renovables. Además de proteger los bosques, fre-
nando las talas industriales que reducen la masa
arbórea del planeta.
Todo esto abordará la 21 Conferencia de las
Partes (Cop 21), la convención de cambio climá-
tico de la ONU, en París, del 30 de noviembre
al 11 de diciembre. Ahí se deberían acordar me-
didas para reducir el 80 por ciento de emisiones
de gases de efecto invernadero para 2050. Para
que la temperatura global no supere los 2 grados
centígrados. Y eso significa que los estados de-
ben cambiar sus políticas energéticas y reducir
las energías contaminantes hasta eliminarlas. Sin
más excusas.
Hasta hoy, las presuntas medidas internacio-
nales contra el cambio climático han sido inúti-
les. Simplemente hay que reducir de verdad las
emisiones de gases de efecto invernadero hasta
acabar con ellos. No hay otra, porque ya no es
exagerado decir que nos jugamos el futuro. Y, de
hecho, el presente.
DAVIDMANRIQUE

INVESTIGACIÓN PORTADA
JUDICATURA
FEDERAL
MAZO
LIVIANO

INVESTIGACIÓNPORTADA
De 2013 a 2015, el
Consejo de la Judicatura
Federal ha sancionado
apenas a nueve
magistrados y 12 jueces.
Imposibilitada, de tocar
a los integrantes de la
Suprema Corte y del
Tribunal Electoral
S
i la eficiencia y honestidad del Poder Ju-
dicial de la Federación se midiera por las
sanciones que impone a sus servidores y
por la “gravedad” admitida de los actos que de-
rivaron en dichos castigos, en lo que va del ac-
tual sexenio el Consejo de la Judicatura Federal
(CJF) podría asegurar que todo está razonable-
mente bien, que pocos son los magistrados y
jueces que cometen alguna falta, y que si ésta se
diera lo más probable es que sería leve.
Lo anterior se desprende del desplome de ac-
ciones disciplinarias llevadas a cabo durante el
actual sexenio por parte de la Secretaría Ejecu-
tiva de Disciplina del CJF –encargada oficial-
mente de vigilar y castigar a los responsables de
impartir justicia –y a quienes los rodean en tal
tarea.
De acuerdo con datos hechos públicos por la
propia Judicatura y respuestas a solicitudes de ac-
ceso a la información presentadas por Contralí-
MAURICIO ROMERO, @mauricio_contra
CECILIAMARTÍNEZY123RF

nea, se observa que mientras en 2013 se impusie-
ron 46 sanciones, en 2014 bajaron a 10, y de ene-
ro a octubre de 2015 se dieron solamente siete.
En sus primeros 16 años (de 1995 a 2011),
el Consejo de la Judicatura sancionó a 1 mil 35
servidores públicos del Poder Judicial de la Fede-
ración, de los cuales 251 eran magistrados de cir-
cuito y 376 jueces de distrito (Contralínea 270).
La mayoría de los
años se presentaron en-
tre 40 y 50 sanciones,
incluso hubo en los que
el número de castigos re-
basó los 80 (2002 y 2004,
82; 2003, 86; 2001, 88) y
los 60 (1997 y 2002, 64;
2000, 69).
La “misión” de la Se-
cretaría Ejecutiva de Dis-
ciplina es actuar para “ga-
rantizar la imparcialidad
y honestidad de los servi-
dores públicos integran-
tes del Poder Judicial de la Federación”. Pero no
de todos, pues sólo tiene atribuciones para ac-
tuar contra “servidores públicos y empleados de
tribunales de circuito y juzgados de distrito”. Es
decir que los integrantes de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) tanto como los
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) –ministros y magistrados
incluidos, por supuesto– son intocables para el
mayor órgano de vigilancia judicial del país.
La Secretaría de Disciplina tramita los pro-
cedimientos administrativos. Pero éstos normal-
mente llevan no meses, sino años en resolverse.
Así, cuando deciden que los funcionarios deben
ser amonestados o recibir apercibimientos públi-
cos, a los testigos del acto les tienen que recordar
el motivo de la puesta en escena,pues los hechos se
dieron años atrás,e incluso el aludido pudo haber
escalado un peldaño más en su carrera judicial.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos,
las sanciones de las que pueden ser sujetos los
servidores del PJF son el apercibimiento (públi-
co o privado), la amonestación (también pública
o privada), sanción económica, suspensión, des-
titución del puesto e “inhabilitación temporal
para desempeñar empleos, cargos o comisiones
de servicio público”.
En un contexto en el que narcotraficantes
como Rafael Caro Quintero salió de prisión
por mandato y firma de juzgadores o en el que
permanecen encarceladas
decenas de personas por
motivos políticos por de-
cisión –explícita o no– de
los impartidores de justi-
cia, el CJF se ha concen-
trado en casos menores
relacionados con el per-
sonal del Poder Judicial.
Incluso jueces y ma-
gistrados son investigados
por la Procuraduría Ge-
neral de la República, por
la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público,por el Centro
de Investigación y Seguridad Nacional o por la
propia Suprema Corte, y no por la Judicatura.
El Índice de impunidad global estima que Mé-
xico es el segundo país más impune entre los 59
investigados y enlistados. Filipinas y Colombia
completan el podio con el primero y tercer lugar,
respectivamente. La impunidad en México es
generalizada, ha sentenciado la Organización de
las Naciones Unidas.
No obstante que gran parte de la carga de ello
recae en el sistema judicial, según la Judicatura
la mayoría de las faltas cometidas por los servi-
dores públicos adscritos a órganos jurisdicciona-
les (juzgados de Distrito, tribunales Unitarios y
tribunales Colegiados) sólo son “graves”. Así lo
ha determinado el mazo de la Comisión de Dis-
ciplina y del propio Pleno del CJF, presidido por
el ministro presidente de la Corte, Luis María
Aguilar Morales.
Los casos
Durante 2015 (de enero al 20 de octubre),
Mientras decrecen
las sanciones contra
jueces y magistrados,
narcotraficantes como
Caro Quintero salen de
prisión por mandato y
firma de juzgadoresfirma de juzgadores

cuatro magistrados de circuito han sido sancio-
nados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Pero ninguno de los castigos pasó del apercibi-
miento privado:
A José Saturnino Suero Alva y Alfonso Or-
tiz Díaz, ambos del Segundo Tribunal Colegia-
do en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo
Circuito con residencia en Boca del Río, Vera-
cruz, se les recriminó su “falta de profesionalis-
mo”; María Elena Leguízamo Ferrer, del Sexto
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito, incumplió “una disposición legal rela-
cionada con el servicio público”, mismo motivo
por el cual Roberto Lara Hernández, del Sexto
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito, también fue regañado a puerta cerrada.
En los primeros 10 meses de Luis María
Aguilar Morales como presidente de la Judica-
tura Federal solamente un juez de distrito, Ro-
berto Antonio Domínguez Muñoz, del Juzga-
do Cuarto de Distrito en Materia de Procesos
Penales Federales de Toluca, Estado de México,
sintió el rigor de un “apercibimiento privado”
por “incumplir una disposición legal relacionada
con el servicio público”(solicitud de información
440415). Por este ambiguo motivo muchos han
sido marcados en sus hojas de servicios.
La mayor sanción durante 2015 la recibió un
secretario de tribunal: Jairo Hernández Garibay,
del Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Cir-
cuito, con residencia en San Luis Potosí, quien
fue suspendido debido a que “no observó buena
conducta en su empleo y falta de respeto”. Por
su parte, José Refugio López Garduza, del mul-
tisancionado Segundo Tribunal Colegiado en
Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Cir-
cuito con residencia en Boca del Río, recibió un
“apercibimiento privado” por su “falta de profe-
sionalismo” (solicitud de información 440815).
2014, cuando el mazo se
guardó
En 2014 sólo hubo 10 sancionados. Ninguno
era magistrado de circuito; ninguna falta se con-
sideró como grave. Cuatro de ellos eran jueces

cibió un apercibimiento privado por su “falta de
profesionalismo” (2/2011).
2013, último año normal
En 2013 hubo 46 sancionados, cinco de ellos
magistrados de Circuito:
Carlos Nicéforo Adolfo Olea Peñaflores, del
Segundo Tribunal Unitario con residencia en
Matamoros, Tamaulipas, recibió un “apercibi-
miento privado” por “incumplir una disposición
legal relacionada con el servicio público”, algo
no grave (27/2012); Claudio Pérez Hernández,
miembro del Segundo Tribunal Unitario de
Monterrey, también escuchó un “apercibimien-
to privado” debido a una queja por su “falta de
profesionalismo”, tampoco nada grave, según el
CJF (427/2012); también por “falta de profesio-
de Distrito: Guillermo Baltazar y Jiménez, del
Juzgado Tercero de Aguascalientes, fue amones-
tado públicamente por “incumplir una disposi-
ción legal relacionada con el servicio público”, lo
cual es considerado como “no grave”(expediente
39/2012); José Luis Gómez Martínez, del Juz-
gado Octavo de Oaxaca, otorgó “nombramien-
tos indebidos” y sólo recibió un “apercibimiento
privado”, algo que tampoco es grave (22/2012);
Juan Antonio Trejo Espinoza, del Juzgado Oc-
tavo con residencia en Tijuana, también recibió
un apercibimiento privado por “incumplir una
disposición legal relacionada con el servicio pú-
blico” (26/2012), y Rodolfo Pedraza Longi, del
Juzgado Cuarto de Distrito de Querétaro, reci-
bió una amonestación pública por su “deficiencia
en el servicio encomendado” (28/2012).
La secretaria del Juzgado Sexto de Distrito
con residencia en San Andrés Cholula, Puebla,
Hazel Luz Idalia Mier Arriaga fue denunciada
y sancionada con un apercibimiento privado,
“por falta de profesionalismo y dejar de cum-
plir debidamente el servicio público que tiene
encomendado”, algo no grave (2/2011); por su
parte, Juan Alfredo Camacho Ibarra, secretario
del Juzgado Octavo de Tijuana, también sufrió
un apercibimiento –éste público– por “incumplir
una disposición legal relacionada con el servicio
público”, hecho tampoco considerado como gra-
ve (26/2012).
La actuaria judicial Sofía Rubio Pulido, del
Tribunal Colegiado con residencia en Tlaxcala,
fue suspendida 15 días por “falta de profesiona-
lismo”, lo cual tampoco es grave (97/2013).
Gustavo Sánchez Aguirre, oficial adminis-
trativo del Primer Tribunal Colegiado en Ma-
teria Penal y Administrativa con Residencia en
Acapulco, Guerrero, escuchó una amonestación
privada porque “no observó buena conducta en
su cargo”, algo tampoco grave (6/2013); otra
amonestación pública,por no custodiar ni cuidar
“la documentación e información que por razón
de su cargo” debió conservar bajo su cuidado, la
recibió Itzpapalotl Murillón Duarte, lo cual no
es grave (142/2011); Yeny Figueroa Cortez, ofi-
cial administrativo del Juzgado Sexto de Distrito
correspondiente a San Andrés Cholula, sólo re-
Los ministros de la Suprema Corte, excluidos de la vigilancia

SANDRAPERDOMO/CUARTOSCURO
nalismo”, Edna María Navarro García, magis-
trada del Sexto Tribunal Unitario de Tijuana,
recibió una “amonestación pública”, pero su falta
tampoco fue considerada como grave (10/2010);
el trabajo de Javier Pons Licéaga, del Primer
Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Tra-
bajo con residencia en Guanajuato, tenía una
“leve” característica: “falta de profesionalismo y
deficiencia en el servicio encomendado”, y por
esa razón recibió un “apercibimiento público”
(97/2011); Juan Vilchiz Sierra, colega de Pons
Licéaga, lo acompañó en el mismo castigo por
idéntico motivo.
A ocho jueces de Distrito les cayó el peso li-
viano de las decisiones de la Secretaría Ejecutiva
de Disciplina, aunque éstos tuvieran ante-
cedentes:
Alberto Ramírez Ruiz, del Juzgado Segun-
do de Distrito de Acapulco, incumplió “una
disposición legal relacionada con el servicio
público”, nada grave, por lo que se le dio un
“apercibimiento privado” (40/2012); Griselda
Sáenz Horta, del Juzgado Cuarto de Distrito
de Cuernavaca, Morelos, recibió la misma san-
ción por la misma razón (11/2012); por “falta
de profesionalismo”, falta difícilmente grave en
su caso, a Ignacio Manuel Cal y Mayor García,
del Juzgado Primero de Distrito de Tlaxcala, le
tocó aguantar un “apercibimiento público” des-
pués de 3 años de proceso (827/2010),a pesar de
haber tenido antecedentes de “incumplimiento
de máxima diligencia del servicio encomendado”
(34/2007), de “notorio descuido” (27/2000 y su
acumulado 28/2000) y de “incumplir disposicio-
nes jurídicas relacionadas con el servicio público”
(12/2001); Jacinto Figueroa Salmorán, del Juz-
gado Décimo Primero de Distrito de Amparo
en Materia Penal en el Distrito Federal, recibió
una “amonestación pública” por también “in-
cumplir una disposición legal relacionada con el
servicio público” (no grave, 35/2012), el Pleno
consideró que incumplió “con disposiciones ju-
rídicas relacionadas con el servicio público”, y no
fue la única vez (599/2004, 78/2012 y 49/2012,
“falta mayor a la mínima”); el juez Jaime Arturo
Garzón Orozco, del Juzgado Tercero de Distrito
en Materia Penal de Puente Grande,sólo recibió
un “apercibimiento privado” por el mismo mo-
tivo oficial (24/2012); por lo mismo, incumplir
“con disposiciones jurídicas relacionadas con el
servicio público”, Jesús Salvador Frausto Maca-
reno, del Juzgado Quinto de Distrito en Mate-
ria Penal de Monterrey, Nuevo León, recibió un
“apercibimiento privado” (44/2012); Juan Ma-
nuel Díaz Núñez, del Juzgado Sexto de Distrito
de Acapulco, cuya falta también fue catalogada
como incumplimiento “de una disposición legal
relacionada con el servicio público”, fue castiga-
do con un “apercibimiento privado” (53/2012);
María Soledad Rodríguez González, adscrita al
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Traba-
jo en el Distrito Federal fue apercibida de manera
privada por “incumplir una disposición legal re-
lacionada con el servicio público” (9/2012).
A su vez, tres secretarios de tribunal fueron

castigados en 2013: Carlos Alberto Villareal
Salgado, del Primer Tribunal Colegiado en Ma-
terias Civil y de Trabajo con residencia en Gua-
najuato,recibió una amonestación pública por su
“falta de profesionalismo y deficiencia en el ser-
vicio encomendado” (97/2011); Claudia Valeria
Dávila Montero, del Segundo Tribunal Colegia-
do en Materia Civil de Toluca, fue suspendida
3 meses porque “no preservó la dignidad propia
de la función judicial en el desempeño de sus
labores”, aunque llamativa, es otra falta conside-
rada como “no grave” (169/2011); Hilda Sandra
Sainz Rendón, del Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa de San Andrés Cho-
lula, fue suspendida 1 año por “falta de profesio-
nalismo”, caso considerado como el único “gra-
ve” en lo que va del sexenio (286/2012).
Once secretarios de juzgado también fueron
sancionados: Alejandra Ugalde Pérez, del Juzga-
do Noveno de Tampico, Tamaulipas, fue inha-
bilitada durante 3 meses porque “no custodió ni
cuidó la documentación e información que por
razón de su cargo conserva”, algo tampoco grave
(67/2011); Ángel Aristeo Granados González,
del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Coat-
zacoalcos, Veracruz, sólo recibió una “amonesta-
ción privada”por “falta de profesionalismo y defi-
ciencia en el servicio encomendado” (144/2011);
Aracely Verástegui Zamarripa, del Juzgado Pri-
mero de Distrito en Materia Penal en Monte-
rrey, sufrió uno de los castigos que la Secretaría
Ejecutiva de Disciplina haya impuesto en casi
3 años: la destitución por un “notorio descuido”
(252/2012); en el caso Artemisa Venus Fernán-
dez Ángel, del Juzgado Primero de Distrito de
Tlaxcala, el pleno tardó casi 3 años en decidir
CUARTOSCURO
Por ley, los magistrados electorales no son sujetos de supervisión por parte de la Judicatura

darle un “apercibimiento privado”por su “falta de
profesionalismo” (827/2010); Héctor Alejandro
Villafuerte Domínguez, del Juzgado Séptimo
de Distrito con residencia en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, escuchó también un “apercibimiento
privado” por el mismo motivo (50/2013); a José
de los Ángeles Martín Balán, del Juzgado Se-
gundo de Distrito de San Francisco Campeche,
le tocó una “amonestación pública”por “deficien-
cia en el servicio encomendado” (1166/2011); el
de Jesús Federico Rojas Pesquera, también del
Juzgado Primero de Distrito de Tlaxcala, fue un
“apercibimiento privado” por su “falta de profe-
sionalismo” (827/2010); Juan Carlos Méndez
Moreno,del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito
de Coatzacoalcos, recibió una “amonestación pú-
blica” no sólo por la “falta de profesionalismo”,
sino también por la mul-
ticitada “deficiencia en
el servicio encomendado”
(144/2011); por un “no-
torio descuido”, Mario
Gabriel Padilla García,
del Juzgado Quinto de
Distrito en Materia Ad-
ministrativa en el Distrito
Federal (396/2012) fue
apercibido públicamente.
El caso del secretario
del Juzgado Segundo de
Distrito en Culiacán, Si-
naloa, Juan Carlos Rin-
cón Amador, se distingue entre todos: en 2010,
el Pleno de la Judicatura decidió inhabilitarlo 15
años, además de imponerle una “sanción econó-
mica”, por haber dispuesto “de numerario para
su beneficio”, falta que a la vez fue considerada
tanto como “grave” como “no grave” (93/2009).
Tres años después,el 15 de enero de 2013,la Co-
misión Disciplinaria agregó una inhabilitación al
de por sí inhabilitado Rincón Amador, ahora por
3 años y 11 meses, que tendrá efectos hasta 2026
y con vigencia hasta 2030, más 37 mil 425 pesos
de multa; el motivo: haber “obtenido beneficios
adicionales a las contraprestaciones comproba-
bles que el Estado otorga por desempeño de sus
funciones y deficiencia en el servicio encomen-
dado”(104/2011).
Los actuarios judiciales Alejandra Pinzón
Lara (“apercibimiento público”, 160/2012), Ali-
cia Guadalupe Chávez Beltrán (“amonestación
privada”, 299/2011), Claudia Vanesa Soto Hui-
trón (“amonestación pública”, 56/2012), Daniel
González Lara (suspensión de 3 días, 32/2012),
Guadalupe Robles Montes de Oca (“amonesta-
ción pública”, 266/2012), Héctor Rafael Rodrí-
guez Estrella (suspensión de 30 días, 87/2011),
Jorge Armando Meneses Gutiérrez (“amones-
tación pública”, 110/2011), Juan Édgar Mejía
Martínez (“amonestación pública”, 266/2012),
Julián Eduardo Samos Méndez (“inhabilitación”
por 3 meses, 125/2010) y María Eugenia Nava-
rro Farías (“amonestación pública”, 109/2011)
también fueron tocados por la Secretaría Ejecuti-
va de Disciplina.
Los oficiales admi-
nistrativos: Juan Manuel
Tourlay Guerrero, del
Juzgado Quinto de Dis-
trito en Materia de Am-
paro y Juicios Federales
de Toluca, fue inhabili-
tado 1 año por “falta de
respeto y rectitud” que es
considerada como “gra-
ve” (1770/2011); Karina
Anahí Sánchez Martínez,
del Juzgado Séptimo de
Distrito en Tuxtla Gu-
tiérrez, por su “falta de profesionalismo”, aunque
considerada como “no grave”, fue inhabilitada 5
meses (83/2011); por su parte Elías Isaac Bama-
ca Hernández fue destituido del cargo por “in-
cumplir una disposición legal relacionada con el
servicio público” (19/2012). Cinco oficiales más
sólo recibieron apercibimientos públicos y/o pri-
vados.
A través de la oficina de Comunicación So-
cial de la Judicatura, a cargo de Jorge Camargo,
Contralínea solicitó entrevistar al consejero de la
Judicatura Alfonso Pérez Daza,a cuyo cargo está
la Comisión de Disciplina. Sin embargo, hasta
el cierre de edición editorial no se recibió res-
puesta.
“Obtener beneﬁcios
adicionales a las
contraprestaciones
comprobables que el
Estado otorga por sus
funciones”, la falta grave
de Rincón Amadorde Rincón Amador

SOMETIDO
AL EJECUTIVO
PODER JUDICAL

E
l análisis cuantitativo y cualitativo de un
procedimiento específico –el incidente de
inejecución de sentencia– demuestra que
la independencia y autonomía del Poder Judicial
resulta especialmente débil cuando analiza casos
en los que se involucra al Poder Ejecutivo federal.
Con los datos originales expuestos por esta in-
vestigación se muestra que las y los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
no se atreven a frenar los continuos desacatos en
que incurre el Poder Ejecutivo federal.
Camino tortuoso para
el cumplimiento de
sentencias
Cuando una autoridad pierde un juicio de am-
paro, es difícil para el gobernado lograr el cum-
plimiento de la sentencia. Si la autoridad decide
Los funcionarios del Poder
Ejecutivo fácilmente burlan
las disposiciones emitidas
por jueces, magistrados y
ministros. De 1996 a 2014
se registran más de 15 mil
incidentes de inejecución,
pero sólo 15 servidores
(el 0.1 por ciento) fueron
consignados por desacato y
separados de sus cargos
NETZAÍ SANDOVAL BALLESTEROS*

Ante la gravedad de la consecuencia de la
inejecución de las sentencias y en un ambiente
político en el que el Poder Ejecutivo tenía una in-
mensa preeminencia sobre los otros órganos del
Estado,la jurisprudencia de la SCJN fue incorpo-
rando un requisito indispensable: que el incum-
plimiento de la sentencia resultara “inexcusable”
o contumaz. Esto permitió evitar que las autori-
dades administrativas fueran destituidas y con-
signadas penalmente por ignorar las decisiones
del Poder Judicial.
Incluso las propias resoluciones del Pleno de
la SCJN calificaban como “severas” las conse-
cuencias de la inejecución de las sentencias de
amparo,es decir,la destitución y la consignación
penal del responsable.
Las dificultades para obtener el cumplimien-
to de una sentencia de amparo en México son
evidentes y ofensivas. De acuerdo con la Ley de
Amparo (artículo 105) y la jurisprudencia, antes
de proceder a abrir un incidente de inejecución
de sentencia (competencia de la SCJN) el juez
de Distrito debe agotar una serie de
diligencias que consisten en rogar a
la autoridad responsable o a sus su-
periores que acaten el fallo, y sola-
mente cuando estos requerimientos
sean totalmente ignorados, enton-
ces puede el juez de Distrito enviar
el asunto a un Tribunal Colegiado
de Circuito.
Después de que el Tribunal Co-
legiado de Circuito realiza nuevas
diligencias para suplicar a las au-
toridades administrativas que obe-
dezcan al juez federal, entonces en-
vía el caso a la SCJN.
Pero además, no basta con pro-
bar que la autoridad responsable
ignoró la sentencia del juez. Toda-
vía se tiene que decidir si el incum-
plimiento es contumaz o existe al-
guna excusa “razonable”. La SCJN
no puede separar de su cargo a un
funcionario por ignorar a los jueces
sin antes realizar un segundo juicio
en el que evalúa si existe el requi-
ignorar al juez federal,tiene varios años a su dispo-
sición antes de que se tomen medidas reales para
forzarla a obedecer.
Año con año, alrededor de un 30 por ciento
de los casos en la SCJN son “incidentes de ineje-
cución”. Los demás asuntos, ya sean amparos di-
rectos en revisión, amparos indirectos en revisión,
controversias constitucionales,acciones de incons-
titucionalidad, etcétera, son menores en cantidad
(ver gráficas 1, 2 y 3).
Estos datos demuestran que la principal labor
del máximo tribunal –antes que resolver litigios o
proteger la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos– es intentar que las autorida-
des obedezcan los mandatos de los jueces.
La Ley de Amparo señala que en el caso de que
se ignoren las decisiones de los jueces federales se
debería separar del cargo y consignar al respon-
sable para que sea sancionado conforme al delito
de abuso de autoridad. Pero antes de que ello sea
posible hay muchos procedimientos intermedios
que toman años de trámites y deliberaciones.

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