Este documento describe varios programas sociales de América Latina relacionados con la transferencia condicionada de recursos, la superación de la pobreza y la seguridad alimentaria. Los programas de transferencia condicionada en países como Brasil y México proporcionan recursos a familias pobres con la condición de que los niños asistan a la escuela y reciban atención médica. Programas como Chile Solidario y la Red JUNTOS de Colombia buscan superar la pobreza mediante el acompañamiento social de familias y facilitando el acceso

1. Los programas sociales de ACCIÓN SOCIAL en perspectiva mundial
1. Programas de Transferencias Condicionadas
Los Programas de Transferencias Condicionadas PTC se han constituido en una
innovación en cuanto a política social en America Latina. Como su nombre lo indica, los
PTC suponen un componente de condicionalidad en el cumplimiento de metas
relacionadas con la acumulación de capital social, que en el largo plazo permiten lograr
avances en la superación de la pobreza.
En cuanto a las condiciones planteadas a las familias dentro de los PTC en
Latinoamérica, éstas son muy similares entre los programas; En educación se requiere
una asistencia escolar mínima que varía entre el 80% y 90% y asistencia a
capacitaciones. En salud, se condiciona la transferencia a la realización de visitas a los
centros de atención en salud primaria, con el fin de que los niños y las madres reciban
cuidados en salud materno - infantil y en nutrición.
En general, el gasto/presupuesto de los programas no excede el 0.5% del PIB, con la
excepción del Bono de Desarrollo Humano de Ecuador, que alcanzó al 1% del PIB en el
2004. En los casos de Oportunidades de México y Bolsa Familia de Brasil, esta cifra se
sitúa alrededor del 0.4%. Los países que presentan una menor carga presupuestaria
son Colombia y Costa Rica (0,09% y 0,019% respectivamente).
En la mayoría de las experiencias, las condiciones se definen en un esquema arriba-
abajo, donde la administración central del programa decide los requerimientos
conductuales que deberán cumplir las familias beneficiarias. Sin embargo, en algunos
casos los programas suavizan las condiciones para algunas sub-poblaciones que
presentan dificultades en el cumplimiento de los compromisos, como los adultos
mayores, los discapacitados y los indígenas.
Si bien la persistencia de brechas interétnicas y dinámicas de pobreza y exclusión
indígena es una realidad persistente en América Latina y el Caribe, son aún pocas las
iniciativas de PTC que aborden de manera específica estos temas. Según la Cepal, sólo
tres de los países de la región han implementado acciones específicas para adaptar el
diseño e implementación de los PTC a los requerimientos de quienes son indígenas y
viven en situación de pobreza. En los casos de Colombia y Panamá se encuentran los
mayores avances en la línea de un enfoque étnico, mientras que en México las
iniciativas se han concentrado en fortalecer la focalización de Oportunidades dentro de
localidades indígenas.
Es así que el 93.7 por ciento de la población indígena de México, habita en las
localidades a donde llega este programa. En Panamá, al finalizar el año 2008, las
familias indígenas representaban el 35,9% del total de beneficiarios y en Colombia el
2.62% de los beneficiarios, un total de 69.528 familias son indígenas.
Los programas más antiguos de la región son la fase I del PRAF en Honduras (1990),
la Bolsa de Familia en Brasil (1995) y el programa Oportunidades en México
(1997). Estos dos son los más importantes dentro del grupo de los PTC y con Familias
en Acción encabezan los de mayor cobertura. En este sentido, vale la pena resaltar,
que pese a haber iniciado varios años después Familias en Acción ha alcanzado los

2. niveles de sus precursores. Por ejemplo, Familias en Acción tiene actualmente 2.9
millones de familias beneficiarias, que equivalen aproximadamente al 29% de la
población del país, el mismo porcentaje de cobertura del programa Bolsa Familia en
Brasil, creado en 1995, cuatro años antes que Familias en Acción. (Ver Anexo 1)
2. Superación de la pobreza
El reconocimiento de la pobreza como un problema multidimensional y complejo, ha
dado como resultado la implementación de estrategias que de manera cada vez más
contundente buscan hacer frente a este problema de manera integral, dando origen a
estrategias como la Red JUNTOS para la superación de la pobreza puesta en marcha
en Colombia en el año 2007.
El principal precursor de este tipo de programas en Latinoamérica es Chile Solidario.
Para cumplir con su propósito de generar condiciones para que las personas que
tienen necesidades de apoyo y asistencia, tengan acceso efectivo a los recursos que
les permitan sostener un nivel básico de bienestar, junto con identificar contextos de
vulnerabilidad de las personas a través de La Ficha de Protección Social y, con generar
estrategias de vinculación acordes al perfil de cada grupo, mediante sus programas de
apoyo psicosocial, Chile Solidario habilita el otorgamiento de prestaciones monetarias
como garantía, a quienes cumplen requisitos para ello. Entre las principales se
encuentran el Subsidio Único Familiar (SUF), el Subsidio al Consumo de Agua Potable y
Uso de Alcantarillado (SAP), el Subsidio a la Cédula de Identidad y la Pensión Básica
Solidaria (PBS). En este sentido, su principal diferencia con JUNTOS, es que está
acompañado de incentivos monetarios, que en el caso de Colombia se manejan
mediante el programa Familias en Acción.
Al igual que JUNTOS, este programa está basado en el acompañamiento a las familias
por parte de una persona que la visita periódicamente, y a través de la cual, cada
grupo familiar decide cuáles son las áreas en que quiere trabajar y recibe orientación y
apoyo para que conozcan y se acerquen a las redes de servicios y programas públicos
disponibles, para lograr condiciones mínimas de calidad de vida en una serie de
dimensiones identificadas como primordiales.
Los dos programas complementan este sistema de acompañamiento familiar, con la
generación de facilidades y preferencias en el acceso a la red de programas y servicios
sociales de la red institucional local. Con este esquema de articulación, se aumentan
las posibilidades de las que las personas pueden hacer uso para asegurar un mejor
nivel de bienestar y participar con mayor autonomía de la vida familiar, social y
productiva.
En cuanto a la cobertura, Chile Solidario instaurado en 2002 ha alcanzado a 333.000
familias, mientras que Colombia con su intervención más reciente en el año 2007
cuenta con 1.123.000 familias. Igualmente, en Chile, cuentan con 2.458 personas
responsables del acompañamiento social y la red JUNTOS con 8.400.
Más recientemente, Chile Solidario ha servido de base para el planteamiento de
programas con los mismos criterios en Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. En
Jamaica el Bridge Program se encuentra en su fase piloto hasta agosto del 2010.
Está siendo implementado con 96 familias con el objetivo central de acercarlas a sus
derechos y al acceso a servicios básicos de identificación, salud, educación, dinámica

3. familiar, habitabilidad y manejo del riesgo, empleo e ingreso, mediante la construcción
de un plan individual, acompañamiento y compromisos de cumplimiento de metas.
Por su parte, el Koudemain de Santa Lucía también adapta el modelo para el
empoderamiento de las familias en condición de pobreza extrema. El programa ya
adelantó fases de planeación e identificación de socios estratégicos, desarrollo de una
estrategia de focalización e identificación de la comunidad (46 familias) donde se
desarrollará el proyecto piloto, levantamiento de la línea base y capacitación de 4
trabajadores sociales encargados del acompañamiento y se encuentran en proceso la
iniciación de un PTC piloto.
Finalmente, el programa Step Up en Trinidad y Tobago se encuentra en etapa de
diseño y está pensado para adoptar el modelo de PTC sumado a coordinación entre
instituciones para el acceso a servicios básicos y acompañamiento social.
3. Seguridad Alimentaria
Existen múltiples proyectos de seguridad alimentaria que abordan el tema desde
diferentes perspectivas. En Colombia, desde el año 2003 la Red de Seguridad
Alimentaria ReSA, busca mejorar el acceso a los alimentos de las familias en
condiciones de vulnerabilidad, especialmente, aquellas que se encuentran en situación
de pobreza, mediante la producción de alimentos para el autoconsumo. Para esto, ha
diseñado cuatro líneas de intervención que se adaptan a diferentes contextos -urbano,
Rural, Cuna, y Maíz y Frijol- a través de las cuales se ha beneficiados a 824.957
Familias en 1.013 Municipios de 32 Departamentos.
En cuanto a este programa, la experiencia más cercana es la de Chile, que en el marco
del programa Chile Solidario, desde el año 2006 lleva a cabo el Programa de Apoyo
a la Producción Familiar para el Autoconsumo. Este tiene como objetivo
acompañar y brindar a las familias Chile Solidario de implementos para que desarrollen
actividades productivas, generando provisión de alimentos destinados para su propio
consumo.
El programa busca que las familias asuman un rol activo en el proceso productivo,
potenciando las capacidades de sus integrantes a través de talleres y charlas de
habitabilidad, preparación y manipulación de alimentos saludables, jornadas práctico-
educativas respecto a técnicas de manejo de invernadero, hortalizas, gallinero y
semillas, y control y registro de ingresos y egresos del presupuesto familiar.
El proyecto se ha realizado en dos etapas durante la primera convocatoria, se
invirtieron $ 418.450.000, con lo cual se benefició a 1.178 familias, pertenecientes
mayoritariamente a áreas rurales de las comunas seleccionadas. Para la Segunda
convocatoria, año 2009 y ejecución 2010, se transfirieron $ 706.400.000 a 47 de las 54
provincias para que ejecuten sus respectivos proyectos y atiendan a 1.900 familias de
Chile Solidario.
Igualmente en Argentina, el programa Pro-huerta es una iniciativa creada hace 20
años, y que a la fecha tiene presencia las 23 provincias del país, en 3.674 localidades,
mediante 16.000 promotores voluntarios y 10.000 técnicos que trabajan con 3,5
millones de beneficiarios en la construcción y sostenimiento de 6.000 huertas
familiares, 3.500 comunitarias y 8.000 escolares.

4. Pro-Huerta es un programa dirigido a población en condición de pobreza, que enfrenta
problemas de acceso a una alimentación saludable, promoviendo una dieta más
diversificada y equilibrada mediante la autoproducción en pequeña escala de alimentos
frescos por parte de sus destinatarios. El conjunto de prestaciones brindado se
concreta en modelos de huertas y granjas orgánicas de autoconsumo a nivel familiar,
escolar, comunitario e institucional.
Al igual que ReSA, este programa brinda asistencia técnica, capacitación,
acompañamiento y provisión de insumos biológicos, a la vez que centra su intervención
en la generación de un cambio de actitud frente a la alimentación y en el compromiso
de participación activa, por parte de las familias.
A diferencia de ReSA, este programa ha dedicado gran parte de su intervención en la
capacitación de promotores voluntarios de la misma comunidad o de otras instituciones
(docentes, agentes de salud, municipales, de grupos religiosos, ONGs, etc.) quienes se
encargan de generar, adaptar y aplicar las tecnologías apropiadas en el marco del
programa.
En Guatemala, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación lidera el
Programa de producción de alimentos, que centra sus actividades en asegurar la
disponibilidad y abastecimiento permanente y suficiente, en cantidad y calidad de los
alimentos necesarios para toda la población, a través de un equilibrio razonable entre
la producción nacional y la importación de alimentos, asistiendo a los beneficiarios con
prácticas y técnicas de producción, así como de insumos, equipo y herramientas para
el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias.
El Programa, busca aumentar la disponibilidad y acceso de los alimentos a través de la
implementación, manejo y producción de proyectos agropecuarios en los
departamentos en estado de inseguridad alimentaria y nutricional.
A diferencia de ReSA cuyo énfasis principal es el autoconsumo, este programa tiene un
componente de comercialización y un componente de autoconsumo que se lleva a
cabo en huertos escolares con fines educativos, invernaderos comunales
bolsas pecuarias de aves de postura, un plan profiláctico de aves y
huertos familiares o grupales.
Otra de las experiencias similares, y de mayor envergadura, se encuentra en
Bangladesh, donde la fundación Helen Keller International en alianza con el gobierno
local, trabaja desde el año 1978 en programas se seguridad alimentaria que incluyen la
creación de Huertas Caseras a cargo de mujeres en condición de vulnerabilidad.
Actualmente, la fundación trabaja con 52 ONG’s locales y beneficia a más de 4.5
millones de personas mediante la provisión de asistencia técnica, capacitación,
suministros y semillas que garantizan la provisión de alimentos durante todo el año, la
generación de ingresos adicionales y el empoderamiento de las mujeres que participan
del proyecto. El éxito de este proyecto ha dado paso a su expansión hacia Camboya,
Nepal y Filipinas.
En el marco de los programas de seguridad alimentaria, se debe destacar el Programa
de Apoyos para Maíz y Frijol PROMAF de México, un proyecto que ayuda a los
productores mexicanos y a sus familias que se encuentran organizados y que se
dedican a la producción de maíz y fríjol, ofreciendo apoyos para la siembra de

5. parcelas, para la compra de semillas mejoradas, fertilizantes, para uso de nuevas
formas de producir, para contar con apoyo técnico de expertos profesionistas.
La estrategia ofrece apoyos escalonados a proyectos integrales según sus
requerimientos, que consideren desarrollo organizativo, paquetes tecnológicos,
acompañamiento técnico, equipamiento e infraestructura, induce el uso de servicios
financieros en la población objetivo y vincular a los mercados.
Al igual que la línea para Maíz y Frijol de ReSA, PROMAF se centra en estos dos
cultivos, pero a diferencia de ReSA, esta última iniciativa pone énfasis en la
comercialización del producto más que en el autoconsumo.
En esta misma línea de intervención, el Programa de Adquisición de Alimentos
(PAA) en Brasil, se encarga de asegurar un mercado para productos de agricultores
familiares y fomentar la producción de alimentos a nivel local, a objeto de ampliar, de
manera sostenida, el consumo local de alimentos.
El PAA fue implantado en Brasil en julio de 2003 como parte estructural del Programa
Hambre Cero. El PAA compra, a un precio justo, alimentos producidos por agricultores
familiares para luego distribuirlos a la población brasileña en situación de
vulnerabilidad social y alimentaria. En este contexto, ha invertido R$1,5 mil millones
desde 2003, cuando fue creado, beneficiando a 432.800 agricultores y llegando con
estos productos a 24,4 millones de personas.
Desde que fue creado, el programa cuenta con cuatro modalidades para su aplicación:
• Compra Directa de la Agricultura Familiar: el Gobierno Federal, a través de la
CONAB, adquiere los productos directamente del agricultor para cubrir la demanda de
alimentos de la población en riesgo alimentario. Los alimentos comprados se destinan
a la reposición de reservas así como para ser usados en situaciones de catástrofes.
• Formación de reservas a través de la Agricultura Familiar: tiene como objetivo
adquirir alimentos de la actual cosecha, aptos para el consumo humano. Dichos
alimentos son comprados a agricultores familiares organizados en grupos articulados
para la formación de reservas en sus propias organizaciones.
• Compra para Donación Simultánea: articula la producción de los agricultores con la
demanda local de complementación alimentaria y nutricional en las escuelas,
guarderías infantiles, asilos y programas sociales locales como restaurantes populares
y bancos de alimentos.
• Incentivo a la Producción y Consumo de Leche: el programa compra leche a los
agricultores familiares, garantizando el precio, y la distribuye entre familias
vulnerables.
4. Reparación económica a víctimas de la violencia
Como parte de las medidas o alternativas jurídicas que adoptan los Estados para
enfrentar las violaciones a Derechos Humanos, por particulares o situaciones
autoritarias en contextos de guerras civiles o conflictos armados internos, en los
últimos 25 años se han implementado medidas de paz y justicia para dejar atrás un
régimen autoritario o un conflicto armado. Es así como la Justicia Transicional se

6. compone de procesos de juicios, purgas y reparaciones con el fin de proporcionar
verdad, reparación, reconciliación y garantías de no repetición a las víctimas de
abusos a los Derechos Humanos.1
Es a partir de los distintos instrumentos internacionales de protección a los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que se ha ido configurando el
derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener reparación. 2 La
cual se ha entendido como la restitución a la víctima a la situación en la que se
encontraba antes de ocurrida la violación a sus derechos. Es así como la reparación
incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías
de no repetición. Es así como los Estados no solo tienen la obligación de investigar y
sancionar a los responsables de violaciones de Derechos Humanos, también tienen la
obligación de asegurar una adecuada reparación a las víctimas por los daños y
perjuicios ocasionados.
Cada uno de los componentes –justicia, verdad y reparación - se ha adoptado de
manera particular en las distintas experiencias internacionales registradas en la
historia, como ha ocurrido con la implementación de comisiones de verdad, las purgas
y los distintos tipos de reparaciones. Con el fin de presentar en perspectiva comparada
el trabajo realizado por Acción Social, específicamente en materia de entregas de
reparaciones individuales por vía administrativa (Decreto 1290 de 2008) y lo
concerniente al Fondo para la Atención de Víctimas (Ley 975 de 2005) en el presente
texto se analiza la indemnización como uno de los componentes-modalidades centrales
de la reparación integral.3
Desde el derecho internacional se ha conceptualizado la indemnización como la medida
orientada “a resarcir los perjuicios económicos derivados de los daños físicos, mentales
o morales que fueran consecuencia de la violación de los derechos humanos o del
DIH.”4 De esta manera se busca reparar a las víctimas por los daños y perjuicios físicos
y morales ocasionados, pérdida de oportunidades, daños materiales, pérdida de
ingresos, ataques a la reputación y costos médicos. (Bolívar, 2009: 73)
A continuación se presenta en perspectiva comparada los componentes de los
programas de reparación implementados, específicamente en materia de
indemnizaciones en forma de pagos únicos, pensiones vitalicias, por gracia o por un
tiempo limitado, en 13 países del mundo. Entre los componentes a analizar se
1
Bickford, Louis. (2003) Justicia Transicional. Enciclopedia MacMillan del Genocidio y Crímenes de lesa
humanidad.
2
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículo 14).
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículo 9).
Estatuto de la Corte Penal Internacional (artículo 75).
Convención Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Conjunto de Principios para la protección y promoción
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Anexo del Informe Final del Relator
Especial acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos.
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1. 1998.
3
La reparación integral está compuesta por la restitución completa, la indemnización, la rehabilitación, la
satisfacción y la garantía de no repetición.
4
Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Anexo final del Relator Especial
sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los
derechos humanos y las libertades fundamentales , E/CN.4/2000/62, 2000. El 19 de abril de 2005, la
Comisión de Derechos Humanos aprobó una resolución adoptando estos principios.

7. encuentran: vías de acceso a la reparación, procedencia de los programas de
reparación, contenido y alcance de los programas (víctimas/beneficiarios, tipo de
violaciones cubiertos, criterios y prioridades, criterios para definir y distribuir montos y
procedimientos de acceso a los beneficiarios) implementación de los programas
(entidades a cargo e índice de cumplimiento) y financiación.
4.1 Vías para acceder a la reparación
Las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden solicitar la reparación al
daño causado por vía administrativa o judicial en las distintas jurisdicciones
establecidas por cada país, como también en instancias internacionales como el
sistema interamericano, europeo o africano o ante Naciones Unidas.
4.2 Procedencia de los programas de reparación
Los programas de reparación al ser políticas de orden estatal tienen su origen en
iniciativas legislativas, gubernamentales o demandas de las víctimas. En algunos casos
han sido el resultado de las recomendaciones establecidas por Comisiones de Verdad
las cuales han contribuido en la consolidación de información relacionada con los
posibles beneficiarios y medidas a implementar. Las facultadas otorgadas o limitadas a
las Comisiones de Verdad, en materia de recomendaciones de reparación,
configurando distintos escenarios: aquellas Comisiones con facultades de formular
recomendaciones (Perú, Sudáfrica y Chile); sin atribuciones y sin embargo las
formularon en informes finales (Argentina, El Salvador, Guatemala, Sierra Leona y
Timor Oriental); y Comisiones limitadas en investigar las violaciones a los Derechos
Humanos y abusos del poder cometidos por agentes estatales sin posibilidad de
formular recomendaciones como ocurrió en Uganda.
Así mismo, se configuran escenarios con aquellos países en donde se implementaron
parcialmente (Argentina, Perú, Guatemala, Chile, Timor Oriental y Sudáfrica) o no (El
Salvador y Sierra Leona) las recomendaciones formuladas por Comisiones de Verdad.
La tabla 1 ilustra los distintos escenarios:
Tabla 1. Escenarios de competencias de las comisiones de verdad.

8. Fuente: Bolívar, Aura. (2009) “Mecanismos de reparación en perspectiva
comparada.” En: Reparar en Colombia. Los Dilemas en contextos de
conflicto, pobreza y exclusión. ICTJ y DeJusticia.
4.2.1 Comisiones sin facultad para presentar recomendaciones en
materia de reparación
La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas de Argentina (CONADEP) es un
ejemplo de comisión limitada en el esclarecimiento de la verdad y recomendaciones en
materia de reconciliación. No obstante, en el informe final presento recomendaciones
en materia de reparación, entre las cuales se encontraba la entrega de asistencia
económica. Lo mismo ocurrió con la Comisión de la Verdad de El Salvador, la cual en el
informe final recomendó ir más allá de las sanciones e implementar reparaciones de
índole material, recomendando “la creación de un fondo especial con facultades para
compensar material y adecuadamente a las víctimas de la violencia en el más breve
plazo, el cual se financiaría con un aporte del Estado y, dadas las condiciones del país,
una contribución considerable de la comunidad internacional.” En 17 años de
presentación del informe final no se han implementado ninguna de las
recomendaciones planteadas. (Bolívar, 2009: 82)
La Comisión del Esclarecimiento Histórico de Guatemala recomendó la indemnización
o compensación económica, la creación de un programa nacional de reparaciones,
entre otras medidas de reparación, implementándose el Programa Nacional de
Reparación.
En el caso de Sierra Leona, la Comisión de Verdad y Reconciliación recomendó la
creación de un Fondo Especial para las Víctimas de Guerra y una “entrega de una
pensión mensual a los adultos amputados y para las víctimas de otros daños en virtud
de los cuales hubieren sufrido la reducción de un 50% o más de su capacidad
productiva (…)” Sierra Leona ha recibido asistencia de distintas ONGs en materia de
ayuda humanitaria, asistencia médica y terapéutica, asistencia en microcréditos para
vivienda. (Bolívar, 2009: 84)
El Fondo de Consolidación para la Paz de la Comisión de Consolidación para la Paz de
Naciones Unidas, desde el año 2008, ha otorgado US$3.000.000 con el fin de
implementar las recomendaciones formuladas por la Comisión de Verdad y
Reconciliación de Sierra Leona. A partir de ese año, la Comisión Nacional para la
Acción Social (NACSA) inició el proceso de registro de las víctimas de la guerra,
definiendo el tipo de víctimas como paso previo a la ejecución de las reparaciones.
(Bolívar, 2009: 85)
En Timor Oriental, la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación (CAVR)
recomendó la implementación de un programa de reparación para las víctimas más
vulnerables y diseño un programa de reparaciones urgentes para estas víctimas. Dicho
programa al tener un carácter urgente -implementado de diciembre de 2003 a marzo
de 2004- tiende a confundirse la reparación con asistencia humanitaria o medidas de
política social lo que condujo a que las recomendaciones hechas en materia de
reparación por parte de la Comisión no fueran implementadas por el Estado.

9. 4.2.2 Comisiones con facultad para presentar recomendaciones en
materia de reparación, las cuales no fueron efectuadas o parcialmente
La Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación de Perú presentó un Programa
Integral de Reparaciones el cual combinaba formas de reparación individuales,
colectivas, simbólicas y materiales financiadas por el Estado, la sociedad y la
cooperación internacional. Entre los programas en los que se enfatiza se encuentran
las reparaciones económicas individuales y colectivas.
La particularidad en el caso de Sudáfrica gira en torno a los tres comités que
conformaban la Comisión de Verdad y Reconciliación, uno de estos es el Comité de
Reparación y Rehabilitación el cual a partir de la información consolidada por el Comité
de Amnistía y por el Comité de Violaciones de Derechos Humanos establecía “quienes
calificaban como víctima para efectos de reparación y realizaba recomendaciones al
gobierno para las reparaciones urgentes y finales.” (Bolívar, 2009: 88) Entre las cinco
recomendaciones realizadas se encuentran las reparaciones individuales como pagos
monetarios a las víctimas, la cual fue la única medida adoptada y concretada por el
gobierno.
Finalmente, en el caso de Chile se crearon dos comisiones: Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Entre
las recomendaciones hechas por la primera comisión, propone la “pensión única para
los familiares de las víctimas y caídos, la creación de un programa de atención
especializada en salud, cuyos fondos y coordinación correspondían al Ministerio de
Salud.” La segunda comisión como medida de reparación individual en beneficio
directo de las víctimas, en el ámbito económico recomienda la pensión indemnizadora
y la reparación en salud, educación y vivienda.
En síntesis, se puede clasificar en 3 fuentes de procedencia de los programas de
reparación como se ilustra a continuación:
Tabla 2. Procedencia de los programas o iniciativas de reparación
4.3 Contenido y Alcance
Hace referencia a las medidas de reparación y la cobertura de éstas medidas, es decir,
las víctimas, los tipos de violaciones, criterios de priorización, tiempos y montos y
procedimientos de acceso. A continuación se comparan las medidas incorporadas en la
legislación de las distintas experiencias internacionales en materia de indemnizaciones

10. (en forma de pagos únicos en efectivo, pensiones vitalicias, pensiones por un período
de tiempo limitado o pensiones por gracia).
En lo concerniente a reparaciones económicas, en el caso chileno, adoptaron medidas
como las pensiones vitalicias y específicamente para los exonerados políticos abonos
de tiempo por gracia, pensiones no contributivas por gracia, indemnización por
desahucio, reliquidación de pensiones; para los campesinos exonerados de tierra:
pensiones de gracia vitalicias, restitución de bienes confiscados o, el pago de una
indemnización cuando era imposible su devolución; para víctimas de prisión política y
tortura: pensiones anuales de reparación y bonificaciones compensatorias de monto
único. (Bolívar, 2009: 99)
En Argentina se otorgaron pensiones vitalicias y medidas de compensación en
modalidad de pagos únicos, con bonos o títulos de deuda pública. El Programa Integral
de Reparaciones de Perú contempla el otorgamiento de un bono habitacional para
víctimas del terrorismo. En Guatemala, el Plan Nacional de Resarcimiento estableció
medidas de resarcimiento económico con indemnización económica. Para el caso de
Irlanda del Norte, se establecen ayudas financieras a grupos de víctimas.; en Sudáfrica
se otorgan indemnizaciones a través de pagos únicos; en Bosnia y Herzegovina:
bonificaciones mensuales; en Timor Oriental, bonificaciones monetarias a las víctimas;
y en Sierra Leona se otorgan pensiones a las viudas de soldados del gobierno.
En los casos de Chile, Perú, Argentina y Timor Oriental se articula la reparación con
política social, otorgando servicios básicos e incorporando medidas de reparación
simbólica. (Bolívar, 2009: 104)
4.3.1 Víctimas/Beneficiarios
Son los destinatarios de los programas de reparación. El mecanismo de acreditar a las
víctimas varía en cada experiencia internacional, como también la fuente que establece
el criterio de víctima. En aquellos países con comisiones de verdad, fueron quienes
caracterizaron la población beneficiaria víctimas de violaciones de Derechos Humanos.
Como ocurrió en Sudáfrica, en donde el Comité de Reparaciones a partir de la
información suministrada (historias de víctimas y perpetradores) por las comisiones de
Verdad y de Amnistías calificaban a las víctimas.
En el caso de Timor Oriental al desarrollarse un programa de reparación urgente se
consideró como víctimas a la población vulnerable “víctimas de tortura; las personas
con invalidez física o mental, total o parcial; víctimas de violencia sexual; viudas y
madres solteras; niños afectados por el conflicto; y comunidades que sufrieron
violaciones de los derechos humanos a gran escala.” (Bolívar, 2009: 105)
En Alemania, se consideró como víctima a los sobrevivientes del holocausto y
herederos, Estado de Israel, víctimas individuales y la Conferencia de Reclamaciones.
No obstante, fueron excluidos aquellos perseguidos por los escuadrones de la muerte
por fuera de Alemania; y al interior de Alemania, quienes no cumplían con requisitos
de residencia, trabajadores forzados, víctimas de esterilización forzosa, antisociales,
comunistas, gitanos y homosexuales. (Bolívar, 2009: 106)
En la matriz adjunta se especifican los tipos de violaciones cubiertos en cada
experiencia internacional. Delimitando a su vez el universo de víctimas beneficiarias de
los programas de reparación.

11. En algunas experiencias se decide priorizar ciertas reparaciones para grupos
específicos de víctimas como ocurrió en Timor Oriental en donde a través de las
reparaciones urgentes se prioriza la población más vulnerable y afectadas por el
conflicto y a su vez se implementó un enfoque diferencial de género priorizando en
viudas, mujeres con algún tipo de invalidez, mujeres con traumas severos, mujeres
víctimas de violación, encarcelamiento y tortura y los familiares de desaparecidos o
asesinados.
4.3.2 Criterios para definir y distribuir montos
A través del estudio comparado de las experiencias internacionales se puede concluir
que no existe un factor común en la determinación de los montos. En tan sólo 3 casos
se justifican los criterios de los montos:
Argentina: Se calculó a partir del sueldo más alto de los funcionarios
gubernamentales.
Bosnia y Herzegovina: La ayuda económica mensual para los beneficiarios
de la ley de personas desaparecidas se calculaba con la base del 25% del
salario promedio pagado durante los últimos cuatro meses antes de entrar en
vigencia la ley.
Alemania: La compensación por pérdida de vida se calculaba de acuerdo con
la cantidad pagada a las familias de los funcionarios públicos que morían
accidentalmente en el trabajo. El ingreso promedio de los difuntos durante los
últimos tres años anteriores a la muerte constituía la base para determinar a
cuál categoría de remuneración de la administración pública sería asignado el
fallecido, lo que, a su vez, determinaría el monto de la pensión. Así, los
beneficios para compensar daños contra la vida o la salud se basaban en el
ingreso promedio del perseguido, ya sea durante los tres años anteriores a la
muerte o los tres años anteriores al inicio de la persecución en su contra.
(Bolívar, 2009: 114)
4.3.3 Procedimientos de acceso a los beneficiarios
Contempla los plazos establecidos para la presentación de solicitudes de reparación,
que en las experiencias internacionales se constata de 6 a 36 meses. También
contempla las formas de solicitud, y los documentos exigidos, que en la mayoría de los
casos se presentan por escritos. En la matriz adjunta se detalla en las especificaciones
requeridas en cada país. En cuanto a los documentos exigidos, dependen del tipo de
violación y facilita o no el acceso a la reparación por parte de las víctimas.
4.4 Implementación
La implementación se encuentra relacionada con las entidades a cargo de la ejecución
del plan y el índice de ejecución del plan. En cuanto a las entidades en algunas
experiencias internacionales establecen una nueva entidad encargada de la tarea,
como sucedió en Timor Oriental con la División de Asistencia a Víctimas de la Comisión
para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación (CAVR); en Guatemala con la Comisión
Nacional de Resarcimiento entidad responsable de la dirección y coordinación del
Programa Nacional de Resarcimiento; y en Sudáfrica con el establecimiento de la figura

12. del accounter officer (oficial de cuentas), encargado de aplicar las medidas. (Bolívar,
2009: 119)
En otros casos, como ocurrió en Chile, asignaron a una o varias entidades estatales
con existencia previa la función de ejecutar el programa de reparaciones. El Instituto
de Normalización Previsional (INP) de Chile fue el encargado del pago de pensiones, el
Ministerio de Salud ejecutaba el programa de atención médica, el Banco del Estado
efectuaba los pagos de beneficios educativos, el Ministerio del Interior calificación final
de los casos de los campesinos expulsados de sus tierras y la Tesorería General de la
República realizaba los pagos de pensiones a campesinos exonerados de tierra.
En Argentina, tampoco se creó ninguna estructura administrativa y entre todos los
cuerpos administrativos relacionados con temas de Derechos Humanos ejecutaron las
reparaciones, entre ellos se encuentran el Instituto Nacional de Servicios Sociales se
encargó de las entregas de las pensiones; el Ministerio de Salud y Acción Social era el
encargado de ejecutar las medidas referentes a beneficios médicos; la Secretaria de
Derechos Humanos ejercía control sobre las medidas de compensación, y el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se encargaba del pago de la indemnización
para las víctimas de sustitución de identidad. (Bolívar, 2009: 120)
Lo mismo ocurrió en Perú, en donde todos los ministerios del poder ejecutivo fueron
los encargados de implementar el Programa Integral de Reparaciones, junto con los
gobiernos regionales, locales y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel quien
coordinaba las acciones de los ministerios y gobiernos regionales y locales con las
entidades estatales y éstas a su vez debían incluir en sus presupuestos estrategias de
financiamiento pertinentes para la ejecución del PIR. (Bolívar, 2009: 120)
Las Agencias de Reparación Provinciales (LAND) fueron las encargadas de las
reclamaciones individuales en Alemania; “sí el demandante no estaba de acuerdo con
la decisión de la agencia, podía impugnar la decisión, primero en las cortes provinciales
(Landgerichte), luego en las cortes de apelación (Oberlandsgerichte) y, finalmente, en
la Corte Suprema Federal (Bündesgerichthof).” (Bolívar, 2009: 122)
Finalmente, en lo que concierne al cumplimiento de los programas de reparación en
Chile la mayoría de las medidas señaladas se ejecutó; amplió número de beneficiarios;
plazos respetados; montos cancelados. Se presentó una gran inconformidad respecto a
la pensión establecida como reparación a los perjuicios y pérdidas producidas por
expulsión de las tierras.
En Argentina se presentó un alto cubrimiento a las víctimas potenciales; montos
establecidos para compensaciones y pensiones fueron considerables y cancelados.
Las indemnizaciones económicas en Guatemala estuvieron al cargo del Estado y las
otras medidas de reparación como rehabilitación, atención psicológica y psiquiátrica
fueron delegadas a otras entidades particulares lo que ha retrasado la implementación
de la reparación.
En el caso de Timor Oriental al ser un programa de reparación urgente las ayudas
entregadas representaron un porcentaje mínimo del número total de víctimas del
conflicto, tan solo fueron otorgadas 712 reparaciones de monto único de 200 dólares
(516 hombres - 196 mujeres).

13. Las cifras más altas de gastos de ejecución de los programas de reparación las tiene
Alemania y se evidencia en la amplia magnitud de beneficios otorgados, adjudicación a
largo plazo y a escala global. Tan solo el convenio de pago al Estado de Israel, al ser el
heredero de las víctimas sobrevivientes que no tenían familia superó los 3 millones de
marcos en 14 años.
En Sudáfrica las reparaciones tomo bastante tiempo ya que el Gobierno era reticente a
reparar ante lo cual intervino la sociedad civil. Se compensaron 22 mil víctimas con un
costo del 0.25 % del gasto gubernamental total.
4.5 Financiación
En las experiencias internacionales se evidenciaron 2 modelos de financiación, uno
basado en la creación de un fondo especial que tiene como fuente recursos nacionales
e internacionales como fue empleado en El Salvador, Guatemala y Sudáfrica, sin
obtener buenos resultados. Otro modelo de financiación de los fondos de reparación es
a través de la inclusión de una línea en el presupuesto anual de la nación,
implementado en Argentina y Chile con resultados más efectivos.
5. Desarrollo Alternativo
El desarrollo alternativo al ser un elemento central en la lucha contra las drogas
ilegales, busca combatir el flagelo del narcotráfico en su primer eslabón: el cultivo, y
ser precisamente una alternativa económica y de vida para los campesinos cultivadores
de la materia prima involucrándolos en la cultura de la legalidad. En esta línea se ha
ido desarrollando el programa presidencial contra cultivos ilícitos en Colombia junto
con el fomento del desarrollo económico, social y ambiental de las zonas intervenidas a
través de las estrategias de erradicación (voluntaria o manual forzosa) y la ejecución
de proyectos especiales. A continuación se presentan las experiencias en la región
andina con el fin estudiar en perspectiva comparada el caso colombiano.
Desde el año 2004 en Bolivia se ha implementado la Estrategia Integral Boliviana de
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas lideradas por el Consejo Nacional de Lucha
Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) y el Viceministerio de Desarrollo
Alternativo. La estrategia se ha implementado en 3 zonas bolivianas: (i) el Trópico de
Cochabamba, (ii) los Yungas de La Paz y (iii) las zonas expulsoras de población y
potenciales de desarrollo.
El 79 % de los recursos que han financiado los proyectos de desarrollo alternativo en
Bolivia son de procedencia de cooperación internacional. Entre 1983 y el 2003 381
millones de dólares fueron aportados por cooperantes y 99 millones de dólares lo
aportó el gobierno boliviano.5 (CADA: 2005, 40) A continuación se presentan los
principales resultados de los programas y proyectos implementados desde la década
de los ochenta:
5
COMITÉ ANDINO PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO (CADA). (2005) Estrategia Andina de Desarrollo
Alternativo Integral y Sostenible.

14. En el caso de Colombia el programa de desarrollo alternativo busca consolidar la
erradicación de cultivos ilícitos, brindar alternativas de ingresos, promover el desarrollo
institucional y apoyar el capital social a través del estímulo de la organización,
participación y el control comunitario. (DNP, 2003). Específicamente, en materia de
desarrollo alternativo la Alta Consejería para la Acción Social desarrolla dos programas
de Proyectos Productivos los cuales tienen como objetivo: "el establecimiento de una
base económica regional y local, que ofrezca fuentes estables y lícitas de empleos e
ingresos, y contribuya a mejorar la seguridad alimentaria de los campesinos y
comunidades, a partir del uso sostenible de la base de recursos naturales" y el
Programa Familias Guardabosques el cual "busca vincular y comprometer familias
campesinas como guardabosques, en procesos de recuperación y conservación de
ecosistemas en zonas social y ambientalmente estratégicas". (CONPES 3218 - DNP,
2003).
Entre los principales logros del programa de desarrollo alternativo en Colombia se
encuentran la vinculación de 114.320 familias al programa familias guardabosques;
57.567 familias y 117.024 hectáreas destinadas a proyectos productivos, manteniendo
así 4 millones de hectáreas libres de ilícitos y revegetalizando más de 132 mil.
El desarrollo alternativo en Colombia ha alcanzado una importante participación en los
sectores productivos de sustitución:
• 24% de plantaciones forestales sostenibles (60 mil has).
• 70% de cultivos de caucho del país (20.603 has).
• 51% de los cultivos de cacao (54.245 has).
• 18% de los cultivos de palma (50 mil has).
• 15% de los cultivos de café (131 mil has, orgánico y de alta calidad).
• 158 mil has apoyadas con manejo sostenible del bosque natural.
Se ha apoyado en el montaje del 50% de las colmenas del país, líneas productivas
como apicultura, turismo de naturaleza, proyectos silvopastoriles, artesanías,
piscicultura y caña panelera.

15. Los resultados obtenidos en materia de programas de desarrollo alternativo han
impedido el ingreso al mercado de las drogas de más de 894 toneladas de cocaína
durante los últimos 3 años.
En el caso de Ecuador se ha implementado el desarrollo alternativo preventivo como
parte de la estrategia integral de la lucha contra las drogas y la entidad encargada es
la Unidad de Desarrollo del Norte (UNEDOR). Los proyectos enmarcados en 6
componentes ((i) infraestructura social, (ii) infraestructura productiva, (iii) desarrollo
social, (iv) desarrollo productivo, (v) gobernabilidad y democracia, y (vi) gestión
ambiental) e implementados desde el enfoque preventivo busca mejorar las
condiciones de vida de los habitantes de poblaciones con riesgo de propagación de
cultivos ilícitos. En el anexo 4 se señalan los tipos de proyectos implementados.
Entre los principales logros se encuentran:
• Construcción de 36 sistemas de agua potable y alcantarillado
• Construcción de 20 puentes
• Mejoramiento en un 25% del nivel de ingresos de 550 hogares mediante la
ejecución de proyectos en 5 cadenas productivas
• Fortalecimiento de 5 cooperativas de pesca artesanal (300 familias) y de la
Corporación Ecuatoriana de Cafetaleros (1.500 familias)
• Capacitación de 191 juntas parroquiales
• Elaboración de 58 planes de desarrollo humano participativo a nivel parroquial
y cantonal (UDENOR, 2005)
En Perú la política de desarrollo también hace parte de la estrategia integral de lucha
contra las drogas. El Programa Nacional de Desarrollo Alternativo (PNDA) ha sido
implementado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)
la cual reúne a distintas entidades nacionales. El enfoque de intervención empleado es
la disminución de hectáreas de coca generando un desarrollo humano integral y
sostenible en términos económicos, sociales, ambientales y políticas. Así mismo, se
busca evitar el desplazamiento de poblaciones hacia zonas de producción generando
alternativas económicas en los lugares de origen. Entre los principales logros del
desarrollo alternativo en Perú se destacan:
• Mediante la firma de convenios de erradicación con 379 comunidades, a las que
pertenecen 31.677 familias, se eliminaron 8.479 Ha. de cultivos de coca.
• Se han establecido proyectos productivos de cacao, algodón, café, palma
aceitera y plátano en 38.032 Ha. que benefician a 30.715 beneficiarios.
• Con la participación de 8 empresas privadas y 2 organizaciones de productores
se viene brindando asistencia técnica en 29.964 Ha., entre las que se destaca el
cultivo de cacao, con más de 17.000 Ha.
• Se viene trabajando con 8 empresas privadas en la prestación del servicio de
asistencia técnica, las cuales han comprometido recursos de US $ 800,000 para
la prestación de asistencia técnica.
• En los cultivos de cacao y café apoyados por el PDA se ha comprometido la
asistencia técnica hasta marzo del 2007.
• Se han firmado dos convenios con la empresa Jungle Tech y Exportaciones
Sierra y Selva para la certificación y compra de café y cacao orgánico,
respectivamente.
• Con la participación de 31 empresas (11 en Aguaytia, 6 en Tingo, 6 en Tocache
y en el VRAE) se están implementando negocios.

16. • Se viene trabajando en mejorar la cadena comercial de los productos
promovidos por el PDA, destacando el cacao, café, plátano y algodón.
Finalmente, en la experiencia de Venezuela no existe una política definida de desarrollo
alternativo o preventivo. Sin embargo, en el Plan Nacional Antidrogas se incluyen los
Programa Integrales para el Desarrollo Alternativo Preventivo, el cual ha sido
coordinado por la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID).
A pesar de no contar con una política de desarrollo alternativo en Venezuela se han
ejecutado numerosos programas y misiones que se han convertido en instrumentos del
desarrollo alternativo, en especial en zonas afectadas o amenazadas por cultivos
ilícitos. Caracterizando a la estrategia venezolana en la convergencia de los programas
y misiones sociales, los cuales han contribuido en el bienestar de las poblaciones.
6. Atención a Población Desplazada
A diciembre de 2009, ACNUR, reporta 27.1 millones de desplazados internos por
causas de conflictos armados internos, violencia en general o violación a los derechos
humanos. Un total de 54 países, siendo África la región más afectada y Asia la región
en donde se presentó el mayor aumento. Colombia se encuentra en el ranking de los
primeros 6 países que superan el millón de personas desplazadas, como lo indica el
más reciente informe del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno y el Consejo
Noruego para los Refugiados:6
Tan sólo 167 países cuentan con políticas y legislación específica sobre el tema. En
algunos de los países restantes no se les ha dado el reconocimiento ni el tratamiento
debido. Las autoridades estatales tienen la responsabilidad de proteger a la población,
en especial a la más vulnerable, incluyendo a los desplazados internos. Esta labor es
complementada por las organizaciones nacionales de derechos humanos, de la
sociedad civil y por organismos internacionales. No obstante, la responsabilidad en
prevención y protección la tiene el Estado. En países en donde el Estado no ha
asumido la responsabilidad de atención a la población desplazada, los organismos
internacionales como ha ocurrido en Algeria, Indonesia y Myanmar en donde no se ha
reconocido la situación de desplazamiento interno y se ha delegado la atención a la
población desplazada a otros actores nacionales e internacionales. En otros casos se
han impuesto fuertes restricciones a las actividades de las agencias internacionales
(Etiopía, Sudán, Sri Lanka y Yemen)
6
Internal Displacement Monitoring Centre. Norwegian Refugee Council. Internal Displacement. Global
Overview of Trends and Developments in 2009.
7
Angola, Azerbaiyán, Bosnia e Herzegovina, Colombia, Croacia, Chipre, Georgia, Iraq, Liberia, Nepal, Perú,
Federación Rusa, Serbia, Sudan, Turquía y Uganda.

17. Es así como en materia de legislación y políticas específicas de protección y atención a
la población desplazada se encuentra el caso de Sudán en donde en el 2009 se
implementó una nueva política; en Burundi, se desarrolló una política nacional para
encontrar soluciones duraderas la cual se encuentra en revisión final en el año 2010.
Entre las medidas que también pueden adoptar un país en materia de población
desplazada se encuentran los planes de acción en conjunto con socios internacionales
como ocurre en Afganistán.
Los Estados Africanos se han comprometido con la población desplazada al adoptar la
Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia y Protección a la
población desplazada en África (Convención de Kampala). Sin embargo, este tratado
no ha entrado en vigencia hasta que sea ratificado por los 15 estados.
Sri Lanka es un buen ejemplo de cómo el gobierno ha asumido la responsabilidad de
sus desplazados y retornados, y que ha establecido instituciones estatales para tratar
sus necesidades como el Ministerio de Reconstrucción, Rehabilitación y Servicios
Sociales. La mayoría de las entidades encargadas de atención a la población
humanitaria son financiadas por organismos internacionales.
Por otro lado, uno de los principales aspectos en la atención a la población desplazada
es la identificación o registro, al ser uno de los pasos previos y fundamentales en la
planeación de respuestas y atención a la población desplazada con el fin de establecer
el número, ubicación, caracterización y necesidades para el goce efectivo de sus
derechos.
Estas labores de registro se han realizado en el Congo, Pakistán y Yemen. En el Congo,
la mayoría de los desplazados internos fueron hospedados por familiares lo que impidió
la ubicación y registro. En Pakistán, el registro fue realizado a partir de los
campamentos y auto-identificación en los refugios.
Para el año 2009 Burundi, Chad y Uganda agruparon en lugares identificados a la
población desplazada. En Filipinas se encontró que la población se encontraba dispersa
en distintas comunidades receptoras, recibiendo menos atención que la población
ubicada en los “centros de evacuación” lo que ha conducido a que el gobierno no los
reconozca como población desplazada. En el caso nigeriano no se cuenta con
información confiable y mucha de la población desplazada que fue refugiada por
familiares y amigos no fueron incluidos en los registros.
En algunos países no se cuenta con este sistema de registro por razones de violencia y
conflicto persistente (Yemen) o por la negación tanto del conflicto como de la
existencia de población desplazada (Myanmar e Indonesia) o según fuentes estatales
la superación de la problemática como ocurre en Algeria y Chechenia; en el caso
checheno el Gobierno no ha suministrado datos sobre retornos o condiciones de vida
de los lugares donde ocurrieron los desplazamientos.
Como parte de las soluciones de estabilización de la población en situación de
desplazamiento se encuentra los retornos o en su efecto la reubicación nacional. En la
mayoría de los nuevos desplazamientos internos presentados en el año 2009 se
efectuaron retornos después de unas pocas semanas o meses de presentarse el
desplazamiento. Como ocurrió en Pakistán, en donde alrededor de dos tercios de la

18. población desplazada retronó al finalizar 2009; en el Congo la mitad de la población
desplazada también retorno. Para un total de 5 millones de personas en 22 países.
En el caso de Sudán se reporta que el 10% de los retornos no fueron exitosos, en
especial en el sur, iniciando un segundo desplazamiento para la población.
En cuanto a la reubicación nacional cabe destacar el caso de Turquía y Filipinas, en el
primero se ha implementado el Van Action Plan el cual busca la rehabilitación de las
zonas afectadas en provincia, atendiendo a la población en centros urbanos y
promoviendo el retorno. En Filipinas se han implementando distintos proyectos en los
centros urbanos con el fin de mejorar la calidad de vida de la población desplazada
asentada en las ciudades.
En Burundi, a pesar que se promueven los retornos, se han construido villas de paz
para la población en situación de desplazamiento, desterrados y otras poblaciones
vulnerables étnicamente.
Para el caso del norte de Uganda las autoridades han aceptado que algunas provincias
deben ser viables para el desarrollo y sostenimiento económico ante la negativa de la
población de retornar. Y en general se requieren nuevas políticas de atención y
retorno.
Finalmente, en lo que concierne a la recepción de la población desplazada en nuevos
lugares de ubicación, se encuentra que en la mayoría de casos el impacto es negativo
tanto para la comunidad que recibe a la población como también para los propios
desplazados internos. Así mismo, se ha evidenciando las precarias condiciones de vida
en las que se ven forzados los desplazados en los centros urbanos, incluso peores que
las pueden tener en campamentos provisionales, como ocurre en Filipinas. La
asistencia alimentaria se brinda en porciones pequeñas o deben compartirlas con las
comunidades o familias que los reciben; así mismo se encuentran compitiendo por las
mismas y escasas oportunidades laborales.
En el caso de Nigeria, el apoyo que recibieron los desplazados por parte de las
entidades estatales fue finalizado sin garantizárseles el retorno o soluciones y
alternativas duraderas a la situación de desplazamiento.
A través del estudio comparado de experiencias internacionales en materia de
desplazamiento no se encontraron políticas concretas de ayudas económicas.