Denuncia en la Justicia Federal por la salud en La Rioja
Jose e mosquera r territorio territorialidad cultura y sostenibilidad ambiental
1. Análisis Político y Social Nacional e Internacional de Venezuela y el Resto del Mundo
Director: Diego Olivera. Jefe De Redacción: Miguel Guaglianone
.
Desde Colombia
Territorio, territorialidad, cultura y sostenibilidad ambiental
Por: José Eulícer Mosquera Rentería
La ciencia antropológica da cuenta de que la
cultura, la historia y las posibilidades económicas
de una comunidad guardan relación directa con el
territorio. Y el reconocimiento de su dominio sobre
él, es determinante de soberanía y autonomía, sin
las cuales no se puede dar un verdadero
desarrollo socioeconómico, ni progreso social.
Por los recursos naturales que contienen y por su
significado en la economía y en la geopolítica, los
territorios ocupados ancestralmente por las
comunidades afrocolombianas e indígenas
continúan siendo objeto de codicia por fuerzas
capitalistas del interior del país y del extranjero, lo
cual se traduce en prácticas de despojo y
usurpación de las posesiones territoriales y de las
economías construidas por varias generaciones, a
través de diferentes métodos violentos, especialmente en la Región Pacífico donde
en los últimos años se vienen dando sucesivas masacres, malos tratos y actos de
crueldad contra sus pobladores, que junto al abandono estatal generan permanentes
éxodos y desplazamientos forzados, lo cual constituye un grave peligro para la
supervivencia de estos pueblos como tales y del equilibrio ambiental.
Esta situación se venía dando en el Chocó y en el pacífico desde la segunda mitad
del siglo XIX cuando los primeros gobiernos republicanos dieron licencias generosas
a compañías europeas y estadounidenses para la explotación de oro y platino en
esas regiones. Durante el siglo pasado se dieron concesiones para explorar
petróleo, explotaciones mineras, madereras y monocultivos, como el banano en
Urabá, mediante las cuales se destruyeron las economías autóctonas y muchos
ecosistemas, por parte de compañías capitalistas nacionales y extranjeras. A lo cual
desde fines de los años de 1970 se ligó la presencia de grupos de narcotraficantes
procedentes de Antioquia y otras zonas del país, quienes con sus grupos armados
generan el crimen y el terror, para finalmente arrebatar las tierras de muchas familias
afrocolombianas e indígenas, para dedicarlas a los narcocultivos, a los
agrocombustibles y a la minería ilegal.
Fue todo esto lo que llevó a que quienes entraron a liderar el Movimiento Social
Afrocolombiano a partir de la Constituyente de 1991, propusieran como prioridad la
protección de los territorios ancestrales y los correspondientes apoyos estatales para
el fortalecimiento económico e identitario de las comunidades que los vienen
ocupando, además, a manera de reparación histórica por las secuelas de la
esclavitud colonialista y del abandono estatal durante todos estos años de vida
2. republicana, y a cambio, el compromiso comunitario de dar continuidad a su labor
conservacionista del medio ambiente y del equilibrio ecosistémico. Lo cual ha
quedado plasmado en la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
A la vez hoy, las comunidades ancestrales disponen de otros instrumentos jurídicos
para la protección territorial y su labor ambientalista, cuales son la Consulta Previa e
informada, que tiene su sustento en el artículo 330 de la Constitución Nacional y en
la Ley 21 de 1991 mediante la cual Colombia adopto el convenio 169 de la OIT, de
protección de los derechos territoriales y culturales de las comunidades ancestrales;
y en varias sentencias de la Corte Constitucional
De igual manera, el derecho a la Consulta Previa está arraigado en normas
internacionales relacionadas con los derechos humanos, ratificadas o aprobadas por
el Estado Colombiano, como es el caso de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos - y la jurisprudencia conexa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos -, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos”. Entre otros.
Sin embargo, hoy todas estas disposiciones constitucionales, legales y del derecho
internacional están siendo violadas por los diferentes gobiernos nacionales,
regionales y locales, quienes vienen entregando títulos, licencias y concesiones a
compañías capitalistas nacionales y extranjeras para explorar y explotar recursos en
los territorios ancestrales de las comunidades afrocolombianas e indígenas, sin
contar con el consentimiento previo de las mismas.
En este orden, es de preocupar el hecho que el pasado 21 de Junio de 2012, unas
horas después de que el presidente Santos estableciera en la cumbre de Río+20 el
compromiso de su gobierno con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, el
ministro de Minas y Energía anunciara en una rueda de prensa que 17,6 millones de
hectáreas en los departamentos del Chocó, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés,
y Vichada ofrecían grandes posibilidades para la extracción de minerales
estratégicos como el uranio, el coltán, el oro, el hierro y el platino, y que en relación
con ellos el Gobierno creará alrededor de 200 bloques para exploración y
explotación minera y buscará compañías mineras, nacionales y multinacionales, que
se convertirán en socios estratégicos que extraigan estos recursos e impulsen a
fondo su famosa “locomotora minera”. Zonas de reservas que se suman a los 2,9
millones de hectáreas que habían sido declaradas como reserva minera por el
Gobierno en el pasado inmediato, y que comprende algunas zonas de
departamentos de la costa y del centro del país. Decisiones que las comunidades
solo están conociendo a través de la prensa.
Ya el año pasado el Gobierno Nacional había revelado que INGEOMINAS y sus
oficinas delegadas departamentales habían adjudicado más de 9.000 títulos a
personas naturales y jurídicas que no cumplen debidamente con la capacidad para
desarrollar la minería con el correspondiente componente de sostenibilidad, y como
resultado de estas titulaciones desaforadas algunas concesiones fueron dadas sobre
zonas ambientalmente protegidas, como parques naturales y páramos.
3. Por otra parte, en INGEOMINAS están en proceso de trámite 960 solicitudes de
títulos, además de que en las regiones aludidas se viene dando la extracción de
minerales por parte de mineros informales que no cuentan con licencias, y por ende,
sin control de parte de las corporaciones ambientales.
Pero a la vez, también debe ser motivo de preocupación el hecho de que muchas
personas originarias de comunidades ancestrales residenciadas en grandes
ciudades, hoy están regresando a las citadas regiones, en la mayoría de casos
asociadas con inversionistas foráneos, con tecnologías y técnicas destructivas del
medio ambiente a explotar recursos en los territorios ancestrales, amparándose en
el “derecho que les asiste”, causando los mismos daños ambientales que las demás
compañías nacionales o trasnacionales, y que con su mentalidad extremadamente
individualista, egoísta e indolente, no le están dando la debida participación a sus
familiares y parientes que se han mantenido en los territorios cuidándolos y
defendiéndolos de los invasores , hasta con sus propias vidas, y que continúan
viviendo en la pobreza extrema, mientras ellos emprenden una vida de nuevos ricos
en las ciudades donde se encuentran radicados. Lo cual también debe ser
debidamente reglamentado y controlado por el Gobierno Nacional, las corporaciones
ambientales y los consejos comunitarios conjuntamente, porque entre otras cosas,
unas cuantas personas no pueden continuar aprovechándose en forma individualista
de la propiedad y el derecho colectivos para enriquecerse, dejándole finalmente a
las comunidades solo la desolación ambiental, y con ella mermadas ó aniquiladas
sus posibilidades de subsistencia.
De igual manera preocupa la postura de algunos profesionales y periodistas
afrocolombianos que en actitud endodiscriminatoria e indolente, andan promoviendo
el desconocimiento de los derechos constitucionales, legales y enmarcados en el
derecho internacional de las comunidades afrocolombianas, al plantear que estas
comunidades al exigir el cumplimiento de la consulta previa y el respeto a sus
territorios ancestrales, están reclamando o asumiendo derechos que no les
corresponde, y que a la vez, con ello están frenando el desarrollo del país, en la
medida que “obstaculizan la vinculación de capitales” ó de “inversionistas” a las
regiones o zonas de territorios ancestrales. Parece que estas personas no conocen
a fondo la Ley 70 de 1993, la exposición de motivos de la misma y sus decretos
reglamentarios, la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de Naciones Unidas, y que
para ellas el único tipo de propiedad válido es el privado e individual, el único tipo de
desarrollo válido es el industrial capitalista occidental, de las transnacionales y
multinacionales, que durante toda la historia solo ha dejado desolación y pobreza en
los pueblos, y particularmente en nuestras comunidades.
Dado lo anterior, hoy más que nunca se hace urgente desarrollar acciones de masa
de parte del Movimiento Social Afrocolombiano, para exigir al Gobierno Nacional, a
los gobiernos regionales y locales, la inmediata ejecución del Plan de Desarrollo
Integral para Comunidades Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales, el
cumplimiento de los demás mandatos de la Ley 70 de 1993 y de los convenios
internacionales en relación con la debida atención a estas comunidades, su
protección ante las agresiones criminales de los grupos violentos y su reparación
histórica.
4. Reiteramos que se trata de concertar un modelo de desarrollo, que por una parte
limite la acción extractiva sobre los recursos naturales y las técnicas y tecnologías
empleadas no causen impactos dañinos a los ecosistemas, y que por otra parte
permita elevar substancialmente el nivel y la calidad de vida de las comunidades
afrocolombianas, conduciéndolas a condiciones de igualdad real en relación con los
segmentos mayoritarios de la sociedad colombiana.
jlicher001@yahoo.es
Publicación Barómetro 05-07-12
Los contenidos de los análisis publicados por Barómetro Internacional, son responsabilidad de los autores
Agradecemos la publicación de estos artículos citando esta fuente y solicitamos favor remitir
a nuestro correo el Link de la pagina donde esta publicado.
Gracias. barometrointernacional@gmail.com