Reflexiones de un bloguero laboralista sobre el empleo y la formación. Recopilación de entradas publicadas desde el 9 de septiembre de 2007 al 9 de septiembre de 2014 (II).

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Reflexiones de un bloguero laboralista sobre el empleo y la formación. Recopilación de entradas publicadas desde el 9 de septiembre de 2007 al 9 de septiembre de 2014 (II). Eduardo Rojo Torrecilla. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. 13 de septiembre de 2014. SEGUNDA PARTE: DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
67. El Comité de las Regiones de la Unión Europea ante el post-Lisboa y la mejora de la empleabilidad de la población trabajadora (27 de enero de 2010).
1. En la sesión plenaria del Comité de las Regiones de la Unión Europea celebrada los días 3 y 4 de diciembre de 2009 se aprobó un importante dictamen sobre ―El futuro de la Estrategia de Lisboa después de 2.010‖, texto que es la conclusión de un amplio proceso de consultas abiertas en marzo del mismo año para que todos los entes locales y regionales que así lo desearan pudieran manifestar su parecer sobre qué líneas y qué objetivos debe tener la nueva estrategia de desarrollo sostenible que sustituirá a la Estrategia de Lisboa. El resultado de gran parte de las respuestas recibidas durante el período de consulta se ha recogido en un extenso documento que fue presentado públicamente el día 6 de octubre. Buena parte de sus aspectos más destacados han sido recogidos en el Dictamen del CR, por lo abordaré el examen de este último, básicamente desde la perspectiva de su contenido laboral, sin perjuicio de acudir al texto que efectúa la síntesis de las respuestas cuando ello sea conveniente para clarificar o ampliar algún punto concreto del Dictamen. 2. Pero antes de acudir a los documentos comunitarios, formulo unas reflexiones propias de carácter conceptual sobre la mejora de la empleabilidad de la población trabajadora para entender mejor después algunas de las propuestas presentadas por los entes regionales y locales. Una parte importante del ordenamiento jurídico laboral regula las condiciones de trabajo de aquellas personas trabajadoras que ya han formalizado el vínculo contractual con el sujeto empleador, mientras que otra no menos importante del régimen jurídico de protección social regula la protección, básicamente económica, que se concede a las personas afectadas por la extinción de dicho vínculo con independencia de la causa que lo haya provocado, aunque no es menos cierto que esa protección puede extenderse a

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quienes aún no han accedido al mercado de trabajo y a quienes anteriormente no estaban vinculados por una relación contractual asalariada pero que se han visto obligados a cesar en su actividad por cuenta propia. En el primer supuesto nos encontramos ante el supuesto de un trabajador por cuenta ajena que debe permanentemente, y mucho más en el proceso acelerado de cambio económico que estamos viviendo desde hace varios años, mejorar y fortalecer su empleabilidad, tanto para incrementar sus perspectivas de permanencia en la empresa para la que presta sus servicios como para poder incorporarse a otra empresa, del mismo o distinto sector de actividad, en el supuesto de que se viera obligado a abandonar la primera. En el segundo, ya estamos ante una situación socialmente más complicada, cual es la de una persona desempleada que también necesita de una mejora de su empleabilidad en la mayor parte de las ocasiones para poder tener expectativas razonadas y razonables de reincorporarse a la vida laboral. Es cierto que los proceso de mejora de la empleabilidad deben darse en cualquier momento de la vida laboral de una persona, y mucho mejor si ello se produce mientras esta forma parte de la población ocupada, pero no lo es menos que su importancia se acrecienta cuando nos encontramos ante procesos de crisis y reestructuraciones empresariales que en la mayor parte de las ocasiones pueden provocar reajustes de plantilla, aunque no necesariamente en términos de reducción de empleo. Los ejemplos recientes de modificación de la normativa laboral española para dar un mayor espacio de intervención a las medidas que privilegian la suspensión contractual o la reducción de la jornada de trabajo frente al mecanismo extintivo son un claro ejemplo de ello. Es por todo ello que la mejora de la empleabilidad debe predicarse tanto a favor de los trabajadores asalariados que permanecen, y desean permanecer, en el mercado de trabajo, como de quienes se han visto expulsados del mismo y desean reincorporarse. Es tarea básica de los poderes públicos, con la contribución de otros sujetos colectivos, sentar las bases para que ello sea posible, en unas ocasiones a través de la incentivación de las medidas formativas preventivas mientras se desarrolla la actividad laboral, y en otras mediante la justa y adecuada combinación del derecho que le asiste a una persona desempleadas de percibir una prestación económica, contributiva o asistencial, para proteger temporalmente su falta de percepción de una remuneración por el trabajo que ha dejado de realizar, con la obligación de los poderes público de adoptar las medidas adecuadas para posibilitar que estas personas que perciben prestaciones puedan formarse adecuadamente para volver a la vida laboral. Por consiguiente, se trata de examinar cómo puede mejorarse la empleabilidad de un trabajador, o de una persona desempleada, como vía para facilitar tanto un incremento de sus competencias, conocimientos y aptitudes profesionales como, y ello es especialmente importante, para lograr su participación en la vida laboral, y también un uso lo más eficiente posible de los recursos públicos destinados a cubrir las necesidades de las personas desempleadas. Aquí es donde quiero destacar que es cada vez más creciente la implicación de las Administraciones Locales en la aplicación, ejecución y desarrollo de políticas de empleo, aunque estén dotadas de un mínimo marco legal propio para llevar a cabo dicha actividad. Las Administraciones Locales cada vez tienen más que hacer y decir sobre las políticas de empleo, y en el ámbito español véase, a título de ejemplo significativo, la importante intervención de tales administraciones en la ejecución de las políticas de empleo puestas en marcha en el marco de las acciones

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llevadas a cabo a partir de la creación del Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y del empleo, así como también las que se pondrán en marcha con el nuevo fondo estatal para el empleo y sostenibilidad local. 3. Una idea clave del Dictamen del CR es la necesidad de poner en marcha, en el marco de un amplio proceso de cambios estructurales que requiere la economía europea, ―unas políticas activas en el sector del mercado laboral que fomenten la transición hacia una economía ecológica‖. Igualmente, hay que conseguir que la nueva estrategia comunitaria apueste por la consecución de un elevado nivel de calidad de vida y el bienestar de toda la ciudadanía comunitaria, para lo que el empleo constituye un componente fundamental aunque no único; la apuesta firma por el desarrollo de políticas educativas y formativas durante toda la vida de la persona, es decir la potenciación del aprendizaje permanente, así como también la lucha contra el desempleo, en especial del juvenil, son elementos fundamentales de la propuesta del CR, que enfatiza igualmente la conveniencia de adoptar políticas inclusivas en materia de empleo y protección social para combatir la pobreza y el aumento de las desigualdades en la Europa comunitaria, así como la defensa del modelo social europeo. Justamente, la celebración en 2.010 del año europeo de lucha contra la pobreza y exclusión social debe ser el punto de referencia para que la UE apueste más firmemente, si cabe, por reforzar los mecanismos de cohesión e inclusión social, dado que de esta forma podrá lucharse contra varios de los problemas existentes en el mapa comunitario, como son el incremento del desempleo, los desequilibrios regionales, la exclusión social, la falta de trabajo y la inactividad económica. Con carácter más general, el dictamen del CR identifica varios desafíos a largo plazo que la nueva Estrategia comunitaria deberá tomar en consideración muy seriamente por su impacto sobre el bienestar económico y social, como son el cambio demográfico, el cambio climático, la seguridad energética, la globalización y la cohesión territorial. Una idea central se encuentra en todo el documento, cual es la necesidad de que las políticas formativas y los recursos económicos que se dediquen a ellas pongan el acento en cuestiones ecológicas y de economía sostenible, prestando especial atención a que ello posibilite el desarrollo de pequeñas y medianas empresas ―nuevas dinámicas e innovadoras‖. En este ámbito general también cobra especial valor la puesta en práctica de políticas que apuesten por mejorar la situación de la mujer en el mercado de trabajo europeo, mediante la adopción de políticas que posibiliten tanto la permanencia como la incorporación al mundo laboral, en la línea de mejora de la empleabilidad a la que me he referido con anterioridad. 5. En la memoria de las respuestas recibidas de entes locales y regionales se destaca que la Estrategia de Lisboa tuvo el valor positivo de unir los pilares económico, social y ambiental en una única política marco, pero que no se dio el mismo valor a los dos últimos que al primero. Además se enfatiza la necesidad de aprobar objetivos más concretos y realistas que en la Estrategia 2000, que tengan en cuenta las diferencias territoriales y que permitan armonizar los objetivos de crecimiento y cohesión. Lógicamente, se pide que en la elaboración de la nueva estrategia comunitaria los entes locales y regionales tengan un papel mucho más destacado del que tuvieron en el año 2000, o dicho en otros términos que la gobernanza del nuevo modelo comunitario tenga en cuenta las diferencias territoriales y que los entes citados puedan participar tanto en su elaboración y diseño cono en su aplicación, así como también disponer de la

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financiación comunitaria y nacional adecuada para enfrentarse a nuevos retos a los que la Estrategia de Lisboa no ha sabido, o podido, dar respuestas adecuadas, como son las nuevas tendencias demográfica, la inmigración o la seguridad energética; en especial me interesa destacar la reflexión que se realiza sobre la necesidad de que la inmigración sea objeto de una regulación y gestión adecuadas ―para que tenga un papel positivo en el mercado laboral europeo y no se vea como fuente de mano de obra barata‖, con especial atención a fenómenos como el de la inmigración irregular que es muy difícil de determinar si sólo se utilizan indicadores cuantitativos. En todo este marco, el empleo, la protección social y las políticas educativas se configuran como partes esenciales de una nueva política comunitaria que debe apostar por la mejora de la calidad de vida y la integración social, en el marco de una política de innovación que abarque todo tipo de actividades, es decir no sólo bienes y servicios de alta tecnología, y que contribuya al incremento de la productividad en el ámbito de una economía sostenible. Los entes regionales y locales quieren y desean contribuir al desarrollo de la nueva estrategia y jugar un papel relevante en el ámbito de sus competencias, poniendo de manifiesto que pueden jugar un rol destacado en el ámbito de las políticas de mercado de trabajo, señaladamente las de formación profesional, las de integración de la población inmigrada, y de apoyo a la pequeña y mediana empresa siempre y cuando se reformen los sistemas financieros y crediticios y se facilite el acceso al crédito y al capital para las mismas. De especial interés son, a mi parecer, las propuestas formuladas para mejorar la difícil situación actual del mercado de trabajo y para mirar de cara al futuro de la nueva década, en las que se combina la protección para colectivos especialmente desfavorecidos (tanto en términos de creación de empleo como de protección social), la conciliación entre la vida familiar y laboral y el impacto positivo que para ello debe tener la prestación de servicios para menores y personas de edad avanzada; igualmente, la importante inversión que es necesaria en el desarrollo de nuevas capacidades y aptitudes para adaptarse a los nuevos retos del empleo que viene, o por decirlo en los mismos términos del documento, ―fomentar y apoyar la flexibilidad de la mano de obra y políticas laborales más eficaces y activas mediante la inversión en el reciclaje y el desarrollo de nuevas capacidades‖. En suma, la combinación de medidas que atiendan tanto al corto como al medio y largo plazo, con un muy destacado papel que han de jugar las tecnologías de la información y comunicación y las políticas de aprendizaje permanente.
68. La reforma laboral debe servir para crear empleo estable y de calidad (18 de febrero de 2010)
1. Al debate sobre la reforma laboral se refería justamente el Presidente del Gobierno en su intervención del día 17 en el Congreso de los Diputados, más exactamente ―al impulso del diálogo social para abordar las reformas laborales‖, poniendo el acento en la necesidad de adoptar medidas que corrijan la dualidad del mercado de trabajo español y por ello de actuar tanto con medidas que reduzcan el recurso a la contratación laboral como con otras que fomenten la contratación indefinida, y aquí se incluiría la revisión de las múltiples bonificaciones existentes para distintos contratos al objeto de racionalizar su uso y de dirigirlas únicamente a las personas que verdaderamente las necesiten.

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Entre las medidas sobre las que hay que trabajar, se apuntó la potenciación del trabajo a tiempo parcial, un programa extraordinario de empleo de jóvenes ―que incentive su contratación y la realización de un programa específico de formación junto a las Comunidades Autónomas‖, la reforma de los servicios públicos de empleo y la adopción de medidas que faciliten la participación de los agentes privados ―en la colocación y recolocación de las personas desempleadas‖, la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, cómo reducir el absentismo laboral, y la no menos importante referencia al llamado modelo alemán, del que tanto se ha hablado y debatido últimamente, ―para fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo alternativo a su pérdida‖. Ciertamente, el Presidente no olvidó mencionar las reformas posible en materia de protección social, si bien de forma mucho más concisa que las reformas laborales, y remitiéndose además a lo que decida la subcomisión parlamentaria del Pacto de Toledo, sin dejar de apuntar la necesidad de tomar en consideración en la posible reforma el reto del envejecimiento de la población, ―motivado por el espectacular aumento en la esperanza de vida a partir de los 65 años‖, un dato que ciertamente hay que tomar en consideración en cualquier análisis que se haga de posibles reformas laborales y de protección social. Sólo a título incidental, me permito citar un dato significativo de la realidad demográfica de Cataluña, facilitado recientemente por el Instituto de Estadística de esta autonomía (IDESCAT): la población menor de 15 años es de 1.119.851 habitantes a 1 de enero de 2009, un 15 % del total, mientras que la de 65 y más años es de 1.217.519 personas, un 16,3 %. Por cierto, en la intervención del Sr. Rodríguez Zapatero hay algunas menciones muy concretas a fechas en las que se aprobarán textos y programas que deseo destacar en cuanto que también afectan al ámbito de análisis de este comentario, como son el plan de promoción de la inclusión social (que se presentará el 26 de febrero) y el plan de lucha contra la economía sumergida, que lo será una semana más tarde, el 5 de marzo. Sin olvidar, la referencia expresa a la futura Ley de Economía Social, prevista para antes del verano y anunciada ayer jueves en un acto organizado por la Confederación Española de Economía Social (CEPES). 2. El documento presentado por el gobierno a los agentes sociales el día 5 de febrero no contiene medidas muy concretas, y por ello ha sido muy criticado desde algunos ámbitos académicos del mundo económico vinculados a la propuesta del llamado ―contrato único‖, aunque me atrevo a pensar que la crítica no es por esa falta de concreción sino pura y simplemente porque no recoge sus propuestas. Paso de largo en esta ocasión sobre ese debate, que parece muy relevante cuando te encuentras en debates y foros de reunión profesionales pero que creo que lo es mucho menos cuando se trata de hacer propuestas que respondan a la realidad de los problemas laborales, tanto jurídicos como económicos, que tenemos en el mercado real de trabajo y no solamente en modelos abstractos. Ahora bien, no pierdo la oportunidad para recordar nuevamente que faltan propuestas desde el mundo universitario progresista que avancen en el desarrollo de mecanismos de flexibilidad interna adaptados a unas necesidades económicas y productivas muy rápidamente cambiantes para un gran número de empresas, y que hay un preocupante silencio desde el mundo sindical en la elaboración de dichas propuestas, aunque más correcto sería decir que ese silencio se produce en los órganos de dirección, ya que en muchos sectores, empresas y centros de trabajo los dirigentes sindicales están debiendo encarar en el día a día como adaptarse a la nueva

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realidad económica y qué mecanismos legales y convencionales pueden ser objeto de utilización, y en su caso de modificación, para alcanzar el objetivo perseguido que no es otro, en la mayor parte de las ocasiones, que el mantenimiento del mayor número de empleos posibles. Es decir, cada día se están adoptando medidas, con mayor o menor voluntariedad, que van en la dirección de una de las propuestas formuladas en la introducción del documento gubernamental, cual es la de ―aumentar la flexibilidad interna de las empresas, de manera que la adaptación a la situación económica de las mismas se produzca sin afectar tan intensamente al volumen de empleo‖. Desde el primer borrador de propuestas medidas laborales del MTIN hasta llegar al texto presentado el día 5 de febrero se han producido, y no podría ser de otra forma, numerosos debates que han llevado a que el texto final sea, a mi entender, una síntesis bastante equilibrada de las diferentes ―sensibilidades‖ existentes en el seno del gobierno, si bien creo que predomina en parte la más social. Es un documento de trabajo, y ahora tocar hacer los deberes a todas las partes (gobierno, patronal y sindicatos) para llegar a un acuerdo, y en el supuesto de que no se alcance es cuando el gobierno debería adoptar las medidas oportunas para afrontar la mejora de la normativa laboral y para que este cambio contribuya (aunque muy modestamente, como ocurre con todas las normas laborales, y coincido en este punto con el profesor Ignacio García- Perrote cuando escribía recientemente que ―lo primero que, seguramente haya que reconocer es el papel limitado o modesto que la regulación legal de las relaciones laborales tiene a la hora de crear empleo‖) a la creación de empleo. Me parece que sería un fracaso para todos, y muy en especial para los agentes sociales, que el gobierno debiera adoptar medidas unilaterales, al margen de que estas recogieran buena parte de las propuestas presentadas en la mesa de negociación, porque ello significaría poner en cuestión uno de los activos más importantes de la política de relaciones laborales que ha habido en España desde la transición de la dictadura a la democracia y que ha sido el diálogo social. Baste recordar el importante número de acuerdo habidos durante la presente década en materia de negociación colectiva, tal como he tenido oportunidad de analizar ampliamente en otra entrada del blog. Más allá del contenido de algunas propuestas, me parece conveniente destacar, y lo valoro de forma muy positiva, la colocación del trabajo estable en la centralidad del debate. Es decir, no se apuesta por un modelo desregulado y que introduciría probablemente mucha mayor arbitrariedad en las relaciones de trabajo sino que se apuesta por ―situar la contratación estable como elemento central del nuevo modelo de crecimiento económico y nuestro sistema de relaciones laborales‖. Ello pasa tanto por favorecer el uso de la contratación estable o indefinida como por colocar la contratación temporal en su justo lugar, es decir su utilización cuando realmente concurran las circunstancias que aconsejan acudir a la misma, desincentivando su uso injustificado, punto en el que hay que insistir desde una perspectiva de aplicación práctica de las normas, pues cualquier persona medianamente informado de su funcionamiento conoce la flexibilidad con la que se utilizan modalidades contractuales de duración determinada, señaladamente la del contrato para obra o servicio determinado. 3. ¿Sigue siendo difícil la situación del empleo en España? Me parece que nadie negará esa dificultad, aún cuando los datos gubernamentales prevean la hipótesis de creación de empleo neto a finales de 2010 (y esperemos que acierten). Por consiguiente, cualquier reforma que se plantee ha de tener como norte la justa combinación de

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medidas que potencien la creación de un empleo estable y de calidad, siendo este el mejor antídoto para evitar situaciones como las que ha vivido nuestro mercado de trabajo en los últimos dos años. Debe ser un empleo que se cree de forma importante en sectores de actividad y ocupaciones con vocación de crecimiento y que ayuden a las sostenibilidad económica, social y medioambiental, combinado con otras medidas que refuercen la protección de las personas que se han visto, y las que aún se verán, afectadas por la crisis. Dicho refuerzo puede pasar por la adopción de medidas como la recientemente adoptada de prórroga del programa temporal extraordinario de empleo e inserción, así como también por hipotéticas reformas del marco normativo de la protección por desempleo que tengan en consideración las nuevas realidades económicas y sociales (el proyecto de protección económica de los trabajadores autónomos por cese de actividad es un buen ejemplo de ello; podrá discutirse, ciertamente, si puede mejorarse en términos de mayor protección, pero no su interés social para dar respuesta a la problemática de un cada vez más importante número de personas que trabajan por cuenta propia en España). Si no apostamos por la creación de empleo estable y de calidad, tanto en sectores y ocupaciones en crecimiento como en ámbitos de actividad afectados por la crisis pero que siguen teniendo un caudal importante de creación de empleo, la reforma servirá para atajar problemas a corto plazo pero no contribuirá al crecimiento sostenible que debe plantearse, a mi parecer, para salir de la crisis. Además, poder acceder a un empleo significa un excelente antídoto contra los riesgos de la pobreza y de la exclusión social, tal como constatan recientes documentos comunitarios: el riesgo que sufre una persona adulta desempleada es cinco veces más elevado que el de aquella que se encuentra ocupada (44 y 8 %, respectivamente), y es tres veces también más elevado en el caso de las personas inactivas con respecto a las empleadas (27 y 8 %). Y un empleo apoyado en una buena formación es un mecanismo aún más eficiente para permanecer en el mercado de trabajo o acceder al mismo en buenas condiciones. Un reciente informe elaborado en sede comunitaria por un grupo de expertos, en relación con las propuestas comunitaria de nuevas capacidades para nuevos empleos, y a las que ya me he referido en este blog, destacan por una parte su preocupación porque uno de cada tres europeos en edad laboral tiene pocas cualificaciones formales o ninguna, ―debido a lo cual tienen un 40 % menos de posibilidades de conseguir trabajo que las personas con cualificaciones de nivel medio‖, y valoran que las personas con mayor cualificación tienen mayor presencia en la vida laboral, ya que las que disponen de elevados niveles se ocupan en un 84 %, ―mientras que es del 70 % para quienes tienen niveles medios de cualificación y del 49 % para las personas con bajos niveles de cualificación‖. Por ello, una de las propuestas que se lanza al debate y para la que se pide apoyo por parte de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros es la de ―proporcionar mejor incentivos a los empleadores y las personas para mejorar sus capacidades, y que las inversiones en capacidades sean significativas e inteligentes, y no sólo financieras‖.
4. En España, el debate abierto con la presentación de un interesante documento de la Fundación Ideas (―Ideas para una nueva economía. Hacia una España más sostenible en 2025‖) – o también el reciente Informe de Randstat sobre los sectores que saldrán antes de la crisis y sobre los posibles yacimientos de empleo y con desarrollo a medio plazo - debería servir para avanzar en la reflexión de cómo mejorar tanto la cantidad como la

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calidad del empleo, en la perspectiva de una solidaridad intergeneracional y también entre hombres y mujeres, y para abrir un más amplio debate de cómo reducir la temporalidad y mejorar la productividad de las personas ocupadas, en la perspectiva de un mercado laboral abierto y flexible, en el marco de una economía de la innovación y del conocimiento, que combine, por decirlo con las propias palabras del primer documento citado, las características de ―estabilidad, movilidad, productividad y calidad‖. Desde mi propia aportación, en estrecha colaboración y cooperación con otras personas que también han participado en su redacción, he puesto de manifiesto en un reciente artículo que se trata de apostar por empleos de mayor calidad y estabilidad, y que ―Son necesarias reformas en el mercado de trabajo. Reformas que deberán orientarse, de forma pactada, en varias direcciones: crear más empleo, mejorando su calidad, e incrementar la productividad y la capacidad de adaptación de empresas y trabajadores. Es posible crear más empleo de calidad con un marco normativo adecuado, pero también es imprescindible el incremento de la productividad, que hoy ya no puede equipararse a incrementar el ritmo de trabajo, o a trabajar más horas, sino a trabajar mejor. Una mejora que vendrá dada por la racionalización de horarios, el compromiso con la empresa, nuevos métodos de dirección y organización del trabajo, y con un crecimiento equilibrado de los salarios nominales que tengan relación con los incrementos de productividad. Por otro lado, será necesaria más flexibilidad pactada en el seno de las empresas, para que estas mejoren su capacidad de adaptación y, en consecuencia, su competitividad. Esta flexibilidad interna significa la posibilidad real de hacer una distribución flexible de la jornada anual, cambios de funciones dentro de la empresa, la retención y captación de personal formado, la suspensión parcial de los contratos o la reducción del tiempo de trabajo y, en caso de agotar la capacidad que da la flexibilidad pactada, el acompañamiento en la salida de la empresa del trabajador y en la búsqueda de un nuevo empleo‖. 5. La centralidad del empleo ocupa un papel de primera importancia, y no puede ser de otra forma, en las preocupaciones manifestadas ya por las organizaciones sindicales internacionales ante el foro económico de Davos y también en el documento elaborado para la reunión de ministros de trabajo del G20 que tendrá lugar el próximo mes de abril en Washington. En el primer texto, se pone de manifiesto que la intensa y persistente crisis de empleo demuestra la urgente necesidad de una mas coordinada estrategia de recuperación orientada la creación de empleo a escala internacional, y se proponen las siguientes medidas: una mayor proporción de las partidas económicas dedicadas a la recuperación deben ir dirigidas a la creación de empleo; los gobiernos deben invertir más en obras públicas, especialmente las que pueden crear puestos de trabajo rápidamente y facilitar el tránsito hacia una economía sostenible; la reducción de la jornada de trabajo y la regulación de sistemas de subsidio para el empleo son mecanismos que deben fortalecerse para reducir al mínimo la afluencia de trabajadores hacia el desempleo; el apoyo al empleo juvenil debe potenciarse para evitar que un número importante de jóvenes corran el riesgo de caer en circuitos de marginación y exclusión social; en fin, la protección social debe reforzarse para atender a las cada vez más crecientes necesidades

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de una población también cada vez más diversa y diferenciada en cuanto a las mismas. En el documento que tendrán encima de la mesa de trabajo, o en sus ordenadores, los Ministros de Trabajo del G20, se enfatiza igualmente la necesidad de colocar el empleo en el punto de mira del debate de cómo salir de la difícil situación económica actual, apostándose por una estrategia que permita la mejora de los conocimientos, aptitudes y cualificaciones de la población trabajadora, tanto de la ocupada como de la desempleada, y también de la población inactiva que desee incorporarse a la vida laboral. Las propuestas son sustancialmente semejantes a las expuestas en Davos, y se enfatiza la necesidad de una acción urgente y coordinada de los Ministros de Trabajo y Empleo con los Economía para conseguir que los objetos de creación de empleo y reducción de la pobreza sean incorporados en el diseño y aplicación del nuevo modelo que se apruebe en el ámbito internacional para dar debida respuesta a la crisis. Reproduzco el texto original, en inglés, de las propuestas presentadas por la Confederación Sindical Internacional. ―Labour Ministers must push for G20 countries to honour their commitments and ensure that there is no exit from fiscal stimulus until there is recovery in employment; A greater proportion of recovery package expenditure must be committed to employment creation and measures targeted so as to have the strongest impact on employment; Governments must invest in direct public works that can create jobs quickly and be transformational in moving to an environmentally sustainable economy; Short-time working and job subsidy schemes should be strengthened to minimise the inflow of workers into unemployment; The scarring effects of youth unemployment must be avoided through job guarantees and expanded education; Poverty and social exclusion should be targeted through a stronger focus on social security measures in responses to the crisis – this can also support demand; Emerging and developing countries must be given the resources and policy space to implement social protection floors and contribute to global growth in demand‖.
69. Un buen informe del Senado sobre cómo reactivar la situación económica y de empleo (3 de marzo de 2010).
1. El Boletín Oficial del Senado publica hoy miércoles el ―Informe de la ponencia de estudio sobre la reactivación de la actividad económica y del empleo en la actual situación de crisis financiera internacional‖. La ponencia fue creada por acuerdo del Pleno de la Cámara el día 15 de octubre de 2008, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, y tenía como finalidad, según puede leerse en la introducción del texto, ―abrir un proceso de reflexión con los diferentes sectores afectados por la crisis financiera internacional, analizar las principales decisiones adoptadas en el marco nacional, comunitario e internacional, y elaborar un informe que permitiese recopilar las principales propuestas para contribuir a la reactivación de la actividad económica y del empleo‖.

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Desde su creación, la Comisión ha llevado a cabo una intensa actividad, que ha quedado finalmente plasmada en el Informe aprobado por unanimidad, y ha estado integrada por D. José Manuel Barreiro Fernández (Grupo Popular), D. Francisco Utrera Mora (Grupo Popular), D.ª Matilde Fernández Sanz (Grupo Socialista), D.ª Yolanda Vicente González (Grupo Socialista), D.ª Judith Alberich Cano (Grupo Entesa Catalana de Progrés), D. Jordi Vilajoana i Rovira (Grupo Convergència i Unió), D. Paulino Ramón Corcuera Muguerza (Grupo Senadores Nacionalistas Vascos), sustituido a partir del 1 de octubre de 2009 por D. José Manuel Pérez Bouza, y D. Pere Sampol i Mas (Grupo Mixto). 2. Desde la perspectiva laboral, me parece que el documento aporta ideas interesantes para el proceso abierto de diálogo social y que puede ser de utilidad para la tarea que asumen en estos momentos los agentes sociales y el gobierno español. Por ello, he seleccionado aquellos contenidos del documento que afectan directamente a las materias laborales y de protección social para ponerlos en conocimiento de todos los lectores y lectoras del blog, muchos de los cuales, me imagino, no consultan habitualmente los diarios oficiales del Parlamento. Obviamente, la responsabilidad de la selección es mía, y por ello recomiendo a quien esté interesado por tener una visión de conjunto de todas las propuestas que proceda a la lectura íntegra de las 37 páginas del documento, aunque también es cierto que el núcleo duro se encuentra en las últimas seis páginas del documento que incluyen las conclusiones y recomendaciones de la ponencia. 3. ―La mejora de la competitividad es uno de los factores principales para reforzar el potencial de crecimiento de nuestra economía, puesto que la crisis no afecta a todos los países de la misma forma, y aquellos que son más productivos y más competitivos tienen menores tasas de desempleo. Es prioritario avanzar hacia un marco que garantice sentar las bases para la estabilidad empresarial. Política empresarial e industrial. ...... --Considerar reformas fiscales con relación a las cotizaciones a la Seguridad Social y al Impuesto de Sociedades, sobre todo para PYMES y autónomos, y estudiar moratorias en el pago de las cotizaciones sociales e impuestos. Estas medidas estarán vinculadas a la creación de nuevos contratos laborales estables. Educación. La educación, aparte de su función de formar adecuadamente a las personas, debe jugar un papel protagonista para diseñar un marco eficaz de formación que permita una adecuada adaptación a los cambios en el modelo productivo. En consideración a ello, se recomienda: --Pacto por la educación, fruto del consenso, que dé estabilidad al marco educativo y que permita una revisión en profundidad del sistema educativo y la formación profesional, con atención especial al aprendizaje de idiomas.

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--Mejora sustancial de la formación, que resulta clave para incrementar la eficiencia productiva y la competitividad. --Formación profesional vinculada a la empresa. Mercado laboral. Uno de los grandes valores de la sociedad española en general y de los interlocutores económicos y sociales en particular ha sido y es su capacidad de diálogo y de pacto, también en momentos de recesión y crisis; por ello cabe demandarles el mayor esfuerzo para pactar los cambios necesarios con el objetivo de salir de esta crisis económica- financiera, con unos elevados costes en pérdida de empleos, lo antes posible. El apoyo a la economía real española pasa claramente por el apoyo a las PYMES, a los autónomos y microempresas y al conjunto de la economía social, incluyendo el tercer sector. Por otra parte los recursos públicos deben servir de apoyo a las empresas que están manteniendo y creando empleo, a esa base empresarial sólida que tiene nuestro país. Se recomienda: --La negociación colectiva necesita urgentemente una puesta a punto, una modernización, articulación, vertebración y cercanía con la realidad de cada empresa, sin caer en la atomización, para ser útil y hacer frente a los problemas de la empresa española. Son retos de la negociación colectiva enfrentarse al absentismo, la precarización, la baja productividad, los niveles salariales, la escasa intermediación y la deficiente formación profesional y reciclaje. --El trabajador joven debe ser una prioridad de los poderes públicos y de los interlocutores sociales y para ello la formación y cualificación profesional cobra protagonismo. La educación, en una férrea lucha contra el fracaso escolar, y el acceso a la vivienda, para incorporarla como un valor para la movilidad geográfica, son, según todos los expertos, dos políticas transversales necesarias para que hombres y mujeres jóvenes se incorporen más rápidamente y en mejores condiciones al trabajo, a la vida laboral. --La mejora de los servicios públicos de empleo y de las empresas privadas de intermediación es otro reto. Reforzar los servicios de orientación profesional y de apoyo a la búsqueda de empleo desde estos servicios es una necesidad ante el elevado número de personas desempleadas. Tienen que ser unos servicios más útiles para las empresas y para los trabajadores. --La conciliación de la vida familiar y laboral debe formar parte también de los contenidos de la negociación colectiva y de los acuerdos entre empresas y sindicatos, y debe seguir siendo impulsada en las normas que regule el Parlamento y en las políticas del Gobierno. Su importancia estriba en el modelo de sociedad que queremos, donde la paternidad tiene una función social, además de su incidencia demográfica. La conciliación familiar y laboral no puede repercutir en absentismo ni en las empresas ni

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en las administraciones públicas. --El desarrollo y correcta aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo y correcta aplicación de la red de centros durante los 3 primeros años de la infancia no sólo tienen una importante repercusión económica, sino también un reflejo claro en la creación de empleo y en la positiva conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. --Reforma del mercado laboral para evitar su dualidad: fomentar la estabilidad en la contratación y el empleo, para reducir la temporalidad, fomentar el trabajo estable a tiempo parcial, reducir la subcontratación, eliminar los encadenamientos de contratos e incentivar el contrato en prácticas. --Avanzar en la igualdad laboral entre hombres y mujeres. --Mejorar las competencias, cualificaciones, formación y clasificaciones profesionales. Potenciar la formación profesional y ocupacional en la empresa; reforzar la formación continua. Adoptar medidas para solucionar la baja cualificación profesional de la mano de obra en determinados sectores, revisando en profundidad los objetivos y procedimientos de la formación a través de los agentes sociales, vinculando los cursos de formación a los sectores productivos prioritarios. --Avanzar y profundizar en la flexiseguridad. --Favorecer la movilidad funcional y geográfica cuando sea necesaria, con los correspondientes incentivos. Flexibilidad interna en las empresas y puestos de trabajo. --Priorizar las políticas activas de empleo, en particular en favor de los colectivos más desfavorecidos, como jóvenes, parados de larga duración y trabajadores protegidos por discapacidad o con necesidad de programas de inclusión social. Promover mayor conexión entre políticas pasivas y activas de empleo. Política presupuestaria y fiscal. --Establecer un plan de acción contra el incumplimiento de obligaciones tributarias, laborales y de Seguridad Social, y hacer frente a la economía sumergida Modernización de la Administración Pública y reformas legislativas. La dimensión de la crisis obliga a que la estructura actual del Estado mejore la cooperación entre sus tres niveles: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local. …--Coordinación fácil y eficaz entre Comunidades Autónomas, lo que ayudará a generar empleo y resulta imprescindible para la conexión entre las políticas pasivas de empleo de la Administración General del Estado y las políticas activas de empleo de las Comunidades Autónomas‖.

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70. El Consejo de Ministros EPSCO y la nueva política de empleo de la Unión Europea (7 de marzo de 2010).
I. En anteriores entradas del blog me he referido ya a la política de empleo de la Unión Europea en etapas históricas anteriores. Vuelvo ahora sobre esta importante cuestión y lo hago por un doble motivo: 1. En primer lugar porque el Consejo de Ministros de Empleo, política social, salud y consumidores, que tendrá lugar durante el lunes 8 y el martes 9 de marzo en Bruselas, aprobará importantes documentos como son el Informe conjunto sobre el empleo 2009- 2010 y el Informe sobre la protección social y la inclusión social 2010, e igualmente dedicará especial atención al informe 2010 elaborado por la Comisión Europea sobre la igualdad entre mujeres y hombres y a las políticas de empleo relativas a los jóvenes. A los documentos objetos de debate en el Consejo dedico la nueva entrada. 2. En segundo término, por la presentación oficial esta semana por la Comisión de la Estrategia 2020, un documento que marcará la política de la UE durante los próximos 10 años (como así lo ha hecho el documento de Lisboa 2000 en la presente década) y que se pretende que sea aprobado en el Consejo Europeo de junio. Se trata de un documento que dedica una parte importante de su contenido a las políticas de empleo y que, por consiguiente, también debe ser objeto de especial atención por mi parte más adelante. II. Por consiguiente, vayamos por partes y empecemos por lo más inmediato, los documentos que van a ser objeto de examen y, con casi toda seguridad, aprobación en la reunión de la próxima semana del Consejo EPSCO. 1. Los Ministros tendrán encima de la mesa de trabajo, o en sus ordenadores, el llamado ―documento de reflexión‖ que ha elaborado la presidencia española después de la reunión informal del EPSCO celebradas a finales de enero en Barcelona, junto con otro texto en el que se recogen las dos cuestiones que serán objeto de debate, me imagino que de manera muy general, durante la reunión de trabajo; más exactamente, cuáles son los objetivos principales que deben fijarse para el empleo, la igualdad y la inclusión social, y cuál es el papel que debe jugar el Consejo EPSCO en la gobernanza de la futura estrategia europea para el crecimiento y el empleo. Como apoyo para la preparación de sus respuestas (y nunca es malo disponer de un buen soporte) los Ministros podrán disponer de un buen documento del Comité de Empleo elaborado poco después del consejo extraordinario europeo del pasado 11 de febrero. Coincido con la importancia que se concede en dicho documento a que la dimensión social y de empleo de la nueva estrategia de la UE debe merecer especial protección, tanto por la cláusula social horizontal del nuevo Tratado de Lisboa (la UE debe tender al pleno empleo y la protección social) como por las posibilidades que ofrecen al respecto los artículos 121 y 48 del Tratado, y a mi parecer también es de especial interés el artículo 145, en el que se dispone que ―los Estados miembros y la Unión se esforzarán, de conformidad con el presente título, por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al

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cambio económico, con vistas a lograr los objetivos definidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea‖. Para el Comité de Empleo, y coincido con su planteamiento, debe reforzarse el equilibrio y la coherencia entre las políticas económica, social y ambiental de la UE, con la coordinación (y aquí encuentro a faltar una petición de intervención más activa de las instancia de dirección de la UE) de las políticas y medidas puestas en práctica por los Estados miembros. 2. En el llamado ―documento de reflexión‖ hay algunas pistas de actuación que me parece importante destacar: A) La importancia de mantener, mientras los mercados de trabajo se recuperan y crean empleo neto, las políticas de incentivos económicos, al mismo tiempo que se sigue apostando por políticas activas de empleo y por estabilizar los sistemas de protección social. B) La necesidad de concentrar la futura Estrategia 2020 en menos objetivos que los marcados en Lisboa 2000, con una mejor identificación y cuantificación, y con la posibilidad de adaptarlos a las circunstancias propias de cada Estado. En esta línea ya se ha manifestado en Comité de Empleo al pedir a la presidencia de la UE que reduzca el número de directrices integradas, con el objetivo de mejorar la eficacia de la coordinación de las políticas comunitarias, poniendo de manifiesto que en relación con la política de empleo ―un número menor de directrices políticas resultaría más creíble y sería más fácilmente objeto de interés común‖. En cualquier caso, la futura estrategia 2020 deberá dar mayor visibilidad a sus objetivos claves y que tienen, todos ellos, una incidencia directa sobre el mundo del trabajo y las personas que están en el mismo (y de las que obviamente no podemos ni debemos olvidarnos cuando elaboremos las políticas) como son el pleno empleo, la mejora de la calidad y la productividad en el trabajo, el reforzamiento de la cohesión económica, social y territorial, la competitividad, el cambio climático y el cambio demográfico. Pero ello, sin abdicar en modo alguno de seguir manteniendo, tal como se hacía en la estrategia de Lisboa, de mantener el énfasis en el empleo y la cohesión social, siendo necesario darle un papel de primera importancia al diálogo social y fomentar la inversión en nuevas competencias y su adaptación a las necesidades de los mercados laborales. Además, esa política de empleo debe prestar especial importancia a las necesidades de los jóvenes (especialmente afectados por la crisis económica que vivimos desde hace tres años) y de otros colectivos desfavorecidos (no se citan de forma expresa, pero puede incluirse aquí de forma especial a los desempleados de larga duración), y dedicar la importancia debida a las políticas de igualdad de género. La UE debe trasladar su política de empleo a foros internacionales y trabajar, conjuntamente con otras instituciones y organismos internacionales, en la puesta en marcha de planes adoptados en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como por ejemplo el plan de trabajo decente, el régimen básico de protección social y el pacto mundial para el empleo.

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Justamente, como veremos en su momento, la estrategia 2020 ha recogido como uno de sus cinco objetivos principales para la próxima década la petición formulada por el Comité de Empleo, el logro de una tasa media global de empleo del 75 % a escala de la UE para la población comprendida entre los 20 y los 64 años de edad. C) En fin, la presidencia española llama al fortalecimiento del método abierto de coordinación (echo en falta nuevamente en esta reflexión una llamada a la intervención más activa de las instancias comunitarias) y a que la nueva estrategia de la UE para la próxima década haga un uso ―adecuado y equilibrado‖ de la flexiseguridad, con una buena combinación (que es bastante difícil de conseguir como nos demuestra la realidad laboral de buena parte de los Estados de la UE) de los mecanismos que permitan la adaptabilidad de los mercados laborales con las políticas protectoras de seguridad social y de asistencia social (echo en falta en este punto concreto una referencia concreta a los trabajadores, ya que parece que estemos elaborando textos y documentos en donde existen políticas pero no personas, que al fin y al cabo son a quienes se aplican aquellas).
III. El Consejo aprobará el Informe 2010 sobre la protección social y la inclusión social. En este apartado, debe merecer una consideración previa el texto elaborado por el Comité de Protección Social con respecto a la propuesta de la Comisión sobre la futura estrategia 2020, y también la normativa comunitaria reguladora del presente año como el de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 1. Para el Comité, que defiende el reforzamiento del método abierto de coordinación en cuanto que mecanismos que ha permitido, a su parecer, mejorar la coherencia y visibilidad de las políticas de protección e inclusión social de los Estados miembros, se trata principalmente, en la futura estrategia europea, de fomentar, en el marco de un enfoque integrado, ―el crecimiento sostenible, la creación de empleo y la cohesión social, y la protección del medio ambiente‖. Igualmente, el Comité hace una petición a la presidencia de la UE para que las políticas sociales apuesten decididamente por la igualdad de género y por medidas que permitan que las personas de mayor edad puedan desarrollar todas sus potencialidades en el seno de nuestras sociedades, o por decirlo con las propias palabras del escrito, ―ahora que los longevos son tan numerosos, Europa no puede permitirse prescindir de su talento‖. 2. Por Decisión 1098/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, se designó el año 2010 como año europeo de lucha contra la pobreza y exclusión social, con el objetivo declarado de apoyar la acción comunitaria de lucha contra la exclusión social,. La Decisión enlaza con las propuestas que en su día se hicieron en el importante Consejo Europeo de Lisboa del año 2000 para intentar erradicar la pobreza, señaladamente la puesta en marcha del método abierto de coordinación. La propuesta tiene una clara justificación, ya que, aunque se ha avanzado en la puesta en marcha de medidas que atenúen las privaciones económicas y sociales de una parte de la población europea, no es menos cierto que en el año 2008 todavía había 78 millones de personas en la UE que vivían bajo el riesgo de caer en la pobreza, de las que 19 millones eran niños. En especial, y desde la perspectiva de las políticas de empleo, interesa resaltar que sigue siendo preocupante el fenómeno de los ―trabajadores pobres‖, es decir el de aquellas personas cuyas rentas salariales no les permiten salir de la

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situación de pobreza, constatándose en el documento comunitario que la pobreza de las personas con empleo ―va unida a una baja remuneración, diferencias retributivas entre hombres y mujeres, escasas cualificaciones, oportunidades limitadas de formación profesional, la necesidad de combinar trabajo y familia, empleo y condiciones laborales, y también a unas condiciones difíciles de vivienda‖. Los objetivos del año europeo son el reconocimiento de derechos de las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, para facilitar su acceso efectivo a derechos sociales, económicos y culturales, y también a recursos suficientes y servicios de calidad; implicar a la sociedad de forma colectiva en las acciones a adoptar, así como también a cada persona en la búsqueda de soluciones; promover una sociedad más cohesionada que alcance un mayor nivel de vida para todas las personas; en fin, reforzar el compromiso europeo en la erradicación de la pobreza y la exclusión social, con adopción de medidas en todos los ámbitos de gobierno para que ello sea posible. Las acciones a llevar a cabo, listadas de forma detallada en el anexo, consistirán en reuniones y actos; campañas informativas, promocionales y educativas; encuestas y estudios de ámbito comunitario o nacional, y cuando fuere necesario se hará el desglose de los datos por género, destacándose en este punto que la norma dispone de forma expresa que la Comunidad y los Estados miembros ―tendrán en cuenta la integración de la perspectiva de género en la aplicación del Año Europeo‖. Desde la perspectiva organizativa, cada Estado designará un organismo nacional de ejecución, que será el encargado de organizar su participación en el evento y garantizar la coordinación en el ámbito nacional, presentando a las instancias comunitarias las correspondientes propuestas que se adaptarán al documento marco estratégico aprobado la Comisión y en que establecen ―las prioridades claves para la realización de las actividades del Año Europeo, incluidas unas normas mínimas de participación en los organismos nacionales y en las acciones‖. Justamente una de esas prioridades es de especial interés en el ámbito del empleo y se sitúa en la línea ya avanzada por la Estrategia Europea de Empleo y las Directrices comunitarias para el empleo, dado que se propugna ―promover mercados laborales que propicien la inclusión, abordando el problema de la pobreza en el empleo y la necesidad de hacer que trabajar resulte rentable‖. Las acciones a escala de cada Estado pueden ser objeto de cofinanciación comunitaria hasta un máximo del 50 %, y la partida presupuestaria para el período 2009-2010 es de 17 millones de euros. 3. El texto que se aprobará en el Consejo EPSCO encuentra su origen en una Comunicación de la Comisión Europea, texto acompañado de un exhaustivo documento de trabajo de la propia Comisión en el que se amplían y argumentan todas las propuestas expuestas en la Comunicación. Por consiguiente, es recomendable que la lectura del primer texto se acompañe de la del segundo, o al menos de aquellas partes del texto de las que la persona que proceda a su lectura esté más interesada en profundizar. Destaco a continuación aquellos datos, tesis y propuestas que considero de mayor interés. A) Se valora positivamente la actuación de los poderes públicos para enfrentarse a la crisis económica que vivimos desde 2008, y se alerta sobre la necesidad de actuar para evitar que se incremente el número de personas que puedan llegar a encontrarse en

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situación de riesgo de desempleo de larga duración y exclusión, con la observación de que dichas personas ya no serán únicamente los denominados habitualmente ―colectivos más desfavorecidos‖ y entre los que se incluye, por sus dificultades de acceso al mercado de trabajo, a inmigrantes, jóvenes, trabajadores de edad madura, mujeres y contratados con contratos de duración determinada. Con tasas de desempleo que pueden alcanzar el 10 % en la UE, la previsión de incremento del gasto social es de 30,8 % del PIB durante el año en curso, más de 3 puntos del dedicado en 2007 (27,5 %). Este incremento se distribuye de forma muy desigual entre los diferentes Estados miembros, ya que las tasas de desempleo y de riesgo de pobreza son también muy diversas, y según datos de la oficina estadística Eurostat el desempleo oscila entre el 3,9 y el 20,9 %, mientras que las diferencias en el riesgo de pobreza se encuentran entre el 9 y el 26 %. Frente a esta difícil situación, se enfatiza la necesidad de combinar las medidas de actuación a corto plazo con aquellas que es necesario adoptar con previsión de medio y largo plazo para mantener la cohesión social; por decirlo con las propias palabras del texto, ―las respuestas a corto plazo tienen que ser coherentes con las reformas estructurales necesarias para modernizar la política social, evitar que la economía y la sociedad sufran daños duraderos, y preparar el camino para los retos a largo plazo, como el envejecimiento‖. B) La necesidad de adoptar políticas de inclusión social eficaces y eficientes durante la crisis y después de esta es una constante en todo el texto, que alerta en especial sobre el impacto de la crisis sobre el desempleo de los jóvenes y los inmigrantes, cuya tasa de desempleo (20,7 y 19, 1%) es prácticamente el doble que la de la media comunitaria, así como también sobre las personas más alejadas del mercado de trabajo (inactivos que desean incorporarse, desempleados de larga duración que carecen de nuevos conocimientos para los nuevos empleos, etc.), ya que la disminución de puestos de trabajo que se ofertan llevan a una mayor competitividad por los mismos y una mayor dificultad para que puedan acceder al mercado de trabajo quienes dispongan de menores conocimientos. C) Desde la perspectiva de los sistemas de protección social, tanto contributivos como asistenciales, la crisis económica ha obligado a numerosos Estados a prolongar la duración de las prestaciones por desempleo y flexibilizar los requisitos para su acceso, pero ello no ha impedido que se incremente el número de personas que se acoge a las prestaciones asistenciales como último recursos tras el agotamiento de las restantes prestaciones, cuestión que en España se puede constatar con el incremento de perceptores de los ingresos mínimos de inserción existentes en las diferentes Comunidades Autónomas, y después de haber pasado buena parte de sus perceptores por el subsidio de desempleo, que ha experimentado igualmente un importante incremento, tanto en la cuantía económica que dedica el Servicio Público de Empleo Estatal a su pago como en el número de perceptores. Con respecto a las rentas o ingresos mínimos, los documentos analizados ponen de manifiesto y constatan algunos datos sobre los que deberíamos reflexionar: en primer lugar, que estas medidas reducen la intensidad de la pobreza pero no bastan por sí solas para que las personas afectadas (y ahora me estoy refiriendo básicamente a las personas trabajadoras que han agotado, o no han podido percibir, las restantes prestaciones) salgan de ella; en segundo término, que un buen número de las personas potencialmente con derecho a percibirlas no acceden a las mismas (aunque intuyo que esta hipótesis de

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trabajo deberá revisarse en futuros informes ante el importante incremento del número de perceptores, que en el caso de España es ciertamente elevado) por diversos motivos a los que las autoridades de la UE ya se han referido en anteriores informes, y de ahí que se constate que estos sistemas de rentas mínimas disponen de un margen adecuado para aumentar su efectividad y eficacia si se corrigen los desajustes existentes que impiden llegar a todos los colectivos y personas afectadas, como son ―complejidad de las reglas, falta de información, carácter discrecional de la evaluación, errores administrativos y miedo a quedar estigmatizado‖. D) Las políticas de inclusión social tienen un importante componente no estrictamente económico y al que he tenido oportunidad de referirme en numerosas ocasiones al analizar documentos sobre políticas de empleo, como son las políticas que potencien la participación en el mercado de trabajo mediante acciones formativas a lo largo de toda la vida, con especial atención para quienes dispongan de menos conocimientos. En esta línea, además, una adecuada combinación de políticas activas de empleo y medidas de protección social cuando fuere necesario permiten que las personas beneficiadas se mantengan activas y evitan el incremento de los costes económicos de la Seguridad Social que se produce cuando hay un incremento, por la razón real de imposibilidad de permanecer en el mercado laboral, de jubilaciones anticipadas o de prestaciones de larga duración por enfermedad o incapacidad. En esta justa combinación de políticas habitualmente denominadas ―activas y pasivas‖ de empleo, y que deben ir inescindiblemente unidas, la importancia de los itinerarios individualizados de inserción es clara y evidente, y en atención a que nos estamos refiriendo a colectivos con especiales dificultades, no sólo económicas, en numerosas ocasiones, la actuación conjunta de los servicios sociales y de empleo adquiere particular relevancia. E) El documento comunitario dedica además algunas reflexiones específicas sobre la necesidad de actuar en el ámbito de la vivienda, de la salud, y de los regímenes de pensiones. Con respecto al último apartado, el más cercano a mis reflexiones sobre las políticas de empleo, se constata la mayor protección de la que disponen en la actualidad las personas de edad, dada la resistencia de los regímenes públicos de reparto ante la crisis, aún cuando se pone de manifiesto que esta resistencia puede verse debilitada por la reducción de las personas empleadas que a su vez ―reduce las cotizaciones y la base imponible‖. Por el contrario, y me parece digno de destacar, el documento es bastante crítica con los regímenes de capitalización, o más exactamente con su debilidad frente a la ―volatilidad de los mercados financieros‖, y de ahí que se enfatice la necesidad de que las autoridades políticas y las de regulación y supervisión ―promuevan una gestión más prudente del ahorro destinado por los ciudadanos a la jubilación, hallando así un medio equilibrado para aprovechar las ventajas de los regímenes de capitalización‖. F) En el debate actualmente existente en España, y que seguirá sin duda por mucho tiempo, sobre la reforma del sistema público de pensiones de la Seguridad Social, y en especial de las pensiones de jubilación (y al que se ha incorporado recientemente el grupo de los, casi, 100 economistas agrupados en torno a FEDEA), cobra especial interés conocer cuáles son las tesis de los documentos de la UE, que apuntan en la línea de tomar en consideración los períodos de cotización de toda la vida, y de ahí que se subraye que si las personas trabajadoras desean obtener una pensión máxima al finalizar su vida laboral, esta deberá ser ―muy larga y sin interrupciones‖, y de ahí que la adecuación del sistema a este hipotético cambio no radique sólo en la capacidad de los trabajadores para permanecer en el mercado de trabajo, sino también, y muy

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especialmente, ―en la capacidad de los mercados de trabajo para ofrecer suficientes oportunidades de carreras más largas e ininterrumpidas‖; o dicho en otros términos ―la adecuación de las pensiones dependerá de la capacidad de los mercados de trabajo para dar la oportunidad de realizar carreras contributivas más completas y de mayor duración‖. No deja de ser polémica la tesis del documento, pero tampoco conviene dejarla caer en saco roto y desdeñarla de entrada en el momento en que se inicia (o se reinicia, porque llevamos debatiendo desde hace muchos años) el debate en España.
IV. El Consejo EPSCO aprobará el Informe conjunto sobre el empleo 2009- 2010, que encuentra su origen en el documento previo presentado el 15 de diciembre de 2009, si bien la delegación del Reino Unido ha formulado una reserva de examen parlamentario sobre dicho Informe. 1. El examen de qué políticas de empleo se proponen y/o adoptan por los poderes públicos, tanto en ámbito estatal como comunitario, adquiere mayor importancia si se repara en que el desempleo es la principal preocupación de los ciudadanos europeos, seguida muy de cerca por la difícil situación económica que hemos vivido en los dos últimos años y que algunos países (entre ellos España) sigue viviendo en la actualidad. Al respecto, los datos del eurobarómetro de otoño de 2009 sobre las percepciones de la opinión pública constatan que el desempleo es la más importante preocupación para el 51 % de los ciudadanos en sus respectivos Estados, seguida de la crisis económica (42 %), porcentajes que en el caso español se incrementan hasta el 66 y 55 % respectivamente. 2. El anterior Consejo EPSCO, celebrado los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009, dedicó especial atención a los retos fututos de las políticas de empleo. En dicho Consejo se celebró un debate sobré que medidas deben ser adoptadas y/o mantenidas a corto plazo para salir de la crisis, y cuáles deben ser las actuaciones a adoptar a largo plazo para evitar que se produzcan situaciones como las que hemos vivido en los dos últimos años. Me parece importante destacar el consenso alcanzado sobre la necesidad de mantener medidas de política activa de empleo como las ayudas a las medidas de reducción de jornada, combinadas con políticas de formación para los trabajadores afectados por dichas reducciones, y para colectivos especialmente afectados como son los jóvenes, las personas de edad avanzada, los trabajadores temporales y las personas con discapacidad. En cuanto se refiere al medio y largo plazo, resalto el énfasis puesto en las reformas de los sistemas de protección social para afrontar el proceso de envejecimiento demográfico de la población comunitaria y garantizar la viabilidad financiera de los regímenes públicos de pensiones, con una nueva llamada (que hasta el presente no parece que haya sido acogida) para desincentivar las salidas anticipadas del mercado de trabajo, así como también las adopción de medidas que faciliten el cuidado de los menores y de las personas mayores para posibilitar tanto la creación de empleo en el sector de asistencia a las personas como para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y el incremento de la participación femenina en el mercado de trabajo. Por cierto, el proceso de envejecimiento demográfico y su impacto sobre las condiciones de vida de la población y las finanzas públicas ha sido objeto de especial atención en el estudio de la OCDE sobre el panorama de las pensiones en 2009, en el que se consta que todos los países que forman parte de la Organización están

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envejeciendo pero con diferentes ritmos. 3. En el Informe conjunto, objeto de debate y aprobación en el Consejo EPSCO del 8 y 9 de marzo y que posteriormente ha de ser aprobado por el Consejo Europeo el día 25 del mismo mes, se insiste en conseguir el equilibrio entre el mantenimiento, por ser necesarias, de medidas a corto plazo que mantengan y estimulen el empleo, de la medidas a corto plazo y la adopción gradual de medidas a medio y largo plazo que hagan más resistente a la UE ante hipotéticas futuras crisis. Como se ha destacado por las autoridades de la UE, hay que ―reforzar, reorientar y finalmente retirar gradualmente nuestras medidas contra la crisis con el fin de mejorar la flexibilidad y seguridad de los mercados laborales de la UE e incrementar la resistencia de la economía a futuras desaceleraciones‖. A) Conviene recordar que la creación de empleo se produce con cierto retraso respecto de la mejora de la situación económica (estudios de la OIT cifran este retraso entre 3 y 5 años), y que hay colectivos especialmente afectados por la crisis que hemos vivido y a los que debe dedicarse especial atención como son los jóvenes, las personas con baja cualificación, y la población inmigrada. En el último Informe sobre el empleo en el mundo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se expone que el empleo no volverá a los niveles anteriores a la crisis hasta 2013 en los países con un elevado PIB per cápita, mientras que en los países emergentes y en desarrollo ―los niveles de empleo podrían comenzar a recuperarse en 2010, pero no alcanzarán los niveles anteriores a la crisis antes de 2.011‖. De ahí que sea necesario mantener, y reforzar si procede, las medidas de lucha contra la crisis (nuevamente se enfatiza la bondad de las políticas de reducción de jornada como vía alternativa a la de extinción de contratos, si bien se recuerda que son validas mientras la situación de crisis existe pero no en etapas de mejora de la situación económica, y que además deben ir dirigidas a empresas y sectores viables de cara al futuro; también, un reforzamiento de las políticas personalizadas de orientación y formación por parte de los servicios de empleo). B) En la misma línea que en documentos anteriores, se enfatiza por la UE la necesidad de adoptar medidas que faciliten el acceso y el mantenimiento en el empleo de la población trabajadora más que en un concreto puesto de trabajo, siendo para ello necesario facilitar la adquisición de las capacidades necesarias para favorecer las transiciones y la movilidad en el mercado laboral, con un justo equilibrio entre las medidas de flexibilidad y seguridad laboral que permitan superar la preocupante segmentación del mercado de trabajo que afecta a los trabajadores con contratos de duración determinadas y que faciliten la adaptación de las empresas a los cambios requeridos por las nuevas realidades económicas y productivas sin merma de los derechos de los trabajadores, siendo el objetivo incrementar la resistencia de la economía europea a futuras crisis. C) El Informe llama a proseguir ―con buen ritmo‖ la reforma del mercado laboral, argumentando su necesidad para que la UE pueda contar ―con más y mejor empleo y con una mayor integración social‖. Lógicamente, no ahonda más en este terreno, dadas las diferencias existentes en cada Estado, por una parte, y sobre qué debe entenderse por reforma laboral por otra, aunque no conviene olvidar que la UE ha hecho de la flexiseguridad el eje central de todas su políticas de empleo y de protección social en los

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últimos años, entendiendo que la seguridad debe ir referida a la permanencia en el mercado de trabajo y no a un puesto de trabajo concreto, y que las transiciones profesionales deben ir acompañadas de las medidas adecuadas que potencien la adaptabilidad y formación de los trabajadores y la protección social adecuada cuando ello fuere necesario. D) En el proyecto de Informe, y en el texto definitivo que será aprobado este mes, se ha tomado en consideración el Dictamen del Comité de Empleo sobre la estrategia europea para el empleo en el marco del programa de Lisboa para el período posterior a 2010, en el que se defiende la validez de los objetivos marcados en su momento por la Estrategia Europea para el Empleo y la toma en consideración de las nuevas realidades económicas y sociales; de esta forma, las políticas de empleo deben tomar en consideración factores como el proceso de envejecimiento de la población, el crecimiento proceso de mundialización económica, el fortalecimiento de los recursos humanos y la apuesta decidida por las políticas de innovación, el cambio climático y su impacto sobre la creación/destrucción de puestos de trabajo, y la necesidad de reforzar la dimensión social de la EEE. Se solicita que se mantengan los objetivos generales de la EEE, como son la búsqueda del pleno empleo, la mejora de la calidad y la productividad del trabajo, y el reforzamiento de la cohesión económica, social y territorial, pero al mismo tiempo se pide que las prioridades de acción en el próximo futuro sean limitadas, muy vinculadas al contexto político y económico actual, y que sean claramente visibles y conocidas por la ciudadanía. Por decirlo con las mismas palabras del documento, la futura EEE ―debe presentar una estructura más simple y ser formulada en términos más claros para comunicar más eficazmente al gran público la necesidad de reformas y los costes que implica que no se pongan en práctica, para reforzar la apropiación y la adhesión a los objetivos de las políticas‖. Además, se sugiere que puedan adoptarse objetivos que tengan en consideración la diferente situación de los Estados comunitarios, argumentando que ello podría contribuir a que fueran más eficaces y con mayor posibilidad de ser realizados. De especial interés, además de las referencias ya contenidas en documentos anteriores sobre la necesidad de políticas inclusivas y la creación de empleos de calidad, me parece la mención a la conveniencia y necesidad de poner en marcha políticas que faciliten el tránsito desde los sectores y actividades en crisis o en fase intensa de reestructuración hacia otros con mayor protección de futuro y en el marco de los llamados sectores ―verdes‖ emergentes, así como también el apunte sobre la necesidad de dedicar una especial atención a una mejor gestión de las migraciones económicas.
V. Por último, abordo el análisis de otro documento que será objeto de debate en la reunión del Consejo de Ministros EPSCO, en concreto del informe elaborado en diciembre de 2009 por la Comisión sobre la igualdad entre mujeres y hombres, y sin duda merecerán atención los últimos datos y las propuestas presentadas por la Comisión Europea con ocasión de la celebración, justamente mañana, del día internacional de las mujeres. La vicepresidenta de la Comisión, y comisaria de justicia, derechos fundamentales y ciudadanía, Viviane Reding, ha anunciado que la Comisión está estudiando, de cara al próximo futuro, adoptar nuevas medidas jurídicas si no se avanza sustancialmente en un período breve de tiempo en la reducción de las desigualdades salariales, que podrían ir en una triple dirección: ―presentación de informes sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres y transparencia de sueldos a nivel de

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empresa e individual o colectivamente mediante información y consulta con los trabajadores; refuerzo de la obligación de velar por que las clasificaciones de los puestos de trabajo y los baremos salariales sean neutros; mejora de las disposiciones en materia de sanciones en caso de que se incumpla el derecho a igual salario con el fin de garantizar que tales sanciones sean disuasorias y proporcionales (por ejemplo, sanciones más elevadas en caso de reincidencia)‖. A) En el documento comunitario se pasa revista a las actuaciones emprendidas o continuadas durante los últimos años para avanzar en el camino de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres básicamente en el ámbito sociolaboral, al mismo tiempo que se concretan cuáles son las prioridades para el próximo futuro. La tesis general del texto es que se sigue avanzando en la superación de las desigualdades, pero que todavía persisten desigualdad entre hombres y mujeres, ―generalmente en perjuicio de la mujer‖. Además, la Comisión subraya el nuevo escenario económico de crisis, en el que se debe proseguir con las políticas de igualdad y evitar algunas tentaciones de ir hacia atrás en la regulación normativa, y también en la práctica, en materia de igualdad, argumentando y enfatizando que los tiempos de crisis ―ofrecen una oportunidad única para el cambio, ya que la igualdad de mujeres y hombres es una condición previa para el crecimiento sostenible, el empleo, la competitividad y la cohesión social‖. Durante el año en curso se prevé la elaboración de un nuevo plan de trabajo de la UE que sustituya al que finaliza, y se trabajará para conseguir que las políticas de igualdad queden bien recogidas en la estrategia europea 2000 y en el texto que actualice o renueve la estrategia para el crecimiento y el empleo. B) Dicho sea de forma incidental, y refiriéndome un momento a la realidad española, el reciente informe sobre ―Mujer y trabajo 2009‖, realizado por la Secretaría General de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, valora de manera positiva los avances de las mujeres hacia situaciones de igualdad en el mercado de trabajo, si bien sigue constatando que persisten fuertes desigualdades en materia salarial (25,4 %) y en la presencia femenina en cargos de dirección en las empresas. El Informe pone de manifiesto que el empleo femenino se ha visto menos afectado por la crisis que el masculino debido a los sectores y ocupaciones en los que tienen presencia mayoritaria las mujeres, con un número muy elevado en el sector servicios, reducido en industria y muy minoritario en construcción (con datos de 2009, el 87 % de las mujeres trabajan en el sector de servicios, un total de 7.180.800 personas, muy por delante de las 675.900 mujeres que prestan sus servicios en la industria, 205.800 en la agricultura, y 142.800 en la construcción). C) Entre los principales avances en los países de la UE se constata el importante crecimiento del empleo femenino, que ha pasado en una década del 52 % en 1998 al 59,1 % en 2008 y muy cerca, pues, del objetivo marcado por la Estrategia de Lisboa del 60 % en el 2010, aún cuando la crisis económica ha interrumpido esta tendencia positiva y alejado el cumplimiento de dicho objetivo. Ese avance, que ha permitido reducir la diferencia con la tasa de empleo masculina desde 18,1 puntos en el año 1998 hasta los 13,7 en el 2008, no debe ocultar que siguen existiendo diferencias importantes por razón de sexo cuando se tienen hijos a cargo ya que la tasa de empleo femenina cae 11,5 puntos y la masculina se incrementa en 6,8. Otro dato estadístico que debe llevar a pensar sobre el diferente grado de asunción de las responsabilidades familiares y profesionales, y que aconseja seguir trabajando en su corrección, es el número de

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personas que prestan sus servicios a tiempo parcial, que en el caso de las mujeres es del 31,1 % durante 2008, cuatro veces mayor que el de los trabajadores (7,9 %). Justamente la Comisión enfatiza que los países que tienen una regulación más favorables en materia de atención a la infancia, permisos parentales y sistemas de trabajo flexible son aquellos donde la tasa de empleo de las mujeres y el índice de natalidad son más elevados‖. Se avanza lentamente según la Comisión en la reducción de la segregación profesional y sectorial que sufre la mayor parte del colectivo femenino, constatándose que el crecimiento del empleo de las mujeres se produce mayoritariamente en sectores y profesiones feminizadas y con niveles salariales más bajo que el promedio, y ello con independencia de un dato muy positivo como es que las mujeres consiguieron el 59 % de los títulos universitarios en la UE durante 20006. Esa segregación trae como consecuencia económica que exista una diferencia de retribución entre sexos que alcanza una media del 18 % en la UE, diferencias a las que no son ajenas tampoco las situaciones vividas por muchas mujeres de interrupción de su carrera profesional por motivos familiares. D) El documento pasa revista a cómo ha sido la evolución política y legislativa en materia de igualdad durante el indudable impacto que ha tenido en las medidas adoptadas, y también las que se han dejado de adoptar, la crisis económica y financiera mundial en la economía real y en los mercados de trabajo. Cabe destacar el acuerdo alcanzado, y que está pendiente de aprobación definitiva por el Consejo que probablemente se produzca durante la sesión de trabajo del lunes y martes, de la revisión de acuerdo marco suscrito entre los agentes sociales sobre el permiso parental. Cabe recordar que el acuerdo político sobre el proyecto de Directiva por la que se revisa el acuerdo marco parental, acuerdo revisado y suscrito en junio de 2009, ya fue alcanzado en el anterior Consejo EPSCO de finales de noviembre en los siguientes términos: ―La nueva Directiva, que se aplicará a comienzos de 2012, amplía en particular el derecho de los trabajadores al permiso parental de tres a cuatro meses para cada progenitor. Un mes como mínimo de dicho permiso no podrá transferirse de un progenitor al otro. Esto obedece a que se quiere fomentar que los progenitores varones asuman un mayor grado de responsabilidades familiares. Entre otros nuevos elementos con respecto al acuerdo precedente de 1995, cabe citar la precisión de que quedan cubiertos también los trabajadores que trabajan a tiempo parcial, por una duración determinada o en empresas de trabajo temporal. Se podrá exigir antigüedad, pero nunca superior a un año. Los trabajadores que regresen tras un permiso parental tendrán derecho a pedir cambios en sus horarios o regímenes de trabajo, y sus peticiones deberán ser tomadas en consideración y atendidas por los empleadores‖. E) En cuanto a los retos y orientaciones estratégicas de futuro, se llama a los Estados miembros a tomar en consideración la importancia de invertir en políticas de igualdad que faciliten la independencia económica de las mujeres y que faciliten el equilibrio entre vida laboral y vida privada, tanto de las mujeres como de los hombres, porque se ha constatado empíricamente que dicha inversión ―resulta rentable en términos de desarrollo social y económico‖. Las líneas de actuación para el próximo futuro pasan por el reforzamiento de la sinergia

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entre la igualdad de género y el empleo, con objeto de estimular la recuperación económica y el crecimiento sostenible, con especial atención a las medidas que vayan directamente dirigidas a atacar las desigualdades salariales existentes; también, por el apoyo a la conciliación entre la vida laboral, privada y familiar de hombres y mujeres, con medidas dirigidas a incentivar que los hombres asuman una mayor parte de las responsabilidades familiares; por otra parte, se requiere promover la inclusión social y la igualdad entre mujeres y hombres, con una atención especial a las necesidades de los colectivos más vulnerables como son las familias monoparentales con una mujer al frente, las de edad avanzada o las procedentes de la inmigración; cobra también un reforzado interés la prevención y lucha contra la violencia de género, y no menos importante es la materialización del compromiso con la igualdad en acciones y resultados, haciendo una llamada a todos los Estados de la UE para que renueven el compromiso establecido en el Pacto Europeo por la igualdad de género y para que se refuerce ―la asociación y la sinergia entre las instituciones europeas, los interlocutores sociales y la sociedad civil‖.
71. La crisis económica y social y su impacto sobre el mundo del trabajo (26 de marzo de 2010).
I. Reproduzco en esta entrada del blog, ligeramente revisada, la presentación de la conferencia que pronuncié en Manresa el día 23 de este mes, organizada por Justicia i Pau, Bages per a tothom, Càritas, Consell de Solidaritat de Manresa y Moviment cristià comunitari de Manresa. Guardo del acto un especial recuerdo, porque mi presentación corrió a cargo de Francesc Riera, ex director de Cristianisme i Justícia. Me permito aquí, tal como hice en la conferencia, recordar un texto que escribí el 21 de octubre de 2007 y que refleja muy bien mi relación con CiJ: ―José Mª Diez Alegría con sus 96 años y sus ganas de vivir es un fiel ejemplo de aquello que yo he aprendido durante más de 25 años de mis relaciones con el mundo jesuítico, con personas de la elegancia y buen hacer de Joan N. García-Nieto, Francesc Riera o Ignasi Salvat, por citar sólo algunos de los muchos a los que profeso una intensa admiración y cariño desde que tuve la fortuna de incorporarme al Centro de Estudios Cristianisme i Justícia el año 1982‖. En la introducción de la conferencia subrayé, y también deseo hacerlo ahora, que el día tenía un cierto simbolismo jesuítico, porque se ubicaba entre dos fechas especialmente emotivas. El 21 de marzo de 1980 moría asesinado en Bolivia el jesuita Lluís Espinal, y tres días más tarde era asesinado en El Salvador Monseñor Oscar Romero, del que recupero ahora una frase cargada de fuerza y de esperanza: ―el que se entrega por amor a Cristo al servicio de los demás vivirá como el granito que muere. Si no muriera se quedaría solo. Si hay cosecha es porque muere, se deja inmolar esa tierra, deshacerse y sólo deshaciéndose produce la cosecha". También es un motivo de satisfacción recoger la petición de perdón público por el asesinato formulada el día 24 de este mes por el Presidente del Salvador, Mauricio Funes: "En nombre del Estado salvadoreño, como presidente constitucional reconozco que el entonces arzobispo de El Salvador, Oscar Arnulfo Romero Galdámez, el 24 de marzo fue víctima de la violencia ilegal que perpetró un escuadrón de la muerte". II. Una mirada cristiana a la crisis. Cáritas in veritate.

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1. ―La riqueza mundial crece en términos absolutos, pero aumentan también las desigualdades. En los países ricos, nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las zonas más pobres, algunos grupos gozan de un tipo de super desarrollo derrochador y consumista, que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Se sigue produciendo «el escándalo de las disparidades hirientes‖. 2. ―Reducir el nivel de tutela de los derechos de los trabajadores y renunciar a mecanismos de redistribución del rédito con el fin de que el país adquiera mayor competitividad internacional, impiden consolidar un desarrollo duradero. Por tanto, se han de valorar cuidadosamente las consecuencias que tienen sobre las personas las tendencias actuales hacia una economía de corto, a veces brevísimo plazo‖. 3. ―Oponerse ciegamente a la globalización sería una actitud errónea, preconcebida, que acabaría por ignorar un proceso que tiene también aspectos positivos, con el riesgo de perder una gran ocasión para aprovechar las múltiples oportunidades de desarrollo que ofrece. El proceso de globalización, adecuadamente entendido y gestionado, ofrece la posibilidad de una gran redistribución de la riqueza a escala planetaria como nunca se ha visto antes; pero, si se gestiona mal, puede incrementar la pobreza y la desigualdad, contagiando además con una crisis a todo el mundo‖. III. Una mirada social a la crisis (OIT, 2010). 1. ―En la mayoría de países los cimientos de la economía siguen siendo frágiles. La utilización de la capacidad industrial es muy baja, el comercio permanece por debajo de los niveles anteriores a la crisis, el crédito a las pequeñas empresas y a los particulares sigue siendo limitado y el consumo y la confianza de los consumidores no se han restablecido, principalmente debido a la incertidumbre con respecto al empleo y al verdadero vigor de la recuperación económica. 2. En este contexto, los empleadores de todos los sectores guardan prudencia en cuanto a la creación de empleo y los gastos de capital, incluso si aumenta la demanda de sus productos. La debilidad de la demanda agregada parece constituir el mayor inconveniente a medio plazo. En tales circunstancias, es probable que la recuperación económica siga siendo moderada en 2010 y que el crecimiento del empleo sea más lento que en crisis anteriores‖. IV. El camino para lograr la meta del ―empleo pleno, productivo y libremente elegido (OIT, 2010). Primera medida: Los Estados deben comprometerse políticamente a alcanzar el pleno empleo. Segunda medida: Los Estados deben establecer o esforzarse por establecer instituciones que sean necesarias para garantizar la consecución del objetivo del pleno empleo. Tercera medida: Los Estados deben hacer todo lo posible, en función de su nivel de

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desarrollo y capacidad económico para lograr y mantener el pleno empleo Síntesis: ―sin un compromiso político, sin las instituciones esenciales y sin los consiguientes genuinos esfuerzos, resulta poco probable que se pueda lograr el pleno empleo durante un período sostenido de tiempo‖. V. Los cambios en el mundo del trabajo. -- Cambios en el mundo del trabajo (OIT, 2006). El trabajo se está transformando, cambia y se globaliza. ―Hoy, más que nunca antes, el ritmo y magnitud de los cambios que se producen en una parte del planeta tienen repercusiones para las mujeres y hombres de otros países‖. -- Informe sobre la situación social en el mundo (ONU, 2007). ―El mundo del trabajo es objeto de una profunda transformación. Los desplazamientos sectoriales están haciendo que las antiguas imágenes del empleo y el trabajo a jornada completa y de ocupación única ya no resultan apropiadas como guías para el futuro. Son precisamente el sentido de inseguridad que acompaña a las diferentes formas de trabajo no estructurado y la falta de seguridad en el empleo los que plantean importantes retos para el siglo XXI‖. 1. Proceso de globalización/mundialización. Impacto de las TIC. 2. La política comunitaria de empleo y su influencia sobre la española. 3. El fenómeno de la inmigración. 4. El desarrollo y consolidación del Estado de las autonomías. 5. La adaptación de las políticas (públicas y privadas) a los cambios. Nuevas realidades en los ámbitos del empleo, la formación y el desempleo 6) Los nuevos marcos comunitarios y estatales de inclusión social. La estrategia española 2008-210. La protección de los colectivos desfavorecidos. 7. Creciente participación femenina en el mercado de trabajo.
VI. Enfrentando la crisis mundial del empleo. La recuperación mediante políticas de trabajo decente (OIT, 2009). Ejes del PME: 1. Garantizar el apoyo y las corrientes de créditos para las empresas, en especial las pymes. 2. Salvaguardar puestos de trabajo viables, apoyando la aplicación de horarios reducidos y el desarrollo de competencias laborales para limitar los despidos innecesarios.

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3. Apoyar a quienes buscan empleo mediante prestaciones de desempleo bien diseñadas. Para la OIT ―se debería establecer un seguro de desempleo y, en los casos en que ya exista tal seguro, se pueden ampliar la cobertura y la duración de sus prestaciones de manera temporal durante los períodos en que el desempleo alcance niveles más elevados‖. 4. Reforzar los programas activos del mercado de trabajo para evitar el riesgo de desempleo de larga duración y de exclusión social. Asistencia y orientación para el empleo. Atención especial a los jóvenes, y en particular a los más desfavorecidos. 5. Aumento de la inversión en proyectos de infraestructuras y bienes públicos con alto coeficiente de empleo. 6. Inversión en la nueva economía verde, en seguridad alimentaria y en desarrollo rural. 7. Introducción o extensión de la protección social a favor de los grupos de bajos ingresos y de los trabajadores del sector informal. Establecimiento de un nivel mínimo, conjunto de derechos, transferencias y servicios, que todos los países deberían establecer progresivamente en función de sus medios y de la ayuda externa disponible. 8. Promoción de las normas internacionales del trabajo. 9. Reestructuraciones empresariales a por medio del diálogo social. 10. Trato justo de los trabajadores migrantes. VII. Encuesta de condiciones de vida en España 2009. 1. El 19,5 % de la población residente en España estaba en 2009 por debajo del umbral de pobreza relativa (que se reduce al 15,5 % si se considera el valor del alquiler imputado). Sólo se ha producido un descenso de 0,2 puntos desde 2007, si bien esa disminución alcanza casi 3 puntos cuando se trata sólo de la población mayor de 65 años (28,5 y 25,7 %, respectivamente). 2. El 13,7 % de los hogares españoles manifiesta llegar a final de mes con mucha dificultad, y un 16,8 % con dificultad. El primer grupo, el más preocupante desde la necesidad de prever y diseñar medidas de protección social, se ha incrementado en 3,4 puntos en sólo 2 años. 3. El porcentaje de hogares que no podían afrontar gastos imprevistos en 2009 era del 33,9 %, 5,8 puntos más que el año anterior, y un 38,9 % no podían permitirse pagar una semana de vacaciones fuera de su caso, con un incremento de 5,4 puntos sobre 2008. 4. Se incrementa el número de personas que sufren retrasos en sus pagos pendientes, ya

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que hemos pasado del 4,7 % en 2005 al 7,2 % en 2009, siendo el porcentaje lógicamente mucho mayor (18,6 %) cuando se trata de hogares en los que todos sus integrantes se encuentran en situación de desempleo. En el ámbito internacional (Eurostat, 2010): ―Long term unemployment set to rise in the aftermath of the crisis. While there is hope of economic recovery as output starts growing again, the effects of the crisis on the European labour market are far from over. In 2009Q3, the ranks of the unemployed increased to around 21.4 million in the EU. Many of them lost their job in the past 12 months. But with fewer jobs on offer, the risk of staying unemployed for over a year is real for a substantial number of people. This could result in more social exclusion and poverty‖. VIII. Cambios en las políticas sociales. 1. Transformación progresiva de las estructuras familiares. Aumento de las familias monoparentales. 2. Incidencia del desempleo. Especial importancia del desempleo de larga duración (más de un año de inscripción en la oficina de empleo). 3. Aparición y desarrollo de nuevas formas de marginación, exclusión y pobreza vinculadas a los cambios producidos en el mundo del trabajo. Incidencia de la precariedad laboral sobre el reconocimiento y disfrute de derechos de protección social vinculados a períodos de cotización. 4. Crisis del diseño (―años sesenta‖, siglo XX) de protección social, de protección de trabajadores varones ocupados de forma estable y en desempleo sólo de forma ocasional. 5. Reordenación de los sistemas de empleo y de protección social para garantizar recursos formativos, laborales y económicos a todas las personas que los necesiten. Influencia de diversos factores: Envejecimiento de la población. Retirada anticipada del mercado de trabajo. Acceso precario de la juventud al ámbito laboral. Mayor participación femenina. Más presencia de la inmigración. Articulación de las ―políticas activas‖ y las ―políticas pasivas‖ en materia de empleo y protección social. Políticas de inserción tendentes a facilitar el retorno al mercado de trabajo. Políticas de protección económica en caso de necesidad. IX. Recapitulació final. 1. Tenim múltiples incerteses respecte del futur, una de les més importants de les quals és la de saber si tots els ciutadans que ho vulguin podran accedir a una feina o si, en canvi, molts d‘ells s‘hauran de resignar a percebre una prestació econòmica a càrrec

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dels poders públics, i això si la situació econòmica de l‘Estat i les opcions polítiques que el controlin ho permeten. 2. L‘anàlisi del mercat de treball en tot cas s‘ha de fer prenent en consideració la influència que sobre aquest mercat i sobre la mateixa noció i concepte de treball impliquen el canvi tecnològic, la internacionalització econòmica i financera, les noves formes d‘organització del treball, la creixent participació femenina en la vida laboral, el fenomen de la immigració i l‘aparició de grups que queden exclosos d‘aquest mercat. 3. Qualsevol reforma socioeconòmica ha de tenir ben present l‘òptica clara i definida de defensa dels interessos de les persones menys afavorides, que són precisament les que més pateixen les conseqüències de les crisis econòmiques i socials a escala mundial; 4. A les nostres societats s‘ha produït un increment global del benestar econòmic durant molts anys, però s‘ha distribuït molt desigualment entre el conjunt de la població, amb un important augment del nombre d' exclosos. 5. Una de les febleses més important dels nostres mercats laborals és la dificultat per incorporar plenament l‘economia del coneixement i de la innovació a totes les activitats productives, tot i que no seria just oblidar que hem fet passos endavant en aquesta línia. No podem competir amb polítiques empresarials que es basin, principalment, en els baixos costos salarials, sinó que s‘ha de prestar molta atenció, tant a la major qualitat dels productes com a una molt més gran implicació dels treballadors en el funcionament de la seva empresa. 6. L‘eix fonamental de les noves polítiques hauria de centrar-se en la millora de les competències professionals de tots els treballadors, per tal que puguin tenir garantida l‘estabilitat en el mercat de treball, sigui per compte aliè o per compte propi, i no únicament l‘estabilitat en un lloc de treball. Això implica, també, una participació molt activa dels poders públics per garantir protecció econòmica i polítiques actives de mercat de treball a totes aquelles persones que les requereixen ―Creo que España debe aprovechar este momento para modificar su modelo productivo hacia una economía sostenible y basada firmemente en el conocimiento. Es un buen momento para dar prioridad a la educación, la formación, la investigación, el desarrollo y la innovación, como base del bienestar y de un nuevo modelo de crecimiento económico‖ (Carlos Berzosa, 2010). 7. Hem d‘apostar per una economia oberta i basada en el coneixement de les persones,

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on el capital més important siguin les seves actituds i aptituds per enfrontar se als canvis, i això afecta tant el món empresarial com el món assalariat. Però, atenció, en aquestes polítiques que es duguin a terme no haurem d‘oblidar mai l‘existència de col•lectius menys afavorits que necessiten especial protecció.
72. Reflexiones sobre la (posible) futura normativa reguladora de las políticas activas de empleo (5 de abril de 2010).
1. Desde el año 2005 he tenido oportunidad de conocer numerosos borradores de un Real Decreto, que hasta el momento no ha visto la luz pública, de ordenación de las políticas activas de empleo que son financiadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (y que cuando se elaboró el primer borrador estaban a cargo del entonces existente Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), en desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley 56/2003 de 16 de diciembre, de Empleo. Como bien conocen los lectores y lectoras del blog, es un ámbito de trabajo por el que tengo especial interés y en el que trato (y les aseguro que no es fácil) de estar al día de las modificaciones legales operadas en sede internacional, comunitaria, estatal y autonómicas, y también de los proyectos normativos (ya sea en fase de borradores, o de anteproyectos ya aprobados y sometidos a los informes legales pertinentes antes de poder proceder a su aprobación). Es por ello que dedico esta entrada al último borrador que he tenido oportunidad de leer muy recientemente sobre el que algún día puede ser el Real Decreto de ordenación de las políticas activas de empleo, conocido a finales del pasado mes de marzo. 2. Desde el plano jurídico laboral y presupuestario, hay un doble ámbito de actuación que hemos de tener presente: en primer lugar, que hay dos normas (Estatutos de autonomía y reales decretos posteriores de traspaso de competencias) que atribuyen la competencia en materia de gestión de las políticas activas de empleo a las autonomías; en segundo término, que la Ley de Presupuestos Generales del Estado asigna una partida presupuestaria para esa materia. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria, la asignación territorializada puede hacerse en la propia ley de presupuestos, pero si ello no ocurre (y así es en políticas activas de empleo), se efectúa a través de la Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales(tal como ocurre en efecto), Conferencia que adquiere un papel de primera importancia porque es donde se fijan los criterios de distribución de los fondos, por cierto modificados para el período 2010-2013 con respecto a los años anteriores, tal como he explicado en otra entrada del blog y de la que recupero ahora sólo las referencias necesarias para completar mi explicación. ―Para la distribución de las subvenciones se utilizan diferentes reglas en razón del programa de empleo de referencia. Dichos criterios, según dispone el anexo I, ―se aplicarán a la cantidad obtenida de la diferencia entre el presupuesto inicialmente autorizado para su distribución entre las 16 Comunidades Autónomas afectadas en los ejercicios 2009 y 2010, incrementada en el 5 por 100 del presupuesto inicialmente autorizado en 2009. En todo caso la asignación resultante debe ser superior a la realizada en aplicación de los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 14 de enero de 2009, para todas las Comunidades Autónomas‖.

Reflexiones de un bloguero laboralista sobre el empleo y la formación. Recopilación de entradas publicadas desde el 9 de septiembre de 2007 al 9 de septiembre de 2014 (II).

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