El documento describe la situación de los ciudadanos de segunda clase en Venezuela bajo el gobierno de Chávez. El autor ha sido víctima sistemática de violaciones a sus derechos humanos durante más de 6600 días mientras otros aplaudían la situación. Un ciudadano de segunda clase es alguien que es sistemáticamente discriminado a pesar de tener derechos formales. Tienen derechos legales y oportunidades limitadas y están sujetos al maltrato. Los problemas más graves incluyen limitaciones al voto, trabajo público, educación, libertad

1. Para todos aquellos que apenas hoy "reconocen" al chavismo
como dictadura, les informo que llevo 6634 días siendo víctima
sistemática de violaciones de mis #DerechosHumanos, tratado
como un #CiudadanoDeSegunda Clase en la misma patria que
mi vio nacer, mientras tú aplaudías (o guardabas silencio) con
mucho entusiasmo esta situación por algún favor económico
que curiosamente ya perdiste.
Pd. No hay resentimientos, si los tuviese fuera chavista.
Ciudadano de segunda clase, o directamente ciudadano de
segunda es una persona que es sistemáticamente discriminada
dentro de un Estado o en otra jurisdicción política, a pesar de
contar formalmente con derechos dentro de este Estado. La
ciudadanía de segunda clase generalmente es considerada
como una violación a los derechos humanos.
Si bien no se trata necesariamente de esclavos o delincuentes,
el ciudadano de segunda clase tiene derechos legales limitados,
así como también derechos civiles y oportunidad de
desarrollarse laboral y económicamente; y está, con frecuencia,
sujeto al maltrato y abandono de sus superiores putativos. En
lugar de ser protegido por la ley, ésta ignora la existencia de un
ciudadano de segunda e incluso puede ser utilizada para
acosarlo (como por ejemplo en los casos de abuso de la fuerza
policíaca).
Los problemas más graves a los que se enfrenta un ciudadano
de segunda son pérdida del derecho al voto, limitaciones a la
hora de trabajar como funcionario público o enlistarse en el
ejército, así como también restricciones en el lenguaje,
educación, libertad de tránsito y asociación, portación de
armamento, matrimonio y derecho a la propiedad.