El documento describe la contaminación ambiental causada por la minería en Bolivia y la falta de acción del gobierno de Evo Morales para hacer cumplir las leyes ambientales. Más de 100 organizaciones denuncian que un nuevo proyecto de ley minera debilitaría el control ambiental con el fin de promover la minería. Las comunidades afectadas están cansadas de la contaminación y la falta de respuesta del gobierno.

1. El proyecto de ley de minería, otro golpe a la Madre Tierra
Martes 05 de Junio de 2012 15:18 | Escrito por
horizontesnomadas.blogspot
MÁS DE 100 INSTITUCIONES EXIGEN AL GOBIERNO DE EVO
MORALES QUE NO ANULE SALVAGUARDAS AMBIENTALES DE
LA CPE POR SU AFÁN EXTRACTIVISTA
El proyecto de la nueva ley de minería suprime el rol de la Autoridad
Ambiental Competente para la provisión de licencias al sector minero,
“debilitando notablemente la gestión ambiental y privando al país de
la posibilidad de lograr la sostenibilidad en sus procesos de
desarrollo”, todo con el objetivo de profundizar el modelo
desarrollista extractivista, denunciaron más de 100 instituciones y
organizaciones sociales bolivianas.
La minería es una de las principales causantes del acelerado deterioro
ambiental en Bolivia. La explotación de minerales contamina ingentes
cantidades de agua y suelos con el cianuro empleado en procesos de
lixiviación, provocando un sinnúmero de problemas de salud como
malformaciones y abortos.
Por la “inminente afectación a la salud humana y la seguridad
alimentaria ocasionada por la prolongada presencia de contaminación
y salinización de suelos”, el Presidente Evo Morales declaró a la sub
cuenca de Huanuni en “Situación de Emergencia de carácter

2. Departamental, con aplicación en los Municipios de Huanuni,
Machacamarca, El Choro y Poopó del Departamento de Oruro”,
mediante decreto N. 0335 de octubre de 2009.
Las empresas que operan en Oruro se comprometieron a construir
diques de colas, pero no lo han hecho y el lago Poopo se ha
convertido en un basurero de desechos mineros. Análisis físico
químicos realizados por el Instituto Nacional de Laboratorios
(INLASA) confirmaron altos niveles de contaminación en tres sectores
de la cuenca: Santa Elena, Realenza y el límite Tripartito entre las
provincias Poopó, Cercado y Pantaleón Dalence, en la desembocadura
del río Desaguadero.
El decreto 0335 instruyó a la Prefectura de Oruro y a los Municipios
afectados promover planes, programas y proyectos destinados al
estudio técnico e implementación de políticas de prevención,
mitigación, rehabilitación y recuperación de los impactos negativos al
medio ambiente y a la población en la Sub-Cuenca Huanuni o Río San
Juan del Sora Sora, en coordinación con el Ministerio de Minería y
Metalurgia y la Corporación Minera de Bolivia.
Además, la norma dispuso la adopción de una “Estrategia para la
Recuperación Integral de la Cuenca Huanuni” que nunca se
concretó.La empresa minera Huanuni incumplió su compromiso de
construir un dique de colas y hasta la fecha continúa drenando aguas
ácidas al río. Otra promesa incumplida es el adecuado tratamiento de
las aguas servidas de la ciudad de Oruro, las cuales siguen
contaminando el río Tagarete y el lago Uru-Uru.
Después de más de tres años de incumplimientos, las comunidades
afectadas por la contaminación agrupadas en la Coordinadora en
Defensa del Río Desaguadero Lagos Uru–Uru y Poopó (Coderip)
amenazaron en mayo de 2012 con asumir acciones de hecho para
que las autoridades asuman su responsabilidad. Coderip no descartó
acudir a organismos internacionales como el alto comisionado de los
derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para
iniciar un proceso internacional contra el gobierno de Evo Morales por
incumplimiento de deberes.
“Estamos cansados de esperar, mientras nuestros animales se
mueren, nuestras tierras cada vez son menos fértiles y no hay
resultados a nuestras demandas; esto quiero decirles con toda la
sinceridad, ya no vamos a pedir más reuniones de esta naturaleza,
vamos a demandar internacionalmente, tenemos las vías”, advirtió el
presidente de la Coderip Félix Laime al ministro de Medio Ambiente y
Agua Felipe Quispe.

3. La explotación minera también contamina el río Pilcomayo desde hace
siglos. A la contaminación urbana y minera, que disminuye la
fertilidad de los suelos y los medios de vida de muchas comunidades
indígenas y campesinas, se suma la falta de una política de manejo
integral de la cuenca.
El río Pilcomayo nace con aguas cristalinas en las faldas de las
montañas orientales del departamento de Oruro, y a su paso por
Potosí recibe los desechos de los ingenios mineros. Luego pasa por
Chuquisaca y Tarija llevando no solo la contaminación sino también
sedimentos. Comunidades de Chuquisaca riegan sus cultivos con el
agua del río contaminado, razón por la cual sus productos contienen
niveles de metales pesados por encima de los que indica la norma,
aseguró el coordinador departamental de Lidema René Arancibia.
Según un estudio de la Gobernación de Chuquisaca de diciembre de
2011, los niveles de zinc en zanahorias alcanzaban a 30,31 cuando el
límite permisible por la FAO es 5; mientras que en las remolachas se
detectaron hasta 50,31 de zinc, datos que también fueron obtenidos
en un monitoreo desarrollado por la Comisión Minero Ambiental de
ASE - Lidema.
El 21 de mayo, luego de una verificación de la planta de tratamiento
de aguas en la planta de Sotomayor, en coordinación con la Asamblea
Departamental, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación, Sedes, la
Fiscalía y ASE Lidema, el Municipio de Yamparaez se comprometió a
gestionar recursos para la readecuación del diseño de la planta.
La directora del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Gilka
Guerrero informó que entregarán al Ministerio de Salud un informe
sobre la incidencia de la contaminación en la salud de los pobladores
de las riberas del río Pilcomayo. El fiscal Luis Fernando Ferrufino
recordó que el Ministerio Público “ha iniciado las acciones de
investigación hace bastante tiempo y éste (la inspección) es un paso
más del reconocimiento del lugar y de toma de información para
sustentar una posterior demanda penal”.
El doble discurso del gobierno defensor de la Madre Tierra
Comunidades afectadas por la minería de todo el país están hartas de
enviar cartas al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
exigiéndole que cumpla sus promesas, y sea consecuente con su
discurso medio ambientalista y defienda de verdad a la Madre Tierra.
Cada vez es más notoria la enorme contradicción de las autoridades
del Ejecutivo, que por un lado dicen incentivar la producción
agropecuaria y su industrialización, y por otro fomentan la
explotación minera, sabiendo que la minería y la agropecuaria son
actividades incompatibles.
Prueba de ello es el proyecto de la nueva ley de minería propuesto
por el Ejecutivo, que “debilita notablemente la gestión ambiental” en

4. el país con el objetivo de impulsar el extractivismo, que
paradójicamente fue ampliamente criticado por el propio Presidente
Morales en foros internacionales.
El artículo 132 del proyecto minero, relativo a la Licencia Ambiental,
señala que “el Ministerio de Minería y Metalurgia, en su calidad de
Organismo Sectorial Competente, otorgará la licencia ambiental…
para actividades mineras, debiendo remitir una copia al Ministerio de
Medio Ambiente y Agua con fines de registro”. De esta manera, la
Autoridad Ambiental Competente a Nivel Nacional se convierte en una
simple instancia de registro y teneduría de archivos, denunciaron más
de cien organizaciones de la sociedad civil en un manifiesto público.
(1)
De acuerdo a la denuncia, el parágrafo III del artículo observado
indica que el “monitoreo periódico”, requisito para la actualización de
la Licencia Ambiental, será realizado por el Ministerio de Minería y
Metalurgia, que se constituirá en juez y parte. Debido a la clara visión
extractivista del sector, se perderá la objetividad en relación a la
necesidad de proteger el ambiente y los recursos naturales, así como
prevenir los impactos y amenazas ambientales producto de las
actividades mineras. Esta situación, seguramente impedirá también
que se aplique el principio precautorio “in dubio pro natura”.
Según la denuncia, “el planteamiento resulta inaudito porque no sólo
convierte al Ministerio de Minería y Metalurgia en juez y parte de un
proceso destinado a velar por la protección ambiental, (sino que)
debilita aún más el ya mermado rol de la Autoridad Ambiental
Competente, quitándole una de las razones fundamentales de existir,
y vulnerando la Ley de Medio Ambiente aún vigente”.
Por otro lado, las organizaciones denunciantes afirman que la norma
reduciría a la consulta pública a comunidades afectadas “a un simple
trámite de adecuación de las medidas de mitigación planteadas por la
empresa minera que elabora su EIA, ignorando el sentido de la
Consulta Pública y sometiendo a mayor riesgo a regiones y
comunidades Indígenas Originario Campesinas bajo la presión de
operaciones mineras”, toda vez que el parágrafo II del mismo artículo
establece que “la licencia ambiental se otorgará antes de la
suscripción del contrato o de la licencia de operación, previa
consideración en consulta pública de las medidas de gestión
ambiental establecidas en el proyecto”.
Adicionalmente, el artículo 133 del proyecto de ley minera, referido a
áreas protegidas, dice que los titulares de contratos mineros no
podrán realizar actividades en áreas protegidas y lugares de valor
natural y cultural, “a menos que un estudio de impacto ambiental
establezca que dichas actividades no afectan el cumplimiento de los
objetivos de protección del área, según informe de la instancia
competente”. Lo preocupante es que el Organismo Sectorial
Competente relativizará, en razón de la visión extractivista que lo

5. rige, cualquier información preocupante recogida en el EIA.
Por todas esas razones, el proyecto de ley minera vulnera el enfoque
de defensa de la Madre Tierra y el Vivir Bien, denunciaron las casi
cien entidades firmantes del manifiesto, y exhortaron al gobierno a
revisar su posición y no permitir que el afán desarrollista anule las
salvaguardas ambientales contenidas en la nueva Constitución
Política del Estado Plurinacional y el ordenamiento ambiental vigente.
Entre tanto, varias comunidades y organizaciones afectadas por la
minería, como Coderip, amenazan con demandar al gobierno de Evo
Morales ante tribunales internacionales por negligencia e
incumplimiento de deberes.
Nota:
1. Acción Ambiental, ACT, AGROECODES, Aire Limpio La Pa zQHANA,
Aire Limpio Santa Cruz – FIDES, ALAS, Allin Kausay Tukuypaj,
APACH, APRAB-La Barca-Bolivia, Arcángeles Arte y Cultura, ASE,
Ayllu Cantuyo, CARITAS - Oruro, Carrera de Economía, CDS Molle, CE
Ingeniería Ambiental UCB-Cbba, CE Utasawa, CECASEM, CEDEFOA,
CEDIB, CEDURE, CEEDI, CEPA, CERDET, CETHA Emborozú,
CIDDEBENI, CIEC, CIES, CIMAR, CINEP, Colegio de Biólogos
Cochabamba, Comité Cívico Potosinista, Comité Interinstitucional de
Seguimiento a la Gestión Ambiental Potosí, Comunidad Kochipiacala
Oruro, Comunidad Santo Tomás Oruro, CORIDUP, Cruz Roja Santa
Cruz, Ecochaco, Ecoclubes Santa Cruz, Ecomuseo, FECRUPDI, FIDES,
FNKM, FOBOMADE Chuquisaca, Fundación Ambienta, Fundación
Bosques Para la Vida, Fundación Gaia Pacha, Fundación Hábitat
Verde, Fundación Igualdad, Fundación Lampi, Fundación PUEDAM,
Herencia, HOYAM Mojos, ICBA, Instituto de Ecología UMSA, IYA,
Jóvenes por la Amazonía, Junta Vecinal Nº 10 Potosí, Junta Vecinal
Nº 9 Potosí, Juteko, LIDEMA, Limnología y Recursos Acuáticos UMSS,
MAN-B, MHNNKM, Movimiento Agua y Juventud Bolivia, Movimiento
Sin Fronteras, OCCA, OTB Oploca, PAAC, Patrulla H2O, PCMB,
Pedaleros del Urubó, PRODENA, Programa radio/tv El Bosque es mi
Tesoro, Programas Especiales - Defensoría del Pueblo SCZ, PROMETA,
Promotores Ambientales de los Derechos Indígenas Originarios –
PADIO, QHANA, Red Organizaciones Ambientalistas Chuquisaca –
ROACH, RedNAVA Bolivia, Scouts Bolivia, SEAS UCEBOL, SEMTA,
SEPAMOS, SOBE, Sociedad Geográfica de Potosí, Somos Sur, SOPE,
UATF - Carrera Ingeniería Medio Ambiente, Universidad Domingo
Savio, Universidad Tomás Frías, VIVE, Wayna Pacha – CEPROMIN.
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Raúl Prada Alcoreza
Comuna