Los derechos humanos son inherentes a todas las personas por el hecho de ser humanos, y no pueden ser negados o restringidos por ningún poder político. Estos derechos, establecidos en las constituciones y leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado para asegurar la dignidad, libertad y desarrollo integral de las personas. La protección de los derechos humanos es responsabilidad del Estado y de los servidores públicos para prevenir abusos y asegurar que todas las personas puedan participar en los asuntos públicos.