La carta abierta expresa preocupación por varias acciones de las autoridades de la Universidad Andina Simón Bolívar que consideran ilegales e irrespetuosas de las leyes ecuatorianas y normas de la Comunidad Andina. Específicamente, critican la designación de César Montaño como rector a pesar de no cumplir con los requisitos legales, la reforma del reglamento para permitir su nombramiento, la tergiversación de la decisión del Tribunal Andino, y la falta de transparencia y posibles violaciones a los derechos

1. Carta abierta a los estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad
Andina Simón Bolivar y a su Consejo Superior
29 de enero de 2016, 13:49Alumnos Andina <alumnosandina@gmail.com>
Responder a: Alumnos Andina <alumnosandina@gmail.com>
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CARTA ABIERTA A LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD ANDINA
SIMON BOLÍVAR Y A SU CONSEJO SUPERIOR
Los miembros de la comunidad de la Universidad Andina Simón Bolívar, ante los eventos de conocimiento
público relacionados con la designación del Rector de nuestra casa de estudios, asumiendo el riesgo que
implica apartarnos de la “verdad oficial” de los voceros de la Universidad, hemos considerado que es nuestro
deber manifestarnos públicamente sobre los siguientes puntos:
1. El irrespeto a las leyes­ Incumplimiento de requisitos del Rector designado Cesar Montaño Galarza
La Universidad Andina Simón Bolívar fue creada en el marco de la Comunidad Andina de Naciones para ser una
institución académica dedicada a la investigación, la formación, el desarrollo de la cultura y de los
conocimientos científicos y tecnológicos, con el propósito de coadyuvar en el proceso de integración y
desarrollo de la región. Como todo centro universitario debe ser un espacio de discusión, debate, propuestas,
pensamiento critico y búsqueda de la verdad.
Sin embargo, muy a nuestro pesar, consideramos que el ex Rector Enrique Ayala Mora, quien permaneció de
manera consecutiva por 20 años en tales funciones, ha faltado a ese propósito transformando a esta casa de
estudios en una central de proselitismo político con el fin de peremnizarse en el poder, a través del doctor
Cesar Montaño Galarza, quien fue designado como Rector en franca oposición a la legislación nacional y otras
normas supranacionales.
Los miembros de la comunidad universitaria únicamente hemos recibido la versión de los hechos de los voceros
de la universidad, sin embargo se ha constatado que la designación como rector del doctor César Montaño es
ilegal por las siguientes razones:
• La Universidad Andina fue creada por el Parlamento Andino y se encuentra adscrita al mismo, este órgano
aprueba su Estatuto y ejerce la supervisión y control político de la Universidad.
• El Ecuador reconoció a la Universidad Andina como una institución de educación superior pública cuyo
rector puede ser designado según sus propios procedimientos, pero cumpliendo con los requisitos que establece
la Ley Orgánica de Educación Superior para ejercer dicho cargo. El Parlamento Andino y el Consejo de
Cancilleres de la CAN han ratificado que los requisitos de la ley nacional deben observarse para la designación
del Rector.
• Uno de tales requisitos es contar con un título de PhD que haya sido expedido por una universidad
diferente a en la que se ejercerá el cargo. (disposición transitoria décima primera, LOES). Este requisito entró en
vigencia el 12 de octubre de 2015. Nosotros creemos que esta prohibición establecida en la LOES evita que se
propicien incentivos a clientelismos en las elecciones para rectores, evitando que se deje de lado lo académico.
• El procedimiento de designación que consta en los Estatutos de la Universidad determina la realización de
una consulta a la comunidad previamente a la toma de la decisión por parte del órgano nominador que es el
Consejo Superior de la Universidad.
• Sin embargo, el Consejo Superior de la Universidad Andina, presidido en aquel entonces por el señor
Rubén Vélez, y con la participación del ex Rector Enrique Ayala Mora, para permitir que la designación de
César Montaño ocurra, con abierta violación a la legislación ecuatoriana, reformó las normas para la consulta

2. previa para la designación del Rector (vigente desde el 2009), incorporando la posibilidad de que “quienes
hubieran obtenido sus títulos en la Universidad Andina Simón Bolívar podrán presentar su candidatura”. Esta
norma no existía en el Reglamento vigente desde 2009, lo cual evidencia que se incluyó precisamente para
permitir una ilegal designación a sabiendas de que se encuentra en clara contradicción con la LOES.
• El 6 de noviembre de 2015 se designó a Cesar Montaño como Rector de la Universidad incumpliendo con
el requisito antes señalado, puesto que su título de PhD fue expedido por la misma UASB, lo que inhabilita al
Dr. Montaño para ejercer la rectoría de nuestra Universidad. Así lo ha declarado y ratificado el Parlamento
Andino (en resoluciones No. 2 y No. 3, de 24 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, respectivamente).
• Por un simple sentido de jerarquía de normas, el Consejo Superior de la UASB, que no goza de capacidad
supranacional, no podía modificar o desconocer una ley ecuatoriana, a través de la reforma de un reglamento
que fija las reglas de un procedimiento de consulta.
Consideramos por tanto que nuestra Ley nacional debe cumplirse expresa y totalmente, sin que pueda ser
desconocida. Las autoridades de la Universidad no pueden escoger, a su libre albedrío o conveniencia, qué
cumplir y que no cumplir de la ley ecuatoriana.
Entendemos que las actuaciones del Parlamento Andino y el Consejo de Cancilleres de la Comunidad Andina ha
tenido como propósito instar a la correcta actuación por parte de las autoridades de la Universidad Andina a fin
de que se respete la legislación de los Estados parte de la Comunidad, en este caso del Ecuador.
2. La tergiversación de los hechos sobre la decisión del Tribunal Andino
Conocímos que el ex Rector de la Universidad acudió al Tribunal Andino de Justicia para pedir que se declare
anuladas las decisiones del Parlamento Andino en las que se establecía como ilegal el nombramiento del Dr.
Montaño. La respuesta frente a esas demandas por parte del Tribunal fue la declaración de incompetencia para
conocer la demanda, por cuanto las decisiones del Parlamento no son suceptibles de acción de nulidad como
se propuso por parte de la Universidad.
Sin embargo, hemos visto que los voceros de la Universidad en lugar de decir la verdad sobre la decisión del
Tribunal y aceptar que el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina no admitió siquiera a trámite la demanda,
han tergiversarsado y desinformado abiertamente sobre el contenido de la resolución, haciendo creer que se
trata de una decisión a favor de las pretensiones de las autoridades, siendo todo lo contrario. Esto resulta muy
preocupante pues demuestra una actitud desesperada que rebasa los límites de la ética.
Como miembros de la comunidad universitaria no podemos tolerar que en una institución que debe enfocarse en
la búsqueda de la verdad, sus autoridades impongan la mentira como un medio de manipulación.
3. Posesión ficticia ante Consejo Superior inexistente
Además, no solo se violó la ley a través de la reforma de un reglamento inferior, se designó a un rector sin
cumplir requisitos legales, se mintió sobre la decisión del Tribunal Andino de Justicia sobre la demanda
planteada, sino que como muestra evidente de la total temeridad y prepotencia, se hizo un “acto de posesión”
ante el señor Rubén Vélez persona que fue DESTITUIDA de su cargo de Presidente del Consejo Superior por el
Parlamento Andino por no actuar en observancia a la Ley. ¿Cómo puede esto permitirse en una Universidad en
la que gran parte de sus programas académicos se enfocan en el posgrado en derecho?
Rechazamos esta serie de actuaciones antiéticas y antijurídicas encabezadas por quien ejercía el cargo de
Director del Área de Derecho el señor doctor César Montaño Galarza.
4. La falta de transparencia, posibles violaciones a los derechos de los trabajadores y malinterpretación de la
autonomía universitaria
Como miembros de la comunidad universitaria consideramos que es imperativo que las Universidades tengan
una profunda transparencia de cuentas, es de la misma manera indispensable que la utilización de los fondos de
las Universidades sea socializado con las y los estudiantes para construir así, sobre la base de la participación,
una universidad más democrática. Rechazamos tajantemente que la UASB presente declaraciones al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS – que no concuerdan con las remuneraciones mensuales establecidas
en su nómina. Rechazamos mucho más que estas irregularidades sucedan cuando reciben fondos del Estado –

3. fondos de todas y todos los ecuatorianos –.
Consideramos ofensivo el discurso planteado desde los voceros de la Universidad respecto de la autonomía
universitaria, malinterpretando esta solamente como desvinculación del Estado, y no asumiéndola como
ejercicio democrático de participación de todos los miembros de la comunidad universitaria. Esta autonomía
universitaria, en la que las y los estudiantes buscamos tener voz y participación vinculante respecto del rumbo
de la Universidad, y lograr que esta esté ligada a las necesidades sociales del país es la que ahora sentimos,
lastimosamente, que no es entendida en las que fueron y ahora pretenden ser las autoridades. Que las y los
estudiantes no hayan conocido respecto de las irregularidades en las declaraciones salariales al IESS, o que no
haya existido sucesión de Rector en la UASB desde hace más de 20 años, fácilmente da cuenta de que
lastimosamente este concepto no fue asimilado desde hace décadas en dicha Universidad, esto pese a que la
dirección dice tener tinte progresista.
ES UN DEBER MORAL CONOCER LA REALIDAD DE LOS HECHOS Y DEFENDER LA VERDAD, ESTAMOS
EN RIESGO LOS ESTUDIANTES DEBIDO A INTERESES POLÍTICOS QUE NADA TIENEN QUE VER CON
AUTONOMIA O CALIDAD ACADÉMICA
Debemos ser claros y honestos intelectualmente: no queremos que nuestra Universidad, por la acción con
cálculos políticos de algunas personas que tienen el afán de convertirla en una bandera para sus intereses
proselitistas, continúe en una situación de indefinición jurídica y de abierta violación a la ley, a riesgo de la
afectación institucional y personal que esto significa.
Tampoco queremos que el nombre de la Universidad se vea manchado, afectándose desde ya el valor social y
prestigio de nuestras titulaciones que las obtenemos con esfuerzo y honestidad intelectual, como ya ocurrió con
otras universidades que se vieron involucradas en escándalos públicos o de corrupción y en la que pagaron
justos por pecadores. Exigimos que como universidad pública que recibe aportes anuales del Estado
ecuatoriano, se transparenten las cuentas y el uso de esos dineros que solo el año anterior habrían alcanzado
una suma superior a 16 millones de dólares.
Dejamos constancia que ante esta situación de abierta ilegalidad en la que se ha incurrido, los voceros y
supuestas autoridades de la Universidad no pueden insistir en una actitud de rebeldía y desconocimiento de la
normativa legal ecuatoriana y de la Comunidad Andina, sin que esto signifique poner en riesgo a toda la
comunidad universitaria. Actuemos como universitarios para poner luz en la oscuridad y no como sujetos
políticos en busca de beneficios de grupo.
Finalmente, comprometidos con la realidad universitaria de nuestro país, consideramos que es necesario que
estos impases se superen con la mayor celeridad posible para bien del desempeño de nuestra comunidad
académica. De la misma forma consideramos indispensable que la Universidad ecuatoriana dimensione su rol
económico, político, social y cultural, y que actué en consecuencia del mismo, no buscado la sucesión de
líderes sino de ideas y proyectos que fortalezcan la academia y el desarrollo nacional. Instamos a que estos
contratiempos sean superados dejando de lado los rasgos personalistas y entendiendo el sentido comunitario y
emancipador que irrenunciablemente debe tener la academia.
Quito, enero 27 de 2016.
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