aborto inducido

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2008
NOTAS SOBRE EL ABORTO INDUCIDO EN LA SOCIEDAD
CHILENA
Irma Palma,
Curso CFG, segundo semestre 2008,
Universidad de Chile
La legislación chilena prohíbe el aborto en toda circunstancia o causa. Se sitúa, por tanto, entre los países del
mundo con las más altas restricciones. Durante seis décadas del siglo veinte estuvo despenalizado en caso
de peligro para la vida de la mujer. No obstante, la existencia de una ley que lo sanciona severamente no
inhibe su ocurrencia sino, más bien, determina las condiciones en que se realiza. Por cierto, las tasas de
aborto en los países en que se encuentra penalizado no son más bajas que en aquellos que lo permiten.
Chile se encuentra entre los países de Latinoamérica y El Caribe con uno de los niveles más altos de aborto
1
inducido . Las estimaciones indirectas sostienen la existencia de una elevada tasa de aborto inducido entre
las mujeres en edad reproductiva y una alta razón entre abortos y embarazos; y una reducción muy
importante en la mortalidad materna y egresos hospitalarios por complicaciones derivadas de aborto en las
últimas décadas. También implicaría a más a los segmentos más jóvenes y haría de las más pobres las más
expuestas a riesgos para su salud y su vida, al riesgo de encarcelación y de maltrato, entre las mujeres.
La inducción del aborto, realizada en condiciones de ilegalidad y en los márgenes de las instituciones,
requiere ser operada en y desde las redes sociales, de marginalidad operacional y de clausura comunicativa.
La información, la protección o el acompañamiento psicológico, los recursos económicos que demanda
(especialmente en aquellos contextos sociales en que es ilegal) sólo pueden alcanzarse en redes sociales de
lazos fuertes, de vínculos intensos y en relaciones cara a cara que se extienden hasta el agente de salud que
participa en la intervención quirúrgica. La mujer y el prestador del servicio se encuentran en una marginalidad
operacional al realizarse en condiciones de clandestinidad. A la conciencia de ilegalidad se sumaría la
conciencia de doble riesgo (el riesgo de ser descubierto y penalizado y el riesgo de experimentar el aborto en
condiciones de precariedad sanitaria). Por ello, se produciría una clausura comunicativa; la conciencia del
1
Es reconocido por investigadores y salubristas que el campo de la investigación y sistemas de registro de base estadística existe sub-
declaración y sub-registro que tienen por efecto la sub-estimación e incompletitud en la producción de información. Ello es especialmente
intenso cuando la interrupción del embarazo se realiza en ámbitos clandestinos, bajo condiciones de alto riesgo para la vida y salud de
las mujeres, y de exposición a la sanción legal en las sociedades en que existen leyes restrictivas.

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silenciamiento que no sólo requiere del silenciamiento del acto de aborto sino también de silenciar los
nombres y participaciones de otros (de los profesionales, de los acompañantes, de las personas que sabían
del mismo). El prestador en su ilegalidad se expondría también a una sub-profesionalización al operar con
recursos precarios y al no poder dar cuenta públicamente de sus actuaciones y hacerse cargo públicamente
de sus resultados. Por ello, el aborto así realizado aparece rodeado (o dotado) de una producción de
subjetividad en la cual la mujer y los otros actores se exponen a un “límite” en que no sólo comprometería su
legalidad y su legitimidad moral, sino también su integridad y libertad, la salud y la vida.
Tradicionalmente, en la sociedad chilena el aborto inducido ha sido realizado en proximidad a la medicina
tradicional y a la medicina moderna. Los métodos utilizados en la inducción del aborto por su conexión con el
tipo de conocimiento que les subyace y los dispositivos y tecnologías de que se dispone pueden situarse
dentro de desarrollos tradicionales y modernos; unos han sido llamados arcaicos y otros denominados
médicos. Los métodos tradicionales se han desarrollado sobre la base de disponer de conocimiento popular
consuetudinario, con menor o mayor vinculación con la medicina tradicional de comunidades y culturas
específicas, y más recientemente, en la medida en que sus operadores tienen más acceso a información y
medios, pueden incorporar partes de los últimos en sus propios dispositivos. Las bajas tasas de morbilidad y
de mortalidad asociadas a su realización en contexto de ilegalidad y, por ello, en los márgenes de las
instituciones de salud (a las que puede conectarse sólo en situación post-aborto), serían indicativas de una
alta medicalización de las intervenciones en la actualidad. Los métodos desarrollados en el campo de la
medicina, por su parte, usan de base el conocimiento científico y tecnológico. El aborto realizado por medios
quirúrgicos utiliza dos métodos desarrollados por la medicina que resultan más seguros para la salud y más
cómodos si se les compara con los tradicionales. Por ello, se trata de una práctica altamente medicalizada,
que ubicaría a las mujeres en una situación de dependencia respecto de la medicina, muy apremiada cuando
la inducción se produce en contexto de clandestinidad. Ello no solo genera relaciones de dependencia entre
las mujeres y las instituciones de salud sino que modela también las relaciones entre mujeres y hombres
implicados en el origen de los embarazos no previstos.
Una modalidad surgida en décadas recientes en el campo de la medicina moderna, es la que se ha
denominado aborto farmacológico o aborto con medicamentos. Consiste en el uso de medicamentos para la
interrupción de un embarazo. Aprobado su uso por la Organización Mundial de la Salud, ha sido introducido
por diversos países en que el aborto es legal, y por otros en los que estando penalizado, su atención en

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materias de salud sexual y reproductiva ha incorporado la atención Humanizada del Aborto, cuando su
práctica clandestina ha puesto en riesgos la salud y la vida de las mujeres.
El uso de tecnologías de información y comunicación en la sociedad chilena presenta un carácter
generacional, es decir, las generaciones más jóvenes despliegan mayores habilidades para operarlas; ello
resulta particularmente importante respecto de la Internet y las posibilidades de navegación en el espacio
virtual (Encuesta Desarrollo Humano, PNUD 2005). La modalidad de aborto farmacológico supone algún nivel
de familiaridad o de accesibilidad a las TIC, dado que es a través de ellas que se opera el intercambio que
permite, finalmente, el acceso a los fármacos que se han de utilizar en el aborto inducido.
Por ello, es razonable sugerir que esta modalidad de aborto se realiza activando las redes sociales de lazos
débiles, en las cuales los intercambios son eminentemente instrumentales. Ello implica también ampliar los
campos de circulación de la información respecto de la decisión de realizar el aborto, al mismo tiempo que
una ampliación notable de los campos de búsqueda de los medios para realizarlo. En este sentido, puede
señalarse que el aborto farmacológico se realiza con prescindencia total de las instituciones, fuera del ámbito
de los profesionales de la salud y, sobre todo, utilizando fármacos cuya circulación no está ilegalizada y, por
tanto, su acceso no conlleva en sí mismo penalización alguna.
Podría sugerirse que el método del aborto farmacológico, que genera unas condiciones más óptimas de
realización (que aseguran una notable efectividad, bajo costo y que conlleva un bajo riesgo para la salud de la
mujer), al mismo tiempo podría modificar sustantivamente las condiciones materiales y las relaciones
anteriores. También vinculado a la medicina moderna, al aborto farmacológico constituye un dispositivo
médico que remite directamente a la investigación científica, a desarrollos farmacéuticos y a formulaciones
técnicas y políticas de los organismos internacionales de salud, sin embargo, a diferencia de los métodos
quirúrgicos, daría lugar, a un tipo de gestión que prescindiría de una relación inmediata con un prestador, de
unas condiciones altamente exigentes para su práctica –en la medida que no requiere de una infraestructura
sanitaria, de herramientas técnicas, etc.- Requiere del conocimiento médico para su utilización y de una alta
apropiación y operacionalización (saber cómo traducirlo en la gestión de la práctica abortiva). Por cierto, es
médico, pero su naturaleza daría lugar a una práctica no medicalizada (una alta eficiencia y eficacia
asegurada a distancia de las instituciones de salud y de sus agentes). Daría lugar a lo que se denomina el

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aborto auto-practicado, por tanto, crearía las condiciones para un nuevo tipo de auto-gestión del aborto
inducido por parte de las mujeres. A diferencia del pasado, cuando las mujeres lo auto-inducían y ello
implicaba un alto riesgo para su salud, sería altamente seguro para su salud y su vida.
En Chile coexistirían tres modalidades de inducción de abortos, a saber, los métodos tradicionales, los
quirúrgicos y los farmacológicos. En este contexto, resulta necesario estudiar cómo operan y cuáles son los
procesos que conducen a una decisión sobre la adopción de cada una de estas modalidades. Del mismo
modo, resulta necesario estudiar las posibilidades y condiciones en las cuales las mujeres pobres pueden
transitar desde la modalidad tradicional y médico-quirúrgica a una modalidad farmacológica.
Podría sugerirse que la modalidad de aborto farmacológico se presentaría co-extensiva con la modalidad
emergente de accesibilidad a través de las tecnologías de información y comunicación. En nuestro país el
Misoprostol se adquiere por prescripción médica y se utiliza la retención de la boleta, por tanto se registra al
usuario. Por ello, éstas pueden presentar algunas conexiones importantes con el fenómeno del aborto en
condiciones de ilegalidad y proscripción. Por un lado, al hacerse posible conocer de su ocurrencia en otros
lugares (países o regiones), se hace también posible restar legitimidad a la legislación que prohíbe su
ocurrencia en el propio país o región. Por otro lado, permite conocer alternativas y posibilidades de gestión y
tratamiento del aborto en otros lugares. Es a través de ésta que circulan las ofertas de fármacos, posibilitando
no solamente condiciones de acceso sino también condiciones de confiabilidad y de seguridad en el
intercambio (se garantiza la calidad del producto y se gestiona la seguridad de la transacción). Por ello, el
recurso básico para la operación de esta modalidad de aborto, en Chile, lo constituye la información. A su
vez, dicha información no necesariamente circula por las redes sociales de lazos fuertes (aquellas que se
constituyen sobre vínculos afectivos intensos) sino, principalmente, por las redes sociales de lazos débiles
(aquellas que se constituyen sobre vínculos eminentemente instrumentales). Estas últimas son las que,
principalmente, permiten las conexiones de los individuos con la Internet. Este podría ser el caso de la
modalidad emergente de aborto que aparentemente se está instalando en Chile. Por ello también, resulta
necesario conocer cómo opera y cómo se gestiona esta modalidad de aborto inducido.

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El aborto inducido de tipo tradicional se realiza al margen de la institucionalidad de salud, se gestiona en
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redes sociales fuertes (lazos afectivos intensos), conlleva una producción de subjetividad específica y activa
también configuraciones de relaciones de género particulares. En tanto su realización ocurre al margen o
fuera del sistema institucional, no sólo radicaliza su carácter de ilegalidad sino también incrementa las
posibilidades de ser realizado sin disponer de las condiciones de higiene y salubridad básicas. En este
sentido, conllevan un doble riesgo: el riesgo de la denuncia (por acción de terceros o por la propia auto-
denuncia en caso de una complicación sanitaria que obligue a recurrir al sistema institucional de salud), y el
riesgo de complicación sanitaria inmediata o mediata. En ambos casos, la precariedad de la mujer que se
realiza el aborto es muy alta, poniéndola en una situación de vulnerabilidad extrema: en caso de complicación
médico-sanitaria sólo es posible recurrir a los servicios de salud en una situación extrema, planteándose
entonces un dilema entre sobrevivencia y penalización (cárcel). En este contexto, se plantea la pregunta
acerca de las condiciones en las cuales las mujeres pertenecientes a estratos sociales populares transitan o
podrían hacerlo a una modalidad farmacológica de aborto.
El aborto inducido de modalidad médico-quirúrgico se realiza en conexión con profesionales de la salud,
aunque no directamente en conexión con su institucionalidad. No obstante, representa un acceso al saber
especializado y, por extensión, a un agente socialmente reconocido y legitimado; por ello, si bien es cierto la
conducta resulta ilegal y punible, se realiza en una conexión indirecta con la institucionalidad de salud (se han
reducido las posibilidades de complicación médico-sanitaria y, en caso de haberlas, involucra a un o una
profesional de la con acceso propio a la institucionalidad de salud), generalmente se agencia a través de
redes de lazos débiles y resulta indiferente al acceso a tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo
gestionan? Dado que es realizado por mujeres menos pobres y más conectadas, se plantea la interrogante
acerca de las condiciones en las cuales lo adoptan o podrían adoptar la modalidad farmacológica de aborto?
DEFINICIÓN
Ha sido definido como la acción deliberada de una mujer u otra persona de interrumpir un embarazo no
previsto. Puede realizarse tanto en contextos médicos seguros -bajo normativas legales y de salud pública,
como fuera del sistema médico -en condiciones de ilegalidad y clandestinidad. Por ello, dependiendo de las
2 Sobre redes sociales, ver Martínez, Víctor. 2003. Intervención en Redes Sociales. Programa Puente. FLACSO-Universidad de Chile

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condiciones en que se realiza, se le llama aborto seguro o inseguro. El primero se produce cuando el aborto
lo realiza un personal calificado, usando técnicas y criterios higiénicos adecuados, es por lo general un
procedimiento seguro, con una baja tasa de mortalidad y morbilidad (Alan Guttmacher Institute, 1996). En
cambio, el último se caracteriza generalmente por ser realizado por individuos sin entrenamiento médico o por
personal de la salud, que utilizan técnicas inadecuadas y lo realizan en condiciones no higiénicas. El aborto
inducido puede ser clandestino o legal, según el marco jurídico vigente en cada país. También puede ser
consecuencia de un acto intencional o no intencional. En este último caso es cuando ocurre a causa de un
accidente, a raíz de una imprudencia de la mujer o de la existencia de condiciones de riesgo vinculadas a sus
3
actividades cotidianas o laborales. Sus definiciones y tipos son diversos , y son importantes tanto en el lugar
4
que alcanza en la práctica médica , como en el campo de la legislación y su estatuto de práctica autorizada o
penalizada por los Estados.
MARCO JURÍDICO DEL ABORTO INDUCIDO
3
Investigadores y organismos internacionales identifican distintos tipos de aborto inducido, de acuerdo con las condiciones en que se
produce, se autorice y/o se practique. De acuerdo con Salas Villagómez (1998), según la intención de producir o no la conducta delictiva
y según los motivos por el que se recurre a él, el aborto inducido puede a su vez identificarse como: Aborto imprudencial o culposo:
corresponde al aborto que se produce por un accidente o como resultado de una conducta en la que no se tenía la intención de provocar
el aborto, sobre todo cuando no se sabía que la mujer estaba embarazada. Este tipo de aborto no se sanciona en la mayoría de los
países ya que no se considera que se haya producido un delito, no había la intención de producir dicho resultado. Aborto sufrido y
aborto sufrido con violencia: cuando se realiza sin el consentimiento de la mujer se hace referencia al aborto sufrido y cuando esta
práctica además se realiza a través de la violencia física o moral, se habla de aborto sufrido con violencia. La mayoría de las
legislaciones en todo el mundo sancionan más severamente este tipo de aborto. Aborto procurado o consentido: se refiere al aborto
que se provoca la propia mujer o se realiza con el consentimiento de la mujer embarazada. Cuando los motivos para realizar el aborto no
están permitidos por la legislación, en este tipo de aborto se sanciona tanto a la mujer que conciente o solicita el aborto, como al personal
que interviene en su inducción. Aborto honoris causa: comprende los casos en que la mujer recurre al aborto ante embarazos
realizados fuera de matrimonio y cuando el nacimiento de un hijo ilegítimo es motivo de escarnio social. Por ello varias legislaciones en
América Latina si bien penalizan esta práctica, dan una pena menor a la mujer que recurre al aborto inducido para salvaguardar su buen
nombre o su reputación o la de su familia. Aborto inducido por violación, o en el ejercicio de un derecho: responde a las situaciones
en que la ley reconoce el derecho de la mujer a abortar cuando el embarazo es resultado de una violación y es una de las causales
permitidas en algunos países de la región latinoamericana y del Caribe. Aborto necesario, terapéutico, o para salvar la vida de la
mujer: cuando de no practicarse el aborto se pone en riesgo la vida o la salud de la mujer embarazada, se habla indistintamente sobre
estos términos. Este tipo de aborto, no es sancionado en la mayoría de los países de la región. Aborto por alteraciones genéticas o
congénitas: es el que se realiza cuando hay motivos fundados de que el producto tiene alteraciones genéticas o congénitas: En algunos
países de la región se permite este tipo de aborto. Aborto por razones económicas: aquél al que se recurre, como su nombre lo indica,
cuando la mujer tiene motivos económicos, por lo general se requiere que éstas sean graves y que tenga un número de hijos ya nacidos.
Aborto por inseminación artificial forzada: es aquél que se realiza cuando el embarazo es resultado de una inseminación artificial no
querida ni consentida por la mujer.
4
El diagnóstico de "embarazo terminado en aborto" incluye, según la novena revisión de la clasificación internacional de enfermedades y
estados mórbidos (CIE-IX) (9) y la CIE-X (10), a los siguientes diagnósticos: aborto retenido (CIE-IX 632, CIE-X O 02.1), aborto
espontáneo (CIE-IX 634, CIE-X O 03), aborto legal (CIE-IX 635, aborto médico en CIE-X O 04), aborto ilegal (CIE-IX 636, sin codificación
en la CIE-X), aborto no especificado (CIE-IX 637, CIE-X O 06), intento fallido de aborto (CIE-IX 638, CIE-X O 07) y complicaciones del
aborto (CIE-IX 639, CIE-X O 08), a causa el embarazo ectópico (CIE-IX 633, CIE-X O 00), la mola hidatidiforme (CIE-IX 630, CIE-X O 01)
y otros productos anormales de la concepción (CIE-IX 631, CIE-X O 02) (Organización Panamericana de la Salud, 1975; 1995, citados
en: Szot y Moreno,, 2003).

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La legislación sobre el aborto inducido, junto con las políticas públicas de salud, determinan los servicios
disponibles en una sociedad cualquiera, las condiciones psico-sociales en que se realiza y sus consecuencias
sobre la salud física y psicológica de las mujeres (Llovet y Ramos, 2001). Su estatus legal determina
fuertemente las condiciones de acceso al aborto inducido e intervenciones específicas, las representaciones
sociales asociadas, la conexión y apropiación de la noción de derechos y su legitimidad moral, y las
condiciones institucionales de su registro e investigación.
Entre las sociedades contemporáneas en el mundo, América Latina y El Caribe es la región con las
legislaciones más restrictivas. Existen legislaciones en la Región desde finales del siglo XIX y principios del
XX. En aquellos que lo permitieron tempranamente, las condiciones en que no constituía delito decían
relación fundamentalmente con salvar la vida de la mujer o por embarazo en contexto de violación. En
décadas recientes, unos países fortalecieron sus legislaciones en la perspectiva de su despenalización,
ampliando con ello las condiciones para su realización; otros, por el contrario, profundizaron su penalización,
redujeron sus condiciones o lo penalizaron en toda circunstancia. Los primeros adoptaron el reconocimiento
5
de los derechos sexuales y reproductivos , ampliaron las causas en que se permitía el aborto. Los últimos lo
hicieron –y hacen- mediante esfuerzos por lograr el reconocimiento constitucional de los derechos del no
nacido. De igual forma que en otras regiones del mundo, en América Latina y el Caribe, el estatuto jurídico del
aborto inducido varía considerablemente entre países, y al interior de los países cuya configuración
geopolítica es de estados libres y soberanos (Grupo de Información en Reproducción Elegida, 2005). Existen
países de la región en que el aborto inducido se permite sin restricciones, otros en que se permite bajo ciertas
condiciones y existen países en que el aborto inducido está absolutamente penalizado (Pheterson y Azize
Vargas, 2005).
Chile, del mismo modo que El Salvador, Honduras, la República Dominicana y Sint Maarten (Antillas
Holandesas) penalizan en toda circunstancia o causa. Colombia recientemente, en 2006, lo despenalizó bajo
ciertas causales. Chile y El Salvador endurecieron su legislación de aborto en 1989 y 1997, respectivamente.
5 A saber, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, Austria, 1993); Conferencia Mundial de Población y Desarrollo (El
Cairo, Egipto, 1994); Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, China, 1995); Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social
(Copenhague, 1995); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en 1994; el Estatuto
de la Corte Penal Internacional en 1998 y se impulsó el protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW -Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-) en
1999.

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Durante seis décadas del siglo veinte, en Chile estuvo despenalizado aborto en caso de peligro para la vida
de la mujer. Desde 1930 y hasta 1989, el Código de Procedimiento Penal de ese modo lo permitió, cuando se
lo penalizó en toda circunstancia y por cualquier causa. Ello se produjo en el contexto del término del régimen
militar, por la Junta Militar de Gobierno, cuyos comandantes en jefe constituyeron el Poder Legislativo. Tuvo
como antecedente legal la Constitución de la República de 1980, que introdujo la protección del derecho a la
vida del no nacido, que fue interpretada en relación al aborto inducido como inhibitorio del mismo. A partir de
esta modificación, la legislación penaliza el aborto en toda circunstancia o causa. En sus artículos 342 a 245,
bajo el título de “Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública”, el Código de
Procedimiento Penal establece su penalización. En la actualidad, el Código de Procedimiento Penal sanciona
con prisión de 3 a 5 años a las mujeres que abortan, y con 541 días a 3 años de prisión al prestador del
servicio de aborto. La legislación de aborto también contempla sanciones para la o las personas que ayuden
a la mujer a gestionarlo y llevarlo a cabo. Complementariamente, se reduce la pena cuando el aborto se
realiza para proteger el honor de la mujer, por ende de la familia. Respecto de esto, la Corte Suprema ha
establecido que las mujeres que se dedican al comercio sexual tienen derecho a invocar la causal de
atenuación por deshonra para el delito de aborto.
MAGNITUD DEL ABORTO INDUCIDO EN CHILE
La investigación desarrollada acerca de la incidencia del aborto en Chile y la región presenta dificultades
manifiestas en sus estimaciones, como se señala precedentemente. No obstante las limitaciones en relación
con su confiabilidad, validez y certeza, las estimaciones existentes pueden proporcionarnos un panorama
aproximado acerca de la magnitud y distribución del fenómeno. Por ello, constituyen solamente una
aproximación a la práctica del aborto.
La Organización Mundial de la Salud (2004) estima que la incidencia del aborto inducido en el mundo alcanzó
a 46 millones de embarazos interrumpidos en el año 2000. De forma general, las tasas de aborto en los
países que restringen el procedimiento por ley –en los cuales muchos abortos se realizan en condiciones
inseguras- no son más bajas que las tasas que predominan en los países que permiten el aborto (Henshaw,
Singh and Haas, 1999).

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Del total de abortos que considera dicha organización, 27 millones se realizaron en contextos de legalidad y
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19 millones lo fueron en la clandestinidad e inseguridad . Un 86% de la población residente en los países
desarrollados vive bajo marcos jurídicos en que es posible el aborto voluntario y seguro. En los países en
desarrollo, excluyendo a China, sólo el 39% se encuentra en esta condición, y un 44% reside en contextos de
total ilegalidad o sólo es posible bajo condiciones muy restrictivas (Deidre, 1999). La brecha entre países
desarrollados y en desarrollo es muy amplia: la tasa de abortos inseguros alrededor del año 2000 es de 2 por
cada mil mujeres de 15 a 44 años para los primeros y de 16 para los últimos. La razón de abortos
corresponde a 4 abortos por cada 100 nacidos vivos y a 15 por 100 nacidos vivos, respectivamente.
América Latina y el Caribe tienen las más elevadas tasa y razón de abortos inseguros. En torno al año 2000,
la primera era de 29 abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años de edad, y la segunda era de 32 abortos
por cada 100 nacidos vivos. En Europa la tasa era de 3 abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años de
edad, y la razón era 7 por 100 nacidos vivos; en Asia la tasa era de 13 abortos por cada mil mujeres entre 15
y 44 años de edad, y la razón era 14 por 100 nacidos vivos; en África la tasa era de 24 abortos por cada mil
mujeres entre 15 y 44 años de edad, y la razón era 14 por 100 nacidos vivos. Al mismo tiempo, la razón de
abortos varía de 15 abortos por cada 100 nacidos en el Caribe, 20 abortos por cada 100 nacidos vivos en
América Central, a 39 abortos por cada 100 nacidos en Sudamérica. Se estima que en la región se produjo en
torno al año 2000 un total de 3.700.000.
Nuestro país se encuentra entre los países de la región con uno de los niveles más altos de aborto (Henshaw,
Singh and Haas, 1999). En 1990 tenía una tasa de 50 por cada mil mujeres entre 15 y 44 años de edad, una
razón de 35.3 abortos por cada 100 embarazos, y se estima que el número de aborto alcanza a 160.000
(Henshaw, Singh and Haas, 1999). Un estudio realizado en tres zonas marginales del norte de Santiago
observó que, del total de mujeres entrevistadas, un 30% declaró haber experimentado el aborto en su vida; de
éstas, el 72% lo reportó como espontáneo, nivel muy superior al estimad en la investigación científica (Molina
y cols., 1999).
6 Tales cifras se basan en diversas fuentes de información, principalmente en registros hospitalarios que son ajustados y corregidos, así
como en la revisión de datos provenientes de encuestas a hogares y a proveedores de servicios, y en ocasiones considerando la opinión
de expertos de cada país.

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Históricamente, la mortalidad por aborto ha tenido una importancia por su contribución a la mortalidad
materna (Szot, 2002). En la década de 1960, un tercio de las mujeres que morían lo hacían como
consecuencia del aborto (Armijo y Monreal, 1964). Durante las décadas de 1970 y 1980 se redujo la
mortalidad por aborto (se mantuvo constante entre 30 y 40 muertes por año entre 1985 y 1990). Disminuyó
aún más durante la década de 1990 (en un nivel de 10 muertes por año). Se produjo también una reducción
del número de defunciones por aborto en ese periodo desde 9 muertes por cada 10.000 egresos hospitalarios
por aborto a 3 muertes por cada 10.000 egresos hospitalarios por aborto (Szot y Moreno, 2003). Los egresos
hospitalarios por aborto, en los servicios de salud públicos y privados del país, disminuyeron, entre 1990 y
2000, de 36.528 a 29.546, respectivamente. Asimismo, las tasas de egresos por complicaciones derivadas de
aborto también han mostrado un leve descenso en los últimos años. En 1997 la tasa fue de 115,8 por mil
nacidos vivos, de 113,8 en 1998 y de 111,7 en 1999. Lo anterior respalda la hipótesis que afirma que habría
más que una disminución en el número absoluto de mujeres sometidas al aborto, una menor probabilidad de
tener complicaciones o cuando las hay, serían manejadas adecuada y oportunamente. No obstante que la
mortalidad por aborto se ha reducido en las últimas décadas, en Chile todavía su realización en condiciones
de ilegalidad conduce a mujeres a la muerte.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y MOTIVOS DE LAS MUJERES PARA RECURRIR AL
ABORTO
Puede sugerirse la existencia de limitaciones en la información producida sobre el perfil de las mujeres.
Usualmente no se considera en las investigaciones y sistemas de registro un conjunto de aspectos y factores
asociados al perfil de las mujeres. Asimismo, se ha sugerido la existencia en los enfoques de investigación
afectan su capacidad de informar sobre perfiles de las mujeres de un sesgo universalista, en que la
visualización de que el aborto y el embarazo son experiencias percibidas y vividas de igual manera por todas
las mujeres (Llovet y Ramos, 2001; Bonnet et Guillaume, 2004); además, prevalece un fuerte énfasis en una
lógica individual como el elemento central que guía el proceso de decisiones para recurrir al aborto, cosa que
deja fuera la conexión con lógicas sociales. Finalmente, los indicadores utilizados en las encuestas
asociadas al campo de la demografía privilegian rasgos sociodemográficos clásicos en la caracterización del
comportamiento de las mujeres.

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El aborto inducido es una práctica más elevada en los segmentos más jóvenes. En un análisis sobre el perfil
de las mujeres que han recurrido al aborto en base a la revisión de 300 estudios publicados de 1985 a 2002
(Shah y Ahman, 2004, en: Guillaume y Lerner, 2007)) se observa que en la región la razón de aborto por
edad presenta una tendencia más próxima a la forma de U invertida (no de aumento monotónico con la edad).
De los 3.7 millones de abortos inseguros que se estima hubo durante el año 2000 en América Latina y el
Caribe, la mayor proporción corresponde a mujeres de 20 a 24 años, y muy reducida en los grupos de
7
adolescentes y mujeres de 35 años y más . Chile (en 1989 y en mujeres atendidas por complicaciones de
aborto) presenta una tendencia de forma general similar: el peso relativo es menor del grupo adolescente (9.3
%), aumenta el grupo de 20 a 24 años (24.8%), aumenta un poco más el de 25 a 29 años (26.8%), disminuye
el grupo de 30 a 34 años (20.7%), disminuye a 12.5% el del grupo de 35 a 39 años y a 6.2% el grupo mayor
de 40 años (Bankole et al., 1999). Complementariamente, en un estudio realizado en 1990 con mujeres
atendidas por complicaciones de aborto en nueve hospitales de Santiago, sólo 11% eran jóvenes menores de
20 años (Lavin, 1994).
Las investigaciones de forma importante informa que las mujeres que recurren al aborto pertenecerían a
todos los niveles socioeconómicos, aunque con mayor intensidad en los estratos sociales más pobres,
pertenecerían a zonas urbanas y rurales, aunque más a las primeras. con mujeres de educación diversos,
incorporadas al mundo laboral y no integradas (Grupo de Información en Reproducción Elegida, 2003).
TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS DE INTERVENCIÓN EN LA INDUCCIÓN DE ABORTO
Los métodos utilizados en la inducción del aborto por su conexión con el tipo de conocimiento que les
subyace y los dispositivos y tecnologías de que se dispone pueden situarse dentro de desarrollos
tradicionales y modernos; unos han sido llamados arcaicos y otros denominados médicos. Los primeros se
han desarrollado sobre la base de disponer de conocimiento popular consuetudinario, con menor o mayor
vinculación con la medicina tradicional de comunidades y culturas específicas, y más recientemente, en la
medida en que sus operadores tienen acceso a información y medios, pueden incorporar partes de los
últimos en sus propios dispositivos.
7 La tasa de aborto es de 20 ‰ en mujeres menores de 20 años; de 43 ‰ en mujeres de 20 a 24 años y de 41‰ de las de 25 a 29 años;
de 28 ‰ en las mujeres de 30 a 34 años, de 21 ‰ en las de 35 a 39 años y de 14‰ para el grupo de mujeres de 40 a 44 años..

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Los métodos tradicionales han utilizado y utilizan una farmacopea y objetos cuyos usos se ubican en ámbitos
distintos. Operan mediante procedimientos mecánicos o de traumatismos físicos –caídas, inserción de objetos
sólidos y puntiagudos -entre los cuales puede encontrarse tallos, palillos, catéteres de plástico, sondas de
metal, lápices, ganchos de colgar)-, la introducción de líquidos, entre los cuales están los productos, vinagre,
jabón, detergentes, plantas, tubérculos, etc.), o que utiliza sustancias que son administradas por vía oral -
productos químicos (infusiones a base de plantas, hormonas, etc.) (Paxman et al., 1993;). Un desarrollo
particular de tales métodos es el que incorpora el uso productos farmacéuticos destinados a otros usos, los
que, sin embargo, son considerados como dotados de efectos abortivos cuando se les usa de modos no
prescritos. El acceso a los mismos se encuentra facilitado por sistemas de venta libre (quinina, hormonas,
aspirina o paracetamol, antibióticos, laxantes, entre otros. Los múltiples métodos pueden ser combinados en
la búsqueda de una mayor “eficacia” que no logra alcanzarse (Weisner,1990).
Los métodos desarrollados en el campo de la medicina, por su parte, usan de base el conocimiento científico
y tecnológico. El aborto realizado por medios quirúrgicos utiliza dos métodos, a saber, el legrado uterino
instrumental (LUI) y la aspiración manual endouterina (AMEU). Se trata de desarrollos de la medicina que
resultan más seguros para la salud y más cómodos si se les compara con los tradicionales. A su vez, el
primero ha sido reemplazado por la última como una técnica preferente (Organización Mundial de la Salud,
2003). El método AMEU se utiliza de manera muy frecuente cuando el aborto es legal. Se trata de un método
menos traumático que el LUI; se realiza con anestesia local o, a veces general, hasta las 12 semanas de
embarazo; es infrecuente que presente complicaciones; también se lo usa cada vez más en el tratamiento de
las complicaciones post-aborto y en muchos países los programas de salud ya lo introdujeron (Rayas y Catotti
2004)
En las últimas décadas, también en el campo de la medicina se ha desarrollado un método basado en el uso
de medicamentos, el aborto farmacológico. Consiste en el uso de medicamentos para la interrupción de un
embarazo. Debe tener, en condiciones ideales, una calificación global comparable a la de la interrupción del
embarazo por aspiración, es decir, una tasa de evacuación completa superior al 95% y una tasa de
continuación del embarazo inferior al 1%. Asimismo, cualquier método de aborto farmacológico durante las
primeras semanas del primer trimestre son las siguientes: debe ser eficaz hasta los 63 días de gestación;
debe ser fácil de administrar; debe ser seguro y tener efectos secundarios aceptables; la pérdida de sangre

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debe ser similar o inferior a la asociada a la aspiración; debe ser asequible; debe estar ampliamente
disponible. El régimen terapéutico que cumple esos criterios de eficacia es una combinación de mifepristona y
una prostaglandina, sea misoprostol o gemeprost (Organización Mundial de la Salud, 2008). En 2005, la
Organización Mundial de la Salud incluyó la Mifespristona y el Misoprostol en la Lista Tipo de Medicamentos
Esenciales, cuyo propósito es guiar a los gobiernos en su selección de los medicamentos que es preciso
distribuir a través de los sistemas nacionales de salud. La Federación latinoamericana de sociedades de
obstetricia y ginecología publicó en 2005 también un manual para el uso de misoprostol en obstetricia y
ginecología en la región.
8
Constituye una alternativa temprana , segura y eficaz al aborto quirúrgico. En general, el uso de mifepristona
para el aborto con medicamentos se ha expandido de manera consistente desde su introducción en países
europeos (Pirruccello and Winikoff, 2000; Fiala, 2004) Desde la introducción de la mifepristona, las mujeres
i
que desean interrumpir sus embarazos lo hacen más tempranamente (Organización Mundial de la Salud,
2003). Su condición de alternativa médica accesible no ha aumentado el número de abortos en países que,
como, Francia, Suecia, Inglaterra y Gales, aprueban su uso. Desde la perspectiva de la satisfacción, las
usuarias que recurren al aborto con medicamentos comunican una evaluación positiva y la mayoría de las
mujeres declara que optaría por el mismo método si necesitaran interrumpir un embarazo en el futuro
(Winikoff, 1995). Latinoamérica y El Caribe se asiste a un aumento importante del uso de fármacos para la
inducción de abortos por parte de las mujeres (FLASOG, 2005). Se ha reconocido un uso común del
misoprostol en la práctica médica de ginecólogos y obstetras latinoamericanos (para la evacuación uterina en
caso de feto muerto intraútero, en abortos retenidos y para inducir el parto (FLASOG, 2005). Su uso se
explica por ser un fármaco de bajo costo, termoestable y efectivo para provocar contracciones uterinas. Las
condiciones para su utilización están estrechamente ligadas al estatuto jurídico del aborto y a la disponibilidad
de medios y acceso a sistemas de distribución de medicamentos. Sea en condiciones de supervisión médica
o no, mediante la adquisición de medicamentos en farmacias o a través del comercio informal igualmente se
usa (Arilha y Barbosa, 1993). Su uso social precede a un uso especializado. Antes que medicamento
prescrito para el aborto, lo fue para el tratamiento de úlceras gástricas. La extensión del uso (por sus
propiedades abortivas) por parte de las mujeres y médicos se hizo conocida en los países. En unos se
restringió su circulación, en otros se lo aprobó, se le usa institucionalmente y se le prescribe de acuerdo con
8
La mayoría de los países que han aprobado regímenes de aborto farmacológico permiten su uso hasta la séptima semana de
gestación, con la excepción de Suecia e Inglaterra que autorizan su uso hasta la novena semana de gestación (Gynuity Health Project,
2004).

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protocolos médicos. Aunque sea un método con muy bajo riesgo, un uso inadecuado de dosis o modos de
administración pueden producir complicaciones. Puede ocasionar hiperestimulación y rotura uterina, lo que
pone en riesgo la vida de la mujer y del feto (FLASOG, 2005)
Aún cuando, en la medicina ha habido nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, el acceso a las nuevas
modalidades está estrechamente asociada a la legalidad o ilegalidad del aborto. Su legalidad favorece una
introducción más sustantiva de nuevos métodos. No la asegura, pues el acceso no necesariamente es
homogéneo en esos países. En los contextos en que se encuentra penalizado, su introducción en limitada y
debe coexistir con métodos arcaicos. En estos contextos, las mujeres de estratos socioeconómicos más
favorecidos logran acceder a métodos modernos más seguros, las más pobres permanecen exponiéndose a
graves riesgos para su salud y su vida. El nivel socioeconómico y el estatus y autonomía que tengan las
mujeres son factores decisivos en las condiciones de acceso a intervenciones seguras, toda vez que en las
sociedades en que es ilegal se desarrollan mercados informales para el aborto medicalizado, sin riesgo o con
un riesgo menor(Guillaume y Lerner, 2007). En este sentido, la existencia del aborto farmacológico introduce
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DEL ABORTO INDUCIDO
Es reconocido por investigadores y salubristas que el fenómeno del aborto inducido es complejo y difícil de
estudiar y, en particular, de medir su ocurrencia. Lo anterior se intensifica cuando se realiza en condiciones
de ilegalidad. Se trata de un acto personal cuyas significaciones y representaciones, emociones asociadas a
los contextos en que se produce la decisión y realización, y experiencia en el plano del cuerpo que conlleva la
intervención sean comprendidas como privadas, íntimas o secretas por las mujeres (Rossier, 2004). También
se trata de actuaciones personales que pueden ser construidas social y culturalmente como indeseables,
proscriptas y deslegitimadas por instituciones religiosas, médicas o legales; por ello sujetas a la
estigmatización y rechazo. Lo anterior es especialmente intenso cuando la interrupción del embarazo se
realiza en ámbitos clandestinos, bajo condiciones de alto riesgo para la vida y salud de las mujeres, y de
exposición a la sanción legal en las sociedades en que existen leyes restrictivas, condición que puede
extenderse en contextos donde el aborto es legalmente autorizado (Guillaume et Molny, 2004). Lo anterior
conduce a la negación, omisión o inexactitud en la declaración de su práctica. Por cierto, no sólo se produce
en las mujeres; se extiende a las instituciones de salud y de justicia. En el campo de la investigación y
sistemas de registro de base estadística, la sub-declaración y el sub-registro tienen el efecto de

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subestimación e incompletitud en la producción de información (Guillaume y Lerner, 2007). Por ello, en los
campos de la salud pública y de las ciencias sociales se han explorado múltiples estrategias metodológicas y
tecnológicas aplicables a la investigación del aborto cuyo propósito es producir abordajes que permitan
reducir y evitar las dificultades que implican su observación y comprensión.
Se han desarrollado estrategias que operan mediante formas indirectas en la producción de información
sobre incidencia de abortos inducidos. Están las e stimaciones indirectas basadas en las estadísticas
hospitalarias sobre las complicaciones del aborto, las estimaciones sobre mortalidad por aborto basadas en
los registros de defunción o en las estadísticas sobre la mortalidad materna, que consisten en calcular la
incidencia de abortos a partir de la información sobre mortalidad materna o sobre las hospitalizaciones por
9
complicaciones derivadas del aborto (sea del aborto espontáneo o del inducido). Se aplican coeficientes para
obtener el número de abortos y los datos son ajustados para calcular el número total de abortos en la
población general; ajustes que se hacen de acuerdo con estimaciones de expertos en el campo de la salud.
Su confidencialidad ha sido cuestionada en razón de que los sistemas de salud no registran todos los casos,
en especial cuando son ilegales, las estimaciones se basan en una data que excluye a una parte muy
importante de la población, en tanto la medición se produce sobre condiciones particulares (mujeres
pertenecientes a estratos sociales populares, quienes presentan complicaciones y, por ello, son registradas.
Por ello, se dificulta su representatividad y presenta límites a la extrapolación de los resultados para el
conjunto de la población (Rossier, 2003). Está el Método residual que se basa en el modelo de Bongaarts y
es utilizado para estimar el peso de los diferentes determinantes de la fecundidad, como son: la edad a la
primera unión, la práctica anticonceptiva, la infertilidad post-parto, la esterilización y el aborto (Johnston y Hill,
1996; Llovet, 1998). Permite obtener una estimación de la tasa de abortos, sin embargo, los parámetros que
deberían considerarse no siempre son tomados en cuenta en las encuestas. También se realizan
estimaciones indirectas mediante expertos, con base en fuentes de información en espacios
geográficos de expertos locales (médicos, enfermeras, responsables de los programas de salud reproductiva
o de planificación familiar, etcétera) acerca del número de mujeres hospitalizadas por complicaciones de
aborto, los niveles y tendencias de su práctica, los métodos abortivos utilizados y otros aspectos; información
que puede compilarse para elaborar estimaciones (a través de ajustes, ponderaciones, correcciones, etc.).
Asimismo, se hacen estimaciones indirectas basadas en entrevistas realizadas a los
prestadores de servicios que practican abortos ilegales y a proveedores de salud de
9 En los países donde el aborto es ilegal, los hospitales tienden a sobre-declarar como espontáneos o “no-precisados” los abortos. La
Organización Mundial de la Salud ha construido una clasificación que permita distinguir los tipos de abortos: abortos inducidos, dentro de
los cuales se distinguen los provocados con certidumbre de los probables o eventualmente provocados, y abortos espontáneos.

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asistencia post-aborto que incluyen preguntas relacionadas, en particular, con el aborto para obtener
información sobre la situación de las mujeres que recurren a tal recurso y con respecto a algunas de sus
características. También se llevan a cabo estimaciones a partir de estudios prospectivos en los
sistemas de encuestas de seguimiento demográfico a poblaciones específicas . Se han utilizado
también encuestas para la realización de estimaciones basadas en formas directas en la producción de
información sobre incidencia de abortos inducidos. Son las e stimaciones directas, basadas en la
10
observación mediante encuestas, aplicadas a las mujeres y destinadas a medir el número de abortos
11
tenidos en el curso de su vida fecunda o en un determinado periodo. Con ellos se pretende estimar su
ocurrencia en determinadas poblaciones, su caracterización sociodemográfica y sociocultural, las
circunstancias en que fueron realizados. El sub-registro es variable y está asociado a los contextos
12
socioculturales de legitimación del aborto en una sociedad. Finalmente, se han empleado e stimaciones
indirectas a través del método de los informantes clave, o confidentes . Puede hacerse con
13
técnica del “reporte anónimo de una tercera persona” o con el “sisterhood method”. Entrevistas individuales
(semi-estructuradas o en profundidad) y grupos focales -más propiamente de los enfoques cualitativos- se
usan en la estimación de las magnitudes que alcanza el aborto inducido en poblaciones restringidos y zonas
geográficas de tamaño reducido, preferentemente en países donde el aborto es ilegal y donde existen redes
sociales estructuradas. Se utilizan las redes sociales en las cuales circula información, interlocutores clave
para el reporte de casos de aborto conocidos por ellos en sus contextos. Cuando se hacen estimaciones del
nivel de la práctica del aborto, debido al riesgo de que haya una doble cuantificación de los abortos, lo que
conduce a una sobreestimación de los mismos. (Rossier et al., 2006, Rossier, 2004; Ramos y Viladrich,
1994).
10
Pueden informar cómo se involucran sus parejas. En otros casos, aún poco frecuentes, se trata de encuestas o de entrevistas a
varones, a quienes se interroga acerca de los abortos relacionados con los embarazos producto de las relaciones sexuales que tuvieron
con alguna mujer.
11
Se trata de encuestas puntuales y de encuestas de seguimiento hechas en determinadas comunidades o contextos.
12
Son aplicadas mediante entrevistas cara a cara y se realizan en el hogar o en servicios de salud; lugares que han sido relacionados
contradictoriamente con su calidad. Otras formas de aplicación se han implementado en países desarrollados se hacen entrevista
telefónicas, que difícilmente se puede contemplar en los países en desarrollo, ya que la disponibilidad del teléfono se limita a ciertos
sectores y áreas geográficas de la población. Adicionalmente, a los diseños clásicos de instrumentos de respuesta directa, se ha usado
la “técnica de la respuesta aleatoria”, cuyas limitaciones, entre otras, son la falta de comprensión por parte de la mujer acerca del
procedimiento y contar con muestras más pequeñas. Se basan en cuestionarios de aplicación diversa; a los medios clásicos se han
agregado cuestionarios auto-administrados por las mujeres, cuya limitación es que son muy simples, reducidos, de preguntas cerradas y
dirigidos a personas capaces de responder por escrito o, más recientemente, mediante la utilización de un cuestionario computarizado
“Audio Computer-Assisted Self-Interview” (ACASI), cuya limitación es que requiere disponer de PC y familiarización con esta tecnología
(Rossier, 2003). La forma de aplicación cara a cara proporciona tasas de repuesta bajas, no obstante, permite analizar diversas
características y consecuencias asociadas al mismo para intentar medir comportamientos subestimados en las encuestas Esta técnica
parece permitir una declaración mayor de abortos inducidos que cualquier otro método (Rossier, 2003).
13 Utilizado para estimar las tasas de mortalidad materna (Graham et al., 1989, Boerma et Mati, 1989; citados en: Rossier, 2004).

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Un uso más amplio e intensivo de metodologías de base cualitativa permitiría comprender el sentido y
individuales y sociales en las cuales se inscribe el aborto inducido, especialmente en aquellos contextos en
que se realiza en condiciones de clandestinidad. Los actores implicados en las redes sociales próximas a una
mujer que interrumpe un embarazo –prestadores (médicos, matronas, farmacéuticos, agentes tradicionales),
agentes de salud, las familias, parejas, y redes de mujeres- son, en un sentido, quienes tienen el mayor
conocimiento –de primera mano- del proceso conducente al mismo. Constituyen, como dice Rossier (2004),
propiamente diversas y múltiples «ventanas» de observación del fenómeno, porque lo conocen y actúan en
diferentes momentos del proceso, y por ello, de conjunto ofrecen una aproximación más completa.
.

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25. CFG
Sexualidades en el
Contexto de Transformación
de la Sociedad Chilena.
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MÓDULO 2
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2008

26. i