1. COMISIÓN DE LA VERDAD Y
RECONCILIACIÓN (PERÚ)
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
fue una comisión peruana encargada
principalmente de elaborar un informe sobre la
violencia armada interna, vivida en el Perú
durante el periodo entre los años 1980 y 2000.
Fue creada en junio de 2001 por el presidente
provisional Valentín Paniagua, convocando a
diferentes miembros de la sociedad civil. Fue
presidida por Salomón Lerner Febres, entonces
rector de la Pontificia Universidad Católica del
Perú.

2. Además de la investigación de la violencia
terrorista de Sendero Luminoso y el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), intentó
profundizar en las causas de esa violencia y en la
dura represión militar contra estos movimientos
terroristas, que cobró principalmente víctimas
civiles en este fuego cruzado. Para ello, recogió
el testimonio de 16,985 personas y organizó 21
audiencias con las víctimas de la violencia, a las
que asistieron más de 9,500 personas. El
Informe Final se hizo público el 28 de agosto del
2003, ante el presidente peruano Alejandro
Toledo.

3. Dr. Salomón Lerner Febres - Presidente de la CVR.
Doctor en Filosofía y rector emérito de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Dr. Beatriz Alva Hart - Abogada y ex congresista de
la república.
Dr. Rolando Ames Cobián - Sociólogo, investigador y
analísta político. Ex senador de la República.
Monseñor José Antúnez de Mayolo - Sacerdote
salesiano, ex administrador Apostólico de la
Arquidiócesis de Ayacucho.
Tnte. Gral. FAP (r) Luis Arias Grazziani - Experto en
temas de seguridad nacional.

4. Dr. Enrique Bernales Ballesteros - Doctor en Derecho,
constitucionalista, Director Ejecutivo de la ONG Comisión Andina de
Juristas. Ex Congresista de la República
Dr. Carlos Iván Degregori Caso - Antropólogo, profesor de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Instituto de
Estudios Peruanos.
Padre Gastón Garatea Yori - Sacerdote de los Sagrados Corazones y
Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
Pastor Humberto Lay Sun - Arquitecto, líder de las Asambleas de Dios,
denominación evangélica del Concilio Nacional Evangélico CONEP.
Sra. Sofía Macher Batanero - Socióloga, ex Secretaria Ejecutiva de la
ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Ing. Alberto Morote Sánchez - Ex Rector de la Universidad San
Cristóbal de Huamanga.
Ing. Carlos Tapia García - Investigador y analista político. Ex Diputado
de la República.
Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi en calidad de observador -
Obispo de Chimbote y ex Presidente de la Conferencia Episcopal
Peruana.

5. EL INFORME
El informe final se presentó el 28 de agosto del 2003
en una ceremonia realizada en el Palacio de
Gobierno. Este consta de nueve tomos donde se
detallan los hechos sucedidos durante los veinte
años que cubre el informe. Consta de tres partes
principales: La primera donde se relata el proceso,
los hechos y las víctimas. La segunda, que relata los
factores que permitieron que se desarrolle el
conflicto. Y la tercera que explica las secuelas del
conflicto y se postulan las recomendaciones para
que estos eventos no se repitan. A pesar de los
esfuerzos de la CVR, la sociedad civil ha sido muy
indiferente a esta iniciativa.

6. LA MAGNITUD Y EXTENSIÓN DEL CONFLICTO
El conflicto armado producido entre 1980 y el 2000 es el
conflicto de mayor duración, impacto y el de mayor costo,
tanto humano como económico, en la historia del Perú. El
costo estimado en vidas humanas es aproximadamente
69,280 personas, entre muertos y desaparecidos. La
causa del conflicto fue la decisión del Partido Comunista
del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una guerra
popular contra el Estado peruano. Esta guerra se produjo
en el momento en que la sociedad peruana iniciaba una
transición democrática, luego de doce años de una
dictadura militar, que era respaldada por la mayoría de la
población y los principales partidos políticos.

7. El PCP-SL causó el 54% de las víctimas fatales reportadas
a la CVR.[ Su estrategia de combate implicó el uso
sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y
terror. El Estado peruano, no tuvo capacidad para
contener el avance de la subversión y los gobiernos civiles
dejaron que el conflicto se militarice al dejar la
conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las
Fuerzas Armadas. La CVR concluyó que la lucha
contrasubversiva se realizó sin tomar las precauciones
necesarias para evitar el atropello de los derechos
fundamentales de la población civil. Incluso, las
autoridades desatendieron las denuncias de violación de
los Derechos Humanos y se llegó a facilitar la impunidad
de los responsables. Las Fuerzas Armadas son
responsables del 37% de los muertos y desaparecidos
reportados a la CVR.

8. Otro factor a considerar es la aparición del fenómeno del
narcotráfico durante el mismo periodo. La magnitud de
éste y la respuesta de las Fuerzas Armadas provocó que la
zona del Alto Huallaga fuese uno de los mayores
escenarios del conflicto interno.
La distribución geográfica del conflicto, el cual se
concentró en las zonas más pobres del Perú, provocó una
sensación de exclusión e indiferencia. Las principales
ciudades, en especial las de la costa, no estuvieron en el
centro del conflicto. Fueron las zonas rurales y las más
pobres las que tienen el mayor costo en vidas humanas.
Esto no significa que la pobreza sea la causa del conflicto
sino que son los sectores más pobres los más vulnerables
a la violencia armada.

9. La violencia tampoco se distribuyó equitativamente a lo
largo de los años. Existen dos picos que marcan diferentes
etapas del conflicto armado. El primero, 1984
corresponde con el momento de mayor intensidad y de
mayor número de muertos. Éste representa el inicio del
conflicto y se centra esencialmente en el departamento
de Ayacucho. El segundo, 1989, corresponde con un
recrudecimiento de la violencia, luego de un periodo
entre 1986 y 1987 de mediana calma, a partir del cual se
mantiene una violencia casi constante hasta 1992, año de
la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Durante esta
fase, a pesar de que la violencia no llegó a los mismos
niveles de 1984, si se expandió a la mayor parte del país.
La estimación estadística de la pérdida de vidas humanas
fue cuestionada en el año 2009 por el entonces
vicepresidente, Luis Giampietri

10. CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO Y RECOMENDACIONES
DE LA CVR
Se concluyó que durante los años de guerra
murieron alrededor de 70 mil personas, de las
cuales más de 20 mil resultaron ser víctimas de
las fuerzas armadas. Los gobiernos de Fernando
Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori tenían
responsabilidad en la represión, aunque la
mayoría de las violaciones de derechos
humanos, y las más atroces, se produjeron
durante los dos primeros gobiernos.

11. CRITICAS
A diferencia de lo ocurrido con grupos similares
creados en otros países, en el Perú la Comisión de
la Verdad y Reconciliación no recibió una
aceptación unánime de la sociedad, pues existió
escepticismo y hasta rechazo en importantes
sectores de la misma. Partidos políticos como el
grupo fujimorista, el Partido Aprista Peruano[15] y
el PPC han mostrado en mayor o menor grado sus
reparos frente a algunas de las conclusiones de la
CVR. Asimismo, algunas personalidades han
formulado también reservas frente a aspectos
puntuales del trabajo de la Comisión. Así por
ejemplo:

12. La CVR ha sido criticada por denominar
"conflicto armado interno" a lo que para el
grueso de la población peruana fue simplemente
terrorismo. Dicho cuestionamiento se basa en
que la nomenclatura usada por la CVR podría ser
interpretada como una forma de conceder a las
organizaciones terroristas un status de grupos
beligerantes que no les corresponde, en
contraposición a la designación de grupo
terrorista que le otorgan el Estado Peruano y la
comunidad internacional[17

13. Se le cuestiona haber calificado el accionar de
las Fuerzas Armadas del Perú en su combate al
terrorismo como una práctica "sistemática y
generalizada" de violación de derechos
humanos. Esto ha sido rechazado por los
principales partidos políticos peruanos como el
APRA y el PPC, cuya lideresa Lourdes Flores
Nano manifestó: "No estoy entre quienes
satanizan a la Comisión de la Verdad [sin
embargo] discrepo con que se haya afirmado
que haya habido una violación sistemática de los
derechos humanos, creo que [esto] no ocurrió".

14. Existe controversia en torno a la cifra de muertos y
desaparecidos presentada en el Informe Final. La
cifra de muertos y desaparecidos que oficialmente
se manejaba era de 23,969 personas y la estimación
obtenida mediante la técnica de Estimación de
Mútiples Sistemas usada por la CVR elevó
enormemente esa cifra a 69,280 (intervalo de
confianza al 95% entre 61,007 y 77,552).Algunos
detractores critican el hecho de que se haya
presentado una estimación estadística en lugar de
un conteo, mientras que otros opinan que incluso la
estimación en sí misma es incorrecta. En 2012, uno
de los integrantes de la CVR, el jurista Enrique
Bernales Ballesteros, reconoció que el informe
podría tener yerros metodológicos.. En se puede
encontrar respuestas éstas y otras críticas similares.

15. • Se conformó el movimiento ciudadano Para
Que no se Repita, para realizar un
seguimiento al desarrollo y aplicación de las
recomendaciones de la CVR.
• Se ha anunciado la inclusión del Informe Final
de la CVR en la nueva currícula de Educación
Secundaria en Perú para el 2013, según dijo
el viceministro de Gestión Institucional del
Ministerio de Educación, Fernando Bolaños
Galdos en noviembre de 2012[24]

16. En el transcurso de las pasadas elecciones
presidenciales, el actual presidente Ollanta
Humala anuncio que iba a seguir las
recomendaciones de la Comisión (a pesar de
estar siendo juzgado por los indicios de su
implicación en violaciones a los derechos
humanos en la zona de Madre Mía) mientras
que Alan García ha mostrado una actitud menos
receptiva, incluyendo como candidato a la
vicepresidencia al vicealmirante Luis Giampetri,
implicado en la matanza de las prisiones en
1986, de la que también es acusado el propio
García por dar la orden de represión de los
presos amotinados.

17. La elección como presidente de Alan García,
muchas veces acusado con respecto a
violaciones a los derechos humanos durante
su gobierno de 1985 a 1990 ha puesto en tela
de juicio la aplicación de las
recomendaciones de la comisión; dado que
existe la posibilidad que en su nuevo
gobierno se dé una amnistía general hacia los
militares juzgados por crímenes de lesa
humanidad(perjudicada, dañada, herida,
agraviado).