1. 21/02/2011 Los presos que “encarcelaron” la tutela…
Los presos que “encarcelaron” la tutela
¡Que se pudra en la cárcel! Esta expresión popular sale a flote, cada vez que condenan a
un secuestrador, a un homicida, a un violador de niños, a un político corrupto, a un
ladrón de celulares.
Pues bien, en la mayoría de los casos, este clamor ciudadano se ha cumplido a
cabalidad. Porque a eso van muchos presos a las cárceles de Colombia: a pudrirse, no a
rehabilitarse. No es exageración. La propia Organización de las Naciones Unidas reveló,
en su informe de visitas a las cárceles latinoamericanas, que lo que había visitado era el
infierno.
Y en ese infierno estaban las cárceles colombianas, superadas por las prisiones
brasileñas, ecuatorianas, peruanas, bolivianas y venezolanas. La Defensoría del Pueblo,
que tiene una oficina delegada para las cárceles, ha sido testigo del estado de salvajismo
que se vive en ellas.
Sin embargo, el programa institucional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec) que se transmite por televisión y las fotos que se encuentran en la página web
de esa entidad muestran un panorama completamente distinto: un paraíso, en contraste
con las denuncias públicas y privadas de hacinamiento, condiciones insalubres,
corrupción, discriminación, violencia y, en términos generales, de afectación de los
derechos fundamentales de los reos.
No en vano, en 1998, la Corte Constitucional, alarmada por la cantidad de tutelas en las
que presos de diferentes cárceles del país exigían un mejor trato penitenciario, declaró el
estado de cosas inconstitucional, figura que ha sido utilizada en pocas ocasiones y que
se configura cuando hay una vulneración histórica, estructural y lo suficientemente grave
de los derechos fundamentales de una población, como ocurrió con los desplazados.
Tan inhumana como la vida de estos es la de los encarcelados. Aunque el castigo
impuesto por la ley penal es la privación del derecho a la libertad, en especial a la libre
locomoción, la vida real de la cárcel amplía el catálogo punitivo. Como lo llevan diciendo
criminólogos y penalistas a lo largo del último siglo, más allá de las penas legales, hay
otras ocultas e implícitas en la vida de las cárceles. Son las penas ilegales.
Pero en medio de este trágico panorama, en las dos últimas décadas, los presos han
encontrado una luz que les ha permitido luchar por hacer más soportable su condena: la
acción de tutela.
Los pequeños logros
Las reiteradas sentencias de tutela sobre los derechos de los reclusos proferidas por la
Corte Constitucional reflejan varias situaciones: la vulneración de los derechos
fundamentales de los presos; el grado de intervencionismo asumido por la Corte, ante la
relativa ineficiencia del Ejecutivo frente al complejo tratamiento penitenciario, y el apego
que los reos le tienen a esa acción constitucional.
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Lo desafortunado es que la realidad no indica que la tutela haya sido el remedio para el
mal endémico de la tragedia carcelaria.
Los únicos datos judiciales disponibles y de fácil acceso son los de la Corte
Constitucional. Al igual que las tutelas contra las entidades promotoras de salud, son
habituales las interpuestas contra el Inpec o contra alguna de las 145 cárceles del país.
Pero no hay un registro exacto de la cantidad de tutelas interpuestas contra el sistema
carcelario.
Los hechos por los que se tutela son diversos (ver gráfico Derechos más vulnerados):
problemas de salud física y emocional, producto del encierro, el hacinamiento y el
maltrato; ausencia de servicios médicos; mala alimentación; discriminación, pues, entre
más pobre sea un recluso, más posibilidades tiene de pagar su condena en los peores
patios y en las peores condiciones; arbitrariedad en los traslados, lo que aleja más al
recluso de su familia; complicaciones por tener una religión diferente a la católica;
requisas invasivas e intimidantes a los familiares; crueles y absurdas reglas de disciplina,
que van desde el garrote hasta la prohibición del ingreso de revistas pornográficas.
Este es apenas un pequeño listado de las denuncias que los jueces tienen que resolver
en las acciones de tutela. En la cúspide, la Corte Constitucional ha demostrado tener una
especial sensibilidad por intervenir en la solución de esta problemática: ha evidenciado
ser más benefactora de los derechos de los reclusos que protectora del régimen
penitenciario, pues, en la mayoría de los casos, ha fallado a favor de sus pretensiones
(ver gráfico Decisiones de la Corte Constitucional).
De esta forma, gracias a la tutela, los presos ahora están afiliados al régimen subsidiado
de salud y reciben atención médica gratuita, se han construido nuevas cárceles con
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mejores condiciones arquitectónicas, pueden profesar y celebrar ritos religiosos
diferentes a los católicos, reciben un mejor trato de los funcionarios de las prisiones y
sus familias se quejan menos de los abusos en las requisas.
Estos y otros pequeños logros han sido impulsados por órdenes judiciales, antes que
por una política pública.
Apenas un paliativo
Pero la tutela no es todopoderosa. Ha sido apenas un paliativo para la gran crisis
carcelaria, como lo ha sido para casi todos los problemas nacionales. Esa es una de las
conclusiones de Libardo A riza, profesor de Derecho de la Universidad de Los Andes y un
destacado investigador del tema de prisiones.
Ariza, que lleva más de 10 años estudiando la situación carcelaria del país, afirma que a
pesar de tantas tutelas, esta ha empeorado. Y si bien reconoce esos pequeños logros
individuales obtenidos por algunos presos, es muy crítico del papel que ha jugado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuya visión califica como pobre.
En su estudio Los muros de la infamia, de reciente publicación, asegura que la Corte
asume la cuestión penitenciaria como una operación matemática, en donde el cociente
resultante de dividir el número de personas encerradas por la cantidad de cupos señala
el grado de violación de los derechos fundamentales.
Además, concluye que la jurisprudencia del alto tribunal ha legitimado y prolongado un
sistema penal injusto e inconstitucional que no cumple con ninguna función, salvo la
represión de las clases menos favorecidas.
Entre las visiones positivas y apocalípticas, lo cierto es que la tutela ha demostrado ser
un mecanismo judicial del cual se han apropiado estratégicamente los grupos más
vulnerables de la población para luchar por sus derechos.
Entre ellos están las mujeres embarazadas que son despedidas de sus trabajos, los
ancianos de escasos recursos que no reciben a tiempo su pensión, los usuarios del
sistema de salud que no pueden pagar medicina prepagada, los homosexuales que son
discriminados en distintos ámbitos de sus vidas, los indígenas y los negros que sienten
irrespetadas sus costumbres.
A ellos hay que sumar los 85.000 presos, entre condenados y detenidos, que sobreviven
en las inhumanas cárceles de este país. Lo dijo un preso de la cárcel La Modelo de
Bogotá: “Por pura necesidad, nos tocó encarcelar a la tutela”.
>> El eterno estado de cosas inconstitucional de las cárceles colombianas
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