Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
Comisión de la verdad y reconciliación
1. 1
AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Alumna:
Vanesa Rodríguez Rivas
Año: 5to “B”
Profesor:
Giovanna Villadesa
Curso: Formación cívica y ciudadana
2. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue una comisión peruana
encargada principalmente de elaborar un informe sobre la violencia armada
interna, vivida en el Perú durante el periódo entre los años 1980 y 2000. Fue
creada en junio de 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua,
convocando a diferentes miembros de la sociedad civil. Fue presidida por Salomón
Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Además de la investigación de la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), intentó profundizar en las
causas de esa violencia y en la dura represión militar contra estos movimientos
terroristas, que cobró principalmente víctimas civiles en este fuego cruzado. Para
ello, recogió el testimonio de 16985 personas y organizó 21 audiencias con las
víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9500 personas. El Informe
Final se hizo público el 28 de agosto del 2003, ante el presidente peruano
Alejandro Toledo.
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Integrantes
3. •Dr. Salomón Lerner Febres - Presidente de la CVR. Doctor en Filosofía y
rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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•Dr. Beatriz Alva Hart - Abogada y ex congresista de la república.
•Dr. Rolando Ames Cobián - Sociólogo, investigador y analísta político. Ex
senador de la República.
•Monseñor José Antúnez de Mayolo - Sacerdote salesiano, ex
administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Ayacucho.
•Tnte. Gral. FAP (r) Luis Arias Grazziani - Experto en temas de seguridad
nacional.
•Dr. Enrique Bernales Ballesteros - Doctor en Derecho, constitucionalista,
Director Ejecutivo de la ONG Comisión Andina de Juristas. Ex Congresista
de la República
•Dr. Carlos Iván Degregori Caso - Antropólogo, profesor de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Instituto de Estudios
Peruanos.
•Padre Gastón Garatea Yori - Sacerdote de los Sagrados Corazones y
Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
•Pastor Humberto Lay Sun - Arquitecto, líder de las Asambleas de Dios,
denominación evangélica del Concilio Nacional Evangélico CONEP.
•Sra. Sofía Macher Batanero - Socióloga, ex Secretaria Ejecutiva de la ONG
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
4. •Ing. Alberto Morote Sánchez - Ex Rector de la Universidad San Cristóbal
de Huamanga.
•Ing. Carlos Tapia García - Investigador y analista político. Ex Diputado de
la República.
•Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi en calidad de observador - Obispo
de Chimbote y ex Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.
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El informe
El informe final se presentó el 28 de agosto del 2003 en una ceremonia realizada
en el Palacio de Gobierno. Este consta de nueve tomos donde se detallan los
hechos sucedidos durante los veinte años que cubre el informe. Consta de tres
partes principales: La primera donde se relata el proceso, los hechos y las
víctimas. La segunda, que relata los factores que permitieron que se desarrolle el
conflicto. Y la tercera que explica las secuelas del conflicto y se postulan las
recomendaciones para que estos eventos no se repitan. A pesar de los esfuerzos
de la CVR, la sociedad civil ha sido muy indiferente a esta iniciativa.
La magnitud y extensión del conflicto
El conflicto armado producido entre 1980 y el 2000 es el conflicto de mayor
duración, impacto y el de mayor costo, tanto humano como económico, en la
historia del Perú. El costo estimado en vidas humanas es aproximadamente
69,280 personas, entre muertos y desaparecidos. La causa del conflicto fue la
5. decisión del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar
una guerra popular contra el Estado peruano. Esta guerra se produjo en el
momento en que la sociedad peruana iniciaba una transición democrática, luego
de doce años de una dictadura militar, que era respaldada por la mayoría de la
población y los principales partidos políticos.
El PCP-SL causó el 54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Su
estrategia de combate implicó el uso sistemático y masivo de métodos de extrema
violencia y terror. El Estado peruano, no tuvo capacidad para contener el avance
de la subversión y los gobiernos civiles dejaron que el conflicto se militarice al
dejar la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las Fuerzas
Armadas. La CVR concluyó que la lucha contrasubversiva se realizó sin tomar las
precauciones necesarias para evitar el atropello de los derechos fundamentales de
la población civil. Incluso, las autoridades desatendieron las denuncias de
violación de los Derechos Humanos y se llegó a facilitar la impunidad de los
responsables. Las Fuerzas Armadas son responsables del 37% de los muertos y
desaparecidos reportados a la CVR .
Otro factor a considerar es la aparición del fenómeno del narcotráfico durante el
mismo periodo. La magnitud de éste y la respuesta de las Fuerzas Armadas
provocó que la zona del Alto Huallaga fuese uno de los mayores escenarios del
conflicto interno.
La distribución geográfica del conflicto, el cual se concentró en las zonas más
pobres del Perú, provocó una sensación de exclusión e indiferencia. Las
principales ciudades, en especial las de la costa, no estuvieron en el centro del
conflicto Fueron las zonas rurales y las más pobres las que tienen el mayor costo
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6. en vidas humanas. Esto no significa que la pobreza sea la causa del conflicto sino
que son los sectores más pobres los más vulnerables a la violencia armada.
La violencia tampoco se distribuyó equitativamente a lo largo de los años. Existen
dos picos que marcan diferentes etapas del conflicto armado. El primero, 1984
corresponde con el momento de mayor intensidad y de mayor número de muertos.
Éste representa el inicio del conflicto y se centra esencialmente en el
departamento de Ayacucho. El segundo, 1989, corresponde con un
recrudecimiento de la violencia, luego de un periodo entre 1986 y 1987 de
mediana calma, a partir del cual se mantiene una violencia casi constante hasta
1992, año de la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Durante esta fase, a pesar
de que la violencia no llegó a los mismos niveles de 1984, si se expandió a la
mayor parte del país.
La estimación estadística de la pérdida de vidas humanas fue cuestionada en el
año 2009 por el entonces vicepresidente, Luis Giampietri.
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Las organizaciones terroristas
Sendero Luminoso
La organización subversiva y terrorista autodenominada Partido Comunista del
Perú fue la iniciadora y principal causante de la violencia durante el periodo de
1980 y 2000. Fue responsable del 54% de los muertos y desaparecidos
reportados a la CVR. Se estima que la cifra total de víctimas fatales ocasionadas
por Sendero asciende a 31,331 personas, lo que representa aproximadamente el
46% de víctimas fatales de este conflicto.
Sendero Luminoso surgió como una facción de la tradición maoísta en el Perú
producto de las sucesivas rupturas ideológicas del movimiento comunista
internacional. Un hito fundamental fue el debate acerca del uso de la violencia
como medio para la revolución entre el movimiento chino y el movimiento
soviético. En el Perú este debate se expresó con la división del Partido Comunista
Peruano entre Unidad (pro-soviético) y Bandera Roja (pro-chino). Abimael
Guzmán tomó partido, en ese entonces por Bandera Roja.
La ideología de Sendero tomaba supuestamente como base la ideología de los
pro-chinos, o sea el Maoísmo. Otro aspecto importante de la ideología senderista
era que mantenían la verticalidad como principio. Es decir, su estructura
organizacional estaba conformada por pequeños núcleos cohesionados
7. ideológicamente, los cuales eran fuertemente dependientes del Partido (Sendero
Lumninoso).
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El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (o MRTA) también fue responsable de
la violencia sufrida en el Perú durante las últimas décadas del siglo XX. Esta
organización subversiva desato una guerra revolucionaria en 1984, momento en el
cual el Perú se encontraba consolidando un proceso democrático que era apoyado
por la mayoría de la población. El MRTA es responsable del 1.8% de las muertes
producidas durante ese periodo.6 El MRTA organizó el Ejército Popular
Tupacamarista el cual estaba conformado por columnas de guerrilleros
uniformados y con armamento de guerra. A pesar de proclamar que respetarían
las Convenciones de Ginebra en sus acciones armadas, el MRTA cometió graves
violaciones a los derechos humanos, como asesinatos y secuestros.
Las Fuerzas de seguridad del Estado
Los gobiernos de la década de 1980 fracasaron al organizar una estrategia
contrasubversiva eficaz, que pudiera derrotar a las organizaciones terroristas y
que respetara los derechos humanos. Se cometieron errores de diagnostico y de
estrategia. Recién a comienzos de la década de 1990 se logró establecer una
estrategia que privilegiara la colaboración con la población civil y el uso de la
inteligencia, lo que llevó a la derrota de las organizaciones subversivas.
Los cuerpos policiales
Fueron los primeros blancos de ataques de sendero luminoso, ya que en algunas
comunidades de los andes eran los únicos representantes del estado. Al
8. eliminarlos SL buscaba crear un nuevo poder. El estado respondió organizando
patrullas contrasubversivas, comandos especializados en destruir al enemigo
antes que en proteger a la población. Durante este proceso la Policía Nacional se
sometió al mando de las Fuerzas Armadas. De esta manera se convirtieron en una
fuerza auxiliar. A partir de finales de la década de 1980, priviligiaron las tareas de
investigación. Esto contribuyó de manera significativa al fin de la guerra interna, al
permitir la captura de la cúpula de Sendero Luminoso.
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Las Rondas Campesinas
Las Fuerzas Armadas
Los gobiernos
Gobierno de Fernando Belaunde Terry
Gobierno de Alan García Pérez
Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori
Consecuencias del Conflicto y Recomendaciones de la
CVR
Se concluyó que durante los años de guerra murieron alrededor de 70 mil
personas, de las cuales más de 20 mil resultaron ser víctimas de las fuerzas
armadas. Los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori
tenían responsabilidad en la represión, aunque la mayoría de las violaciones de
derechos humanos, y las más atroces, se produjeron durante los dos primeros
gobiernos.
Críticas
• Existe controversia en torno a la cifra de muertos y desaparecidos
presentada en el Informe Final. Algunos detractores critican el hecho de que se
haya presentado una estimación estadística en lugar de un conteo simple,
mientras que otros opinan que la estimación es incorrecta. La cifra de muertos y
desaparecidos reportados a la CVR es de 23,969 personas y la estimación
obtenida mediante la técnica de Estimación de Mútiples Sistemas es de 69,280
(intervalo de confianza al 95% entre 61,007 y 77,552). En se puede encontrar
respuestas éstas y otras críticas similares.
9. • El gobierno peruano, a pesar de que fue quien creó esta comisión, no ha
aplicado las recomendaciones hechas por la CVR.
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Su repercusión en la actualidad
• Se conformó el movimiento ciudadano Para Que no se Repita, para realizar
un seguimiento al desarrollo y aplicación de las recomendaciones de la CVR.
• Se ha anunciado la inclusión del Informe Final de la CVR en la nueva
currícula de Educación Secundaria en Perú para el 2013, según dijo el
viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Fernando
Bolaños Galdos en noviembre de 2012.
• En el transcurso de las pasadas elecciones presidenciales, el actual
presidente Ollanta Humala anuncio que iba a seguir las recomendaciones de la
Comisión (a pesar de estar siendo juzgado por los indicios de su implicación en
violaciones a los derechos humanos en la zona de Madre Mia), mientras que Alan
García ha mostrado una actitud menos receptiva[cita requerida], incluyendo como
candidato a la vicepresidencia al vicealmirante Luis Giampetri, implicado en la
matanza de las prisiones en 1986, de la que también es acusado el propio García
por dar la orden de represión de los presos amotinados.
• La elección como presidente de Alan García, muchas veces acusado con
respecto a violaciones a los derechos humanos durante su gobierno de 1985 a
1990 ha puesto en tela de juicio la aplicación de las recomendaciones de la
comisión; dado que existe la posibilidad que en su nuevo gobierno se dé una
amnistía general hacia los militares juzgados por crímenes de lesa humanidad.
• La muestra Yuyanapaq, un registro visual del conflicto inaugurado por la
Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003, fue visitada por más de cien mil
peruanos en la Casa Riva Agüero de Chorrillos, Lima. Yuyanapaq ha sido
exhibida dentro y fuera del Perú y actualmente se exhibe en el Museo de la
Nación. Esta muestra formará parte del Museo de la Memoria del Perú.