Revista Contralínea denuncia generalización de corrupción e impunidad en México

Año 15 • Número 505 • $30
Del 12 al 18 de septiembre de 2016
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 1 de agosto de 2016
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Av. Río Churubusco 590, colonia Del Carmen,
delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
A los pueblos de México y
del mundo:
La comunidad indígena
de Santa María Ostula
(Michoacán) comunica
que el 4 de septiembre
del presente año realizó
una asamblea general
de comuneros en la que
acordó reactivar en forma
indefinida el retén que está
instalado en la carretera
costera 200, con la partici-
pación de los comuneros y
policía comunitaria de la
totalidad de la comunidad.
Lo anterior debido a
que los extemplarios, a
través de lugartenientes
como el Tena, el Tuco y
Chuy Playas, se han estado
reagrupando y tomando
control de regiones en-
teras de la Costa-Sierra
de Michoacán, ante el
silencio omiso de la Se-
cretaría de Marina-Ar-
mada de México y de las
demás corporaciones de
seguridad; y ante el fra-
caso evidente, en todo el
estado, del mando único
policial.
Por otro lado, las
concesiones mineras otor-
gadas dentro de nuestro
territorio, sobre todo
a trasnacionales como
Ternium, no han sido
canceladas, en tanto que
dentro del juicio agrario
78/2004, mismo que se
ventila en el Tribunal
Unitario Agrario 38 de
Colima, se han realizado
toda clase de trapacerías
tendientes a modificar los
linderos inmemoriales de
nuestra comunidad con
el fin de favorecer a los
templarios de La Placita
y a las empresas mineras
interesadas en nuestras
tierras.
Igualmente, el Estado
mexicano ha sido incapaz
de cumplir las elementa-
les exigencias de justicia
hechas por nuestra comu-
nidad; por dicha razón
invitamos nuevamente a
los pueblos de México y el
mundo a apoyar nuestra
lucha en el cumplimiento
de las siguientes exigen-
cias:
-Desmilitarización
de la región de la Cos-
ta-Sierra de Michoacán,
el castigo a los mandos
y a los integrantes de las
corporaciones militares
y policiacas que asesina-
ron al niño Hidelberto
Reyes García, hirieron y
golpearon a diversos co-
muneros y destruyeron los
bienes de la comunidad
de Ostula, así como la
reparación de los daños
causados a los bienes de
la comunidad de Ostula
y la devolución de los
siguientes artículos: cuatro
radios de comunicación,
el sello e identificaciones
del consejo de vigilancia,
una pistola con registro y
cuatro juegos de llaves.
-Aprehensión de los
jefes del cartel templario
en la región, Federico
González Medina, alias
Lico, y Mario Álvarez
López, alias el Chacal, y
desarticulación verdadera
de dicho cártel y de su
estructura política y eco-
nómica.
-El respeto y otorga-
miento de garantías para
la libertad de los integran-
tes y el funcionamiento de
la Policía Comunitaria de
los municipios de Aquila,
Coahuayana, Chinicuila y
Coalcomán.
-Presentación con
vida de los seis comuneros
desaparecidos y el castigo
a los autores intelectuales
y materiales del asesinato
de 34 comuneros perte-
necientes la comunidad
de Ostula a lo largo de los
últimos 4 años.
-Respeto al territorio
que en forma inmemorial
corresponde a nuestra co-
munidad y cancelación de
las concesiones mineras
otorgadas dentro de dicho
territorio a personas aje-
nas a nuestra comunidad.
Xayakalan, Ostula,
Michoacán
Atentamente,
“Nunca más, un Méxi-
co sin nosotros”
Comunidad Indígena
de Santa María Ostula
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
DE LOS CABALLEROSTEMPLARIOS
NAHUAS DE MICHOACÁN
DENUNCIAN REACTIVACIÓN
4 12 de septiembre de 2016

CONTENIDO
24
PORTADA
Aunque sistémica y pilar del propio régimen, el
desbordamiento de la corrupción es una amenaza
para el Estado: Agenda Nacional de Riesgos
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
GENERALIZADAS: ASUNTO
DE SEGURIDAD NACIONAL
OPINIÓN
CONTRAPODER LÓPEZ OBRADOR EN LA EXTREMA POBREZA…
¿QUÉ DIJO JULIO CÉSAR? Álvaro Cepeda Neri
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN GRUPO BIMBO VIOLA CINCO
DERECHOS HUMANOS Nancy Flores
ZONA CERO EL DINERO PÚBLICO QUE SE ENTREGA A LA COPARMEX
Zósimo Camacho
IQ FINANCIERO VIDEGARAY, LAS COBERTURAS PETROLERAS Y LA
ECONOMÍA Claudia Villegas
ARTÍCULOS
BAJA CALIFORNIA SUR, BAJO EL YUGO DE LA VIOLENCIA Roberto E
Galindo Domínguez
MEDALLAS DE PLATA Y BRONCE A PRECIOS NEOLIBERALES Martín
Esparza Flores
LA POBLACIÓN MUNDIAL ENVEJECE Claudia Dupeirón García/PL
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, núme-
ro 505, del 12 al 18 de septiembre de 2016– es una publicación se-
manal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; avenida
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tud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impre-
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ANÁLISIS
ECONOMÍA En puerta, nueva crisis por desequilibrio externo Marcos Chávez M58
INVESTIGACIÓN
PORTADA Corrupción e impunidad generalizadas: asunto de seguridad nacional Mauricio
Romero
SOCIEDAD Crimen sin fin, crimen invisible: la desaparición forzada de migrantes Karen Carrillo
CONTRAGOLPE Río 2016: Slim pactó “lucro sustancial” con Canal 22 Mauricio Romero
LÍNEA GLOBAL América Latina apuesta por energías renovables María Julia Mayoral/PL
LÍNEA GLOBAL Perú: 150 conflictos mineros Milagros Salazar/Aramis Castro/IPS
LÍNEA GLOBAL Indígenas exigen participación activa en conservación de la naturaleza Emilio
Godoy/IPS
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44
50
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MISCELÁNEO
EX LIBRIS De la Revolución estadunidense a la francesa, en defensa de los derechos
humanos Álvaro Cepeda Neri
SOCIEDAD BETA Facebook, por miles de millones de dólares del mundo del
videojuego Gonzalo Monterrosa
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44
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5450
40
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www.contralinea.com.mx 7
Ilustración de portada: 123RF

CONTRAPODER
OPINIÓN
E
nraizada en los seudopolíticos y funcio-
narios del sistema-régimen presidencialis-
ta, nacido de los partidos organizados en
1929-1939: Partido Nacional Revolucionario (PN-
R)-Partido Acción Nacional (PAN), la corrupción
se ha venido escudando en la falta de transparen-
cia y la impunidad. A tal grado, es ya la Cueva de
Ali Babá a la mexicana. Y aquellos 40 ladrones de
las Mil y una noches nada son, comparados con los
millones de rateros (unos menos, unos más, pero
todos rateros) que desde el alemanismo al peñis-
mo, con la fundación del Partido Revolucionario
Institucional (PRI, 1946) y el ascenso del PAN
a la cúpula del máximo poder (año 2000), han
creado al narcotráﬁco
para que junto con ese
presidencialismo sean,
ahora, las dos caras de
la delincuencia organi-
zada que tiene a la na-
ción ante la alternativa
de un levantamiento
por hambre, pobreza,
inseguridad y desempleo.
La otra opción es que el pueblo siga pospo-
niendo su rebelión y en el ínterin continúe esa
doble desgracia: funcionarios ladrones y narcos
secuestrando, asesinando y desapareciendo a mu-
jeres a la par del machismo feminicida. Mientras
los partidos y sus candidatos seguirán pervirtiendo
la democracia representativa. En tanto que en las
calles la otra democracia, la directa, con sus cam-
pesinos, maestros, trabajadores, indígenas, y todos
sus grupos de encabronados, decidan ejercer sus
derechos constitucionales para plantear sus peti-
ciones y protestas, contenidos en los Artículos: 6,
7, 8 y 9. A reserva, pues, de ejercer su soberanía en
los términos de los Artículos 39 y 136 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El populismo nacionalista que con Lázaro
Cárdenas generó rendimientos en favor de la na-
ción, del Estado y del gobierno, y que estuvo la-
tente hasta ser despertado por el panismo-foxista
e inmediatamente con su triunfo ayudado por el
zedillismo, al cortarle los dineros al PRI, mostró
su corrupción política y económica a través de su
cónyuge y sus hijastros. De su mal gobierno se ini-
ció la cancelación de la transición; y luego parió
ese aborto que fue Calderón, para rematar la alter-
nancia, iniciar la fallida
guerra de los más de
100 mil homicidios, su
complicidad con el in-
cendio de la guardería
ABC, sus alcoholizadas
pachangas de los sába-
dos en Los Pinos, per-
mitiendo el regreso del
PRI con su actual verdugo, Peña Nieto, y sus Vi-
degaray, Nuño, Ruiz Esparza, Lozoya, la cuña de
Salinas de Gortari con su sobrina Ruiz Massieu;
los Alfredo Castillo, los Korenfeld, los Murillo Ká-
ram, los Coldwell, los Castillejos Cervantes y sus
voceros, al estilo de los Eduardo Sánchez. Y sus
desgobernadores: los Duarte, los Moreno Valle,
los Manuel Velasco, los Graco Ramírez, los Cué,
los Astudillo, los Medina y los Mancera… y los
demás hijos de la…
Los ricos, millonarios y multimillonarios tie-
ne a sus candidatos, para que el neoliberalismo
LÓPEZ OBRADOR
EN LA EXTREMA POBREZA…
¿QUÉ DIJO JULIO CÉSAR?
ÁLVARO CEPEDA NERI
En la administración del general Lá-
zaro Cárdenas, el populismo naciona-
lista generó rendimientos en favor de
la nación, del Estado y del gobierno
En la administración del general Lá-
la nación, del Estado y del gobierno

CONTRAPODER OPINIÓN
económico, educativo y laboral siga como con el
peñismo; por lo que Luis Videgaray es postulado
por Mexicanos Primero de los Claudio X Gon-
zález. El priísmo en vísperas de su desaparición
quiere a Osorio Chong. El PAN y sus facciones
a la esposa de Calderón quien deshoja a la Mar-
garita, en disputa con Ricardo Anaya, Moreno
Valle y sus asesores: Elba Esther Gordillo, Diódo-
ro Carrasco, Max Cortázar y Guillermo Padrés.
Y reapareció el populismo con López Obra-
dor y Morena. Un precandidato guasón, dicha-
rachero. Sin discurso político. Ni económico. Es
alguien que no quiere el cargo y solamente anda
chacoteando y explotando la credulidad y la espe-
ranza populares. Y ha salido con su declaración
“3de3”, para parecer en extrema pobreza. Pero
con su esposa y sus hijos ricos. López Obrador
replica a la Gaviota Rivera. Pero su cónyuge no
explica de dónde tiene su patrimonio. Cuentan
que el populista que luego se hizo dictador-empe-
rador: Julio César, dijo que: “La mujer del César
no debe hacerse sospechosa”; y también que: “La
mujer del César debe ser honesta y no solamente
parecerlo”.
La esposa de López Obrador no ha transpa-
rentado su riqueza y como administradora del pa-
trimonio de su esposo, amparada en que no está
obligada a ello. Y no deben salir los seguidores
y admiradores de Morena que, como preguntó
Víctor Hugo (en su: A propósito de Shakespeare, edi-
torial Desván de Hanta.-2016): “¿Cómo?... ¡Ni la
crítica!”. No se trata de respuestas chistosas de las
que se han enchilado sus adversarios y enemigos. Se
trata de no seguirse desacreditando, montado en
el escudo del populismo, que no es ni por asomo
el cardenista. Ni esconderse en la impunidad y
falta de transparencia para cabalgar al galope de
la misma corrupción priísta, panista, perredista;
así como del Instituto Nacional Electoral (INE),
del peñismo y del sistema presidencialista escolta-
do en el militarismo-policiaco. López Obrador ya
escogió: como los demás.
DAVIDMANRIQUE

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
GRUPO BIMBO
VIOLA CINCO
DERECHOS HUMANOS
NANCY FLORES
U
na minuciosa investigación hecha por
más de 100 organizaciones, movimientos
y redes de la sociedad civil desnuda las
prácticas más abusivas de empresas nacionales y
extranjeras –con presencia en México–, que rayan
en graves violaciones a diversos derechos indivi-
duales y sociales.
Las organizaciones documentaron más de 60
casos a lo largo del territorio nacional. Y el reporte
que contiene esa valiosa información fue entrega-
do al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Dere-
chos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas, que inició trabajos el pasado 29 de agosto,
pues –como ya es su costumbre– las autoridades
mexicanas han hecho
caso omiso a las de-
nuncias.
Entre las compa-
ñías que habrían viola-
do derechos humanos,
como el de la salud, se
encuentra el gigante
del pan, Bimbo. Propiedad de la familia Servitje,
una de las más ricas y poderosas del país, la empre-
sa trasnacional de origen mexicano se promociona
a sí misma como socialmente responsable. No obs-
tante, sus prácticas antiéticas, abusivas, violadoras
de diversos derechos y dañinas al medio ambiente
la contradicen.
De acuerdo con el informe México: empresas y
derechos humanos, “Grupo Bimbo es la principal
panificadora a nivel mundial y es la tercera mar-
ca más consumida en el país. Sin embargo, sus
prácticas a lo largo de su cadena de valor están
vulnerando el acceso y ejercicio de derechos hu-
manos, como el de la salud, el medio ambiente
sano, la alimentación adecuada y el acceso a la
información”. También al trabajo digno.
Y es gracias al trabajo de Greenpeace México
que podemos saber en que consisten estas graves
violaciones a los derechos humanos y sociales. El
caso se ubicó en los municipios de Guasave, Aho-
me, Culiacán y Navolato (Sinaloa), de por sí lasti-
mados por la violencia criminal y policial.
El informe advierte que de esas regiones es de
donde se abastece Grupo Bimbo para la fabrica-
ción de los productos correspondientes a las 20
marcas que ostenta. Este abastecimiento depende
de la agricultura industrial, “que pone en riesgo la
salud con el uso de 30 plaguicidas altamente tóxi-
cos, que han sido pro-
hibidos en otros países
por sus impactos a la
salud y el medio am-
biente”.
Para sustentar lo
anterior, Greenpeace
junto con investigado-
res de la Facultad de Ciencias (de la Universidad
Nacional Autónoma de México) y de la Red Te-
mática de Florecimientos Algales Nocivos desarro-
llaron un estudio sobre los impactos de este mo-
delo. Los resultados son alarmantes: se detectaron
sustancias como glifosato, endrín, lindano, DDT
(entre otros), en ríos, drenes, lagunas y el mar en la
costa sinaloense.
Por ello, para Greenpeace no cabe duda de que
estas sustancias altamente tóxicas para todos los se-
res vivos son aplicadas de forma indiscriminada. El
problema, indica, es que no se quedan en la zona
de aplicación: “se filtran a cuerpos de agua aleda-
ños afectando recursos naturales esenciales como
Bimbo vulnera el acceso y ejercicio de
derechos humanos, como el de la salud,
el medio ambiente sano, la alimenta-
ción, la información y el trabajo digno
Bimbo vulnera el acceso y ejercicio de
ción, la información y el trabajo digno

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
el agua y las comunidades aledañas”.
En estas prácticas denigrantes al medio am-
biente también estarían involucrados los provee-
dores de Bimbo: Cargill, Ingredion, ALMEX y
Bunge, señala la organización.
Pero ésa no es la única grave violación a los de-
rechos humanos y sociales en la que incurre el gi-
gante panadero. Y es que el modelo de agricultura
industrial somete a las personas a condiciones de
trabajo injustas y poco transparentes.
Así, campesinos y jornaleros son víctimas de lo
que se conoce como agricultura por contrato, una
de las formas de trabajo más abusivas por ser a des-
tajo, de la que Contralínea ha dado cuenta en varios
reportajes.
Del trabajo de
Greenpeace se des-
prende que, ade-
más de las largas y
extenuantes jorna-
das de trabajo, en
los campos persiste
otra grave violación
a los derechos hu-
manos que afecta
a las personas que
aplican los agrotó-
xicos: éstos se rela-
cionan con afecta-
ciones graves a la
salud, como cáncer,
alteraciones hor-
monales y al siste-
ma nervioso, indica
la organización. Agrega que con ello se vulnera el
derecho humano a la salud y a un trabajo digno.
En el tema del derecho a la información,
Greenpeace observa que “los millones de consu-
midores no tienen acceso a la información ni trans-
parencia sobre la forma en la que se producen sus
alimentos, y quienes tampoco tienen acceso a una
alimentación adecuada”.
Por ello, la organización critica que, “a pesar
de que Grupo Bimbo dice estar adherido a los 10
principios del Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das (que incluye temas de salud, medio ambien-
te, laborales y transparencia), perpetúa prácticas
que dejan de lado el respeto a los Códigos de la
Organización de las Nacionales Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, que establecen: la
eliminación gradual y sustitución de plaguicidas
tóxicos y la preocupación sobre los efectos a la sa-
lud, pues existen informes de altas incidencias de
contaminación y envenenamiento de usuarios de
plaguicidas, de trabajadores agrícolas y comunida-
des aledañas; así como efectos al medio ambiente
sobre todo por contaminación de agua, suelo y de-
más recursos naturales, flora y fauna”.
Grupo Bimbo tampoco acata los Principios
Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos
de las Naciones Unidas (2011), que establecen que
“las empresas deben respetar los derechos huma-
nos. Eso significa
que deben abste-
nerse de infringir
los derechos hu-
manos de terceros
y hacer frente a las
consecuencias ne-
gativas sobre los de-
rechos humanos en
las que tengan algu-
na participación”.
En el informe,
Greenpeace da
cuenta de que ha
entablado un diálo-
go con la empresa
desde 2015; sin em-
bargo, lamenta la
organización, Bim-
bo “no ha estableci-
do medidas ni periodos de acción para cambiar sus
prácticas corporativas y ha evadido su responsabi-
lidad escudándose en la legislación desactualizada
y laxa, así como con acciones social y ambiental-
mente responsables en sus instalaciones, que no
responden a su principal actividad: la producción
de alimentos”.
La indolencia de este tipo de empresas sólo es
posible en un país donde no se aplica la ley y donde
políticos y gobernantes son lacayos de las grandes
fortunas. Por ello, el informe México: empresas y de-
rechos humanos no sólo es relevante para conocer lo
que está mal, sino para exigir que las cosas cam-
bien a favor de las mayorías.
GRUPOBIMBO

ZONA CEROOPINIÓN
L
a Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) –junto con otros
organismos cúpula del empresariado mexi-
cano– está desatada. Lo mismo realiza mítines de
gente bonita (y rica) en el Ángel de la Independen-
cia en contra de que sus millonarios agremiados
rindan cuentas de sus negocios con el gobierno,
que presenta demandas contra el propio gobierno
porque éste no acude con presteza a reprimir a los
maestros. No es todo: junto con el clero, combate
iniciativas de ley (como la de los derechos de las
parejas del mismo sexo) y, más aún, recibe millona-
rios recursos públicos sin rendir cuentas a nadie. Y
en todo tiene éxito. El gobierno de Enrique Peña
Nieto accede a todo aquello que los patrones lle-
gan a demandarle.
Probablemente,
desde la época de Luis
Echeverría no se veía a
una Coparmex tan en-
valentonada, retando a
las “autoridades”, con-
siguiendo a cabalidad
lo que demanda e imponiendo su agenda y sus
particulares intereses. Esta asociación del alto em-
presariado mexicano (fundada en 1929 para opo-
nerse a la Revolución Mexicana) ha sido una de las
principales promotoras de las “reformas estructu-
rales” que tienen al país en el desastre. Incluso, es el
grupo de presión que prohibió al gobierno de Peña
Nieto rectificar la reforma “educativa”, cuando en
el gabinete se generaba el consenso de que no valía
la pena incendiar al país por una mediocre refor-
ma administrativa. No importa cuántos muertos
más cobre, la Coparmex y el gobierno han dicho
que la impondrán pase lo que pase.
Decíamos que, además de todo, este “sindicato
patronal” (así se autodefine) recibe recursos públi-
cos. Sí, de los bolsillos de los mexicanos el gobierno
de este país entrega varios millones de pesos al año
a la organización de los empresarios más acauda-
lados de México, cuyo presidente hoy es Gustavo
Adolfo de Hoyos Walther. Sólo del 15 de mayo de
2015 al 18 de mayo de 2016, la Coparmex reci-
bió recursos públicos por 10 millones 389 mil 132
pesos.
El dato nos fue entregado por el mismo orga-
nismo empresarial por medio de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca (folio de solicitud: 6010100000816). ¿Bajo qué
pretextos se llevaron los grandes empresarios esos
millones del erario? Veamos.
Las elecciones del
año pasado significaron
para la Coparmex la
obtención de 1 millón
de pesos, a través del
Programa de Apoyo a
la Observación Electo-
ral del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE). Los primeros 500 mil pesos se
le entregaron el 22 de mayo de 2015 (provenientes
supuestamente del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos). En su respuesta, aclara que
tiene un “remanente” de 15 mil 677.82 pesos (el
cual, a 1 año y 2 meses de pasado ese proceso elec-
toral, se encuentra “en trámite de devolución”).
Los otros 500 mil pesos provienen directamen-
te del INE y fueron entregados bajo el concepto
de “Apoyo al estudio al Desarrollo Democrático
2015” (sic).
ElModeloMexicanodeFormaciónDual,desa-
rrollado por las instituciones de educación pública
de bachillerato tecnológico y el sector empresarial,
ZÓSIMO CAMACHO
EL DINERO PÚBLICO
QUE SE ENTREGA A LA COPARMEX
Del 15 de mayo de 2015 al 18 de mayo
de 2016, la Coparmex, que se autonom-
bra sindicato patronal, recibió recursos
públicos por 10 millones 389 mil pesos
Del 15 de mayo de 2015 al 18 de mayo
públicos por 10 millones 389 mil pesos

ZONA CERO OPINIÓN
le significó a la Coparmex, en menos de 1 año, la
entrada de recursos por 889 mil 132.30 pesos. Los
recursos provinieron del Fideicomiso Promexico
y del Programa de Competitividad e Innovación
México-UE (Procei), ambos operados por la Secre-
taría de Economía. La entrega de recursos se jus-
tificó bajo el concepto “Institucionalización de la
evaluación y supervisión del modelo mexicano de
formación dual por el sector privado mexicano”.
El 9 de junio se efectuaron dos entregas de di-
nero por este rubro; la primera por 95 mil 368.67
pesos y la segunda por 87 mil 385.57 pesos. Para
el 25 de septiembre se le hicieron otras dos transfe-
rencias: por 112 mil 622.40 y por 109 mil 959.17
pesos. Una entrega más de recursos públicos, bajo
el mismo concepto, ocurrió en marzo de este año,
por 483 mil 796.49 pesos.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores
(Infonavit) es el que
más recursos aportó a
la Coparmex en el pe-
riodo señalado. El 3 de
mayo de este año le en-
tregó al organismo pa-
tronal 4 millones 500
mil pesos “para pro-
mover, difundir, orien-
tar sobre la obtención
de créditos para los tra-
bajadores”.
No ha sido la única
dependencia de apoyo
a los obreros que ha
entregado recursos a la
Coparmex. El Instituto
del Fondo Nacional para el Consumo de los Tra-
bajadores (Infonacot), por su parte, le dio el 3 de
noviembre pasado 1 millón de pesos por la “difu-
sión de programas de Infonacot en eventos Institu-
cionales” (sic).
El gobierno federal no es el único que envía
recursos al organismo cúpula empresarial. El go-
bierno del Estado de México (de Eruviel Ávila) le
entregó 3 millones de pesos el 21 de septiembre de
2015. A través de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, pagó tal cantidad por un único “evento
de colaboración para la promoción del Estado y
los programas de desarrollo a PYMES [pequeñas
y medianas empresas]” (sic).
Ya en este mismo espacio nos hemos referido a
la “alianza” de este organismo del alto empresaria-
do mexicano con las Fuerzas Armadas. Publicamos
los “convenios de colaboración” en materia de in-
tercambio de información (incluso de seguridad na-
cional), educación, concursos mercantiles y empleo.
Por lo que se ve, la alta burguesía ya no respeta
las formas. Ya sabíamos quiénes son los verdaderos
patrones; pero ya no se conforman con mandar a
sus capataces. Ahora también reciben dinero di-
rectamente de erario, cogobiernan y diseñan “po-
líticas públicas”.
Fragmentos
Fuera de los reflectores y de la agenda mediá-
tica (qué bueno que así
sea), se ha consolidado
una de las organiza-
ciones indígenas más
importantes de los últi-
mos tiempos. El Con-
greso Nacional Indíge-
na cumple en octubre
próximo 20 años de
trabajo ininterrumpido.
Convoca, junto con el
Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, a
su Quinto Congreso. El
análisis que congregará
a pueblos de todas las
etnias de todo el terri-
torio mexicano es claro:
“Los capitalistas de una manera sangrienta inicia-
ron y agrandan día con día una guerra de conquista
por apoderarse de lo que siempre ha sido nuestro; y
en esa constante guerra de exterminio se presentan
con todas sus máscaras: la del empresario, el políti-
co, el policía, el militar o el sicario, según sea el caso.
Y como siempre, de nuestro lado están los muertos,
los desaparecidos, los encarcelados, los territorios
arrebatados o destruidos y la persecución en contra
de cualquier esperanza colectiva, autónoma y rebel-
de”. El esperanzador México indio se reunirá entre
el 9 y el 14 de octubre en territorio zapatista.
COPARMEX

IQ FINANCIEROOPINIÓN
D
espués de que las calificadoras encendie-
ron un foco rojo para advertir que las finan-
zas públicas de la economía mexicana se
encuentran en riesgo, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), a cargo de Luis Videga-
ray, sólo pudo dar a conocer que contrató las ya
famosas coberturas para garantizar ingresos por
exportaciones petroleras tomando en cuenta pre-
cios por barril de 42 dólares. Ésa, definitivamente,
no era la noticia que esperábamos.
Es una buena acción, sin duda, pero no era la
respuesta a la vulnerabilidad anunciada por las
calificadoras. La economía mexicana se despetro-
lizó (como lo pedían las
agencias calificadoras),
es cierto, pero no eli-
minó su dependencia a
estos ingresos mientras
se agudiza la preocupa-
ción sobre el rumbo de
la economía que, con
precios del petróleo a la
baja, ha tenido que reducir inversiones en proyec-
tos de infraestructura.
No sólo eso, la economía de Estados Unidos
sigue determinando el ritmo de crecimiento de
nuestro país; de la generación de empleos, de las
inversiones. Mala noticia. ¿Y la estrategia local para
crecer más? No se llegará al 2.3 por ciento de cre-
cimiento del PIB porque la economía mexicana no
tiene motores internos y dependemos de la econo-
mía estadunidense en un año de elecciones. ¿Y la
estrategia? Ahora se asegura que se adelantaría la
liberalización del mercado de gasolinas para incre-
mentar la competencia. ¿En serio? La SHCP per-
dería un mercado cautivo y una fuente de ingresos.
Infonacot, entre
aciertos y retos
La formalización del empleo –impulsada desde
la Secretaría de Hacienda– es una de esas pocas
estrategias que ha funcionado durante el gobierno
de Enrique Peña Nieto. En un momento compli-
cado para la dependencia que encabeza Luis Vi-
degaray sus asesores podrían revisar algunos de los
logros de la gestión del político y economista.
Uno de sus aciertos fue ofrecer a los empresa-
rios incentivos para la formalización de empleos
que ya tenían pero no
reportaban.
Según el gobierno
peñista, durante la ac-
tual administración se
han creado dos millo-
nes de empleos. Asegu-
ran que son datos de la
Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo. La mala noticia es que la economía
necesita 1 millón de empleos por año. Entonces,
vamos rezagados señores. En el caso del Infonavit,
el número de derechohabientes ha pasado de 57
millones a 57.6 millones; es decir, que en lo que va
del año se han abierto más de 600 mil cuentas en
el Instituto. Pero con relación activa, el Infonavit
cuenta con 16 millones de derechohabientes que
aún no ejercen su crédito. En otras palabras, el po-
tencial de utilizar los recursos de este organismo
tripartita para mejorar la calidad de vida de mu-
chas familias es muy alto pero no lo que debiera.
David Penchyna es el segundo político al fren-
te del Infonavit durante esta administración. Los
CLAUDIA VILLEGAS
VIDEGARAY
LAS COBERTURAS PETROLERAS
Y LA ECONOMÍA
No se llegará al 2.3 por ciento de creci-
miento del PIB porque la economía mexi-
cana no tiene motores internos y depen-
demos de la economía estadunidense
No se llegará al 2.3 por ciento de creci-
demos de la economía estadunidense

IQ FINANCIERO OPINIÓN
resultados deben ser buenos por-
que tienen una política pública
que incentiva el empleo formal
y el reto tiene que ver con la ins-
titucionalización de sus proce-
sos. Los técnicos que conocen la
operación del Instituto observan
con interés a los políticos que no
deberán perderse en la tentación
de olvidar el control y la trans-
parencia en un instituto que
está funcionando y que recien-
temente recibió la confirmación
de sus calificaciones de deuda,
situación relevante en medio de
los temores que a las agencias de
evaluación de riesgos les despier-
ta la gestión de las finanzas pú-
blicas del país.
La visión Slim
Uno de los eventos empre-
sariales más importantes que
tienen lugar año con año es el
que realiza la Fundación Telmex, de Carlos Slim.
México Siglo XXI fue el nombre con el que se or-
ganizó este evento que reunió a estudiantes desta-
cados que han recibido apoyo de esta fundación.
Carlos Slim Domit, responsable de los negocios de
telecomunicaciones del grupo, citó a Isaac Newton
con una frase de Chartres: “Si he logrado ver más
lejos, ha sido porque subí a hombros de gigantes”.
La frase la trajo a valor presente para destacar ante
los estudiantes la importancia de aprender y cre-
cer. Carlos Slim aseguró que vivimos un cambio
de época con nuevos paradigmas y nueva esencia.
Eliminar la pobreza, sostuvo la familia Slim, ya
no es sólo un compromiso moral y ético sino una
exigencia económica para las sociedades. La socie-
dad, agregaron, pasó de la sociedad del consumo
a la sociedad del servicio en donde se busca que
cualquier producto o servicio tenga una utilidad
práctica y tangible. Se trata de nueva sociedad.
Alibaba, la empresa comercial con más clientes en
el mundo compite con Walmart pero ya no tiene
tiendas; Uber, la más grande en trasporte no tiene
autos; Air BNB, la nueva cadena turística no tiene
hoteles y Facebook no tiene fronteras.
Seguros, la inversión
pendiente
De acuerdo con el Semáforo de Accidentes
elaborado por la Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Seguros (AMIS), tan sólo en el Estado
de México ocurren un promedio de 1 mil hechos
viales diarios que van desde choques lamineros
hasta accidentes graves, mismos en los que existe
por lo menos una víctima que se ve afectada en
su patrimonio. El costo promedio de un accidente
de tránsito es de aproximadamente 21 mil pesos.
Otro dato: las compañías de seguros reportaron
cerca de 800 mil accidentes de vehículos asegura-
dos con daños a terceros en todo el país, de los cua-
les poco más del 10 por ciento, es decir, cerca de 80
mil sucedieron en el Estado de México y sólo 18
por ciento de los coches cuentan con la protección
de un seguro que cubra los daños generados a las
víctimas.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
D
urante décadas, Baja California Sur se
mantuvo relativamente al margen de
la violencia que ha azotado al resto del
país. Pero en los 2 últimos años se incorporó a
la lista de las entidades con más ejecuciones y ase-
sinatos vinculados al crimen organizado, princi-
palmente en lo relacionado al tráfico de drogas.
Las cifras son alarmantes y van en aumento en
la administración panista del gobernador Carlos
Mendoza Davis, pues se acumulan más de 100
ejecuciones. Aunque los hechos de violencia extre-
ma iniciaron en julio de 2014, cuando aún go-
bernaba el estado el también panista Marcos Al-
berto Covarrubias Vi-
llaseñor. En 2015, se
convirtió en una de las
entidades del país con
los mayores incremen-
tos en la tasa de homi-
cidios en 8 años (www.
unionguanajuato.mx/
articulo/2016/07/26/seguridad/asi-van-las-estadis-
ticas-de-homicidios-en-mexico). También en 2015 el
municipio de La Paz alcanzó el décimo quinto
lugar como uno de los más violentos de la na-
ción. La ciudad de La Paz era ya la más violenta
del estado y se posicionaba entre las más críti-
cas del país al duplicar la tasa media nacional de
ejecuciones (www.semaforo.mx/content/tasa-de-homici-
dios-por-ciudades).
Ya no es novedad que el gobierno de Esta-
dos Unidos emita alertas a sus ciudadanos por
el peligro que representa viajar a La Paz y a Los
Cabos, destinos turísticos que hasta hace 2 años
eran altamente recomendables por presentar
una realidad diferente de la del resto del país. Y
tiene razón el gobierno estadunidense, pues a 2
años de desatada la violencia criminal se han co-
metido más de 200 asesinatos relacionados con
el crimen organizado en Baja California Sur
(María Elisabet Ramírez, www.eluniversal.com.mx/
articulo/periodismo-de-investigacion/2016/05/31/
irrumpe-guerra-de-carteles-en-la-paz), en una ascen-
dente violencia que parece no tener fin; como
deja en claro el balance de agosto del presente
año, con más de 25 muertes relacionadas a ejecu-
ciones y tiroteos. Hechos que han colocado a ese
mes como el más san-
griento de los últimos
2 años.
Por más que se
emitan discursos enér-
gicos y se hable de es-
trategias y futuros pro-
misorios, la realidad es
que las autoridades municipales, estatales y fede-
rales están rebasadas por el crimen organizado.
A partir de julio de 2014, Baja California Sur y
la ciudad de La Paz han ido ocupando “lugares
estelares” en las estadísticas nacionales de violen-
cia y ejecuciones. En relación a la tasa de homi-
cidios por cada 100 habitantes, la entidad sigue
avanzando a paso firme hacia los primeros luga-
res. Respecto del discurso de algunos políticos,
no debe importar que otros estados o ciudades
tengan tasas de ejecuciones más altas o que el res-
to del país sea un campo de batalla, porque esa
es una justificación insensata. Lo que importa es
ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓNY GEOFÍSI-
CA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGI-
DOSY BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS
Desde julio de 2014, Baja California
Sur y La Paz han ido ocupando luga-
res estelares en las estadísticas na-
cionales de violencia y ejecuciones
Desde julio de 2014, Baja California
ejecuciones
BAJA CALIFORNIA SUR
BAJO EL YUGO DE LA VIOLENCIA

ARTÍCULO OPINIÓN
que Baja California Sur y la ciudad de La Paz
han perdido, en 2 años, la tranquilidad y la rela-
tiva seguridad que las caracterizaba. Y esto hace
evidente el mal desempeño de pasadas y actuales
administraciones, responsables de proporcionar
seguridad a la población.
Es frecuente seguir escuchando entre los pa-
ceños que es “entre ellos”, que se matan “solo
ellos”. Pero, ¿quiénes son ellos? Son personas que
caminan, manejan y hacen compras al lado de
los ciudadanos que no son criminales. Al princi-
pio de la violencia desatada en el municipio de
La Paz, los cuerpos de los ejecutados fueron encon-
trados en caminos vecinales, rancherías, carrete-
ras que conectan a la capital, lugares alejados de
la urbe; luego se sucedieron las ejecuciones en la
zona periférica y en colonias apenas transitadas;
después el círculo de la violencia fue cercando
el corazón de la ciudad; las balaceras y perse-
cuciones se sucedieron también en un reducido
número de colonias que se identificaron por al-
gún tiempo como peligrosas; luego se realizaron
ejecuciones en centros comerciales durante el día;
y entonces la sangre corrió por el malecón des-
de restaurantes de larga tradición y bares, luga-
res frecuentados por nativos y
turistas, justo en el centro del
puerto llamado de “ilusión”. Y
con estos hechos se dieron los
daños “colaterales”, los heridos
y la muerte de civiles –incluso
a manos de cuerpos policiacos–
que nada tenían que ver “con
ellos”. Y no hay justificación
para esas atrocidades, los ino-
centes no estaban en “el lugar
y momento equivocados”; pues
el equívoco es la inseguridad,
el equívoco es la ineficacia del
gobierno para erradicarla, para
ni siquiera contenerla, el error
es que el ciudadano no pueda
vivir libremente y sin miedo,
como lo hizo hasta hace 2 años.
Baja California Sur y La paz
ya perdieron la seguridad y la
tranquilidad; cundió la violen-
cia: ejecuciones y balaceras ya no
están focalizadas en algunas colonias o sectores
de la ciudad, se han esparcido por la urbe pa-
ceña.
La entidad está siguiendo el camino que otros
estados han andado en lo referente a la violen-
cia relacionada al crimen organizado. Y todo
parece apuntar a que la situación no mejorará,
al contrario, va a empeorar. El crimen se va a
incrementar, pues con la violencia en las calles
de la ciudad se reducirá aún más el número de
turistas, que ya se ha visto mermado en los 2 últi-
mos años, con lo que se reducirán más los ingre-
sos de la población y aumentará el desempleo,
con el consecuente incremento de los delitos. La
Paz es el reflejo de lo que sucede en la entidad y
es el escaparate de las problemáticas sociales. La
otrora apacible y amigable ciudad porteña hoy
nos habla de violencia, impunidad, inseguridad
y miedo. Hoy el sonido de patrullas y ambulan-
cias recorriendo la ciudad a cualquier hora y el
estruendo de detonaciones y ráfagas de armas
de alto poder desmienten el dicho del gobierno
sobre un mejor futuro, pues la violencia lo está
truncado y sólo nos permite avizorar una reali-
dad reprobable y aterradora.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
L
ejos de iniciar una autocrítica para enmen-
dar lo que no ha funcionado en las políticas
públicas del deporte, las autoridades mexi-
canas decidieron darle una evaluación de “con-
sistente” a lo obtenido por la delegación olímpica
que participó en Río de Janeiro, trayendo consigo
la austera cosecha de tres medallas de plata y dos
de bronce. Una vez más se ha buscado aminorar
el costo político abonado por el desatino e irregu-
lar manejo de los recursos públicos por parte del
titular de la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte (Conade), Alfredo Castillo Cervantes,
para ocultar por añadidura la parte de culpa que le
toca compartir a las autoridades educativas en este
nuevo naufragio del deporte nacional.
Cuestionado en el sentido de si como titular de
la entidad, de la cual depende la Conade, le pedi-
ría su renuncia a Castillo, el Secretario de Educa-
ción Pública, Aurelio Nuño, señaló que tal decisión
debería valorarse, pues “el resultado de México es
consistente con las últimas cinco Olimpiadas. Ha-
brá que tener una reflexión para que esto mejore”,
sentenció lacónico, respaldando el gris dividendo.
La invocación del consabido y eternizado aquí
no ha pasado nada, por parte de Nuño, refleja el gra-
do de desinterés que el deporte nacional representa
en la configuración de las políticas de Estado, pese
a que estimaciones austeras hablan de que cada
presea le costó al país unos 50 millones de pesos
en promedio, si se considera que al Fondo para el
Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) le fueron
destinados, de 2013 a 2016, un total de 250 millo-
nes de pesos; sin dejar de mencionar los 2 mil 800
millones de pesos presupuestados este año a la Co-
nade, ni los otros tantos miles más asignados en lo
que va del sexenio.
Tal y como lo expresamos en nuestra anterior
entrega, el problema de fondo no radica sustancial-
mente en la falta de recursos, sino en la forma des-
articulada e irresponsable como se aplican, tanto
a nivel federal como en las diversas federaciones,
siempre alejada de la mínima supervisión de la so-
ciedad civil, y donde los directamente interesados
carecen de voz y voto; es decir, son en apariencia los
principales actores pero en realidad aparecen como
los convidados de palo.
Las críticas que tras el nuevo desencanto han
aparecido tienen sólidos fundamentos para ser to-
madas en cuenta, pues demuestran que los respon-
sables del sector no saben operar en cuestiones que
les son francamente desconocidas. Tras la primera
medalla obtenida por el boxeador Misael Rodrí-
guez, la federación de box anunció en las redes so-
ciales que Castillo debería abstenerse de “colgarse”
de un triunfo al que no contribuyó en nada.
Y en efecto, las cifras no mienten cuando de po-
ner en su sitio a los directamente responsables de
tan pírricas victorias. De acuerdo con los datos del
Fodepar, hubo un trato por demás desigual para los
deportistas de alto rendimiento; por ejemplo, mien-
tras la ganadora de la medalla de plata en taekwon-
do, María del Rosario Espinoza, obtuvo recursos
por 3 millones 148 mil 875 pesos, en el periodo
comprendido de 2013 a 2016, Misael Rodríguez
apenas fue apoyado en el mismo lapso con 154 mil
53 pesos; es decir, 38 mil 513 pesos anuales, o en
MEDALLAS DE PLATA Y BRONCE
A PRECIOS NEOLIBERALES
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS/SEGUNDA PARTE

ARTÍCULO OPINIÓN
números más concretos, 3 mil 200 pesos mensuales.
Situación parecida enfrentaron los también me-
dallistas Israel Hernández, el pentatleta ganador
del bronce, quien sólo recibió en cuatro años de
entrenamiento 273 mil 108 pesos; o la marchista
Guadalupe González, que fue apoyada únicamen-
te con 295 mil 487 pesos en el mismo periodo. Es
por ello válido preguntar: ¿dónde estaba el titular
de la Conade que no se percató de este desigual tra-
to a los deportistas de alto rendimiento? ¿Cómo es
posible que los recursos públicos se apliquen tan se-
lectivamente y sin verdaderos criterios deportivos?
¿Acaso Aurelio Nuño nunca se asomó a ver lo que
ocurría en esta área que es parte de la dependencia
a su cargo?
Más allá de la comparecencia de Alfredo Casti-
llo ante la Comisión del Deporte de la Cámara de
Diputados, donde legisladores buscaron sacar raja
política de los desatinos del titular de la Conade,
y éste a su vez trató de culpar a las federaciones
de malos manejos de los recursos públicos, propo-
niendo que en el futuro un grupo de notables los
asignen directamente a los atletas, los legisladores
deben volver los ojos a una reconfiguración de la
educación física, desde el nivel básico como em-
brión del deporte nacional. Lo registrado en Río
de Janeiro es una abonada muestra del rotundo fra-
caso que subsiste transexenalmente en las políticas
públicas en materia de deporte en México.
Si no se atiende de raíz el problema y recono-
cemos que somos un país con poca actividad físi-
ca, sobre todo por la falta de personal capacitado
para desarrollar programas deportivos -los propios
maestros de educación física presentan obesidad-,
el asunto más que obtener una solución tenderá a
agravarse, pues es indudable que además de ado-
lecer de una política deportiva integral, hay una
carencia de ligas deportivas escolares y municipa-
les, y las pocas que existen son manejadas con fines
lucrativos de grupos políticos locales que rara vez
invierten en remediar el mal estado de la infraes-
tructura deportiva, a la que incluso la propia Cona-
de destina recursos a cuentagotas.
Es lamentable que a diferencia de otros países,
hasta la fecha no existe en México un sistema de
detección, selección y desarrollo de talentos depor-
tivos a temprana edad. Las autoridades en turno
se resisten a aceptar que las medallas obtenidas no
corresponden a nuestra densidad demográfica ni
al tamaño de país que somos, como tampoco a los
cuantiosos recursos asignados a una desarticulada
política deportiva. Quemar en la plaza pública a
los presuntos responsables cada cuatro años, es un
paliativo mediático para no corregir de fondo lo
que está mal.
No hay vuelta de hoja en el sentido de que el de-
porte mexicano y los deportistas están aprisionados
por los intereses políticos de quienes tienen en sus
manos el manejo institucional del deporte sin la mí-
nima intervención de la sociedad. Imposible para
la tecnocracia en el poder negar que los fracasos
deportivos son el espejo por donde se asoman los
también acumulados fracasos del modelo económi-
co neoliberal.
Prueba de que se insiste en no corregir el rum-
bo institucional, es que siendo la Conade uno de los
organismos dependiente de la SEP, la entidad no
ha podido diseñar en más de dos décadas de neoli-
beralismo una política de Estado que, como sucede
en otras naciones, priorice en los programas edu-
cativos el fomento al deporte; es inconcebible que
la impuesta Reforma Educativa no encuentre en
sus retorcidos objetivos uno que atienda el laceran-
te panorama en que está empantanada la materia
de Educación Física, que no es considerada en su
verdadera importancia ni justa dimensión por las
autoridades escolares, lo mismo que por padres de
familia, alumnos y hasta profesores. El dejar a la
deriva a esta área elemental de la educación derivó,
al paso de los años, en un problema de salud públi-
ca como lo es la obesidad en niños y adolescentes.
Por estos repetidos errores se hace imposterga-
ble que la Conade y las actuales mafias que tienen
secuestrado al deporte nacional desaparezcan y se
impulse, desde el Congreso, un modelo intersec-
torial que tienda a establecer un sistema educativo
que siembre en las nuevas generaciones la raíz de
la cultura del deporte, donde tenga participación la
sociedad civil en los programas de detección, pro-
moción y apoyo a los talentos deportivos del futuro,
lo mismo que en el manejo de los recursos públicos
destinados a los atletas de alto rendimiento. No ha-
cer un viraje total en las erradas políticas públicas
será reeditar en cuatro años los mismos fracasos y
las mismas excusas a que nos tienen acostumbrados
los tecnócratas neoliberales.

ARTÍCULOOPINIÓN
L
a Oficina de Referencia de Población (PRB,
por sus siglas en inglés) estimó que la pobla-
ción mundial llegará a 9 mil 900 millones en
2050, un aumento del 33 por ciento sobre los 7 mil
400 millones actuales.
Según el presidente del PRB, Jeffrey Jordan, a
pesar de la disminución en las tasas de fertilidad en
todo el planeta, se espera que el incremento demo-
gráfico se mantenga lo suficientemente fuerte como
para aumentar la población mundial a 10 mil mi-
llones en 2053.
Ejemplo de ello es el Continente Africano, don-
de regiones como Níger, que cuentan con la mayor
tasa de natalidad, tendrá más del triple de habitan-
tes.
Las 10 tasas de fecundidad superiores en el
mundo están en países de África subsahariana, con
promedios de seis hijos por mujer. En Europa, esta
cifra es de 1.6; y en los Estados Unidos es de 1.8
hijos por madre.
Debido a esto, la población estadunidense será
de 398 millones dentro de 40 años, un 23 por ciento
más de la cantidad actual.
Por su parte, el número de personas en Asia
será de alrededor de 900 millones de habitantes; y
Oceanía, que incluye Australia y Nueva Zelanda,
elevará de 40 a 66 millones su población.
Pobreza y fertilidad, proporción directa con el
crecimiento poblacional
Según un informe de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en 2100 el planeta conta-
rá con 10 mil 900 millones de habitantes.
John Wilmoth, director de la división de Pobla-
ción del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de esta organización, la mayor parte de las
revisiones se deben a cambios en las estimaciones
sobre la fertilidad actual.
Documentos previos de la ONU indican que el
crecimiento poblacional tendrá su sostén en la alta
natalidad de las regiones más pobres del planeta.
En este contexto, el jefe de la sección de proyec-
ciones y estimaciones de la ONU, François Pelletier,
señaló que en América Latina y el Caribe, la pobla-
ción alcanzaría algo más de 737 mil 26 millones de
personas hacia 2100, en comparación con los 613
mil 21 millones actuales.
La región llegará a los 780 mil 68 millones de
habitantes en 2050, fecha a partir de la cual se
comenzará a experimentar una caída, empujada
principalmente por el declive de los habitantes de
Brasil, acota.
Para el Continente, las previsiones muestran
grandes diferencias según el país, con Guatemala
entre los de mayor crecimiento.
La nación carioca verá una baja de su pobla-
ción si no se modifica la tasa de natalidad, pasando
de 200 millones de personas a 194 mil 5 millones en
2100, tras un pico de 231 millones en 2050.
En Guatemala se triplicarán los habitantes, de los
15.4 millones a 46.4 en 2100. En Honduras se du-
plicaría de ocho a 15.6 millones. Lo mismo se espera
para Bolivia (de 10.6 a 19.5), Panamá (de 3.8 a 6.2)
y Paraguay (de 6.8 a 11.8 millones), según Pelletier.
Por su parte, México pasará de 122.3 millones a
139.8 al final del siglo XXI y Venezuela aumentará
a 42.7 millones.
En Europa la población descenderá en un 14
por ciento, con fuertes caídas en Bulgaria, Croacia,
Letonia, Lituania, Rumania y Serbia.
Sin embargo, la India debe superar a China
como el país más poblado del planeta hacia 2028,
con 1 mil 450 millones de habitantes. En 2100 ha-
brá 1 mil 500 millones de indios y mil 100 millones
de chinos.
CLAUDIA DUPEIRÓN GARCÍA, PRENSA LATINA
LA POBLACIÓN MUNDIAL
ENVEJECE

ARTÍCULO OPINIÓN
Entre las causas de estas diferencias entre países
está el envejecimiento: el número de personas ma-
yores de 60 años pasará de los cerca de 841 millo-
nes actuales a dos mil millones en 2050 y unos tres
mil millones en 2100.
El mundo
se va poniendo viejo
Datos del Fondo de Población de Naciones Uni-
das (Unfpa) muestran que el envejecimiento de la
población es una de las tendencias más significati-
vas en el siglo XXI. A escala mundial, cada segun-
do, dos personas cumplen 60 años, es decir, el total
anual es de casi 58 millones de personas que llegan
a los 60 años.
Pero esta situación constituye un triunfo del de-
sarrollo; y el aumento de la longevidad es uno de
los mayores logros de la humanidad, declaró el Un-
fpa en su comunicado “Envejecimiento en el Siglo
XXI: Una Celebración y un Desafío”.
En este informe se reconoce que ahora, las per-
sonas tienen vidas más largas debido a las mejoras
en la nutrición, el saneamiento, los adelantos médi-
cos, la atención de la salud, la educación y el bien-
estar económico.
La esperanza de vida al nacer es en la actuali-
dad superior a 80 años en 33 países; hace solamen-
te cinco años, habían llegado a ese hito 19 países.
Para 2050, habrá, por primera vez, más per-
sonas de edad que niños menores de 15 años. El
número de centenarios crecerá a escala mundial,
hasta 3.2 millones en 2050.
Las cifras revelan que, por cada 100 mujeres de
60 o más años de edad, hay 84 hombres en ese gru-
po de edades, y por cada 100 féminas de 80 o más
años, hay 61 hombres de esas edades.
Esto llevará a que hacia 2040, habrá 89 “econo-
mías envejecidas”, lo cual no sucedía 30 años atrás,
pues el consumo de las personas de edad era infe-
rior al de los jóvenes.
Ante este panorama, organizaciones interna-
cionales hacen un llamado para reestructurar los
modos de vida familiares, en consonancia con los
cambios en la sociedad. Así como efectuar inver-
siones en los países para que se asegure una buena
calidad de vida cuando las personas envejecen.
DAVIDMANRIQUE

INVESTIGACIÓN PORTADA
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
GENERALIZADAS
ASUNTO DE
SEGURIDAD
NACIONAL

INVESTIGACIÓNPORTADA
A partir del segundo año
del sexenio, la corrupción
y la impunidad fueron
incluidas en la Agenda
Nacional de Riesgos.
Aunque sistémicas y pilar
del propio régimen, su
desbordamiento es una
amenaza para el Estado:
Agenda Nacional de Riesgos
P
ara el propio régimen priísta, la pudrición
provocada por la corrupción es inocultable y,
según sus agentes de inteligencia, un riesgo
para sí mismo. De agravarse, los efectos ya no sólo
se verían en la miseria de la mayoría y en la opulen-
cia espontánea de pocos: la corrosión podría debili-
tar las instituciones medulares del Estado.
Cuando inició el sexenio, la corrupción no era
considerada por el gobierno de Enrique Peña Nieto
como un factor de riesgo.Incluso en 2013 no apare-
ció en la Agenda Nacional de Riesgos heredada de la
administración de Felipe Calderón.Pero a partir del
año siguiente cambió de opinión y la incluyó en el
noveno puesto, por encima de “terrorismo y armas
no convencionales”; en 2015 escaló hasta el sexto
peldaño en el escalafón de los mayores temores en
materia de seguridad nacional.
“En la estructura gubernamental, hay una co-
rrupción generalizada. No sólo es económica, sino
en eficiencia y eficacia”, dice en entrevista el doctor
Enrique Díaz Santos.
Porsuparte,organismosinternacionales,gobier-
MAURICIO ROMERO, @mauricio_contra
123RF

nos extranjeros y empresas multinacionales,aunque
se beneficien de ello, señalan a México como uno
de los países más corruptos en el mundo. Institu-
ciones académicas y especialistas complementan el
diagnóstico al apuntar hacia la impunidad y la ino-
perancia del sistema de justicia nacional.
Del Ejecutivo al Poder Judicial, y de éste al Le-
gislativo,pasando por los municipios,los gobiernos
locales,yentretodosellos,laclaseempresarial,man-
to que cubre los poderes políticos,las estructuras de
poder en México están infestadas por la corrupción,
razón por la cual oficialmente es considerada en la
Agenda Nacional de Riesgos –documento “confiden-
cial” del cual Contralínea posee copia– por encima
de temas como el ciberterrorismo, el contrabando,
los desastres naturales y pandemias,y la subversión.
Pilar del sistema
En México, las mayores fortunas se forjaron a
partir de la privatización de los bienes nacionales,
en procesos en los cuales los beneficiarios contaron
con información crucial gracias a sus enlaces guber-
namentales; mientras que el resto de la clase em-
presarial mantiene su fortaleza por la buenaventura
garantizada en las oficinas públicas,ya sean federa-
les,estatales o judiciales.El capital dicta las políticas
públicas,se impone a los poderes políticos.
Los expresidentes devienen en millonarios.
Si provenían de la clase trabajadora terminan en
empresarios, incluidos sus hijos, nietos, sobrinos,
amigos y parejas; sus propiedades se multiplican y
la suerte en los negocios se mantiene durante ge-
neraciones.
Los contendientes a ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación son elegidos por
el Ejecutivo. Entonces los méritos para acceder al
máximo cargo del Poder Judicial federal incluyen
la aprobación presidencial y el sometimiento a éste.
Los legisladores encuentran bonanza en las cu-
rules, además de un fuero que nunca es puesto a
prueba por lo dicho en el estrado.La reelección in-
directa permite carreras legislativas que se cuentan
por décadas más que por iniciativas.
Durante el priísmo,el panismo y el “nuevo PRI”
(Partido Revolucionario Institucional), así como
bajo los gobiernos del resto de los matices cromá-
ticos, los historiales de los servidores públicos de
alto nivel han sido colmados de señalamientos de
enriquecimiento inexplicable; de colusión con el
crimen organizado; de asociación con negocios di-
rectamente relacionados con las áreas a su cargo; de
respaldar a empresarios que después llaman socios;
de provocar el despojo de territorios en favor de
trasnacionales en las que terminan “trabajando”; de
considerar el erario como extensión de la billetera
personal; de resguardo de capitales en paraísos fis-
cales; de aceptar donaciones de contratistas amigos;
de traición a la patria en beneficio del país vecino
del Norte.
“Lo peor de la corrupción es precisamente ser
estructural. Sin ir más lejos, la crisis es resultado de
la corrupción sistemática, perpetrada por las élites
y sus servidores”,escribe Xavier Caño (Contralínea,
28 de febrero de 2016).
Por ejemplo,“esclarecedora muestra es la actua-
ción de la banca Goldman Sachs,que alteró y ocul-
tó las cuentas reales de la economía griega para que
Grecia pudiera ingresar en la eurozona.Y ya vimos
que pasó después. Goldman Sachs fue denunciada
también por la Comisión del Mercado de Valores
de Estados Unidos por vender títulos de deuda con
hipotecas que jamás rendirían beneficio alguno.
Origen de la crisis”,indica el escritor y periodista.
Y en México, los principales bancos han admi-
tido haber lavado dinero de los cárteles del narco-
tráfico. Entre 2007 y 2008, por lo menos, HSBC
envió 7 mil millones de dólares desde sus sucursales
mexicanas hacia Estados Unidos, relacionados con
el Cártel de Sinaloa.
“Aceptamos responsabilidad por nuestros pasa-
dos errores”,se disculpó compungido Stuart Gulli-
ver, jefe ejecutivo de la firma británica, y pagó una
multa de 1 mil 920 millones de dólares.
“La corrupción es muy capitalista y la lista de
partidarios que vulneran la ley con trampas y robos
de lo público es tan larga que aburre –continúa Xa-
vier Caño–.Porque el capitalismo lleva en su ADN
quebrantar la ley. Lo único que le interesa es au-
mentar más y más beneficios en poco tiempo. Lo
que se traduce en muy escasa voluntad política de
acabar con la corrupción.”
Internacionalmente, México es reconocido
como uno de los países más corruptos del mundo.
Como muestra están los estudios elaborados en
2015 por Transparencia Internacional (TI, asocia-

ción ligada a la Agencia Central de Inteligencia,
CIA,y al servicio secreto británico MI6),en los que
es clasificado entre los que tienen graves problemas
de corrupción.
El Índice de Percepción de la Corrupción ubica
al país en el lugar 95 de 168,con una calificación de
35 sobre 100; mientras que en el Índice de Sobor-
nadores marca con un 7 sobre 10 a la corrupción de
las empresas en el país, en el penúltimo lugar del
ranking.
“Es claro que el cohecho sigue siendo una prác-
tica empresarial rutinaria para demasiadas empre-
sas y que se practica en todos sus negocios, no sólo
sobornando a funcionarios”, declaró la presidenta
de TI,Huguette Labelle,al presentar el reporte co-
rrespondiente a 2011.
Instituciones
anticorrupción,
ineficientes
“La corrupción no es un fenómeno delimitado
en uno u otro Estado”,apunta Jacobo Silva Parada,
maestro en relaciones internacionales por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. “Es por
ello que en 2003 y 2004 la Oficina de las Naciones
Unidas para la Droga y el Delito propició la firma
y ratificación de la Convención Contra la Corrup-
ción […], la cual establece lineamientos generales
para la prevención de la corrupción, además de su
tipificación y mecanismo de cooperación interna-
cional para su erradicación.
“Así,México ha firmado y ratificado este instru-
mento legal y ha establecido un tejido institucional”,
añade el especialista en el texto denominado Las
vulnerabilidades de la seguridad nacional de México.
Dicho “tejido” se trata de la Secretaría de la
Función Pública (SFP),la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y el Instituto Nacional deTrans-
parencia y Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales (Inai).
Durante el sexenio de Felipe Calderón en la
Presidencia de la República, la desaparición de la
SFP fue anunciada y en los hechos cumplida. Bajo
el gobierno de Enrique Peña Nieto, su credibilidad
terminó por destrozarse con la actuación deVirgilio
Andrade al frente,y tras la resolución del caso de la
llamada casa blanca, absolviendo de toda culpa al
titular del Ejecutivo.
La ASF,por su parte,anualmente elabora la re-
visión de la cuenta pública, la cual, además de re-
ferirse a hechos ocurridos 2 años atrás, no provoca
consecuencias sobre los altos cargos. A las irregu-
laridades detectadas en las fiscalizaciones les sigue
la impunidad. La Auditoría destapa cloacas, a veces
señala a los responsables,empero después sólo reco-
mienda acciones, pues es lo máximo que le permi-
ten sus facultades.
El tercero, el Inai, a pesar de su autonomía
constitucional, sus resoluciones sistemáticamente
han avalado la opacidad de los sujetos legalmente
obligados a rendir cuentas. Bajo las argucias de se-
guridad nacional, secreto fiscal y protección de da-
tos personales, el Instituto ha cerrado el candado de
información de interés público.
A pesar de la instauración de instituciones en-
cargadas de fiscalizar el actuar de los poderes pú-
blicos, “la corrupción sigue siendo un lastre en la
población y gobierno mexicanos, sin mencionar el
índice de impunidad que se tienen”,sentencia Silva
Parada.
ISABELMATEOS/CUARTOSCURO
Manifestación de campesinos frente a la llamada casa blanca

Impunidad generalizada
Maridada de la corrupción, la impunidad es la
regla.Estudios,estadísticas y hechos lo remarcan.
De acuerdo con el Índice Global de Impuni-
dad (IGI) correspondiente a 2015, México ocu-
pa el penúltimo lugar (58) en la lista de los países
analizados (59), sólo menos peor que Filipinas.“El
problema de la impunidad en México es funcional
y estructural”, sentencia el estudio realizado por el
Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de
la Universidad de las Américas Puebla.
“El caso mexicano destaca por muy altos nive-
les de impunidad y un mal desempeño en cada una
de las dimensiones estudiadas en el IGI 2015.Esto
nos remite a un problema generalizado que retroali-
menta y multiplica las consecuencias de problemas
sociales como la violencia, la inseguridad, el acceso
desigual a la justicia, la corrupción y la violación a
los derechos humanos”, agrega, y precisa que el 46
por ciento de las personas encarceladas no ha reci-
bido una sentencia, lo que evidencia el estado del
sistema de justicia mexicano.
Los jueces podrán firmar la excarcelación de
narcotraficantes renombrados o encerrar a personas
por motivos políticos, enriquecerse evidentemen-
te, retrasar arbitrariamente procesos o condenar
aduciendo leyes inexistentes o abrogadas.Todo sin
recibir castigo alguno, bajo la protección del Poder
Judicial de la Federación.
“De 2013 a 2015, el Consejo de la Judicatura
Federal ha sancionado apenas a nueve magistrados
y 12 jueces”,informó Contralínea en su edición 464.
Sin facultades para tocar a los integrantes de la
Corte y del Tribunal Electoral –desde los primeros
trabajadores hasta los magistrados y ministros–, el
Consejo de la Judicatura Federal se ha concentrado
durante años en casos pequeños relacionados con
faltas “leves”.
La llamada “clase política” vive la misma tran-
quilidad que la familia judicial:
“La Secretaría General de la Cámara de Diputa-
dos mantiene archivados 320 expedientes de solici-
tudes de juicio político que aún se encuentran vigen-
tes”,informó,por su parte,el reportero Roberto Gar-
duño.Desde el desafuero de Andrés Manuel López
Obrador en 2005,ningún político volvió a ser tocado
por el Congreso (La Jornada,6 de marzo de 2016).
Por otra parte,“de las 444 denuncias presentadas
por la Auditoría Superior de la Federación desde
1998 hasta 2012, sólo siete fueron consignadas, es
decir, 1.5 por ciento”, detalla María Amparo Casar
(México, anatomía de la corrupción,2015).
Asimismo, los servidores públicos saben que
no pasará nada si desacatan alguna resolución ju-
dicial. La probabilidad de que sean castigados por
desobedecer a un juez es prácticamente nula.Así lo
demuestra el abogado Netzaí Sandoval:
“Un dato probablemente desconocido hasta el
momento en el país apunta que, de 1996 a 2014,
solamente se ha separado a 15 servidores públicos
de su cargo y se les ha consignado ante un juez pe-
nal por desacato. Esto significa que del universo
de más de 15 mil incidentes de inejecución que ha
tramitado la Suprema Corte, únicamente en el 0.1
por ciento de los casos las autoridades que burlan
las sentencias son finalmente sancionadas por ello.”
El Poder del Ejecutivo es la razón. Ministros,
magistrados y jueces le temen a la mano presiden-
cial, que de un tajo puede cortar sus carreras o, por
lo menos,impedir ascender a la Suprema Corte.
“Si en México continúa prevaleciendo un sis-
tema de ejecución de sentencias tan ineficiente,
En México, las mayores fortunas se forjaron a partir de la privatización de los bienes nacionales en
procesos amañados. En la imagen, empresarios protestan por Ley 3 de 3
MOISÉSPABLO/CUARTOSCURO

anacrónico y que viola sistemáticamente derechos
humanos es por un supuesto argumento constitu-
cional. Este postulado afirmaría que el Poder Judi-
cial no debe intervenir en las decisiones (presupues-
tales) del Poder Ejecutivo. Nuevamente se observa
la “reverencia”(que en este escrito se prefiere llamar
“temor”) frente al poder del presidente. En este
caso es el Legislativo y el complejo poder revisor
de la Constitución quien
se niega a poner un alto a
los abusos del Ejecutivo”
(Contralínea,464).
Detonante
de riesgos
Aunquesistémica,parte
del sostén del orden social,
paradójicamente la misma
corrupción puede poner en
peligro el Estado que se sirve de ella, pues entre las
instituciones que pueden ser corroídas están las en-
cargadas de la seguridad nacional.
Según los propios entes de inteligencia, la co-
rrupción e impunidad alimentan el resto de los ries-
gos que conforman la Agenda Nacional. Sus efectos
se reflejan, repiten, en los apartados sobre terroris-
mo y ciberterrorismo, destrucción ambiental, nar-
cotráfico,flujos migratorios,contrabando.
“Por supuesto que la corrupción es un tema, es
un riesgo para la seguridad nacional indudable-
mente”, considera el investigador Gerardo Rodrí-
guez Sánchez Lara.
Para el también profesor de la Universidad de
las Américas Puebla, la distracción de los organis-
mos de seguridad en acciones distintas a sus obliga-
ciones legales,significa el mayor problema.
“La amenaza, muy grave, está en la politización
de las agencias del Estado mexicano, como el Ci-
sen.”
El Centro, dependiente de la oficina del secre-
tario de Gobernación, ha tenido como directores a
hombres ajenos a las tareas de inteligencia y segu-
ridad, personas sin experiencia pero impuestos en
el cargo por su buena relación con el equipo del
presidente. Un ejemplo de ello es el actual titular,
el exactor Eugenio Ímaz Gispert, cuya trayectoria
en la administración pública previa se ciñó “a su
desempeño en la Contraloría estatal de Hidalgo en
2005, y como titular de la Secretaría de Planeación
y Desarrollo Regional de la misma entidad en 2009
–informó Contralínea previo a su nombramiento–.
Antes de ostentar estos cargos, de 1998 a 1999
fungió como secretario particular del subsecretario
de Seguridad Pública de la Secretaría de Goberna-
ción”.
Sin embargo, no es
nada nuevo: durante el
panismo, la politización
del ente de inteligencia
se convirtió en tradición:
el Cisen fue dirigido por
funcionarios como Jaime
Domingo López Buitrón
(con Vicente Fox y Felipe
Calderón), representante
del Consejo Coordinador
Empresarial; Alejandro
Poiré,quien de analista político y vocero escaló has-
ta la cima de la Secretaría de Gobernación; Gui-
llermo Valdés, que de encuestador pasó a máximo
agente, o Eduardo Medina Mora, actual ministro
de la Corte.
Dicha politización “corrompe a las instituciones
y las hace incapaces de responder ante las amena-
zas”,señala el profesor de posgrado en el Centro de
Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.
“Desvía la atención de las verdaderas amenazas.
Cuando un secretario utiliza sus agencias de inte-
ligencia (no sólo el secretario de Gobernación, el
secretario de Hacienda, los secretarios militares, la
Procuraduría General de la República,la Comisión
Nacional de Seguridad), cuando esas agencias son
desviadas de sus obligaciones legales para atender
agendas políticas personales estamos en un escena-
rio de riesgo porque las agencias a las que se asignan
los recursos para atender estas amenazas están aten-
diendo otros temas.”
La consecuencia inmediata es la descoordina-
ción entre las instituciones, lo que debilita las polí-
ticas de seguridad.
“Es un asunto de seguridad nacional la descoor-
dinación por esta politización o por la lucha de po-
der que existe entre varios actores que forman parte
de la comunidad de seguridad nacional en México.”
La corrupción puede
poner en peligro al Estado,
pues entre las instituciones
que pueden ser corroídas
están las encargadas de la
seguridad nacionalseguridad nacional

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
LA DESAPARICIÓN
FORZADA DE
MIGRANTES
CRIMEN SIN FIN, CRIMEN INVISIBLE

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
La desaparición forzada
de un campesino
chiapaneco revela la
violencia sistemática que
ejerce el Instituto Nacional
de Migración contra
mexicanos y extranjeros.
Por “equivocación”,
573 nacionales han sido
detenidos por sus agentes
A
gentes de migración lo desaparecie-
ron. Luego de 114 días de una intensa
campaña llevada a cabo por la familia y
organizaciones solidarias, el joven Maximiliano
Gordillo Martínez fue localizado. “No desfalle-
cer” en la búsqueda de los desaparecidos es la
lección que se puede aprender,considera el Cen-
tro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
las Casas (Frayba).
El día de su partida se despertó muy tem-
prano, con las ilusiones de alguien que sale por
primera vez de su comunidad.Tomó su mochila
y se despidió de su familia. El 7 de mayo pasado,
Maximiliano dejó su casa en la comunidad Tzi-
nil,del municipio de Socoltenango,Chiapas,y se
dirigió a Comitán para tomar un autobús que lo
llevaría a Playa del Carmen, Quintana Roo, para
trabajar durante 6 meses como jornalero.
Un día después, el 8 de mayo, el amigo con
el que viajaba llamó a la caseta de la comunidad
para avisarle a Arturo Gordillo que su hijo había
sido detenido por agentes del Instituto Nacional
KAREN CARRILLO
ARTUROPÉREZALFONSO/CUARTOSCURO

de Migración (INM) en la caseta migratoria de
Chablé,en Tabasco.
“Vete tú y le avisas a mi papá que aquí me
detenieron”, le contó llorando de pena al papá de
Maximiliano y le dijo que se fue porque sintió
miedo cuando el agente de migración lo amena-
zó: “Vete hijo de tu puta madre,es tu última opor-
tunidad; si tú no te vas, te acusamos de pollero”.
Según el testimonio de su acompañante, los
agentes de migración habían acusado a Maxi-
miliano de ser un migrante guatemalteco por
no cargar con una credencial de elector que
comprobara su nacionalidad mexicana. Pese a
que mostró su acta de nacimiento original y su
Clave Única de Registro de Población (CURP),
lo detuvieron bajo el argumento de que aque-
llos documentos que mostró eran falsos. Y junto
con otras seis o siete personas más,lo bajaron del
camión en el que viajaba.
El caso de Maximiliano no es excepcional:
desde 2009 y hasta la fecha,el INM ha detenido,
por “equivocación”, a 573 mexicanos que tran-
sitaban por el país, según información obtenida
por Contralínea por medio de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca. Pero ha sido en los últimos 2 años cuando
las detenciones se dispararon: de 90 mexicanos
detenidos por migración en 2014, pasaron a 234
en 2015. Y, en lo que va de 2016, suman 164 los
mexicanos que han sido retenidos y enviados a
estaciones migratorias por “error”, según la res-
puesta del Instituto a la solicitud de información
0411100049516 presentada por este semanario.
Sin embargo, Maximiliano no fue enviado a
una estación migratoria: fue desaparecido por
agentes del INM. En los archivos oficiales no
hubo registro de él desde la noche en que su
amigo llamó para avisar que Migración lo había
detenido. Maximiliano fue visto por última vez
en la caseta de migración, lugar que compartía
con aproximadamente otras 20 personas que
también habían sido “aseguradas”.
Sus familiares interpusieron una denuncia
el 13 de mayo, 6 días después, ante la Fiscalía
Antonia Martínez López y Arturo Gordillo López, padres de Maximiliano, en conferencia durante la búsqueda del joven de 18 años
PAULINANEGRETE/CUARTOSCURO

Distrito Altos, en Chiapas, y se abrió la carpeta
de investigación R.A.0750-078-0301-2016 por
la desaparición forzada de Maximiliano a manos
de agentes migratorios.
Cuando el Estado
te desaparece
La desaparición forzada es considerada, den-
tro del ámbito de los derechos humanos, como
un “crimen sin fin” –como señala Rainer Huhle,
miembro del Comité de la Convención Interna-
cional contra las Desapariciones Forzadas de la
Organización de ñas Naciones Unidas (ONU)
y de la Junta Directiva del Centro de Derechos
Humanos de Nurenberg–; pero también un de-
lito pluriofensivo y de lesa humanidad: se trata
de uno de los delitos más complejos que existen,
ya que viola distintos derechos humanos básicos,
es decir, es un delito de carácter múltiple.
Pese a esto, México no ha tipificado debida-
mente el delito por desaparición forzada, obser-
va Héctor Cerezo, del Comité Cerezo.
Este delito ocurre cuando el autor de la des-
aparición de una persona es un servidor público
de cualquier sector o nivel. Pero también se trata
de desaparición forzada cuando, bajo órdenes de
algún agente gubernamental, grupos organiza-
dos o particulares privan de su libertad a una
persona. El ocultamiento de la información por
parte de las autoridades o instituciones y la ne-
gativa a cooperar con la investigación es parte
del delito, pues cuando se niegan a reconocer
que se encuentran privadas de la libertad, están
despojándolas de la protección de la ley.
Tan sólo en el último año, de junio de 2015 a
junio de 2016,se abrieron 70 averiguaciones pre-
vias a nivel federal por el delito de desaparición
forzada, según datos de la Procuraduría General
de la República (PGR) entregados a Contralínea
por medio de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (folio de solici-
tud 0001700184416).
Sin embargo, se considera que el delito tiene
un margen de casi el ciento por ciento de impu-
nidad: sólo existe registro de seis sentencias con-
denatorias a nivel federal, según el Informe del
Estado Mexicano sobre la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas en virtud del artículo 29 de
la Convención, presentado ante la ONU en 2014.
Tampoco se tiene un registro de cuántas per-
sonas son víctimas de desaparición forzada. El
Registro Nacional de Datos de Personas Ex-
traviadas o Desaparecidas (Rnped) contiene los
datos de personas desaparecidas a partir de las
denuncias presentadas formalmente. Según este
registro, a la fecha hay 28 mil 189 personas des-
aparecidas pero se desconoce cuántas son vícti-
mas de desaparición forzada y cuántos son casos
de desaparición a manos de particulares.
La inoperancia
en las investigaciones
“Primero me sentí muy triste y luego con
mucha confianza con la gente de Migración y el
Estado porque, como era mexicano, pensé que lo
iba a regresar a Comitán; sentí una confianza…
Pero después que comenzamos a ver y a pregun-
tar en todos los lugares, me fue cayendo mucha
tristeza”, confiesa su papá.
Durante más de 3 meses, distintas organi-
zaciones como el Centro de Derechos Huma-
nos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), La
72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes y la
organización civil Voces Mesoamericanas Mi-
grantes realizaron acciones de búsqueda para
localizar a Maximiliano en las estaciones migra-
torias cercanas a la ruta del camión para conse-
guir información sobre su posible ubicación.
En el ámbito de los
derechos humanos, la
desaparición forzada es
considerada un crimen sin
fin, un delito pluriofensivo
y de lesa humanidady de lesa humanidad

La familia fue a preguntar al Grupo Beta
Comitán sobre el paradero de su hijo: desde ahí
los trataron mal, les dijeron que eran “gentes in-
útiles, gentes cabronas que no sabemos hablar”;
que por qué cuestionaban al instituto “si ellos
eran gente buena”. En San Cristóbal también
los ignoraron; y como respuesta a su demanda
de información, les dijeron que el Instituto no
trataba mal a los migrantes, señala Arturo Gor-
dillo, padre de Maximiliano.
Las organizaciones también solicitaron infor-
mación al INM sin obtener respuesta. Entre las
solicitudes está la consulta que hicieron a través
del Consejo Ciudadano del INM al comisiona-
do Ardelio Vargas Fosado, quien se limitó a decir
que Maximiliano no se encontraba en el registro
de la institución y se negó a proporcionar más in-
formación.De igual forma presentaron una queja
ante la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), institución que informó que el
INM negó haber detenido a migrantes en la ruta
por la que viajaba Maximiliano el día señalado,
informa el abogado Enrique Vidal.
Integrante de Voces Mesoamericanas, Vidal
explica, en entrevista, que desde los primeros
días solicitaron la atracción del caso a la Fiscalía
Especializada de Búsqueda de Personas Des-
aparecidas y no se realizó porque la fiscalía de
Tabasco no envió la carpeta judicial “por pura
cuestión burocrática”, por lo que no se había po-
dido iniciar la investigación.
Las actuaciones de la autoridad fueron lentas:
el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas y la Investigación del Delito
de Desaparición Forzada establece que se deben
tomar acciones inmediatas entre las 24 y 72 ho-
ras para la búsqueda de la persona desaparecida.
No obstante, cuando se presentó la denuncia por
la desaparición forzada de Maximiliano los fun-
cionarios reconocieron que no conocían la exis-
tencia ni la aplicación de dicho protocolo que
es obligatorio a nivel nacional desde agosto de
2015.
Las organizaciones que acompañaron a la
familia de Maximiliano aseguran que se han to-
pado con el hermetismo del INM que, hasta la
fecha, se ha resistido a entrevistar a los agentes
que se encontraban encargados del punto de re-
visión migratoria en Chablé: Rubén Silva Silva
y Oscar Benjamín Castillo Pavón Carbonell –
agente federal de migración “C”, y coordinador
de unidad de áreas de servicios migratorios, res-
pectivamente–; asimismo, el Instituto se ha ne-
gado a proporcionar los nombres de los agentes
subordinados a éstos.
El instituto niega tener en su registro el
nombre de Maximiliano al tiempo que niega a
las organizaciones el acceso al registro de per-
sonas detenidas los días 7 y 8 de mayo. Ade-
más, contradice el testimonio que dio el amigo
acompañante de Maximiliano al asegurar que
los operativos de revisión migratoria en Chablé
se detuvieron desde 1 hora antes de la que se ha
señalado en que ocurrieron los hechos.
El INM rechazó una solicitud de entrevis-
ta de Contralínea con el delegado de Tabasco,
Eduardo Silvestre Hernández Dighero, bajo el
argumento de que no existía alguna denuncia
por desaparición forzada que involucrara a agen-
tes de migración. Sin embargo, la denuncia que
De 2009 a la fecha, el Instituto Nacional de Migración ha detenido, por “equivocación”, a 573 me

presentaron los familiares de Maximiliano ante
la subdelegación de la PGR en San Cristóbal de
las Casas fue la primera que se asentó por el deli-
to de desaparición forzada bajo el nuevo sistema
penal acusatorio.
Por otros casos,la CNDH ha emitido dos re-
comendaciones al INM. La primera, la 58/2015,
se emitió en enero de 2016 por violaciones a los
derechos humanos de 15 mexicanos que fueron
asegurados por 22 agentes de esa institución en
diferentes puntos carreteros durante el 2015.
En ella pide al INM elaborar un protocolo de
actuación en las revisiones migratorias para no
estigmatizar ni discriminar.
La segunda,la 22/2016,se emitió en mayo de
2016 por las mismas causas. Los derechos que se
violaron en estos casos son los mismos que en el
caso de Maximiliano: el derecho al libre tránsito,
a la seguridad jurídica, a la libertad personal y a
la no discriminación. Sin embargo, la CNDH se
ha negado a emitir una recomendación para el
caso de Maximiliano.
Hasta el momento se promovió una denuncia
penal ante la PGR, en la cual se conjuntó la in-
formación que apunta que los agentes del INM
y la policía estatal de Tabasco participaron en la
desaparición del joven chiapaneco; sin embargo,
denuncian, ha sido inoperante la actuación de la
dependencia del gobierno federal.
Violencia contra el
migrante
Con la entrada del Programa Frontera Sur
(PFS), en julio de 2014, las revisiones migra-
torias se incrementaron en 73 por ciento en el
lapso de 1 año y los operativos se han concentra-
do en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca
y Guerrero, según el informe Un camino incier-
to: justicia para delitos y violaciones a los derechos
humanos contra personas migrantes y refugiadas en
México, elaborado por nueve organizaciones en
defensa de los derechos del migrante: The Was-
hington Office on Latin America (WOLA),
Fundar, Casa del Migrante Saltillo, Un Mundo
una Nación, Centro Comunitario de Atención
al Migrante y Necesitado, Centro de Recursos
para Migrantes, Hogar-Refugio para Migrantes
La 72, Hermanos en el Camino y Kino Border
Initiative.
Los registros de las revisiones migratorias,
realizadas por el INM para detectar a migrantes
indocumentados, presentan irregularidades: el
registro del instituto contabilizó 96 mil 559 mi-
grantes extranjeros en 2014; pero en la base de
datos informaron sólo de 64 mil 145 migrantes
consignados, “lo que denota deficiencias en los
mecanismos de registro de información respecto
de las acciones de vigilancia programadas y rea-
lizadas, así como de los extranjeros que fueron
asegurados como resultado de dichas acciones”,
señala el Informe del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2014, de la Audito-
ría Superior de la Federación (ASF).
Una consecuencia directa del PFS son las
recurrentes violaciones a los derechos humanos
durante las revisiones migratorias y el proceso
de detención. Los métodos que se utilizan para
identificar a los migrantes indocumentados son
ción”, a 573 mexicanos que transitaban por el país
ILSEHUESCA/CUARTOSCURO

con base en criterios discriminatorios y arbitra-
rios que se basan en el aspecto de la persona: la
forma en la que van vestidos, la forma en la que
se comportan, el color de piel o la apariencia fí-
sica.
Ramón Márquez, director de La 72, señala,
en entrevista con Contralínea, que “en muchos
de los operativos, nosotros hemos visto cómo
llegan y ni siquiera preguntan: ellos [los agen-
tes de migración] entienden que son personas
centroamericanas porque van caminando por
la carretera con sus mochilas, por la forma en
cómo vienen y automáticamente… ni siquiera se
identifican como deberían, sin mostrar ningún
tipo de documento, ni alguna carta diciendo que
están haciendo operativo, empiezan a detenerlos
y perseguirlos. Muchas veces poniendo en riesgo
la integridad de las personas”.
Además, en junio de 2014 se ﬁrmó el Con-
venio de Colaboración para Brindar Apoyo en
el Control, Veriﬁcación, Revisión y Traslado de
Migrantes, así como Resguardo Perimetral de
Estaciones Migratorias, celebrado entre el INM
y la Policía Federal (PF), el cual facilita la par-
ticipación de la Policía Federal en los operativos
de revisión.
Márquez explica que,en teoría,los operativos
deberían ser sólo con la PF –con previo oficio y
solicitud del INM, sólo para que la policía mo-
nitoree que el operativo se realice en condiciones
de seguridad–; sin embargo, explica,“aquí la rea-
lidad es que están participando cuerpos estatales
y cuerpos municipales en los operativos”.
La Ley de Migración y su reglamento no es-
tablecen claramente el fin y alcance de los ope-
rativos conjuntos: no hay lineamientos precisos
que regulen el uso de la fuerza. Márquez explica
que en los últimos meses han reportado el em-
pleo de armas de fuego y pistolas eléctricas en
Tenosique,Tabasco: “Ellos evidentemente dicen
que no los están usando, pero la gente cuando
vienen acá nos lo dice y son testimonios muy
recurrentes. Desde principio de año hemos em-
pezado a recibir testimonios de personas que di-
cen que están usando armas de fuego y hay veces
que las accionan”. Sin embargo, los agentes de
migración no están facultados a estar portando
ningún tipo de armas, menos de accionarlas.
“Se puede resumir muy fácilmente: mientras
que el Instituto Nacional de Migración vea el
tema migratorio como un tema de seguridad
nacional y no un tema con un enfoque de dere-
chos humanos, hay muy poco que se pueda ha-
cer; se ha demostrado claramente que Migración
está dando seguimiento a una política que se ha
implementado en toda la región en donde hay
claras directrices de que las personas en tránsi-
to no avancen, que México se convierta en una
frontera. La política de los últimos 2 años desde
que se lanzó el PFS es una política de detención
y de deportación masiva. El que por primera vez
en muchísimo tiempo México deporte más que
Estados Unidos es un claro indicio de cuál es el
lineamiento del Instituto”, explica Ramón Már-
quez.
Los migrantes
que desaparecen
La desaparición forzada de migrantes es un
problema que no se ha podido dimensionar. En
parte porque, de entrada, es muy difícil saber
cuántos migrantes cruzan el territorio nacional
de forma irregular. Mucho más difícil es regis-
trar cuántos de ellos son desaparecidos en el ca-
mino y,más aún,cuántos de ellos son víctimas de
desaparición forzada.
Héctor Cerezo, miembro fundador del
Comité Cerezo, explica, en entrevista, que la
desaparición forzada “también se da por aquies-
cencia, cuando para eludir la responsabilidad es-
tatal y el costo político por las desapariciones,los
Aunque sólo deberían
ser asistidos por la Policía
Federal, en los operativos
antimigrantes están
participando cuerpos
estatales y municipalesestatales y municipales

funcionarios utilizan o mandatan a civiles para
realizar las desapariciones forzadas. Un ejemplo
de esto es cuando el Estado está en colusión con
el crimen organizado y es el que directamente
comete las desapariciones. Pero cuando estas
desapariciones tienen la tolerancia del Estado,
estamos hablando también de una desaparición
forzada aunque sea cometida por particulares.
Esta característica, en el tema de migrantes, es
la principal”.
En sí misma, la desaparición de personas es
un tema que el Estado se ha negado a documen-
tar: los registros que existen son deficientes y el
error de la documentación impide ver el fenó-
meno reflejado en cifras. En el caso de los mi-
grantes desaparecidos es todavía más difícil.
Alma García Guevara, defensora de dere-
chos humanos de la Fundación para la Justicia
y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD),
explica que “la desaparición de migrantes es un
tema muy invisibilizado en el país. El no contar
con cifras oficiales de cuántos migrantes desapa-
recen en la ruta migratoria hace que el fenómeno
no se pueda caracterizar de una manera adecua-
da por parte de las autoridades y por tanto se
diluye su respuesta ante la problemática”.
La opacidad de las cifras sobre migrantes des-
aparecidos se expresa en la contradicción de los
datos: según el informe alternativo Desaparición
forzada de migrantes en México, presentado por
diferentes organizaciones de derechos humanos
en 2014, el Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNSP), encargado del Rnped, declaró que
no existe un registro de migrantes desaparecidos.
No obstante, el Rnped reporta que existen 89
averiguaciones previas de personas extranjeras
que desaparecieron en el país desde 2014 has-
ta mayo de 2016. Esta cifra se contrapone, por
mucho, al registro de 10 mil casos de desapari-
ción de migrantes que distintas casas, posadas y
albergues en México registraron en un lapso de
1 año, de 2008 a 2009. El mismo informe señala
que desde 2010 y hasta 2014 existían 541 mi-
grantes no localizados provenientes de Hondu-
Defensores de derechos humanos advierten que, durante las redadas, los agentes de migración no se identifican plenamente y aseguran a toda persona, sin importar su nacionalidad,
sólo por el hecho de que va caminando por la carretera o la vía con su mochila al hombro. En la imagen, una protesta de migrantes contra los operativos del INM
MARÍAJOSÉMARTÍNEZ/CUARTOSCURO

ras y 1 mil 584 casos de migrantes desaparecidos
desde 2005 provenientes de El Salvador.
Existe una incongruencia en los datos ofi-
ciales: según el informe alternativo 2016, de la
misma organización, el Rnped es incompleto
porque no aporta información sobre los casos
de desaparición forzada; por otro lado, la PGR
publicó una base de datos sobre 612 casos de
desaparición forzada en el fuero federal desde
2014 que desagrega por sexo,que distingue entre
desaparición forzada y desaparición a manos de
particulares, en localizaciones con o sin vida y en
personas que ya no se buscan.
Asimismo, la página precisa que la base de
datos de la PGR es sobre frecuencia estadística
y se diferencia de los datos que envía a la Rnped,
lo cual supone que se generan dos bases de datos
con información y variables diferentes. Además,
este registro no contempla a la población mi-
grante como una categoría.
La falta de documentación en las desapari-
ciones de migrantes se debe también a que, en
la mayoría de los casos, las familias no denun-
cian porque se encuentran en otros países. En
un esfuerzo por facilitar este procedimiento, el
mecanismo transnacional de búsqueda creó, a
finales de 2015, la Unidad de Investigación de
Delitos para Personas Migrantes y el Mecanis-
mo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e
Investigación.
El Informe Alternativo 2016 (elaborado por
nueve organizaciones) señala que el mecanismo
ha atraído 120 expedientes de investigación pe-
nal y precisa que no se conoce cuántos casos de
migrantes desaparecidos están siendo investiga-
dos por la PGR y si todos ellos han sido remiti-
dos a ésta Unidad.Desde su creación,sólo cuatro
ministerios públicos han sido destinados para su
operación, a los cuales les serán asignados todos
los casos que se remitan a esta unidad y todos los
nuevos que ingresen.
Las organizaciones que elaboraron el in-
forme (Fundación para la Justicia y el Estado
Democrático de Derecho, Casa del Migrante
Boletín elaborado como parte de la campaña para localizar con vida al joven Maximiliano

Saltillo, Track Impunity Always, Fuerzas Uni-
das por Nuestros Desaparecidos en Coahuila,
Centro Diocesano para los Derechos Huma-
nos Fray Juan de Larios, Comité de Familia-
res de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos
El Salvador, Comité de Familiares Desapare-
cidos del Progreso, Centro de Derechos Hu-
manos Victoria Díez y Mesa Nacional para
las Migraciones en Guatemala) explican que
existe una resistencia por parte de la PGR
para remitir a esta Unidad casos en los que la
delincuencia organizada está vinculada pues
argumentan que estos casos deben ser inves-
tigados por la Subprocuraduría Especializada
en Investigación en Delincuencia Organiza-
da (SEIDO); sin embargo explican que “este
tipo de aseveraciones y actuaciones denotan un
desconocimiento de cuál es el tipo de crimina-
lidad que afecta principalmente a la población
migrante, ya que en gran parte de los delitos
cometidos está vinculado el crimen organiza-
do transnacional, y crear un área especializada
para población migrante que no atienda casos
de delincuencia organizada, resulta limitativo y
ajeno a la realidad”.
Maximiliano, de vuelta
Maximiliano apenas cumplió 19 años, el 21
de agosto.Por más de 3 meses su familia no supo
nada él: “Él nunca se imaginaba lo que le iba
a pasar, iba muy contento”, explica su papá, que
aunque no querían dejarlo ir, lo hicieron porque
él “lo exigía” y así lo quería.
Decidió migrar por dos razones: por la ilu-
sión de salir a conocer; pero también por nece-
sidad, para ayudar a su familia. Maximiliano es
el primero de cuatro hermanos. Estudió hasta
primero de secundaria y a la edad de 12 años
comenzó a ayudar a su familia en la siembra de
maíz y de frijol, actividad a la que se dedica toda
su familia en la comunidad.
Durante el tiempo que Maximiliano estuvo
desaparecido forzadamente, su familia no andu-
vo sola para cuidar su seguridad. Tampoco tra-
bajó en la milpa desde entonces. “Se siente uno
bien adolorido y bien traicionado por las autori-
dades”, confiesa su padre. La señora Antonia, su
madre, lloró mucho, pero se mantuvieron firmes
en la búsqueda de su hijo.
“Es muy difícil soportarlo, y lo único para so-
portar este dolor es hablar de la desaparición de
mi hijo, es exigirle al Instituto y a las autoridades
de gobierno que devuelvan a mi hijo. Yo lo hago
con todo mi valor y con toda mi decisión de pa-
dre porque este dolor que tengo es muy difícil, es
muy duro hermanos, no quiero que otro padre
otra madre sufra este dolor que tengo”, explica
su papá.
Aunque le cuesta hablar, Arturo Gordillo se
mantiene firme y apacible. Él tiene claro por qué
lo hace:“Es importante denunciar lo que pasó con
Max.Para mí es muy importante porque sabemos
que hay muchos casos como este, y los padres,
que les chingan miedo, que les domina el miedo,
no denuncian. Para mí una denuncia es para que
devuelvan con vida a mi hijo urgentemente. Mi
denuncia es para que sea escuchada mi palabra
como padre, como madre, como amigos”.
Maximiliano fue localizado el pasado 29 de
agosto. El Frayba informó, mediante un comu-
nicado, que “Maximiliano sufrió delitos y graves
violaciones a sus derechos humanos, responsabi-
lidad del Estado mexicano”.
Considera que lo vivido por la víctima “revela
la magnitud de la violencia estructural, institu-
cional y social que sufren las personas mexica-
nas y provenientes de otros países, durante sus
traslados y destinos migratorios al interior de
nuestro país. Pero también nos recuerda que la
exigencia y realización de la verdad, la justicia y
la reparación integral implican a una sociedad
civil consciente y movilizada”.
Lo único [que tengo]
para soportar este dolor
es hablar de la desaparición
de mi hijo, es exigirle al
Instituto y a las autoridades
que devuelvan a mi hijoque devuelvan a mi hijo

INVESTIGACIÓN CONTRAGOLPE
SLIM PACTÓ
“LUCRO SUSTANCIAL”
CON CANAL 22
RÍO 2016

INVESTIGACIÓNCONTRAGOLPE
Por la transmisión de los
Juegos Olímpicos de Río,
Canal 22 pagó a América
Móvil con espacios
publicitarios. Por ello,
Carlos Slim promocionó
sus empresas e incluso
difundió contenidos por el
“canal cultural de México”.
AMX habría calculado una
ganancia de 35.4 millones de
dólares
E
l contrato firmado entre América Móvil
(AMX), de Carlos Slim, y Canal 22 para la
transmisión de los Juegos Olímpicos y Para-
límpicos de Río,desmiente el discurso público sobre
filantropía empresarial como el máximo interés del
magnate, y asienta, lisa y llanamente, el verdadero
móvil:“la expectativa de ánimo y lucro sustancial”.
En el documeínto –del cual Contralínea posee
versión pública– quedaron claras las obligaciones
que tuvo que cumplir el llamado canal cultural de
México: entregar su tiempo aire para la explotación
ajena y reabrir sus puertas para la emisión de conte-
nidos elaborados por la trasnacional.
“El sublicenciatario pagará a AMX en especie”,
quedó anotado en el sexto punto de la carta conve-
nio.Y sin rubor ni rodeos,agregó:
“La contraprestación […] es una causa determi-
nante de AMX para la celebración de este instru-
mento, toda vez que los beneficios económicos que
AMX llegare a recibir por el citado uso y/o comercia-
lizacióndelosespaciospublicitarios[…]conllevauna
expectativa de ánimo y lucro sustancial de AMX.”
MIGUELMINEROYFREEPIK
MAURICIO ROMERO, @mauricio_contra

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