El tercer día del Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia, realizado en Bogotá, dio inicio con la presentación de las conclusiones obtenidas en las mesas de trabajo del día 17 de agosto. Posteriormente se expuso el caso de Arauca y se realizaron las denuncias contra la OXY y Ecopetrol. Finalmente, se obtuvo el veredicto emitido por el cuerpo colegiado.

1. Comunicado N°4: Veredicto del Juicio Ético y Político contra el
Despojo en Colombia.
Escrito por REDHER
El tercer día del Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia,
realizado en Bogotá, dio inicio con la presentación de las conclusiones
obtenidas en las mesas de trabajo del día 17 de agosto.
Posteriormente se expuso el caso de Arauca y se realizaron las
denuncias contra la OXY y Ecopetrol. Finalmente, se obtuvo el
veredicto emitido por el cuerpo colegiado.
En primera instancia, Milena Ochoa de la Red de Hermandad y
Solidaridad -REDHER-, y miembro de la comisión metodológica
explicó las conclusiones a las que llegaron las mesas de minería,
hidrocarburos e hidroeléctricas. En éstas se evidenciaron las graves
consecuencias de las políticas extractivistas y el consecuente despojo
que vienen sufriendo los pueblos desde la época de la conquista, que
van acompañadas de violencia, persecución, desplazamiento y
explotación de los trabajadores. Todo ello sucede con el beneplácito
del gobierno nacional, a quién le interesa ampliamente promover la
inversión extranjera, la cual convierte en mercancías los bienes
comunes de la naturaleza y del pueblo, añadió Ochoa.
Por lo anterior, la mesa de minería denuncia a las empresas Río Paila
Castilla, Mónica Semillas y empresas multinacionales mineras,
energéticas y petroleras por cambiar y violar la ley, con el fin de
apropiarse de millones de hectáreas; por militarizar los territorios con
ayuda de fuerzas militares estatales y paraestatales que desatan
lógicas de seguridad privada; por el uso de plataformas ideológicas
con el apoyo de medios de comunicación, que se dirigen a poner de

2. acuerdo a la población con las lógicas de las transnacionales; trabas
burocráticas para la legalización de los pequeños mineros; extorsión
de los pequeños mineros por parte de grupos armados y diferentes
servidores públicos al servicio de los capitalistas; iniquidad en las
normas ambientales entre los pequeños mineros y las
multinacionales; transformación violenta del uso del suelo y la
vocación agropecuaria, poniendo en riesgo la seguridad y soberanía
alimentaria; explotación de uranio y minerales estratégicos y pérdida
absoluta de la soberanía del Estado sobre los mismos; creación de
empresas de papel para evadir impuestos y obtener subsidios
estatales; compra de pequeñas empresas mineras; cambio de razón
social de empresas para repercusiones judiciales y testaferrato;
destrucción de las fuentes de agua y páramos, como el de Pisba en
Boyacá.
Por su parte, la mesa de hidrocarburos denuncia: Caso del poliducto
de la provincia de Lengupá en Boyacá y sus impactos sociales,
políticos y culturales; caso Acacías en el departamento del Meta, por
apropiación de las aguas de los ríos planas y piyabá; caso vereda los
Kioskos en Puerto Gaitán, Meta, por secamiento de rios y quebradas,
militarización y deterioro del tejido social; caso Puerto López – Meta,
por que Ecopetrol se ha puesto al servicio de las transnacionales y no
cumple su función económica y social.
En cuanto a las hidroeléctricas, se denuncia que la política energética
se enmarca en políticas inversionistas del gobierno y de empresas
como la Epsa, Emgesa, Endesa, Epm, Isa e Isagen; pues la
producción de energía con centrales hidroeléctricas son un negocio y
no un servicio, son creadas para la exportación y no para la
necesidades del país. Se plantea necesario cuestionar la
responsabilidad social y ambiental de las multinacionales en los
territorios donde construyen los proyectos, pues se denuncia una
falta de visión social de ellos. Además, NO EXISTE CONSULTA PREVIA
O POPULAR; la explotación de recursos se decide y se pone en
marcha por el gobierno y luego se socializa, sin tener en cuenta la
opinión de los pueblos. Estas implementaciones van acompañadas
con presencia militar que pone en riesgo la vida de los habitantes de
los territorios. Por ello se hace un llamado a no aceptar la energía de
hidroeléctricas como energía limpia o alternativa, a visibilizar la
verdadera responsabilidad social y a organizarse para desenmascarar
la responsabilidad del gobierno colombiano.
En segundo lugar, se presentó Luis Alfredo Cedeño, indígena Sikuani,
quien denuncia el caso de la Oxy y su afectación en la Laguna de
Lipa, en Caño Limón, departamento de Arauca. Se hacen acusaciones
contra la transnacional Occidental Petroleum Corporation y Ecopetrol
por ecocidio: por vulneración de derechos colectivos y del medio

3. ambiente debido a daños ambientales y fallas en tratamiento de
agua; intervención irregular de la zona cuando se encontraba bajo la
figura de reserva natural; la incidencia en entidades gubernamentales
para levantar “figura de reserva” de la laguna de Lipa; vertimiento de
aguas contaminadas y altas temperaturas en esteros, caños y
lagunas (el agua que se vierte esta de 57° a 61° centígrados -50%
superior al permitido- , lo que ha ocasionado muerte de animales);
contaminación de fuentes hídricas subterráneas; construcción de
infraestructura vial que obstruye flujo natural del agua;
envenenamiento y alteración del sistema de lagunas; construcción
de infraestructura nueva a partir de contrato Chipirón que afecta
26,738 hectáreas; construcción de plataformas con vías férreas
dentro de la laguna de Lipa.
También se les denuncia por etnocidio: por amenazar la
supervivencia cultural de los pueblos Sikuani, Makaguani, Hitnu,
Betoy, U`wa, Inga y pobladores campesinos; vulneración de
derechos, de identidad cultural, de libre determinación y no consulta
a los pueblos originarios y campesinos; vulneración del derecho a la
vida de pueblos indígenas a través del pago a fuerzas privadas de
represión; por ocupación y usurpación de territorios ancestrales y
sagrados del cual fueron expulsados los habitantes; por vulneración a
la libre circulación; por violación a los derechos humanos; por
enfermedades y malformaciones que genera la contaminación en los
pobladores. Se acusa al Estado, a la Oxy y su filial por participar en
atropellos contra pobladores de Arauca e intervenir en el conflicto
armado interno. Se les acusa también por detrimento del patrimonio
de la nación, por prorroga injustificada del contrato en el que se
otorga licencia y posibilidad de explotación en la zona; y por
amenazas directas de la Pacific Rubiales a los pueblos Hitnu, Sikuani,
Makaguani, y políticas que afectan también a los pueblos Betoy,
U`wa e Inga.
Para dar cierre a este evento ético y político, Susana Deranger,
Manuel Vega Vargas y Eduardo León Gómez, integrantes del cuerpo
colegiado, y tras unaexposición general de las conclusiones extraídas
por, hacen público el siguiente veredicto que, Alberto Castilla,
Coordinador Nacional Agrario dice que el juicio debe convertirse en
una plataforma de lucha para el pueblo colombiano en la defensa de
nuestros territorios, ya que “a partir de mañana (19 de agosto) la
tarea de éste juicio continúa”, pues es el fortalecimiento de la
consciencia política del movimiento popular.
Veredicto:
En cuerpo colegiado condena a las empresas Anglo Gold Ashanti,

4. Pacific Rubiales y subsidiaria en Meta por la violación de los
siguientes derechos humanos:
Violaciones graves a los derechos naturales; violación a la libertad de
asociación sindical; violación al derecho a la protesta social;
desprecio de la dignidad y la vida de los trabajadores y las
comunidades, y por ser instigadores de asesinatos selectivos de
dirigentes sindicales, indígenas y organizadores sociales; violación al
derecho a la alimentación, por violación de los derechos colectivos a
la tierra, los recursos naturales, los derechos de participación,
especialmente de la consulta previa; violación de los derechos
culturales, espirituales y ancestrales, así como , al desarrollo propio y
autónomo de los pueblos originarios; violación a la legislación
ambiental vigente; cercamiento de ríos y caños, daños irreversible en
los ecosistemas que afectan, flora y fauna.
Los condena por crímenes financieros, como evasión sistemática de
impuestos, desfalco al estado en materia de regalías; por injerencia
en transformación de políticas públicas para su beneficio. Condena al
gobierno colombiano por entregar amplios territorio a transnacionales
para explotar bienes de la naturaleza, comprometiendo la seguridad y
soberanía del país; por violar derechos a los derechos humanos a la
vida, la salud, la alimentación, organización, protesta social, trabajo,
libre movilidad y permanencia en los territorios; por violar derechos
de pueblos indígenas y campesinos; por violar derecho al agua, a la
salud, ambiente sano y derechos sexuales; por organización y
fortalecimiento de grupos paramilitares para implementación de
políticas extractivistas, la explotación de recursos naturales; por el
empobrecimiento generalizado de amplias capas de la población; por
violación de convenios internacionales de derechos humanos y los
derechos de los pueblos.
Se recomienda al movimiento social popular mantener el proceso de
denuncia y resistencia contra la actividad económica depredadora de
las transnacionales.