México 2012: Conflicto social como catalizador de transformaciones en el sistema político

México 2012: Conflicto social como catalizador de transformaciones en el sistema político

Felipe Enero Segovia
Estudiante
Lic. en Estudios Internacionales
Universidad de Santiago de Chile
felipe.enero@gmail.com

Trabajo preparado para su presentación en el X Congreso Chileno de Ciencia Política, organizado
por la Asociación Chilena de Ciencia Política (ACCP). Santiago, 17 al 19 de octubre de 2012."
Área del trabajo: La dimensión política de las políticas públicas: Actores y casos de interacción
política en la construcción de las políticas públicas en Chile; Conflictividad social y diseños
institucionales en América Latina.

Resumen

Los acuerdos transicionales concertados entre las élites priistas y panistas a mediados de los 80 y la
firma del NAFTA en el año 1994 inauguran un complejo proceso de apertura política y
liberalización económica en el ya desgastado Estado corporativista Mexicano. Pese a las
expectativas de las élites y la ciudadanía de conciliar democracia y progreso económico, las
reformas dieron como resultado una progresiva precarización del empleo, un aumento explosivo de
la criminalidad, y una democracia tutelada meramente procedimental. Estos efectos negativos
adquieren un carácter crítico durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón debido a una
escalada del conflicto social bajo las consignas de profundización democrática, seguridad y
Derechos Humanos, empleo y trabajo digno, y fortalecimiento del sistema educativo y sanitario. En
el marco de las elecciones generales 2012, el sistema político se ha visto en la necesidad de realizar
ajustes que eviten la aparición de resabios populistas y el desborde de lo social.

Palabras claves: Elecciones generales México 2012, Conflicto Social, Sistema Político, Populismo,
Felipe Calderón.

Objetivos y preguntas de Investigación

Este trabajo tiene como objetivo identificar a los principales actores políticos y sociales del sexenio
Calderonista (2006-2012) y comprender sus dinámicas e interacciones en el marco de un contexto
histórico amplio y en el periodo en cuestión, así como reflexionar en torno al escenario político y
social que afrontará el nuevo presidente Enrique Peña Nieto. Es por ello que este trabajo buscará
responder ¿Cuales han sido los principales movimientos sociales que han logrado impulsar cambios
en la agenda política del gobierno del Presidente Calderón y del poder legislativo? ¿De qué forma
han respondido estos dos poderes del Estado ante las demandas ciudadanas? ¿Las demandas
ciudadanas han catalizado transformaciones al sistema electoral con repercusiones en el desarrollo y
definición de las elecciones generales 2012? Por último el trabajo buscará reflexionar acerca del
complejo escenario político y social que acaecerá a comienzos del sexenio encabezado por Enrique
Peña Nieto en virtud de las definiciones estratégicas pos-electorales de los principales actores
políticos y sociales del periodo.

1

Hipótesis

La hipótesis del presente trabajo señala que las reiteradas movilizaciones del movimiento del
primigenio movimiento sindical autónomo, el movimiento por los derechos humanos, y en
particular del movimiento cívico en sus diversas formas han generado cambios en la definición de
prioridades legislativas por parte del poder ejecutivo y los partidos que conforman el congreso de la
unión. Dichos cambios en la agenda política han catalizado el diseño e implementación de políticas
públicas de forma vertical, desde el duopolio panista-priista hegemónico en el congreso de la unión.
La reforma electoral del año 2007 que surgió como respuesta a las altivas movilizaciones cívicas
acaecidas el año 2006 en contra del llamado “fraude electoral” que arrebató la presidencia al
perredista Andrés Manuel López Obrador es fiel reflejo de ello. La reforma socavó la autonomía de
la institucionalidad electoral, posibilitó la cristalización del duopolio hegemónico de modernización
neoliberal PAN-PRI, y facilitó el triunfo electoral de este último.

Este fenómeno de permanente conflictividad social con resultados frecuentemente no deseados para
los movimientos sociales se debe a aspectos políticos y culturales históricos aún latentes en el
pueblo mexicano tales como la escasa politización de la ciudadanía producto de la cultura
corporativa de patronazgo clientelar fruto de las décadas de primacía priista y transición
democrática elitista; la hegemonía ideológica neoliberal fortalecida producto de la influencia
norteamericana acrecentada en los últimos años debido a la ingente inmigración mexicana al país
del norte; y la fragmentación de los diversos movimientos sociales autónomos (en parte por resabios
de la cultura anarquista pre-revolucionaria y por el fuerte control, represión e infiltración Estatal) y
de los partidos políticos que abogan por transformaciones estructurales en la política, la economía y
la cultura del país Azteca.

Introducción: Una inmersión al contexto político, económico y social Mexicano

Esta investigación yace elaborada bajo el enfoque del institucionalismo histórico mediante el
análisis de información cualitativa (en particular análisis de teoría fundamentada, documentos, y
discursos) junto con el apoyo de datos cuantitativos (encuestas e indicadores económicos), lo que
contribuirá a descifrar las estrategias y objetivos de los actores políticos y sociales del periodo 2006
a septiembre de 2012 (fecha en donde es ratificado como Presidente Enrique Peña Nieto). Es por
ello que resulta pertinente recapitular en algunos aspectos y tendencias históricas elementales que
han marcado el desarrollo político, económico y social del actual Estado Mexicano.

Tras el triunfo de los sectores medios y los caudillos militares rurales en la “Revolución Mexicana”,
la nueva casta dirigente se vio bajo la necesidad de apaciguar los agudos conflictos entre los
cacicazgos locales y las facciones ideológicas de la sociedad 1 que persistían en vastas regiones. La
consolidación institucional y la re-inmersión del país en el concierto político y económico
internacional se constituyeron en las grandes metas de la nueva élite. La fórmula escogida para tal
imperiosa tarea fue la construcción de un Estado de derecho corporativista de partido policlasista
hegemónico2(Sartori, 2005), en donde la libertad de organización fue constreñida al punto de solo

1 Véase el conflicto entre el laicicismo mesocrático-popular y el anarquismo en contra de los “cristeros”, facción
reaccionaria de la Iglesia católica y el latifundismo.
2 De acuerdo a Sartori, este tipo de sistema se caracteriza por un partido hegemónico que controla el Estado de forma
discrecional, el partido hegemón solo permite la existencia de partidos satélites o de autonomía relativa (como lo
2

permitirse el libre accionar de las organizaciones sociales, en particular sindicales3 y campesinas,
ligadas al aparato estatal y a los caciques4 del Partido Revolucionario Institucional.

Si bien en sus comienzos, y en particular durante el gobierno de Lázaro Cárdenas el régimen del
Partido de la Revolución Mexicana (partido que en 1946 se constituye como PRI) se caracterizó por
implementar potentes políticas redistributivas, como señala Bizberg ya en el gobierno de Miguel
Alemán (1946-1952) se dio un giro al modelo de desarrollo y a la relación entre el Estado y la
sociedad civil hacia la acumulación de capital, aplazando la distribución de los beneficios. “Alemán
dio marcha atrás a muchas de las reformas iniciadas durante el sexenio cardenista: frenó
radicalmente el ritmo de la reforma agraria y elevó los límites de la pequeña propiedad agrícola,
introdujo (mediante una reforma a la Ley Agraria) el derecho de amparo para los dueños de la
tierra y restringió fuertemente los recursos que se daban al sector ejidal y los orientó hacia el
sector empresarial” (Bizberg, 2010 p. 5). Este viraje hacia la defensa de los intereses de la
emergente burguesía nacional tiene como una de sus causas la compleja alianza policlasista que
conforma el PRI, y sus consecuencias más notorias radican en los altos niveles de autoritarismo
político y control social que caracterizarán a los siguientes sexenios.

Una coyuntura crítica que marcará el inicio de un proceso de mayor apertura política, fue el
movimiento estudiantil de 1968 durante el sexenio de Gustavo Díaz Órdaz. Durante este episodio
estudiantes de la Universidad Autónoma de México alzaron demandas gremiales que a poco andar
tomaron forma de demandas cívicas transversales que tuvieron gran acogida en los sectores medios
y sectores excluidos de la prebenda corporativa5. Tras extenderse las protestas por varios meses el
gobierno de Órdaz aplicó una feroz represión dejando cientos de muertos y heridos en la llamada
“masacre de Tlatelolco”. Tras este hecho se agudizaron las contradicciones internas de la sociedad
mexicana así como la de los partidos políticos de la época, marcando un hito de politización,
aunque sin llegar a conformar una sociedad civil autónoma propia de las democracias modernas, ya
que las principales organizaciones sindicales y campesinas se mantuvieron fieles a las directrices
del ejecutivo (Della Roca, 2009). Gran parte de la militancia anti-priista del PAN, PRD y el PT6
formaron parte de las diversas facciones de dicho movimiento estudiantil. Como señala Bizber “A
diferencia del movimiento francés, en México prácticamente se restringió a los estudiantes y no
logró estimular la participación de sindicatos o de organizaciones campesinas. No obstante, este
momento marcó el desafió al pacto corporativo, primero “desde fuera” por los sectores que no
estaban organizados corporativamente: las clases medias, que dieron lugar a los movimientos más
importantes de la década de los sesenta; luego “desde dentro”, cuando las organizaciones
populares sobre las que estaba asentado comenzaron a recibir demandas a las que no estaban

fue el PAN durante buena parte del siglo XX al no poner en discusión la hegemonía priista), y constriñe formal o
fácticamente derechos invidividuales y colectivos como la libertad de organización. Véase en Sartori, Giovanni,
“Partidos y Sistemas de Partidos: Marco para un análisis”, Alianza Editorial, 2005.
3 Véase la Confederación General de Trabajadores Mexicanos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, agrupaciones cuyos dirigentes llevan décadas en la conducción y cuyas potestades se confunden con las
de un funcionario estatal.
4 El concepto de “patronazgo clientelar” reviste de especial relevancia ya que dice relación con el control político
personalista mediante liderazgos que actúan como intermediarios entre el Estado y los ciudadanos (clientes),
usando a la organización social como “patrimonio”, hecho que es avalado tanto por el Estado, los ciudadanos y los
“patrones”. Véase Freidenberg, Flavia y Levitsky, Steven, “Organización Informal de los partidos políticos en
América Latina”, Revista de Desarrollo económico, vol. 46, N°184, enero-marzo 2007.
5 Cuando se habla de la prebenda corporativa se trata de indicar en general el periodo del populismo latinoamericano,
en donde las políticas sociales estaban focalizadas en los sectores organizados y clientelizados de la sociedad como
lo fueron los sindicatos verticales.
6 El movimiento contó con una importante cantidad de dirigentes del Partido Comunista Mexicano, partido que en la
ideológicamente convulsa década de los 80 pasará a fusionarse con distintas agrupaciones socialistas, disidentes del
PRI y organizaciones sociales autónomas que darán forma al PRD y al PT.
3

preparadas para responder” (Bizberg, 2010 p. 7). Es importante remarcar este momento histórico,
ya que las demandas de los movimientos sociales de mayor amplitud e impacto que ha visto la
historia reciente de México radican en la ampliación de los derechos civiles y políticos. Como
señala Ramírez “las tres grandes reformas políticas del sistema priísta tuvieron como contexto
crisis de legitimidad: los diputados de partido en 1963 fueron producto de la ausencia de una
oposición legislativa en un escenario de dominio absoluto del PRI; el registro al Partido Comunista
Mexicano en 1978 estuvo estimulado por la guerrilla o lucha política con las armas, y la fundación
del IFE en 1989 y su autonomía total en 1997 resultó de la presión de la guerrilla en 1994 contra la
polémica elección presidencial de 1988, además de las presiones de la globalización y de la
cláusula democrática exigida por la Unión Europea” (Ramírez, 2011, p. 2).

Transición elitista a la democracia y neoliberalismo

A posteriori a la reforma electoral de 1977 que permite la existencia de partidos políticos
autónomos, comienza un re-acomodo del sistema de partidos lo cual ha arrojado un régimen
constitucional cada vez más compartido. “El Ejecutivo ha perdido facultades, ha sido acotado y los
demás Poderes han cobrado relevancia no sólo social y legítimamente, sino también en el ámbito
constitucional, lo cual ha equilibrado la competencia por el poder y la distribución del mismo”
(Navarrete, 2012, p. 18). Pese a la génesis de una mayor competitividad electoral, la
institucionalidad y la cultura política vertical y corporativa junto con un contexto global de
hegemonización del neoliberalismo, permite que en la década de 90 durante el sexenio de Carlos
Salines de Gortari se conforme una alianza programática implícita entre el PRI y el fortalecido
Partido de Acción Nacional PAN de ideología social-cristiana en virtud de generar una transición
democrática elitista que (para dichas tiendas políticas) que no ponga en riesgo la gobernabilidad
necesaria para la inserción de México en la economía global, ante la aparición de populismos
nacionalistas (como el encabezado por el PRD7) y movimientos sociales autónomos.

Este hecho se puede reflejar de forma clara haciendo una somera comparación de los ejes
programáticos de ambas colectividades a comienzos de los 90. Respecto al PRI como señala
Johanson, mientras que en 1979 el Estado debía ser propietario y administrador de los recursos
naturales, productor, inversionista, comercializador y distribuidor de bienes y servicios, los nuevos
documentos (de la década del 90) sólo hablaban de atribuciones “en materia de planeación,
conducción, coordinación y orientación de la economía nacional”. Estos estatutos devinieron a fin
de cuentas en la adopción de un nuevo modelo de desarrollo, de acuerdo al cual, se tendría que
impulsar vigorosamente el comercio exterior “acrecentando y diversificando las exportaciones,
incrementando su productividad en los mercados internacionales y racionalizando las
importaciones” (Johanson, 2009, p. 8). Mientras que en caso del PAN, la coincidencia programática

7 En la Declaración de principios, aprobada por el I Congreso Nacional (noviembre de 1990), el prd adujo promover
una economía en la que la competencia y el mercado, regulados por el Estado, pudieran generar y estimular la
productividad y el uso eficiente de los recursos. El Estado, afirmaba, no debía ahogar la iniciativa de los
particulares pero tampoco tolerar el abuso que generan las prácticas monopólicas y concentradoras de una
economía dejada al “juego de las fuerzas privadas”. De ahí que el partido negro-amarillo se pronunciara a favor
de un Estado responsable de erradicar la miseria, redistribuir el ingreso y mejorar las condiciones de vida de la
población de menores ingresos, pero también, de ejercer un “papel rector” sobre la economía para impulsar la
inversión productiva (Johanson, 2009, p. 17). Véase en Johanson Steve, ¿Están convergiendo los partidos políticos
en México? Papel del Estado y modelo de desarrollo en los documentos básicos del Partido Revolucionario
Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática (1929-2009), 2009, Revista
Scielo http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v56n212/v56n212a6.pdf, visto el 10 de septiembre del 2012.
4

es patente: “en las plataformas electorales de 1994 y de 2000, el pan se pronunció por un modelo
de desarrollo orientado hacia el exterior (una política industrial “que nos inserte exitosamente en
la globalización, compitiendo con los productos y servicios que potencien nuestras ventajas”), pero
que también buscara el fortalecimiento del mercado interno” (Johanson, 2009, p. 16).

Estas coincidencias programáticas permitirán reformas para abrir la economía mexicana a la
inversión extranjera, en particular la de Estados Unidos por medio de la ratificación del NAFTA en
1994. Dicho tratado tiene particular relevancia para comprender el periodo en cuestión ya que
contribuyo a una rápida des-industrialización relegando a amplias capas sociales a la pobreza
extrema y la criminalidad (Aboite, 1999). El omnipresente Estado corporativo mexicano no solo se
vio ante reformas que permitieron una mayor repartición y competencia por el poder político, sino
que también se vio ante un profundo proceso de liberalización económica que terminó con su
capacidad de mantener el orden social por medio del clientelismo de las organizaciones sociales,
ahora seriamente debilitadas en cuanto a afiliados y potestades. Como señala Escárzaga, “en la
medida en que el Estado mexicano ha sido recortado en su dimensión y en sus funciones, se va
incorporando a él de manera más directa la representación del capital nacional y trasnacional, los
empleados públicos y los trabajadores van siendo expulsados de sus empleos formales y despojados
de sus medios de producción, disminuyendo la capacidad de negociación de los que mantienen el
empleo y los sectores expulsados se van convirtiendo en otra cosa, van adquiriendo otras
condiciones e identidades sociales, se convierten en un espectro amplio y complejo que no está
suficientemente identificado y considerado. Lo característico del proceso mexicano es, como
señalamos antes, la gradualidad de los cambios y la invisibilidad de los mismos, se cambiaron las
cosas sin decir demasiado para evitar despertar al león dormido y la estrategia ha resultado
eficaz” (Escárzaga, 2007 p. 2).

El orden social se mantendría hoy gracias a la clientelización de los sectores sociales precarizados
producto de las reformas económicas; una potente arremetida ideológica neoliberal gracias a la
cooptación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dirigido por la eterna dirigente
Elba Ester Gordillo, y un férreo control mediático gracias al oligopolio comunicacional de TV
Azteca y Televisa. Este fenómeno de cultura política corporativa junto con la convergencia
programática neoliberal de las dos fuerzas mayoritarias en el Congreso de la Unión ha permitido el
desarrollo de una transición democrática peculiar en donde la sociedad civil se ha visto atomizada,
con demandas pragmáticas y parciales, y carente de definiciones estratégicas, y por lo tanto,
tomando las tesis de Liñán (Pérez Liñán, 2008), incapaz de generar protestas de tal magnitud que
puedan hacer caer a los diversos poderes del Estado o más aún, generar cambios estructurales 8.
Como señala Bizberg en torno a la transición “no hubo entonces una presión desde abajo para
demoler las instituciones del antiguo régimen. Como en otros casos en que las élites salientes
tuvieron el control de la transición y ésta básicamente se llevó a cabo por la vía electoral como en
el caso chileno, se preservaron muchas de las estructuras políticas y socio-políticas del viejo
régimen. Lo que en Chile se dio en llamar enclaves autoritarios, que eran básicamente reductos del
ejército en el gobierno civil, en México se refieren básicamente al hecho de que las principales
organizaciones de la sociedad civil, como sindicatos, organizaciones campesinas y otras
organizaciones populares, quedaran sometidas a los viejos liderazgos, que en su mayoría siguen
practicando las viejas formas de control clientelar” (Bizberg, 2010, p. 21).

8 Desde los 90 las organizaciones sociales mexicanas se encuentran eclipsadas por debates interno en cuanto a su
relación con el poder político. De acuerdo con Hangan “existen cinco tipos de relaciones prácticas por las que
pueden optar los movimientos sociales y los partidos políticos: articulación, permeabilidad, alianza, independencia
y transformación. Las primeras dos limitan seriamente la autonomía del movimiento; las últimas dos son menos
restrictivas” (Somuano, 2007, p. 11).
5

El Sexenio de Calderón: Entre la crisis social y la hegemonía cultural corporativa

Las tensiones electorales que se han generado en las últimas décadas son el reflejo del fracaso de la
alternancia partidista en la Presidencia de la República y de la paradoja de querer acomodar en el
viejo sistema político una composición de poder de nuevas fuerzas sociales. “La victoria de Vicente
Fox en julio de 2000 se constituyó por sí misma en la transición a la democracia” (Ramírez, 2011,
P. 1), pero los amplios anhelos democráticos de la ciudadanía se vieron frustrados a poco andar por
la hegemonía del duopolio panita-priista y la escasez de una sociedad civil autónoma con demandas
y apoyo ciudadano transversal.

La elección presidencial del 2006, marco el inicio de un nuevo pacto implícito entre el el PAN y el
PRI por mantener el control del poder ejecutivo para implementar la agenda neoliberal. Esta
dinámica de concertación se fortaleció producto de la estrecha victoria de Felipe Calderón frente a
Andrés Manuel López Obrador, en una contienda marcada por acusaciones de compra y robo de
votos y parcialidad del poder electoral. Durante el sexenio de Calderón, el debate de los principales
actores políticos, los movimientos sociales y la opinión pública se ha circunscrito en las profundas
problemáticas que aquejan la cohesión social de la Nación Azteca. Los gráficos que se presentan a
continuación manifiestan el alto índice de desigualdad en comparación al promedio de países
miembros de la OCDE (Cuadro Nº1)9; el estancamiento de los elevados índices de pobreza (Cuadro
Nº2)10, y una tasa de criminalidad en alza (Cuadro Nº3).11, en particular a posteriori a la
implementación de la nueva política de seguridad del PAN.

Cuadro Nº1

9 Observatorio económico de la Organización de países exportadores de Petróleo OPEC
http://www.opec.org/els/social/inequality Visto el 8 de septiembre del 2012.
10 Observatorio de conflictos y derechos humanos
http://www.observatori.org/mostrar.php?id=68&files_id=188&tipus=files&lng=cat Visto el 8 de septiembre de
2012.
11 Portal de análisis político “Libremente” http://www.libremente.org/wp-content/uploads/2011/11/homicidios-
mexico4.jpg Visto el 8 de septiembre de 2012.
6

Cuadro Nº2

Cuadro Nº 3

Como menciona Ceja, estos hechos han aumentado la pérdida de confianza para con los partidos
políticos, las instituciones gubernamentales y los políticos profesionales en general. “La insistencia
en preservar y profundizar el modelo económico excluyente; la falta de solución a las demandas
sociales; y, el crecimiento de la precariedad, la desigualdad, la inseguridad, de la violación a los
derechos humanos y el autoritarismo gubernamental, abona hacia la ingobernabilidad (Ceja, 2010,
p. 9). Cabe precisar que el gobierno de Felipe Calderón a gozado de una popularidad bastante alta
durante todo el sexenio (Cuadro Nº4)12, lo que nos lleva a concluir que pese a las adversidades
expuestas, la cultura política de patronazgo clientelar es patente en la ciudadanía. En contraposición
a la aprobación de Calderón, la adhesión de los partidos y liderazgos políticos se mantiene baja
(Cuadro Nº5)13, mientras el rechazo es altísimo (Cuadro Nº6)14 y nos conduce a concluir sobre las
serias dificultades que conlleva conformar un gobierno de amplia base social de respaldo que
impulse reformas democratizadoras en México.

12 Encuesta Nacional Grupo Reforma 2011 http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/mejora-aceptacion-de-
felipe-calderon Visto el 8 de septiembre del 2012.
13 Encuesta Nacional en Vivienda “Parametría”
http://www.parametria.com.mx/Mobile/DetalleEstudio.php?i=4324 Visto el 10 de septiembre del 2012.
14 Encuesta Covarrubias 2012 http://www.zonafranca.mx/encuesta-de-covarrubias-confirma-posicionamiento-
de-pena-nieto-como-lider-en-preferencias-electorales/ Visto el 15 de septiembre del 2012.
7

Cuadro Nº4

Cuadro Nº5

Cuadro Nº6

8

Para entrar a comprender aún más el clima de tensión social Carlos Fernández nos señala algunos
datos económicos relevantes. “La información disponible del Coneval hasta 2010 documenta que
la población en pobreza alimentaria en lugar de reducirse en 30 por ciento, según la meta del
programa sectorial, aumentó en 46 por ciento; el número de pobres en el país pasó de 44.7
millones al cierre de 2006 a 57.7 millones en 2010, es decir 30 por ciento más que al inicio del
sexenio; el ingreso de los hogares cayó 14 por ciento en términos reales de 2006 a 2010, al tiempo
que se deterioró gravemente la cohesión social, creciendo la desigualdad en el ingreso; el índice de
Gini, que mide esta desigualdad, pasó de 0.45 a 0.51 (cuando el valor máximo de la desigualdad
absoluta es 1.0); aumentó la población de 65 años y más viviendo en pobreza y en pobreza extrema,
y lo mismo sucedió con la población hablante de lengua indígena”.15

Otros datos interesantes que nos permite apreciar la magnitud de la exclusión y frustración social
que vive el país, son aquellos que nos indican que México “es el único país miembro de la OCDE
(integrada por 34 naciones) que registra más desempleo entre la población con mayor escolaridad;
ocupa el último lugar (34 de 34) en expectativa de graduación en bachillerato, y el penúltimo en
educación superior; tercer lugar en número de ninis, que suman ya 7 millones 248 mil; sólo uno
por ciento de los mexicanos se gradúa de la educación media superior después de los 25 años;
nuestro país ocupa la segunda posición en cuanto al gasto público total más bajo en todos los
servicios, incluido educación, salud, etcétera”.16

Entrando en el ámbito de la seguridad, otro de los agudos problemas que estallaron durante el
sexenio de Calderón, en particular durante 2009 fue la violencia resultante de la lucha entre los
carteles de drogas y entre estas organizaciones y el gobierno. Como señala Palma la guerra contra el
narcotráfico ha sido uno de los temas centrales en la agenda del Presidente Calderón desde que
llegó a la presidencia en 2006 y decidió combatir frontalmente al narcotráfico con la intervención
del Ejército. La violencia, no obstante, es el resultado de la lucha entre los cárteles por el control de
territorios que se ha profundizado desde que el gobierno los ha confrontado (Palma, 2010, p. 3).

Algunos datos y análisis aportados por Francois Boyer resaltan la nefasta implicancia que está
teniendo la violencia para el desarrollo democrático y económico de México, lo que nos permite
hacer una somera reflexión en torno a la racionalidad “pacificadora” que primó en el electorado
Mexicano en las recientes elecciones generales 2012. “Desde el año 2006 han sido asesinados
Treinta y dos alcaldes, la mayoría por el crimen organizado. Entre el temor y la resignación, el país
está cansado de contar a sus muertos: 55.671 desde 2006, según el diario La Jornada; 65.000,
según el semanario Zeta; aproximadamente 47.500, según la PGR. Además "El jefe de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recuerda, por su parte, que la evaluación
de las sumas blanqueadas cada año en México aún oscila entre 15.000 y 50.000 millones de
dólares, es decir, entre el 3% y el 8% del Producto Interno Bruto (PIB)”.17

Estos antecedentes nos dan una explicación acerca de la rápida perdida de hegemonía por parte del
PAN en el poder legislativo. En el 2006 el PAN contaba con 208 Diputados en el Congreso,
mientras en 2009 ganó 143. En palabras de Navarrete parafraseando a Mayhew, el PAN a
gobernado durante 2 periodos bajo la modalidad del gobierno dividido, es decir: “presidente de un

15 Ibid
16 México SA: Del show a la realidad, Datos duros vs logros, Bienestar social a la baja, Carlos Fernández-Vega
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/12/opinion/030o1eco Visto el 8 de septiembre del 2012.
17 México: el Estado retrocede frente a los carteles, Por Jean-Francois Boyer, publicado en Le Monde Diplomatique
http://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/8561-mexico-el-estado-retrocede-frente-a-los-carteles-.html
Visto el 8 de septiembre del 2012.
9

partido y mayoría en el Congreso de otro partido” (Navarrete, 2012, p. 3). Hecho nada raro de
acuerdo a lo que se ha señalado hasta ahora. Pese a las diferencias parciales en cuanto a la forma de
gobernar y ciertas políticas sectoriales, el acuerdo programático entre el PAN y el PRI han
permitido que la gobernabilidad no se haya visto alterada por la alta conflictividad social o las
apuestas políticas rupturistas como las encabezadas por Andrés Manuel López Obrador.

Los movimientos sociales del periodo

Para comprender la génesis y desarrollo de los movimientos sociales del periodo, Charles Tilly,
parafraseado por Somuano, nos entrega una definición bastante completa acerca de los movimientos
sociales. El los define como “el desafío sostenido de un grupo social a quienes detentan el poder
mediante repetidas manifestaciones públicas de su número de simpatizantes, su nivel de
compromiso, unidad y valor (Somuano, 2007, p. 10). El periodo de Calderón se vio enfrentado
principalmente al movimiento sindical autónomo encabezado por el Sindicato Nacional de
Electricistas; un heterogéneo movimiento por los derechos humanos; y un potente aunque
esporádico movimiento cívico en contra del fraude electoral y la profundización democrática (en
particular al inicio y término del periodo presidencial).

El primer movimiento surgió tras la aplicación del decreto presidencial que extinguió la Compañía
paraestatal “Luz y Fuerza del Centro” encargada de la generación y distribución de energía eléctrica
a los estados del centro del país. Esta política que se enmarca en el consenso de modernización
neoliberal, provocó un conflicto relevante, que sigue en curso, con uno de los sindicatos más fuertes
en México, el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, cuyos orígenes se remontan a 1914
cuando la empresa era privada y estaba en manos de extranjeros. Como señala Palma “La medida
tomada por el gobierno ha abierto uno de los grandes temas divisorios de los partidos y la opinión
pública en México en torno al control estatal de sectores estratégicos de la economía. En 2008 la
polémica surgió a propósito de la propuesta de reforma presidencial de la paraestatal “Petróleos
Mexicanos”, para permitir la inversión privada en algunas áreas de la producción del petróleo
tales como la exploración. No sólo las élites partidistas sino también la población se dividieron
frente a la propuesta de permitir la inversión privada en este sector clave de la economía” (Palma,
2010, pp. 3-4). La respuesta gubernamental no se hizo esperar y respondió a la lógica cultural
imperante del clientelismo. Como señala Alzaga “el principal empeño del gobierno federal ha sido
ofrecer atractivas liquidaciones a los trabajadores, aumentando sus montos de modo engañoso y
chantajista, lo mismo que al dividir al sindicato y hacer una campaña mediática de desprestigio
involucrando a buena parte del gabinete, los secretarios de Gobernación, Trabajo y Previsión
Social, Energía, Economía, Hacienda, Seguridad y al mismo procurador, todos encabezados por la
Presidencia. Esas tres acciones han sido el centro de su estrategia para intentar destruir al SME,
más que las acciones jurídicas y menos las apegadas a derecho” (Alzaga, 2009, p. 13). Pese a que
las políticas gubernamentales permitieron un debilitamiento de la capacidad de movilización del
sindicato, la prolongación de las protestas18 provocó un amplio debate ciudadano y programático en
un periodo de antesala electoral. Lamentablemente hasta ahora no se ha logrado la derogación del
decreto de extinción.

18 Protestas que incluyeron desde Huelgas de hambre hasta llamados a paros nacionales ciudadanos como el efectuado
el 16 de marzo del 2010. En las protestas acaecidas en la Ciudad de México participaron cerca de 15.000 personas,
y diputados del PRD y el PT alzaron banderas de la organización sindical en el Congreso de la Unión.
10

El otro movimiento que alcanzó gran relevancia fue el movimiento de los derechos humanos.
Debido a la permanente represión en contra de las organizaciones sociales y los altos índices de
violencia, en el año 2007 a poco andar el gobierno Calderonista más de cien organizaciones
anunciaron la constitución del Frente Nacional Contra la Represión y en Defensa de los Derechos
Humanos. “En su declaración constitutiva, el Frente señaló la preocupación por el aumento de las
violaciones a los derechos humanos en México, entre las cuales se dio cuenta de las siguientes:
creciente militarización, sobre vigilancia de los ciudadanos, detenciones ilegales e arbitrarias, uso
de tortura, desaparición forzada, persecución a defensores de los derechos humanos y luchadores
sociales y, entre otros, cambios en los marcos jurídicos para criminalizar la protesta social” (Ceja,
2010, pp. 15-16). Los altos grados de represión Estatal y los daños colaterales de la políticas de
combate a los carteles han hecho manifestarse a organismos de DDHH como Amnistía
Internacional, organización que en el año 2009 señaló que “Cada vez son más los informes de
graves violaciones a derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales
y otros homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos y detención arbitraria, perpetradas por
miembros del ejército mexicano” (Ceja, 2010). Pese al contexto propicio para el desarrollo de este
frente social, la heterogeneidad19 y espontaneidad de este movimiento le impidió generar una
política estratégica unitaria, aunque los debates que se dieron dentro de la organización dejó una
impronta tácita en los ejes programáticos de los diversos partidos políticos. Además el ejecutivo en
respuesta a las diversas quejas en materia de derechos humanos dictó en el año 2009 la ley de
regulación del uso de la fuerza por los integrantes de las instituciones de seguridad pública, entre
otros (Palma, 2010, p. 14). Esta ley ha permitido terminar con las ambigüedades legales en cuanto
al mantenimiento del orden público y el uso de la fuerza que impedían un efectivo uso de recursos
legales por parte de la ciudadanía en caso de abusos.

Por último, el principal movimiento social que surgió en este periodo fue el movimiento cívico en
contra del fraude electoral y por la profundización democrática, movimiento que en un primer
momento tuvo dos aristas mutuamente excluyentes, una extra-institucional ligada al zapatismo y
otra institucional ligada a la candidatura del perredista Andrés Manuel López Obrador. La primera
arista del movimiento estuvo encabezada por la llamada “Otra Campaña”, la cual despertó las
simpatías de miles de jóvenes e izquierdistas sin partido. Bajo el diagnóstico de que “el consenso de
los Pinos” no podrá ser superado mediante elecciones “fraudulentas” ni por candidatos apoyados
por el capital (así identificaban a AMLO) los simpatizantes zapatistas hicieron una campaña activa
contra el voto al candidato de la oposición, López Obrador creyendo que aquél ganaría sin
problemas. Como señala Almeyra “lo peor es que esa actitud separó a los integrantes de la Otra
Campaña del gran movimiento social que apoyó a López Obrador, ocupando prolongadamente
incluso el centro de la ciudad de México con un campamento de decenas de miles de integrantes, y
los puso además de espaldas al movimiento masivo de los pobladores de Oaxaca que dieron origen
a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y también a la parte democrática del
movimiento sindical que organiza el Diálogo Nacional, detrás de un programa nacionalista-
anticapitalista” (Almeyra, 2008, p. 7).

Pese a ello la arista institucional logró tomar mayor fuerza y trascendencia. Entre los hechos más
importantes que efectuó el movimiento por elecciones limpias encabezado por AMLO se destacaron
la ocupación del centro de la ciudad de México por un gigantesco campamento durante varias
semanas; y la combinación de la lucha no institucional. Pese al mediático movimiento, el accionar
zapatista; la falta de intervención estratégica en los movimientos sociales (como la Asamblea

19 El movimiento estuvo conformado por una heterogénea confluencia de ciudadanos sin militancia, y militantes de
las principales fuerzas políticas. Fue demasiado complejo articular en un todo coherente la apuesta militarista del
PAN, con la tregua entre carteles propuesta por el PRI, y el fortalecimiento de las políticas sociales propuesta por el
PRD y el resto de la izquierda.
11

Popular de los Pueblos de Oaxaca, campesinos, obreros); la corrupción de algunos sectores PRD;
así como la falta de objetivos concretos para la lucha política debilitaron a este movimiento
(Almeyra, 2008, pp. 10-11), transformándolo en un movimiento reactivo. Como señala Almeyra, la
tendencia ha engendrado un movimiento cívico con escasos contactos con las luchas de los
indígenas (y de los campesinos en general), que a su vez sólo marginalmente participan en ese
movimiento cívico, y tampoco está relacionado estrechamente con los movimientos sindicales, a
veces muy combativos, como el de los electricistas o los maestros de Oaxaca, que confluyen con el
mismo y a veces le dan una columna vertebral con su organización, pero no son ni su motor ni su
dirección y participan en él de modo esporádico y tangencial (Almeyra, 2008, p. 4). Solo recién a
comienzos del periodo pre-electoral 2012 López Obrador logró converger a algunas fuerzas
dispersas que quedaron de la coyuntura electoral del año 2006 en el Movimiento de Regeneración
Nacional MORENA, base de su plataforma ciudadana electoral 2012.

Debido a esta situación de atomización y falta de consolidación organizacional y política estratégica
del movimiento cívico, se produjo un efecto no deseado por la organización al gestarse una
mediática reforma “democratizadora” para apaciguar el malestar social. Como señala Ramírez, “el
panismo en Los Pinos permitió una grave contrarreforma electoral en 2007 que entregó la
autonomía total del IFE al dominio de los partidos políticos en la designación de los consejeros
electorales. Así recuperó el PRI el control sobre las instituciones electorales” (Ramírez, 2011, p.
2). Sierra ha sido un autor que ha estudiado acuciosamente y críticamente la reforma electoral
implementada el año 2007. El autor señala que las reformas a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicadas el 13 de noviembre de 2007, y en una nueva versión del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), publicado el 14 de enero de
2008, provocaron “el debilitamiento de la autonomía del ife, 2) la escasez de información en el
debate político, 3) la hegemonía de las élites partidistas y 4) la incertidumbre en el caso de
elecciones cerradas” (Serra, 2009, p. 2).

Una de las disposiciones que transgrede la autonomía del instituto fue la creación de la Contraloría
General del IFE, supuestamente un “órgano de control interno” como lo define la misma ley, con la
capacidad de auditar y sancionar a los funcionarios del instituto. Según Sierra el gran problema es
que “dicha contraloría le responde al Congreso de la Unión y a los partidos políticos ahí
representados, todo esto sugiere que el contralor general se ajustará a las expectativas de los
legisladores en turno” (Sierra, 2009, p. 4). Una segunda problemática es la limitación del debate
democrático. La nueva normativa señala de forma tácita que “son obligaciones de los partidos
políticos nacionales: [...] Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión
que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas. Las quejas por
violaciones a este precepto serán presentadas ante la secretaría ejecutiva del Instituto, la que
instruirá un procedimiento expedito de investigación en los términos establecidos en el Libro
Séptimo de este Código. En todo caso, al resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo sexto de la Constitución” (Cofipe, 2008, art. 38, párr. 1, inciso p).
Además meses después se incorpora otro artículo que “prohíbe a concesionarios o permisionarios
de radio y televisión denigrar o calumniar especialmente a las instituciones y candidatos. De
hacerlo, serán sancionados” (Cofipe, 2008, art. 350, párr. 1, inciso d) (Sierra, 2009). De acuerdo al
autor estas normativas le impiden a la ciudadanía de forma implacable la provisión de valiosas
críticas que instruyen sobre la verdadera personalidad de los candidatos y la ideología de los
partidos (Sierra, 2009, p. 8). Por último, la tercera arista perniciosa de la reforma es aquella que
manifiesta que el recuento de votos (en caso de apelación de algún candidato o fuerza política) será
solo distrital. Es decir, “la norma se activa cuando la diferencia de votos entre el primer y el
segundo lugar es menor a uno por ciento en el distrito, y únicamente se abrirán los paquetes de ese
distrito. La norma no dice nada acerca del cómputo en el ámbito nacional, que se obtiene al sumar
12

los cómputos de la totalidad de los distritos electorales, que son trescientos” (Sierra, 2009. p. 11).

Como se verá años después en las contiendas electorales del 2009 y 2012, la reforma tuvo un efecto
devastador para un debate político profundo que permitiera a la opinión pública conocer en su
plenitud las trayectorias políticas, redes sociales, y programas de los candidatos. Además impidió a
los actores políticos, sociales y comunicacionales denunciar las prácticas de corrupción electoral
que se estaban efectuando a lo largo y ancho del territorio Mexicano, hecho que le facilito la
victoria al PRI por la vía no solo discursiva, sino que también por medio del clientelismo y la
corrupción más pura. En este contexto de un proceso electoral de dudosa transparencia y
credibilidad se gesta un renovado y mediático movimiento cívico estudiantil, el Movimiento Yo Soy
132. El movimiento estudiantil #YoSoy132 tuvo su origen en la manifestación de los estudiantes de
la Universidad Iberoamericana, UIA, quiénes se pronunciaron en contra de la hegemonía
comunicacional de TELEVISA y TV Azteca, medios acusados de instalar sin ningún grado de
imparcialidad al candidato presidencial del PRI. Los estudiantes de la UIA le señalaron a Peña
Nieto las medidas represivas que adoptó en contra de diversos sectores sociales en múltiples
ocasiones como Gobernador del Estado de México, además de cuestionar su proyecto económico
neoliberal. Como señala un artículo de sindicatos autónomos de académicos “El PRI acusó a los
estudiantes de ser porros (golpeadores), manipulados y ajenos a la UIA. La respuesta no se hizo
esperar, 131 estudiantes de esta institución subieron su imagen, testimonio y su credencial
universitaria a las redes sociales, como evidencias inobjetables de su pertenencia escolar y su
convicción político democrática, más no partidaria” (CIFDOE, 2012, p. 4). Si bien este
movimiento tuvo en sus inicios una positiva acogida por parte de la ciudadanía y los medios de
comunicación nacionales e internacionales, no tuvo la fuerza suficiente para constituir una
plataforma orgánica y política de mayor trascendencia y amplitud, relegando su labor al monitoreo
y denuncia de las malas prácticas electorales. Este carácter esporádico y voluntarista se hace
manifiesto en una entrevista concedida por una joven miembro del movimiento en la UNAM:

“VOCERA UNAM #YoSoy132: Hay tres ejes rectores sobre los cuales camina el Movimiento Yo Soy
132; éstos pueden ser consultados en las relatorías de las asambleas de la Coordinadora
Interuniversitaria y son básicamente la pro-democratización de los medios, la postura anti Enrique
Peña Nieto y el voto libre, consciente e informado, respetando las formas de lucha que hay a lo
largo y ancho del país. Por supuesto, de estos principios derivan otros mucho más específicos. Sin
embargo, es por lo que se pugna principalmente hasta este momento” (Magaña, 2012, p. 20).

Cuando se le consulta acerca de las proyecciones del movimiento su respuesta fue la siguiente:
“Idealmente y a título personal, considero que el movimiento tiene un futuro brillante si se continua
manejando la horizontalidad entre los miembros y se evitan los protagonismos. El punto es
continuar trabajando a través de la información y el acercamiento con la gente. Se pueden lograr
muchas cosas si se mantiene la organización y el entusiasmo, así como el ideal de vivir en un país
mejor” (Magaña, 2012, p. 21).

Ya a finales del gobierno de Calderón, bajo la débil credibilidad de las instituciones políticas
producto de los hechos acaecidos en la contienda electoral 2012, los diversos movimientos cívicos
lograron poner en la palestra de la discusión del ejecutivo y el Congreso de la Unión: la reelección
de legisladores y presidentes municipales, reducción de las cámaras de diputados y senadores,
segunda vuelta para elegir presidente, aumentar el umbral para que un partido pueda mantener el
registro (de 2% a 4%), candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular con 1%
de firmas del padrón electoral del distrito correspondiente; iniciativa ciudadana, iniciativa de la
Suprema Corte para enviar propuestas de ley, iniciativa preferente del presidente, referéndum, veto
parcial (podrá ser superado por 2/3 partes de cualquier cámara) veto presidencial del presupuesto
13

de egresos (parcial o total)” (Palma, 2010, p. 15). Habrá que ver si dichas iniciativas serán
concertadas mediante un debate más inclusivo con los movimientos sociales, y si acaso los mismos
movimientos sociales podrán levantar modificaciones o propuestas alternativas.

Hasta ahora diversos analistas y personalidades del mundo político y social comienzan a dilucidar
escenarios en donde la conflictividad social crecerá. Esto debido a las apremiantes problemáticas
económicas y sociales señaladas con anterioridad y ante una crisis de legitimidad que tendrá como
principal actor a un emergente movimiento juvenil que gracias a las tecnologías de la información
ha logrado organizarse pese a la espontaneidad y la represión gubernamental. Como señalaba
Armando Barta poco antes del triunfo legal de Peña Nieto “dado que en el Legislativo el PRI es la
primera minoría en las dos cámaras y que, en lo tocante al modelo neoliberal, el PAN coincide en
todo con el PRI, es de esperar que en cuanto entre en funciones la nueva legislatura, el tricolor
tratará de cumplir sus compromisos con el gran dinero que lo patrocina, impulsando en las
cámaras las reformas estructurales, aun antes de que el nuevo gobierno tome posesión. Así las
cosas, es previsible que en lo que resta del año, el insoslayable rechazo a la imposición en curso se
combinará con el también necesario rechazo a la imposición de las reformas económicas
faltantes”20.

El escenario que enfrentará Enrique Peña Nieto

Semanas después de ganar la presidencia, Enrique Peña Nieto ha recalcado los objetivos
programáticos de su futuro gobierno: Mejorar la seguridad, con énfasis en la disminución de la
violencia; Reducir significativamente la pobreza extrema; Elevar la calidad, cobertura y equidad en
la educación; Triplicar la tasa de crecimiento económico de la última década; Recuperar el liderazgo
de México en el mundo21. Cabe apreciar que dentro de los objetivos prioritarios no se encuentra la
profundización democrática, y se hace énfasis en las materias económicas, en particular en aquel
objetivo que dice relación con el crecimiento económico al cual Peña Nieto junto con sus aliados
legislativos del PAN relacionan con una reforma de flexibilización laboral. Véase la reciente
entrevista concedida por Enrique Peña Nieto a la revista Proceso en donde señala “que coincide con
los lineamientos para “establecer un sistema eficaz renovado, una nueva base tributaria más
amplia, con una recaudación administrativa más simple y que sea más distributiva”, así como
“impulsar un plan de desarrollo energético estratégico”, basado en la apertura de la inversión
privada en Pemex”22.

Dicho objetivo enfrentará un complejo escenario de falta de credibilidad y legitimidad tanto
nacional como internacional producto de las denuncias electorales en contra de su candidatura y la
de su partido. Como señala Jesusa Fernández, periodista de la destacada revista “Proceso”… ”La
vida social, política, financiera y de gobierno cuenta ya con una mezcla de políticos y narcos, sea
por amenaza, por gusto o por interés. El resto del mundo lo sabe. En México existen dudas sobre si
en la campaña electoral del Peña Nieto hubo lavado de dinero, incluido el del narcotráfico. Los
taxistas, estudiantes, amas de casa, trabajadores, empleados públicos, maestros, todos tienen la

20 Barta, Armando, En resistencia: Lo (poco) que va de la imposición de Peña Nieto a la imposición de las reformas
neoliberales, http://www.jornada.unam.mx/2012/08/26/politica/008a1pol?partner=rss, visto el 18 de septiembre del
2012.
21
Peña Nieto Enrique, El liderazgo que México requiere, http://www.enriquepenanieto.com/detras-de-la-
transicion/entrada/el-liderazgo-que-mexico-requiere, visto el 20 de septiembre del 2012.
22
Visto en Revista Proceso el 15 de septiembre del 2012 http://www.proceso.com.mx/?p=319550
14

duda. Parece que los únicos que no se atreven siquiera a cuestionarlo son los funcionarios
electorales”23. Además existe una alta conflictividad social propiciada por el movimiento cívico y
sindical autónomo en contra de la reforma laboral, junto con un factor que complejiza la generación
de acuerdos en el plano local y legislativo: las bases de los partidos políticos tradicionales han
comenzado a deliberar y moverse con una mayor dinámica, ocasionando una clara nueva
correlación de fuerzas políticas.

Los profundos conflictos internos pos-electorales acaecidos al interior del PAN24, y la pronta
constitución de MORENA como movimiento político de la izquierda al unísono a la aparición de
diversas expresiones movimentales autónomas, en particular ligadas a la juventud, cercanas a la
figura de Andrés Manuel López Obrador dan cuenta de una nueva realidad política y social, en
donde el espectro derecha, centro25 e izquierda se reconfigurará y la sociedad civil se verá
fortalecida. Es más, en un comunicado hecho por López Obrador tras su renuncia al PRD, el
objetivo de MORENA sería cambiar gradualmente la correlación de fuerzas políticas en beneficio
de nuevos actores ajenos al consenso tradicional de los Pinos. “Quienes estamos en esta causa,
debemos saber que llegar al gobierno para mantener el régimen dominante es relativamente fácil,
pero el triunfo de la justicia sobre el poder implica fatigas y confrontación política. Los procesos de
cambios estructurales suelen ser lentos y complicados, pero son indispensables y gloriosos. Nuestro
movimiento ha contribuido a cambiar la mentalidad de amplios sectores del pueblo de México.
Hemos puesto al desnudo al actual régimen con sus formas de control y manipulación. Se ha hecho
evidente que el PRI y el PAN representan lo mismo. Que no hay diferencia entre Elba Esther
Gordillo, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Diego Fernández de Cevallos, Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Hay diferencias?”26.

A diferencia de los gobiernos Priistas del siglo XX que gobernaron bajo un Estado corporativista
con una mínima oposición política, un movimiento social en general clientelizado y una opinión
pública apolítica, hoy México se encuentra bajo un Estado de derecho entendido como un espacio
de disputa de intereses multisectoriales, cuyos liderazgos y partidos políticos se ven ante una seria
crisis de credibilidad, y en donde el control de las organizaciones no es completo. Los otroras
baluartes sociales del PRI, el sindicalismo y el movimiento campesino, hoy se ven seriamente
debilitados producto de la liberalización económica. Si bien la transición democrática mexicana ha
sido gradual y bajo la conducción discrecional del PRI y el PAN, la oposición de los partidos de la
izquierda y los movimientos sociales han logrado importantes conquistas en centros urbanos de

23
Cervantes Jesusa, “Un mal profundo”, visto el 20 de septiembre del 2012 en http://www.proceso.com.mx/?p=317940
24
Véase el manifiesto crítico de amplias bases Panistas que surgió tras la derrota electoral. El manifiesto señala en su
página 3 que “Para arribar a buen puerto, es necesaria la creación de un grupo de trabajo y análisis crítico de
militantes de gran experiencia y autoridad moral, cuyas conclusiones sean indefectiblemente sometidas a la
soberanía de una Asamblea, que aborde los cambios estatutarios y normativos que corrijan la forma de elegir a
nuestros candidatos de tal manera que presentemos una mejor oferta; se corrija nuestro modelo organizacional,
incluyendo el tema de la afiliación y ejercicio de derechos de militantes; y recuperemos en la vida partidaria el
ejercicio de una militancia responsable y seria. Ello exige que previo a la Asamblea haya un estricto ejercicio de
corrección y depuración del padrón de militantes. Esa sí sería una medida drástica no para “refundar”, sino para
REESTRUCTURAR al partido desde la raíz, rectificar normas y corregir conductas en las que fuimos cayendo
merced de las ataduras impuestas por grupos con pretensiones de dominio en los órganos del Partido. Más que
refundar, el PAN necesita recuperar su autoridad moral y volver al ejercicio de la ética política como una constante”
. Visto el 10 de septiembre del 2012 en http://es.scribd.com/doc/102549915/Manifiesto-Pan-Jmgg-2012-10ta-
Version
25
Es probable de que el PRD, ahora encabezado por Marcelo Ebrard se constituya en una fuerza de centro. En una
entrevista publicada recientemente Ebrard expresa su intención de construir una “ izquierda para gobernar y no para
protestar”. Visto el 23 de septiembre del 2012 en http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=272372
26
Visto el 20 de septiembre del 2012 en http://lopezobrador.org.mx/2012/09/09/no-reconozco-a-pena-como-presidente-
legitimo-de-mexico/
15

relevancia estratégica como el Distrito Federal, lugar en donde se han implementado políticas
sociales progresistas tales como amplios programas de becas educativas, el matrimonio
homosexual, y el aborto gratuito. No hay que dejar de lado un aspecto clave que manifestó poco
después de la contienda electoral López Obrador: “La mayoría de los votos del PRI y de su
candidato los obtuvieron en el medio rural y en las colonias populares, porque fue ahí donde, de
manera inmoral, compraron millones de votos. Da coraje y entristece que los responsables de la
desgracia de millones de mexicanos todavía se valgan de esa pobreza que ellos producen y que han
generado para mantener su poder económico, político y mediático”27.

Además México se encuentra dentro de las tendencias internacionales de los países de ingresos
medios en cuanto a acceso a las tecnologías de la información (Véase cuadro N°7)28, hecho que ha
puesto en jaque la sustentabilidad del oligopolio comunicacional de Televisa y Tv Azteca. El
incipiente movimiento Yo Soy 132 es prueba y también se podría circunscribir a la “primavera
revolucionaria” que ha estallado durante el 2011 y 2012 en parte gracias a las redes sociales
virtuales.

Cuadro N°7

En síntesis, cabe esperar que los comienzos del nuevo sexenio Priistas estén plagados de nuevos
conflictos, aunque cabe señalar que la larga experiencia del PRI en generar acuerdos políticos y
prebendas en pos de atomizar a los emergentes movimientos sociales, junto con la capacidad
histórica del PRI de negociar con los carteles para así reducir los catastróficos índices de violencia
puedan menguar a vastos sectores políticos y sociales que anhelan generar cambios estructurales
que profundicen la democracia y mitiguen la sería crisis humana que vive la potencia Azteca.

Reflexiones finales y conclusiones

Los principales movimientos sociales que han logrado impulsar cambios en la agenda política del
gobierno del Presidente Calderón y del poder legislativo han sido el movimiento sindical autónomo

27
Entrevista hecha por el diario “La Jornada” a AMLO, el 13 de agosto del 2012
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/13/politica/007n1pol.
28
Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México INEGI
http://loginnet.files.wordpress.com/2011/09/usuarios-internet.jpg, visto el 20 de septiembre del 2012.
16

encabezado por el Sindicato Mexicano de Electricistas; el heterogéneo movimiento por los derechos
humanos; y el esporádico pero potente movimiento cívico que se ha alzado en las recientes
coyunturas electorales. Frente a estos movimientos el Estado ha respondido con la habitual
verticalidad, clientelismo y cooptación propio de su pasado de corporativismo pleno, aunque en este
nuevo contexto de mayor amplitud democrática ha tenido una menor capacidad de reducir la
conflictividad social. Esto se debe a la desmantelización progresiva del Estado Corporativo
producto de las reformas políticas consensuadas entre la élite del PRI y el PAN, junto con los
tratados de libre comercio, y en particular el NAFTA, que han despojado a amplias capas sociales
de las fuentes de trabajo y la seguridad social. Además por dichos factores la élite política se ha
visto erosionada en cuanto a su legitimidad, lo que ha engendrado que respuestas políticas a las
demandas sociales, tan aplaudidas en breves espacios de tiempo como lo fue la reforma electoral del
año 2007, hoy sean profundamente cuestionadas por no versar en las demandas básicas de aquellos
movimientos cívicos que apelaron por su existencia.

Es en este ámbito de la reforma electoral que cabe concluir que las demandas ciudadanas han
catalizado transformaciones al sistema electoral con repercusiones en el desarrollo y definición de
las elecciones generales 2012. La reforma electoral del año 2007 fue regresiva en cuanto a aspectos
básicos de cualquier régimen democrático moderno como lo son la autonomía del poder electoral, la
libre deliberación ciudadana, y los mecanismos de transparencia y fiscalización republicanos.

De acuerdo a Tilly, componentes esenciales de la democracia son: la amplitud e igualdad de
derechos ciudadanos, así como la existencia de mecanismos efectivos de protección y consulta
mutuamente vinculante frente al Estado (Tilly, 2007 p. 46). Si vemos las cifras de desigualdad,
pobreza y violencia, junto con la renovada institucionalidad electoral, claramente la población
mexicana se ve afectada por una falta de protección bastante angustiosa.

Por otro lado, Houtart señala que la democracia es “una construcción social, una manera de
organizar las relaciones colectivas, económicas, políticas y sociales que permite a cada uno tomar
parte. Ella es pues, un proceso social en constante construcción, no solamente debido a la
institucionalización necesaria para su reproducción en el tiempo, sino también y sobre todo, porque
las realidades sociales cambian sin parar y es necesario reorganizar, legislar y reorientar los
mecanismos que garanticen la democracia misma” (Houtart, 2003, p. 12). Debido a la debilidad de
la sociedad civil mexicana, la democracia como construcción colectiva dista mucho de la realidad.
La democracia mexicana ha sido una construcción gradual hecha desde “arriba” desde las élites
Panistas y Priistas que han contado con el poder ejecutivo y la mayoría legislativa fruto de un
Estado corporativo autoritario y una ciudadanía en general despolitizada. Incluso si tomamos las
teorías sobre gobernabilidad democrática del neo-institucionalismo, las cuales señalan que los
gobiernos deben promover “procesos de participación e interlocución gubernativa hacia esquemas
más horizontales de interlocución” (Rivas, 2002, p. 91), nos vemos ante la paradoja de que el
Estado mexicano solo ha respondido de forma parcial a las demandas de las organizaciones sociales
clientelizadas, mientras el movimiento social autónomo se ha visto enfrentado a una implacable
represión estatal y la deformación de sus demandas, como es el caso del IFE.

De acuerdo la amplia gama de autores señalados, y en particular a Ceja parafraseando a Adam
Przeworski (Przeworski, 1998), se advierte que el Estado tendrá que cumplir tres condiciones para
que la ciudadanía resultase efectiva en un régimen democrático: la primera, que los gobiernos y
funcionarios actuasen de acuerdo con la constitución y las leyes; la segunda, la existencia de un
sistema legal universalista; la tercera, un mínimo de seguridad material, educación y acceso a la
información (Ceja, 2010, p. 19). Más allá de las divergencias ideológicas y programáticas, para
alcanzar mayores grados de bienestar, libertad y cohesión social se requiere un Estado de Derecho
17

eficaz; una democracia que vaya más allá de lo meramente procedimental y abarque mecanismos de
consulta permanente a la ciudadanía; y una sociedad civil autónoma respecto al Estado y las élites
gobernantes, que promueva el debate acerca de las políticas públicas que requiere la sociedad. Ese
será el desafío de todas y todos aquellos sectores políticos y sociales que buscan mejorar los
indicadores económicos, sociales y democráticos del país Azteca. El contexto de desafección
ciudadana con el ejecutivo y la política tradicional; y la alta conflictividad social se constituyen
como una verdadera ventana de oportunidades para la conquista de los objetivos trazados por los
movimientos y liderazgos políticos y sociales alternativos.

18

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México 2012: Conflicto social como catalizador de transformaciones en el sistema político

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