1. La criminalización como pedagogía del orden
Miércoles 25 de Abril de 2012 Escrito por www.fobomade.org.bo
Zulema Alanes B.
La tecnocracia de derecha se instala en los gobiernos del proceso de cambio, se crean
organizaciones paralelas y las dirigencias indígenas y populares son sometidas a
descalificación y persecución.
La criminalización como pedagogía del orden, parece ser la estrategia que vienen
implementando los denominados gobiernos del proceso de cambio en varios países de
América Latina, según concluye la activista ecuatoriana por los derechos ambientales e
indígenas, Esperanza Martínez.
Acercarse a Bolivia, es como mirar en un espejo al Ecuador, advierte, porque “estamos
viviendo presiones bien parecidas, desde los movimientos sociales le apostamos a procesos
de cambio que no llegaron, sino que nos están costando presión, descalificación,
persecución. Hay procesos de criminalización muy duros. Vivimos cosas en paralelo, por eso
es importante compartir cómo nos estamos arreglando y cómo estamos enfrentando estas
presiones”.
Martínez tiene en su haber una larga trayectoria de articulaciones regionales, en diferentes
temas asociados a los derechos indígenas y ambientales y en muchas campañas entre las
que destaca la que reclama por territorios libres de petróleo.
Llegó a Bolivia para participar en el Foro Debate Internacional "Vivir Bien más allá del
Desarrollo” que, con el auspicio de la Fundación Rosa Luxemburgo, convocó a expertos
internacionales para analizar los desafíos pendientes en Bolivia, Ecuador y Venezuela, países
que se plantearon, con la llegada de fuerzas políticas de izquierda al gobierno, un cambio
social profundo que incluye al modelo de desarrollo que, sin embargo, parece difícil de
concretarse.
En medio de ese debate, estuvo presente el análisis de las luchas indígenas en defensa del
Territorio Indígena y Parque Nacional Isobore Sécure (TIPNIS) y, Esperanza Martínez, no
puede menos que concluir que lo que ocurre en Bolivia se parece mucho a lo que sucede en
el Ecuador, donde “al movimiento indígena lo están golpeando mucho, lo están
criminalizando, todos los dirigentes están acusados de algo – terrorismo, sabotaje, malos
manejos financieros -, algunos compañeros estuvieron hasta 6 meses en la montaña de
clandestinos, para protegerse de las acciones penales del gobierno”.

2. Asegura que las estrategias son similares, en el caso de los indígenas ecuatorianos el
gobierno también desató una campaña con el tema del manejo de recursos, “como
administran muy mal el dinero porque no tienen contadores ni auditores a tiempo completo,
no tienen cuentas claras y, entonces se los chantajea, y se les anuncia procesos por mala
gestión económica, se los vincula con prácticas corruptas del pasado”. La campaña está
dirigida también a los financiadores y a la cooperación internacional, a quienes con el
argumento de la “transparencia” se está presionando para asfixiar económicamente a los
movimientos sociales.
Un estudio del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) del 2011
revela que desde el 2008, Ecuador reporta 20 casos de criminalización por actos contra la
minería a gran escala que se ha convertido en una creciente causa de conflictos, por los
efectos sociales y ambientales. El resultado de estos casos fue que 124 personas fueron
enjuiciadas o son investigadas por obstaculizar vías, invadir tierras, terrorismo y otros. Este
estudio enfatiza que campesinos y dirigentes indígenas y sociales afrontan estas acusaciones
por negarse a abandonar sus tierras para actividades mineras; por acciones de protesta
contra la minería a gran escala y por movilizarse contra la aprobación de la Ley Minera y el
proyecto oficialista de Ley de Aguas en enero de 2009 y mayo de 2010, respectivamente. “La
criminalización ha sido empleada como un mecanismo de control social para intimidar,
neutralizar, inhibir y hostigar cualquier tipo de conducta que cuestione (...) proyectos
extractivistas”, anota este informe.
Este tipo de presiones, según Esperanza Martínez, que vienen acompañadas de
descalificación pública funcionan a nivel psicológico pero también golpean moralmente. El
resultado es que “la gente tiene miedo, a salir a las marchas, a protestar, se han dado cosas
feas, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, cumple una pena de 6
años, acusado por terrorismo, ya lleva dos años y le acaban de ampliar un año más… La idea
es aplicar medidas aleccionadoras”.
“Y todo el entramado de la estrategia deriva en un eslabón final: cooptar a las dirigencias
indígenas y populares, descabezarlas si se resisten, y construir organizaciones paralelas, que
felizmente no tienen larga vida porque las organizaciones no surgen de la nada”, asegura.
Las tensiones entre el movimiento social y el gobierno en Ecuador, son permanentes porque
en los puestos gubernamentales estratégicos se han instalado tecnócratas con pasado de
derecha. “Este gobierno ya dura cinco años, algo que no es propio de nuestra historia
republicana, y a esta altura el único vínculo que le queda con el conjunto de la ciudadanía
son sus políticas de bienestar social que se han traducido en la entrega de “bonos”. Se trata
de bonos insignificantes que a veces apenas alcanzan para cubrir el costo del transporte para
ir a cobrarlos, pero que han permitido al gobierno ganar mucho respaldo y una base social
que le facilita la organización de grandes manifestaciones en oposición a movimientos
sociales tradicionales”, explica la activista.
La renovación del aparato estatal es otra de las estrategias implementadas por el gobierno
de Rafael Correa para asegurarse una base social oficialista. El mecanismo aplicado ha sido
el de las renuncias voluntarias – algo parecido a la relocalización neoliberal implementada en
Bolivia – que, con indemnizaciones de por medio, ha logrado remover del aparato estatal a
un elevado número de médicos, trabajadores en salud y maestros, para sustituirlos por
gente afín al régimen, sostiene Martínez.
Pero el prebendalismo estatal no ha tenido los efectos esperados, como ha quedado
demostrado en la última marcha indígena que se inició con 200 activistas indígenas, y que
aglutinó el apoyo de más de 40 mil personas a su llegada a Quito, el pasado 22 de marzo.
La movilización contra los proyectos gubernamentales que promueven la minería a gran
escala en territorios indígenas, intentó ser saboteada por el gobierno que emitió un decreto
prohibiendo la circulación de buses por territorios indígenas que no porten permiso especial,
el objetivo, explica Esperanza Martínez, era que los indígenas no salgan de sus lugares para
apoyar la marcha. Pero además, el presidente Correa convocó a una contramarcha, colocó
buses para una gran concentración oficialista con la que pretendía enfrentar a los indígenas
el día de su arribo a la capital, “la gente se vino en los buses del gobierno pero se fue a
apoyar la marcha indígena…”.
La lucha no tiene tregua, y desde el aparato estatal se diseñan estrategias para enajenar los

3. recursos naturales, violentar los derechos de los pueblos indígenas, vaciar y ocupar los
territorios para implementar los mismos proyectos de siempre: petróleo, minería, carreteras,
advierte Martínez, a tiempo de admitir que los pueblos indígenas y las organizaciones
populares de América Latina tienen el desafío de articularse de manera más orgánica para
responder a la arremetida de los gobiernos que hoy se distancian de las bases sociales que
los erigieron.