El documento discute los desafíos para garantizar el derecho a una vivienda digna para todos en España. Actualmente, el acceso a viviendas sociales es inadecuado y excluye a los más vulnerables. Las políticas de erradicación de asentamientos informales priorizan el control social sobre encontrar soluciones adecuadas. Se necesitan nuevos enfoques que evalúen las diversas realidades y empoderen a los afectados para construir alternativas apropiadas. También se debe apoyar a las comunidades en las promociones de vivienda social para

1. Taller Vivienda Digna para todos y todas
Realidades a desvelar, Cuestiones a trabajar
Abril 2015
Introducción - El derecho a la vivienda es clave para poder ejercer otros
derechos, por lo que es fundamental garantizar su aplicación práctica a partir del
compromiso de las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto
Una vivienda digna es una necesidad y un derecho que toda persona debería ver
reconocido de manera efectiva en nuestra sociedad. Pero aunque aparece como tal
en la Constitución Española y en otros tratados internacionales, para que su
cumplimiento se vea garantizado es necesario el desarrollo de leyes que concreten
su aplicación práctica y los mecanismos para denunciar su vulneración. Sin
embargo, esto no se ha realizado hasta el momento porque en España, al igual
que en otros muchos países, la vivienda ha sido y es fuente de negocio, lo que ha
llevado a proteger más el derecho a la propiedad privada que a dar respuesta a la
necesidad que todas las personas tienen de un alojamiento digno.
Al mismo tiempo, nuestra experiencia nos muestra que el no acceso a una
vivienda digna no afecta tan sólo a este derecho, sino que supone un impedimento
de cara a ser reconocido como parte de la sociedad y poder ejercer otros derechos
fundamentales, como el derecho a la seguridad, a no sufrir tratos degradantes, a
la intimidad y la vida en familia, a la educación, etc. Por eso hacemos un
llamamiento para que las administraciones asuman su responsabilidad para
garantizar y defender el cumplimiento de estos derechos que sin una vivienda
digna son vulnerados. Trabajar por las personas debe ser nuestra prioridad como
sociedad, y por ello más que la rentabilidad económica debemos buscar la
rentabilidad social a futuro. Esto requiere un esfuerzo colectivo, en el que debemos
exigir que cada actor asuma sus responsabilidades, tanto la administración como
las empresas privadas y los diferentes agentes sociales.
En los últimos años se ha hablado mucho de quienes a raíz de la crisis económica
han perdido su casa, y la cuestión de la vivienda ha pasado a primer plano en el
debate social. Pero es importante recordar que durante los años de supuesto
desarrollo económico había ya muchas personas en condición de extrema pobreza
que nunca encontraron una solución válida para acceder a una vivienda digna. Una
simple vuelta atrás al modelo anterior no resuelve la cuestión del derecho a una
vivienda digna para todas las personas: son necesarias nuevas vías contando con
la experiencia y el conocimiento de quiénes siempre han sido dejados al margen.
En este sentido queremos aportar algunas claves que surgen del análisis conjunto
que hemos realizado entre personas de diferentes condiciones sociales sobre las
políticas institucionales de vivienda, señalando algunos hechos concretos que nos
empujan a plantearnos determinadas preguntas que creemos que debemos
trabajar en profundidad.

2. 1.- Sobre el acceso a una vivienda digna
Partimos del convencimiento de que las autoridades públicas deben poner los
medios para garantizar una vivienda digna a todas las personas, prestando
especial atención a quienes están en situación de mayor necesidad, promoviendo
su protagonismo en el proceso y respetando la diversidad.
Pero nos encontramos con los siguientes hechos...
 En el momento actual no se ofrecen vías efectivas desde las
administraciones para que todas las personas puedan acceder a una
vivienda digna.
 La mayor parte de la vivienda pública en nuestro país no es vivienda social,
destinada a quienes tienen menos recursos, sino que está destinada a
personas con unos ingresos medios.
 Los requisitos de acceso a la vivienda social penalizan a quienes están en
condiciones más difíciles, ya que no pueden reunir toda la documentación
requerida que justifique su situación, dejándoles fuera de estas
convocatorias.
 Tan sólo en determinados casos, como por ejemplo ha ocurrido con la
política de erradicación de chabolismo, se ofrecen vías para la regularización
de la situación de estas familias.
 Sin embargo, las respuestas que se dan en estas situaciones priorizan una
lógica de control social, persiguiendo y anulando modos de vida y
comunidad diferentes al modelo dominante, sin respetar la diversidad y
obligando a asumir las propuestas que se ofrecen sin dejar otra alternativa
posible.
 Algunos entre nosotros afirman que procesos como el de erradicación del
chabolismo han sido promovidos más por el interés en liberar terrenos con
los que poder negociar que por proporcionar una vivienda digna y adecuada
a las familias que allí vivían.
 En esta situación, quienes viven en mayor precariedad se ven forzados por
la necesidad a buscar alternativas (autoconstrucción, ocupación de
viviendas vacías, etc.) que son perseguidas y criminalizadas sin ofrecer
salidas a su situación.
Y nos surgen las siguientes preguntas...
 ¿Cómo evaluar las diferentes realidades para poder priorizar las situaciones
más difíciles sin dejar a nadie de lado y buscando soluciones adecuadas en
colaboración con quienes las sufren?
 ¿Cómo aprovechar el conocimiento y las capacidades de quienes viven en
situaciones más difíciles para la construcción de alternativas adecuadas de
vivienda?
 ¿Qué respuesta dar a las situaciones actualmente consideradas como
ilegales, como por ejemplo las ocupaciones, de manera que quienes las
viven puedan salir de su situación de exclusión y precariedad?

3. 2.- Sobre las promociones de vivienda social y el papel de las
administraciones públicas
Partimos del convencimiento de que es necesaria la presencia y apoyo institucional
en los barrios de vivienda social promoviendo la mediación y el desarrollo de redes
comunitarias.
Pero nos encontramos con los siguientes hechos...
 La imposición de un único modelo de vida y comunidad (construcción de
vivienda en vertical, individualización y aislamiento) influye en gran medida
en los problemas de convivencia que se dan en muchas promociones de
vivienda social, al juntarse de manera forzada en un mismo espacio
personas y familias de muy diferentes orígenes y situaciones sociales.
 A esto se une el abandono que sienten los vecinos por parte de las
instituciones responsables, ya que no intervienen más que de manera
irregular y distante. Las intervenciones institucionales generalmente se
limitan a la mera gestión de conflictos o tensiones y al control de la vida de
los vecinos.
 Para labores de mediación se cuenta generalmente con profesionales
externos que no son reconocidos como parte del vecindario ni conocen en
muchos casos las claves culturales de los diferentes grupos.
Y nos surgen las siguientes preguntas...
 ¿Cómo promover una presencia clara y estable apoyada a nivel institucional,
que se identifique como propia del barrio y no como una intervención
meramente profesional?
 ¿Cómo favorecer el desarrollo de redes comunitarias y de espacios
colectivos autogestionados por los propios vecinos y vecinas, de manera
que puedan ir ganando en capacidad de decisión y actuación sobre su
realidad?
 ¿Qué tipo de dinámicas pueden ayudar a poner en común las capacidades
de todo el vecindario, incluidos los más rechazados, y las riquezas de sus
respectivas culturas?