El juzgado de Puerto Carreño, profirió un fallo de segunda instancia en el cual ordena realizar un proceso de lanzamiento contra los pueblos indígenas Sikuani, Amorua y Sáliva de la comunidad de Puerto Colombia, de su propio territorio ancestral.

1. Juez colombiano ordena desalojar a tres pueblos indígenas de sus
territorios ancestrales
El juzgado de Puerto Carreño, profirió un fallo de segunda instancia
en el cual ordena realizar un proceso de lanzamiento contra los
pueblos indígenas Sikuani, Amorua y Sáliva de la comunidad de
Puerto Colombia, de su propio territorio ancestral.
Lo que faltaba. El juzgado promiscuo del circuito de Puerto Carreño,
departamento del Vichada, Distrito Judicial de Villavicencio, mediante
radicado Nº 990014089002-2013-00040-01, profirió un fallo de
segunda instancia en el cual ordena realizar un proceso de
lanzamiento contra los pueblos indígenas Sikuani, Amorua y Sáliva de
la comunidad de Puerto Colombia (municipio de Puerto Carreño), de
su propio territorio ancestral.
La decisión judicial se emite como medida de protección a una
supuesta violación del derecho fundamental al “debido proceso”
solicitada por los colonos Ángel Roberto Chacón Gutiérrez y Luz
Marina Curberlo, personas que jamás han habitado en ese territorio y
cuyo interés manifiesto es apropiarse de estas tierras para luego
negociarlas con distintas empresas, según denuncia la Organización
Nacional Indígena de Colombia.
Más grave aún. El fallo judicial se emite muy a pesar de la existencia
de procesos de legalización de estos resguardos en el Incoder.
Extrañamente “el juez promiscuo del circuito de Puerto Carreño
omitió vincular a esta entidad al proceso judicial, y sin argumentos
razonables decidió ordenar el proceso de lanzamiento contra estos
pueblos indígenas, orden que tiene plazo para ejecutarse el próximo

2. lunes 22 de julio del presente año, por parte de la alcaldía del
municipio de Puerto Carreño”.
En un especial de la Revista Semana publicado el pasado mes de
marzo, titulado ¿Tierra a la vista?, se lee que “La región más rica de
Colombia debe ser la cara del futuro del país. Sin duda esta región se
llama la Orinoquia y la Amazonia. Con una extensión de casi la mitad
de la nación, estos territorios cuentan, entre otras cosas, con grandes
reservas naturales, riqueza étnica y un gran potencial agroindustrial y
energético”. El especial, según la propia publicación, se hizo con el
apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI y
Pacific Rubiales Energy.
¿Extraño, no? El especial habla de riqueza étnica, pero hace
abstracción sobre lo que significa riqueza étnica: territorio y personas
humanas, sí, humanas, para connotar el concepto de propiedad de
los seres humanos que ancestralmente han habitado estos territorios
(léase sikuani, puinabe, piapoco, piaroa, kurripako), que no las
“personas jurídicas” que podrían ocuparlas. Recordemos que mas del
70% de la población del Vichada es indígena y en sus extensos
territorios existen unos 40 resguardos.
Este tema no pasó desapercibido para los líderes indígenas de la
ONIC, quienes, refiriéndose al escrito de Semana, señalan que en el
texto “se omitió dar cuenta respecto de que muchas de las empresas
que aspiran a desarrollar sus actividades económicas en la región, se
están apropiando -mediante testaferros- de los territorios de las
comunidades de pueblos indígenas que están en riesgo de exterminio
físico y cultural…”.
“Como consecuencia de esta realidad, los territorios ancestrales de
estos pueblos indígenas están siendo usurpados por colonos,
narcotraficantes y empresarios que se asocian para obtener títulos de
propiedad a través de procedimientos fraudulentos y de procesos de
lanzamiento contra estas comunidades con base en decisiones
judiciales”.
La época en que a los indígenas se les engañaba con espejitos quedó
en el pasado. Ellos bien conocen que “esta modalidad de despojo se
encuentra asociada al escándalo de corrupción del cartel de los
baldíos, en el cual terceros de mala fe, aprovechándose de la
situación de indefensión y vulnerabilidad manifiesta en que se
encuentran estos pueblos indígenas, pretenden usurpar, violentar y
truncar el derecho colectivo al reconocimiento de su propiedad
territorial ancestral”.
Recientes sentencias de la Corte Constitucional han puesto de
manifiesto incluso el desdén de las entidades del Estado para

3. legalizar los resguardos indígenas, en especial en la región de la
Orinoquia y Amazonia colombiana, “en especial en los departamentos
de Meta y Vichada, constituyéndose en casos emblemáticos los de la
comunidad indígena de Puerto Colombia (Puerto Carreño); la
comunidad de Awaliba-Campana (Puerto Gaitán – Meta) y la
comunidad Arizona Cupepe (Cumaribo)”, señala la ONIC.
Preocupa a la organización indígena el caso de los indígenas sikuani,
amorúa y saliva de Puerto Colombia. Ellos han interpuesto un recurso
de nulidad de este exótico fallo judicial, al igual que vienen
solicitando las investigaciones respectivas de los organismos
competentes, en especial para el caso, del Consejo Superior de la
Judicatura y de la Procuraduría General de la Nación.
Pero la preocupación principal debería ser de todos los colombianos,
que asistimos a un proceso sistemático de exterminio, exclusión y
despojo de las poblaciones indígenas. Nos contentamos con el rico
texto de la Carta Magna que los reconoce en el papel, y nos hacemos
los de la vista gorda cuando se les atropella.
Ojalá que la audiencia convocada por la Corte Constitucional para
tratar la grave situación de estas comunidades, incluidas las del
Vichada, sirva para algo. Y más aún, ojala que no esté siendo tarde
para que nuestros gobernantes cumplan el mandato que les dio la
Constitución hace 23 años.
@lcarlososorio
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