Luego de que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispersara con gases lacrimógenos la movilización que aspiraba a llegar hasta el Palacio Federal Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y la junta directiva decidieron realizar su sesión de los martes desde la plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, desde donde se aprobó, en primera discusión, el Pliego Nacional de Conflicto. “Somos una poderosa mayoría movilizada que puede cambiar el país y hoy 10 de marzo lo demostramos. Unimos todas las luchas en torno por el Pliego Nacional de Conflicto y sostendremos la protesta hasta lograr los objetivos”. “No le vamos a dar el gusto a la dictadura de generar violencia, de querer emboscarnos. Lo que queda claro hoy es que aquí no hay miedo, aquí hay fuerza, hay valentía, estamos juntos”, declaró Guaidó frente a los manifestantes que le acompañan en la jornada de calle. Acá el documento contentivo del Pliego Nacional de Conflictos aprobado por la AN

1. LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa del pueblo venezolano, de la Constitución, la Democracia y el
Estado de Derecho
ACUERDO QUE CONTINE EL PLEIGO NACIONAL DE CONFLICTO QUE
UNIFICA LA LUCHA POR EL RESTABLECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA Y EL RESCATE DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS,
CIVILES, POLITICOS Y ECONOMICOS DEL PUEBLO VENEZOLANO
Considerando
Que el régimen usurpador se niega a que los venezolanos podamos decidir nuestro propio
destino y ha proscrito de nuestro texto constitucional el derecho a la participación política,
el derecho al sufragio, nuestro derecho a elegir, el derecho de asociación con fines políticos
y el derecho a la manifestación y la protesta;
Considerando
Que los derechos sociales constitucionalmente protegidos han sido conculcados y
secuestrados por el régimen usurpador e incumple con todos sus deberes comenzando por
el sagrado derecho a la salud de todos los venezolanos, así como los derechos a un trabajo
digno y a un salario que cubra las necesidades de la familia;
Considerando
Que hizo inexistente el derecho a las prestaciones sociales, secuestró el derecho a la
contratación colectiva, desconoce el derecho a la sindicalización y a la democracia sindical
y pretende que todos los sindicatos permitidos sean patronales;
Considerando
Que eliminó por la vía de los hechos el derecho a la seguridad social y la protección a los
ancianos con pensiones de hambre, no cumple con su deber de proteger a la familia, ni a
los niños ni a los adolescentes;
Considerando
Que el derecho a tener educación de calidad, plural e integral ha sido pulverizado, así como
violentada la autonomía universitaria interviniendo en sus procesos internos y negándoles
un presupuesto digno que cubra las necesidades de la comunidad universitaria para el
cumplimiento de sus deberes de formación;
Considerando
Que ha atentado y violado la libertad económica, ha confiscado la propiedad privada, acabó
con la producción industrial y agropecuaria, no respeta la libre empresa para la generación
de riqueza y la generación de fuentes de trabajo de calidad;

2. Considerando
Que acabó con los servicios públicos de calidad a los que está obligado conforme al texto
constitucional, incumpliendo incluso con los servicios mínimos como el servicio eléctrico, el
suministro de agua potable, todo el sistema nacional de transporte público, las vías de
penetración rurales, el gas doméstico para la familia venezolana, entre otros servicios
públicos fundamentales para la vida de nuestro pueblo;
Considerando
Que son inexistentes los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la libertad personal, la
integridad de las personas, la prohibición de realizar torturas o recibir tratos crueles o
inhumanos, la inviolabilidad del hogar, el debido proceso que contiene el derecho a la
defensa, la presunción de inocencia, el derecho al juez natural, como también son
inexistentes el acceso a sistema judicial que brinde al pueblo la posibilidad de resolver sus
controversias;
Considerando
Que ha anulado mediante vías de hecho la libre expresión del pensamiento y el derecho a
la libre información;
Considerando
Que utiliza todo el sistema público de comunicaciones para violentar el derecho al honor y
reputación de las personas;
Considerando
Que no es capaz de proteger la vida de los ciudadanos y que por el contrario ha convertido
a los principales cuerpos de seguridad del estado en órganos para la represión y hasta para
la comisión de delitos con total impunidad;
Considerando
Que el régimen usurpador favorece y es partícipe en delitos graves que involucran tanto el
narcotráfico como el terrorismo, convirtiendo a nuestra patria en una amenaza constante
tanto para sus propios ciudadanos, como para la comunidad internacional;
Considerando
Que el régimen usurpador es incapaz de cumplir con ninguna de sus obligaciones esenciales
en materia política, económica, social y humanitaria;
Considerando
Que el régimen usurpador es incapaz de asegurar la eficiencia del aparato estatal, así como
tampoco la defensa y el resguardo de nuestra soberanía territorial o de la población; la
productividad y el crecimiento económico, la salud, la alimentación del pueblo venezolano;
Considerando
Que el régimen usurpador carece de legitimidad política interna y de reconocimiento
internacional, convirtiendo al Estado venezolano en un Estado débil, frágil e inestable;

3. Considerando
Que todo lo anterior, por responsabilidad del régimen usurpador, ha convertido al estado
venezolano en un estado fallido que ha fracasado en el desempeño de sus funciones básicas
y no es capaz de asegurarle a la población venezolana la satisfacción de sus más básicas
necesidades;
Acuerda
Primero: Consientes de que llego el momento de unir todas las luchas en una sola lucha, se
aprueba el presente Pliego Nacional de Conflicto que determina la necesidad de acumular
todas las fuerzas de todos los sectores del país para la liberación del pueblo venezolano que
ha sido sometido por un régimen usurpador y tiránico que ha secuestrado no sólo a las
instituciones democráticas, la libertad y el derecho de nuestra gente a decidir su propio
futuro, si no que, para mantenerse en el poder, ha violado el más sagrado de los derechos
de todo ser humano, la vida.
Segundo: La vía constitucional y democrática para la restitución de los derechos del pueblo
de Venezuela la constituye una elección presidencial libre, justa y verificable, por lo que
asumimos la tarea de hacer confluir todos nuestros esfuerzos para la consecución, en el
menor plazo posible, de esa eleccion presidencial, en el cual la soberanía popular pueda
manifestar, mediante el voto, su deseo y necesidad de cambio.
Tercero: Son condiciones innegociables para la celebración del proceso electoral
presidencial de manera libre, justa y verificable la existencia de un nuevo Consejo Nacional
Electoral imparcial que sea designado por ésta legítima Asamblea Nacional como lo ordena
la Constitucional Nacional, la rehabilitacion de todas las organizaciones políticas
incostitucionalmente canceladas por el régimen, la habilitación y el retorno de todos los
derechos políticos de todos los ciudadanos conforme a la ley para el ejercicio del sufragio
pasivo y activo, el cese de las persecuciones y la judicialización de la política, así como las
inhabilitaciones inconstitucionales, la garantía del derecho al voto para todos los
venezolanos que han tenido que emigrar de nuestrapatria por la innmesa crisis humanitaria
causada por el régimen tiránico, la presencia de observadores internacionales con
credibilidad en todas las etapas del proceso electoral para garantizar el cumplimiento de
todas las reglas que permitan una competencia electoral en igualdad de circunstancias, sin
menospreciar el resto de las condiciones necesarias para la trasparencia del proceso.
Cuarto: Es necesario el recate del resto de los poderes públicos cuyos integrantes han
renunciado a los mandatos constitucionales de independencia y autonomía en sumisión
absoluta a la tiranía, o han sido designados en violación flagrante a los procedimientos y
requisitos establecidos en nuestra Carta Magna, para que se constituyan nuevos poderes
públicos garantes de todos los derechos políticos, sociales y económicos del pueblo
venezolano en su conjunto y hagan respetar su voluntad soberana manifestada en el voto.
Quinto: Nos oponemos a cualquier intento que realice el régimen para, por medio de
procesos fraudulentos, amañados y sin ninguna garantía, ejecutados mediante falsos
diálogos en donde sólo negocia consigo mismo, obtener una pretendida legitimidad
democrática ante el país y el mundo. No aceptaremos, avalaremos, ni participaremos en
ningún proceso electoral que no cuente con las condiciones necesarias para ser libre, justo
y verificable.

4. Sexto: Lucharemos incansablemente hasta rescatar el orden constitucional y la democracia
en nuestro país, única vía para que nuestro sufrido pueblo venezolano pueda salir con
esfuerzo y constancia, de la crisis humanitaria en la que lo ha sumido el régimen autocrático
que, mediante la represión, la persecución, el chantaje, el miedo y la violación sistemática
de todos los derechos fundamentales inherentes a la diginidad del ser humano, ha
violentado.
Séptimo: Dar publicidad al presente acuerdo.
Dado, firmado y sellado en la avenida Principal de las Mercedes, municipio Baruta,
estado Miranda, sede de la Asamblea Nacional, por decisión de la Junta Directiva,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Reglamento de Interior y de Debates de
la Asamblea Nacional, motivado por la usurpación que la dictadura de Nicolás
Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo, al décimo día del
mes de marzo de 2020. Años 209 de la Independencia y 161 de la Federación.
JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ
Presidente de la Asamblea Nacional
JUAN PABLO GUANIPA CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA
Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente
ÁNGEL PALMERI BACCHI JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO
Secretario Subsecretario