Contralínea 549

Año 16 • Número 549 • $30
Del 24 al 30 de julio de 2017
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 24 de julio de 2017
DIRECTOR Miguel Badillo
oﬁciodepapel@yahoo.com.mx
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INFORMACIÓN Zósimo Camacho
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EDICIÓN Nancy Flores
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CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez
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ILUSTRADOR
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REDACCIÓN 5554-9194
PUBLICIDAD 5554-9193
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Y VENTA DE LIBROS 5554-9192
Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen,
delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
DEMANDAN
EXCARCELACIÓN
DE ANARQUISTA FERNANDO BÁRCENAS
Fernando Bárcenas Casti-
llo de 22 años, está preso
en el Reclusorio Norte
desde el 13 de diciembre
de 2013, cuando fue dete-
nido durante una protesta
contra el alza a la tarifa
del Metro y sentenciado
a 6 años de prisión por
ataques a la paz pública y
asociación delictuosa ante
la quema de un anuncio
publicitario, aun cuando
durante su proceso penal
se le negaron las supuestas
garantías procesales a las
que en teoría toda persona
tiene derecho. Puesto que,
desde su ingreso al penal,
Fernando ha animado
diversos proyectos cultura-
les y educativos –entre los
que destacan la formación
de una biblioteca y la
edición de un periódico–,
en represalia las autorida-
des de la institución lo han
relegado continuamente a
zonas de castigo.
Denunciamos que,
desde septiembre de 2016,
fecha en la que Fernando
participó en una huelga
de hambre junto con tres
compañeros, también
detenidos en el contexto
de manifestaciones polí-
ticas, la institución lo ha
mantenido en aislamiento,
causando serios daños a
su integridad física y emo-
cional. Demandamos a las
autoridades del Recluso-
rio Norte que Fernando
Bárcenas sea sacado de
la zona de castigo y reu-
bicado inmediatamente.
Exigimos respeto a su vida
y el cese a las agresiones
en su contra. Hacemos
responsable a las autorida-
des del Reclusorio Norte,
en particular al director,
Enrique Serrano Flores,
y al Estado mexicano de
cualquier daño moral o
físico que pueda sufrir
Fernando Bárcenas, quien
es uno de los rehenes que
el Estado mexicano posee
para justificar su discurso
de garante de la seguridad
de la sociedad, cuando lo
único que ejerce contra
ésta es una violencia gene-
ralizada.
Finalmente, le recor-
damos al Poder Judicial
del Distrito Federal que
Fernando Bárcenas ya
ha cumplido el lapso de
sentencia requerido para
obtener su libertad antici-
pada, por lo que exigimos
que se le respete este dere-
cho y sea excarcelado.
Asociación Espoir
Chiapas, Francia;Adherentes
a la Sexta de Barcelona,
Estado Español; Comité de
Solidarité avec les Peuples
du Chiapas en Lutte
(CSPCL), Paris, Francia;
Mario Luna Romero,Vícam,
Sonora;Adriana López
Monjardín, profesora del
Posgrado en Antropología
Social, Escuela Nacional de
Antropología e Historia
(ENAH); Luz Olivia
Domínguez Prieto, jefa del
Posgrado en Antropología
Social, ENAH; Isaura
Rosas Reinhold, maestra
en biología, Universidad
Nacional Autónoma de
México (UNAM); Luis
de la Peña Martínez,
profesor, ENAH; Sandra
Odeth Gerardo Pérez,
profesora, ENAH; Carolina
Concepción González
González, profesora, La
Paz, Baja California Sur;
Amaury Jiménez Mora,
estudiante, La Paz, Baja
California Sur; Elvira
Nava y Courrech; Malú
Huacuja delToro, escritora;
Florentino Moreno Beltrán,
Movimiento Magisterial
Jaliscience; Ramona Avilés
Gómez, La Paz, Baja
California Sur, miembro del
Comité Ejecutivo Nacional
Democrático (CEND),
sección 3 del Sindicatp
Nacional deTrabajadores
de la Educación (SNTE) en
Lucha; doctor Emmanuel
Gómez García, médico
ortopedista; Daniel
Alejandro Mekler, músico
universitario, La Paz, Baja
California Sur; Gerardo
González Pereyda, técnico
A del CEND del SNTE
en Lucha, Michoacán;
Alejandro Etiel Gerardo
Pérez, estudiante, Facultad
Ingeniería, UNAM; Elia
Baltazar;Verónica Canchola;
Eduardo Pineda Pineda;
Fernando Caamaño Uribe;
Enrique González González;
Gonzalo Amozurrutia Nava;
Diego Amozurrutia Nava;
Unitierra Puebla; Erika
González Esquivel; Lizbeth
ZambranoVillalobos,
escenógrafa; Julio Itzayán
Anaya López, estudiante
de posgrado, ENAH; Nuria
Ramírez Solano, estudiante
de posgrado, ENAH;
JulianaVanessa Maldonado,
Centro de Investigaciones
y estudios Superiores
en Antropología Social
(CIESAS); José Roberto
Romero Navarro, ENAH;
Lourdes Janett Gallardo
Robles, CIESAS

www.contralinea.com.mx 5
Por movilización
social liberan a
integrantes del
FNLS, dice
El 26 de junio se anunciaron los
trabajos de la exhumación del
compañero Humberto Morales
Sántiz, de escasos 13 años de
edad, originario de la comuni-
dad del Carrizal, municipio de
Ocosingo, estado de Chiapas;
fue torturado y ejecutado ex-
trajudicialmente, por el gru-
po-banda paramilitar Los Pe-
tules. Este grupo está protegido
por el Estado policiaco-militar
para seguir cometiendo críme-
nes de lesa humanidad contra
el pueblo.
Se cumplieron cuatro meses
el 28 de junio del presente año
y nada de respuesta del Estado;
sólo la represión, hostigamien-
to, tortura, desapariciones
forzadas contra los compañeros
integrantes del Frente Nacional
de Lucha por el Socialismo
(FNLS), como el caso del
compañero Fidencio Gómez
Sántiz, detenido-desaparecido
y el asesinato político de Héctor
Sántiz López.
La necropsia de nuestro
compañero Humberto se
realizó en el Servicio Médico
Forense (Semefo), de la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez. Se partió
desde la comunidad El Carri-
zal, el día 27 de junio por la
mañana, con una marcha-ca-
ravana que acompañaba sus
restos. La manifestación se topó
con un bloqueo en la carretera
federal, por lo que tuvo que dar
vuelta por otra vía, llegando a
Tuxtla a las 23 horas. El trabajo
del Equipo Argentino de Antro-
pología Forense inició el 28 de
junio a las 10 de la mañana. Sin
embargo, los peritos que esta-
ban nombrados o comisionados
por la Procuraduría General de
Estado, de manera intenciona-
da, llegaban tarde y entorpe-
cían el trabajo aun cuando ya
existía un horario para el inicio
de la necropsia de ley.
Además, en las instalaciones
de la Semefo no tenían el apa-
rato de rayos X, situación que
retrasó aún más los trabajos pe-
riciales. Quedó clara la actitud
del Estado de no estar de acuer-
do para que se hiciera la investi-
gación del crimen cometido del
cual es responsable. La política
de Estado es seguir sometiendo
al pueblo trabajador y para ello
es seguir fortaleciendo el desa-
rrollo político-económico de los
grandes empresarios nacionales
e internacionales.
El 29 de junio, a las 8:40,
una comisión del FNLS nos
encontrábamos manifestando
y repartiendo volantes sobre
el caso de nuestro compañero
Humberto en las inmediaciones
de la caseta ubicada en Chiapa
de Corzo. Minutos después fui-
mos desalojados violentamente
por la policía: el Mando Único,
la Policía Federal, Estatal y
Fuerza Civil. Al lugar llegaron
más de 100 elementos. Uno de
ellos se colocó a la orilla de la
carretera y apuntó hacia noso-
tros con un arma de alto poder.
Dos de ellos se acercaron hasta
donde estábamos, tomando
fotos para intimidar. Los compas
se acercaron a la policía con la
intención de dialogar y dar a
conocer los motivos de nuestra
presencia y en ese momento
llegó en un camión Dina un
grupo mucho más grande de
policías. Se bajaron y de inme-
diato se lanzaron contra noso-
tros sin decir ninguna palabra,
llegaron con golpes, empujones
y disparando cartuchos de gas
lacrimógeno contra nosotros; a
dos de los compas, Gumersindo y
Ollin, se los llevaron arrastran-
do y golpeando; a otros dos, a
la compañera Adriana la tenían
rodeada y a Roberto igual.
Mientras al compañero
Carlos lo venían correteando,
yo intenté defenderlo del poli-
cía, por lo que me persiguen. A
unos metros me alcanzaron y
como venían muchos me aga-
rraron, me aventaron dos pata-
das, una en el tobillo izquierdo
y otra en la mera rodilla iz-
quierda, me querían tumbar,
todavía alcance a sostenerme,
me dieron un golpe con el es-
cudo en el brazo izquierdo y un
puñetazo en la cara; entre seis
policías me llevaban jalando y
de ahí me llevaron donde esta-
ba la patrulla, uno de ellos me
iba agarrando del cuello y dos
en los brazos y en el cinturón.
Llegando a la patrulla 40037
decían: “Súbete, hijo tu chingada
madre”. Como me tenían aga-
rrado de los dos brazos y por el
golpe que me dieron no podía
subirme; entre más me some-
tían menos podía sostenerme.
En ese momento aprovechan
para quitarme mi mochilita
tipo portafolio que contenía
una funda de una cámara
canon, una memoria de 2 Gb,
una cartera que contenía 800
pesos en efectivo, recurso que
me habían dado los compañe-
ros para mi pasaje de regreso,
mi identificación que me acre-
dita como vicepresidente del
Comité de Derechos Humanos
de la Huasteca y Sierra Orien-
tal (CODHHSO) así como mi
credencial de elector.
Es un robo lo que come-
tieron los dos policías, porque
me di cuenta a donde botaron
mis cosas, fue en la cabina y
todavía les reclamé, les exigí
que me dieran mi mochila, él
me dijo “cuando llegues allá se
le entregara”. En la detención
fuimos 13 compañeros, entre
ellos cuatro mujeres, íbamos
custodiados por seis policías en
cada patrulla, nos trasladaron a
la Fiscalía de Chiapa de Corzo
donde fuimos sometidos y ame-
nazados sicológicamente. Cada
15 minutos pasaban conmigo,
me pedían datos de dirección y
nombre completo, estuvimos 2
horas en pleno solazo.
Después un ministerial nos
preguntó si veníamos golpeados
o lastimados. Se le dijo que sí, el
respondió “tenemos un médico
de la misma corporación, los
va a atender, vayan pasando
uno por uno”. El médico legista
confirmó que estaba golpeado,
minimizando mis lesiones.
A las dos horas u hora y
media de estar en el sol, nos
llevaron a todos adentro de
la fiscalía. Una vez entrando
ahí, llegó un hombre moreno
vestido de civil, supuestamente
policía ministerial, encomenda-
do por su jefe de la misma cor-
poración para tomarnos datos;
a uno de los compas lo agarró
por separado aprovechando
que éste no entiende español
claramente; nosotros le dijimos
que por qué estaba tomando
datos si ya nos los habían toma-
do varias veces, él contestó que
era para tener conocimiento de
cuántos éramos los detenidos.
En la entrevista ante el
Fiscal, cada uno de nosotros nos
reservamos el derecho a de-
clarar; todavía estuvimos buen
rato en la Fiscalía esperando la
resolución; los abogados con-
tinuaban en diálogo con el jefe
de esa institución cuando entra-
ron como 30 policías y sin nin-
guna explicación nos sacaron a
los detenidos, uno por uno, yo
me quede al último porque no
estaba seguro si los abogados
sabían de nuestro traslado que
fue a las 00:52 horas. Final-
mente fuimos trasladados a las
oficinas de la FGJ del estado de
Chiapas, a la que llegamos a la
1:30 horas aproximadamente.
Fuimos liberados exacta-
mente a las 14 horas, no sin
antes firmar la boleta de liber-
tad con nombre completo y
firma de puño y letra de cada
uno de nosotros. Al salir, nues-
tros compañeros ya nos estaban
esperando afuera de la fiscalía.
Fue la exigencia de nuestra
libertad por parte de organi-
zaciones solidarias y persona-
lidades que se combinó con la
movilización y acciones políti-
cas de masas que desarrollaron
nuestros compañeros en los
estados donde hay presencia
del Frente Nacional de Lucha
por el Socialismo como se logró
nuestra libertad.
Combativamente
Francisco Antonio
Hernández Domínguez,
vicepresidente CODHHSO
NUESTROS LECTORES OPINIÓN

CONTENIDO
30
PORTADA
Trece organizaciones internacionales han
formulado más de 150 recomendaciones a
México durante el presente sexenio
MÉXICO: EL PAÍS MÁS
IMPUNE EN MATERIA DE
DESAPARICIÓN FORZADA
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL LA DEFENSA LEGAL, POLÍTICA Y MEDIÁTICA DE
DUARTE Miguel Badillo
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN NEGLIGENCIA DE PGR EN 60
DENUNCIAS PENALES CONTRA JAVIER DUARTE Nancy Flores
ZONA CERO ¿EL FIN DE LAS NORMALES RURALES? Zósimo Camacho
DEFENSOR DEL PERIODISTA CONDENA MUNDIAL AL ESPIONAJE Y
AMENAZA PEÑISTA Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
EL TLCAN: 23 AÑOS DE SALDOS NEGATIVOS Martín Esparza Flores
INMIGRANTESENEU,NUEVOSMOTIVOSDEALARMA MarthaAndrésRomán/PL
LA VERDADERA CARA DE LA VIOLENCIA EN VENEZUELA Miguel Fernández
Martínez/PL
EL INDEPENDENTISTA OSCAR LÓPEZ RIVERA, SIN CLAUDICAR 36 AÑOS
DESPUÉS Waldo Mendiluza/PL
SOMOSREFUGIADOS,PEROPODRÍADECIRSERECHAZADOSSinaySánchez/CCS
TRANSICIÓN,RUPTURAYDEMOCRACIAENESPAÑAXavierCaño/CCS
NATURALEZASEESTÁMURIENDODEFORMASILENCIOSAMaríaJoséNavarro/CCS
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número
549, del 24 al 30 de julio de 2017– es una publicación semanal edi-
tada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama
74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Mé-
xico, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.
com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Mi-
guel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de au-
tor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud
de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por
Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Taba-
calera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se ter-
minó de imprimir el 21 de julio de 2017. Distribuida por la Unión de
Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Maris-
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bertad y Expresión, SA de CV.
Circulación certificada por Romay
Hermida y Cía, SC,
folio: 00010-RHY

CONTENIDO
INVESTIGACIÓN
PORTADA México: el país más impune en materia de desaparición forzada Zósimo Camacho
CAPITALES Slim, Larrea y Baillères: mineros acaudalados, “presuntos evasores” Érika Ramírez
SOCIEDAD Supremacismo blanco, la otra cara de Trump José Réyez
LÍNEA GLOBAL Unasur y la integración regional a través de la infraestructura Juan Carlos
Díaz Guerrero /Prensa Latina
30
36
42
50
MISCELÁNEO
SOCIEDADBETALosvideojuegosaﬁanzansupresenciaennuestrasvidasGonzaloMonterrosa
EXLIBRISElMaximilianoyelPorﬁriodeCarlosTelloDíaz,doscapítulosdenuestrahistoriaÁlvaro
Cepeda Neri
64
66
ANÁLISIS
INTERNACIONAL Fracasa Occidente en sus guerras contra Oriente Medio otra vez
Thierry Meyssan/Red Voltaire
ENERGÉTICO La energía: el sombrío futuro para la humanidad Jesús Salomón/Prensa Latina
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Ilustración de portada: DAVID MANRIQUE
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36
50 56 60

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
LA DEFENSA LEGAL
POLÍTICA Y MEDIÁTICA DE
DUARTE
MIGUEL BADILLO
E
l preso Javier Duarte, de 43 años de edad
y apodado por el juez que lleva la causa
penal como “Javier N”, estudió la licen-
ciatura en Derecho en la Universidad Iberoame-
ricana, es “chico Ibero”; hizo una maestría en
derecho, economía y políticas públicas, en el
prestigiado Instituto Universitario de Investiga-
ción Ortega y Gasset, en Madrid, España; tiene
un diplomado en alta dirección por el Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el
renombrado IPADE que prepara a los “líderes”
de este país; una segunda maestría en gestión
pública aplicada por el Tecnológico de Mon-
terrey, e hizo un doc-
torado en economía
e instituciones por la
Universidad Complu-
tense de Madrid, insti-
tución académica con
reconocimiento inter-
nacional.
Pues a este temido don “Javier N”, corrupto,
abusivo y cínico, toda esa instrucción académica
–nada despreciable– le ha servido para planear
y ejecutar el saqueo de las arcas públicas fede-
rales y locales, asignadas al estado de Veracruz
en los últimos seis años, así como preparar su
defensa legal, política y mediática, cuando las
circunstancias lo requirieran.
Ese momento llegó y en materia legal dio ya
la primera muestra de cómo va a defenderse con
los abogados más caros del país, ante una ne-
gligente Procuraduría General de la República
(PGR). En la primer diligencia ocurrida la sema-
na pasada en los juzgados del Reclusorio Norte,
“Javier N” y sus abogados barrieron por comple-
to a los omisos o cómplices fiscales enviados por
la PGR, quienes jugaron un papel de inexpertos
e ignorantes de lo que había en el expediente, lo
que les valió la reprimenda del juzgador y la in-
mediata burla y enojo de los mexicanos, quienes
ven como un circo la ridícula actuación del Mi-
nisterio Público Federal a cargo del doctor Raúl
Cervantes Andrade.
En la parte política, la sociedad ávida de jus-
ticia, de inmediato interpretó la pésima actua-
ción del abogado de la nación como un acto de
complicidad para pre-
parar la salida, pronta
y expedita, del exgo-
bernador veracruza-
no, a quien acusan de
haber financiado con
cientos de millones
de pesos la campaña
presidencial. Esto aseguraría un previo acuerdo
entre Duarte y el gobierno federal para fincar-
le el menor número de delitos no graves, como
el lavado de dinero, y poder evadir la prisión lo
más pronto posible.
Además, en el acuerdo se incluiría que la
PGR no actuaría en contra de la esposa e hi-
jos del exmandatario, quienes viven en Europa
y nadie los ha molestado a pesar de ser bene-
ficiarios de parte de los recursos desviados del
erario público. A cambio, el exgobernador vera-
cruzano habría aceptado guardar silencio sobre
la corrupción federal y local.
Mientras que la PGR apenas probó
desvíos por más de 30 millones de pe-
sos, la Auditoría vuelve a documentar
saqueos por más de 1 mil millones
Mientras que la PGR apenas probó
saqueos por más de 1 mil millones

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
En su defensa mediática, “Javier N” ha cal-
culado todo. Primero en Guatemala, en donde
estando preso se mostró cínico, burlón, confiado
y seguro ante los jueces y los medios de comuni-
cación. Sin duda enviaba un mensaje al gobierno
de la República, como aquel que guarda en sus
archivos las complicidades y relaciones peligrosas
con los principales actores políticos.
Ya en México, en un actuación más seria y
formal, como lo amerita el proceso penal y des-
pués de alcanzar algún acuerdo con la autoridad,
Duarte probó las carencias de la PGR y demos-
traba que era el jefe de pistas del circo, de don-
de está seguro saldrá bien librado como un acto
más de impunidad en
la justicia mexicana.
Mientras que los
fiscales de la PGR
apenas le pudieron
probar supuestos des-
víos de fondos públi-
cos por poco más de
30 millones de pesos
durante los 6 años de
su administración, en
el último informe de la
Auditoría Superior de
la Federación (ASF),
sólo correspondiente
a 2016, se le compro-
baron supuestos des-
falcos a la Hacienda
Pública Federal por
más de 1 mil millones de pesos.
Este monto se integra por un desfalco de 323
millones 942 mil 761.26 pesos, más los rendi-
mientos financieros generados de recursos del
Fondo Regional de 2015, de los cuales no se acre-
ditó su ejercicio o reintegro a la Tesorería de la
Federación al 31 de diciembre de 2016, término
del plazo autorizado.
Dichos recursos son parte del ejercicio de
2016, cuando el gobierno federal envió al go-
bierno de Veracruz 2 mil 856 millones 863.3
mil pesos con cargo en cuatro programas de
Fortalecimiento Financiero y en el fondo para
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal
y Municipal, los cuales fueron transferidos por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) para ejecutar 629 proyectos de infraes-
tructura, así como para apoyar el fortalecimiento
financiero de esa entidad federativa e impulsar la
inversión del estado.
Además, la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción indicó que en el acta entrega-recepción del
cambio de administración no se encontró evi-
dencia del uso y destino de los recursos por 323.9
millones de pesos que tenían prórroga para su
ejercicio hasta diciembre de 2016; que en la
cuenta sólo se tenía un saldo de 29 mil pesos al
30 de noviembre de 2016, por lo que el gobierno
de Veracruz no se encontraba en condiciones de
efectuar el reintegro
de la cantidad obser-
vada a la Tesorería de
la Federación, y que al
mes de abril de 2017
estaba integrando los
expedientes para in-
terponer las denun-
cias respectivas ante
las autoridades com-
petentes.
La ASF presume
un probable daño o
perjuicio a la Hacien-
da Pública Federal por
un monto de 931 mi-
llones 574 mil 202.77
pesos, integrado por
recursos del Programa
de Fortalecimiento Financiero del estado de Vera-
cruz que no fueron vinculados a compromisos y
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre
de 2016 y 931 millones 506 mil 860.65 pesos de
recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016
ni reintegrados a la Tesofe del mismo programa.
El extenso Informe individual del resultado
de la fiscalización superior de la Cuenta Públi-
ca 2016 revela los enormes desfalcos de miles de
millones en el último año de gobierno de Duarte,
mientras que la PGR no puede probarlo ante el
juez a pesar de contar con todos las auditorías
practicadas por ese órgano fiscalizador del Con-
greso. ¿Quién es entonces el cómplice del temido
“Javier N”?
CUARTOSCURO

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
NEGLIGENCIA DE PGR
EN 60 DENUNCIAS PENALES
CONTRA JAVIER DUARTE
NANCY FLORES
E
n el proceso penal contra el expriísta Javier
Duarte de Ochoa destaca la negligente ac-
tuación de la Procuraduría General de la
República (PGR), apoyada quizá en la esperanza
de que el exgobernador no revele quiénes (parti-
do, políticos y empresarios) fueron beneficiarios
del multimillonario desfalco a las arcas de Vera-
cruz durante su mandato.
Las omisiones serían parte de un plan para
que, al final, el principal responsable de la crisis
socioeconómica veracruzana quede libre o se le
sentencie a menos años de los que merece por la
gravedad de sus crímenes.
Ese indolente actuar de la PGR, que encabe-
za Raúl Cervantes Andrade, no sólo se reduce al
ridículo del Ministerio Público federal durante la
primer audiencia del juicio a Duarte de Ochoa, el
pasado 17 de julio (cuando los representantes de
la Procuraduría fueron incapaces de sostener las
ya de por sí débiles acusaciones), sino que incluye
muy graves “descuidos” en todo el expediente.
Resulta que entre esas deliberadas omisiones
del abogado de la nación están 60 denuncias pe-
nales en el olvido, que involucran a Javier Duarte
en probables peculados por más de 35 mil millo-
nes de pesos y simulaciones de reintegros finan-
cieros a las arcas públicas, determinados por des-
víos y subejercicios.
Esas 60 denuncias no fueron interpuestas por
ciudadanos de a pie: las presentaron las propias
instituciones del Estado mexicano, con base en
documentación oficial que revela las defrauda-
ciones multimillonarias.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
es una de esas instituciones que ha denunciado
penalmente al gobierno de Duarte de Ochoa, en
37 ocasiones, por la simulación de reintegros. La
más reciente data del pasado 12 de junio, y es por
irregularidades detectadas en la Cuenta Pública
de 2012 que hasta ahora se pudieron comprobar
plenamente.
La otras 23 denuncias penales se armaron en
las oficinas de la Secretaría de Salud, según lo di-
cho por su propio titular, José Narro. En este caso,
indicó el funcionario federal, se trató del desvío
de unos 650 millones de pesos del presupuesto
para la salubridad veracruzana (El Financiero, 18
de julio de 2017).
Así, por separado, la Auditoría y la Secreta-
ría de Salud han comprobado que el gobierno de
Javier Duarte desvió miles de millones de pesos
del erario a fines ajenos al de su mandato consti-
tucional, que era ejercer los recursos públicos de
manera honesta y apegada a derecho.
Pero nada de esto ha sido tomado en cuen-
ta por la PGR, que ha decidido no dar cause a
dichas denuncias, e imputar a Duarte de Ochoa
sólo por los delitos de delincuencia organizada
(que es muy difícil de comprobar) y operaciones
con recursos de procedencia ilícita, cuyo delito
previo (no planteado en las acusaciones del Mi-
nisterio Público) sería el peculado.
Al respecto, la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delitos Federales estima que
el desvío de recursos ascendió a 439 millones de
pesos; no obstante, sólo le ha podido cuadrar la
cantidad de 38.5 millones. Hay un abismo entre
ese ridículo monto y lo que en realidad habría ro-
bado para sí y para terceros.
Y es que la Auditoría Superior ha compro-

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
bado que el gobierno del expriísta sustrajo miles
de millones. Hasta la Cuenta Pública 2015, se
calculaba que en su gobierno se defraudaron 35
mil millones de pesos del erario federal. Pese a la
importancia de esta información, los reportes de
los auditores, al igual que sus denuncias penales,
fueron ignorados por la PGR.
Aquí hay que recordar que la Procuraduría no
sólo cuenta con ese trabajo de la Auditoría Su-
perior o de la Secretaría de Salud para integrar
cabalmente las acusaciones contra Duarte, sino
también con todo su aparato de
investigación (incluida la plata-
forma de espionaje Pegasus) y
sus áreas especializadas.
Además, para hacer su tra-
bajo puede pedir la coopera-
ción del Servicio de Adminis-
tración Tributaria y la Unidad
de Inteligencia Financiera, de-
pendientes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Por ello, resulta a todas luces
insostenible que no pueda cua-
drarle ni siquiera el robo de 439
millones de pesos.
Este papel de un Ministe-
rio Público ineficaz sólo puede
entenderse como parte de un
plan para beneficiar la defen-
sa de Duarte de Ochoa, y con
ello proteger a todos los que se
beneficiaron del dinero público
robado en su sexenio.
Si no lo es, la Procuraduría
debe dar cause a esas 60 denun-
cias penales, de las cuales 37 son por simulación
de reintegros y fueron interpuestas por la Audi-
toría entre noviembre de 2014 y junio de 2017.
Dieciocho de esas denuncias –presentadas entre
noviembre de 2014 y abril de 2016– implicaban
una estafa de 4 mil 770.2 millones de pesos.
En esas acusaciones penales, la Auditoría
detalla un mismo modus operandi del gobierno
de Veracruz: luego de malversar, desviar o sube-
jercer recursos federales, la administración de
Duarte reintegraba el dinero a la Tesorería de la
Federación, pero sólo por horas o días. Pues lue-
go lo retiraba y gastaba en objetivos ajenos a su
etiquetación presupuestaria. En muchos casos, ni
siquiera se pudo determinar el destino final del
dinero público.
Pero para la Procuraduría esto es irrelevan-
te: lo importante es demostrar en las audiencias
públicas, ante decenas de reporteros, que es “in-
capaz” de fincar responsabilidades al expriísta
Duarte de Ochoa.
La deliberada ineptitud comenzó desde antes
de que Duarte escapara. Luego continuó durante
el proceso de extradición ante las autoridades de
Guatemala, al reclamarlo por delitos difíciles de
comprobar y que no incluyen el robo del erario; y
alcanzó un nivel grotesco en la primer audiencia.
Por eso no podemos esperar un cambio de rumbo
en el resto del juicio.
Sin duda, esta negligencia por acción y omi-
sión debería ser investigada para determinar res-
ponsabilidades por complicidad, incluida la del
procurador Cervantes. Pero esto es impensable
en México, cuyo aparato gubernamental se ca-
racteriza por corrupto y antidemocrático.
WILLIAMGULARTE/CUARTOSCURO

ZONA CEROOPINIÓN
E
l plan es que las escuelas normales, en espe-
cífico las rurales, no sobrevivan al sexenio de
Enrique Peña Nieto. Al indomable norma-
lismo rural le han clavado ya varias estacas: cierre
de escuelas, recorte de presupuestos, cancelación
oficial de su modelo educativo, condicionamientos
de ingreso y egreso, reducción de la matrícula estu-
diantil y desaparición física de sus alumnos (a los 43
de Ayotzinapa se deben sumar otras varias decenas
de asesinados y desaparecidos de varias escuelas,
desde la Guerra Sucia de 1970 hasta el presente).
El golpe en ciernes contra el normalismo rural
será aún más devastador que el de Díaz Ordaz y
Luis Echeverría, cuando –luego del movimiento
estudiantil de 1968– la administración saliente y
la entrante utilizaron al Ejército Mexicano y, entre
otras dependencias, a
la Dirección Federal de
Seguridad para cerrar
violentamente la mitad
de los planteles existen-
tes en toda la República.
Decíamos que el
embate será más de-
vastador porque, si tiene éxito, acabará con la to-
talidad de las escuelas y pondrá fin a un proyecto
educativo dirigido a los más pobres de este país. Si
hoy contamos con 16 escuelas normales rurales (y
otras dos con un modelo del mismo tipo) no es a
causa de una graciosa concesión de las autoridades.
Como es bien sabido, las normales rurales deben su
vigencia a la solidaridad de las comunidades y a la
lucha que generación tras generación mantiene la
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas
de México (FECSM).
“Mientras la pobreza exista, las normales rura-
les tendrán razón de existir”, reza la consigna que
los normalistas en lucha gritan en las calles o pintan
en las bardas. La frase es cierta. Precisamente son
las comunidades campesinas –y, más recientemen-
te, también las colonias urbanas populares– las que
se han opuesto, a codo con los estudiantes, al cierre
de más planteles o a la disminución de la matrícula.
Ahora que el titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), Aurelio Nuño, ha anunciado las
“seis claves” para transformar las normales ha que-
dado claro que para las autoridades ni siquiera exis-
teelnormalismorural.Serefierenalnormalismode
manera genérica no sólo como una manera de ho-
mogeneizar, menospreciar y simplificar los modelos
educativos vigentes. También la omisión lleva una
carga política implícita: como si con no mencionar
a las normales rurales
éstas dejaran de existir.
¿Alguna vez habrá
visitado el secretario de
Educación alguna nor-
mal rural? ¿Acaso tuvo
la honestidad intelectual
de informarse en qué
consiste el modelo educativo que por fobias ideoló-
gicas pretende desaparecer?
Porque, hay que decirlo: más allá de la posición
ideológica de la mayoría de los estudiantes de las
normales rurales (de formación crítica, basada en
el marxismo) se encuentra un modelo educativo in-
tegral con cinco ejes bien articulados. ¿Los conoce
Nuño?
“Las normales rurales son semilleros de buenas
personas”, me dijeron hace algunos años los inte-
grantes del Comité Central de la FECSM. La fra-
se fue en respuesta a una acusación que entonces,
ZÓSIMO CAMACHO
¿EL FIN DE LAS NORMALES
RURALES?
Ahora que el secretario Nuño anunció
las seis claves para transformar las nor-
males quedó claro que para las autori-
dades no existe el normalismo rural
Ahora que el secretario Nuño anunció
dades no existe el normalismo rural

ZONA CERO OPINIÓN
como hoy, se les endilgaba: “esas escuelas son semi-
lleros de guerrilleros”.
Y no es que no se sintieran orgullosos de que
por las aulas del normalismo rural hubieran pasado
Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Arturo Gámiz y
muchos estudiantes que participaron en organiza-
ciones subversivas. Pero aclaraban que quienes lle-
gaban a esa “fase de conciencia” (las armas) en rea-
lidad eran muy pocos. La amplia mayoría asume su
trinchera con dignidad en las paupérrimas escuelas
serranas más alejadas de las comodidades citadinas.
Ellos, los egresados de las normales rurales, precisa-
mente van donde los egresados de las escuelas pri-
vadas no desean ir. Y su lucha es ofrecer educación,
apoyar en la gestión de proyectos y recursos.
De la retahíla de frases huecas que son las seis
claves de Nuño para transformar el normalismo,
destacael“aprendizajedelinglés”,las“sinergiascon
universidades y centros de investigación” y los “estí-
mulos”, o sea, los recursos económicos por los que
competirán ahora las escuelas. Las más dóciles reci-
birán más. ¿De eso se trata? Adiós a la equidad y la
idea de que la educación es un derecho para todos.
¿Por qué no se comparan los ejes de la propues-
ta de Nuño con los ejes del normalismo rural? ¿Por
qué no se evalúa abiertamente cuál es el modelo
serio y necesario para un país con los problemas
como los de México?
Los ejes del normalismo rural, que los estudian-
tes mantienen con más vigor en unas escuelas que
en otras, son el académico (la preparación en las
disciplinas señaladas por el plan de estudios oficial
de la SEP); el productivo (capacitación en produc-
ción en milpas, huertas, crianza de ganado y talle-
res de herrería, carpintería y serigrafía); el deporti-
vo (atletismo, natación, futbol, voleibol); el cultural
(música, danza, payasística, pintura), y el político (la
educación crítica y la participación en organizacio-
nes sociales).
¿Aguanta la propuesta de Nuño una confronta-
ción de modelos?
A los seis ejes de la propuesta de Nuño se le
combate con los cinco ejes del normalismo rural.
Los alumnos no tienen de otra: o hacen prevalecer
su modelo o el cierre de las normales rurales será
inminente.
CUARTOSCURO

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
P
eña, el peñismo, los desgobernadores y las delin-
cuencias la han tomado contra los periodistas,
particularmente contra los reporteros y quie-
nes ejercen sus derechos a la libertad de prensa para
investigar e informar los hechos. La otra cara de ese
fenómeno es el contagio a la Trump, ya que también
los funcionarios municipales se suman a la violencia
homicida que no es combatida a fondo para tener
atemorizada a la población; y que ésta, ocupada en
defenderse, no agregue más protestas contra el mal
gobierno. Se dice que en lo que va del peñismo hay
más de 80 mil homicidios reconocidos oficialmente,
sin contar una cantidad igual en fosas clandestinas
dondesicariosyfuncionariosescondenasusmuertos.
Ambos son las dos caras del dios romano Jano
(Pierre Grimal, Diccionario de Mitología Griega y Romana;
editorial Paidós), que miran al presente ordenando
agresiones, amenazas, atentados y asesinatos. Y, para
colmo, Peña permite el espionaje para adicionar in-
timidaciones que huelen a criminalidad porque ¿a
cuántos periodistas asesinados espiaron? En ese te-
nor, los reporteros Astrid Rivera y Horacio Jiménez
(El Universal, 3 de julio de 2017) expresan: “los pe-
riodistas son atacados por dos frentes: el crimen or-
ganizado y los funcionarios públicos”. Estos últimos
apoyados por las “descalificaciones de los políticos”
como López Obrador, Jaime Rodríguez, Enrique
Alfaro, Javier Corral y Javier Duarte.
A las críticas al comportamiento peñista se su-
man los ensayos de Víctor Sancho sobre los ataques
deTrump.EldeMattSanderscriticandolaviolencia
contra los periodistas mexicanos. Y un comentario
de Luis Raúl González Pérez solicitando respeto a
la crítica de la presa; quien por cierto, no ha enviado
una recomendación a Peña ni a Osorio, como tam-
poco a López Obrador, al Bronco, ni a Javier Duarte.
Aunque sí a uno que otro desgobernador.
Así que, el síndrome Trump ha venido a refor-
zar a los funcionarios de los tres niveles y a los de-
lincuentes mexicanos que siguen cometiendo hechos
sangrientos contra los trabajadores de los medios de
comunicación, como un abuso más del autoritaris-
mo gubernamental.
Ésta es una pinza que trata de impedir la infor-
mación y la crítica, lo cual es imposible porque los
periodistas han mantenido el cumplimiento de su
deber para el trabajo profesional de investigar, y pu-
blicar los hechos, contra lo que exigen funcionarios
y delincuentes, “eliminando la función crítica de la
prensa, porque algunos políticos prefieren que les
den la razón y no los sometan a la crítica… El pe-
riodismo de calidad y la libertad de expresión están
amenazadosporquealgunospolíticoshandescubier-
to que quizá la nueva política se puede hacer mejor
yconmuchoéxitosinunperiodistaexigente…cum-
plir con ese deber es más necesario que nunca, pero
también es más difícil que nunca” (Antonio Caño,
“La democracia requiere hechos”, en El País, 26 de
junio de 2017).
Así que estalló la réplica mundial por el autorita-
rismo de Peña cuando brotó su visceral ataque a las
libertades de prensa con su descarada amenaza, por-
que varios periodistas, defensores de derechos hu-
manos y otros activistas reprobaron el espionaje de
que han sido víctimas por el programa Pegasus. Este
programa fue diseñado para investigar y enfrentar a
la delincuencia y al terrorismo; y fue comprado por
Calderón y Peña para “colgarse” de los teléfonos de
quién sabe cuántos mexicanos, para conocer de an-
temano la información con la que cuentan y seguir-
CONDENA MUNDIAL
AL ESPIONAJE Y AMENAZA
PEÑISTA
ÁLVARO CEPEDA NERI

DEFENSOR DEL PERIODISTA OPINIÓN
los con su policía secreta; y tal vez hasta para otros
fines. A nivel mundial, el autoritarismo de Peña se
hizo más evidente porque en cuanto los periodistas
se presentaron a denunciar el espionaje ante la PGR
–que aunque ésta es juez y parte, hay que agotar las
instancias internas antes de presentar las denuncias
ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
mano y la Corte Penal de La Haya–, Peña soltó la
lengua para lanzar amenazadora advertencia propia
de un dictador.
Con gesto enfurecido, Peña expresó: “Yo espero,
al amparo de la ley (de la ley del más fuerte, obvia-
mente), pueda aplicarse contra aquellos que han
levantado falsos señalamientos contra el gobierno”.
Ésta fue la respuesta al “yo acuso” de quienes, ejer-
ciendo sus derechos constitucionales, informaron
sobre el espionaje de que han sido objeto, indudable-
mentenosóloparaquePeñaylospeñistasseenteren
de lo que no les importa. Se trata de algo más per-
verso en las retorcidas mentes de los espías, entre los
que están: Sedena, Gobernación, Presidencia, SCT,
Hacienda, Sedesol, Comunicación de Presidencia,
STPS, PGR.
Y desde donde Peña, Osorio, Cienfuegos, Mea-
de, Videgaray, Robles, Ruiz Esparza, Eduardo Sán-
chez, Navarrete Prida y muchísimos más, atacan a
los mexicanos. Todos ellos se comportan como ni el
imbécil de Trump ha osado hacerlo (Aaron James:
Trump, ensayo sobre la imbecilidad; Malpaso ediciones).
Así que en cuanto Peña salió de su estupidez política
de estilo autocrático, reculó con cartas y aclaracio-
nes, como consignó el reportero Javier Lafuente, en
su nota: Peña Nieto se desdice de sus declaraciones y asegu-
ra que no amenaza a periodistas (El País, 24 de junio de
2017). Lo mismo que en muchos medios de comu-
nicación más.
En eso estábamos cuando metió su cuchara el
secretario de derechos humanos de Gobernación:
Roberto Campa Cifrián, y posando al lado de una
escultura de Juárez –cuando debió hacerlo ante la
foto de Peña–, declaró: “No hemos podido ganar la
confianza de periodistas” (El Universal, 19 de junio de
2017). Y se escuda diciendo que con Peña apenas ha
habido 18 homicidios. Que Calderón tuvo 31 y Fox
61. Pero Campa olvida que aún falta –para desgra-
ciadelpaísylosperiodistas–másdeunañoparaque
Peña se vaya. Y queden ante el juicio político duran-
te otro año, para deslindarles responsabilidades. Y si
fuera el caso, ingresen a la lista de los Duarte, medi-
na, Borge, Cué, Padrés, Moreira, etcétera.
El hecho de que Peña haya reculado no lo salva
de esa amenaza.
DIEGOSIMÓNSÁNCHEZ/CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
A
l conocerse los objetivos del gobierno
estadounidense en la renegociación del
TLCAN (Tratado de Libre Comercio
de América del Norte), puede anticiparse que la
peor parte para México apenas empieza; dos de
los puntos torales anunciados por la Oficina del
Representante de Comercio de Estados Unidos,
establecen que el gobierno de Donald Trump
busca la eliminación del capítulo 19 del acuerdo
vigente, para que en la solución de controversias
se anule la posibilidad de acudir a tribunales in-
ternacionales, y resalta, en el capítulo sobre ener-
gía, proseguir con las reformas que abran aún
más los mercados en esta materia.
Todo a petición de un socio comercial que
en los últimos 23 años se ha llevado las mayo-
res ganancias y los mejores empleos, dejando a
nuestro país un estancamiento económico y un
atraso social que, todo indica, serán perpetuados
a cambio de obtener del gobierno norteameri-
cano su apoyo para la clase política en el poder,
con miras a las elecciones presidenciales de 2018.
Representantes de industriales, agricultores
y banqueros del vecino país coinciden en que el
TLCAN les representó grandes beneficios, como
una mejor competitividad y creación de em-
pleos. Por ejemplo, Robert S. Kaplan, uno de los
presidentes del Sistema de la Reserva Federal de
Estados Unidos, declaró hace unos días que una
eventual cancelación del tratado, en contra a lo
expresado por Trump, produciría la pérdida de
empleos ante el embate de la economía asiática.
Kaplan recordó lo archisabido por economis-
tas de ambas naciones, pero lamentablemente ig-
norado o callado por la clase política mexicana:
el 40 por ciento de las compras que Estados Uni-
dos hace de productos mexicanos tienen un alto
porcentaje de componentes fabricados dentro de
sus fronteras; además, el 70 por ciento de impor-
taciones norteamericanas de bienes manufactu-
rados en México, cruza varias veces la frontera
común antes de ser un artículo terminado.
Y si bien es cierto que tras la puesta en mar-
cha del acuerdo comercial, industrias como la
automotriz repuntaron en nuestro suelo, la reali-
dad es que a las armadoras las atrajo el suculento
ofrecimiento de gozar de exenciones fiscales y
pagar bajos salarios. En 1993, un año antes del
TLCAN, había en México 13 plantas automo-
trices y actualmente existen unas 30 que crearon
miles de puestos de trabajo, pero mal pagados.
Situación parecida aconteció con la rama de las
maquiladoras en zonas fronterizas como Ciudad
Juárez, en donde se vinieron abajo los pronósticos
anunciados a la firma del acuerdo por el entonces
presidente Carlos Salinas, cuando se aseguró que
uno de los impactos positivos sería la elevación de
los salarios para los trabajadores mexicanos y la
creación de miles de empleos de calidad.
Datos del INEGI y del Banco de México se-
ñalan que mientras en 1993 las exportaciones de
la industria manufacturera con maquila ascen-
dieron a 45 mil millones de dólares, para 1998
llegaron a 100 mil millones de dólares. Para 1999,
a cinco años de iniciado el TLCAN, había en el
país unas 3 mil 206 maquiladoras que daban em-
pleo alrededor de un millón de personas. En las
zonas donde comenzaron a operar las maquila-
doras, el problema no fue la falta de empleos sino
las características paupérrimas de éstos.
EL TLCAN
23 AÑOS DE SALDOS
NEGATIVOS
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS/SEGUNDA PARTEY ÚLTIMA

ARTÍCULO OPINIÓN
La laxitud en la aplicación del capítulo laboral
contemplado en el acuerdo, por parte del gobier-
no mexicano, hizo muy atractiva la inversión de
maquiladoras en México, sobre todo de podero-
sos consorcios norteamericanos que a la par de
armadoras automotrices vieron en las bajas re-
muneraciones el mecanismo para aumentar su
competitividad al ahorrar millones de dólares en
salarios.
Además, la crisis financiera de 1994, el llama-
do error de diciembre que devaluó el peso en un
31 por ciento, acrecentó el atractivo de aumentar
su competitividad, pagando salarios más econó-
micos que en suelo estadunidense. Por citar un
caso: mientras en 1999 un obrero de una maqui-
ladora ganaba en México entre 300 y 600 pesos
a la semana por una jornada laboral de 45 ho-
ras, unos mil 200 y 2 mil 400 pesos mensuales, en
Estados Unidos las empresas debían pagar en su
país, por un trabajo igual, salarios de entre 13 mil
200 pesos y 26 mil 400
pesos al mes. Abismal
diferencia que prevale-
ce hasta hoy.
Por eso el banquero
Kaplan, al igual que
industriales y agricul-
tores norteamerica-
nos, saben de las ventajas que les ha reportado
el tratado y se cuidaron bien, en estos 23 años de
vigencia, de no exigir a nuestro país el cumpli-
miento del capítulo laboral que teóricamente les
obligaría a impulsar mejores condiciones labora-
les y salariales para los trabajadores mexicanos.
Situación que iría en contra de sus intereses.
Los agricultores estadounidenses están solici-
tando a Trump dejar las cosas como están en su
sector, pues más de la cuarta parte de sus expor-
taciones las realizan a México; su temor es ma-
yor en la medida que su presidente echó abajo
el acuerdo Transpacífico, negociado por Barack
Obama, cerrándoles las puertas de acceso a nue-
vos mercados.
En el reverso de la moneda, quienes piden
que el agro quede fuera no sólo de la renego-
ciación del tratado sino de su contenido, son los
agricultores mexicanos, quienes en dos décadas
vieron derrumbarse su sector ante la imposibi-
lidad de competir contra sus símiles de la fron-
tera norte, por la política de subsidios que su
gobierno otorga de hasta un 30 por ciento en
apoyo a la producción de alimentos. En Méxi-
co, los subsidios apenas y llegan a cuenta gotas
a un 7.5 por ciento, lo que provocó la quiebra y
el desmantelamiento de cultivos tradicionales y
sustento de miles de comunidades indígenas y
ejidos campesinos, como el frijol y el maíz, pro-
ductos, entre otros muchos, que ahora importa-
mos en miles de toneladas anuales de Estados
Unidos, ante el quebranto de nuestra autosufi-
ciencia alimentaria.
Una de las repercusiones más graves, a 23
años del TLCAN, es la pérdida de más de 5
millones de empleos en el agro; esos millones
de mexicanos que emigraron a Estados Unidos
para huir del hambre y que ahora están en riesgo
de ser deportados.
Se habla de que en la mesa de renegociación
estarán presentes asun-
tos como el laboral y el
ecológico, para que en
México mejoren los
salarios y se respeten
convenios internacio-
nales como el 98 de
la OIT (Organización
Internacional del Trabajo), referente a la libre
sindicalización. De entrada suena bien, pero
como se ha visto en todos estos años, al gobierno
norteamericano le importa que sus connaciona-
les lleven siempre las de ganar y valdría pregun-
tarse si en el rubro de la ecología pedirá que se
suspenda en la reforma energética la explotación
del gas Shale a través del llamado “fracking”,
método ya prohibido en sus fronteras por la de-
vastación ocasionada al medio ambiente.
Preocupante para el país que las autoridades
no busquen la opinión de los sectores involucra-
dos y directamente afectados por lo que pueda
venir, y acudan a la mesa de la renegociación
buscando apoyos políticos para las elecciones del
próximo año, antes que velar por el futuro de
nuestra economía y un mejor nivel de vida para
millones de mexicanos. Una renegociación con
la guardia baja será el tiro de gracia a nuestra ya
de por sí disminuida soberanía.
Una de las repercusiones más graves
del TLCAN es la pérdida de 5 millones de
empleos en el agro; esos mexicanos mi-
graron y ahora podrían ser deportados
Una de las repercusiones más graves
graron y ahora podrían ser deportados

ARTÍCULOOPINIÓN
W
ashington. Los defensores de los dere-
chos de inmigrantes en Estados Unidos
podrían tener nuevos motivos de alar-
ma tras las noticias relacionadas con el muro fron-
terizo y el programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA).
Menos de una semana después de que el pre-
sidente Donald Trump se reuniera en la Cumbre
del Grupo de los 20 con su homólogo mexicano,
Enrique Peña Nieto, una comisión de la Cámara
de Representantes del Congreso estadunidense
presentó el 12 de julio un proyecto para financiar
la barrera limítrofe.
El Comité de Apropiaciones de ese órgano
propuso que en el pre-
supuesto del Departa-
mento de Seguridad
Nacional (DHS) para
2018 se incluyan los 1
mil 600 millones de dó-
lares solicitados por la
Casa Blanca, para co-
menzar la edificación de la obra en la frontera con
el vecino del sur.
“Gran victoria hoy para la construcción del
muro. Será para asegurar la frontera y salvar vidas.
Ahora, el pleno de la Cámara y el Senado deben
actuar”, escribió el mandatario en su cuenta de la
red social Twitter tras conocerse la acción del co-
mité.
La propuesta que deberán aprobar ahora esos
dos órganos, daría 44 mil 300 millones de dólares al
DHS,quetienebajosumandoagenciasmigratorias
como el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)
y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
En ese total se incluyen 131 millones de dólares
para tecnología, 100 millones para la contratación
de 500 agentes de la Patrulla Fronteriza y 186 mi-
llones para 1 mil 600 nuevos empleados de ICE.
Asimismo, comprende 7 mil millones de dólares
a fin de aumentar a 44 mil el número de camas
disponibles para detener a inmigrantes.
La construcción del muro, una de las principa-
les promesas de campaña de Trump, ha sido una
de sus intenciones más criticadas dentro y fuera de
Estados Unidos, junto con el veto de viajes para im-
pedir la entrada de refugiados y de nacionales de
seis países mayoritariamente musulmanes.
“No ban, no wall”
(No al veto, no al muro),
es una de las consignas
permanente en cientos
de manifestaciones rea-
lizadas en numerosas
ciudades del país desde
los primeros días de la
presidencia.
El paso en el Comité de Apropiaciones, sin em-
bargo, es solo el inicio de un camino más largo en
el que los republicanos necesitarán contar con al-
gunos votos demócratas para aprobar el proyecto.
Joe Crowley, presidente del Caucus Demócra-
ta de la Cámara de Representantes, expresó en un
comunicado que los miembros del partido rojo se
arriesgan a un cierre del gobierno en su intento de
financiar “un costoso e ineficaz muro a lo largo de
la frontera del sur”.
De acuerdo con el congresista por Nueva York,
MARTHA ANDRÉS ROMÁN, PRENSA LATINA
INMIGRANTES EN EU
NUEVOS MOTIVOS DE
ALARMA
La construcción del muro, una de las
principales promesas de campaña de
Trump, ha sido muy criticada dentro y
fuera de Estados Unidos
La construcción del muro, una de las
fuera de Estados Unidos

ARTÍCULO OPINIÓN
destinar recursos para la barrera en el proceso de
asignaciones presupuestales demuestra lo mucho
que los republicanos están dispuestos a poner en
riesgo la estabilidad económica para darle pie a la
peor política del presidente.
Nuestra frontera es más segura que nunca, y no
deberíamos impulsar un plan que costará miles de
millones a los contribuyentes, agregó el legislador.
A decir de Crowley, los demócratas han reite-
rado que no apoyarán el financiamiento del muro,
por lo que este plan está preparando el terreno para
un cierre de gobierno, que podría darse a partir del
30 de septiembre próximo, cuando concluye el ac-
tual año fiscal.
El también repre-
sentante demócrata
Steny Hoyer sostuvo
que Trump mintió al
pueblo cuando dijo
que los mexicanos
iban a pagar por la
obra. “Fue algo es-
túpido decir eso, no
tenía ninguna base
para hacerlo”, criti-
có el legislador por
Maryland.
En peligro el
futuro de los
“dreamers”
El mismo día en
que el Comité de Apropiaciones dio su espaldarazo
al muro, el secretario del DHS, John Kelly, advirtió
a los líderes del Caucus Hispano del Congreso que
el DACA, destinado a los jóvenes indocumentados
conocidos como “dreamers” (soñadores), corre pe-
ligro y podría quedar en manos de los tribunales.
Tal mecanismo, creado por el expresidente Ba-
rack Obama en 2012 y del que se benefician unas
800 mil personas, permite que quienes llegaron a
este país sin papeles cuando eran niños puedan per-
manecer en él y obtener permisos de trabajo, reno-
vables cada dos años, si cumplen ciertos requisitos.
Aunque Kelly afirmó que él personalmente
respalda la iniciativa, dijo que la ha discutido
con abogados dentro y fuera del Departamento
de Justicia “y la mayoría estima que el DACA,
tal como existe, no es legalmente sostenible”.
En ese sentido, reiteró que el Congreso es la
fuente de una solución a largo plazo para el pro-
grama.
David Lapan, portavoz del DHS, explicó que
en estos momentos no hay un plan para anular o
cambiar la medida, pero siempre está la preocupa-
ción de que si es impugnada en los tribunales, no
podría superar esa barrera y dejaría de existir.
Los fiscales generales de los estados republi-
canos de Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana,
Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee, Idaho y
Virginia Occidental
enviaron una carta
a Kelly para exigirle
que el gobierno can-
cele el mecanismo
antes del próximo 5
de septiembre.
De lo contrario,
amenazaron con pre-
sentar una demanda
contra el DACA en la
Corte de Brownsville,
Texas, donde está el
juez Andrew S. Ha-
nen, quien detuvo en
2015 el programa de
Acción Diferida para
Padres que también
quiso poner en prác-
tica Obama.
Ante esa perspectiva, los activistas pro inmi-
grantes remarcaron que si Trump decide eliminar-
lo va a tener muchos problemas con un sector que
tiene gran fuerza en el país.
Sabemos que estados totalmente antiinmigran-
tes presionan al presidente para que cumpla sus
promesas xenofóbicas. Estamos totalmente decep-
cionados y preocupados por nuestra gente, expre-
só al diario Hoy Los Ángeles, Raúl Murillo, titular
de la organización sin fines de lucro Hermandad
Mexicana Nacional.
De acuerdo con Murillo, tienen en planes levan-
tarse, salir a las calles y protestar como siempre lo
han hecho contra esas amenazas.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
C
aracas, Venezuela. La verdadera cara de
la violencia en Venezuela, desde hace más
de 100 días, instigada por sectores de la
ultraderecha reaccionaria que pretenden presen-
tarla al mundo como manifestaciones pacíficas,
sale a flote a diario en esta nación suramericana.
Las recientes declaraciones hechas por un jo-
ven a la cadena Telesur, cuya identidad no se re-
veló para garantizar su seguridad personal, deve-
lan las verdaderas intenciones de los líderes de la
oposición derechista, que buscan imponer el caos
y el terror a través –incluso– de la muerte.
“Se drogaban y destrozaban todo lo que se les
atravesaba. Vi muchas cosas feas, como cuando
le cortaron el cuello a un hombre en Altamira”,
confesó a las autoridades el joven venezolano que
afirmó haber sido reclutado por grupos vincula-
dos a la derecha opositora para generar actos de
violencia en el país.
El testimonio de este joven se suma a las de-
nuncias de las autoridades venezolanas y a las
confesiones de otros arrestados, sobre el plan de
golpe de Estado impulsado desde abril por la coa-
lición opositora Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), que hasta ahora acumula ya más de 80
muertos, cerca de dos mil heridos y cuantiosas
pérdidas económicas.
Refiriéndose al diputado derechista Miguel Pi-
zarro, del partido Primero Justicia, el joven arres-
tado confesó que les decía “que nos preparemos y
acabemos con todo, que fuéramos para adelante
sin miedo”. Acabar con todo significa destruir el
alumbrado público, sabotear las principales vías
de acceso y autopista, incendiar edificios guber-
namentales y asesinar a quien apoye al gobierno
bolivariano.
Añadió que recibían también implementos
para elaborar los morteros artesanales y los cocte-
les molotov (bombas caseras), y que fue testigo de
otras acciones violentas, entre ellas, la quema de
autobuses del sistema público de transporte.
Esta situación, que afecta sin dudas la esta-
bilidad familiar en Venezuela, por involucrar a
jóvenes y adolescentes, ya tiene reacciones entre
padres alarmados de algunos de estos muchachos
reclutados por la derecha para sus fines violentos.
Se conoció del caso de un padre, al comprobar
que su hijo acumulaba más de 60 inasistencias a
clases –a pesar de no haber sido notificado por la
escuela–, y percatarse que estaba involucrado en
las guarimbas (grupos violentos y vandálicos), deci-
dió entregarlo voluntariamente a las autoridades.
“No es fácil entregarle a un hijo a un cuerpo
policial, pero mi hijo no es un delincuente, sino
que lo embaucaron. Es un muchacho, un niño”,
enfatizó el padre, a quien también se le protegió
su identidad.
Como estos y otros casos, hay miles de de-
nuncias presentadas ante los tribunales de justicia
por el uso de niños, jóvenes y adolescentes en esta
oleada violenta, muchos de ellos procedentes de
las capas más pobres de la sociedad, que sirven
–en la mayoría de los casos– de carne de cañón para
agredir, atacar y causar el terror.
Para esto, la derecha activó las guarimbas, que
tienen un fuerte componente de elementos de-
lictivos procedentes de las zonas marginales de
la capital, que por unos cuántos bolívares, ropa,
comida y drogas –principalmente la fenetilina
Captagon, que llega a Venezuela a través de la
frontera con Colombia–, están listos para impo-
ner el caos.
MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ/PRENSA LATINA
LAVERDADERA CARA
DE LA VIOLENCIA EN
VENEZUELA

ARTÍCULO OPINIÓN
Qué son las guarimbas
Las guarimbas, como se le conoce aquí a esta for-
ma violenta de protestar en las calles, no son nuevas
en el espectro político venezolano y constituyen un
arma recurrente para una oposición que no se cansa
de aspirar a llegar al poder, a pesar de sus continuos
fracasos en las urnas, en los últimos 18 años. Según
expertos, esta estrategia “insurreccional” nació en las
callesdeCaracasenfebrerode2004,alentadaporlos
opositoresalaRevoluciónBolivarianaqueencabeza-
ba en ese momento el comandante Hugo Chávez, y
cuya finalidad es la de atentar de manera violenta y
sistemática contra la paz y tranquilidad pública.
Detrásdeestasaccionesviolentas,pormomentos
vandálicas y terroristas, está el propósito de provo-
car una intervención “represiva” de las fuerzas del
orden, instigar una sublevación cívico-militar, desle-
gitimar al gobierno bolivariano y forzar una inter-
vención extranjera.
Un plan perfectamente diseñado por los líderes
de la derecha opositora, que lo han repetido insisten-
temente sin lograr sus propósitos, que incluye –como
afirman algunos de sus principales cabecillas dentro
y fuera de Venezuela– bañar en sangre al país para
derrocar al gobierno.
Entre sus principales formas de actuar las guarim-
bas, que casi siempre aparecen -coincidentemente-
detrás de las marchas de protestas que convoca la
oposición, está el cerrar las principales vías de acceso
en calles y autopistas, impedir el libre tránsito de la
población e imponer el miedo como forma de “con-
vencimiento”.
También apelan al uso de barricadas, atentar
contralosserviciosesencialescomolaenergíaeléctri-
ca, el agua potable y los abastecimientos de alimen-
tos y otros productos de primera necesidad, la que-
ma de almacenes y el ataque sistemático a edificios
gubernamentales.
¿Guarimbas callejeras o grupos
armados violentos?
En todo este entramado violento, que sin lugar
a dudas responde a una agenda de golpe de Estado,
detrás de las guarimbas callejeras se oculta algo mucho
más peligroso, que son los grupos armados violentos,
cuyos planes apuntan a objetivos más estratégicos.
El pasado 9 de mayo, el vicepresidente ejecutivo
venezolano, Tareck El Aissami, presentó a la opi-
nión pública nacional e internacional, pruebas que
evidencian el vínculo entre estos grupos y la derecha
más reaccionaria venezolana, y que tienen una data
más allá de las actuales protestas.
En ese momento, los cuerpos de seguridad en
Venezuela lograron desarticular una banda que ope-
raba como célula armada, responsable de las prin-
cipales acciones vandálicas ocurridas en el este de
Caracas y en el estado Miranda.
Entre los más de 15 arrestados destacó Nixon Al-
fonso Leal, uno de los principales cabecillas de estos
grupos armados, con estrechos vínculos con el parti-
do opositor de extrema derecha Primero Justicia, y
que participó activamente en el plan La Salida, acti-
vado por la derecha en 2014, el cual dejó un saldo de
43 personas muertas.
Nixon Leal -según las autoridades venezolanas-
es uno de los más cercanos colaboradores del dipu-
tado Julio Borges, actual presidente de la Asamblea
Nacional (Parlamento), uno de los principales insti-
gadores a la violencia antigubernamental en Vene-
zuela.
El vicepresidente venezolano explicó que Leal
estructuró la insurgencia armada que operaba en las
zonas capitalinas de Altamira, Chacao y Bello Mon-
te, en el este de Caracas, y logró articular grupos ar-
mados en Catia, al oeste de la ciudad capital.
Votos sí, balas no
Como respuesta a esta escalada de violencia, el
gobierno bolivariano llamó a todos los sectores del
pueblo a integrar una nueva Asamblea Nacional
Constituyente, como fórmula de paz ante los redo-
bles de los tambores de la guerra que anuncia la ul-
traderecha.
Con la Constituyente se buscará abrir una gigan-
tesca mesa de diálogo entre todos los venezolanos, a
pesar de los llamados a sabotearla que hace la MUD
y sus principales cabecillas políticos.
De ahí la importancia de mantener la unidad
cívico-militar de los venezolanos en torno a su Re-
volución, quecon la aplicación del Plan Zamora 200
y el Plan República, enfrentará cualquier intento de
devolver a Venezuela a las transnacionales y a las oli-
garquías.

ARTÍCULOOPINIÓN
N
aciones Unidas. Casi 36 años en prisio-
nes estadunidenses, 12 de ellos en ais-
lamiento, no cambiaron la pasión y la
firmeza del independentista Oscar López Rivera,
quien asegura que ahora es más importante que
nunca la libre determinación de Puerto Rico.
Esta isla caribeña, sometida a 5 siglos de co-
lonialismo, resiste los últimos 119 años bajo la
dominación de Estados Unidos.
“La cárcel es algo muy complejo, pero al salir
he visto que mi patria tiene una situación mucho
más dura que la existente cuando fui encerrado”,
afirmó el luchador independentista en entrevista
con Prensa Latina, en la sede de la Organización
de las Naciones Unidas.
De acuerdo con López Rivera, al regresar a
su tierra –después de la conmutación en enero de
2017 de su sentencia por el entonces presidente
estadunidense, Barack Obama– encontró más
desempleo, inseguridad social y privatización,
fenómenos que llevan a un éxodo masivo de sus
compatriotas, incluyendo muchos profesionales y
personal capacitado.
En la actualidad, 5 millones de puertorrique-
ños viven en la diáspora, mientras menos de 3
millones 500 mil lo hacen en la isla, una despo-
blación acelerada, algo similar a lo sucedido a
Hawái y Alaska, donde sustituyeron a los nativos,
precisó.
Para el patriota de 74 años, pese a tan difí-
cil realidad, existe una razón aún mayor para
continuar la lucha y apelar a la unidad de sus
coterráneos y a la solidaridad mundial contra el
dominio colonial estadunidense.
“Por primera vez, Estados Unidos ha admiti-
do que somos una colonia sometida al poder del
Congreso norteamericano, instancia que nos ha
impuesto una Junta de Control Fiscal para lidiar
con la deuda de 72 mil millones de dólares, un
mecanismo criminal creado para sacarle a cada
boricua que trabaja hasta el último dólar en su
bolsillo”, denunció.
Al respecto, opinó que no hay mejor momen-
to para solicitar a la comunidad internacional
una atención priorizada al caso de Puerto Rico,
traducida en su análisis por la Asamblea General
Estados Unidos logró en 1953 que la Asam-
blea excluyera a la isla caribeña de su listado de
territorios coloniales, después de esgrimir que los
boricuas habían alcanzado el autogobierno.
Según el nativo de San Sebastián, la realidad
de su pueblo se aleja cada vez más de ese argu-
mento, hasta el punto de que “amenaza con lle-
varnos a la pérdida de nuestra patria, identidad,
cultura y de todo lo que nos hace puertorrique-
ños”.
López Rivera insistió en que el caso boricua
ratifica la terrible cara del colonialismo, y no deja
dudas acerca de la urgencia de acabar con ese
crimen contra la humanidad.
Al abordar su situación personal, aseveró que
los casi 36 años de cárcel en Estados Unidos no
han debilitado sus deseos de luchar, convencido
WALDO MENDILUZA/PRENSA LATINA
EL INDEPENDENTISTA
OSCAR LÓPEZ RIVERA,
SIN CLAUDICAR 36 AÑOS
DESPUÉS

ARTÍCULO OPINIÓN
de que cuando se está del lado de una causa justa
y noble, nada debe considerarse un sacrificio.
“Pese a todos esos años, regresé a casa con
la cabeza en alto, y mi honor, mi dignidad y mi
espíritu más fuertes que cuando ingresé en pri-
sión”, sentenció.
Un referendo fútil
López Rivera calificó de fútil, carente de cre-
dibilidad y simulacro manipulador al referendo
celebrado el pasado 11 de junio en Puerto Rico
sobre la relación con Estados Unidos.
“No tiene absolutamente ninguna credibi-
lidad, porque se trató de una maniobra y una
manipulación por un partido anexionista que no
representa al pueblo de Puerto Rico.”
En la consulta promovida por el actual gober-
nador, Ricardo Rosselló, del Partido Nuevo Pro-
gresista, con una participación de apenas el 23
por ciento de las personas registradas, triunfó la
estatidad (incorporación a Estados Unidos), con
el 97 por ciento de los votos a favor de esa pos-
tura.
·El gobernador lo que pudo obtener en esa
farsa fue las dos terceras partes del voto logrado
por él en las elecciones de noviembre, 6 meses an-
tes, lo cual demuestra que el pueblo boricua no
está de acuerdo con la politiquería de este gobier-
no”, alertó.
Para el independentista, en la consulta se mal-
gastaron millones de dólares de manera innece-
saria, sobre todo en un país muy afectado por la
crisis económica. “En Puerto Rico cerrarán 169
escuelas por falta de fondos, pero aún así se gastó
dinero en algo sin valor, cuando debió dedicarse
a salvar a muchas de ellas”, dijo.
Agradecimiento
Desde su salida de prisión, López Rivera ha
reconocido la solidaridad de muchas personas en
el mundo que defendieron su libertad y respalda-
ron su causa.
En la entrevista con Prensa Latina, dedicó en
particular palabras de agradecimiento a Cuba.
“Quiero agradecer al pueblo y al gobierno cu-
banos y a los cinco héroes [Gerardo Hernández,
Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón
Labañino y René González] por su apoyo”.
El patriota se declaró muy contento por la po-
sibilidad de viajar a Cuba, cumpliendo una in-
vitación reflejada por el presidente Raúl Castro
en su mensaje del 18 de mayo pasado, en el cual
felicitó al independentista tras la oficialización de
su libertad.
“Espero llegar allá, si todo sale bien, en no-
viembre, para poder darle las gracias en perso-
na al presidente Raúl Castro y expresarle a todo
el pueblo cubano nuestra gratitud por su aporte
en la campaña para mi excarcelación, pero so-
bre todo por su histórica solidaridad con Puerto
Rico”, manifestó.
Asimismo, destacó el apoyo a Puerto Rico de
los fallecidos líderes revolucionarios Fidel Castro
y Hugo Chávez, y de otros dirigentes latinoame-
ricanos.
López Rivera acudió el 19 de junio a una se-
sión dedicada a Puerto Rico del Comité Especial
de la ONU para la Descolonización, un órgano
creado en 1961 que cuenta con 29 Estados miem-
bros.
El luchador recibió una cerrada ovación al ser
anunciado como uno de los 60 peticionarios del
debate por el presidente del Comité, el embaja-
dor venezolano Rafael Ramírez.
Además de los aplausos, las consignas “inde-
pendencia para Puerto Rico” y “viva Puerto Rico
libre” se apoderaron de la Sala de Conferencia 2
Ramírez calificó de un honor la presencia de
López Rivera y resaltó que el largo encierro no
pudo doblegar sus aspiraciones de vivir en un país
que disfrute sin tutelajes del derecho a la autode-
terminación.
Por trigésima sexta ocasión desde 1972, el
Comité Especial de la ONU para la Descoloniza-
ción aprobó una resolución a favor de la indepen-
dencia y la libre determinación de Puerto Rico.
La iniciativa presentada por Cuba, con el co-
patrocinio de Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bo-
livia, Siria y Rusia, insta a Washington a asumir su
responsabilidad y permitir que el pueblo boricua
ejerza plenamente esas prerrogativas, en sintonía
con la proclama lanzada en 1960 por la Asamblea
General de poner fin al colonialismo en el mundo.

ARTÍCULOOPINIÓN
C
ada minuto se producen 20 desplaza-
mientos forzosos en el mundo. La guerra,
la violencia, la persecución o la violación
sistemática de los derechos humanos han obliga-
do a 65.6 millones de personas a huir de sus ho-
gares en 2016. Esta cifra representa 10.3 millones
más que en 2015, período en el que el mundo
pareció abrir los ojos ante el conflicto civil sirio,
que para entonces ya sumaba cuatro años de es-
calada.
Irak, Afganistán, Yemen, República Demo-
crática del Congo, República Centroafricana o
Sudán del Sur también se suman a la lista de paí-
ses en conflicto.
Mientras millones
de personas arriesgan
su vida en peligrosas
travesías por tierra y
mar, pagan desorbi-
tadas cantidades eco-
nómicas en busca de
refugio o mueren en el
intento, la comunidad internacional parece impa-
sible ante la puesta en marcha de leyes, tratados y
acuerdos internacionales sobre protección de re-
fugiados. (Así lo demuestra la historia de Marah
Rayan, una joven refugiada palestina apátrida
que fue criada en Siria hasta que tuvo que salir
del país a causa de la contienda)
Según Naciones Unidas, una persona apátri-
da es “aquella que no es reconocida por ningún
país como ciudadano acorde a su legislación”, y
cuyo marco legal se encuadra en la Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y en
la Convención de 1961, ambas aprobadas por la
Asamblea General de Naciones Unidas. Se trata
de un limbo legal que afecta a unas 10 millones
de personas en el mundo.
La historia de Marah se remonta a 1948,
cuando sus abuelos maternos y paternos salieron
de Palestina para establecerse en Jordania y Siria,
respectivamente, tras el primer conflicto árabe-is-
raelí. Su madre adoptó la nacionalidad jordana,
mientras que su padre permaneció como refugia-
do palestino apátrida en Siria sin ninguna posi-
bilidad de reconocimiento debido a las leyes del
país, condición legal que también adoptó Marah
desde su nacimiento, y que comparten más de 5
millones de personas.
Tras haber vivido
13 años en Siria, tuvo
que trasladarse a Jor-
dania durante tres años
por problemas familia-
res. “Después de este
tiempo volví a Siria y
solo seis meses después estalló la guerra en marzo
de 2011”, cuenta Marah. “Todos sabíamos que
algo iba a pasar en Siria. El presidente reprimió
las manifestaciones”, explica refiriéndose a la ola
de protestas en Oriente Medio y Norte de Áfri-
ca en la Primavera Árabe, que se expandieron a
suelo sirio.
“Entonces, nos mudamos a una zona residen-
cial de Damasco, donde se ubicaba una fábrica
de alimentación. Eso era lo que todo el mundo
creía antes de la guerra. Cuando estalló el conflic-
to, nos dimos cuenta de que realmente producía
SINAY SÁNCHEZ/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
SOMOS REFUGIADOS
PERO PODRÍA DECIRSE
RECHAZADOS
Mientras millones de personas arries-
gan su vida en peligrosas travesías, la
comunidad internacional omite generar
acuerdos para proteger a los refugiados
Mientras millones de personas arries-
acuerdos para proteger a los refugiados

ARTÍCULO OPINIÓN
armamento biológico y que pertenecía al gobier-
no de Bashar al Assad”, continúa. Aquel encla-
ve se encontraba a medio camino entre el frente
del ejército sirio y el de los rebeldes. “Estuvimos
viviendo en la frontera de la guerra. Una vez el
ejército sirio entró a mi casa y nos cogió como
rehenes porque éramos civiles y pensaban que los
rebeldes no iban a disparar. Lo que la gente no
sabe es que a los rebeldes tampoco le importan
los civiles, así que dispararon”, recuerda.
Marah cursaba estudios de Filología Inglesa e
intentaba llevar una vida normal pese al conflic-
to. “Lo peor de la guerra es el silencio. No saber
qué va a pasar. Se presentan cuestiones como vol-
ver de la universidad y no encontrar a tu familia
o a tus amigos. Hay bombardeos, escasez de ali-
mentos, cortes de electricidad…”.
En 2013, Marah solicitó una beca Erasmus
para poder salir del país. “Llegué a España en
septiembre y empecé a estudiar Comunicación
Audiovisual en la Universidad de Salamanca”,
cuenta. “Hablé con varios abogados para hacer
reagrupación familiar, porque mi familia se en-
contraba en Suiza, pero esto no era posible”. Si
la situación jurídica de los refugiados ya es com-
plicada, la condición de apátrida de Marah difi-
culta el proceso legal para buscar su protección
en España.
“Somos refugiados, pero podrían llamarnos
rechazados”, dice Marah. “Desde las administra-
ciones acorralan a los refugiados. Europa no quie-
re acoger, no quiere hacer nada, aun sabiendo lo
que está pasando”, se queja. “Los refugiados si-
rios, palestinos, africanos, asiáticos o de cualquier
lugar también son seres humanos y con cada uno
hay una historia”.
Marah ha conseguido graduarse y elabora
una plataforma para desmontar los prejuicios en
torno a millones de niños y jóvenes refugiados,
para que ellos mismos expliquen sus diferentes
realidades, no sólo los medios de comunicación.
Además, esta joven trabaja como intérprete vo-
luntaria de español, árabe e inglés con Cruz Roja
y ACCEM ONG. Sueña con convertirse en co-
rresponsal y documentalista para poder contar
las historias de aquellos que más lo necesitan y
así acercar las realidades que conforman el mun-
do.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
S
e celebró el 40 aniversario de las primeras
elecciones democráticas en España, ocurri-
das en 1977. Pero la jaleada transición, de la
que esas elecciones fueron eje, no fue el tiempo de
concordia que se pretende. El 3 de marzo de 1976,
tres trabajadores murieron en Vitoria por disparos
de la Policía Armada. Dos más morirían días más
tarde. De la brutal represión da cuenta una comu-
nicación por radio de la policía que actuó en Vi-
toria, minutos después de las muertes, recuperada
y revelada posteriormente: “Dile a Salinas que les
hemos dado la paliza más grande de la historia”.
Cuatro meses des-
pués, Martín Villa, un
franquista reformista,
ocupó la cartera de Go-
bernación, que luego
se llamó Interior. En
menos de 3 años mu-
rieron 44 españoles a
manos de la policía y otros 108 fueron heridos de
gravedad y hospitalizados por disparos de policías
y grupos de extrema derecha que colaboraban en
reprimir manifestaciones. Una Transición que no
fue tiempo de paz, sino de violencia por repre-
sión constante, terrorismo y guerra sucia. De 1975 a
1983, en España hubo 591 muertes por terrorismo
de extrema izquierda, extrema derecha, guerra sucia
y represión, según el libro La transición sangrienta de
Mariano Sánchez. De esos muertos, 188 fueron
homicidios para mantener el orden, alentados e
incluso organizados desde alguna cloaca del Estado,
según Sánchez. Además, en el año de elecciones
1977, la Policía cargó muy violentamente contra
hombres y mujeres en unas 800 manifestaciones
en toda España, porque imponer el orden público
era determinante para frenar a la izquierda que fi-
nalmente renunció a ocupar las calles.
Los franquistas reformistas supieron pronto
que el tinglado franquista o parecido no era po-
sible, muerto el dictador. Aunque al principio de
la llamada transición tampoco tenían intención de
ir a una democracia sino montar algo controlable.
Pero grandes sectores de la población española,
liderados por la clase trabajadora, se movilizaron
contra la dictadura y el gato por liebre en política. De
1973 a 1982, España
fue el país europeo con
mayor agitación social
y las mayores protestas
obreras conocidas en
Europa occidental des-
de el final de la Segun-
da Guerra Mundial.
Como nos han contado Sartorius y Alberto Sabio
en su obra El ﬁnal de la dictadura, sólo en 1976 hubo
más de 17 mil 700 huelgas en las que se dejaron de
trabajar 150 millones de horas. Esa presión traba-
jadora y popular hizo posible acceder a una demo-
cracia aceptable. Tras cada movimiento positivo
de la monarquía o de los franquistas reformistas
había siempre grandes movilizaciones obreras.
Huelgas y movilizaciones, por ejemplo, movieron
al rey a despedir al presidente del gobierno, Carlos
Arias Navarro, tan incapaz de controlarlas como
de proponer algo viable.
Pero, como cuenta Ferran Gallego, una élite
política franquista controló buena parte de la tran-
XAVIER CAÑO TAMAYO, CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
TRANSICIÓN
RUPTURA Y DEMOCRACIA
EN ESPAÑA
Los franquistas nunca tuvieron vo-
luntad de ir hacia una democracia y si
la transición no falló fue por la movi-
lización de la clase trabajadora
Los franquistas nunca tuvieron vo-
lización de la clase trabajadora

ARTÍCULO OPINIÓN
sición desde el Estado y la Constitución no surgió
de la ruptura con la dictadura sino por la alianza
del reformismo franquista con el Partido Socialis-
ta Obrero Español y Partido Comunista de Espa-
ña (PCE), sobre todo. Fue un ministro franquista,
Adolfo Suárez (que fue secretario general del Mo-
vimiento Nacional, el partido único franquista),
quien preparó las primeras elecciones.
Los franquistas nunca tuvieron voluntad de ir
hacia una democracia y si la transición no aca-
bó en agua de borrajas fue por la movilización de la
clase trabajadora. La izquierda quería la ruptura
pero no confió en la clase trabajadora y en la ciu-
dadanía y aceptó la reforma. Carrillo propuso al
PCE aceptar al rey y la bandera rojigualda, sin
consulta democrática alguna, atemorizando al
Comité Central con el ruido de sables.
Para disponer del escenario completo, cabe re-
cordar que, además de la condena de la España
franquista por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en febrero de 1946, el Consejo de
Europa en 2006 condenó de nuevo las “violacio-
nes graves de derechos humanos cometidas en Es-
paña por el régimen franquista de 1939 a 1975”.
La ONU también suspendió a España por man-
tener símbolos franquistas, por la Ley de Amnistía
de 1977 (que viola la legislación internacional e
impide juzgar crímenes franquistas), por suprimir
la justicia universal y por negarse a exhumar desa-
parecidos localizados y forzar que las exhumacio-
nes sean privadas.
Hoy siguen pendientes los grandes problemas
políticos (Estado y naciones, forma de Estado…)
porque la canonizada transición y lo que vino des-
pués no han sabido resolverlos. Lo que lleva a pen-
sar de nuevo en romper con todo eso.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
¿S
abían que nos encontramos en medio
de una extinción en masa de propor-
ciones alarmantes? No nos estamos re-
firiendo a una terrible película de ficción sobre el
fin del mundo, en la que sabemos que todos son
efectos especiales. A principios de agosto de 2015
recorría los medios de comunicación una noticia
escalofriante: “Ha comenzado la sexta extinción
masiva”, basado en un informe sobre una trage-
dia inimaginable que está
ocurriendo delante de
nuestros ojos.
La naturaleza se está
muriendo de forma silen-
ciosa. Científicos de Mé-
xico han evaluado en un
estudio basado en los úl-
timos 500 años, datos so-
bre la extinción de verte-
brados en todo el mundo.
Los investigadores compa-
raron los datos con la ex-
tinción natural que tiene
lugar sin la influencia del
ser humano, y según sus
cálculos desde el año 1900
deberían haberse extinguido nueve especies verte-
bradas de modo natural, no 468.
Pero la causa de esta extinción de especies de
dimensiones gigantescas (la mayor desde hace 65
millones de años), no es un acontecimiento cós-
mico como la colisión de un meteorito. La cau-
sa es una muy distinta: somos nosotros, los seres
humanos, los que destruimos otras especies a
una velocidad vertiginosa. La humanidad ya ha
exterminado incontables especies sin que jamás
lleguemos a conocerlas, y sin saber qué función
cumplían. En la mayoría de los casos se trató de la
destrucción del hábitat natural: bosques que caye-
ron víctimas de la agricultura, pesca intensiva que
esquilma los océanos, suelos fértiles envenenados
o arrasados por temporales a manos del cambio
climático mundial.
Hoy sabemos que esta extinción, que no se tra-
ta de una cuantas especies,
tiene el efecto de una bola
de nieve. La extinción de
una única especie de plan-
ta puede desencadenar la
destrucción de la cadena
alimenticiadetodouneco-
sistema desde su base. En
tan sólo tres generaciones
se podría acabar todo. Por
supuesto que esto también
es válido para nosotros,
pues sin naturaleza no es
posible ningún futuro.
El que la muerte de la
naturaleza sea silenciosa,
una muerte muda de mi-
les de millones de plantas y animales es lo que nos
hace creer que no es para tanto. Hubo suficientes
advertencias pero todas cayeron en saco roto en
las últimas décadas y se desperdició un tiempo va-
lioso para corregir el curso de los acontecimientos,
pues toda la naturaleza incluidos los seres huma-
nos formamos un gran colectivo, una comunidad
con un mismo destino. Esto es algo que ahora po-
demos ver de forma cada vez más dramática.
MARÍA JOSÉ NAVARRO/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
LA NATURALEZA SE ESTÁ MURIENDO
SE ESTÁ MURIENDO
DE FORMA SILENCIOSA
123RF

INVESTIGACIÓN PORTADA
MÉXICO:EL PAÍS MÁS IMPUNE
EN MATERIA
DE DESAPARICIÓN
FORZADA

INVESTIGACIÓNPORTADA
Trece organizaciones
internacionales han
formulado más de 150
recomendaciones a México
durante el presente
sexenio; todas, relacionadas
con la ola de desapariciones
que, desde la Guerra Sucia
y hasta el presente, enluta a
miles de familias
A
l menos 156 recomendaciones en mate-
ria de desaparición de personas ha reci-
bido el Estado mexicano de parte de 13
organismos internacionales durante el gobierno
de Enrique Peña Nieto. La mayoría de ellas no ha
sido solventada en lo absoluto. Si se suman las del
último año del sexenio pasado, de Felipe Calde-
rón, las indicativas suman más de 300.
Las recomendaciones han sido emitidas, en
su gran parte, por el Grupo de Trabajo de Na-
ciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias y por el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos.
Pero también, por otras nueve instancias de
la Organización de las Naciones Unidas: el Co-
mité contra la Desaparición Forzada; el Comité
contra la Tortura; el Comité de los Derechos del
Niño; el Consejo de Derechos Humanos; el Co-
mité para la Eliminación de la Discriminación
de la Mujer; la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
ZÓSIMO CAMACHO
TERCERODÍAZ/CUARTOSCURO

manos; la Relatora Especial sobre la Violencia
contra la Mujer, Sus Causas y Consecuencias;
la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños
en la Pornografía, y el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria. Además, por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos.
México se ha conver-
tido en el mayor recep-
tor de recomendaciones
por este crimen de lesa
humanidad, muy por en-
cima del segundo lugar,
Irak –que padece guerra
civil, invasión y ocupa-
ción terrorista–, que re-
cibió 68.
Oficialmente, Méxi-
co reconoce 30 mil 942
personas desaparecidas
(forzadas o no) o extraviadas, como reportó la
Secretaría de Gobernación a través del Regis-
tro Nacional de Datos de Personas Extraviadas
o Desaparecidas en marzo pasado. De ellas, casi
7 mil son menores de edad. Organizaciones de-
fensoras de derechos humanos y de familiares
de las víctimas aseguran que la cifra total real
es superior, pues muchos de los casos no se de-
nuncian.
Ariel Dulitzki encabezó el Grupo de Trabajo
de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada
de 2010 y hasta el 30 de abril pasado. Supo de
la situación mexicana, conoció el caso de los 43,
visitó el país,se reunió con familiares de las vícti-
mas, con organizaciones defensoras de derechos
humanos, con funcionarios de los tres niveles de
gobierno de México y emitió recomendaciones.
A pesar de ser cauto, su evaluación es clara:
México ha faltado en todo. “En general, el Es-
tado [mexicano] ha fallado en sus respuestas en
materia de verdad, justicia y reparación”.
Pero no es estridente. En entrevista con Con-
tralínea, señala que no se puede generalizar la
actuación de todos los servidores públicos. “Hay
muchas autoridades a nivel estatal como a nivel
de la Federación, y a nivel de los tres Poderes del
Estado [Ejecutivo, Legislativo y Judicial], que
tienen voluntad de hacer las cosas bien, desde la
perspectiva de los derechos humanos”.
El problema es con dos tipos de funcionarios:
aquellos “que están implicados en desapariciones
forzadas”y aquellos “que no tienen voluntad po-
lítica para tratar las necesidades de las víctimas
de desapariciones forzadas”.
La primera recomendación que hizo a Mé-
xico el Grupo de Traba-
jo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias
fue el de reconocer la di-
mensión del problema,
recuerda el abogado San-
tiago Corcuera Cabezut.
El maestro en dere-
cho por la Universidad
de Cambridge, Ingla-
terra, y quien fue pre-
sidente del Comité de
Naciones Unidas contra
la Desaparición Forzada hasta junio pasado,
sentencia: “si no se reconoce la dimensión del
problema no se van a seguir las recomendacio-
nes que las instancias internacionales le hacen al
destinatario”.
Y es que el gobierno mexicano, lejos de acep-
tar las recomendaciones de las instancias inter-
nacionales, las descalifica y cuestiona la integri-
dad y la capacidad de las organizaciones que las
emiten.
En entrevista con Contralínea, Corcuera Ca-
bezut explica el comportamiento del Estado
mexicano con una analogía: “Es como un pa-
ciente que va al médico por alguna afectación.
El médico le dice que tiene una grave enferme-
dad y que debe seguir un tratamiento; pero el
paciente se enoja con el médico, le dice que exa-
gera, y va a ver a su abogado para preguntarle si
las recomendaciones apuntadas son de carácter
obligatorio”.
―¿Esa falta de voluntad política tiene su ori-
gen en que podría haber funcionarios implica-
dos en la desaparición forzada? –se le pregunta a
Corcuera Cabezut.
―No lo sé. No sé qué piensan: si se sienten
agredidos, dolidos… no lo sé. Lo que sí puedo
juzgar es la reacción que exteriorizan: es la des-
Oﬁcialmente, México
reconoce 30 mil 942
personas desaparecidas
(forzadas o no) o
extraviadas. De ellas, casi 7
mil son menores de edadmil son menores de edad

calificación de las instancias internacionales que
les formulan recomendaciones y la negación del
problema. Y ante tales actitudes, no habrá solu-
ción para el problema.
“El Estado mexicano no se va a hacer el ha-
rikiri”, dice sin ambages el luchador social Julio
Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víc-
timas de Violaciones a los Derechos Humanos
en México (Afadem) y vocal de comunicaciones
de la Federación Latinoamericana de Asociacio-
nes de Familiares de Detenidos Desaparecidos
(Fedefam).
“El Estado mexicano no tiene el deseo de
que se conozca la verdad de los desaparecidos
porque él mismo está implicado.Va a seguir pro-
tegiendo a sus entes. Y va a hacer todo los posi-
ble porque no se sepa cuáles son esas cadenas de
transmisión que mueven la necesidad de prote-
gerse entre unos y otros, sean militares, policías
y civiles”, señala el luchador social que demanda
la presentación de personas que fueron desapa-
recidas desde las décadas de 1960, 1970 y 1980,
el periodo de la Guerra Sucia.
A decir de Julio Mata, basta un hecho para
corroborar que no hay voluntad política de las
autoridades mexicanas para que se conozca la
verdad y se haga justicia en materia de desapa-
riciones políticas: hoy y durante la “alternancia”,
cuando por 2 sexenios detentó el Poder Ejecu-
tivo Federal el Partido Acción Nacional (PAN),
se mantiene la negativa de abrir los archivos del
Ejército Mexicano.
Entrevistados por separado, los especialistas
“El Estado mexicano no tiene el deseo de que se conozca la verdad de los desaparecidos porque él mismo está implicado”
TERCERODÍAZ/CUARTOSCURO

rización para realizar una visita de trabajo para
revisar los avances en el combate a este crimen.
Sin embargo, las autoridades mexicanas no han
respondido al organismo internacional.
Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto,
tanto el Comité contra la Desaparición Forzada
como el Consejo de Derechos humanos (ambos
de la Organización de las Naciones Unidas) tu-
vieron que recomendar “enérgicamente”al Esta-
do mexicano que reconociera la competencia del
propio Comité contra la Desaparición Forzada
para formularle recomendaciones.
Muchas otras “sugerencias” vendrían para
que las autoridades mexicanas pusieran en prác-
tica las recomendaciones efectuadas por los or-
ganismos internacionales.
coinciden en que hay una condición para que no
se haga justicia en materia de desapariciones y
también para que sigan ocurriendo estos críme-
nes considerados de lesa humanidad: la impu-
nidad.
Para Julio Mata, si hay algo que caracteriza
a las desapariciones que hoy ocurren en México
con las del periodo de la Guerra Sucia es la im-
punidad. “El Estado es responsable”, señala. In-
cluso reitera esa responsabilidad para los casos en
los que no se consideran desapariciones forzadas:
“Ya sea por acción, por omisión o por aquiescen-
cia, el Estado mexicano es responsable”.
Desde 2013, el Comité contra la Desapari-
ción Forzada de la Organización de las Nacio-
nes Unidas solicitó al gobierno mexicano auto-
El Grupo deTrabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada conoció el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre otras denuncias sobre desapariciones forzadas
JOSÉIHERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

Sólo en materia de investigación de casos
de desaparición, el Estado mexicano recibió 30
recomendaciones en lo que va del sexenio. La
mayoría de ellas,formuladas por el Grupo Inter-
disciplinario de Expertos Independientes, de la
Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos. En efecto, la que investigó la desaparición
de forzada de los 43 alumnos de la Escuela Nor-
mal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa,
Guerrero.
Además de las recomendaciones en materia
de investigación,el Estado Mexicano recibió“su-
gerencias” para acatar el régimen internacional
de protección; adecuar el marco legislativo para
atender la desaparición de personas (en general,
y en particular la desaparición forzada); clarificar
la situación legal de las personas desaparecidas
y de sus allegados; construir un registro único
nacional de personas desaparecidas confiable y
útil; generar un procedimiento de búsqueda de
personas desaparecidas sin dilaciones y de ofi-
cio; para reformar la jurisdicción militar en la
materia; de protección y apoyo a las familias y
personas que denuncian, participan o defienden
casos de desaparición; establecer un registro de
personas privadas de la libertad; garantizar el de-
recho a la libertad personal (entre otros asuntos,
derogar la figura del arraigo); prevenir e investi-
gar las desapariciones de migrantes; otorgar par-
ticular atención a las desapariciones de mujeres;
sancionar en la legislación la desaparición de ni-
ñas y niños; instrumentar un programa especial
con respecto de las desapariciones de la Guerra
Sucia; reformar las fuerzas de seguridad, y ga-
rantizar el derecho a la reparación.
Sobre este último apartado, la primera reco-
mendación de 2015 –formulada por el Grupo de
Expertos Independientes– señala que el Estado
mexicano debe “concebir la reparación como un
instrumento para promover una transformación
democrática y lograr mejores condiciones de jus-
ticia distributiva para todos”.
La segunda se refiere a otorgar una repara-
ción integral “y transformadora” a las víctimas.
“Toda persona física que haya sufrido un perjui-
cio directo como consecuencia de una desapari-
ción forzada debe contar con reparaciones tales
como: medidas de rehabilitación, satisfacción,
compensación, restitución si es el caso, y garan-
tías de no repetición. Con base en los estándares
internacionales de derechos humanos se deben
reparar los daños materiales (daño emergente y
lucro cesante), los daños inmateriales (medidas
simbólicas) y el daño al proyecto de vida”.
A pesar de ir a contracorriente y de la falta de
voluntad de los funcionarios,los familiares de los
desaparecidos no tienen otra opción que seguir
exigiendo al Estado mexicano justicia.
A decir de Corcuera Cabezut,las demandas a
las autoridades “deben ser, uno, que reconozcan
la dimensión del problema; dos, que pongan en
práctica todas y cada una de las recomendacio-
nes que las instancias internacionales han hecho
con el fin de ir superando poco a poco la gra-
vísima crisis humanitaria en la que el país está
sumergido, donde hay práctica generalizada de
la tortura, donde en muchas regiones del país
pudieran estarse presentando desapariciones ge-
neralizadas y donde muchas de las cuales se trata
de desapariciones forzadas (es decir, cometidas
por agentes estatales]”.
Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU
MOISÉSPABLO/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN CAPITALES
MINEROS
ACAUDALADOS,
“PRESUNTOS
EVASORES”
SLIM, LARREA Y BAILLÈRES

INVESTIGACIÓNCAPITALES
Filiales de los conglomerados
mineros, propiedad de los
tres hombres más ricos
del país, aparecen entre
las compañías señaladas
por la Auditoría Superior
como “presuntas evasoras”
de impuestos. En la lista,
propiedades de Carlos Slim,
German Larrea y Alberto
Baillères
L
as empresas de los tres hombres más ricos del
país aparecen en la lista de presuntos evasores
fiscales, exhibida en el más reciente informe
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La información revela que un total de 59 compa-
ñías explotadoras de recursos minerales preciosos
—de capital nacional y extranjero—, cayeron en el
incumplimiento de compromisos fiscales.
Se trata de Minera Tayahua, SA de CV, propie-
dad de Carlos Slim Helú,que encabeza la lista de los
mexicanos más ricos del país y ocupa el número 6 en
laListamultimillonariosentodoelmundodeForbes.
El Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
de la Minera Tayahua — MTA770906UX7 —
aparece entre los que debe comprobar la Adminis-
tración General de Grandes Contribuyentes si llevó
a cabo del pago de impuestos, pues el máximo ór-
gano de fiscalización del país considera que puede
estar entre “presuntos evasores”.
La unidad minera de Tayahua, indica su infor-
mación corporativa, se encuentra en Zacatecas, de
donde se explota “cuerpos de cobre primario y de
ÉRIKA RAMÍREZ
123RF

INVESTIGACIÓN CAPITALES
zinc.El mineral explotado de esta mina es extraído
y molido en una planta con capacidad de 5,500 to-
neladas diarias,después es distribuido en 2 circuitos
de flotación,plomo-zinc y cobre-zinc”.
El informe también incluye el RFC de Minera
Real de Ángeles,SA de CV,filial de Minera Frisco
SAB de CV, encabezada por Slim Helú y su hijo
Patrick Slim Domit.
Patricia Legarreta, investigadora del Proyecto
sobre Organización,Desarrollo,Educación e Inves-
tigación (PODER,por sus siglas en inglés) comen-
ta: “Esto no es una novedad, es algo que ha venido
ocurriendo desde hace varios años. La Auditoría
ha estado encontrando irregularidades relaciona-
das con las mineras, y la Secretaría de Economía
constantemente argumenta que le falta de personal
y recursos para tener actualizados los expedientes y
por lo tanto estar al día con requerir incluso que las
empresas paguen sus impuestos”.
“Lo que es muy importante es que estamos
viendo que este discurso de la atracción del inver-
sión privada para detonar el desarrollo, al final no
está beneficiando al desarrollo del país sino a los
empresarios porque existe evasión y varias empresas
han demandado la modificación a la Ley Minera,
no quieren pagar”,dice la experta.
Omisas de impuestos empresas
de Larrea
Las filiales de Grupo México, propiedad del
segundo hombre más acaudalado, German Larrea

INVESTIGACIÓNCAPITALES
Mota Velasco también aparece en la lista.Este em-
presario, con 63 años de edad, fue catalogado en la
lista de Forbes como el segundo más rico del país.A
finales de 2016, su fortuna estaba calculada en 13
mil 800 millones de dólares. Un año antes: 9 mil
millones de dólares.Un importante crecimiento de
4 mil 800 dólares; casi el 35 por ciento.
El RFC de Buena Vista del Cobre SA de CV
(MCA900621K92), e Industrial Minera México
(IMM8505281U0), aparecen entre las decenas
identificadas por el máximo órgano de fiscalización
del país como “presuntos evasores” del Sistema de
Administración Tributaria (SAT).
En su más reciente informe trimestral, el con-
glomerado minero presume que se de sus ganancias,
mismas que han alcanzado los 2 mil 263 millones
de dólares,18 por ciento mayores que el último in-
forme trimestral de 2016,debido a mayores precios
del cobre.
Grupo México, indica su información corpora-
tiva, es el primer lugar de producción de cobre en
México y Perú; el tercero más grande en Estados
Unidos y el cuarto a nivel mundial,con “los meno-
res costos de extracción en la industria”.
En el contexto social y ambiental, las empresas
de German Larrea han provocado grandes desas-
tres: Buena Vista del Cobre derramó 40 millones
de litros de solución de sulfato de cobre acidulado
en los ríos Bacanuchi y Sonora y ha sido catalogada
como una de las que incumplen con la legislación
ambiental mexicana. Industrial Minera México
tiene en su historial la muerte de 65 de sus trabaja-
dores tras la explosión de la Mina 8 “Pasta de Con-
chos”,hace 11 años.
La investigadora de PODER critica: “esto es
una muestra más de la capacidad que tienen los
grandes empresarios que pueden evadir la Ley y no
pasa nada en este país.No sólo no le están aportan-
do al país, sino que además contaminan y dañan al
medio ambiente”.
Baillères no pagó derechos al SAT
Tercero en la lista de los multimillonarios mexica-
nos,integrante de la cúpula empresarial y de poder del
país, Alberto Baillères González es dueño de otra de
lascompañíasevidenciadasporlaAuditoríacomopre-
sunta evasora del pago de impuestos.Se trata de Ex-
Carlos Slim, propietario de MineraTayahua
Alberto Baillères González, dueño de Peñoles
Germán Larrea, dueño de Grupo México
SAÚLLÓPEZ/CUARTOSCUROMOISÉSPABLO/CUARTOSCUROMOISÉSPABLO/CUARTOSCURO

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