Cooperativistas de siete cooperativas de vivienda de Vitoria han denunciado una presunta estafa inmobiliaria relacionada con personas de la firma Gestnorte XXI. Piden la intervención de las instituciones para buscar una solución, ya que podrían perder entre 34.000 y 43.000 euros cada uno. Tres de las cooperativas mencionadas en la denuncia niegan cualquier relación con el caso a través de comunicados.

1. 02.01.10
Afectados por la presunta estafa de VPO exigen la intervención de las
instituciones
Cooperativistas lamentan «el caciquismo» de la gestora y aseguran que pueden perder entre 34.000 y
43.000 euros
Afectados por la presunta estafa inmobiliaria de VPO denunciada por
miembros de siete cooperativas de Vitoria han solicitado la intervención de las
instituciones para buscar una solución a la polémica. Estos ciudadanos
aseguran que los poderes públicos, «y en especial el Gobierno vasco», deben
tomar cartas en el asunto después de haber sufrido «el caciquismo» de la
gestión llevada a cabo por personas relacionadas con la firma Gestnorte XXI.
Este periódico publicó el miércoles que 220 cooperativistas se habían unido
para denunciar a tres ciudadanos relacionados con Gestnorte XXI por los
presuntos delitos de estafa continuada, falsedad documental y por llevar a
cabo diversas irregularidades societarias, así como «coacciones graves». La
polémica afecta a los propietarios de 500 pisos situados en diversos sectores
de Salburua y Zabalgana, tal y como recogió ese mismo día la revista Dato
Económico.
La denuncia global estaba impulsada por integrantes y ex socios de las
cooperativas de vivienda Bustablado, Arkayate, Gardiluya, Kakiturri,
Menditxaga y Gesaltza, aunque el documento aludía a que los miembros de la
sociedad Arrieta también habían sufrido «los mismos problemas».
Según estas familias, los denunciados pertenecían a un «entramado» en el que las mismas personas creaban y
controlaban las cooperativas, sus gestoras e incluso las firmas de construcción y arquitectura a las que al final
encargaban la edificación de las viviendas y la dirección técnica de las obras. Eso permitía que los demandados
«se autocontrataran» con «precios desorbitados».
Sorteados en 2006
Las inusual denuncia ha provocado un intenso debate ciudadano y las reacciones de los afectados no se han
hecho esperar. Por ejemplo, miembros de la cooperativa Kakiturri alertaron de que «están en peligro los más de
34.000 euros puestos por socio, 43.000 en el caso de algunas familias». Esta sociedad impulsa 48 pisos de VPO
en Salburua divididos en dos parcelas distintas, pero aunque el sorteo del Ayuntamiento se produjo en 2006 las
obras de sus viviendas están «paradas». Estas personas aseguran que han existido «contratos sospechosos» y
que han sido incapaces de cambiar el consejo rector de la agrupación porque en las votaciones «había
pucherazo», lo que les ha llevado a impugnar las asambleas.
02.01.10
Tres sociedades niegan los hechos y la presentación de la denuncia
Los consejos rectores de tres de las cooperativas que figuran en la polémica denuncia negaron el miércoles que
tengan «nada que ver» con el caso a través de sendos comunicados enviados a este periódico.
Los documentos, con textos casi idénticos y dirigidos al director de este medio, afirmaban que las cooperativas
Arrieta, Gardiluya y Gesaltza «no tienen nada que ver con las informaciones referidas, ni mantienen ningún
contencioso administrativo, civil, penal ni de ninguna otra índole con Gestnorte XXI, la empresa constructora
Bernedo Obras y Servicios S.L. o el estudio Estbar Arquitectura, S.L., ni con ninguno de sus socios,
administradores o empleados».
Los tres comunicados, fechados el 30 de diciembre, estaban firmados por «el representante de fases del sector 10,
Izarra, y el secretario y el tesorero» de Arrieta; por «el presidente del consejo rector» de Gardiluya; y por «el
presidente del consejo rector» de Gesaltza. Debajo aparecían las rúbricas, si bien ninguna de estas personas
estaba identificada con nombres y apellidos.