1. La semana pasada, ocupó un espacio destacado en casi todos los medios de España que a
Diego Martínez Santos, un investigador español que acababa de recibir el premio de la
Sociedad Europea de Física al mejor joven físico de partículas del año, le habían denegado un
contrato del programa Ramón y Cajal, creado para recuperar cerebros del extranjero. Martínez
Santos, que trabaja en Ámsterdam, no es el único físico que no ha logrado una de esas ayudas
y, posiblemente, ni siquiera el que tiene mejor curriculum de los que se han quedado fuera.
La fuga de cerebros, ¿”un topicazo”?
El Gobierno español no puede ofrecer un contrato a jóvenes como Jonay González, un
investigador del Instituto Astrofísico de Canarias que, con 33 años, ya ha liderado un trabajo
que fue portada de Nature, la revista científica más prestigiosa del mundo. Tampoco tiene
capacidad para retener el talento del físico alemán del Instituto de Física Interdisciplinar y
Sistemas Complejos (CSIC/UIB) de Palma de Mallorca Daniel Brunner, que con 31, ya ha
publicado en la propia Nature, en Science y en PhysicalReviewLetters. Y lo mismo sucede con
Marian Tórtola, del Instituto de Física Corpuscular (CSIC/UV) de Valencia, que recibió en 2009
el premio a la mejor investigadora novel en la modalidad de Física Teórica por la Real Sociedad
Española de Física (RSEF) y la Fundación BBVA, y forma parte del consejo editorial de una de
las mejores revistas científicas de su campo, entre otros méritos. Y estos son solo algunos
casos.
Ninguno de ellos ha logrado uno de los 175 contratos que ofrece el programa Ramón y Cajal,
creado para atraer a cerebros fugados y retener el talento científico que ya está en España. Si
lo hubiesen conseguido, el Gobierno tendría que proporcionar a estos científicos de categoría
mundial un sueldo de 33.720 euros anuales, aproximadamente un tercio de lo que cobra, por
ejemplo, un concejal del Ayuntamiento de Madrid. A esa cifra habría que añadir 40.000 euros
para cubrir durante cuatro años los gastos relacionados con el desarrollo de su investigación y
100.000 más para ayudar a crear para ellos un puesto de trabajo en el centro de investigación
o la universidad correspondiente al final de su contrato. En total, el programa, que dura cinco
años, tiene un coste de 54 millones de euros, mucho menos, por ponerlo en contexto, que los
68,7 millones de euros que recibió solo José Ignacio Goirigolzarri cuando abandonó su puesto
de consejero delegado en el BBVA o los 88,1 que se embolsó su homólogo en el Santander,
Alfredo Sáenz.
Descontento con la evaluación
El programa Ramón y Cajal ha visto reducido su número de plazas desde las 800 con que
arrancó en el 2000, hasta las 175 que se han convocado para este año y que quedarían en 400
si se le suma el programa Juan de la Cierva, una escisión del Ramón y Cajal original, peor
dotada, para investigadores con menos experiencia. A las dificultades por la reducción de
plazas, el descontento entre quienes no han logrado ser seleccionados, en particular en el
campo de la física, se ha agravado este año por la forma en que se ha explicado la decisión. La
evaluación se ha realizado en dos partes: cuatro apartados en los que evaluadores externos
valoraban las aportaciones científicas del candidato y su participación en centros y proyectos
internacionales y un quinto, valorado por un comité en el que se incluían miembros del
Ministerio de Economía y Competitividad, en el que se tenía en cuenta el potencial de
2. liderazgo y la relevancia internacional del investigador.
Varios investigadores de gran nivel, como los mencionados antes, lograron puntuaciones por
encima del 90% en los cuatro primeros apartados. Sin embargo, todos ellos suspendieron en el
quinto, donde solo obtuvieron 9,9 puntos sobre 20. Esa llamativa coincidencia, décima
incluida, no se corresponde además con la explicación que ofrecen los evaluadores para
justificarla. En el caso de Martínez Santos, por ejemplo, se afirma que “el solicitante ha
alcanzado en su campo un nivel de relevancia internacional algo menor que el de
investigadores de edades similares a la suya”. El físico español merece, en opinión de los
evaluadores, una puntuación idéntica a la que recibe Brunner, al que sin embargo se valora
mucho mejor diciendo que, dada su edad, “el candidato disfruta de un reconocimiento
apreciable por parte de la comunidad investigadora”. A Jonay González, que tiene una
puntuación global aún superior a la de Brunner, se le valora en términos menos entusiastas
afirmando que “el solicitante ha alcanzado en su campo un nivel de relevancia internacional
comparable al de investigadores de edades similares a la suya”.
El comité responsable del último punto de la evaluación, en el que hay representantes de la
Secretaría de Estado de I+D+i, contraviene los mismos mandatos que ofrece a los evaluadores,
donde se afirma que “el informe debe ser claro, estar bien argumentado y ser coherente con la
puntuación”. Esta ambigüedad ha dejado una sensación de estupor en investigadores como
Brunner. “Es normal que si solicitas una beca tan competitiva, no siempre ganes, porque hay
gente muy buena”, afirma. “Pero aunque no recibas la beca, puedes utilizar la evaluación para
mejorar en el futuro”, añade. “A mí —continúa Brunner— en toda la evaluación me dicen que
soy muy bueno, y en la última parte, también, pero después me quitan la mitad de los puntos.
Leo eso y no sé qué mejorar, qué puedo hacer el próximo año”, concluye.
Evaluación minuciosa, en parte
El director de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), Julio Bravo, responsable
de la evaluación de los candidatos, explica cómo la criba de los aspirantes ya se produjo en los
primeros cuatro apartados, realizada por una comisión de expertos en cada área específica.
Después, las valoraciones de los candidatos llegaron a un segundo comité, la comisión
multidisciplinar de Ciencias Básicas, en el que se reunieron evaluadores, que también lo habían
sido en la primera fase, de física, matemáticas, química y ciencias de la tierra. Allí, se fijó la
puntuación del último apartado y se otorgaron puntuaciones hasta un máximo de 20. Sin
embargo, según cuenta Bravo, con las valoraciones de la primera fase ya se sabía quienes
tenían posibilidades de lograr un contrato y quienes no. Entre los primeros, se afinó en el
escrutinio para decidir quiénes eran por fin los elegidos, pero no se dio tanta relevancia a la
precisión en la evaluación de los que ya estaban descartados.
Bravo justifica la falta de la meticulosidad y las posibles incoherencias en la evaluación del
quinto punto diciendo que esos candidatos no tenían ya posibilidades y que haber sido más
minucioso con ellos habría alargado el proceso y retrasado la resolución, un problema que a
largo plazo puede hacer desaparecer años de ayudas. Un evaluador del área de física, que
mantiene que “los que han obtenido los contratos son los mejores atendiendo a los criterios
de la convocatoria”, reconoce que eso no justifica que el mismo dato se defienda con frases
3. tan diversas y entiende el malestar de los investigadores. El científico cree que estas
incoherencias son fruto del “experimento” que se ha realizado este año al reunir en una última
etapa disciplinas tan diversas que son muy difíciles de valorar con criterios homogéneos.
Otro experto que conoce bien el proceso afirma que el verdadero drama es la escasez de
plazas para un programa que ofrece contratos a investigadores de un enorme nivel. En su
opinión, “muchos investigadores que aspiran a estos contratos les dan veinte vueltas a los
miembros de tribunales en las universidades” y “no van a realizar trabajos que lo que hacen
muchas veces es quitarle la vocación a los investigadores”, en referencia a otro tipo de becas.
Bravo cree que “hasta el 50% de los investigadores que se presentan al Ramón y Cajal podrían
tener una plaza en el CSIC, en universidades y dirigir proyectos”. Sin embargo, concluye, “las
circunstancias del país son las que son”.
http://esmateria.com/2013/05/22/espana- ... en-madrid/