Declaración redactada para dar a conocer de manera conjunto el actuar que esta llevando el gobierno de chile para validad algún proceso de consulta sin haberla realizada.

1. Declaración de Santiago de los Pueblos Indígenas
02 de Diciembre 2012
Los pueblos indígenas Aymara, Lickan Antai, Quechuas, Collas, Diaguitas, Mapuches, y
Kaweskar reunidos en el Hotel Crowne Plaza con motivo de la convocatoria realizada para
informar y discutir sobre la Propuesta de consulta Indígena de Gobierno, y representados
por medio de cada uno de los firmantes de la presente declaración, afirmamos que:
1.- Somos pueblos pre-existentes a la conformación del Estado de Chile, y por lo mismo,
somos titulares del derecho a la autodeterminación, lo cual se entiende y expresa entre
otras formas, por medio del derecho a la consulta y participación
2.- Exigimos de forma inmediata la derogación del Decreto 124 de MIDEPLAN, antes del 31
de diciembre del presente año, documento desarrollado de forma inconsulta y estratégica
con el fin de vulnerar la consulta y participación indígena, contenidas no solamente en los
artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, sino también, en la totalidad de los demás
artículos del Convenio, en la Declaración de las Naciones Unidas, y los demás
instrumentos generales de derechos humanos.
Cabe destacar la declaración del Ministro Joaquín Lavín realizada en octubre del 2011,
respecto el compromiso de derogar en el corto plazo dicho decreto. Compromiso que
hasta la presente fecha no se ha cumplido.
Exigimos también detener la tramitación del nuevo Reglamento del SEA, el cual no fue
consultado bajo ningún aspecto y que lesiona gravemente los derechos de los pueblos
indígenas. Dicho reglamento sólo profundiza el modelo económico extractivo, afectando
nuestras territorios y tierras, aguas y demás recursos naturales.
Así mismo, y mientras se discutan las nuevas propuestas de consulta, exigimos que se
aplique de forma directa el convenio 169 de la OIT a través de las recomendaciones del
relator de las naciones unidas James Anaya, siempre que se invoque dicho proceso.
3.- En consecuencia, exigimos la paralización de los procesos de consulta de todas las
medidas administrativas y legislativas en trámite, y de todos los proyectos energéticos y
extractivos en territorios indígenas, hasta que estos cumplan con las condiciones y
garantías establecidas en los instrumentos ya señalados.
4- Rechazamos la actual propuesta de consulta impuesta por Gobierno, tanto en su
metodología, objetivos y contenidos. En nuestros territorios no se informaron
oportunamente los objetivos y contenidos de la convocatoria, se ha omitido

2. arbitrariamente la participación de determinados Lonkos y otras Autoridades Ancestrales
y representativas elegidas en forma autónoma, afectando la debida representatividad de
nuestras bases. A lo cual, hay que agregar la falta de representación en el consejo de la
CONADI, de los pueblos indígenas Quechua, Coya y Diaguita, afectado su posición en los
procesos de información.
5.- En consecuencia, para desarrollar la consulta, proponemos descentralizar dicho
proceso. Se debe garantizar la adecuada participación de todos los pueblos
autónomamente organizados, considerando su realidad e identidad cultural, respetando
sus métodos tradicionales de adopción de decisiones, con sus propios tiempos, plazos e
idiomas. Exigimos la ampliación de los plazos impuestos unilateralmente, como también
exigimos el financiamiento estatal de las reuniones de trabajo de los pueblos indígenas así
como de los asesores elegidos libremente por cada uno de los territorios.
De no cumplir con dicha demanda, identificamos en el actuar de gobierno una falta
expresa a la buena fe y por ende, invalidamos cualquier resolución, como así a los
indígenas que amparen este comportamiento.
6.- Además, exigimos cumplir los comentarios realizados por el relator especial de la ONU
para los pueblos indígenas James Anaya con fecha noviembre de 2012, sobre los
estándares internacionales para la realización de la consulta. En tal sentido, la consulta es
un deber del Estado y un derecho de los pueblos indígenas, no es una acción que dependa
de la buena voluntad de uno u otro gobierno. Así mismo, creemos que ningún reglamento
o manual puede limitar el derecho a la consulta y participación, y menos los derechos
generales y particulares de los indígenas. Por el contrario entendemos que una propuesta
de los pueblos indígenas, debe ser un documento que respete los instrumentos
internacionales, puesto que se trata de derechos humanos y que no pueden subordinarse
al interés nacional.
7.- Rechazamos categóricamente la nueva Ley de Pesca, la Ley de Fomento Forestal y
exigimos la modificación de las demás leyes extractivas, que en ningún momento fue
consultada. También rechazamos la entrega de derechos de agua en territorios indígenas,
y demandamos el fin al estado de violencia y la desmilitarización inmediata de los
territorios ocupados.
8. Exigimos la renuncia del Director Nacional de la CONADI por no estar presente en esta
convocatoria, y más importante aún, por la carta enviada por él a la Ilustrísima Corte de
Apelaciones con fecha 14 de noviembre del 2012, en que señala que el “supuesto”
proceso de consulta indígena ha sido efectivamente realizado. Los pueblos declaramos

3. que las firmas obtenidas mediante talleres, reuniones, capacitaciones y otras actividades
realizadas por gobierno no constituyen una consulta.
Para finalizar sólo expresamos nuestra voluntad para trabajar una propuesta de consulta,
siempre y cuando se respeten los derechos y garantías expresados en esta declaración
como en el convenio 169, declaración de las Naciones Unidas, y demás instrumentos
nacionales e internacionales de Derechos generales.