Domingo 1 de mayo de 2011

1. Domingo 1 de mayo de 2011
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PEDRO GUADIANA GARCÍA
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parcial y limitada, vemos en TV
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De la revista Proceso, misma fecha
1. El protegido del nuevo beato. Salvador Corro y Rodrigo Vera
2. Endina, "La Jefa". Ricardo Ravelo
3. El discípulo. Ricardo Ravelo
4. La PGJDF, instrumento del chantaje de Televisa. Jenaro Villamil
5. Un largo y tortuoso litigio. Jenaro Villamil
6. Las trampas de Coca-Cola. Carlos Acosta Córdova
7. El expediente Chavarría. Miguel Ángel Granados Chapa
8. Boda real, Boda global. Alma Rosa Alva de la Selva

2. 1. El protegido del nuevo beato
Salvador Corro y Rodrigo Vera
El vergonzante caso que incendió a la Iglesia católica, el de los abusos sexuales cometidos contra
niños por el sacerdote Marcial Maciel cobra fuerza de nueva cuenta… Tres mexicanos –entre ellos
una víctima del pedófilo– recibieron un paquete de documentos, hasta ahora conservados en
secreto en el Vaticano, que demuestran que desde hace casi medio siglo los jerarcas católicos
tenían pleno conocimiento de que el fundador de la Legión de Cristo era un violador de niños,
corruptor y adicto a las drogas. A esas tres personas les sorprende la rapidez con la que se
beatificó a Juan Pablo II, aun cuando el pontífice estaba perfectamente enterado de las conductas
delictivas de Maciel.
Documentos conservados en los archivos del Vaticano y hasta ahora mantenidos en secreto
demuestran que desde 1956 la jerarquía católica encabezada por el Papa en turno protegió a
Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, pese a las numerosas denuncias que lo señalaban
como pederasta, adicto a las drogas y corruptor de las estructuras eclesiásticas.
Entre los jerarcas que supieron del caso Maciel están Benedicto XVI, actual pontífice, y el recién
beatificado Juan Pablo II, quien acogió y protegió al fundador de la Legión en sus últimos años.
Para los conocedores del caso –que bastaría para frenar el proceso de canonización– es
inconcebible que se beatifique a Wojtyla con tanta rapidez sin que aparentemente se revisara a
fondo su trayectoria como pontífice.
Estos documentos –212 legajos– relacionados con los Legionarios de Cristo, resguardados en el
Archivo de la Congregación para Institutos y Sociedades de la Vida Consagrada y que abarcan el
periodo 1944-2002, fueron entregados al investigador de la UNAM Fernando M. González, al
exsacerdote y académico del ITAM Alberto Athié y a José Barba, víctima de Maciel, quienes los
incluirán en un libro que se halla en fase de preparación.
Proceso reproduce una carta de Marcial Maciel, fechada el 3 de octubre de 1956 y dirigida al
cardenal Valerio Valeri, prefecto de la Sagrada Congregación para los Religiosos. En ella responde
a la suspensión que entonces le hizo el Vaticano por acusaciones de pederastia y drogadicción
que había contra él y que incluso provenían de altos jerarcas mexicanos de aquella época, como
Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, y el cardenal Miguel Darío Miranda, arzobispo
primado de México.
En ese documento Maciel menciona que las versiones en su contra “no son otra cosa que una
calumniosa acusación”. Y aunque acata la suspensión de dos años para internarse en una clínica,
advierte que en esas circunstancias ya no podrá “controlar en adelante la adquisición de fondos y
administración de los mismos”, por lo que pueden crearse “posibles desequilibrios económicos”.
A continuación se reproduce textualmente esa carta:
Eminentísimo señor:
Habiendo sido informado de la decisión adoptada por la Sagrada Congregación de Religiosos en
relación con mi persona, deseo manifestar con todo respeto y humildad a Vuestra Eminencia
Reverendísima, mi absoluta sumisión e incondicional acatamiento a las órdenes recibidas de ir a
una clínica, suspendiendo al mismo tiempo el ejercicio del cargo de Superior General del Instituto
de Misioneros del Sagrado Corazón.
Creo, sin embargo, un deber elemental de conciencia, hacer presente a esta Sagrada
Congregación que mis condiciones de salud son gracias a Dios del todo satisfactorias como se
puede comprobar por el certificado médico extendido, después de un minucioso y detallado
examen clínico, por el Prof. Dr. Ricardo Galeazzi Lisi, Arquiatra Pontificio, que me permito adjuntar
a la presente; y que, por lo mismo, las informaciones recibidas por esa Sagrada Congregación no
son otra cosa que una calumniosa acusación.
Creo también mi deber exponer humildemente a esa Sagrada Congregación, que hasta el presente
la situación económica del Instituto se ha ido desarrollando con plena normalidad, gracias a la
generosa aportación de nuestros insignes bienhechores, para la creación de casas de formación y

3. sostenimientos de las mismas, con cuya ayuda se han podido hacer todas las combinaciones
financieras necesarias, sin exponer al Instituto a peligrosas deudas.
La situación económica del Instituto hasta este momento en que he sido suspendido en el ejercicio
del cargo de Superior General del mismo, es la siguiente:
PROPIEDADES.
En México
Instituto Cumbres, para enseñanza, cuyo valor asciende a $8.000.000 de pesos mexicanos.
Escuela apostólica, por valor de terreno para la construcción de una nueva escuela apostólica
$3.000.000 de pesos mexicanos. Cuyo valor es de $2.400.000 pesos mexicanos.
Propiedades donadas al Instituto en la Villa de Guadalupe, centro de la ciudad de México y en
algunas otras colonias, por valor de $3.000.000 de pesos mexicanos.
b-en España
Colegio de Salamanca, todavía en construcción en el cual van invertidos $2.000.000 de pesos
mexicanos. Escuela apostólica de Ontaneda: valor $1.500.000 pesos mexicanos.
En Roma
Colegio Legionarios de Cristo: valor $9.500.000 pesos mexicanos.
Terreno adquirido y pagado por la Iglesia Nacional Mexicana, valor $500.000 pesos mexicanos.
Sumando el total de todos los bienes mencionados, resulta que el Instituto posee en propiedades
la cifra global aproximada de: $30.000.000 de p.m.
Equivalente a dos millones y medio de dólares.
DEUDAS
El Instituto en el desarrollo de sus casas de formación tiene adquirida una deuda que no supera de
ninguna manera los dos millones de pesos mexicanos. La liberación de esta deuda la van haciendo
los mismos bienhechores que han ayudado a realizar la construcción de las casas de formación y
apostolado.
IGLESIA NACIONAL MEXICANA.
En cuanto a la Iglesia Nacional Mexicana, que el Santo Padre, por mediación del Eminentísimo
Cardenal Vicario, nos quiso benignamente encomendar, está en marcha toda una organización de
financiamiento, para cubrir los gastos cuyo coste total oscila alrededor de los $250.000 de los
cuales se han hecho ya efectivos más de $31.000 para la compra del terreno, y al presente existe
un depósito de unos $40.000 que vienen y continuarán aumentando en unos $10.000 mensuales,
en el caso de que los nuevos Superiores continúen llevando adelante la organización establecida
para obtener estos fondos.
CASAS DE FORMACION.
La economía para el sostenimiento de las casas de formación está establemente organizada, y los
gastos se pueden cubrir en casi su totalidad. Cuando se origina algún déficit, intervengo
personalmente con nuestros bienhechores, para no adquirir deudas en este capítulo.
Expongo todo cuanto antecede a la Sagrada Congregación con toda humildad y suplico se digne
librarme de toda responsabilidad en lo que concierne a posibles desequilibrios económicos que
puedan crearse u originarse, desde el momento en que, suspendido en mi cargo y retirado en una
clínica, no puedo controlar en adelante la adquisición de fondos y administración de los mismos.
Después de esta exposición, no me queda más que reiterar a Vuestra Eminencia Reverendísima y
a todos los Superiores de esa Sagrada Congregación mi más profunda y filial sumisión, y
confirmarme de V.E. adictísimo siervo que besa devotamente su Sagrada Púrpura,
Roma, 3 de octubre de 1956.
A su Eminencia Reverendísima
VALERIO VALERI
Card. Prefecto de la S.C. de Religiosos.
CIUDAD DEL VATICANO.
Perfil psicológico
Otro documento de ese paquete de legajos es una carta del religioso belga Gregorio Lemercier –
introductor del psicoanálisis en los monasterios benedictinos de México, fundador del Centro

4. Psicoanalítico Emaús y activo participante en el Centro Intercultural de Documentación (Cidoc)
creado por Iván Illich en Cuernavaca– fechada el 15 de octubre de 1959 y dirigida a Arcadio
Larraona, de la Congregación de Religiosos.
En esta misiva Lemercier le detalla al Vaticano el perfil psicológico de Marcial Maciel con base en
el trato directo que tuvo con él y los testimonios de otros sacerdotes cercanos al fundador de la
Legión de Cristo.
Lemercier señala en el documento lo que pudo observar en el fundador de la Legión: “Es un
homosexual sicológico; que no ha llegado a actos homosexuales, pero toda su sicología, todo su
carácter, todo su temperamento es de un homosexual: duplicidad, megalomanía, mentiras,
mitomanía, el fin justificando los medios, el usar de las personas como instrumentos y rechazarlas
cuando ya no sirven, ostentación de hechos pretarnaturales (sic), poder „seductor‟, falta absoluta
de conciencia”.
Pero en la misma misiva Lemercier recoge el testimonio del padre Federico Domínguez, quien
había sido secretario particular de Maciel durante varios años, el cual no deja lugar a dudas:
especifica que Marcial tenía predilección por “muchachos bien parecidos”, a los cuales les daba un
“trato muy cariñoso” a pesar de que “era muy estricto con los demás”.
Narra además que abusó de un menor de edad perteneciente a la familia De la Isla. El joven se
quejó con su padre y “el papá se puso furioso, diciendo que no se burlara nadie de sus hijos, que si
el padre Maciel no fuera sacerdote, sacaba su pistola”.
Para entonces ya se sabía con certeza que había cometido actos “sodomíticos” contra “unos 10
miembros de la Congregación”, según puntualizó Lemercier.
Su informe también habla de la drogadicción de Maciel: “tomaba inyecciones en cantidad, hasta 40
en un día; que en Roma tuvieron que quitarle la llave y hasta las llantas del coche para que el P.M.
(Padre Maciel) no saliera a comprar inyecciones, que una vez quiso brincar por la ventana en
pijama para ir a comprarlas.
“Usa Delantina y Demersol, pero especialmente Delantina, porque el Demersol ya no le satisface.
Toma hasta 40 en un día. Una vez, yendo a tomar el avión, se puso dos inyecciones en el curso de
una media hora, en el mismo aeropuerto.
“No pudiendo conseguir las inyecciones en México sin receta, encargó a Carlos de la Isla para que
buscara esas inyecciones en el estado de Guanajuato. Carlos consiguió cantidades de cajas de
cinco ámpulas… una vez que fue a Guadalajara, su propia familia le llevó las inyecciones,
ignorando de qué se trataba.”
Entre los 212 documentos que integran el archivo –algunos de los cuales también serán difundidos
por los diarios La Jornada y Reforma, así como por Carmen Aristegui en su espacio televisivo de
CNN– está una carta que el obispo de Cuernavaca Sergio Méndez Arceo dirigió al Vaticano en
agosto de 1956. En ella acusa a Maciel de cometer actos de sodomía con menores de edad y de
abusar de las drogas. Otra misiva, ésta de Darío Miranda, enviada a Roma en agosto del mismo
año, lo acusa de “drogadicto y mentiroso”.
También hay una acusación de abril de 1962, presentada por el farmacéutico Manuel de Castro
Pérez, en la que se detalla el abuso que hacía Maciel de la morfina.
Seis meses después, en octubre de ese año, un padre de familia envió una carta al cardenal José
Garibi Rivera, así como al colegio Pío Latinoamericano de Roma, donde externaba su sorpresa
porque el Vaticano no intervenía en el caso Maciel a pesar de que varios obispos de Roma ya
sabían de la trayectoria delictiva del fundador de los legionarios.
Hay también bastante documentación en la cual se reiteran las mismas acusaciones contra Maciel,
pero ya en el pontificado de Juan Pablo II (1978-2005). Fue entonces cuando la prensa nacional e
internacional empezó a divulgar los testimonios de varias víctimas de Marcial Maciel, como Juan
Vaca, José Barba y Alejandro Espinosa, entre otros.
El Vaticano tenía documentación suficiente sobre la drogadicción y los abusos sexuales de Maciel
desde mucho tiempo antes de que Karol Wojtyla llegara al papado, periodo en el cual, por cierto, la
Legión de Cristo tuvo su mayor auge.
Durante el pontificado de Juan Pablo II, concretamente el 8 de diciembre de 1997, las víctimas de
Maciel le dirigieron una carta en la que daban cuenta de los abusos del sacerdote. Esperaban una
respuesta del pontífice, pero ésta nunca llegó.

5. Los escritos también refieren el apoyo que el Vaticano le dio a Maciel y a su congregación
religiosa, lo que le permitió desarrollar y acumular un gran poder económico y político que abonó
en favor del encubrimiento.
González, Athié y Barba dicen que la documentación que hoy dan a conocer les fue entregada por
funcionarios del Vaticano cuya identidad prefirieron mantener en el anonimato, interesados en que
se conozca toda la verdad, así como en que se sepa el papel que jugó Juan Pablo II en el
encubrimiento de los atropellos de Marcial Maciel.
Después de muerto
La condena abierta del Vaticano a Marcial Maciel llegó finalmente el 1 de mayo de 2010, cinco
años después de la muerte de Wojtyla y dos años después de fallecer el fundador de la Legión y
con Benedicto XVI como Papa.
“Los gravísimos y objetivamente inmorales comportamientos del padre Maciel fueron confirmados
por testimonios incontrovertibles y se configuran, a veces, como verdaderos delitos, manifiestan
una vida carente de escrúpulos y de genuino sentimiento religioso”, señaló entonces el Vaticano en
un comunicado.
A González, Athié y Barba les sorprende la rapidez con la que se beatificó a Juan Pablo II, ya que
a sólo seis años de su muerte se le nombró beato sin que, según ellos, se llevara a cabo una
revisión exhaustiva de su trayectoria como pontífice.
Señalan que sólo el caso Maciel sería suficiente para frenar el proceso de canonización. Juan
Pablo II se negó, sostienen, a considerar todos los elementos contenidos en este archivo y
probablemente en los otros que existen en el Vaticano que demuestran que “Maciel fue un
delincuente y depredador, que pudo permanecer en la Iglesia sin ser castigado, organizando a su
congregación para su placer e interés personal. Supo operar en la santa sede para impedir,
mediante actos que corrompían a la jerarquía, que se le sancionara”.
2. Endina, "La Jefa"
Ricardo Ravelo
Todo indica que los golpes asestados al cártel de Tijuana –como la detención y reciente extradición
de Benjamín Arellano Félix a Estados Unidos–, no debilitan a esa organización delictiva, dirigida
ahora por un personaje singular… Conforme los varones de la familia han muerto o se encuentran
presos, es nada menos que Enedina Arellano Félix quien se ha colocado como la mandamás del
cártel. Buena administradora, discreta, La Jefa vive sin ser molestada. Lleva una vida que podría
considerarse “normal”
A menudo se le describe como una mujer discreta, de carácter hosco y decisiones firmes; habla
poco y dicen los que la conocen que desde muy temprano comienza sus actividades laborales. Su
nombre es Enedina Arellano Félix, y desde 2003 es considerada por la agencia antidrogas
estadunidense (DEA) como la jefa del cártel de Tijuana, uno de los más poderosos y violentos del
país y cuyas conexiones se extienden a varios países de Centro y Sudamérica.
La ficha de la DEA identifica a Enedina Arellano Félix como la primera y única mujer que lidera una
organización criminal en el mundo. Nunca antes el sexo femenino había destacado en funciones
de liderazgo en el narcotráfico, actividad históricamente operada por hombres.
Pese a que es miembro de una de las familias más conocidas en el mundo del narcotráfico en
México, Enedina no apareció como cabeza visible del cártel de Tijuana en los años ochenta y

6. noventa, periodo en el que esa organización criminal alcanzó a consolidarse como uno de los
cárteles más poderosos y cuya principal rivalidad la enfrentaba con el cártel de Juárez,
encabezado por Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
Aunque debe decirse que Enedina, quien estudió contaduría pública en Guadalajara, nunca estuvo
al margen de los negocios, pues según escribió el periodista Jesús Blancornelas en su libro El
cártel, publicado en 2003: “Ella siempre asesoró a sus hermanos en los negocios de lavado de
dinero”.
Tras la caída de Jesús Labra Avilés, El Chuy, en 2000, quien era el cerebro financiero del cártel de
Tijuana –durante su etapa de esplendor se invirtieron grandes cantidades de dinero en proyectos
comerciales en la zona Río, casas de cambio y hoteles en Tijuana–, Enedina entró al relevo de
Labra y apuntaló los negocios de la organización, por aquel tiempo en riesgo de irse a la quiebra
ante los embates policiacos y militares.
Tiempo después comenzó la expansión del cártel de Tijuana, sobre todo de su ala financiera. Ello
fue detectado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en 2005 lanzó una alerta
para que el gobierno mexicano asegurara 25 empresas relacionadas con el blanqueo de capitales
de la familia Arellano Félix.
Algunas de esas compañías boletinadas en Estados Unidos y cuyo crecimiento se atribuye a la
capacidad administrativa de Enedina son: Forpress SC; Administradora de Inmuebles Vida;
Distribuidora Imperial de BC; Controles Electrónicas de BC; Comercializadora Amia; Servicios
Administrativos y de Organización; Gasolinera San Fernando; Inmobiliaria El Presón; Corrales San
Ignacio LLC, y Módulos de Cambios, entre otras.
La lista de empresas ligadas al lavado de dinero del cártel de Tijuana es muy grande e incluye a
Caja Amigo Express; Operadora de Caja y Servicios; Multicaja de Tijuana; Chihuahua Food; Río
Grande Stockyards, Inc; Farmacias Vida; Accesos Electrónicos; Strong Link de México; Corrales
San Ignacio; Indio Vitorio; Promotora Fin; Del Norte Carnes Finas San Ignacio; Inmobiliaria del
Escorpión del Norte; Profinsa, y Patricia Casa de Cambios.
Tras recibir el reporte del Departamento del Tesoro, la Procuraduría General de la República
(PGR) tomó nota del informe, pero no hizo nada. Hasta la fecha las empresas del cártel de Tijuana
siguen operando sin ser molestadas, exhibiendo así la ineficacia gubernamental en la lucha contra
el crimen organizado para combatir el lavado de dinero proveniente de la delincuencia organizada.
Reina frustrada
En una de las escasas fotografías que la prensa mexicana ha publicado de la familia Arellano Félix
aparece Enedina mostrando una sonrisa fresca. Su boca es grande, sus labios delgados y por
encima de ellos resalta su fina nariz.
Sus ojos no son totalmente redondos, sino semiovalados y sobre ellos se alargan sus cejas
arqueadas y delineadas que chocan con los flecos que caen de su cabeza. En la foto Enedina luce
aretes en forma de crucifijo y en conjunto toda su fisonomía la muestra como una mujer de tensos
nervios y carácter firme.
Se sabe que en el núcleo familiar es respetada por su liderazgo. A la caída de sus hermanos ella
ha tomado las riendas de la narcoempresa; sin embargo, hasta ahora no se ha visto envuelta en
escándalos, pues suele ser discreta y sigilosa, tanto en sus asuntos personales como en los
negocios.
En una ficha criminal elaborada por la DEA se le describe así: “No tiene los rasgos violentos de
Ramón ni las posturas negociadoras de Benjamín; sobresale su capacidad administrativa, hasta
cierto punto explicable por sus estudios de contaduría”.
Una fuente consultada que conoció de cerca a Enedina y a menudo la veía llegar a las farmacias
de su propiedad, la recuerda así:
“Es una mujer de mirada fija, piensa mucho y habla poco. Es calculadora. Cuando se sienta a la
mesa con sus hermanos los observa a todos. Escucha lo que dicen y sólo sonríe o calla. Sus
hermanos la quieren mucho, y junto con Alicia son las únicas mujeres en la familia. Nadie puede
meterse con ellas porque son las consentidas.

7. “Enedina no es la matona cruel ni la dama obsesionada por el poder y la belleza. Es más bien
escurridiza, mecánica, discreta, inteligente. Es muy chingona en la administración de empresas,
bienes raíces, hoteles y casas de cambio.”
Nació el 12 de abril de 1961 en Mazatlán, Sinaloa. En 1977, a los 16 años, abrigó el sueño de ser
reina del carnaval de Mazatlán. Estuvo a punto de cumplírsele, pero se frustró debido a que sus
hermanos Ramón y Benjamín ya eran buscados en México y Estados Unidos por sus vínculos con
el narcotráfico.
Sus hermanos mayores decidieron que no se coronara reina de las fiestas carnestolendas por
temor a ser detenidos. En aquellos años los Arellano operaban al amparo de Miguel Ángel Félix
Gallardo, jefe del cártel del Pacífico, quien tiempo después les heredaría la plaza de Tijuana.
Enedina, quien se distinguía por su belleza porteña, renunció a su anhelo. Tiempo después se
matriculó en una universidad privada de Guadalajara, donde estudió contaduría, y en cuanto se
graduó comenzó a trabajar. Posteriormente se relacionó con los negocios familiares que a
mediados de los ochenta, cuando el cártel de Tijuana se consolidó, comenzaron a ser muy
prósperos.
Aun cuando no era una pieza operativa del cártel, a Enedina se le consideraba dentro y fuera de
México como parte de la organización criminal de su familia. Desde los ochenta y hasta comienzos
de 2000, los Arellano se vieron envueltos en fuertes escándalos por las matanzas y la violencia
que Ramón y Benjamín desplegaban en buena parte del norte del país.
Lucha por las plazas
De 1993 a 1997, los Arellano estuvieron enfrentados con Amado Carrillo Fuentes, entonces
poderoso jefe del cártel de Juárez. Hábil en el arte de corromper, Amado se hizo amigo del general
Jesús Gutiérrez Rebollo, el llamado “zar antidrogas” de México, a la postre encarcelado por sus
nexos con el capo.
Y es que Carrillo, a través de Eduardo González Quitarte, El Flaco, le pagaba fuertes sumas de
dinero al militar para que persiguiera a los Arellano. Incluso ordenó que los detuvieran o los
asesinaran; quería eliminarlos, pues eran sus mayores rivales en el negocio de las drogas.
El 24 de noviembre de 1993, los Arellano estuvieron a punto de acabar con El Señor de los cielos.
En aquella ocasión, Carrillo arribó al restaurante Ochoa Bali Hai, ubicado en Insurgentes Sur, de la
Ciudad de México. Lo acompañaban varios de sus gatilleros, entre ellos, Alcides Ramón Magaña,
El Metro.
Carrillo y su esposa Sonia Leyva entraron al restaurante y se sentaron en una mesa cerca de los
baños. Ordenaron fuentes de mariscos y vino blanco.
“Rápido, capitán, rápido, que tengo prisa”, le dijo Carrillo al capitán del restaurante, Teódulo
Vázquez, según relató éste ante el Ministerio Público federal.
Aún no terminaban de servir los mariscos cuando se escucharon varios disparos provenientes de
la calle. Afuera del establecimiento se enfrentaron sicarios del cártel de Tijuana con los gatilleros
del Señor de los cielos. Éste saltó, junto con su esposa, por el domo del baño de hombres y salió a
una calle contigua, donde abordó un automóvil y huyó. Hubo varios muertos, entre ellos algunos
clientes que esperaban en la calle la entrega de sus autos. El capo dejó abandonado un automóvil
Cutlass Eurosport y en la mesa se quedó un bolso de piel con dólares.
Fue El Metro quien le salvó la vida a Carrillo. Como premio, el capo le asignó la plaza de Cancún.
Esa no fue la única balacera protagonizada por Ramón y Benjamín. En 1992, un año antes de que
fuera detenido en Guatemala Joaquín El Chapo Guzmán, los grupos de los dos cárteles se
enfrentaron en la discoteca Christine, de Puerto Vallarta. Los Arellano querían asesinar a Guzmán,
pues éste les disputaba el control de la plaza de Tijuana, la cual les heredó Félix Gallardo luego de
su captura en abril de 1989.
Los Arellano persiguieron al Chapo por todas partes y en una ocasión lo encontraron en la
discoteca referida. Los Arellano y sus gatilleros irrumpieron a balazos y Guzmán Loera pudo
escapar por el hueco del aire acondicionado, el cual ya tenía visualizado como puerta de escape
ante una emergencia.
El 9 de marzo de 2002, después de una larga persecución, elementos del Ejército aprehendieron
en Puebla a Benjamín Arellano Félix, jefe del cártel de Tijuana. Lo detuvieron en una residencia

8. que había comprado Ruth Serrano, su esposa. El narcotraficante estaba en pijama y lo
acompañaba su lugarteniente Manuel Martínez González La Mojarra.
Muertes y extradiciones
El pasado 29 de abril, después de nueve años de permanecer encarcelado en el penal del
Altiplano, el gobierno mexicano determinó extraditar a Benjamín, el antiguo jefe del cártel de
Tijuana. Esa mañana fue entregado por la Secretaría de Seguridad Pública federal y efectivos
militares a un grupo de agentes del servicio Marshals de Estados Unidos, que recibió al capo en el
hangar de la PGR del aeropuerto de Toluca, Estado de México.
El abogado Américo Delgado de la Peña se encargó de defenderlo y logró librarlo de varios cargos;
no obstante, el veterano litigante fue asesinado en agosto de 2009, sus oficinas de Toluca, Estado
de México. Se afirma que fueron dos personas las que irrumpieron en su despacho para degollarlo.
La defensa de Arellano Félix quedó trastocada y ahora enfrentará a la justicia estadunidense,
particularmente a una corte federal del sur de California, donde enfrentará cargos por delitos contra
la salud, asociación delictuosa, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Cuando Benjamín ingresó al penal de máxima seguridad de La Palma, en 2002, y pasaba sus
peores días en la zona de castigo, su hermano Ramón quedó al frente del cártel. Sin embargo, les
exigió a sus hermanos que le entregaran la parte que le correspondía del negocio, pues ya no
quería saber nada del narcotráfico.
La familia se reunió y decidieron darle a Ramón el dinero que pedía. Con los millones de dólares
que juntó compró una casa en Estados Unidos y le entregó a su esposa una parte de ese capital.
–Toma esto y vete. Si yo salgo vivo de la cuenta que voy a cobrar, te alcanzo –le dijo.
Ramón, el más violento de la familia, decidió ir a Sinaloa con una misión: asesinar a Ismael El
Mayo Zambada, pieza importante del cártel de Sinaloa. Para ello, viajó en un Volkswagen hacia
Mazatlán. El 10 de febrero, en pleno carnaval, llegó a la ciudad y se dio a la tarea de buscar a su
enemigo.
Pero antes de localizarlo él fue ubicado en una céntrica calle de Mazatlán, donde se desató un
tiroteo. Policías municipales y sicarios abrieron fuego contra varios sujetos armados. Una bala
perforó la cabeza de Ramón y cayó muerto. La DEA confirmó que el sujeto al que le encontraron
una credencial de policía con el nombre de Jorge Pérez López era en realidad Ramón Arellano.
Expansión
Tras la muerte de Ramón y el encarcelamiento de Benjamín, otros dos miembros de la familia
asumieron el liderazgo del cártel: Francisco Javier y Eduardo Arellano Félix. Les duró poco el
gusto, pues ambos fueron aprehendidos y ahora purgan condenas en Estados Unidos por delitos
relacionados con narcotráfico.
Francisco Rafael, el mayor de los hermanos, recobró la libertad en 2008 luego de purgar una
condena de 10 años en el penal de máxima seguridad de La Palma (ahora del Altiplano). Tras
cumplir su sentencia fue extraditado a Estados Unidos, donde tenía un expediente abierto desde
1980 por posesión de cocaína con fines de comercialización. Tan pronto pisó suelo estadunidense
fue liberado, ya que el delito había prescrito. Ahora se sabe que está refugiado en Tijuana y
eventualmente se le ve en San Diego California.
Así, la jefatura del cártel de Tijuana recayó en la más aventajada de la familia: Enedina, quien
ahora es considerada por la DEA como la jefa de la organización. Sin embargo, también se
menciona que Fernando Sánchez Arellano, El ingeniero o El Alineador –identificado como su hijo
aunque en realidad es su sobrino, pues es vástago de Alicia Arellano–, realiza funciones operativas
para el cártel junto con Manuel Aguirre Galindo, El Caballo, único sobreviviente de la llamada vieja
guardia del cártel.
Sánchez Arellano enfrentó serios problemas para controlar la plaza de Tijuana debido a que
Teodoro García Simental, El Teo, pretendía imponer su poder a sangre y fuego. Este capo
trabajaba para los hermanos Beltrán Leyva, por lo que fue detenido en enero de 2010 en La Paz,
Baja California.

9. De esa forma, Sánchez Arellano se quedó solo en Tijuana y desde la cuna del cártel opera todo el
estado y buena parte del Pacífico mexicano. Su tía Enedina administra los negocios. Quienes la
conocen afirman que vive sin ser molestada, que viaja con frecuencia a Estados Unidos y que se
desenvuelve como una empresaria discreta y eficaz. Asiste con frecuencia a los negocios que
administra, gira instrucciones, asiste a restaurantes, cafés y hace vida social como cualquier
ciudadano.
Nada parece perturbar a Enedina, a quien le llaman La Jefa, La Madrina y La Narcomami. Pero
según la DEA, Enedina es algo más que eso: funge como la jefa máxima del cártel de Tijuana, uno
de los más poderosos de México, el cual ya extendió sus dominios hacia centro y Sudamérica a
través de su amplia red de empresas, testaferros y protectores.
Ni la PGR ni el Ejército la mencionan como personaje perseguido, como a menudo se habla de
Eduardo Costilla El Cos, jefe del cártel del Golfo, o del propio Joaquín El Chapo Guzmán. Enedina
se mueve entre las sombras y, así, entre los claroscuros de su actividad, parece también pasar
inadvertida para Felipe Calderón y su guerra contra el crimen organizado.
3. El discípulo
Ricardo Ravelo
TIJUANA, BC.- Gracias a la protección de la policía y a su habilidad para tejer alianzas con el cártel
de Sinaloa y La Familia Michoacana, Luis Fernando Sánchez Arellano, el más importante operador
del clan de los Arellano Félix, intenta consolidar a la organización fundada por sus tíos en la
década de los ochenta en esta ciudad
Sánchez Arellano, de 34 años, es conocido como El Ingeniero o El Alineador. Se inició en el cártel
de Tijuana desde 2002. Hoy, su poder se extiende a 10 estados; incluso tiene un corrido que lo
define como habilidoso y matón. La Procuraduría General de la República (PGR), por su parte,
ofrece 30 millones de pesos a quien aporte datos para su detención.
Líder de la nueva generación de una de las organizaciones más poderosas del continente, El
Ingeniero viaja con frecuencia a Monterrey y Guadalajara, aunque también se le ha visto en las
ciudades californianas de Los Ángeles, Beverly Hills y Poway. Hasta ahora nadie lo ha molestado,
pues de acuerdo con especialistas de la región la policía de Baja California le brinda protección a él
y a los sicarios que lo rodean.
Luis Fernando estuvo a punto de ser detenido el 26 de octubre de 2008, cuando fue capturado su
tío Eduardo Arellano Félix, El Doctor. Ese día, ambos se encontraban en uno de los múltiples
refugios de la organización en esta ciudad, acompañados de dos hombres fornidos y una menor.
Eran las seis de la tarde. De repente un grupo de agentes federales y policías del Buró Federal de
Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), irrumpió en la residencia y rodearon al entonces
cártel de Tijuana. Sorprendido, Eduardo Arellano Félix sacó una credencial que lo identificó como
Samuel Bracamontes y pidió que le explicaran el motivo del operativo.
Sus interlocutores le respondieron que llevaban seis meses siguiéndole los pasos, con la
colaboración del FBI y le ordenaron que se quitara la camisa. Al hacerlo, observaron las cicatrices
que tenía en el pecho y en uno de sus brazos, producto de las quemaduras que había sufrido en el
2000 en un accidente casero, y se lo llevaron.
Eduardo Arellano había asumido el liderazgo del cártel de Tijuana en 2006, tras la detención de su
hermano Francisco Javier Arellano, El Tigrillo, capturado en las costas de La Paz, Baja California,
en agosto de ese año a bordo de un lujoso yate cuando cerraba un negocio con sus socios
colombianos. De inmediato fue trasladado a la Ciudad de México y luego entregado a la Drug
Enforcement Administration (DEA) (Proceso 1557).
Nadie sabe cómo escapó Luis Fernando en aquella ocasión. Fuentes policiacas consultadas por el
reportero aseguran que El Ingeniero abandonó la casa de su tío media hora antes del arribo de los
agentes.

10. El ascenso
Luis Fernando Sánchez Arellano es hijo de Alicia Arellano Félix, según la PGR, aunque otras
versiones afirman que su madre es Enedina. Sin embargo, Proceso recabó información que indica
que en realidad el capo tijuanense es sobrino de Enedina, La Jefa, la única mujer que encabeza un
cártel en el mundo.
La DEA y la PGR aseguran que ella nunca ha estado desligada de las actividades del cártel
familiar, incluso le atribuyen funciones específicas, como el blanqueo de divisas obtenidas por el
trasiego de droga. Y aun cuando al principio estuvo bajo resguardo de sus hermanos Ramón y
Benjamín –fundadores del cártel de Tijuana–, tras la muerte del primero y la captura del segundo,
Enedina pasó a ser la pieza más importante de la organización.
Y fue precisamente la captura del Tigrillo en agosto de 2006 la que le allanó el camino a Luis
Fernando. Su ascenso se consolidó dos años después, tras la caída de su tío Eduardo Arellano,
pese a que la DEA lo consideraba una “figura menor y sin dotes de liderazgo”.
Luis Fernando formó una sociedad con Teodoro García Simental, El Teo, a quien las autoridades
federales consideraban el principal sospechoso, decían, por haber informado a la policía, a través
de terceros, sobre la ubicación de Eduardo Arellano Félix.
El grupo estaba conformado sobre todo por jóvenes –“la nueva sangre del narco”–, y mediante él el
cártel intentó recobrar el poder que tuvo cuando los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix.
Ambos llegaron a ser considerados “los dueños de Baja California”, pues controlaban a la policía,
altos mandos del Ejército, e incluso infiltraron el poder político durante el sexenio de Ernesto Ruffo
Appel (1989-1995).
Las pugnas internas se desataron cuando El Teo se acercó a la célula de los hermanos Beltrán
Leyva, quienes después de romper relaciones con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, comenzaron
a ser perseguidos por el Ejército, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública.
Al sentirse traicionado, Luis Fernando rompió con El Teo, quien decidió trasladarse a La Paz, Baja
California. Desde ahí ordenaba que sus gatilleros desataran balaceras y planeaba los secuestros
de empresarios tijuanenses para calentar la plaza.
Pronto, las autoridades policiacas de Tijuana, encabezadas por el teniente coronel Julián Leyzaola
–quien llegó a esa ciudad fronteriza a resolver el problema de la criminalidad–, enfocaron sus
baterías hacia El Teo. Con el apoyo de altos jefes militares y de la policía local comenzaron a
golpear la estructura del gatillero. La fracción que encabezaba Luis Fernando siguió gozando de
protección e impunidad.
En esta ciudad se comenta que Leyzaola sólo tuvo logros “a medias”. Su trabajo de golpeteo y las
detenciones tenían el propósito de limpiarle la plaza a Luis Fernando, el nuevo jefe del cártel de
Tijuana, quien después se dio el lujo de pactar con los jefes de La Familia Michoacana y con el
cártel de Sinaloa, el más poderoso de México (Proceso 1794).
Las pugnas
Los bandos encabezados por Teodoro García Simental y Luis Fernando Sánchez Arellano tuvieron
decenas de enfrentamientos en Baja California, sobre todo en Tijuana. Uno de los más recordados
ocurrió a principios de 2008. En esa ocasión hubo 15 bajas.
En su edición 1929, el semanario Zeta informó que, tras su fragmentación, las células del cártel de
Tijuana comenzaron a secuestrar por su cuenta a empresarios locales, por lo que Luis Fernando
convocó a un encuentro al Teo y a una decena de policías municipales, todos ellos ligados al
narcotráfico, para abordar el asunto. El encuentro se realizó la madrugada del día 26 en un lugar
conocido como El Guaycura. El Teo nunca llegó.
Cuando el enviado de Sánchez Arellano, un sicario conocido como El 7-7, le informó por radio que
ni El Teo ni sus sicarios acudieron a la cita, el capo dio la orden de acabar con los mensajeros. Y
se desató la balacera. Algunos testigos declararon ante el Ministerio Público que en el lugar se
encontraba el jefe de sicarios del cártel de Tijuana, Armando Villarreal.

11. Los seguidores de García Simental que llegaron al Guaycura se identificaban con las “claves R” y
los encabezaba un gatillero conocido como El Cabezón. Según los testigos, El 7-7 le vació la
pistola a Alfredo Delgadillo Solís, La Máquina, un policía municipal al servicio del Teo.
La guerra entre El Teo y Sánchez Arellano se desató a partir de esa fecha. Sin embargo, la buena
estrella del Teo se apagó. En enero de 2010, fue detenido en una lujosa zona residencial de La
Paz, Baja California, por un comando militar.
“El Ingeniero”
De acuerdo con su perfil criminal, Luis Fernando Sánchez Arellano carga la impronta de sus tíos.
Con frecuencia se enfrentaba con su tío Benjamín, preso en el penal de La Palma desde 2002.
Según las autoridades federales, también se hace llamar Fernando Zamora Arellano, un nombre
que utiliza para ocultar su identidad; su apodo de El Ingeniero se debe a que estudió ingeniería en
una escuela privada.
El capo suele ir siempre acompañado por sus sicarios, uno de sus preferidos era El Pit, pero tuvo
que relevarlo luego de que fue arrestado en el casino Agua Caliente, propiedad de Jorge Hank
Rhon.
Pese a que la mayoría de los miembros del cártel están presos o muertos, algunos personajes de
la llamada vieja guardia siguen libres. Es el caso de Manuel Aguirre Galindo, El Caballo, y Edgardo
Leyva Escandón, por cuyas cabezas las autoridades estadunidenses ofrecen hasta 2 millones de
dólares.
Aguirre Galindo, según la PGR, realiza tareas de lavado de dinero y es el responsable de mantener
los contactos con los proveedores colombianos. La misma dependencia asegura que Sánchez
Arellano es el jefe del cártel de Tijuana y que Enedina Arellano Félix es la responsable del lavado
de dinero de la organización.
Y aun cuando la historia de Luis Fernando en el mundo del hampa es corta, ya fue inmortalizada
en un corrido titulado El Discípulo.
Algunos fragmentos:
Sus maestros son de altura
Es de reconocer
Han sido los más buscados
En la Unión Americana
Y en México también…
El discípulo es alegre
Pero valiente también
Sabe ser amigo
Por la mala ni le busquen
Porque encontrarán la muerte…
4. La PGJDF, instrumento del chantaje de
Televisa
Jenaro Villamil
Para desafiar a Televisa y llevarla ante los tribunales se requiere determinación, valor y muchos
recursos económicos. Con todo ello contaba Paula Cusi, la viuda de Emilio Azcárraga Milmo, pero
no le bastó para salir bien librada de su confrontación con el hijo del magnate fallecido y actual
mandamás del consorcio televisivo. Como una muestra del favoritismo de las autoridades judiciales
hacia el gigante mediático, señala uno de los abogados de Cusi, los trámites para llevarla a prisión
se agilizaron de manera inusitada. Sometida a presión física y moral, no le quedó otra alternativa
que desistirse de su demanda.

12. “Van a perder, no se metan con nosotros”, le advirtió Alfonso de Angoitia, vicepresidente de
Televisa, a Ernesto Canales, amigo y representante legal de Paula Cusi Presa Matute, en vísperas
de que la viuda de Emilio Azcárraga Milmo interpusiera una demanda civil, en enero de 2007,
contra el actual presidente del consorcio, Emilio Azcárraga Jean, y una veintena de
codemandados, por presunto despojo de la sexta parte que le correspondía de la herencia de El
Tigre.
Seis reuniones infructuosas precedieron a la demanda presentada ante la juez 62 de lo civil en el
Distrito Federal, Yolanda Morales Romero. En todas las negociaciones, Angoitia y el equipo de
abogados de Televisa argumentaron que la sucesión de Azcárraga Milmo estaba “quebrada”, que
no había bienes ni acciones por repartir y que a Cusi ya le habían dado “más que suficiente” con la
compra del 10% de sus acciones y las obras que formaron parte del acervo del Museo de Arte
Contemporáneo.
Sin embargo, Cusi alegó lo contrario. En una exposición de 45 hechos y un capítulo de daños y
perjuicios, la exconductora televisiva y esposa de Azcárraga Milmo por más de dos décadas afirmó
que hubo una situación de “engaño y maquinación” para despojarla de la sexta parte que le
correspondía del legado de El Tigre, fallecido en abril de 1997 (Proceso1605).
Como indemnización, Cusi pidió 4% del valor de las acciones de Televisa o su equivalente; es
decir, 500 millones de dólares, al valor actual, o 117 millones de acciones.
Renuentes a aceptar cualquier negociación con la heredera, la actitud de Televisa y los
codemandados fue configurando una serie de irregularidades, de obstáculos permanentes al juicio
que se desarrolló durante cuatro años en el juzgado 62 de lo civil del Distrito Federal, hasta
desembocar en la aprehensión de Paula Cusi, la mañana del 25 de abril, y su posterior liberación
del penal de Santa Martha Acatitla, tres días después.
La viuda fue puesta en libertad tras una negociación entre las partes, la firma de un convenio de
confidencialidad restrictiva que impide a éstas hablar sobre los detalles del arreglo y la cancelación
definitiva del juicio civil iniciado en 2007.
Cusi abandonó las instalaciones del penal femenil de Santa Martha Acatitla a las 17:45 horas del
día 28 protegida por custodios y sus abogados defensores Ernesto Canales y César García
Méndez. Viajó a Yucatán, donde tiene su domicilio fiscal en la hacienda San Bernardo, del
municipio de Kopomá, y se marchó del país.
Su atrevimiento para demandar a la empresa mediática de la cual formó parte en los años dorados
de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, la condujo a la cárcel. Ahora, tanto ella como sus abogados
consideran cancelado y “sin efecto” el juicio civil 27/2007.
La historia de su aprehensión, detención y arraigo, así como la actuación de las autoridades de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), las presiones de los abogados de
Televisa y la intervención en el último momento del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal
Superior de Justicia capitalino constituyen una radiografía de lo que sucede cuando alguien se
enfrenta al poder del Canal de las Estrellas.
Detención
Con una celeridad inusitada, la PGJDF tramitó en menos de un mes la demanda presentada el 17
de marzo por Alonso Aguilar Zinser, abogado de Grupo Acal S.A. de C.V., filial de Televisa, contra
Paula Cusi por el delito de falsedad continuada de declaraciones.
La prueba fundamental, afirmó el litigante, es que en los dos primeros meses de 2011 Cusi fue
interrogada sobre si sabía “de un dictamen fiscal que habían elaborado unos auditores de la firma
Chávez, Ruiz y Zamarripa en 1998 sobre las responsabilidades de impuestos que habían
acarreado las ventas de acciones propiedad de la sucesión de Azcárraga Milmo”.
En varias ocasiones, Cusi afirmó que no conoció ese documento. Para demostrar lo contrario, los
abogados de Televisa presentaron una firma de recibido de Ignacio Armida Graham, abogado de la
exconductora.
A partir de esta denuncia, el Ministerio Público capitalino agilizó los trámites para detenerla. El
escenario fue la esquina de la calle de Niños Héroes, en la entrada del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal. Ella bajaba de un BMW gris cuando ocho agentes de la procuraduría

13. la detuvieron “en cumplimiento de una orden de aprehensión que se giró desde la semana
pasada”.
La tomaron por sorpresa. Ni Cusi ni su abogado Ernesto Canales, quien viajaba con ella en el
BMW, tenían conocimiento siquiera de que existiera una orden de aprehensión en su contra.
A unos metros del lugar de la detención, el equipo de abogados de Televisa, encabezados por
Alonso Aguilar Zinser, Alejandro Bustos Olivares y Everardo Hegewisch, más sus asistentes,
observaban la escena. Molesto, Canales les reclamó que utilizaran “métodos gangsteriles”.
Impasible, Aguilar Zinser dice a Proceso que la detención se realizó “absolutamente conforme a
derecho”.
Horas después, cuando ya en las redes sociales había trascendido el caso, el procurador
capitalino, Miguel Ángel Mancera, confirmó los hechos y aclaró que la señora había sido detenida
“en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez penal radicado en el reclusorio
de Santa Martha Acatitla”.
De manera inusual, la PGJDF emitió un comunicado para justificar su actuación. La rapidez con
que se elaboró el boletín provocó que se difundiera con erratas (por ejemplo, se confundió a la juez
69 con el juez 89 de lo penal). En el último párrafo del documento se indica:
“Cable aclarar que obran en la indagatoria de mérito dos citatorios de fechas 25 y 30 de marzo de
2011, girados para que (Paula Cusi) se presentara a comparecer en carácter de probable
responsable.”
Entrevistado en el penal de Santa Martha Acatitla 26 de abril, el abogado César García Méndez
describe así la serie de irregularidades cometidas por la PGJDF en la detención de Cusi:
“En primer lugar, la averiguación previa se inició el 16 de marzo y se integró en su totalidad el 13
de abril, menos de un mes después. Si usted ve, el término promedio de la integración de una
averiguación previa es superior a seis meses.
“En segundo lugar, el Ministerio Público capitalino no solicitó copias certificadas del expediente; no
realizó ninguna visita de inspección; no compulsó los documentos que la parte acusadora había
presentado como pruebas con la parte original, y no realizó ninguna diligencia en relación con la
indagatoria.”
–¿Qué hubiera representado una visita de inspección? –se le pregunta a García Méndez.
–Apersonarse en el juzgado, solicitar el expediente, verlo, examinar las constancias que obran en
autos y ver si coincidían. Sólo se basaron en la denuncia y en las pruebas que presentó Grupo
Acal.
–El procurador Mancera asegura que sí se entregaron dos citatorios a la señora Cusi.
–Aparecen dos citatorios, supuestamente entregados a Cusi (el 25 y el 31 de marzo). Los dos
aparecen con un gancho que dice “recibí oficio”, literalmente. Los dos con la misma firma, la misma
pluma, la misma letra, sin identificar quién los recibió.
“Normalmente los citatorios se mandan por correo certificado. Esa es la práctica común de la
PGJDF. El hecho de que, por alguna razón que desconozco, los citatorios se hayan
supuestamente entregado de forma personal en un domicilio que no es el de Paula Cusi por sí
mismo es una arbitrariedad.
“Esos citatorios nunca fueron entregados. No existió tal entrega. Quiero decir que los citatorios
fueron supuestamente entregados en mi oficina. Yo tengo elementos para comprobar que nunca
fueron entregados ahí.”
En declaraciones a la prensa hechas el mismo 26 de abril, el procurador afirmó que uno de los
obstáculos para citar a declarar a la viuda de Azcárraga Milmo fue que vivía fuera del país.
“La problemática de que viva en el extranjero será un tema complicado, pero las constancias están
en la indagatoria y ahí es donde hay que remitirnos”, declaró el funcionario a los medios.
Sin embargo, desde hace varios años Cusi tiene su domicilio fiscal en la exhacienda henequenera
San Bernardo, en el municipio de Kopomá, Yucatán, donde pasa largas temporadas.
El reportero llamó a ese domicilio y habló con doña Elsa, el ama de llaves de la hacienda, para
saber si a ese lugar había llegado algún citatorio ministerial. “No se recibió ningún citatorio. Nunca
llegó nada aquí”, afirmó.
–¿La señora Cusi ha recibido otras notificaciones en ese domicilio?
–Sí. Este es su domicilio fiscal en México.

14. Maniobras
Durante los cuatro años que se prolongó el juicio civil, ambas partes litigaron y lograron algunos
avances. En el último año se ventilaron ante la juez 62 de lo civil documentos comprometedores
sobre las finanzas de Televisa y su proceso de saneamiento financiero.
Como una muestra de “deferencia” hacia los personajes involucrados, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, ofreció desde 2010 su propia oficina,
ubicada en la calle de Niños Héroes, en la Colonia Doctores, para que ahí se desahogaran las
diligencias.
El 21 de febrero de 2011, la audiencia tuvo que suspenderse. Todo el personal del edificio fue
desalojado debido a una supuesta “amenaza de bomba”. A la sede del Tribunal Superior de
Justicia llegaron incluso las cámaras de Televisa, pero no se difundió ninguna nota al respecto.
La juez Morales Romero le ofreció a las partes que podían continuar la diligencia en su juzgado,
para aprovechar que estaban todos presentes. Cusi y sus abogados estuvieron de acuerdo; sin
embargo, Ángel Peña, integrante del equipo de abogados de Televisa, rechazó la propuesta.
Doce días después, el 3 de marzo, el número 43 del Boletín Judicial del Consejo de la Judicatura
capitalina informó que la juez Morales Romero había sido relevada del caso, al quedar adscrita al
Juzgado Quinto.
En su lugar quedó la licenciada Haydeé de la Rosa García, quien pasó del juzgado 36 al 62 de lo
civil. El abogado García Méndez consideró que este cambio afectaba el proceso porque eso
significaba esperar a que la nueva juez se “empapara de los detalles del caso”, lo cual retrasaba el
juicio y despertaba sospechas de favoritismo.
El 25 de abril, dos meses después de la sesión interrumpida por la “amenaza de bomba”, Elías
Azar ofreció de nueva cuenta su oficina para que Cusi acudiera a continuar con su declaración.
A las 9:30 de la mañana, ella no pudo ingresar al edificio del Tribunal Superior de Justicia: fue
detenida y trasladada de inmediato al penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Adentro de la oficina de la presidencia del tribunal, en presencia del reportero de Proceso, los
abogados Canales y García Méndez le reclamaron a Elías Azar.
–Licenciado, ¿cómo considera esta detención, a las puertas del Tribunal? –le preguntó el reportero
al presidente del Poder Judicial capitalino.
–Mire: mejor no declaro nada porque estoy muy encabronado –y salió de su oficina.
Al día siguiente, el 26 de abril, Édgar Elías anunció ante los medios que había encargado al
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal que realizara “una visita especial al juzgado para que
haga una revisión minuciosa y me puedan dar detalle del expediente”.
La inspección dio resultados en menos de 24 horas. El 27 de abril, Elías Azar aclaró que “no se
observó absolutamente nada” irregular y que “la actuación de la juez ha sido dentro de los
parámetros normales”.
De acuerdo con la normatividad, el Consejo de la Judicatura no era la instancia adecuada para
revisar fallas procesales, ya que sólo puede revisar faltas administrativas.
Desistimiento
Desde las primeras horas del mediodía del 25 de abril, en las instalaciones del penal femenil de
Santa Martha Acatitla, el representante jurídico de Televisa, Alejandro Bustos Olivares, realizó
negociaciones informales con los abogados de Cusi y dejó en claro que la viuda de Azcárraga
Milmo podía quedar en libertad si se desistía del reclamo del pago de 4% del valor total de la
empresa.
Para ese momento Ernesto Canales había considerado que la actuación de la procuraduría en la
detención de Cusi era “una vergüenza”. Desde su reclusión, Cusi hizo una llamada a sus familiares
y consideró su aprehensión como un “secuestro”.
El 27 de abril, la defensa de Cusi se desistió ante la juez Nelly Ivonne Cortés Silva de solicitar la
duplicidad del término de 72 horas para presentar pruebas y testigos a favor de la detenida.
Ninguno de los testigos de descargo acudió a la diligencia.
Estaban citados Ignacio Armida Graham, exapoderado legal de Cusi, quien supuestamente recibió

15. el informe fiscal de los auditores Chávez, Ruiz y Zamarripa, así como Ricardo Aguirre Marín,
apoderado de Grupo Acal, S. A. de C. V., filial de Televisa que emprendió la acusación penal.
El día 28, al cumplirse el plazo constitucional de 72 horas, la juez 69 resolvió liberar a Cusi al
considerar que no había elementos suficientes para procesarla. César García Méndez y Alonso
Aguilar Zinser confirmaron que la liberación de Cusi fue resultado de una negociación. Ella se
desistió de la denuncia 27/2007.
Poco después, el procurador Mancera anunció que la dependencia a su cargo no apelará la
decisión de la juez y expresó su acuerdo en la liberación de la viuda de Azcárraga Milmo.
Pasadas las cinco de la tarde, con el rostro cubierto por una chamarra negra, Cusi abandonó las
instalaciones de Santa Martha Acatitla en un Tsuru color rojo. No hizo declaraciones a la prensa.
No se dejó fotografiar.
El episodio judicial entre Azcárraga Jean y su madrastra parece concluir con un arreglo después de
72 horas de presión moral y física en contra de la demandante.
5. Un largo y tortuoso litigio
Jenaro Villamil
El 18 de enero de 1996, Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, firmó ante el notario Juan Manuel García
de Quevedo y Cortina su testamento. Dividió en seis partes iguales su fortuna (16.66% cada una),
consistente en las acciones de Grupo Televicentro, Grupo Triple C y Grupo Televisa que él poseía.
El reparto se realizó entre seis personas: Paula Cusi, su esposa desde 1970; sus tres hijas
Alejandra Patricia, Ariana Cristiana y Carla Laura; su único hijo varón, Emilio Azcárraga Jean, y su
última pareja sentimental, Adriana Abascal.
El 3 de marzo de 1997, un mes antes de fallecer, El Tigre operó la parte más complicada de su
herencia: traspasó el mando de Televisa a su hijo, Emilio, a quien nombró director general, y a
Guillermo Cañedo White como presidente del consejo de administración.
La dualidad de mandos ocasionó que los primeros meses de conducción del imperio televisivo
fueran muy complicados; sin embargo, a comienzos de 1998 Azcárraga Jean ya tenía los hilos del
control de Televisa: reportó ante la autoridad bursátil estadunidense que había pasado de tener
10% a 50.3% del consorcio.
Apoyado por el gobierno de Ernesto Zedillo y con créditos otorgados por Banco Inbursa y otras
instituciones financieras, el heredero de El Tigre adquirió las acciones de sus primos los Diez
Barroso, y se vendieron las partes correspondientes de la familia Alemán, de los Cañedo White, de
Alejandro Burillo Azcárraga e, incluso, el 10% de Paula Cusi.
Sin embargo, el reparto del legado de El Tigre dejó inconformes a las dos herederas que no
formaban parte de la dinastía Azcárraga: a la exreina de belleza Adriana Abascal, y a la última
esposa legal, Paula Cusi.
La primera se desistió pronto de la demanda por presunto despojo que interpuso ante el Juzgado
33 de lo Civil Familiar. Abascal argumentó un presunto fraude, que consistió en la manipulación de
la compra-venta de los Certificados de Participación Ordinaria (CPO), y que se modificaron en su
perjuicio 108 millones 267 mil CPO, con valor de 90 millones de dólares. Televisa presionó y logró
un acuerdo con Abascal, quien se desistió de su querella, se fue del país y se casó con el principal
accionista de la empresa española Telefónica.
Cusi esperó 10 años para llegar a los tribunales. En términos muy similares a los de Abascal, la
exconductora de televisión presentó una demanda por presunto despojo de la sexta parte que le
correspondía de las acciones legadas por Azcárraga Milmo. Todavía más: incorporó otros
elementos que obligaban a abrir las cuentas de los activos y pasivos de Televisa, así como el
famoso crédito de 40 millones de dólares que le otorgó Banco Inbursa, de Carlos Slim, al Tigre, y
que luego se convirtieron en 60 millones de dólares de pasivos.
El argumento central de la demanda civil de Cusi fue que los albaceas de la sucesión de Azcárraga
Milmo –Rubén Fuentes Colín y Julio Barba Hurtado– permitieron la compra-venta de acciones del

16. legado de El Tigre antes de que concluyera el reparto de la herencia, que se hiciera el inventario
de bienes y se conocieran las dimensiones de la situación financiera y fiscal del emporio televisivo.
Alegó que de manera conjunta con los albaceas, otros accionistas, instituciones financieras y
autoridades bursátiles, Azcárraga Jean incrementó de manera arbitraria los pasivos de la sucesión,
al pasar de 242 millones a 519 millones de dólares, para incumplir con el reparto del legado y tener
el control del conglomerado.
En la demanda acusó a su hijastro de vender “ilícitamente” los activos de Univisión y Panamsat, sin
la autorización del consejo de administración o de la asamblea de accionistas, y de haber
reestructurado a su favor la Deuda Alameda –como se conocía al débito con sus primos, los Diez
Barroso– sin contar con la autorización de los otros legatarios.
En otras palabras, el litigio no sólo arrojaba luces sobre el proceso de sucesión testamentaria, sino
de la operación política y de Estado para lograr que durante la administración de Zedillo el control
de Televisa quedara en manos de Azcárraga Jean.
Cúmulo de irregularidades
Este semanario pudo conocer detalles del juicio desde su comienzo, al acceder a las 160 fojas
originales de la querella. Los representantes de Televisa se negaron a dar su versión, con el
argumento de que no era “un asunto institucional”, sino un litigio privado (Proceso 1605).
En enero de 2011, en los últimos avances de este juicio se advertían diversas irregularidades.
Estos son algunos de los puntos espinosos ventilados durante el proceso:
–Se incorporó a la deuda de la sucesión un crédito por 20 millones de dólares que Azcárraga Jean
obtuvo de Banco Inbursa, sumándose al crédito anterior por 40 millones de dólares que contrajo su
padre. Los abogados de Televisa argumentaron que ese débito era válido porque se trasladó a un
fondo off shore, conocido como Romeo S.A., radicado en la República de Liberia (Proceso 1785).
–La sucesión no realizó “un inventario detallado, integral y formal de los bienes” de Azcárraga
Milmo, incluyendo el registro de CPO. Se elevaron los pasivos para dar la impresión de que se
trataba de una sucesión “quebrada” y se omitió registrar y reconocer activos importantes.
–En sus declaraciones ante la juez encargada del caso, los albaceas mancomunados de la
sucesión, Julio Barba Hurtado y Rubén Fuentes Colín, tuvieron varias contradicciones en sus
respuestas. Por ejemplo, mientras el primero negó tener conocimiento de que la deuda con Inbursa
era superior a 40 millones de dólares, Fuentes Colín admitió que sí lo sabía porque el crédito se
dividió en dos pagarés. “Un día antes de la muerte de Azcárraga Milmo, nosotros teníamos un
poder amplísimo que nos facultaba para hacer lo que hicimos”, declaró Fuentes Colín.
–El despacho de contadores Chávez Ruiz Zamarripa y Compañía S.C., entregó a los albaceas un
informe sobre los pasivos y activos iniciales de la sucesión. Barba Hurtado aceptó que sí firmó el
reporte, pero Fuentes Colín lo negó. Barba Hurtado aseguró que envió toda la información a
Ignacio Armida pero que Cusi se negó a firmar.
Ese informe originó la demanda y posterior aprehensión contra Paula Cusi, acusada de falsedad
de declaraciones. En contraste, las más de 40 contradicciones en que incurrieron los albaceas no
prosperaron como demanda penal. La querella fue interpuesta seis meses antes por los abogados
de la viuda de El Tigre.
6. Las trampas de Coca-Cola
Carlos Acosta Córdova
Un exejecutivo de la Coca-Cola en México interpuso una demanda contra la multinacional y dio
pormenores de cómo, mediante los esquemas de subcontratación (outsourcing) con empresas que
ella misma fundó, evade impuestos y no paga contribuciones al IMSS ni al Infonavit. El asunto está
en manos de la PGJDF y de la Secretaría de Hacienda, que podrían fincarle a la refresquera

17. cargos por diversos tipos de fraude. Pero esa no es la única que utiliza el outsourcing para
incumplir sus obligaciones... el SAT ya las investiga a todas
Es tan grande el desfalco al fisco –más de 30 mil millones de pesos cada año– y de tal magnitud la
sangría al IMSS que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda
emprendió un cruzada contra las empresas que utilizan los esquemas de subcontratación
(outsourcing) para evadir el pago de impuestos y achicar o no pagar las cuotas obrero-patronales
al Seguro Social.
Para el fisco y el IMSS las pérdidas por esas prácticas son, en conjunto, superiores a lo que se
recauda por el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), casi la décima parte de lo que se
obtiene por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) o el costo de quitarle dos puntos porcentuales a la
tasa actual, 16%, del IVA.
Desde 2008 –cuando entró en vigor el IETU (medida de control para las compañías que no
pagaban ISR o lo hacían en montos ínfimos) y disparó el uso del outsourcing–, Hacienda
emprendió una campaña de miles de actos de fiscalización contra todo tipo de empresas: equipos
de futbol, hoteles, restaurantes, agencias de publicidad, distribuidoras de automóviles, servicios de
limpieza y otras.
El SAT anunció que se lanzará con todo contra los llamados “grandes contribuyentes”, aquellos
que tienen más de 100 empleados.
De hecho, recientemente el titular del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dijo que la institución
tiene “bajo una profunda revisión de auditoría” a 50 grandes contribuyentes que han abusado de
los esquemas de outsourcing para burlar al fisco, al IMSS y hasta al Infonavit, pero también para
minimizar los salarios y las prestaciones de sus trabajadores.
Sin duda uno de las casos más relevantes es el de la refresquera Coca-Cola, que ya tiene
demandas laborales y penales; la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) se allega datos del
SAT para formular la querella correspondiente contra la trasnacional y su sucursal en México por el
probable delito de defraudación fiscal.
Al menos así consta en el oficio 529-V-DGDF-1039/2010 que el 8 de noviembre pasado la
Dirección General de Delitos Fiscales de la PFF remitió a la Administración Central de Planeación y
Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT, con copia a la Dirección de Defraudación Fiscal
de la misma PFF.
En el texto, Víctor Manuel Martínez Contreras, director general de Delitos Fiscales, refiere a Rafael
Jaime Cantú Reyes, administrador central de Planeación del SAT, que una vez que la dirección a
su cargo analizó jurídicamente la demanda formulada por el ciudadano mexicano Ángel Alvarado
Agüero –exejecutivo de Coca-Cola– podrían desprenderse “hechos posiblemente constitutivos de
delito cometidos en agravio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por The Coca-Cola
Export Corporation, por SIAAGSA y por The Coca-Cola Export Corporation Sucursal México”.
Martínez Contreras solicita a Cantú información en ese sentido para que la Subprocuraduría Fiscal
Federal de Investigaciones –de la cual depende la Dirección General de Delitos Fiscales– pueda
formular “la querella que en derecho proceda”.
“Es necesario que la unidad administrativa competente del Servicio de Administración Tributaria
(SAT) realice previamente el estudio y análisis técnico contable, así como que ejerza sus
facultades de comprobación, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales relativas a las actividades realizadas” por las empresas antes mencionadas “y quien o
quienes resulten responsables”.
El funcionario le pide al SAT que aplique las acciones pertinentes para revisar a fondo el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de aquéllas en los últimos años a fin de allegarse “los
elementos necesarios para que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones pueda
ejercer las facultades que tiene conferidas”.
Esto significa que el SAT y los órganos competentes de la PFF, por atribuciones que les confieren
el Reglamento Interior de la SHCP y el Código Fiscal de la Federación, están metidos revisando
papeles, interrogando a funcionarios, verificando la operación de los sistemas y registros
electrónicos… poniéndole la lupa a Coca-Cola en todo lo que tenga que ver con el pago de
impuestos y cuotas al IMSS.

18. Coca-Cola, el paradigma
Los esquemas de subcontratación de personal –aun antes de que se conocieran con el anglicismo
de outsourcing– existen en México por lo menos desde los setenta. Instituciones bancarias y de
servicios fueron las primeras en usarlos: para reducir el costo de su nómina contrataban
trabajadores de empresas externas para tareas específicas necesarias que no eran parte esencial
de la creación del producto o la prestación del servicio básico.
Así empezaron a contratar por fuera a trabajadores de limpieza, de mantenimiento o de seguridad,
entre otros. Con el paso del tiempo, y por la apertura comercial que obligaba a las empresas a ser
más eficientes, reducir costos y defender su rentabilidad, los esquemas de subcontratación se
ampliaron a otros rubros.
Entre ellos: soporte técnico informático a los usuarios, gestión de llamadas telefónicas (call
centers), relaciones públicas con el cliente, almacenamiento y procesamiento de datos;
mantenimiento de equipos de cómputo y hasta procesamiento de nóminas.
Pero en la era de la globalización, que supone una competencia feroz, el esquema empezó a
pervertirse y el término outsourcing perdió su sentido original.
Una de las nuevas modalidades es que las compañías crean sus propias outsourcings y les
trasladan prácticamente toda su plantilla laboral y casi toda la actividad productiva, con lo que se
desentienden de salarios y prestaciones, y reducen sus obligaciones con el fisco, el IMSS y el
Infonavit, pues en teoría las matrices no tienen empleados o tienen muy pocos.
El ejemplo de Coca-Cola es ilustrativo. Su modelo no es nuevo pero ha servido de ejemplo a
cientos de empresas mexicanas que en los últimos años hallaron en la subcontratación la gran
puerta para evadir el pago de impuestos y de contribuciones a las instituciones de seguridad social.
En 2007, Ángel Alvarado Agüero –exdirector de Desarrollo de Mercado de Coca-Cola en México y
otros países y despedido presuntamente sin justificación– interpuso una denuncia por fraude ante
la PGR, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el IMSS e instancias judiciales y laborales del
Distrito Federal. La historia es la siguiente:
En 1986, The Coca-Cola Export Corporation –filial de The Coca-Cola Company, la mayor
refresquera del mundo– y su sucursal en México, del mismo nombre, crearon aquí Servicios
Integrados de Administración y Alta Gerencia (SIAAGSA) con el fin de que ésta contrate personal,
cubra salarios, expida recibos de nómina y se haga cargo de las prestaciones de los empleados de
aquélla.
Así The Coca-Cola Export Corporation sucursal México –fabricante de los concentrados para la
elaboración de los refrescos y que luego vende a los embotelladores– técnicamente no tiene
empleados y en consecuencia no reparte utilidades y no paga impuestos (o lo hace al mínimo) ni
cuotas al IMSS.
El hecho es grave pues los 85 mil trabajadores que dice tener la refresquera en el país –presume
de ser el quinto empleador más grande del país– están separados jurídicamente de The Coca-Cola
Export Corporation sucursal México, que es la que genera la verdadera riqueza, fundamentalmente
por la venta de concentrados.
Al estar legalmente fuera de esta empresa, los empleados no ven un quinto de las utilidades reales
de la compañía, sino sólo de las que genera SIAAGSA, que para efectos fiscales y laborales es
ajena a Coca-Cola México, su único cliente, pero que es dirigida por los mismos ejecutivos de la
refresquera.
Hacienda, el IMSS y los trabajadores ven muy poco dinero del que realmente les correspondería
por los alrededor de 700 millones de dólares de utilidades que obtiene cada año Coca-Cola en
México.
Si bien el esquema ha funcionado bien durante 25 años con la complacencia de las autoridades,
desde hace tres años el modelo es seguido por otras compañías pero en número creciente: de
menos de 3 mil empresas de outsourcing en 2006 ahora hay cerca de 20 mil, según el doctor
Arturo Urbina Nandayapa, abogado fiscalista especialista en el tema, exfuncionario de Hacienda y
asesor del SAT.
Por el abuso del outsourcing, dice Urbina, ha habido casos trágicos, como el de los 65 mineros de
Pasta de Conchos que murieron sepultados y de los que se supo que más de la mitad no estaban
contratados por Grupo México –la minera de Germán Larrea Mota Velasco– propietaria de la mina
que explotó, sino por una compañía externa: General de Hulla.

19. Otros casos, dice, son los de las tiendas departamentales y de autoservicio que “no tienen
empleados” o los contratan con salario mínimo; el resto de su remuneración, si la hay, va por
cuenta de la outsourcing que les provee personal, que en la mayoría de los casos no los da de alta
ante el IMSS.
O casos escandalosos como el de los clubes de futbol, cuyos jugadores –dice Urbina Nandayapa–
no son empleados de la razón social del club pero reciben jugosos salarios que son cargados a
cuenta de conceptos diversos, especialmente de aquellos que no son gravados por ley.
Dice Urbina –autor, entre una cincuentena de libros, de Los delitos fiscales en México y El
outsourcing, kamikaze fiscal– que hay casos de jugadores de futbol que reciben hasta 4 millones
de pesos al mes; en su comprobante de nómina aparece una cantidad irrisoria, pero en otro recibo
aparece una abultada cifra bajo el concepto de “servicio de alimentos”.
Ha habido toda una “orgía” con el outsourcing, afirma el entrevistado. En cuatro años se ha
septuplicado el número de empresas dedicadas a la subcontratación y cerca de 4 millones de
mexicanos se han sumado al enorme ejército de trabajadores sin derechos, con salarios y
prestaciones precarios.
El INEGI le da la razón a Urbina Nandayapa: una de las novedades de los censos económicos de
2009, divulgados el año pasado, fue que el número de personas ocupadas, pero que no dependen
de la razón social que las emplea, se duplicó en cinco años.
En esa circunstancia estaban, según los resultados de los censos económicos de 2009, unas 2.8
millones de personas, casi 14% de un universo de 20 millones de ocupados. Uno de cada siete
trabajadores depende de una empresa ajena a aquella en la que presta sus servicios.
Según Urbina, esas compañías pueden darse de alta con una gran variedad de figuras jurídicas:
una Sociedad Anónima, como la refresquera; sociedad cooperativa, bajo el supuesto de que éstas
no pagan impuestos, o como “sociedad civil particular” o “asociación colectiva”.
Hay más de 40 modalidades, según el abogado, pero en todas subyace el mismo principio de la
simulación con el fin expreso de no pagar o reducir al mínimo el pago de impuestos, utilidades,
cuotas al IMSS, aportaciones al Infonavit y todo tipo de prestaciones.
The Coca-Cola Company
El pasado 27 de abril tuvo lugar en Atlanta, Georgia, la asamblea anual de accionistas de The
Coca-Cola Company. Muhtar Kent, presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo
de la trasnacional –opera en 200 países con más de 500 marcas– volvió a mentirle a los
accionistas, como el año pasado, al insistir en que Coca-Cola está libre de demandas, acusaciones
y procesos legales en diversos países o que los existentes carecen de bases.
Ray Rogers, accionista minoritario de la multinacional y fundador del sitio web killercoke.org –que
denuncia los atropellos y “crímenes” de la refresquera en todo el mundo– llevó a la asamblea el
caso de Alvarado Agüero, quien trabajó para SIAAGSA, para The Coca-Cola Export Corporation y
su sucursal en México y para la propia The Coca-Cola Company, y quien fue despedido
injustificadamente en 2007.
Al micrófono, ante un auditorio repleto de accionistas, Rogers cuestionó por qué el caso de
Alvarado Agüero, que ha escalado hasta las más altas instancias judiciales y tributarias –PGR,
SAT, PFF– no aparece en los reportes oficiales de la empresa de 2010 ni en el del primer trimestre
de 2011, dado a conocer un día antes de la asamblea.
Y preguntó por qué no se ha informado a los accionistas sobre el caso y las investigaciones del
gobierno mexicano, sobre todo porque de resultar ciertas las imputaciones de fraude contra Coca-
Cola, perdería una cifra “billonaria”, dijo Rogers.
Muhtar Kent, fuera de sus casillas, repitió que no hay ningún caso fundado contra Coca-Cola en el
mundo. Y menos en México, dijo, con cuyo gobierno “tenemos una excelente relación”.
Alegó que la compañía es uno de los más grandes inversionistas en México, que hace un gran
trabajo comunitario y que incluso ha recibido una invitación del gobierno federal para que el
Consejo de The Coca-Cola Company tenga una reunión en el país. “Todas las acusaciones son
falsas y sin fundamento. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo en México”, dijo.
Pese a lo dicho por el directivo, Felipe Gómez Mont, abogado de Ángel Alvarado en México,
asegura a Proceso que el caso sigue abierto en múltiples instancias judiciales en México porque el

20. esquema de outsourcing de Coca-Cola tiene implicaciones fraudulentas de tipo laboral, fiscal,
penal y administrativo, entre otras.
El expediente laboral 390/2007 está en proceso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la
averiguación previa FDF/T/T2/1078/08-12 abierta por la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal está integrándose y además, asegura: “Varios implicados de alto nivel de Coca-
Cola, entre ellos James Quincey (presidente de Coca-Cola México cuando Alvarado demandó a la
empresa), deberán presentarse a declarar en México porque así lo han ordenado perentoriamente
autoridades judiciales mexicanas”.
Además el SAT revisa las entrañas de SIAAGSA y de la Coca-Cola en México, y la PFF acumula
elementos para proceder en su contra. Los delitos probables: fraude fiscal calificado, fraude fiscal
en evasión de impuestos por simulación de actos y de contratos y fraude por omisión en el pago de
cuotas obrero-patronales al IMSS.
7. El expediente Chavarría
Miguel Ángel Granados Chapa
Es probable que carezca de toda utilidad. Que no sean más que legajos de oficios y acuses de
recibo, en los que suelen agotarse las indagaciones ministeriales. Pero la desaparición del
expediente BRA/SC/02/17512011, de la Procuraduría de Justicia de Guerrero es un
acontecimiento grave, que excede los límites de las insuficiencias burocráticas en cuyos laberintos
suelen extraviarse constancias e investigaciones penales. Significa la prolongación, y acaso la
culminación del procedimiento para dotar de impunidad a quienes mataron al diputado Armando
Chavarría.
Líder del Congreso guerrerense, como presidente que era de la Comisión de Gobierno (en que a
su vez figuraba en tanto que cabeza de la fracción perredista), Chavarría fue asesinado a las
afueras de su domicilio en Chilpancingo, la mañana del 20 de agosto de 2009. Varios agresores le
dispararon siete balazos que le arrebataron la vida inmediatamente. Hacía poco le había sido
retirada la escolta de que suele dotarse a un representante de su posición.
Chavarría se encaminaba, según varios indicadores, a ser el candidato del PRD a la gubernatura
de su estado natal. Si bien faltaba más de un año para que ese partido tomara la decisión que
llevaría a su candidato a participar en la elección de enero de 2011, no se avizoraba en el
horizonte político local ninguna figura capaz de disputarle la postulación. Culminaría con ella una
carrera iniciada en sus años juveniles, como dirigente estudiantil, y que lo había conducido a las
dos cámaras del Congreso federal. Derrotado por Zeferino Torreblanca en el proceso interno para
escoger candidato del PRD en 2005, y no obstante la rudeza de la contienda, Chavarría se avino a
ser secretario de Gobierno cuando Torreblanca puso fin a la hegemonía priista en Guerrero,
sostenida no sólo con los medios tradicionales de burla al sufragio, sino mediante violencia que
nunca fue castigada.
La relación entre Torreblanca y Chavarría era ambigua, oscilante, según convenía a los intereses
de cada quien. Pero subyacía en ella una disparidad conceptual respecto de cómo debía obrar un
gobierno de izquierda en una entidad como Guerrero, tan castigada por la pobreza y la represión.
El gobernador, quien había llegado a la política electoral como dirigente empresarial en Acapulco,
donde fue alcalde, era en realidad un conservador al estilo priista. Chavarría, en cambio, mantenía
una vocación popular, acaso atenuada por las exigencias de la institucionalidad en que se
adentraba.
El asesinato de su correligionario y rival pareció no importar a Torreblanca. No acudió a la escena
del crimen, ni se presentó a ofrecer condolencias a la familia. Aun si hubiera sido rechazada su
presencia en el ámbito privado, pudo apersonarse en el recinto legislativo donde se honró al
legislador ultimado. Tampoco acudió a encabezar las primeras diligencias ministeriales el
procurador Eduardo Murueta, caracterizado por la negligencia de su desempeño, notoria por el

21. abandono en que mantuvo las averiguaciones de líderes políticos y defensores de derechos
humanos.
Con todo, la presión del comité nacional del PRD y la de las bases próximas a Chavarría obligaron
al gobernador a prescindir de Murueta, al que despidió antes de un mes después del crimen, sin
que avanzara en la indagación, si es que pretendió hacerlo. El 14 de septiembre presentó su
renuncia, carente de la confianza pública para enfrentar el delicado caso al que él no concedió
relevancia. Una semana después, como nueva muestra de su desinterés por el asunto,
Torreblanca nombró subprocurador encargado del despacho a un abogado que, si bien nació en
Guerrero, había hecho carrera fuera de la entidad. Con el nombramiento de Albertico Guinto Sierra
(de verdad, así se llama) en la segunda línea de la Procuraduría, Torreblanca burló al Congreso
local, al que no reconoció su prerrogativa de confirmar la designación. Y de paso evitó asumir un
compromiso público, político además de jurídico, sobre el asesinato de Chavarría.
Ignorando la petición de que fuera nombrado un fiscal especial para el caso, Torreblanca hizo que
el responsable del Ministerio Público en la zona centro, Jesús Miranda Rodríguez, se ocupara del
expediente. Cuando se tuvo noticia de que la documentación no aparecía, Miranda Rodríguez,
quien había dejado de trabajar en la Procuraduría, fue buscado en su domicilio, donde no hay
rastro de su paradero.
La averiguación trazó cuatro líneas de investigación, según se informó de manera oficial: ámbito
político, delincuencia organizada, grupos armados y entorno personal. No obstante la ubicación y
la proyección de Chavarría, se puso el acento no en la primera, sino en la última línea. Por lo
menos el subprocurador Guinto se esmeró en filtrar presuntas actuaciones relativas al entorno
personal, con la obvia intención de demeritar la figura de la víctima. Se deslizó la insinuación de
que habían sido convocadas a declarar 60 mujeres con las que Chavarría mantuvo alguna
relación. Y también se sugirió que se hurgaba en las finanzas del político sacrificado. En un
aspecto de la confusa participación de la Procuraduría General de la República en la investigación,
esta dependencia averiguó si la señora Marta Obeso, viuda de Chavarría, poseía bienes
inmuebles, y se la señaló por su propio pasado político, como militante de agrupaciones radicales.
Chismes en vez de datos integraban el expediente. Y en vez de detener a los asesinos, fueron
capturados para someterlos a interrogatorios desconsiderados José Higuera, amigo cercano de
Chavarría, y el director del diario El Sur, Juan Angulo, quien el 29 de diciembre de 2009 tuvo que
responder 50 preguntas en presencia del subprocurador.
Sin que constara formalmente que la PGR haya atraído el caso, se dice ahora que el 4 de junio de
2010 se le turnó el expediente. Cuando el 1 de julio finalmente Torreblanca nombró a un
procurador, David Sotelo, ya no halló el legajo en su oficina, sino que ahora ha dicho que estaba
en la PGR. Ello significa que, sin decirlo expresamente, el Ministerio Público local se desentendió
del caso entonces. Y no se sabe que la procuraduría federal lo hubiera asumido a plenitud. Lo que
sí se sabe es que Albertico Guinto Sierra no entregó copia de las actuaciones a los abogados de la
familia, reconocidos como coadyuvantes,
Triunfante en las elecciones de enero, después de un tortuoso proceso interno, el gobernador
priista Ángel Heladio Aguirre, postulado por el PRD, designó procurador a Alberto Rosas López,
quien al tomar posesión y querer ocuparse del caso descubrió la falta del expediente. Tendrá que
comenzar de cero la investigación, dijo. Exalcalde de Acapulco, exdiputado federal, hijo del
legendario Rey Lopitos, dirigente de colonos invasores en ese puerto, el nuevo procurador goza de
la confianza de la familia, y de un sector relevante del perredismo guerrerense. Debe hacer rendir
ese su capital político al conducir directamente la búsqueda del expediente Chavarría o al
encabezar las diligencias que nunca se realizaron para saber quién mató a quién, a esta fecha,
acaso fuera gobernador de Guerrero.

22. 8. Boda real, Boda global
Alma Rosa Alva de la Selva
El principesco enlace del pasado 29 de abril habrá de ser recordado por muchos motivos, uno de
ellos: la exhibición de lo que resta de la opulencia monárquica en el contexto de una economía
recesiva y el desempleo que aquejan a la Gran Bretaña, a los cuales la boda regia quizás pudo dar
un respiro. Pero existen también otras razones significativas que han hecho de éste uno de los
acontecimientos más relevantes de lo que va del siglo: su despliegue de medios.
Suceso global llevado a un género televisivo que se fraguó en las casi heroicas transmisiones a
“control remoto” o “en directo” de la época donde la televisión era dueña de la escena, la unión
matrimonial de la pareja británica, ritual colectivo, ha pasado a formar parte de la lista de los
“grandes acontecimientos mediáticos” mundiales, entre los cuales figuran la propia boda del
príncipe Carlos y Diana, los sucesivos Juegos Olímpicos y el Mundial de Futbol, los viajes de Juan
Pablo II y, por supuesto, la llegada a la Luna. Sin embargo, esta vez hubo elementos innovadores.
La presencia de medios, con la TV a la cabeza, complementada de forma notable por los diversos
espacios aportados por la “red de redes”, ciertamente resultó espectacular: según las estimaciones
del caso, la ceremonia oficial habría sido vista por 2 mil millones de personas en el mundo, en lo
que viene a ser una de las audiencias más numerosas de que se tenga registro y con una
estrategia sin precedente…
Y es que, en paralelo a la transmisión televisiva convencional, la boda también fue transmitida en
vivo por internet a través del canal oficial de la familia monárquica inglesa, utilizando la señal de TV
emitida por la British Broadcasting Corporation (BBC), la casa real activó en YouTube (la vitrina
global de videos) un blog multimedia con diversos materiales sobre el acontecimineto, entre ellos el
video oficial Wedding Book, donde quien lo deseara pudo enviar su propio video de felicitación a la
pareja. Se previó que las fotografías del acontecimiento fuesen mostradas en el sitio Flikr en
internet, mientras que vía una cuenta en Twitter, integrada al blog en directo, se ofreció información
actualizada todo el día. Todo esto sin contar la página que la familia real sostiene en Facebook…
Resultó interesante comprobar que, no obstante los tiempos actuales, en donde la televisión se
imbrica crecientemente con la web, la intensa cobertura por internet del enlace entre el príncipe
Guillermo y Kate Middleton estuvo aún lejos de traducirse en el desplazamiento de la TV como el
medio privilegiado por las mayorías para “estar presentes” en los acontecimientos globales. Si bien
quedó claro que hoy en día la otrora “reina de los medios electrónicos” tendrá que compartir su
dominio con la red de redes y sus fascinantes recursos, es necesario recordar lo que
acertadamente ha hecho ver Dominique Wolton –estudioso de las consecuencias políticas y
culturales de la globalización de la información y la comunicación–: al gran potencial de los medios
interactivos por impulsar la individualización en las prácticas comunicacionales, los medios masivos
o “clásicos”, como la televisión, ubicados en una dimensión colectiva, continúan ofreciendo
interesantes posibilidades, como la de contribuir al vínculo social en sociedades por demás
heterogéneas por reunir en torno a un tema, al menos durante un espacio de tiempo limitado y
efímero, a públicos de gran envergadura, aunque sin mayores elementos en común.
Ésa es –sostiene Wolton– “la grandeza” de los medios de comunicación masivos y la oferta de la
TV en el escenario global: mantener juntos ambos extremos de la cadena, la dimensión individual y
la dimensión colectiva