1. Código Penal: “Una vía para erradicar la esclavitud moderna”
Fuente: JL Presidencia de la República
Jueves, 03 de Noviembre de 2011 14:16
Quito (Pichincha).- El soberado lo dispuso y el Ejecutivo cumplió. La no afiliación de empleados
en relación de dependencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), es
considerada como delito en la propuesta de Código Integral Penal, que fue enviada a la
Asamblea Nacional.
Con este Gobierno “terminó esa esclavitud que se llamaba tercerización, y ahora, hay que
erradicar eso de la no afiliación al IESS porque es como una esclavitud moderna”, manifestó a
El Ciudadano, Imbar Muñoz, convencido de que las políticas laborales son acertadas.
A inicios de su período, el Presidente Correa anunció el fin de la intermediación y tercerización
laboral, que se materializó meses después. Sin embargo, hasta el primer trimestre del 2011, la
existencia de un millón de trabajadores dependientes sin Seguridad Social, emitieron la alerta
sobre la necesidad de nuevas medidas para caminar al trabajo digno.
Pese a las duras críticas de grupos empresariales, el Mandatario, puso a consideración del
pueblo ecuatoriano -el pasado 7 de mayo en la Consulta Popular-, la posible penalización de la
no afiliación al IESS. La propuesta obtuvo un contundente apoyo, siendo la pregunta que
registró mayor votación de las 10 planteadas en los comicios.
“Es necesario que todos los trabajadores sean afiliados al Seguro Social”, sostiene Luis Aníbal
Guamba, un jubilado, que dice no se imagina su vejez sin la pensión que recibe.
En el otro extremo está Celso Monar, un albañil de alrededor de 45 años, que no conoce ni
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siquiera los beneficios que le puede ofrecer estar afiliado al IESS. “Nunca fui afiliado en ningún
trabajo. Si ahorita hubiera la oportunidad de que me afilien a mi me gustaría mucho”, expresó.
Para el Ejecutivo, la seguridad social es un derecho irrenunciable y la no afiliación debe
constituirse en delito, pues los patronos estarían robando a sus empleados una jubilación
digna.
Gabriel Recalde, observador de las Políticas Laborales, dice que el problema de la no afiliación
al IESS va más allá de lo legal, se asienta en lo cultural y sociológico. Hay empresarios no ven
la necesidad de afiliar a sus trabajadores desde el primer día, sino desde los tres meses en
adelante. También, existen empleados que llegan a “acuerdos” de no afiliación con sus
patronos o de afiliación por un salario menor al que realmente perciben, pensando que ganan
cuando en realidad están perdiendo.
Destaca la gestión gubernamental, que dice, está convirtiendo los sueños en realidad. “Lo que
en nuestro tiempo se estudiaba como derecho laboral y era una quimera, hoy está siendo real
gracias a las políticas públicas que se implementan”, dice.
“Para que los procesos judiciales avancen, hay que tener dinero”
Se dicen sobrevivientes de la delincuencia y la injusticia. Son Washington Caicedo y Blanca
Arévalo, padres de Gabriel, un joven de 21 años que fue asesinado el 23 de febrero del 2009 y
cuyo crimen continúa en la impunidad. “Hemos visto toda la corrupción que hay en nuestra
justicia”, cuenta entre lágrimas Blanca.
Uno de los autores de la muerte de su hijo fue detenido, pero la Jueza Noemi Santillán, del
Juzgado 10 Penal de Pichincha, declaró nulo el proceso y ordenó su inmediata libertad,
alegando que el delito por el que se lo acusaba era de acción pública y que esa instancia
procedería “solamente” previa denuncia del ofendido, que en este caso estaba fallecido.
Para los esposos Caicedo, esta “barbaridad” se consiguió con dinero. Blanca recuerda que el
detenido le advirtió que saldría en 24 horas; “y yo decía, ¿será cierto?, ¿será así la justicia?”.
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Fuente: JL Presidencia de la República
Jueves, 03 de Noviembre de 2011 14:16
Ya no le quedan dudas.
Su vida gira entre juzgados, fiscalías y abogados. Revela que acudió a audiencias públicas
ajenas a su caso para conocer como debía actuar. “Andar día a día en los juzgados da ira,
sobretodo de ver como se mueven las cosas, para que avance el proceso usted tiene que tener
dinero”, dice indignada.
Cuenta que entre corredores de los juzgados se rumoran las tarifas. Por ejemplo, conoció que
un detenido que quería acogerse a medidas sustitutivas a la prisión debía tener mil dólares en
efectivo. Hasta dice que aprendió el “truquito” de entrar a las oficinas de los jueces con las
manos empuñadas –como si llevara dinero-, eso le garantizaba una pronta atención. JL/
Prensa Presidencial (Tomada de la versión impresa de El Ciudadano).
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