Evolución histórica de la seguridad 1990 2010

C L A U D I A P A T R I C I A G Ó M E Z R O J A S
LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD: PROBLEMAS
PÚBLICOS OBJETO DE POLÍTICA PÚBLICA A
PARTIR DE LOS AÑOS 90

LÍNEA DEL TIEMPO
1978 1982 1986 200219941990 1998
Constitución
Política
Feb –jul 91
Julio Cesar
Turbay Ayala
Belisario
Betancur Cuartas
Virgilio
Barco Vargas
Cesar
Gaviria Trujillo
Primera
elección
popular de
alcaldes
1988
Ernesto
Samper Pizano
Andrés
Pastrana Arango
Antanas Mockus Enrique PeñalosaRodrigo Guerrero
ENEMIGO INTERNO - SUBVERSIÓN – NARCOTRÁFICO – GRUPOS ARMADOS
SEGURIDAD URBANA
General
Miguel Antonio
Gómez Padilla
(ene 89- dic 93)
General
Octavio Vargas
Silva
(dic 93 –nov 94)
Brigadier General
Rosso José Serrano
Cadena
( dic 94 – jun 00)
General
Luis Ernesto
Gilibert
(jun 00-
Mayor General
José Guillermo
Medina Sánchez
(ago 86- ene 89)
Elecciones
Asamblea
Nacional
Constituyente
Dic 1990 Entrega de Pablo
Emilio Escobar
Gaviria Jun 91
Fuga en jul 1992

P R I M E R A E S T R A T E G I A N A C I O N A L C O N T R A L A V I O L E N C I A
D I R E C T I V A P R E S I D E N C I A L N ° 5 , 2 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 9 1
P L A N Q U I N Q U E N A L D E F O R T A L E C I M I E N T O A L A F U E R Z A P Ú B L I C A
E S T R A T E G I A S E G U R I D A D P A R A L A G E N T E D E D I C I E M B R E D E 1 9 9 3
D I R E C T I V A P R E S I D E N C I A L N ° 3 , 3 D E M A Y O D E 1 9 9 4
Cesar Gaviria Trujillo
L A R E V O L U C I Ó N P A C Í F I C A

CONTEXTO
POLÍTICO Y
SOCIAL

En su discurso de posesión el 7 de agosto de 1990 el Presidente César Gaviria Trujillo
anunció la creación de la CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA SEGURIDAD Y LA
DEFENSA NACIONAL, con el objetivo de fortalecer el manejo civil del orden público y
institucionalizar las relaciones entre civiles y militares. (Antecedente Comisión
Presidencial para la Reforma de la Administración Pública- Decreto 1150 de 1989) La
creación de la Consejería se oficializó mediante el Decreto 1874 de agosto de 1990.
La misión de la Consejería y el Ministerio de Defensa era formular una política de
seguridad interior que permitiera establecer las líneas de acción para el
mantenimiento de la paz y el orden en el país.
Ésta se constituyó en la primera política de gobierno que afronta el tema de la
violencia desde una perspectiva de política pública (Pardo, 1996). Incluyendo de
manera explícita la seguridad y convivencia ciudadana como una problemática a
tratar.

Con el fin de crear instancias de coordinación interinstitucional para los temas de
convivencia y seguridad ciudadana expidió el Decreto 2615 de 1991 “Por el cual se
reorganizan los Consejos Departamentales de seguridad y el Consejo de Seguridad del Distrito
Capital; se crean los Consejos Regionales de Seguridad y los Consejos Metropolitanos de Seguridad;
y se crean los Comités de Orden Público.”
Se expidió Estatuto para la Defensa de la Justicia, en el que se restablecieron las
funciones de policía judicial a la Policía Nacional y al DAS Decreto 99 del 14 de enero de
1991
El Presidente fusionó el Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo Superior de Defensa
Nacional y la Comisión Asesora y Coordinadora de planes para combatir los escuadrones
de la muerte, las bandas de sicarios, los grupos de autodefensas y justicia privada
creando mediante el Decreto 2134 de 1992 el CONSEJO SUPERIOR DE SEGURIDAD Y
DEFENSA NACIONAL, adscrito a la Presidencia de la República.

Dicho consejo estaba compuesto por Presidente y los Ministerios del Interior, Defensa,
Comandante General de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía Nacional,
Director DAS, Director DAPRE, Consejero Presidencial para la Defensa y la Seguridad
Nacional, Canciller. Cuando se considere pertinente se puede invitar al Fiscal General de la
Nación y al Procurador General de la Nación. Las deliberaciones y actas del Consejo Superior
de Seguridad y Defensa Nacional son reservadas y secretas.
Mediante el Decreto 2160 de 1992 se eliminó el control permanente sobre la Policía por
parte de los Militares.
Con el fin de continuar con la reforma a la forma como se manejaban los asuntos de
seguridad y defensa en el Estado, mediante el Decreto 2167 de 1992 se creó la Unidad de
Justicia y Seguridad del DNP encargada de “promover y participar en la formulación y
coordinación de políticas, planes, programas estudios y proyectos de inversión en los
sectores de justicia, defensa y seguridad”

Con el nombramiento de Rafael Pardo Rueda como Ministro de Defensa, el Presidente
produjo el remezón institucional más significativo en términos políticos para los
militares en más de tres décadas. “Así se reconoció que los problemas de defensa y
seguridad son asuntos políticos y no militares a pesar de que su manejo se apoya en las
fuerzas armadas” También, el Presidente designó un Director Civil en el DAS.
Durante el año 1992, además de crearse el arma de inteligencia en el Ejército, después
de declarados en tres oportunidades los estados de conmoción interior, de acuerdo con
las directrices de la nueva Constitución, el gobierno tramitó una ley conocida
popularmente como “Ley de Orden Público” que intentaba volver permanentes las
medidas tomadas mediante decretos en los Estados de Excepción, que fracaso en su
primer trámite por el Congreso y posteriormente fue aprobada a finales de 1993 bajo la
Ley 104 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia”

Esta ley incluía disposiciones en los siguientes sentidos:
1. Medidas que facilitaban la reinserción de los guerrilleros y de las llamadas milicias
populares rurales o urbanas a la vida ciudadana, por medio de su entrega voluntaria,
lo que a su vez les daba la oportunidad de ser protegidos en calidad de testigos,
además de concederles la posibilidad del indulto; de igual forma se daba espacio a los
diálogos de paz con los grupos guerrilleros (Titulo I).
2. Establecía una serie de derechos y procedimientos para la atención a los ciudadanos
víctimas del terrorismo, así como un conjunto de sanciones a las personas naturales
o jurídicas que financiaran actividades terroristas.
3. Disponía el mecanismo de unidades ambulantes de policía judicial con el fin de
contar con una estructura flexible que permitiera atender las necesidades del país en
relación con los procesos de judialización.

5. Instauraba limitaciones a las autoridades político- administrativas en relación con las
gestiones que estas podían realizarán frente a los acercamientos con grupos armados,
así mismo ampliaba las conductas por las cuales se consideraban las faltas especiales
con relación al orden público en el artículo 14 de la Ley 4ª. de 1991.
6. Determinaba limitaciones a los medios de comunicación respecto a la difusión total
o parcial, sin autorización previa del Ministro de Comunicaciones, por medios de
radiodifusión sonora o audiovisual, de comunicados que se atribuyeran o provinieran
de grupos guerrilleros y demás organizaciones delincuenciales vinculadas al
narcotráfico y al terrorismo, así mismo contenía una serie de medidas con relación al
sistema de radiocomunicaciones (Título IV).
7. Y establecía una fuente de financiación para los temas de seguridad en los diferentes
niveles de gobierno - contribución especial a los contratos de obra pública en vía
pública y creación de fondos cuenta territoriales de seguridad (Titulo V).
8. Finalmente, debido a la particularidad de la norma se determinó que su vigencia
sería de dos años

Primera Estrategia Nacional contra la Violencia
Mayo de 1991
El documento partía del supuesto según el cual en Colombia “existen diversas violencia, con
primacía de modalidades colectivas que incluyen violencia política, la violencia social, la
violencia de los grupos de justicia privada o paramilitares, la violencia sociocultural, la
delincuencia común, la delincuencia organizada y el sicariato y la violencia por la violación de
derechos humanos” Esta apreciación tiene su origen en los planteamientos de la Comisión
Nacional de la Violencia.
Uno de los aspectos más positivos de la Estrategia fue concebir los temas de justicia como
complementarios a los temas de seguridad. Lineamiento que se complementaba con lo
dispuesto en el Decreto 99 del 14 de enero de 1991 Estatuto para la Defensa de la Justicia,
en el que se restablecieron las funciones de policía judicial a la Policía Nacional y al DAS

Recuperar la
capacidad
de la justicia
para sancionar los
delitos
Ampliar el
cubrimiento
institucional
de Estado en todo
el territorio
Garantizar el
monopolio de la
fuerza en manos
de las instituciones
armadas estatales
Mayo de 1991

La política de paz frente a los alzados en armas. La negociación no es un fin en si mismo. El
monopolio del la fuerza por parte del Estado no esta en negociación.
La promoción y protección de los derechos humanos
La creación de planes tendientes a fortalecer al Estado y de manera específica la capacidad
para hacer frente a los agentes generados de violencia.
El robustecimiento y modernización de la justicia
Política de Sometimiento a la justicia Código de Procedimiento Penal Ley 81 de 1993
El fortalecimiento de las autoridades locales. Enfoque Regional
Mayo de 1991

La promoción de
la participación
y la solidaridad
ciudadana con las
autoridades
El tratamiento a
la juventud y la
modificación del
Código del Menor
La organización
de las comisarías
de familia, como
oferta del Estado
para la atención
de la VIF
Los programas de
recreación,
cultura y deporte.
Respecto a la
seguridad ciudadana
se incluyeron aspectos
tales como:
Mayo de 1991

Fortalecimiento
de la familia
Replanteamiento
al sistema
carcelario y la
resocialización
de los reclusos
Reducción del
porte de armas
Mayor servicio a
la comunidad; en
particular por
parte de la
Policía Nacional
La ENV concibió
políticas específicas
en cuanto al control
de la delincuencia
Mayo de 1991

Creación de la jurisdicción de orden público para juzgar delitos de narcotráfico, terrorismo y conexos.
Creación de jueces de orden público en 5 ciudades
Política de promoción al sometimiento de la justicia
Pabellones de alta seguridad en los principales centros carcelarios
Nuevas funciones y capacitación para los Inspectores de Policía
Desjudialización de ciertas conductas para que fuesen atendidas por los Inspectores de Policía
Fortalecimiento de la capacidad de investigación criminal
Coordinación entre las agencias de investigación judicial
La ENV concibió políticas específicas en relación con el fortalecimiento de la justicia y la recuperación de la
capacidad de sanción por parte del Estado
Mayo de 1991

Directiva Presidencial N° 5
28 de diciembre de 1991
La Consejería encargada de la materia fijo tareas de las diferentes instancias de
gobierno en el desarrollo de la Estrategia. No obstante, en la Directiva no figuraban los
cinco ejes de la Estrategia, fue eliminado el que hacia alusión a la política de paz y
modificado por el tema de servicios al menor infractor y la política de juventud.
La Directiva, sin embargo, fue novedosa puesto que proponía una forma de
articulación de los organismos del Estado para enfrentar la violencia. Y planteaba
lógicas de seguimiento a la implementación de la política.

Plan Quinquenal para la Fuerza Pública
Conpes 2570 de diciembre 1991
El común denominador de los cinco puntos que sustentaban la ENV fue el
fortalecimiento institucional en un contexto determinado por la violencia
generalizada, pero desde ningún punto de vista basaba su accionar sobre la lógica
decretada de un conflicto armado interno prolongado como lo estableció el Plan
Quinquenal.
Siguiendo esta lógica, la ENV sugirió vigorizar la Fuerza Aérea y la Armada Nacional
sobre la lógica del fortalecimiento institucional mientras que el Plan Quinquenal
consideraba prudente reducir el contingente de estas fuerzas.

Estrategia Nacional contra la Violencia,
“Seguridad para la Gente”
Octubre 1993
A diferencia de la primera estrategia, ésta reconoció que la base de la delincuencia se
encuentraba en fenómenos como el exceso en el consumo de alcohol, el porte de armas, la
escasa vigilancia policial y la ausencia de instituciones de conciliación que faciliten la
solución pacífica y arbitrada de los conflictos. A su vez, el gobierno aceptó que la base de los
problemas de seguridad ciudadana se encontraban en la necesidad de fortalecer una fuerza
disuasiva y preventiva – una POLICÍA NACIONAL reformada y más cercana a la ciudadanía.
La Estrategia en su segunda versión descalificaba el carácter político de la violencia generada
por la guerrilla y sugería un tratamiento policivo y punitivo a todas las formas de violencia.

Directiva Presidencial N° 3
3 de mayo de 1994
La Consejería fijo tareas de las diferentes instancias de gobierno en el desarrollo de la
Segunda Etapa de la Estrategia Nacional contra la Violencia.
En la Directiva se hizo énfasis en los aspectos que debía contemplar la reforma de la
Policía:
Desarrollo del nuevo Estatuto Orgánico de la Policía
Consolidar el Estatuto de Carrera
Impulsar el Programa de Policías Bachilleres
Analizar el funcionamiento de la Policía Cívica
Analizar el funcionamiento de la Policía de Menores
Evaluación al Programa CAI y CAD

AVANCES NORMATIVOS
Los avances normativos que complementaron el documento de política fueron:
1. Se dictan normas sobre orden público interno, policía cívica local y se dictan otras
disposiciones” Ley 04 de 16 enero de 1991
2. Estatuto para la Defensa de la Justicia, en el que se restablecieron las funciones de policía
judicial a la Policía Nacional y al DAS - Decreto 99 del 14 de enero de 1991
3. Por el cual se reorganizan los Consejos Departamentales de seguridad y el Consejo de
Seguridad del Distrito Capital; se crean los Consejos Regionales de Seguridad y los Consejos
Metropolitanos de Seguridad; y se crean los Comités de Orden Público.” Decreto 2615 de
1991
4. Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, adscrito a la Presidencia de la República -
Decreto 2134 de 1992
5. Consejo Nacional de Estupefacientes- Decreto 2159 de 1992

5. Se eliminó el control permanente sobre la Policía por parte de los Militares- Decreto
2162 del 30 de diciembre de 1992
6. Se creó la Unidad de Justicia y Seguridad del DNP –Decreto 2167 de 1992
7. Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana -Ley 62 de 1993
8. Comisión Nacional de Policía y Participación Ciudadana -Ley 62 de 1993
9. Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, adscrito a la Presidencia de la
República - Decreto 2233 de 1993
10. Consejo Técnico Nacional de Inteligencia – Organismo Rector del Sistema Nacional
de Inteligencia -Decreto 2233 de 1993
AVANCES NORMATIVOS

P O L Í T I C A P A R A L A C O N V I V E N C I A Y L A
S E G U R I D A D
C O N P E S 2 7 7 1 D E 2 9 D E M A R Z O D E 1 9 9 5
M O D E R N I Z A C I Ó N D E L A P O L I C Í A N A C I O N A L E N E L
M A R C O D E L P L A N D E S E G U R I D A D C I U D A D A N A
C O N P E S 2 7 4 4 D E N O V - 9 4
J U S T I C I A P A R A L A G E N T E : P L A N D E D E S A R R O L L O
P A R A L A J U S T I C I A 1 9 9 4 - 1 9 9 8
Ernesto Samper Pizano
E L S A L T O S O C I A L

CONTEXTO
POLÍTICO Y
SOCIAL

Gestión descentralizada de la seguridad
Actualización normativa y fortalecimiento del sistema judicial
Fortalecimiento y modernización de la función policial
Desarrollo social para la seguridad ciudadana.

Prorrogó por una vez la Ley 104 de 1993 mediante la expedición de la Ley 241 de 1995.
Posteriormente, logró la expedición de la Ley 418 de 1997 que aunque conservó en
términos generales la estructura de la Ley 104 de 1993 incluyó entre otras temáticas: la
protección a los menores de edad contra efectos del conflicto armado y el embargo
preventivo y extinción del derecho de dominio de bienes vinculados a la comisión del
delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados. Esta ley estableció una vigencia de 2
años. Además declarÓ derogadas las dos leyes anteriores.
Debido a la permanente confrontación con los grupos armados el Presidente creó la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que remplazó la Consejería para la Paz.
Pese a las fuertes críticas creó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural
conocidas como las Convivir.
Creó las Zonas Especiales de Orden Público, que proponían los militares para hacer frente
al gran número de ataques de la guerrillas y al crecimiento de los grupos paramilitares.

Durante su gobierno, el país fue descertificado por el Gobierno de los Estados Unidos en la
lucha contra el narcotráfico en los años 1996 y 1997.
Con el fin de responder a la lucha contra el narcotráfico el gobierno diseñó el Programa
Nacional de Desarrollo Alternativo PLANTE, que buscaba financiar los cultivos lícitos.
Mediante el Decreto 1422 de 1995 se organizó la Brigada de Aviación del Ejército.
Se creó el Sistema Nacional de Inteligencia SINAI Decreto 2233 de 1995 y el Consejo Técnico
Nacional de Inteligencia.
Se creó Programa Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, mediante el
CONPES 2951 de septiembre de 1997 “Autorización a la Nación para contratar un crédito
externo para financiar el proyecto "Apoyo a la convivencia y seguridad ciudadana"

1. Régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones.
Ley 228 de 21 diciembre de 1995
2. Consejo Técnico Nacional de Inteligencia y los Consejos Técnicos Seccionales de
Inteligencia – Organismo Rector del Sistema Nacional de Inteligencia-
Decreto 2233 de 1995
3. Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria-
Decreto 2062 del 29 de noviembre de 1995
AVANCES NORMATIVOS

E S T R A T E G I A N A C I O N A L D E C O N V I V E N C I A Y
S E G U R I D A D C I U D A D A N A
Andrés Pastrana Arango
C A M B I O P A R A C O N S T R U I R L A P A Z

CONTEXTO
POLÍTICO Y
SOCIAL

Estrategia Nacional para la Convivencia y Seguridad Ciudadana
14 julio 1999
PROGRAMAS
1. Política del Buen Ciudadano
2. Sistema Nacional de Información
3. Policía para la Convivencia
4. Por un país sin Secuestro
5. El ciudadano y la justicia
6. La Seguridad Privada
7. Respeto a la vida
OBJETIVO
Promover el cambio en la forma
como se aborda la convivencia y la
seguridad ciudadana de los
habitantes del país, por medio de
políticas concretas diseñadas con la
colaboración y participación de la
Policía Nacional, las autoridades
municipales, el sector productivo y la
comunidad. Elaborada por el
Ministerio de Gobierno.

Se prorrogó por tres años la Ley 418 de 1997 a través de la Ley 548 de 1999 mediante
la cual se reconoció a las FARC como una organización política; lo que le permitió al
gobierno decretar el “despeje” de un área de 42.000 km cuadrados por noventa días (7
de noviembre de 1998- 7 de febrero de 1999), decisión respaldada por la Corte
Constitucional mediante la Sentencia C-048 de 2001.
A través de esta ley se incluyeron disposiciones sobre:
1. La no incorporación de menores de edad a filas para la prestación del servicio
militar.
14 julio 1999

2. Se ratificó la competencia de administración del FONSECON al Ministerio del Interior
y se ampliaron las posibles destinaciones de los recursos de éste y de los fondos
cuenta territoriales de seguridad al pago de recompensas a personas que
colaboraran con la justicia o con organismos de seguridad del Estado, al apoyo
económico para la reconstrucción de instalaciones municipales del Ejército y de
Policía afectadas por actos terroristas y a la construcción de instalaciones de policía
que no ofrecieran garantías de seguridad.
14 julio 1999

Se expidieron los Conpes
3070 junio de 2000
Política nacional para la construcción de paz y convivencia familiar - Haz Paz
3086 Julio de 2000
Ampliación de la infraestructura penitenciaria y carcelaria
14 julio 1999

LÍNEA DEL TIEMPO
2006 20102002
Álvaro
Uribe Vélez
Álvaro
Uribe Vélez
General
Luis Ernesto Gilibert
Ago 02)
General
Teodoro Ricaurte
Campos Gómez
(ago 02 – nov 03)
General
Jorge Daniel Castro
Castro
(nov 03 – may 07)
Mayor General
Oscar Adolfo Naranjo Trujillo
(may 07 – junio 12)
Misión 2003 Mejoramiento institucional
Juan Manuel
Santos Calderón
2014
General
José
Roberto
León Riaño
(junio 12- )
Salto Estratégico del Sector
Defensa

P O L Í T I C A D E D E F E N S A Y S E G U R I D A D
D E M O C R Á T I C A
Álvaro Uribe Vélez
H A C I A U N E S T A D O C O M U N I T A R I O

CONTEXTO
POLÍTICO Y
SOCIAL

Política de Defensa y Seguridad Democrática
2002 - 2012
 La Seguridad Democrática se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas
por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión
política.
 No hay contradicción entre seguridad y democracia. Por el contrario, la seguridad
garantiza el espacio de discrepancia, que es el oxígeno de toda democracia, para que
disentir no signifique exponer la seguridad personal.
 Recuperaremos la seguridad de nuestros ciudadanos sin limitar sus libertades

 La seguridad no se alcanza sólo con los esfuerzos de la Fuerza Pública. Este va a ser
un esfuerzo de todo el Estado, de todos los colombianos
 La seguridad no se entiende en primera instancia como la seguridad del Estado, ni
tampoco como la seguridad del ciudadano sin el concurso del Estado, sino como la
protección del ciudadano y de la democracia por parte del Estado, con la
cooperación solidaria y el compromiso de toda la sociedad.
 La Fuerza Pública dará el primer paso en este esfuerzo de articular una respuesta
integral a los retos de seguridad. El segundo lo debe dar el Estado en su conjunto y
el tercero, toda la sociedad.
2002 - 2012

OBJETIVO GENERAL ES:
“reforzar y garantizar el Estado de
Derecho en todo el territorio, mediante
el fortalecimiento de la autoridad
democrática: del libre ejercicio de la
autoridad de las instituciones, del
imperio de la ley y de la participación
activa de los ciudadanos en los asuntos
de interés común”.
LAS AMENAZAS A ENFRENTAR SON :
1. Terrorismo - estatuto
2. Secuestro y la extorsión
3. El negocio de las drogas ilícitas
4. Las finanzas ilícitas
5. El tráfico de armas, municiones y
explosivos
6. El homicidio
2002 - 2012

1. La protección de los derechos de todos los ciudadanos.
2. La protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas.
3. La solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía en defensa de los valores
democráticos
2002 - 2012

P O L Í T I C A D E C O N S O L I D A C I Ó N D E L A S E G U R I D A D
D E M O C R Á T I C A
C O N P E S 3 4 6 0 ( 2 6 D E F E B R E R O D E 2 0 0 7 )
Álvaro Uribe Vélez
U N E S T A D O C O M U N I T A R I O D E S A R R O L L O P A R A T O D O S

CONTEXTO
POLÍTICO Y
SOCIAL

La PCSD establece cinco (5) objetivos estratégicos:
1. Consolidar el control territorial y restablecer la autoridad del Estado en todo el
territorio nacional.
2. Generar a través del uso legítimo de la fuerza y la política social, las condiciones de
seguridad y bienestar social que obliguen a los grupos narcoterroristas a
desmantelarse.
3. Romper en todos los eslabones de la cadena, la libertad y habilidad de los
narcotraficantes para desarrollar su negocio y con ello avanzar hacia la eliminación del
narcotráfico en Colombia
.

4. Formar una Fuerza Pública moderna, con los más altos estándares éticos y morales, que
cuente con la confianza y el apoyo de la población.
5. Desarrollar la Doctrina de Acción integral, a través del esfuerzo combinado de la fuerza
legítima, la política social, las acciones de las demás instituciones del Estado y de la
sociedad civil.
Para alcanzarlos, la PCSD incluye un conjunto de veintiocho (28) planes y
programas agrupados con base en cinco (5) líneas de acción

C L A U G O M E Z 1 5 @ Y A H O O . C O M
GRACIAS

Evolución histórica de la seguridad 1990 2010

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (17)

Similar a Evolución histórica de la seguridad 1990 2010

Similar a Evolución histórica de la seguridad 1990 2010 (20)

Más de Claudia Gómez

Más de Claudia Gómez (12)

Evolución histórica de la seguridad 1990 2010