El documento analiza el caso de la empresa italiana Benetton y sus operaciones en la Patagonia argentina, las cuales han afectado a las comunidades mapuches que viven allí. Benetton ha adquirido grandes extensiones de tierra que son consideradas ancestrales por los mapuches. Esto ha dado lugar a conflictos y desalojos de mapuches de sus tierras. A pesar de que la constitución argentina reconoce los derechos de los pueblos indígenas, la justicia ha fallado repetidamente a favor de Benetton

1. El rol de los estados frente a las multinacionales:
Argentina y el caso Benetton
Abya Yala Internacional23 de octubre de 2012 19:17
Abya Yala, Argentina- El rol de los estados frente a las
multinacionales: Argentina y el caso Benetton.
(16oct12-Carlos Benítez Trinidad*-
globaleducationmagazine.com-ayi) Resumen: El
presente trabajo pretende explorar el papel de los
estados y su soberanía frente a una economía
subordinada al capitalismo globalizado teniendo como
una de sus consecuencias la falta de defensa de los
pueblos indígenas frente a los expolios de las grandes
multinacionales.
En este caso en concreto se analizará a la empresa
Benetton y su negocio de la tierra en Argentina y como
esto está afectando a las comunidades mapuches de la
región.
-The Role of the States Against the Multinationals:
Argentina and the Benetton Case
Abstract: The present work seeks to explore the role of
the nations about their sovereignty against an economy
under the rules of the globalize capitalism. One of their
consequences are the vulnerability of the indigenous
people against the multinationals’ power. Exactly in this
case, it will be analyzed the company Benetton and its
affairs in Argentina, and how this is changing the
“mapuches” communities of the region.
Key Words: Argentinian Government, transnational
corporations, indigenous development, globalization,
neoliberalism.

2. -
Introducción
Las grandes empresas transnacionales han ido
adquiriendo cada vez más influencia y poder con el
avance del capitalismo global durante el último siglo.
Hoy, las 500 mayores corporaciones controlan una
cuarta parte de la producción y la mitad del comercio
mundial, y su capacidad económica supera a la de
muchos países, teniendo más capital y potencial las
empresas que la suma del PIB de varios países juntos.
Ya que las compañías multinacionales han sido las
principales beneficiarias del proceso de globalización
neoliberal y, por ello, en el actual modelo
socioeconómico, los derechos sociales de la mayoría de
hombres y mujeres del planeta queden sometidos a la
lógica de un mercado dominado por las corporaciones
transnacionales.
En este contexto, resulta oportuno desvelar la existencia
de los conflictos que están siendo causados por la
expansión de estas empresas multinacionales: daños
medioambientales, desplazamientos de comunidades,
alzas de tarifas y deficiencias de los servicios públicos
privatizados, deterioro de los derechos laborales,
expolio de los recursos naturales, persecuciones a las
organizaciones sociales y sindicales y, en general, una
sucesión de abusos cometidos y de violaciones de los
derechos humanos.
La multinacional Benetton en Argentina
En 1896, el presidente argentino Uriburu, otorgó a
ciudadanos británicos cerca de 900.000 hectáreas de
tierra, a pesar de la legislación que prohíbe las
donaciones tan extensas y la concentración de tierra, de
más de 400.000 hectáreas, para una sola persona o
empresa. Poco después las tierras se vendieron a la
Argentinian Sur Land Company Ltd, violando una vez
más la ley que prohíbe la venta con fines de lucro de los
terrenos donados.
En 1975 un grupo de inversores argentinos compró un
paquete de acciones de esa empresa, que invertía en el
campo de la agricultura y la cría de animales, cuyo
nombre cambió en 1982, tras la nacionalización, en la

3. Compañía de Tierras Sud Argentino SA (CTSA). En
1991, la empresa italiana Benetton lo compró por 50
millones de dólares para el control a través de la
celebración de la CTSA Estate Edition Real,
convirtiéndose en el mayor terrateniente del país, con
900.000 hectáreas de tierra, de los cuales 884.000
están en la Patagonia.
Benetton cría en esa tierra 260 000 cabezas de ganado
vacuno, ovino y caprino para la producción de casi
600.000 kilos de lana para la exportación a Europa cada
año, más de 16.000 cabezas de ganado vacuno son
sacrificados.
La compañía italiana también invirtió 80 millones de
dólares en otros activos, incluyendo dominar a la policía
para controlar la zona, la construcción de un centro
turístico y la creación del Museo Leleque que pretende
contar y preservar la memoria de la Patagonia y los
indígenas Mapuche. También la multinacional controla
todas las instituciones locales y tiene fuerte influencia
en las instituciones nacionales. Para su plan de
inversiones, que incluye proyectos de reforestación,
sobre todo de pino, a un ritmo de 400 hectáreas por
año, Benetton recibe subvenciones del gobierno de
Argentina.
La adquisición de tierras por parte de Benetton implica
el desarraigo de la comunidad mapuche, todos los días
desalojados de sus tierras ancestrales, con serias
amenazas a sus medios de subsistencia basada en la
agricultura y la ganadería.
El plan de reforestación del Grupo Benetton no tiene en
cuenta el impacto de la plantación de árboles no nativos
y exóticos, como el pino, que alteran la biodiversidad
del territorio Mapuche. Los pinos, siendo árboles de
rápido crecimiento, consumen gran cantidad de agua
que sale de la tierra, secando el suelo y no contribuyen
a mejorar el efecto invernadero, ya que para este
propósito las que realmente sirven son los árboles de
crecimiento lento. Por otro lado el cierre de caminos
rurales dificulta la comunicación entre los diferentes
lugares y es imposible acceder a los cursos de agua y a
varias reservas mapuches.
El empleo que Benetton ofrece a los habitantes de la

4. zona no cumple con las condiciones mínimas de trabajo
y facilita el fenómeno de la discriminación laboral contra
los mapuches (Hacher, 2003). La labor de esta
multinacional constituye una violación sistemática de la
propia Constitución argentina, que el Estado no aplica
en su totalidad. La Constitución de la República
Argentina, de hecho, reformada en 1994, en el artículo
75, reconoce no sólo la diversidad étnica y cultural, la
preexistencia de los pueblos indígenas, sino también la
posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan, la
personalidad jurídica de la comunidad que se identifican
como tales y la participación en la gestión de los
recursos naturales. Además, la ley de la Provincia de
Chubut 3657, art. 34: “Se respeta la existencia de los
pueblos indígenas en su territorio, garantizando el
respeto de su identidad (…) se reconoce la posesión y
propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente han ocupado.”
Por tanto se ve que hace falta instaurar mecanismos
para el control de las operaciones de las compañías
multinacionales. Esto quiere decir, por una parte,
someter a Derecho todas las prácticas que atenten
contra los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, y, por otra, ajustar sus actividades
al derecho al desarrollo y a la soberanía de los pueblos y
naciones. Sin embargo, la realidad parece transcurrir
justamente en sentido contrario: el cuerpo normativo
relacionado con la mercantilización del sistema
neoliberal se ha ido perfeccionando cuantitativa y
cualitativamente, a la vez que el control de las grandes
empresas se ha ido vinculando con los sistemas
voluntarios y unilaterales que han ido penetrando en las
instituciones internacionales.
Con todo ello, se hace evidente la profunda asimetría
que existe entre los derechos de las empresas
transnacionales, que se protegen mediante los múltiples
acuerdos que forman el nuevo Derecho Corporativo
Global –que se concreta en una serie de normas y
acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales
promovidos desde instancias como la Organización
Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional–, y sus obligaciones a nivel
ambiental, laboral y social, que en buena medida se
dejan en manos de la ética empresarial y de los
acuerdos voluntarios. Dicho de otro modo: mientras la

5. seguridad jurídica de los contratos y de los negocios de
las compañías multinacionales se tutela desde la
fortaleza de la lex mercatoria, la ciudadanía no dispone
de sistemas normativos y de mecanismos de control
eficaces para verificar el cumplimiento de los derechos
humanos.
Esto se ve en la impunidad de Benetton a la hora de
violar el derecho, basándose en el derecho a la
propiedad privada, desconociendo (convenientemente)
la legislación vigente que reconoce los derechos a los
Pueblos Originarios. Estos derechos están consagrados y
establecidos en el Artículo 75, inciso 17 de la
Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la OIT y
en el artículo 34 de la Constitución de Chubut.
Historia del caso
El caso comenzó cuando en agosto de 2002, el
matrimonio compuesto por Atilio Curiñanco y Rosa Rúa
Nahuelquir, indios mapuches, ocuparon el lote Santa
Rosa, de 535 hectáreas, a raíz de un comunicado
enviado por un empleado del Instituto Autárquico de
Colonización (IAC, fundada en 1957, que trabaja en la
promoción de la colonización y el desarrollo de la tierra
en la región de Chubut), informándoles de que se trata
de tierras fiscales no explotadas. Ese mismo año, en
septiembre, la empresa italiana Benetton denuncia al
matrimonio Curiñanco por ocupación ilegal de la tierra y
ejerce presión sobre otras familias que viven en el
territorio comprado por Benetton. Al mes siguiente la
policía (comprada y financiada por Benetton) desaloja
por la fuerza a las familias, demoliendo sus hogares.
A pesar de las protestas y de la toma de tierra, un juez
dictamina en mayo de 2003 que las familias deben
abandonar las tierras. El caso salta a la opinión pública
internacional de mano de la Organización Mapuche
Internacional, por una carta enviada por el Premio
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel a Luciano
Benetton que fue publicada en la prensa italiana en julio
de 2004.
A lo largo de 2004 y 2005, Benetton intentó un
acercamiento a las comunidades ofreciéndole tierras
dentro de sus dominios, como en noviembre de 2004
con el ofrecimiento de la donación de 2500 hectáreas

6. que los mapuches rechazaron alegando que “Benetton
no puede dar algo que no le pertenece”. Otro intento de
la multinacional italiana fue la concesión de 7500 acres
de terreno un año después al Gobierno de la Provincia
de Chubut para “concretar un proyecto sustentable en
beneficios de las familias aborígenes de la región”
(Agosto y Briones, 2006).
A lo largo de estos dos años (2004/05) los
enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las
comunidades serán continuos, como cuando ocuparon
muchos activistas mapuches las carreteras que
conectaban la región con las tierras, impidiendo las
comunicaciones, esto supuso la fuerte intervención
policial, la detención de activistas mapuches y la
expulsión de varias familias que vivían en esas tierras
(Benetton Group. 8 diciembre 2006).
El año de 2007 supuso un punto de inflexión en la lucha
de las comunidades mapuches por la recuperación de la
tierra (Agosto, 2007). Ya que el 14 de febrero de ese
año, la Comunidad Mapuche de Santa Rosa de Chubut
recuperó 625 hectáreas apropiadas por Benetton
animando a las comunidades que denunciaron por
usurpación a la empresa Tierras del Sud Argentino, del
grupo Benetton. A pesar de los logros, la justicia y las
autoridades argentinas siempre favorecieron a la
multinacional, viéndose esto en el dictamen en marzo
de ese año, del fiscal Omar Magallanes, de que las
comunidades mapuches no pueden encender fuego,
construir edificios, u otras prácticas de negocios en el
territorio recuperado en febrero de 2007 (Ibid.).
Presionando así a las comunidades. Dictamen que retiró
al año siguiente tras una inspección, ya que según
Benetton las actividades de las comunidades eran
perjudiciales para la tierra, situación que el fiscal
comprobó que no era cierta.
El 24 de mayo de 2009 (Ibid.)los representantes de las
comunidades indígenas de todo el mundo se reúnen en
la sede de la ONU en Nueva York para denunciar la
explotación de los recursos y territorios indígenas, en
contra del derecho internacional, incluido en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
Humanos y sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, adoptada por la Asamblea General en
septiembre de 2007. La declaración afirma que los

7. gobiernos y las empresas para iniciar la cosecha en los
territorios indígenas sólo pueden hacerlo con el
consentimiento previo de las comunidades residentes.
También requiere que las negociaciones se basen en el
principio de igualdad entre las partes.
El problema lejos de terminar, sigue en pie, con la lucha
entre la multinacional y las comunidades. En marzo de
este mismo año se ordenó el desalojo a la Comunidad
Mapuche Santa Rosa Leleque a poco tiempo de
celebrarse los 4 años de reafirmación territorial.
Una vez más la justicia, a través del juez Omar Higinio
Magallanes, responde a los pedidos del magnate italiano
Luciano Benetton, quién a través de la “Compañía
Tierras del Sud Argentino” lo venían solicitando.
Señalar una curiosa declaración de una mujer mapuche
llamada Rosa Rua Nahuelquir que dijo al diario El
Chubut que “más allá de que la justicia huinca diga que
le pertenece a Benetton, nosotros vamos a seguir ahí,
porque es una tierra ancestral de nuestros antepasados
y ahí viviremos. Esperamos que una vez en su vida la
justicia determine que es una causa justa para el Pueblo
Mapuche. Si dicen lo contrario una vez más vamos a
seguir creyendo que la justicia no existe, porque
lamentablemente si llegaran a fallar en contra: la
justicia no existe, existe la injusticia” (Diario el Chubut
14-02-2011).
La lucha por la recuperación de tierras es algo que
afecta también a los grandes estancieros argentinos que
ven peligrar sus propiedades. El caso más
paradigmático en la misma región fueron los estancieros
de Chubut que iniciaron una campaña donde
descalificaron a las comunidades Mapuche-Tehuelche
por recuperar tierras, a la vez “solicitaban” a la justicia
tener en cuenta el sagrado derecho civil a la propiedad
privada. Los terratenientes ven como un problema
lugares como Leleque, Gan Gan y la zona de la
cordillera.
En declaraciones al diario El Patagónico, Ernesto
Siguero, presidente de la Federación de Sociedades
Rural del Chubut consideró que “pseudo comunidades
aborígenes” se han instalado en campos de algunos de
los asociados de esa entidad ruralista. Según su

8. denuncia, se trata de “gente que dice ser de pueblos
originarios”, pero no lo sería (Diario El Patagónico, 03-
03-2011). No deja de ser curioso cuando entra dentro
de la descalificación la no pertenencia completa al título
de aborigen.
A causa de la apropiación salvaje por parte de grandes
terratenientes y multinacionales de las tierras y los
recursos pertenecientes a ellas de las comunidades
mapuches, que la habitan desde tiempos remotos,
mucho antes que esas compañías existiesen, antes de la
creación del estado argentino e incluso antes de la
llegada de los europeos, el pueblo Mapuche se organiza.
Ante las estrategias utilizadas por estos agentes que
defienden sus intereses capitalistas, el pueblo Mapuche
ha construido espacios de encuentro entre comunidades
y con organizaciones no mapuches que enfrentan
similares amenazas y saqueos. La necesidad de
compartir las diferentes experiencias de lucha,
intercambiar las distintas visiones del mundo, genera el
respeto por la diversidad y construye las estrategias
colectivas que forman la base de la red de resistencia,
en las que las voces del pueblo Mapuche se va
expresando desde la memoria histórica de sus luchas
ancestrales.
Conclusión
La justificación que han utilizado los Estados y las
empresas multinacionales para intimidar, desplazar y,
prácticamente, eliminar del mapa a muchas
comunidades indígenas ha sido la necesidad de explotar
los recursos naturales que albergan sus territorios, para
incorporarlos a la maquinaria de producción y consumo
del sistema económico global. Pero la visión que de
estos hechos han ido teniendo las sociedades y las
instancias internacionales ha ido cambiando.
Especialmente, a lo largo de las tres últimas décadas.
Con todo y con ello, a pesar de que se trate de afianzar
el mito de que los pueblos indígenas son atrasados y se
oponen al progreso, y de que se contraponga de
manera artificial el derecho de los pueblos indígenas con
el interés nacional, las organizaciones y redes
internacionales de solidaridad van a seguir denunciando
los impactos sociales, ambientales y culturales de las
actividades de las empresas transnacionales sobre los

9. pueblos indígenas. Porque, después de más de treinta
años de políticas neoliberales, no parece que toda esta
modernización forzada de nuestras sociedades esté
sirviendo para paliar las desigualdades y resolver los
conflictos sociales. Y, en ese sentido, lo que se
continuará demandando es, sencillamente, el derecho
de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio futuro
(Moro, 2010).
Una de las herramientas utilizadas en la búsqueda de
justicia alternativa han sido las audiencias del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP). Y es que el régimen
de permisividad, ilegalidad e impunidad en el que se
enmarca la actuación generalizada de las corporaciones
transnacionales en relación al derecho indígena hace
necesarios mecanismos adicionales a los de la justicia
ordinaria. Así, en las diferentes sesiones del TPP (nota
1) realizadas en los últimos cuatro años, los
representantes de los pueblos afectados por las
violaciones de los derechos humanos cometidas, de
manera directa o indirecta, por las multinacionales no
sólo encuentran un espacio para expresar sus
demandas, sino que asumen además un papel de
agentes de la justicia.
En definitiva, ésta y otras experiencias de denuncia del
poder corporativo confirman que las poblaciones y los
movimientos sociales de la región están inmersos en
largo proceso para rehabilitar la acción política como un
ejercicio de los pueblos y, a través de ella, defender la
primacía de los derechos y bienes universales y
comunales contra su apropiación por parte de las
compañías multinacionales. Todo ello cobra sentido para
que podamos reflexionar acerca de cómo los seres
humanos, que nacen libres e iguales en dignidad y
derechos recuperan, en el marco de una sociedad
democrática y participativa, el poder de decisión sobre
sus propios destinos. Y poder lograr así, en definitiva,
evitar la vulneración de los derechos humanos que
sufren las mayorías sociales del planeta.
El tema que está debajo de todo el conflicto entre
Benetton y los Curiñanco-Nahuelquir, es la soberanía
nacional del estado. Un gobierno necesita tener la
habilidad de controlar lo que pasa en su propio territorio
con sus propios recursos naturales y ver como esto
afecta los derechos de la población, especialmente los

10. que son minorías. Esto es difícil cuando el mercado
internacional y el poder económico empiezan a estar
involucrado pero el trabajo del gobierno es ser
intermediario entre los grupos domésticos y foráneos
(Bayer, 2006). La presencia fuerte de los extranjeros en
la Patagonia no es algo que va a desaparecer en el
futuro, pero seguramente va a crecer más con la falta
mundial de petróleo. Este conflicto entre lo moderno y
lo tradicional no existe solamente en la Patagonia, está
ocurriendo en todos los países que se están
desarrollando y no hay solución fácil. Es inevitable que
el mercado mundial va a ganar esta lucha entre los dos
sistemas salvo que el estado intervenga y proteja a su
propia gente desde este proceso.
El rol del estado nacional ha cambiado mucho en el siglo
de globalización. El papel del estado no es simplemente
proteger a su población de las fuerzas de otros países,
también de las fuerzas de la economía que ahora
amenazan a los derechos de cualquier país. La
soberanía del estado, también incluso el poder de
controlar lo que pasa en su territorio y la fuerte
presencia extranjera muestra que esto no es la realidad
en la Argentina. Las leyes y las prácticas para proteger
los derechos indígenas en Argentina no son iguales
porque el estado no ejerce su soberanía nacional, en
vez de eso, el mercado está manejando las acciones y
decisiones del gobierno argentino. Como en el caso del
matrimonio Curiñanco y las otras familias, los indígenas
no pueden regresar a sus tierras ancestrales que
todavía están explotadas por el estado y los extranjeros
para sus propias ganancias. Benetton y los otros ricos
que son dueños de la Patagonia siguen disfrutando de
los recursos naturales allí con el apoyo del gobierno al
precio de la violación de los derechos de los indígenas.
La sobrevivencia de las comunidades indígenas en el
futuro depende del rol que el estado tome para
defender a su propia gente de los poderes económicos y
muestre su soberanía en su propio territorio.
-
NOTAS
(1) Entre 2006 y 2010 se han llevado a cabo diversas
audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)
dedicadas a investigar y sistematizar los impactos de las
empresas transnacionales en América Latina,

11. especialmente de las europeas. Cabe destacar las tres
sesiones organizadas en conjunto con la Red Birregional
Europa, América Latina y Caribe Enlazando Alternativas
que se celebraron en Viena (2006), Lima (2008) y
Madrid (2010).
-
Referencias bibliográficas
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internacional, Trotta, Madrid.
Clavero, B. (1994) Derecho indígena y cultura
constitucional en América, Siglo XXI Editores, México
DF.
Harvey, D. (2004) El nuevo imperialismo, Akal, Madrid.
Hacher, S. (2003). “Corporación Italiana Benetton: Los
Colores Unidos de la Usurpación.” Periódico Mapuche
AZkintuWE Küyen, No. 2. Bariloche: Noviembre de
2003.
Agosto, P. y Briones, C. (2007) “Luchas y resistencias
Mapuche por los bienes de la naturaleza” en OSAL
(Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 22, septiembre
2007.
Agosto, P. (2007) “Cronología de los conflictos mapuche
en Puelmapu, Argentina 2003-2007” en OSAL (Buenos
Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 22, septiembre 2007.
Moro, A. (2010) “América Latina, a propósito de las
resistencias contra las transnacionales”, Pueblos, nº 43,
julio de 2010.
Bayer, O (2006). “La ocupación Efectiva de la región
Patagónica por parte del Gobierno Argentino: la
‘Conquista del Desierto’ y las Exploraciones por Perito
Moreno.” 10 diciembre 2006.
_____________________
* Mestre en Estudios Iberoamericanos por la
Universidad de Sevilla (España)
e-mail: carlos.bt.86@gmail.com
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Abya Yala, Argentina- El rol de los estados frente

12. a las multinacionales: Argentina y el caso
Benett...