Contralínea 474

Año 14 • Número 474 • $30
Del 8 al 14 de febrero de 2016
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

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Su Santidad Francisco,
máximo jerarca de la Iglesia
Apostólica y Romana; jefe
de Estado de la Ciudad del
Vaticano:
Las organizaciones
firmantes que trabajamos
en México nos dirigimos a
usted con el fin de solicitarle
respetuosamente que en
los encuentros oficiales de
su próxima visita al país se
refiera a la alarmante situa-
ción por la que atraviesa
México en materia de dere-
chos humanos.
El año pasado, el Alto
Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos y la Comisión
Interamericana de Dere-
chos Humanos realizaron
visitas in loco al país. Ambos
organismos internacionales
constataron la grave crisis
de derechos humanos que
vive México y coincidieron
en que la situación extrema
de inseguridad, violencia e
impunidad, y las alarmantes
cifras de personas asesina-
das, desaparecidas, despla-
zadas y torturadas, para un
país que no se encuentra
en medio de un conflicto
armado reconocido, resulta
impactante.
Tan sólo de diciembre
de 2006 a diciembre de
2014 se registraron 4 mil 55
denuncias por tortura ante
la Procuraduría General de
la República; de las cuales,
1 mil 273 corresponden a
denuncias contra militares.
De igual forma, se tienen
oficialmente contabilizados
27 mil 638 casos de desa-
parición de personas, mu-
chos de los cuales han sido
cometidos por funcionarios
públicos en el contexto de la
actual política de seguridad.
A estos casos recientes se
deben sumar los 797 casos
documentados de desapa-
rición forzada durante la
llamada Guerra Sucia que
no han sido esclarecidos ni
sancionados.
Asimismo, en lo que
va de la presente adminis-
tración, sólo por nombrar
algunos ejemplos, 22 perso-
nas fueron ejecutadas arbi-
trariamente por elementos
militares en el Estado de
México; 43 jóvenes estu-
diantes en el estado de Gue-
rrero fueron desaparecidos
forzadamente sin que a la
fecha se cuente con inves-
tigaciones concluyentes ni
satisfactorias sobre la suerte
y paradero de las víctimas
ni, mucho menos, sobre la
responsabilidad penal de los
responsables; 17 periodistas
han sido asesinados por su
labor periodística y el año
pasado México ocupó el
segundo lugar en América
Latina por crímenes de odio
por homofobia al registrar
1 mil 218 asesinatos homo-
fóbicos entre 1995 y 2014,
habiéndose registrado 247
homicidios contra personas
de la comunidad lésbico,
gay, bisexual, transexual,
travesti y transgénero en
lo que va del sexenio. De
manera preocupante, cinco
municipios del país se en-
cuentran dentro de las 50
ciudades más violentas por
homicidios a nivel interna-
cional.
En Michoacán, entidad
que usted tendrá oportu-
nidad de visitar, tan sólo el
año pasado fueron asesi-
nados al menos 50 civiles a
manos de la Policía Federal
en los municipios de Apat-
zingán y Tanhuato, y un
niño de 12 años fue arbitra-
riamente privado de su vida
por elementos militares en
la localidad de Ostula en un
enfrentamiento armado.
En el Estado de Mé-
xico, entidad que también
visitará, se han registrado
niveles alarmantes de vio-
lencia contra las mujeres.
Pese a la falta de cifras
específicas disponibles sobre
la violencia que padecen
las mujeres en la entidad,
en 2014 se registraron 27
feminicidios en once muni-
cipios del estado y en 2015,
hasta el mes de agosto, se
registraron 19. En Ecate-
pec, uno de los municipios
con los índices de violencia
más preocupantes, en 2014
se encontraron 7 mil restos
óseos en un canal de aproxi-
madamente 19 kilómetros;
16 cadáveres correspondie-
ron a mujeres.
De manera similar, en
Chihuahua, uno de los es-
tados que más ha resultado
afectado por la violencia ge-
nerada por la guerra contra
las drogas, 2 mil 361 mu-
jeres han sido víctimas de
feminicidio en los últimos
20 años. Hasta el momento,
no existen sentencias signifi-
cativas que envíen un men-
saje a la sociedad que esos
delitos no son aceptables en
México. Asimismo, se han
hecho evidentes desplaza-
mientos forzados de familias
enteras obligadas a huir de
TEMAS EN LA AGENDA DEL
PAPA EN MÉXICO
DERECHOS HUMANOS Y VÍCTIMAS

4 8 de febrero de 2016
sus hogares de origen. En Ciu-
dad Juárez y sus alrededores, se
estima que 254 mil 426 perso-
nas dejaron sus hogares a causa
de la violencia en el periodo de
2007 a 2011; el 41 por ciento
de ellas cruzaron hacia Estados
Unidos. Pese a la falta de una
cuantificación y dimensión por
parte del Estado mexicano de
esta tragedia de carácter hu-
manitario, en el transcurso del
2015 se registraron en el estado
tres eventos de desplazamiento
forzado de al menos 560 fami-
lias que decidieron abandonar
sus hogares a causa de la fuerte
prevalencia de delitos como
homicidios, extorsiones, secues-
tros, así como de violaciones a
derechos humanos.
El desplazamiento interno
forzado a causa de la violencia
es un problema que afecta de
manera preocupante a todo el
país, con una estimación de 287
mil 358 personas desplazadas
al interior de la República, sin
que exista política o institución
alguna que dé respuesta a las
víctimas para garantizar de
manera integral sus derechos
humanos.
En Chiapas, desde el con-
flicto armado interno en el esta-
do en 1994, se estima que al día
de hoy, más de 30 mil personas
se encuentran en condición de
desplazamiento interno forzado
prolongado. Aunado a esto, los
altos índices de extrema pobre-
za y marginación en la entidad,
han sido utilizados como un
instrumento de represión y
manipulación por parte del
gobierno del estado, el cual, sin
una política pública integral, ha
implementado medidas paliati-
vas para lucrar con la pobreza
de la población e incentivar
estructuras clientelares y serviles
a favor de su partido político.
Asimismo, como parte de
los diálogos que sostendrá en
encuentros oficiales en relación
al cuidado del medio ambien-
te, la paz y la seguridad, le
invitamos a que en su agenda
no se omitan los derechos
económicos, sociales, cultura-
les y ambientales, incluyendo
los derechos colectivos de los
pueblos indígenas a la tierra, el
territorio, recursos naturales, así
como a decidir sobre sus formas
de organización. Se trata de
derechos que son sistemática-
mente vulnerados en las entida-
des que visitará, y que a lo largo
y ancho del país afecta a cientos
de comunidades, producto de
una política económica basada
en el extractivismo que se ha
visto materializada en las llama-
das “reformas estructurales” del
presidente Enrique Peña Nieto.
Los megaproyectos basados
en la minería, agroindustria,
represas, entre otros, sumados
a la corrupción endémica en
la que se priorizan los negocios
de los gobernantes y sus aliados
empresariales, han impulsado
estrategias de despojo, así como
de intimidación y criminaliza-
ción contra las comunidades y
las personas que las defienden.
Por otro lado, la población
migrante en tránsito y solicitan-
te de asilo ha sido por demás
vulnerada en sus derechos por
parte de autoridades y funcio-
narios que participan en even-
tos de detención o por parte de
grupos del crimen organizado
en complicidad con las auto-
ridades. Las denuncias que
organizaciones de migrantes
venían haciendo desde el 2004,
culminaron con la masacre de
72 personas en San Fernando,
Tamaulipas, en el 2010, seguida
de la aparición de fosas clandes-
tinas en los estados de Tamauli-
pas y Durango en abril del 2011
y posteriormente el hallazgo de
49 torsos de cuerpos humanos
en el municipio de Cadereyta,
Nuevo León. Esto, sumado a
los más de 20 mil casos de se-
cuestro documentados por 10
albergues de migrantes en 2009
en conjunto con la Comisión
Nacional de los Derechos Hu-
manos.
Pese a diversos señala-
mientos en los últimos 6 años
por parte de organismos in-
ternacionales sobre el carácter
generalizado de la violencia e
impunidad y la falta de garan-
tías para la exigibilidad de los
derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, la
postura del gobierno mexicano,
particularmente en la presente
administración, ha consistido
en minimizar y señalar los casos
de graves violaciones a derechos
humanos como hechos aislados.
Además, se han emprendido
o tolerado campañas de des-
prestigio en contra de las y los
titulares de mecanismos inter-
nacionales de derechos huma-
nos, como se hizo en contra del
Relator Especial de Naciones
Unidas sobre tortura, el señor
Juan Méndez, quien evidenció
el carácter generalizado de la
tortura en México, del Comité
de Naciones Unidas en contra
la Desaparición Forzada de
Personas o en contra del Grupo
Interdisciplinario de Experto
Independientes (GIEI) designa-
do por la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos
para el caso de Ayotzinapa,
el cual, por si fuera poco, ha
auxiliado a enderezar el rumbo
de las investigaciones de la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica en torno a la desaparición
de los 43 jóvenes estudiantes de
Guerrero.
Asimismo, la política de
invitación abierta y permanente
a mecanismos internacionales
de derechos humanos que ha-
bía mantenido México, está en
franco retroceso ante la eviden-
te dilación y falta de respuesta
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores para confirmar las
fechas de las visitas al país de
los Relatores de la situación de
las y los defensores de derechos
humanos y de desplazamiento
interno forzado, ambos de la
Organización de las Naciones
Unidas.
De igual manera, usted
debe tener presente que el Esta-
do mexicano se niega a aceptar
la responsabilidad que han
tenido el Ejército y la Marina
en la comisión de graves vio-
laciones a derechos humanos.
Por el contrario, se ha fortaleci-
do la presencia de las Fuerzas
Armadas del país en tareas de
seguridad pública, funciones
propias de la policía civil tal
como lo ordena la Constitución
Mexicana.
Para nosotras es muy im-
portante, dado el altísimo nú-
mero de víctimas de violaciones
a derechos humanos, que la
agenda de su visita considere
a esas víctimas, muchas de las
cuales requieren del reconoci-
miento y respaldo internacional
ante la absoluta indolencia del
Estado mexicano.
Las organizaciones que
suscribimos esta carta, recono-
cemos la labor de la Santa Sede
en la promoción del derecho
humanitario internacional,
así como por la defensa de
la dignidad humana durante
los conflictos armados y en
tiempos de paz, por lo que
confiamos en que, no solo su
mensaje espiritual, sino su soli-
daridad internacional hacia las
víctimas, ayudará a que no se
pierda fe en la paz y la justicia
en nuestro país.
Agradecemos de antemano
su amable atención y aprove-
chamos para expresarle nues-
tras más altas y distinguidas
consideraciones.
Atentamente,
Asistencia Legal por los
Derechos Humanos,AC;
Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y
Víctimas deViolaciones a los
Derechos Humanos en México
Afadem-Fedefam; Casa del
Migrante de Saltillo Frontera
con Justicia,AC; Católicas por el
Derecho a Decidir; Centro de
Derechos Humanos Fray Fran-
cisco deVitoria OP,AC; Centro
de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez; Centro de
Derechos Humanos de las
Mujeres; Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de
Las Casas,AC; Centro de Dere-
chos Humanos Paso del Norte;
NUESTROS LECTORESOPINIÓN

NUESTROS LECTORES OPINIÓN
Centro de Derechos Humanos
Zeferino Ladrillero; Centro de
Justicia para la Paz y el Desarro-
llo,AC; Centro Diocesano para
los Derechos Humanos Fray
Juan de Larios,AC; Centro Mexi-
cano de Derecho Ambiental,AC
(Cemda); Ciudadanos en Apoyo
a los Derechos Humanos,AC
(CADHAC); Colectivo Contra
laTortura y la Impunidad; Co-
misión Ciudadana de Derechos
Humanos del Noroeste,AC;
Comisión Independiente de
Derechos Humanos de More-
los,AC; Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos; Comité
de Defensa Integral de Dere-
chos Humanos Gobixha,AC;
Desarrollo, Educación y Cultura
Autogestionarios Equipo Pueblo,
AC; Iniciativas para el Desarrollo
de la Mujer Oaxaqueña; Docu-
menta,Análisis y Acción para la
Justicia Social,AC; EQUIS Justicia
para las Mujeres; Freedom Hou-
se; Fundar, Centro de Análisis e
Investigación,AC; Idheas, Litigio
Estratégico en Derechos Hu-
manos,AC; Indignación; Iniciativa
Ciudadana y Desarrollo Social;
Instituto de Justicia Procesa
Penal; Instituto Mexicano de
Derechos Humanos y Demo-
cracia,AC; Red Mesa de Mujeres
de Ciudad Juárez,AC; Servicios
y Asesoría para la Paz,AC (Sera-
paz); Sin Fronteras, IAP; Servicios
para una Educación Alternativa,
AC; y Red Nacional de Organis-
mos Civiles de Derechos Hu-
manosTodos los Derechos para
Todas yTodos (conformada por
79 organizaciones en 21 estados
de la República mexicana)
Complicidades
trasatlánticas
Interesante el artículo “La
doble justicia mexicana”.
Intercambio de impunidades:
allá en España arropan al
cártel priísta y acá a la empresa
OHL y demás. Linda justi-
cia…
Yamil Pineda
Juicios laborales,
viacrucis para
trabajadores
Felicito por el artículo “Refor-
ma laboral a 4 años, ningún
beneficio a trabajadores”. Sí
existe corrupción en todas las
juntas de Conciliación y Arbi-
traje de México.
El momento clave de la co-
rrupción en un juicio laboral
es cuando el patrón miente en
la audiencia de ofrecimiento
y admisión de pruebas. Desde
aquí parte e inicia la negligen-
cia y la corrupción dentro de
un juicio laboral.
El no apercibir a las partes
en un juicio es la causa de que
los juicios duren 5 o 7 años; y
esto es injusto para un trabaja-
dor que presentó una demanda
laboral en forma justa y legal
solicitando el auxilio de una
autoridad. Y luego, para que
resulte que esta misma autori-
dad se corrompa y se someta a
las falsedades, las mentiras y los
intereses corruptos del patrón.
Las demandas laborales
también deben de hacerse
bajo protesta de decir verdad.
El que no quiera actuar con
transparencia en un juico
laboral es porque realmente
quiere actuar ilegalmente para
causar daños y perjuicios. El
que miente en un juicio debe
responder por sus mentiras y
reparar el daño que causó.
Martín Lope
No a una nueva
Constitución sino que
se aplique la de hoy
Muy interesante el artículo “A
99 años, la Constitución ha
muerto”. Me parece una gran
incongruencia de los políticos
(legisladores, gobernantes,
etcétera) que sean ellos los que
impulsan todas y cada una de
las reformas y son los primero
que pretenden que la Consti-
tución deje de tener aplicación
y vigencia en los hechos. No es
una nueva Constitución el me-
sías de los problemas sociales y
la decadencia del sistema polí-
tico; debería ser la desaparición
de los políticos embelesados
con el poder, la corrupción, la
impunidad. La Constitución
permite y obliga a ello. Se
necesita un aparato del mismo
tamaño que el de los políticos
de este país, pero de personas
que sean profesionistas y pro-
fesionales del irrestricto apego
y cumplimiento de la Norma
Suprema. Claro está, también
debería existir el similar del
órgano de represión, pero no
para el gobernado sino para
el propio órgano represor del
Estado (fuerzas de seguridad),
para estar en igualdad de cir-
cunstancias para contrarrestar
corrupción, impunidad, des-
igualdad social, etcétera.
En otras palabras, la Cons-
titución puede y debe ser apli-
cada, como fuente del estado
de derecho, a todos por igual,
que políticos y gobernantes
no se escapen de su alcance,
que sean quienes respondan al
pueblo por sus hechos y abs-
tenciones y no quienes juzguen
al pueblo por sus peticiones de
justicia, seguridad, vivienda,
desarrollo social.
Para ello, urge una nueva
camada de profesionistas y
profesionales con sangre de
patriotas honorables y honestos
que estén investidos de autono-
mía, poder de investigación y
coerción, patrimonio, así como
alcance a todas las esferas so-
ciales y políticas.
Gracias por el espacio para
opinar.
Ubaldo Cortés
¿Regresa el poder
político a la jerarquía
religiosa?
Me preocupa lo que se señala
en el artículo “A 99 años, la
Constitución ha muerto”. Se
me hace muy truculento. So-
lamente estudié la educación
primaria, por ello reconozco
que me faltan muchos cono-
cimientos. Pero si creo que,
como dice el principio del
artículo, “se ha prostituido
al ciudadano”. La mayoría
no hemos aprendido a ser
ciudadanos. Y por eso abu-
san de nosotros. Lo que me
parece muy grave es que por
las circunstancias que estamos
pasando la Iglesia Católica
esté tomando un lugar que
el mismo Estado debe evitar.
Y, pienso, lo hace con plena
consciencia del resultado que
este ejercicio pudiera tener. No
encuentro razón lógica para
que casi, casi, le entreguen el
mando y el poder de decisión.
¿Cuál puede ser el juego? ¿De
verdad somos un pueblo de
tontos? ¿Somos tan imbéciles
que nos tragamos el cuento
de que los muñecos que se
adoran en la iglesia, son mila-
grosos? ¿Dónde queda nuestra
historia al respecto? Agrade-
ceré que me pudieran ayudar
a comprender esto. Muchas
gracias.
Ángel Pavón Palacios
Un país de fantasía
en el discurso de
los políticos
Muy bueno el artículo “Ante
la crisis, sigue el triunfalismo
gubernamental”. El guion de
los habitantes de Los Pinos no
cambia: un país de maravillas
que sólo existe en sus mentes
distorsionadas y empachadas
por el poder político y econó-
mico en que nadan estos pre-
sidentes que hemos padecido
desde hace varios sexenios.
Nos hablan de países de fan-
tasía que sólo existen en sus
mentes calenturientas, así vamos
pasando de landia en landia
para vivir actualmente en esta
peñalandia que nos ahoga a los
de a pie.
Leonardo Moctezuma

CONTENIDO
26
PORTADA
El gobierno de Peña Nieto ha gastado más
de 2 mil millones de dólares en armamento
militar comprado a Estados Unidos. Helicóp-
teros, aviones y vehículos todo terreno, en-
tre las adquisiciones
GASTAN 2 MIL MILLONES
DE DÓLARES EN EQUIPO
MILITAR
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL EL CINISMO DE LOS PARTIDOS
Miguel Badillo
DEFENSOR DEL PERIODISTA URGE UN NUEVO PRESIDENCIALISMO
PARA ENFRENTAR LA CRISIS GENERAL Álvaro Cepeda Neri
ZONA CERO EL DOCUMENTO OFICIAL MÁS SECRETO DE LA
SEDENA Zósimo Camacho
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN PGR Y CISEN: MIL 582
SOLICITUDES PARA ESPIAR COMUNICACIONES Nancy Flores
ARTÍCULOS
LA TRAICIÓN A MÉXICO Samuel Lara Villa
EL PAÍS DESTROZADO Y NADIE ES CULPABLE Jorge Meléndez Preciado
NUEVO REGLAMENTO DE TRÁNSITO: PRIVATIZACIÓN DEL
EJERCICIO DE GOBIERNO Roberto E Galindo
SIN AMBAGES, RUSIA Y ESTADOS UNIDOS YA SE VEN COMO “EL
ENEMIGO” Adrián Mac Liman/CCS
BASTA DE “AYUDA HUMANITARIA”, EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL
José Carlos García Fajardo/CCS
3
8
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14
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18
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22
24
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN -año 14, núme-
ro 474, del 8 al 14 de febrero de 2016- es una publicación sema-
nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida
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tín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de
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tud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Este nú-
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Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

CONTENIDO
ANÁLISIS
ECONÓMICO México, en el caos económico Marcos Chávez
SOCIAL Estado Islámico y OTAN, dos caras de la misma moneda en Siria Michael
Jabara Carley/Red Voltaire
50
58
INVESTIGACIÓN
PORTADA Gasta más Peña que Calderón en armamento Axel Plasa
CONTRAGOLPE Mantienen irregularidades en corridas en la Plaza México Mauricio
Romero
26
36
MISCELÁNEO
EX LIBRIS Joseph Roth: periodista, novelista, cronista… y autor de cientos de
cartas Álvaro Cepeda Neri
SOCIEDAD BETA El internet de las cosas Gonzalo Monterrosa
PASO A DESNIVEL Mal sueño Miguel Galindo
64
65
66
Ilustracióndeportada:CeciliaMartínezy123RF
50
5836

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
A
los líderes de los partidos y todo su séqui-
to de ayudantes no les bastan los miles de
millones de pesos que consumen del dinero
público que sale de los bolsillos de los contribuyen-
tes, en una simulación democrática que sale muy
cara a los mexicanos y que nunca ha podido garan-
tizar un comportamiento honesto y transparente
en el procesos electorales, ahora quieren responsa-
bilizar al Ministerio Público Federal de sus corrup-
tos y delincuentes candidatos que en cada elección
proponen para ocupar cargos populares.
A la procuradora general de la República, Arely
Gómez, sólo le alcanzó para decir que se necesita
querella o denuncia previa para investigar y perse-
guir delitos federales, con lo cual trata de atajar la
descabellada propuesta de los líderes de los partidos
Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Demo-
crática (PRD) –que en los últimos años junto con
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se
han visto envueltos en escándalos de corrupción y
narcotráfico por algunos de sus gobernadores, al-
caldes y legisladores que han designado– de pedir a
la Procuraduría General de la República (PGR), al
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Ci-
sen) y a la Secretaría Gobernación que califiquen
sus listas de aspirantes a puestos de elección y con
ello poder responsabilizar al gobierno federal cuan-
do se vuelva a descubrir que muchos de ellos tienen
nexos con la delincuencia organizada.
Los cínicos dirigentes partidistas han sido in-
capaces con tantos miles de millones de pesos que
manejan, de establecer controles internos, como
les corresponde, para investigar a sus propios mi-
litantes que designan a ocupar cargos públicos, y
pretenden que sean las autoridades federales las
que hagan su trabajo y así justificar la corrupción y
complicidad delincuencial de sus miembros.
Por supuesto que ni la PGR, ni Gobernación
o el Cisen pueden palomear o dar cartas de buena
conducta a los políticos que militan en los partidos,
simplemente porque no deben revelar las investi-
gaciones que estén curso por delitos graves como
narcotráfico, lavado de dinero, fraudes financieros o
desvíos de recursos públicos, entre muchos otros,
que tan de moda están entre la clase política mexi-
cana. Y si lo hace la procuradora o el secretario de
Gobernación en uno de sus arranques por quedar
bien con los partidos políticos, estarían violando el
debido proceso. Además, sería como avisarle a los
políticos-delincuentes que han sido descubiertos y
que son investigados por sus actividades ilícitas, lo
que les daría tiempo para huir o esconder mejor sus
fortunas acumuladas ilícitamente.
A la lista de corporaciones gubernamentales
que realizan investigaciones y que por ahora nadie
ha señalado, y que es de suma importante, están la
UnidaddeInteligenciaFinancierayelpropioServi-
cio de Administración Tributaria, dependientes del
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, los cuales
tienen acceso a las cuentas financieras y los bienes
de todos los mexicanos y por ello han establecido
una lista de lo que se conoce como personas políti-
camente expuestas (PPE), quienes por su encargo o
desempeño pueden ser vulnerables a verse vincula-
das con mafias o en actos de simple corrupción, por
lo que son revisadas permanente en sus ingresos y
egresos, en sus bienes, seguros y cuentas bancarias
en México y en el extranjero, y si les descubren algo
irregular presentan las denuncias respectivas en la
Procuraduría Fiscal o en la PGR.
Lo que deberían considerar el Congreso y el
Poder Ejecutivo es reducir las voluminosas partidas
EL CINISMO
DE LOS PARTIDOS
MIGUEL BADILLO

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
presupuestales que se destinan a los partidos políti-
cos en un país en donde la mayoría de la población
se debate en la miseria extrema y con problemas
gravesdesalud,alimentación,viviendayeducación.
Un final infeliz en
Veracruz
Todo hace suponer que el gobierno del vera-
cruzano Javier Duarte tendrá un final infeliz. Nos
dicen que la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y
hasta la propia Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) tienen expedientes en contra de fun-
cionarios y políticos de ese estado que abusaron de
sus encargos públicos y, por lo menos, desviaron
recursos federales.
Para la ASF el estado con más graves problemas
en el manejo de las finanzas públicas es Veracruz,
mientras que informes de los órganos de vigilancia y
del fisco de la Secretaría de Hacienda ordenaron un
rastreo minucioso de las cuentas bancarias, inversio-
nes financieras, negocios y propiedades de los fun-
cionarios estatales, al presumirse que pudieran estar
implicados en el desvío y malversación de recursos
federalizados. Para lo cual se revisan las actuaciones
de la administración priísta desde 2010 a la fecha y el
área que lleva a cabo las investigaciones es la Direc-
ciónAdjuntadeAnálisisFinancierodelaUIF,super-
visada muy de cerca por su titular Alberto Bazbaz.
Hace unos días la prensa publicó denuncias de
supuestos nexos del diputado veracruzano Antonil
Tarek Abdala Saad, quien también se había des-
empeñado como tesorero del gobierno de Duarte,
y por supuesto que el legislador niega cualquier re-
lación con el crimen organizado.
Lo que sí afirman fuentes financieras es que se
investigan tres empresas con las cuales tendría algu-
na relación Tarek Abdalá Saad: Veintiocho Cons-
trucciones, SA de CV; Siete Caminos, SA de CV, y
Sheba Constructora e Inmobiliaria, SA de CV.
El SAT realiza también un monitoreo y cruce
de datos de la situación fiscal de funcionarios, em-
presarios vinculados en negocios con el gobierno de
Duarte y diversas compañías que pudieran haber
sido utilizadas para lavar dinero producto de frau-
des, desvíos de recursos, enriquecimientos ilícitos,
peculado, operaciones con recursos de procedencia
ilícita y evasión fiscal.
En los resultados de las auditorías practicadas
por la ASF, se revela que en el caso de Veracruz
se encontraron desvío de recursos, subejercicios,
dinero federal empleado para fines distintos a los
etiquetados, así como gastos que no beneficiaron
directamente a la población que se encuentra en
condiciones de rezago social y pobreza extrema.
Puntos suspensivos... Mientras en la torre de
Petróleos Mexicanos (Pemex) su director general,
Emilio Lozoya, puso en marcha la semana pasada
un Programa de Ética e Integridad Corporativa,
que “incorpora los más altos estándares y prácticas
internacionales en materia de ética, integridad, es-
trategias anticorrupción, conducta y valores institu-
cionales”, en Los Pinos se comenta que la suerte del
funcionario habría terminado y que ya se tiene a
su sustituto. Uno de los que aspiran a dirigir lo que
queda del desastre petrolero es el senador hidal-
guense David Penchyna, quien no pocas veces ha
manifestado su aspiración para sustituir a Lozoya
en el cargo; y como el secretario Osorio Chong lo
dejó fuera de la contienda electoral para la guber-
natura por Hidalgo, podrían darle como premio
de consolación lo que fue la principal empresa del
Estado... En una fotografía que subió a su cuenta
de Facebook el militante de Morena Gustavo Pedro
Cortés, quien busca por sexta vez ser diputado local
en Durango (lo ha sido por otros partidos), aparece
abrazado con José Ramón López Beltrán, hijo de
Andrés Manuel López Obrador, y entre otros mili-
tantes del partido de izquierda que posaron para la
foto en las oficinas de AMLO en la Ciudad de Mé-
xico está Sandra Angélica Vázquez Parra, quien
ha sido Ministerio Público, vicefiscal y candidata
a diputada por el primer distrito federal electoral,
ubicado en lo que se conoce como el triángulo do-
rado del narcotráfico, y quien fue esposa hasta hace
unos cuatro años de Mario Martínez Álvarez, ex-
comandante de la Policía Ministerial de Durango,
investigado y cesado por supuestos vínculos con el
narcotraficante Arturo Hernández González, alias
el Chaky, brazo armado del cartel de Juárez, según
reportes de la prensa local.

CONTRAPODER
OPINIÓN
D
urante los 90 minutos de charla que
tuvo el historiador Enrique Krauze
en la Feria Internacional del Libro, en
Guadalajara (Reforma, 3 de diciembre de 2015),
declaró que no quiere “que haya una revolución
violenta, pero sí quiero que haya cambios pací-
ficos y rápidos para México”. Y es que negar la
crisis general de la nación en todos sus frentes
y no atenderla cuanto antes es casi un suicidio;
pues no hay tiempo, o apenas lo hay para im-
plantar lo que en otros países se llama instalar
un “gabinete de crisis” (Bernard Schwartz, Los
poderes del gobierno; volumen II: Los poderes del pre-
sidente, editado por la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional
Autónoma de Méxi-
co; y de Harold Zink,
Los sistemas temporáneos
de gobierno, Libreros
Mexicanos Unidos).
En el sistema pre-
sidencial mexicano no
tenemos lo que se llame un gabinete, sino secre-
tarios del despacho presidencial, luego enton-
ces urge constituir… ¡pero no con los mismos
encargados de esos despachos!, un nuevo pre-
sidencialismo para enfrentar las crisis económi-
ca, social, política, de seguridad y del amplio
espectro, incluyendo el internacional con la
caída del precio del petróleo y la merma de las
divisas que han atrapado, no al 1 por ciento que
encabeza Carlos Slim, sino al 99 por ciento de
los mexicanos en la más vil de las pobrezas,
el desamparo del desempleo y las 1 mil y una
criminalidades: secuestros, feminicidios, des-
apariciones forzadas (encabezadas por los 43
normalistas de Ayotzinapa) y, otra vez en este
sexenio, cientos de miles de homicidios.
Ha pasado desapercibida la advertencia-de-
seo del historiador, por cierto de ideología políti-
ca y cultural de derecha, para que nadie se equi-
voque acusando al resto del espectro político, de
que lo que tenemos enfrente “no es la alborada
del estío, sino una noche polar de una dureza
y una oscuridad heladas, cualesquiera que sean
los grupos que ahora triunfen” (Max Weber
en su ensayo vigente El político). El 1 por ciento
de los 130 millones de mexicanos están a sal-
vo, como magníficamente puntualiza Joseph E
Stiglitz: La gran brecha.
Qué hacer con las socieda-
des desiguales (Taurus,
editores). Es el resto:
el 99 por ciento; es
decir, son casi 120 mi-
llones de mexicanos
que ya en el límite del
mal gobierno por la incompetencia, ineficacia
e ineficiencia de Enrique Peña y sus secretarios
del despacho presidencial, necesitan respuestas
a la acumulación de problemas a donde voltee
uno, en situación explosiva entre un estallido re-
volucionario o auténticas reformas sociales para
resolver en verdad el empobrecimiento y las tre-
mendas desigualdades, mientras se enriquecen
los Slim y compañía (¡como el de la medalla
Belisario Domínguez, que anda cacaraqueando el
Senado!) y el pueblo-nación ya cayó al fondo
de la desesperación donde las delincuencias se
aprovechan de la crisis general.
URGE UN NUEVO PRESIDENCIALISMO
PARA ENFRENTAR LA
CRISIS GENERAL
ÁLVARO CEPEDA NERI
Son120millonesdemexicanos losque
necesitan respuestas a sus problemas,
pues están entre el estallido o auténticas
reformas que reviertan la pobreza
Son120millonesdemexicanos losque
reformas que reviertan la pobreza

CONTRAPODER OPINIÓN
La causa grave para la renuncia del presiden-
te está dada, después de 3 años con la nave estatal
dirigiéndose al naufragio, mientras los desgober-
nadores –los que acaban de irse como los que es-
tán– tienen los dineros del pueblo como botín,
para por la libre o la constitucional apuntarse
para la sucesión presidencial. Se han hecho “in-
dignos de gobernar”, como escribió Tocqueville
a unos días de la Revolución de 1848. La nues-
tra, la de 1910, inconclusa (Orlando Fals Borda,
Las revoluciones inconclusas de América latina: 1809-
1968, editorial Siglo XXI) por la contrarrevolu-
ción del presidencialismo (con sus excepciones:
Lázaro Cárde-
nas, quizá antes
Plutarco Elías
Calles) y, aho-
ra mismo, por
la implantación
hasta sus últimas
consecuencias
del neoliberalis-
mo económico y
el autoritarismo
político investido
de un militaris-
mo peligrosa-
mente golpista si
no hay un nuevo
presidencialismo
para resolver la
crisis general del
país. Lo único
que hay son me-
didas recentrali-
zadoras hechas
sobre las rodillas para ir mermando al Estado fe-
deral, con mandos únicos y manos libres a los
desgobernadores apadrinados por partidos usureros
de votos para repartirse el botín de las urnas.
Urge, pues, un renovarse o el estallamiento
de una revolución. Hay ya muchos focos, incen-
dios y hechos que anuncian un levantamiento
social dirigido por las minorías (varios autores,
Estado, protesta y movimientos sociales; varios auto-
res, Los límites de la cohesión social). Están dadas las
condiciones para el enfrentamiento, a pesar de
lo expresado por el fanfarrón y multimillonario
Warren Buffett, acerca de que la lucha de cla-
ses la van ganando los ricos; están ya las condi-
ciones sociales para la guerra entre los pobres y
los ricos-millonarios-multimillonarios que dirige
Slim. Hay hambre, enfermedades, pobreza,
desempleo y bajísimo consumo –por lo cual la
inflación está a la baja–; injusticias y homicidios
(Tanalís Padilla, Después de Zapata); y el servilis-
mo de la Suprema Corte de en una pavorosa co-
rrupción de los sistemas judiciales que sólo orga-
nizan un debate por la mariguana, y no consul-
tas populares para los consensos que respondan
a la crisis.
Aunado a
esto están las
componendas del
Congreso de la
Unión, donde los
legisladores ya
no representan a
la Nación, sino a
los intereses del
presidencialismo
peñista que no
tiene otra alter-
nativa que re-
nunciar por cau-
sa grave: incom-
petencia, inefica-
cia e ineficiencia;
o construir un
presidencialismo
para enfrentar
y resolver la cri-
sis. No puede
esperar la nación 3 años de más de lo mismo,
pues entonces sí que los estallidos ahora aisla-
dos cerrarán el circuito para la explosión revo-
lucionaria por hambre y pobreza. “Los cambios
pacíficos y rápidos para México”, como advierte
y recomienda la derecha mexicana aliada del 1
por ciento, pero que vislumbra lo que quiere el
99 por ciento de la población, para quienes no es
suficiente el circo futbolero, el obsequio de las te-
levisoras ni las mentiras del peñismo que parece
no entender que hay una crisis general encima.
MIGUELGALINDO

ZONA CEROOPINIÓN
E
n el Campo Militar Número 1, y dentro
de una caja fuerte cuya combinación sólo
conocen algunos integrantes del Estado
Mayor, la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) guarda un expediente. Tal documento es
protegido con las más estrictas medidas de segu-
ridad. Está prohibido, incluso, que sea extraído de
su recinto. Se trata del Plan Militar de Defensa
Nacional Conjunto.
La primera versión del documento se elaboró
en 1951 y se mantuvo vigente hasta 2013. Claro,
con “actualizaciones” y anexos que llegaron a su-
mar 22. Así, al inicio del sexenio de Enrique Peña
Nieto era un protocolo que constaba de 33 fojas
originales y que, con sus anexos, sumaba 1 mil 857
páginas.
Una de las primeras órdenes del flamante go-
bierno de Enrique Peña Nieto a las Fuerzas Ar-
madas Mexicanas fue la de revisar y actualizar el
expediente. Entonces la actualización más recien-
te de ese documento databa de mediados del go-
bierno de Vicente Fox: 2004.
La “actualización” que ordenó el mando su-
premo de las Fuerzas Armadas nada tuvo que ver
con las anteriores, en las que sólo se integraban,
como anexos, algunas observaciones específicas.
Lo que ahora se impuso fue una revisión profun-
da que implicó una reescritura en la mayor parte
de sus apartados y en la que se involucraron los
mandos superiores de las tres Fuerzas Armadas
Permanentes de México: el Ejército Mexicano, la
Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México.
Es de destacarse la incorporación de la Ar-
mada en la elaboración de este Plan, pues nunca
antes esta dependencia tuvo conocimiento siquie-
ra de su existencia. Se trataba de un patrimonio
exclusivo de las dos Fuerzas Armadas organiza-
das y administradas por la Sedena: el Ejército y la
Fuerza Aérea. Tal vez por ello sólo se le conocía
como Plan Militar de Defensa Nacional. Al nuevo
se le agregó la palabra “Conjunto” en su nombre
propio. Así, la Armada, la fuerza que organiza y
administra la Secretaría de Marina (Semar) está
plenamente integrada en el documento.
La orden se emitió el 15 de febrero de 2013.
Para ello, el presidente de la República citó en
Palacio Nacional a los altos mandos de las tres
Fuerzas Armadas, encabezados por el general de
división diplomado de estado mayor Salvador
Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, y el almi-
rante diplomado de estado mayor Vidal Francisco
Soberón Sanz, titular de la Semar. En el patio cen-
tral, después de haber realizado honores al lábaro
patrio, Enrique Peña Nieto les instruyó “elaborar
y proponer una política de defensa nacional, así
como revisar y actualizar el Plan Militar de De-
fensa Nacional Conjunto para que articulen las
capacidades de la Armada, el Ejército y la Fuerza
Aérea de México”.
Los trabajos iniciaron el 20 de febrero y con-
cluyeron el 30 de julio de ese año. Fueron 5 meses
y 10 días de revisión, actualización y reescritura.
El documento se depuró: hoy consta de 60 fojas y
ocho anexos, con los cuales suma un total de 248
páginas.
El documento está dividido en tres grandes ru-
bros: 1. Defender la integridad, independencia y
soberanía de la nación; 2. Garantizar la seguridad
interior, y 3. Auxiliar a la población civil en casos
de desastres.
ZÓSIMO CAMACHO
EL DOCUMENTO OFICIAL
MÁS SECRETO DE LA SEDENA

ZONA CERO OPINIÓN
La propia Sedena explica que “los rubros que
lo conforman contienen la información de la pla-
neación general de políticas que responden a las
amenazas internas y externas que afectan a la se-
guridad y defensa nacionales”.
Se trata del documento rector de seguridad
y defensa nacionales. Ha sido reservado por la
Sedena. El Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
personales ha ratificado la reserva.
“El documento contiene las estrategias y con-
tenido para poder dar en ejecución a las misiones
del Ejército Mexicano, también se plantean hipó-
tesis en función de las amenazas previsibles que
pueda sufrir el país, contiene los planes de guerra,
esto es, cómo responde-
ría el país con sus distin-
tos recursos para poder
atender un supuesto de
agresión” (sic).
Los únicos apartados
a los que hemos tenido
acceso –por medio de la
LeyGeneraldeTranspa-
rencia y Acceso a la In-
formación Pública: soli-
citudes 0000700033213,
0000700205015 y 0000
700205115 a la Sedena,
y 0001300102415 a la
Semar; además del re-
curso de revisión RDA
1355/13 presentado en
contra de la Sedena– son el “II. Marco Jurídico”,
con su secciones A, B y C, y el “III. Marco Con-
ceptual y Doctrinario”, con sus secciones A, B, C,
E, F y G.
En el Marco Jurídico se enlistan las disposicio-
nes jurídicas que le dan sustento al documento,
desde el Artículo 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos hasta la Ley Orgá-
nica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (ar-
tículo 1), además de seis jurisprudencias estable-
cidas por el Poder Judicial de la Federación en el
año 2000. Destacamos la jurisprudencia 37/2000:
“Ejército, Fuerza Aérea y Armada pueden actuar
acatando órdenes del presidente, con estricto res-
peto a las garantías individuales, cuando sin lle-
garse a situaciones que requieran la suspensión de
aquellas, hagan temer, fundadamente, que de no
enfrentarse de inmediato sería inminente caer en
condiciones graves que obligarían a decretarla”
(sic).
En el Marco Conceptual y Doctrinario se de-
fine a la seguridad nacional como “la condición
de paz, libertad y justicia social y económica que
procura el Estado mexicano a través de una po-
lítica de desarrollo integral sostenible y sustenta-
ble, dentro de un marco de derecho, aplicando el
poder nacional para alcanzar y mantener los ob-
jetivos nacionales, garantizando la integridad, so-
beranía e independencia pese a los antagonismos
internos y externos”.
También se ofrece
una definición de la de-
fensa nacional: “la serie
de medidas que dispone
y adopta un Estado para
defenderse de agresiones
cuyos efectos trastornan
el desarrollo normal,
poniendo en acción su
aparato militar para en-
frentar y eliminar con
los recursos del poder
nacional a la amenaza”.
Otro aspecto a des-
tacarse desde el punto
de vista doctrinario es
la vocación pacifista de
México, en la que se considera que “todo conflic-
to internacional puede y debe resolverse por me-
dios pacíficos”. Subsiste el principio de que “una
guerra para México sólo podrá ser en defensa de
nuestro propio territorio e impuesta por un caso
de agresión”.
Mención aparte merece su participación den-
tro de la seguridad interna: el Ejército y Fuerza
Aérea “hacen frente a situaciones de riesgo que
atenten contra el estado de derecho y la seguridad
interior de la nación, como el combate al narco-
tráfico; el tráfico ilícito de armas; el terrorismo
internacional y al acotamiento de grupos arma-
dos”.
CECILIAMARTÍNEZ

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
PGR Y CISEN
MIL 582 SOLICITUDES PARA
ESPIAR COMUNICACIONES
NANCY FLORES
L
a intervención de comunicaciones es cada
vez más recurrida por el Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional (Cisen) y
la Procuraduría General de la República (PGR),
para la supuesta investigación de delitos relacio-
nados con la delincuencia organizada y las “ame-
nazas” a la seguridad nacional.
Esta intervención no sólo se reduce al espio-
naje telefónico, sino que abarca todo tipo de co-
municaciones, incluso aquellas que están cifradas:
correos electrónicos, mensajes de texto, chats tan-
to de correos como de redes sociales (Facebook,
Twitter), conversaciones establecidas por medio
de aplicaciones (Skype,
Whatsapp, BBM, Fa-
cetime, Tango, Fring,
Telegram), etcétera.
Para ejercer en for-
ma legal este recurso,
que es altamente inva-
sivo y violador del dere-
cho a la privacidad, los
agentes del Cisen y la PGR requieren, además de
la sospecha, una autorización judicial.
En 2015, los Juzgados Federales Penales Espe-
cializados en Cateos, Arraigos e Intervención de
Comunicaciones recibieron 1 mil 582 solicitudes
de intervención de comunicaciones, revela el In-
forme anual de labores 2015 del Consejo de la Judica-
tura Federal, sin especificar la autoridad a la que
corresponden.
Las escuchas telefónicas y demás intervencio-
nes no fueron los únicos recursos que los “espías”
del gobierno mexicano tuvieron a la mano para
investigar a los supuestos delincuentes y a quienes
–según ellos– amenazan la seguridad nacional. De
acuerdo con el Consejo de la Judicatura, esos juz-
gados especializados recibieron 27 peticiones “re-
lativas a la autorización para solicitar información
a las empresas de telecomunicaciones”.
Estas solicitudes se refieren al momento en que,
por orden judicial, las compañías privadas como
Telmex, Maxcom, Axtel, Telcel, Izzi, AT&T, etcé-
tera, se ven obligadas a colaborar con las investi-
gaciones; es decir, a entregar toda la información
que posean sobre sus clientes que son investigados.
El “Anexo documental” del Informe, en su apar-
tado “Acceso a sistemas
electrónicos para el trá-
mite de los asuntos”,
detalla que las “autori-
dades investigadoras”
ingresaron, en total, 3
mil 712 solicitudes de
medidas cautelares a
los Juzgados Federales
Penales Especializados en Cateos, Arraigos e In-
tervención de Comunicaciones. De éstas, 2 mil 27
estuvieron relacionadas con cateos y 76 con arrai-
gos.
Los Juzgados Federales Penales Especializados
se crearon con base en el Acuerdo A/75/2008,
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
publicado en el Diario Oﬁcial de la Federación el 4
de diciembre de 2008. Su objetivo es dar cum-
plimiento a lo establecido en el artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 50 de la Ley Orgánica del
En 2015 se registraron 1 mil 582 so-
licitudes de intervención de comunica-
ciones y 27 para pedir información a
las empresas de telecomunicaciones
En 2015 se registraron 1 mil 582 so-
las empresas de telecomunicaciones

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
CECILIAMARTÍNEZ
Poder Judicial de la Federación,
relativos a las solicitudes de au-
torización de órdenes de cateo,
arraigo e intervención de co-
municaciones.
Intervenciones
autorizadas
Respecto al espionaje, las
estadísticas de la PGR revelan
que la mayoría de las solicitudes
para intervenir comunicaciones
le son autorizadas. Por ejem-
plo, en la respuesta a la solici-
tud de información ciudadana
0001700132715, la Procuradu-
ría indica que de enero a marzo
de 2015 realizó 120 solicitudes de
este tipo, de las cuales le fueron
concedidas 117.
El documento oficial detalla
que, en 2014, la PGR pidió 717
autorizaciones para intervenir comunicaciones,
de las cuales le concedieron 686. Esto es el 95.6
por ciento del total.
En el caso del Cisen, de enero a julio de 2015
ejecutó 225 acciones de intervención legal de co-
municaciones para investigaciones de inteligencia
relacionadas con amenazas a la seguridad nacio-
nal, reconoció en respuesta a la solicitud ciudada-
na de información 0410000017215 (El Economis-
ta, 27 de julio de 2015).
Geolocalización de
“delincuentes”
Además del espionaje de las comunicaciones,
los agentes del Cisen y la PGR recurren a la lla-
mada geolocalización en contra de las personas
que consideran sospechosas de estar relaciona-
das con el crimen organizado y con las amenazas
a la seguridad nacional.
En este caso se trata de la localización geográ-
fica de los sospechosos en tiempo real por medio
de sus dispositivos electrónicos, aprobada en mar-
zo de 2012 por el Congreso.
Al respecto, la respuesta a la solicitud de in-
formación ciudadana 0001700358215 descubre
que, de enero a octubre de 2015, la Dirección
General de Cuerpo Técnico de Control, adscrita
a la Subprocuraduría Especializada en Investiga-
ción en Delincuencia Organizada, ha operado en
coordinación con las concesionarias de redes pú-
blicas de telecomunicaciones 1 mil 547 solicitudes
de localización geográfica en tiempo real.
Abril fue el mes en el que se realizaron más geo-
localizaciones: 223. Seguido por marzo, con 213;
julio, con 199; junio, con 192; octubre, con 151;
febrero, con 133; septiembre, con 129; mayo, con
117; agosto, con 114; y finalmente enero, con 76.
Con el fin de “evitar” su abuso, estos recur-
sos deben contar con la venia del Poder Judicial.
No obstante, para solicitar la autorización basta
con que los agentes del Cisen y la PGR –aun sin
pruebas– sospechen de alguien. Por tanto, todos
podríamos estar alguna vez en la mira de estos es-
pías.

ARTÍCULOOPINIÓN
L
os primeros 3 años del sexenio de Enrique
Peña Nieto, las Fuerzas Armadas Mexi-
canas, especialmente el Ejército Mexica-
no, se ganaron la desconfianza y el desprecio
del pueblo. Se echó por la borda casi 1 siglo de
merecer el cariño de las clases populares –en las
cuales, además, está su propio origen– a partir
de la Revolución Mexicana de 1910, promul-
gada el 5 de febrero de 1917 después de de-
rrotar dos veces consecutivas al Ejército Federal
del general Porfirio Díaz convertido en tirano a
lo largo de 30 años de gobierno, apoyado por
las bayonetas de la tropa reclutada de leva, que
era conducida por generales aristocráticos pro-
venientes de la clase gobernante compuesta por
latifundistas, patrones
explotadores, el clero
fanatizador y empre-
sarios extranjeros que
esclavizaron a los in-
dígenas y a los pobres
de la nación.
Los soldados fede-
rales fueron reclutados de leva, de las cárceles,
ebrios detenidos por la policía y las redadas del
Ejército en todas las regiones del país, obliga-
dos a uniformarse y formarse con esa tropa.
Por el contrario, los soldados revolucionarios
fueron voluntarios en la lucha por sacudirse la
explotación, la injusticia, para ser propietarios
de las tierras que cultivaban para los patrones,
marchar contra el clero explotador por medio
del diezmo y contra los extranjeros que explo-
taban las minas y el petróleo, al grito de “¡lo
que está en México es de los mexicanos!”.
En esa insurrección los héroes fueron Fran-
cisco Villa, Emiliano Zapata, los hermanos Flo-
res Magón, Francisco J Múgica, Álvaro Obre-
gón, Plutarco Elías Calles y tantos otros que
sería prolijo enumerar para el objeto de este
reporte; pero es importante no dejar de men-
cionar al general Felipe Ángeles, quien siendo
sumamente destacado en el Ejército Federal y
sobresaliente en cursos de artillería y de Esta-
do Mayor realizados en Francia, se sumó a las
fuerzas del pueblo en armas que luchaba por la
libertad y condujo batallas memorables –como
la toma de Zacatecas– con las tropas de Pancho
Villa, acabando para siempre con las fuerzas
federales.
Estas reminiscen-
cias, inevitables, sir-
ven para que nues-
tros actuales soldados
–cualquiera que sea su
situación actual, activos
o retirados– recuer-
den que voluntariamen-
te causaron alta en el Ejército de la Revolución
Mexicana, que su origen es el pueblo mismo;
como igualmente deben ser los generales, jefes
y oficiales que los mandan para que cumplan
las leyes.
Pregúntenles y pregúntense ustedes mis-
mos, ¿cuál fue la causa, el motivo o el poder
que hizo olvidar a los altos mandos del Ejér-
cito y Fuerza Aérea, así como de la Armada,
el juramento pronunciado al causar alta en fi-
las reiterado cada vez que se hacían cargo de
nueva responsabilidad ante el lábaro patrio y
SAMUEL LARA VILLA, GENERAL BRIGADIER RETIRADO; PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
DE MILITARES RETIRADOS GENERAL FRANCISCO J MÚGICA,AC
Los altos mandos de las Fuerzas Ar-
madas Mexicanas deben explicar por
qué traicionaron su juramento y solapan
la violación de la Constitución Política
Los altos mandos de las Fuerzas Ar-
la violación de la Constitución Política
LA TRAICIÓN A MÉXICO

ARTÍCULO OPINIÓN
la tropa formada? Ténganlo presente: “¡Cum-
plir y hacer cumplir la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que
de ella emanen!”. “¡Sí protesto!”, contestaron
enérgicamente.
Porque hasta hoy no existe razón –a menos
que sea complicidad– para que hayan instalado
en la Presidencia de la República al producto
de un fraude electoral que todo el mundo vio…
¿Menos ellos? Lo llevaron luego a la Cámara
de Diputados en helicóptero a que recibiera
la Presidencia de la República introduciéndo-
lo por la puerta trasera y de la misma forma
tuvo que retirarse al término del acto. No fue
capaz de hacer frente al pueblo indignado; por
la misma razón cuando aparece en público, las
fuerzas armadas lo escoltan aparatosamente ro-
deado de tropa armada. El Ejecutivo federal se
gana el repudio de la gente porque sólo gobier-
na para los ricos. Cada vez es más notorio. En
ese marco, los altos mandos condujeron a las
Fuerzas Armadas Mexicanas a la humillación,
el repudio, la desconfianza y la burla del pue-
blo; mal trato del que es objeto el personal de
tropa, a salvo quedan los que ejercen el mando
desde sus oficinas.
Como mexicanos, primero, y como soldados
que aprendimos de ustedes, los altos mandos, a
dar la vida por la patria, amar al lábaro patrio,
a cumplir la palabra de honor y nos recuerdan a
cada paso que somos el mismo pueblo, deman-
damos expliquen a la nación mexicana el por-
qué de la traición a su juramento, solapando o
acompañando hombro con hombro a los políticos
corruptos, antipatriotas y entreguistas, a violar
la Constitución mexicana.
MIGUELGALINDO

ARTÍCULOOPINIÓN
¿P
or qué se cayeron cientos de edificios
en 1985 y hubo miles de víctimas, in-
cluidos niños? ¿Quién da los permisos
mineros y posibilita la depredación de tierras, la
explotación mayúscula de reservas y que trabaja-
dores mueran por las pésimas condiciones donde
laboran? ¿Cuáles fueron las manos que permitie-
ron las construcciones de edificios en Santa Fe,
los cuales son una bomba de tiempo que apenas em-
pieza? ¿Qué individuos han hecho su agosto para
que los hoteleros en Acapulco, la Riviera Maya,
Ixtapa, Los Cabos, Huatulco y Cancún hagan de
las suyas contaminando el mar, apropiándose
de playas que convierten en privadas y deforesten
miles de hectáreas?
Las preguntas en
muchos terrenos se
pueden extender, pero
faltaría espacio. La
realidad es que ante
cualquier injusticia y
traición a la patria na-
die es culpable. Los políticos, casi todos, se tapan
unos a otros o se echan la culpa para intentar
demostrar que otros son unos malvados y ellos
blancas palomas. Algo que vemos nuevamente en
Tajamar, Quintana Roo.
Felipe Calderón, quien autorizó que se trans-
formara un manglar de 50 hectáreas, dice que
él no fue. Vicente Fox, quien inició la operación,
está mudo porque cabildea en las reuniones que
se discute la posibilidad de utilizar la mota para
usos medicinales. Rafael Pacchiano, el titular de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), ha dicho que el culpable es
Calderón, quien no sólo otorgó el certificado sino
incluso en 2009 prorrogó el permiso y que, por
tanto, ellos no pueden hacer nada para detener
un negocio inmobiliario (sic que cuenta billetes verdes).
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) y la Procuraduría Federal de Protección
Ambiental (Profepa) actuaron varios días después
que un grupo de organizaciones civiles se plan-
taron en Tajamar y desafiaron a las autoridades;
otros compañeros suyos hicieron manifestaciones
incluso cerca de Los Pinos –zona inaccesible a la
población– y abogados y artistas salieron a defen-
der no sólo el presente sino el futuro de la nación.
El asunto de este ecocidio fue alertado por
la reportera Mireya
Cuéllar en diciembre
de 2004 en La Jornada,
según recuerda Carlos
Fernández Vega (La
Jornada, 26 de enero
de 2015). Quien firmó
inicialmente el permi-
so otorgado por Fonatur fue el biólogo Ricardo
Juárez Palacios, director de Impacto y Riesgo
Ambiental de Fonatur, asegurando que no exis-
tía manglar en Tajamar; ahora sabemos que
son, cuando menos, 24 hectáreas de manglar y
13 de manglar primario. Tantas aberraciones y
negocios hizo este mal Juárez que lo despidieron
y querían enjuiciarlo, pero ya sabemos que la jus-
ticia es ciega para los que salpican de dinero a los
superiores.
México, por cierto, es el sexto país de mangla-
res en el mundo, pero cada año pierde 4.5 hec-
táreas por los mal llamados desarrollos turísticos
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO
En el permiso inicial para destruir Ta-
jamar se aseguró que no existía manglar;
ahora se sabe que son 24 hectáreas de
manglar y 13 de manglar primario
En el permiso inicial para destruir Ta-
manglar y 13 de manglar primario
EL PAÍS DESTROZADO
Y NADIE ES CULPABLE

ARTÍCULO OPINIÓN
(¿qué dirá la señora Claudia Ruiz Massieu, hoy
cuestionada en Relaciones Exteriores?).
Según el biólogo Antonio Lot Huelgueras, del
instituto de esa especialidad de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), es un
terrible error modificar o devastar manglares, ya
que “se deja a la población vulnerable de huraca-
nes”, pues “el manglar detiene la fuerza del viento
e impide golpee con la misma fuerza kilómetros
adentro”; además, dice Lot, esos terrenos captan
el CO2 (dióxido de carbono) y así “se contribu-
ye a evitar el calentamiento global”; preservar la
fauna y la flora es importante, ya que muchas de
las especies de animales “se alimentan de insectos
que pueden constituir plagas” y, por si algo falta-
ra, los humedales no son
para desarrollar zonas ur-
banas, ya que se inundan
por el tipo de subsuelo y la
construcción tiene un alto
costo. ¿Entenderán esas
cuestiones los funciona-
rios o quienes piensan en
la ganancia rápida?
Para la especialista Mi-
reya Ímaz, del Programa
Universitario de Estrate-
gias para la Sustentabili-
dad (PUES), hace déca-
das que los desarrollos en
muchas partes del país,
especialmente en lugares
cercanos a las playas, han
sido depredadores sin darse cuenta que nos es-
tamos suicidando. Un caso terrible es Cancún y
la falta de arena en las playas (programa Primer
Movimiento, Radio UNAM, 26 de enero).
Algunos miembros del muy desprestigiado Par-
tido Verde Ecologista Mexicano (sic cuádruple que
abre la máquina registradora), de donde surgió Pacchia-
no, trataron de encabezar la protesta y hacerse de
algún prestigio, aunque fueron corridos por los ha-
bitantes quintanarroenses, pues saben bien la clase
de sujetos que son esos llamados verdes.
Lo mismo ocurrió con funcionarios que inten-
taron acallar la protesta, comprar a los indigna-
dos habitantes o incluso meterles temor de que
los reprimirían. Frente a ello, arreciaron las voces
y se consolidó el movimiento que continúa en pie
de lucha y al que se debe apoyar y proteger, en es-
pecial a la actriz Sofía Sisniega, quien ha recibido
diversas amenazas de muerte.
Los abogados Leonardo Kumul y Raúl Fer-
nández de León ya hicieron una denuncia ante
la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) por lo ocurrido y lo que viene, algo
que dejará a Enrique Peña Nieto mal parado,
pues sus declaraciones a favor del medio am-
biente chocan con la horrible realidad. Incluso
en Change.org ya van más de 100 mil firmantes
para que se le retire a México la sede de la cum-
bre COP 13 de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en la cual
se debatirá acerca de la
Diversidad Biológica (sic
con cocodrilos, aves y animales
muertos).
Para el citado Fernán-
dez Vega, uno de los que
están metidos, a fondo, en
el negocio inmobiliario
con la empresa Golf Re-
sorts es ni más ni menos
que Jeffrey Fastlicht, el
suegro de Emilio Azcárra-
ga Jean, el dueño de la hoy
emproblemada Televisa.
Ésta seguramente es una
de las razones por las que
no se dé marcha atrás en
un asunto maloliente.
Y otro compañero de teclas, Salvador García
Soto (El Universal, 26 de enero), nos recuerda que
Felipe Calderón Hinojosa propició en México la
reunión para el cambio climático, organizada por
la ONU en 2010 (Cancún). Luego de ello, se le
consideró “líder en desarrollo sustentable”. Des-
pués formó una organización no gubernamental
con esos aparentes propósitos para conseguir di-
nero, pasearse por el mundo y dictar cátedra de
lo que no hizo. Por eso ahora se intenta deslindar
de una acción bastante nefasta, como otras que
realizó en su sexenio y que sus leales y parientes
olvidan.
CECILIAMARTÍNEZ

ARTÍCULOOPINIÓN
M
anejar en la Ciudad de México es una
cuestión lucrativa para una empre-
sa privada, desde que Miguel Ángel
Mancera instrumentó el Nuevo Reglamento
de Tránsito (NRT) el 15 de diciembre de 2015.
Que, en caso de no ser respetado, implica el
pago de elevadas sumas de dinero por infrac-
ciones, cuyo monto fue excesivamente incre-
mentado. Así como por otras nuevas igualmente
onerosas. El documento fue proporcionado gra-
tuitamente y se puede consultar en línea ( www.
consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0dfe-
0f2c2728da104e72f26974d2ad23.pdf) para que, al
ser multado, no exista queja del ciudadano por
falta de avisos al respecto. Incluso, el benigno go-
bierno, ante la inconformidad de los capitalinos,
ha otorgado un periodo de prueba que no esta-
ba previsto cuando se instrumentó el NRT y que
vence el 15 de febrero próximo. Lapso en que
los infraccionados por primera vez, sobre todo
en lo referente a las temibles “fotomultas”, les será
condonada la amonestación. Incluso a los que
ya pagaron su primer multa antes de la emer-
gente consideración.
Tiene razón el gobierno al querer armonizar
el desplazamiento vehicular en una ciudad de
tránsito caótico, conductores intrépidos, egoís-
tas, veloces –cuando podían– y lentos e irasci-
bles en los embotellamientos. Sobre todo los de
las antes llamadas vías rápidas y que en realidad
no lo eran a las horas de gran afluencia vehicu-
lar, como el Anillo Periférico, el Viaducto y el
Circuito Interior. Arterias donde hoy no se pue-
den superar los 80 kilómetros por hora. Pronto
se olvidarán las madrugadas de rápidos viajes
en la ciudad o los lances parásitos tras las ambu-
lancias. Pero más allá de nostalgias al volante y
de lo que diga el gobierno sobre el NRT, éste
inició mal como documento oficial para hacer
respetar las normas de tránsito y un instrumento
educativo en el aspecto vial. Es un texto que ha
roto ya otras normas, sobre todo en escritura,
mal educando en este rubro al ciudadano. Libro
del que se pueden señalar numerosos errores or-
tográficos y de redacción, de los que sólo cito
tres: página 3 en el artículo 1, segundo párrafo,
renglón tercero “…territorio dela Ciudad…”
(sic); página 12 en el artículo 6, sección III, in-
ciso (c), renglón primero “Transiten en comiti-
vas organizadas,procesiones o filas…” (sic); y en
la misma página y artículo, sección V, renglón
primero: “Prioridad de uso en las calles de prio-
ridad peatonal, dónde los peatones…” (sic). En
una burda falta de respeto a la sociedad. Pero más
allá de faltas en escritura, el NRT es en parte in-
congruente en su aplicación, principalmente en
lo que se refiere a los límites de velocidad.
La velocidad límite de desplazamiento de 40,
50 y 80 kilómetros por hora –los de 20 y 30 kiló-
metros por hora en escuelas, hospitales y accesos
o salidas son acertados al no implicar largos re-
corridos– es un desatino para la gran ciudad. Por
ejemplo, de la caseta de peaje a Cuernavaca al
Aeropuerto Internacional hay 24 kilómetros en
ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓNY GEOFÍSI-
CA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGI-
DOSY BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS
NUEVO REGLAMENTO DE TRÁNSITO
PRIVATIZACIÓN DEL EJERCICIO
DE GOBIERNO

ARTÍCULO OPINIÓN
línea recta. Trayecto que sin semáforos y conflic-
tos viales implica un tiempo de 18 minutos a 80
kilómetros por hora y 29 minutos a 50 kilómetros
por hora para los vehículos particulares. Pero
que en realidad y en cualquier ruta posible, cuya
distancia es mayor, puede implicar varias horas.
La velocidad permitida es además un despro-
pósito para las unidades de tipo estándar en el
límite de los 40 kilómetros por hora, ya que a esa
rapidez se debe hacer cambio de segunda a ter-
cera velocidad en muchos vehículos. Esto trae-
rá para esos automotores mayor desgaste y más
consumo de combustible. En todo caso, para no
forzar las máquinas se deberá conducir a me-
nor velocidad, lo que incrementará el tiempo
de viaje, condenando a las unidades de carga y
pasajeros a menos de 40 kilómetros por hora en
casi todas las vialidades, a excepción de Tlalpan
(80 kilómetros por hora) y algunos ejes, como el
3 Oriente (50 kilómetros por hora). Los despla-
zamientos vehiculares
eran ya lentos debido
a la carga vehicular, la
ineficaz traza urbana,
los baches, las mani-
festaciones y las obras
viales que la autoridad
sigue emplazando de
día. Traslados que hoy son aún más calmosos.
La aplicación del NRT y su tecnología ma-
nipulada remotamente y/o manualmente –en
diversas arterias, como Tlalpan, hay operadores
de radares móviles parapetados detrás de las pa-
radas del transporte público, incluso en áreas sin
la señalización correspondiente– es para “edu-
car” a los conductores. Pero esta acción también
ha hecho oficial lo que era evidente, la inefica-
cia de la corporación de tránsito para aplicar
la reglamentación pertinente en lo que parece
más una operación recaudatoria de impuestos
en la forma de multas. Lo que puede deberse a
las necesidades monetarias del gobierno capita-
lino, incluso cuando la compañía operadora de
radares y cámaras recibe más del 40 por ciento
de lo ingresado por cada multa. El sistema tecno-
lógico le reportará al gobierno más multas que
las obtenidas por la agrupación de tránsito. Y
no es que antes no se infringiera el reglamento.
Al contrario, era violado casi sistemáticamente
por la mayoría de los conductores. Lo que pa-
saba es que, si los agentes aplicaban de inicio
el reglamento correctamente –y no en una dis-
torsionada interpretación del mismo–, después
las infracciones rara vez se materializaban y en
cambio tenían un ﬁnal feliz entre oficial e infrac-
tor, que comenzaba con la solicitud del primero
de una mordida disfrazada de ayuda para el se-
gundo o con el clásico: “¿No lo podemos arre-
glar de otra manera?” del segundo al primero,
en una negociación por la condonación de una
suma mayor: lo que durante años ha sido en la
corporación de tránsito un sistema de cobros y
entres desde los agentes y en dirección ascendente
hasta otros oficiales de mayor rango.
Pero lo más grave es la incorporación de
una empresa privada a la vigilancia de la cir-
culación vehicular y a la aplicación de infrac-
ciones, pues implica
la privatización del
ejercicio de la corpo-
ración de tránsito y
del gobierno capita-
lino, que está involu-
crando a particulares
en la realización de
sus obligaciones como autoridad. Es un jugoso
negocio para la empresa privada, pues ésta no
participaría con el único objetivo de recuperar
lo invertido. Es muy posible que se esté infrac-
cionando diariamente una ganancia más allá
de lo que se invirtiera en infraestructura, y más
aún cuando es su personal el que opera los dis-
positivos. Esperemos que Miguel Ángel Man-
cera cancele el contrato con la empresa priva-
da y, en vez de empeñar las tareas de tránsito,
ponga orden en dicha agrupación antes de que
finalice su gestión o se postule para otro cargo.
En suma, la instrumentación del NRT median-
te una compañía, aunque sea en la participa-
ción de un porcentaje de lo recaudado por las
multas, es la muestra de la ineficacia y corrup-
ción de la corporación de tránsito capitalina.
En una evidente privatización de las funciones
del gobierno de la Ciudad de México.
La incorporación de una empresa
privada a la vigilancia de la circulación
vehicular implica la privatización del
ejercicio de la corporación de tránsito
La incorporación de una empresa
ejercicio de la corporación de tránsito

ARTÍCULOOPINIÓN
D
e hipócritas tildaron algunos medios de
comunicación de Europa oriental las
palabras de Vladimir Putin, al afirmar
éste que “Rusia no tenía intención de ser una
superpotencia mundial”. Inútil recordar que la
Federación Rusa, heredera de la extinta Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), si-
gue siendo una de las naciones más poderosas
de la Tierra.
Las declaraciones de Putin, recogidas por
el rotativo alemán Bild Zeitung en la primera se-
mana de enero, coincidían extrañamente con la
publicación de la nueva Estrategia de Seguridad
de Rusia, un documento que contiene una serie
de advertencias diri-
gidas al establishment
de Washington y de
la Alianza Atlántica
e indica un innegable
cambio de rumbo en
la política de defensa
de Moscú.
En efecto, tanto el tono como la argumen-
tación han cambiado del otro lado de la pri-
mera línea del frente. El Kremlin sostiene que
el estacionamiento de nuevos efectivos de la
Alianza en los confines de Rusia refleja el de-
seo de Washington de ejercer su dominación
a escala planetaria, que conlleva, en este caso
concreto, a una serie de presiones políticas,
económicas y militares contra el antiguo impe-
rio de los zares.
Señala el documento que la expansión del
potencial de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN), así como el cre-
ciente protagonismo de la Alianza a nivel mun-
dial violan el espíritu del Tratado que rige las
relaciones entre la OTAN y Moscú. Más aún;
la reciente activación de la estructura militar del
bloque presupone una amenaza directa para la
seguridad nacional del país.
Al pasar revista a las opciones geopolíticas
de Estados Unidos, el documento hace especial
hincapié en el traslado hacia la región fronteri-
za de laboratorios biológicos destinados a fines
militares. Existe un gran peligro de proliferación
y utilización de armas químicas, que alimenta
la incertidumbre acerca de la presencia de ar-
mas biológicas y/o la
capacidad de algunos
países de producirlos,
estiman los estrategas
moscovitas.
La nueva estrate-
gia del Kremlin parece
una respuesta a las
sanciones impuestas por Washington y Bruse-
las contra Rusia tras la anexión, en 2014, de
la Península de Crimea. Unas sanciones que,
de paso sea dicho, han generado más pérdidas
a las economías de la Unión Europea –alrede-
dor de 90 mil millones de euros durante el pe-
riodo 2014-2015– que a la economía rusa –25
mil millones–. Sin embargo, el informe subraya
la necesidad de asegurar la independencia ali-
mentaria de Rusia.
También contempla la nueva Estrategia un
notable incremento del poderío militar y naval
SIN AMBAGES, RUSIA Y ESTADOS UNIDOS
YA SE VEN COMO “EL ENEMIGO”
ADRIÁN MAC LIMAN, ANALISTA POLÍTICO INTERNACIONAL/CENTRO DE COLABORACIO-
NES SOLIDARIAS
La nueva Estrategia de Seguridad
de Rusia advierte que Estados Unidos
traslada a la región fronteriza labora-
torios biológicos con ﬁnes militares
La nueva Estrategia de Seguridad
torios biológicos con ﬁnes militares

ARTÍCULO OPINIÓN
de la Federación Rusa. A partir de 2018, la Ma-
rina militar será dotada de nuevos sumergibles
que disponen de modernísimos sistemas de con-
trol y comunicaciones, difícilmente detectables
por los servicios de vigilancia de la OTAN. Tam-
poco podrán localizar los radares utilizados por
el Ejército de los Estados Unidos los nuevos
aviones de combate Sujoy PAK FA o T-50, ca-
paces de despegar desde la cubierta de los por-
taaviones.
Otra de las prioridades sería el reforzamiento
del papel desempeñado por los servicios de inte-
ligencia. Ello implica, según los estrategas, la ca-
pacidad de incidir de manera
eficaz en políticas planetarias.
Lo que de verdad preocupa
al Kremlin son las llamadas re-
voluciones de colores, que represen-
tan un peligro para la seguridad
nacional. Alusión obvia a la re-
volución de Maidan y el derro-
camiento del presidente ucranio
Víctor Yanúkovich, obligado a
abandonar el país tras las pre-
siones ejercidas, muy democráti-
camente, por Washington y Ber-
lín.
Para Moscú, el conflicto de
Ucrania se ha tornado en una
auténtica pesadilla.
“La consolidación de una
ideología nacionalista de ex-
trema derecha, los esfuerzos
deliberados de ofrecer una ima-
gen pública de Rusia –enemigo
potencial – convierte a Ucrania
en una fuente de inestabilidad
europea a largo plazo”, señala
el informe.
Además de temer por el
desmembramiento de la Fe-
deración, los posibles ataques
contra la unidad y la integri-
dad territorial del país, la Es-
trategia denuncia los esfuerzos
de Occidente de obstaculizar
la creación de la Unión Euroa-
siática, espacio político-económico promovido
por el Kremlin con miras a contrarrestar el peso
de la Unión Europea. Dichos esfuerzos, señala
el documento, afectan de manera negativa los
intereses nacionales rusos.
Finalmente, al abordar el tema de los refu-
giados, los autores de la Estrategia hacen hinca-
pié en la vulnerabilidad del sistema de seguridad
de la región euro-atlántica, controlada por la
OTAN y la Unión Europea.
En resumidas cuentas, el común denomina-
dor de las nuevas estrategias de seguridad podría
resumirse en una sola palabra: enemigo.
CECILIAMARTÍNEZ

ARTÍCULO
OPINIÓN
Q
uizá haya llegado el momento de ha-
blar menos de “ayuda humanitaria”
y denunciar las corrupciones y abusos
por parte de los poderosos del Norte sociológi-
co en connivencia con dirigentes venales de esos
pueblos empobrecidos del Sur, de Oriente Me-
dio y de tantas otras latitudes. Hay que llamar
a las cosas por su nombre y no quedarnos en
reacciones viscerales cuando se trata de atajar
los males en sus raíces.
Si se pagara el precio justo por las materias
primas que se les expolia obligándolos a mono-
cultivos intensivos que desertizan las tierras; si se
impusiera un embargo
absoluto en la venta de
armas de manera que
ningún país miembro
de la Organización
de las Naciones Uni-
das (ONU) pudiera
vender armas a esos
Estados bajo amenaza de las más severas san-
ciones; si se detuviera la proliferación de fábri-
cas sucursales del Norte que se instalan en esos
países para explotar la mano de obra barata y
sin condiciones de seguridad social alguna; si se
reconociera que la deuda externa ya está paga-
da con creces y que muchos países necesitan el
60 por ciento de su renta nacional para pagar los
intereses de la misma; si no se invadieran sus
mercados con los excedentes de producción
de las industrias del Norte creándoles nuevas
necesidades y dependencias por medio de la
imposición del modelo de desarrollo neolibe-
ral, elevado a la categoría de paradigma, y que
se ha revelado como eﬁcaz sólo donde ha habi-
do posibilidad de explotar las materias primas y
la mano de obra barata de otros pueblos como
“recursos”; si se llevara a los tribunales penales
internacionales a las multinacionales perversas y
potencias corruptoras así como a los dirigentes
venales de esos países; y si se cooperara en situa-
ción de igualdad con esos pueblos para ayudar
en un desarrollo endógeno, sostenible, equilibra-
do y global –de acuerdo con sus idiosincrasias,
culturas y característi-
cas propias–, se estaría
contribuyendo a una
verdadera actitud hu-
mana y justa que va
más allá de una ayuda
económica esporádica
y siempre de acuerdo
con los intereses de los países donantes.
Hace años, el entonces secretario general de
la ONU, Koﬁ Annan, denunció a los países ricos
por reducir en un 24 por ciento la ayuda huma-
nitaria y aseguró que el hambre hacía peligrar
el futuro de 20 millones de personas en Áfri-
ca. Annan solicitó un esfuerzo especial cuando
la atención mundial había vuelto sus ojos y su
dinero a otras crisis. Sus palabras no sirvieron
para movilizar a la comunidad internacional
y seguimos lamentándonos de que millones de
BASTA DE “AYUDA HUMANITARIA”
EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL
JOSÉ CARLOS GARCÍA FAJARDO, PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID; DIRECTOR DEL CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
Se debe reconocer que la deuda ex-
terna ya está pagada con creces y que
muchos países necesitan el 60% de su
renta nacional para pagar los intereses
Se debe reconocer que la deuda ex-
renta nacional para pagar los interesesrenta nacional para pagar los intereses

ARTÍCULO OPINIÓN
seres humanos estén amenaza-
dos por el hambre, las guerras
y revoluciones cuando se podía
haber actuado con antelación.
Reconocemos esa terrible
situación pero debemos pre-
guntarnos por las causas de
esas hambrunas –debidas no
sólo a la sequía sino a la impo-
sibilidad de cultivar los cam-
pos– de esas guerras, de esos
desplazamientos humanos.
Ya está bien de explotación,
de mentiras y de falsos proble-
mas. África es un continente
rico en pueblos, culturas y ci-
vilizaciones, rico en materias
primas, en tierras regadas y
en bosques. Es la mayor reser-
va del mundo en toda clase de
minerales. Quizá por eso nos
pidan “ayuda humanitaria” en
lugar de justicia y de solidari-
dad. El expresidente de Tan-
zania Julius Nyerere dijo a una
comisión de donantes de países
del Norte: “Por favor, no nos
echen una mano, quítennos el
pie de encima”. El líder cono-
cido como la Conciencia de Áfri-
ca pedía relaciones de justicia.
Como Jomo Kenyatta, primer
presidente de Kenia, decía de
los ingleses: “Cuando vinieron,
ellos tenían la Biblia y nosotros
las tierras; ahora, ellos poseen las tierras y a no-
sotros nos dejaron la Biblia”.
Recordemos esas posibilidades de ayuda por
parte de la comunidad internacional, que pue-
den sonar utópicas, pero que las asumimos en el
sentido de que “utopía es lo que no existe en nin-
gún lugar… todavía”. Porque no debemos soñar
con un hipotético Plan Marshall que podría lle-
var a una dependencia todavía mayor respecto
de las economías de los países del Norte.
Cierto que cabe una ayuda, aunque sólo sea
por la vía de la reparación –en estricta equi-
dad y justicia–, pero pudiera ser que la mejor
manera de ayudarles fuera retirándonos y re-
conociendo su mayoría de edad y la capacidad
para relacionarse con otros países y con otros
modelos de desarrollo económicos distintos en
términos de igualdad.
El más terrible azote de los pueblos en con-
flictos motivados por el fanatismo como reac-
ción a la explotación de sus riquezas naturales
no es el hambre ni las epidemias, sino los intere-
ses económicos extranjeros, sus dirigentes y las
fuerzas militares o paramilitares.
CECILIAMARTÍNEZ

INVESTIGACIÓN PORTADA
GASTA
MÁS PEÑA
QUE CALDERÓN
EN ARMAMENTO

INVESTIGACIÓNPORTADA
El gobierno de Peña
Nieto ha gastado más de
2 mil millones de dólares
en armamento militar
comprado a Estados
Unidos. Helicópteros,
aviones y vehículos
todo terreno, entre las
adquisiciones
E
n lo que va del sexenio de Enrique Peña
Nieto,México ha erogado 2 mil 35 millones
822 mil dólares en armamento y equipo mi-
litar adquirido a Estados Unidos. Al tipo de cam-
bio actual, el monto sería equivalente a 28 mil 560
millones 37 mil 613 pesos. Entre las adquisiciones
se encuentran helicópteros, aviones y vehículos
todo terreno.
La Agencia de Defensa, Seguridad y Coope-
ración (DSCA, por su sigla en inglés), que por ley
está obligada a informar de las compras de armas y
equipo militar realizadas en Estados Unidos,cuen-
ta con los reportes de las adquisiciones que des-
de 2009 y hasta la fecha ha efectuado el gobierno
mexicano.
El 12 de marzo de 2015, el almirante William
E Gortney, comandante de la Marina de Estados
Unidos,ya adelantaba algo al respecto.Dijo ante la
Comisión de Servicios Armados del Senado esta-
dunidense que “México tomó el decisivo paso de
acercarse al Departamento de Defensa sobre las
CUARTOSCURO
AXEL PLASA, @axel_contra

adquisiciones en equipo militar de Estados Uni-
dos a través del programa de las Ventas Militares
Exteriores [Foreign Military Sales Program], un
paquete de helicópteros UH-60 y vehículos de alta
movilidad polivalente de doble tracción [Hum-
vees] valorados por encima de 1 mil millones de
dólares […]”.
En entrevista con Contralínea, Adolfo Arreo-
la –maestro en estudios México-Estados Unidos
por la Universidad Nacional Autónoma de México
e investigador adscrito a la Universidad Anáhuac
México Norte– afirma que la cantidad de material
militar que se compró entre 2008 y 2015 ha co-
locado a la nación como el primer comprador de
armas latinoamericano.
El informe La industria de la defensa y seguridad
en América Latina 2014-2015, elaborado por Ana
Victoria Suárez Jiménez, menciona en el apartado
relativo a México que en el país “[…] algunas de
sus instituciones vinculadas a la defensa y seguri-
dad hasta triplicaron el presupuesto el pasado año
[2014]. Concretamente, la Secretaría de Gober-
nación se convirtió el año pasado en el organismo
estatal más poderoso en materia de seguridad con-
centrando una de las mayores porciones del presu-
puesto general mexicano, con 5 mil 468 millones
900 mil dólares, superando incluso a la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), que incluye al
Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea Mexicana”.
En ese año,la Sedena había destinado para el mis-
mo rubro 4 mil 922 millones 200 mil dólares. Por
su parte,la Secretaría de Marina (Semar) erogó en
el mismo periodo 1 mil 884 millones de dólares.
Adquisiciones de
Calderón y Peña
Durante el segundo trienio de Felipe Calde-
rón (2009-2012), el Ejecutivo federal adquirió en
marzo de 2009 cinco helicópteros B 412 EP de
la empresa Bell, además de “partes de repuesto y
reparación, equipo de soporte, servicio de trans-
bordador, publicaciones y datos técnicos”, según el
comunicado 09-18 de la DSCA,por un costo total
de 93 millones de dólares,equivalentes a 1 mil 255
ISAACESQUIVEL/CUARTOSCURO
Durante el segundo
trienio de Calderón,
el gobierno adquirió
cinco helicópteros B
412 EP

millones 500 mil pesos.
En el mismo año, en abril, el gobierno mexica-
no adquirió a la EADS North America, asentada
en Arlington, Virginia, Estados Unidos, una nave
tipo persuader maritime patrol aircraft, por un costo
de 60 millones de dólares. La compra incluye el
modelo CN-235-300M-M01, además de “partes
de repuesto y reparación,equipo de soporte,publi-
caciones y datos técnicos,
entrenamiento de personal
y equipo de entrenamiento,
ingeniería del contratista y
servicios de soporte técni-
co […]”, según consta en
el comunicado 09-13 de la
DSCA. El monto erogado
equivale a 81 millones en
pesos mexicanos.
Para 2012, la adminis-
tración de Calderón com-
pró dos aviones C-130J-30
de la empresa Lockheed
Martin, basada en Mariet-
ta,Georgia,por un valor aproximado de 412 millo-
nes de dólares,equivalentes a 5 mil 426 millones 40
mil pesos.Además de las naves,el contrato incluyó
“10 motores AE2100D3 (ocho instalados y dos
de remplazo), modificaciones de la naves, equipo
proporcionado por el gobierno, equipo de comu-
nicación, partes de repuesto y reparación, equipo
de soporte y prueba, publicaciones y documenta-
ción técnica, entrenamiento de personal y equipo
de entrenamiento, ingeniería del contratista y del
gobierno de los Estados Unidos, servicios de so-
porte técnico y logístico […]”, según consta en el
comunicado 12-54 de la DSCA.
En enero 2012 se adquirieron seis aviones
T-6C+ a la empresa Hawker Beechcraft, por un
valor de 103 millones 688 mil dólares, equiva-
lentes a 13 mil 240 millones 957 mil 760 pesos
mexicanos, según el comunicado de prensa de la
compañía aeronáutica (http://txtav.com/en/news-
room/2012/01/hawker-beechcraft-signs-contract-
with-mexican-air-force-for-six-t6c-trainers). Jim
Maslowski, presidente de la empresa afirmó que:
“Nosotros vemos esta venta de seis aeronaves como
el inicio de una larga y productiva relación con las
Fuerzas Armadas Mexicanas”. Las naves se carac-
terizan por contar con alas de punta dura,pantallas
HUD, Panel de Control frontal, una cabina inte-
grada de vidrio, una cabina con serie avanzada de
aviónica Esterline CMC Cockpit 4000 […]”.
Con el traspaso del poder al gobierno priísta
de Enrique Peña Nieto inició una serie de com-
pras militares sin precedente. En octubre de 2013
se adquirieron seis uni-
dades más del avión de
entrenamiento T-6C+
por un monto de 103
millones 688 mil dólares,
equivalentes a 1 mil 324
millones 95 mil 760 pe-
sos mexicanos. En un co-
municado de la empresa,
fechado el 24 de octubre
2013 (http://txtav.com/en/
newsroom/2013/10/beech-
craft-signs-followon-con-
tract-with-mexican-air-
force-for-six-t6c-trainers)
se menciona que “Beechcraft Corporation anuncia
hoy la venta consecutiva de su [avión] de entre-
namiento militar Beechcraft T6C+ a las Fuerzas
Aéreas Mexicanas (FAM).”Adicionalmente men-
ciona el mismo comunicado un segundo contrato
de apoyo técnico y de mantenimiento de 2 años en
proceso.
En marzo de 2014, el Ejecutivo federal solici-
tó la compra de 2 aviones T6C+ adicionales por
el monto de 17 millones 281 mil 333 dólares,
equivalentes a 229 millones 841 mil 733 pesos
mexicanos, a la empresa estadunidense Hawker
Beechcraft, con las mismas características antes
mencionadas, según consta en el comunicado de
la empresa del 24 de marzo de 2014 (http://txtav.
com/en/newsroom/2014/03/mexican-navy-pla-
ces-initial-order-for-beechcraft-t6c-trainers), donde
menciona que “esta adquisición representa un pri-
mer paso hacia la modernización de aviación de ala
fija de la Armada mexicana y sigue a una reciente
expansión del parque aéreo de entrenamiento de
las Fuerzas Armadas Mexicanas para alcanzar 12
aeronaves T-6C+”.
El mismo mes la Secretaría de Marina for-
En octubre de 2013 se
adquirieron seis aviones
de entrenamiento T-6C+
por un monto de 103
millones 688 mil dólares,
equivalentes a 1 mil 324
millones 95 mil 760 pesos
mexicanos

malizó la compra a la misma Beechcraft de cua-
tro aviones King Air 350 ER por un valor de 23
millones 200 mil dólares, equivalentes a 308 mi-
llones 560 mil pesos mexicanos. De esta tanda de
aviones el primero fue entregado el 15 de julio de
2014 a la dependencia mexicana, representada por
el director general adjunto de Aeronáutica Naval
de la Semar,el Contraalmirante José María García
Macedo, quien se desplazó hasta Wichita, Kan-
sas, Estados Unidos para ello (http://txtav.com/en/
newsroom/2014/07/mexican-navy-takes-delivery-
of-ﬁrst-of-four-beechcraft-king-air-350er-aircraft).
La segunda unidad fue entregada el 21 de agos-
to del mismo año. El comunicado de la empresa
menciona que el “recién entregado [avión] King
Air es parte de un contrato de cuatro aeronaves fir-
mado previamente este año.
El primer King Air 350 fue
entregado solamente hace
unos meses, y las aeronaves
restantes previsiblemente
serán entregadas a princi-
pios de 2015” (http://txtav.
com/en/newsroom/2014/08/
beechcraft-delivers-t6c-tra-
iners-king-air-350er-to-
mexican-navy).
La Semar, por su lado,
a través del comunicado de
prensa 106/2014, del 2 de
noviembre de 2014, infor-
ma que la dependencia y la Procuraduría General
de la República (PGR) “firmaron un convenio ge-
neral de colaboración en el cual un avión de patru-
lla y vigilancia marítima clase King Air 350 ER y
10 helicópteros Schweizer S-333 causan alta en el
servicio activo de la Armada de México,tratándose
de un ejemplar de los cuatro comprados previa-
mente, que pasa a formar parte de los efectivos de
la Semar”.
El 30 de octubre de 2014, la empresa Airbus
anunció la firma de un contrato para la compra de
dos aviones C295 por parte de la Semar por un
valor de 69 millones 174 mil dólares, equivalentes
a 920 millones 14 mil 200 pesos mexicanos. En
el comunicado citado (https://airbusdefenceands-
pace.com/newsroom/news-and-features/mexico-or-
ders-more-airbus-c295-aircraft/) el director comer-
cial de Aviones Militares Airbus, Antonio Rodrí-
guez Barberán,comenta:“Estamos muy orgullosos
que México, que ya tiene la flota más grande de
Airbus Defense and Space en América Latina ha
demostrado su confianza en nuestros productos al
decidir incrementar nuevamente su flota de C295”.
En el Plan de Modernización de las Fuerzas
Armadas Mexicanas 2013-2018 figura además
la adquisición “prevista” de un avión Grumman Gulfs-
tream. Con base en la lista de adquisiciones de
aeronaves y vehículos adquiridos por la Sedena en
el periodo 2008-2014 –de la que Contralínea tiene
una copia– el modelo Gulfstream G 150 tendría
un costo unitario aproximado de 37 millones 750
mil dólares,equivalentes a 502 millones 75 mil pe-
sos mexicanos.
La publicación Fuer-
za Aérea Mexicana. La
aviación militar, un siglo de
historia (1915-2015), coe-
ditado por la Comisión
de Defensa Nacional de
la LXII Legislatura de la
Cámara de Diputados y la
Secretaria de la Defensa
Nacional, dice al respecto
que “la adquisición de las
aeronaves será para sus-
tituir paulatinamente el
material de vuelo con más
años de servicios”, considerando que “no se con-
templa aumentar la cantidad de aeronaves,toda vez
que el objeto es la sustitución de material de vuelo
por otro de las mismas características”.
El 21 de marzo del año 2014, el Ejecutivo so-
licitó la compra, de acuerdo con el comunicado
14-10 de la DSCA, de 18 helicópteros UH-60M
Black Hawk en su versión estándar a las empre-
sas Sikorsky Aircraft Company y General Electric
Aircraft Company por un valor de 680 millones
de dólares, equivalentes a 10 mil 23.2 millones
de pesos. Éstos contaban con “equipamiento úni-
co y equipamiento gubernamental suministrado
(GFE, por su sigla en inglés), 40 motores T700-
GE-701D (36 instalados y seis de repuesto), 42
sistemas de posicionamiento global integrados/
El 30 de octubre de
2014, Airbus anunció la
venta de dos aviones
C295 a la Semar, por un
valor de 69 millones 174
mil dólares, equivalentes
a 920 millones 14 mil 200
pesos mexicanos

sistemas de navegación inerciales (36 instalados y
cuatro de repuesto), 36 ametralladoras M134 de
7.62 milímetros, cinco sistemas de planeación de
misión de aviación,18 anteojos de visión de noche
AN/AVS-9, y un grupo eléctrico para la aviación”.
También contempla sistemas de comunicación
“incluyendo series de radios AN/ARC-210 RT-
8100, sistemas de identificación de Amigo o Ene-
migo (IFF por sus siglas en inglés), la garantía de
la aeronave, apoyo a la navegabilidad, construcción
de infraestructura, partes de repuesto y reparación,
prospección del sitio, herramientas y equipo de
prueba”. El costo final de esta compra fue de 680
millones de dólares o 10 mil 23 millones 200 mil
pesos.
También ese año, el 16 de mayo de 2014, Peña
Nieto solicitó la compra, según el comunicado de
prensa 14-17 de la DSCA,de 3 mil 335 Humvees
o vehículos de ruedas de alta movilidad multiusos
(HMMWV’s), además de “piezas de repuesto y
reparación, equipo de apoyo y prueba, equipo de
comunicación, publicaciones y documentación
técnica, personal de entrenamiento y equipo de
entrenamiento, ingeniería del gobierno de los Es-
tados Unidos y del contratista, servicios técnicos y
de apoyo logístico y otros elementos relacionados
de apoyo logístico y del programa”.Estos vehículos
fueron encargados a la empresa AM General. El
costo final de la adquisición fue de 556 millones
de dólares, equivalentes a 8 mil 195 millones 44
mil pesos.
El 17 de marzo de 2015 Enrique Peña Nie-
to encargó adicionalmente tres helicópteros UH-
60M Black Hawk a la Sikorsky Aircraft Company
y a General Electric Aircraft Company (GEAC).
Según el comunicado de prensa 15-04, se trata de
“helicópteros UH-60M Black Hawk en configu-
ración estándar del gobierno de Estados Unidos,
con equipo único designado, equipamiento gu-
bernamental suministrado (GFE) , seis motores
T700-GE-701D, seis sistemas de posicionamien-
to global incorporados/sistema de navegación
inercial H-764G, seis ametralladoras M134 de
7.62 milímetros, tres sistemas de radar infrarrojo
prospectivo Star Safire III, tres sistemas de plani-
ficación de misiones de aviación, 12 anteojos de
visión de noche AN/AVS-9, y un grupo eléctrico
para la aviación. También están incluidas partes
de repuesto y reparación, equipo de apoyo, equipo
de comunicación, construcción de infraestructura,
apoyo a la navegabilidad, publicaciones y docu-
mentación técnica, ingeniería y servicios de apoyo
logístico, además de otros elementos relacionados
de logística y de programa de apoyo”.El costo final
de la adquisición está estimado en 110 millones de
pesos equivalentes 1 mil 824 millones de pesos.
En la revista electrónica La Gran Fuerza de
México de febrero 2015, el coronel de infantería
Humberto Zerón Martínez publicó en el artícu-
lo “Adquisición de aeronaves para modernizar la
Por ley, la Agencia de Defensa, Seguridad y Cooperación está obligada a informar de las
compras de armas y equipo militar realizadas en Estados Unidos

flota de la Fuerza Aérea Mexicana” la compra de
42 aviones T6C.El artículo contiene una entrevis-
ta con el general de división piloto aviador Carlos
Antonio Rodríguez Munguía, comandante de la
Fuerza Aérea Mexicana, quien afirma que “se han
formalizado los contratos […] derivado de la nece-
sidad de sustituir las aeronaves Pilatus PC-7”.Esta
adquisición está valorada en 362 millones 907 mil
972 dólares, equivalentes a 5 mil 741 millones 204
mil 117 pesos.
Como un beneficio adicional y “sin costo” para
la Sedena, se le entregarían “tres aviones King Air
350i”, que costarían por sí solos 174 millones de
pesos equivalentes a 2 mil 752 millones 680 mil
pesos.Estos ejemplares son el premio a la fidelidad.
En marzo de 2015, la Secretaría de Marina
fue la pionera en adquirir un C295W de la em-
presa Airbus, con un costo de 69 mil 174 millones
de dólares, equivalentes a 1 mil 94 millones 332
mil 680 pesos. En un comunicado de la empresa
Airbus (http://militaryaircraft-airbusds.com/Press-
Center/LatestNews/TabId/176/ArtMID/681/Ar-
ticleID/367/Mexico-becomes-launch-customer-for-
new-Airbus-C295W.aspx) se anuncia la compra del
avión.“La ventaja de los winglets en condiciones de
altura y calor suponen que el desarrollo del C295W
es un paso esencial para nuestra exitosa familia de
aviones de tamaño medio y ligero. Es además un
placer añadido entregar este primer avión a Mé-
xico, que ya cuenta con la mayor flota de aviones
de transporte de Airbus Defence and Space en
América Latina”,sostuvo el Director Comercial de
Airbus Defense and Space.
Igualmente en el artículo citado del coro-
nel Humberto Zerón Martínez se informa de la
compra de 15 helicópteros Bell 407 GX, con un
costo aproximado de 58 millones 741 mil 20 dóla-
res, equivalentes a 939 millones 282 mil 936 pesos
mexicanos.
De acuerdo con la lista publicada, en 2013 el
gobierno de Peña Nieto habría gastado en total 51
millones 844 mil dólares (662 millones 47 mil 880
pesos), mientras que en 2014 el gasto ya ascendía
a 1 mil 383 millones 155 mil dólares (18 mil 395
millones 970 mil pesos),multiplicando por más de
25 veces el gasto interanual.Para 2015 el gasto mi-
En 2013, el
gobierno de Peña
Nieto habría gastado
en total 51 millones
844 mil dólares en
armamento y equipo
militar
ENRIQUEORDÓÑEZ/CUARTOSCURO

litar en adquisiciones se redujo de nuevo en 600
millones 823 mil dólares (950 millones 501 mil
733 pesos). Así, el año pasado el gobierno mexica-
no gastó 700 millones 879 mil 500 dólares (equi-
valentes a aproximadamente 11 mil 951 millones
659 mil 112 pesos).Con esta tendencia vemos que
el año 2014 es el año de mayor gasto, dentro de la
administración en curso.
El jefe del Programa sobre Gastos Militares
del Stockholm International Peace Research Ins-
titute (SIPRI, Suecia), Sam Perlo-Freeman, dice
en entrevista con Contralínea que en el periodo
2010-2014, comparado con el de 2005-2009, la
importación de México de las armas convencio-
nales aumentó cuatro veces”.Perlo Freeman señala
que México representa apenas el 0.3 por ciento de
las ventas estadunidenses de
armas pero este país “pare-
ce crecer en importancia
como comprador de la in-
dustria armamentística de
Estados Unidos”.
De hito
en hito:
superando
los gastos del
antecesor
La violencia que México vivó durante el sexe-
nio de Felipe Calderón Hinojosa, que gobernó de
2006 a 2012,estuvo acompañada de un importante
aumento en gasto militar.No obstante,visto en re-
trospectiva, sus gastos hasta parecerían menores si
se miden por los estándares del sexenio de Enrique
Peña.
En entrevista a Contralínea, Sam Perlo-Free-
man afirma que “entre 2012 y 2014 los gastos tota-
les militares de México han subido en 16 por ciento
en términos reales.Sin embargo ya estaban en alza
bajo Calderón. En el último año de la presidencia
de Calderón los gastos militares se incrementaron
en 60 por ciento, esto entre 2006 y 2012 en térmi-
nos reales después del ajuste con la inflación”.
Según Perlo-Freeman el incremento ha sido en
promedio de 8 por ciento. Aunque actualmente la
tendencia esté a la baja en el gasto militar,la adqui-
sición de equipamiento militar sí se incrementó del
6 por ciento en 2008 al 13 por ciento en 2012 hasta
llegar al 16 por ciento en 2014.
La Iniciativa Mérida ronda los 194 millones de
dólares,pero solamente 7 millones están dedicados
a la adquisición militar en sí.
Según el investigador del SIPRI para el año en
curso,estaríamos hablando de 18 por ciento,según
las proyecciones del instituto,“que se han triplicado
de lo que eran en 2008, además que el promedio
absoluto de niveles de gasto militar han subido de
forma substancial, y esto tiene que ver con los cár-
teles de las drogas”.
Por medio de la Ley
General de Transparen-
cia, Contralínea solicitó
a la Sedena copia de los
contratos que amparan la
adquisición de armamen-
to a Estados Unidos. Sin
embargo, la dependencia
clasificó la información
como “reservada”. Por su
parte, la PGR, la Secre-
taría de Gobernación y el
Centro de Investigación y
Seguridad Nacional adu-
jeron la “inexistencia”de la
información.
Al consultar a la empresa Lockhead Martin
acerca de la compra de equipo militar por parte del
gobierno mexicano, la encargada de comunicación
Stephanie Sonnenfeld Stinn indica que la compa-
ñía “no está actualmente contratada para entregar
ningún ejemplar de C-130J por parte de México.
Sin embargo, agrega que “estamos listos para apo-
yar al gobierno mexicano en sus futuras necesida-
des de transporte aéreo […]”. Nada se comenta de
si en el pasado fue adquirido un avión C-130J du-
rante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.
Al contactar a la directora de Comunicación
Empresarial de EADS North America, Frances
Benett, se informó a Contralínea que la empresa
mantiene la información de sus clientes bajo confi-
Comparado con el
periodo de 2005-2009,
en el lapso 2010-2014
la importación de
México de las armas
convencionales aumentó
cuatro veces, indica Sam
Perlo-Freeman

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