FOCO - Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos - INPADE- Instituto para la Participación y el Desarrollo- Reporte abril

1. Newsletter del Observatorio de Empresas Transnacionales – OET-
Coordinador; Hernán Medina
ARGENTINA
FOCO en el C20
Supuestamente el C-20 es un espacio específico para que la sociedad civil contribuya de
manera estructurada y sostenida al G-20, intentando asegurar que los líderes mundiales
escuchen no solamente a las voces que representan al sector gubernamental y
empresarial, sino también las propuestas y demandas de la sociedad civil en su
conjunto. El objetivo de este grupo se basa en crear espacios de debate y construcción
de propuestas factibles de ser elevadas a los grupos de trabajo del G-20 para incidir en
la agenda política del foro.
El lugar de participación de la sociedad civil en el foro se da a través de los llamados
grupos de afinidad, que se reúnen a la par del G20 para establecer un diálogo fluido con
los líderes. Los encuentros entre los participantes pueden ser en eventos presenciales
o virtuales. Cada grupo prepara una serie de recomendaciones con el objetivo de fijar la
posición de sus principales referentes en cada una de las cuestiones abordadas. Si bien
estas recomendaciones no son vinculantes, se supone que son consideradas por el G20
en sus discusiones y negociaciones.
El G20, actualmente presidido por Argentina desde diciembre de 2017, reúne cada año a
alrededor de 20.000 representantes, funcionarios de Gobierno, líderes y mandatarios
de los 20 miembros del foro. A lo largo de 2018 habrá más de 50 reuniones en ciudades
argentinas.
FOCO INPADE estuvo en la reunión de los Grupos de Trabajo celebrados el 4 y 5 de abril
en el Palacio San Martín. Fueron dos jornadas de intercambios y deliberación para los
ochos grupos de trabajo: Anticorrupción; Arquitectura del Sistema Financiero
Internacional; Educación, Empleo e Inclusión; Medioambiente, Clima y Energía; Género;
Inversión e Infraestructura; Local2Global y Salud Global. El evento se dividió en dos
instancias.
1) Sesiones plenarias: los Grupos de Trabajo C20 se reunieron en el mismo espacio físico
donde se efectuaron paneles de alto nivel. A través de los paneles, se abordaron los
principales problemas que tanto el G20 como el C20 están trabajando este año. Para
garantizar vistas múltiples, los paneles estuvieron compuestos por representantes del
G20, la Sociedad Civil, otros Grupos de Enfrentamiento y Organizaciones Multilaterales.
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2. 2) Reuniones paralelas del Grupo de Trabajo C20: En estas reuniones, cada uno de los
Grupos de Trabajo C20 abordaron los asuntos que conciernen a su Grupo respectivo,
avanzando en la elaboración de su documento final de política, además de dialogar con
los representantes del G20.
Vale aclarar que todas estas sesiones y reuniones paralelas se hicieron en inglés.
Estamos en América Latina pero la lingua franca del evento fue el inglés. En las sesiones
paralelas, el 80 % de sus integrantes eran latinoamericanos (e inclusive buena parte de
la comitiva europea o norteamericana entendía el castellano) pero había que
someterse al rigor del protocolo que exigía el inglés como lengua de diálogo. Una clara
muestra del desinterés del Estado argentino por abrir el panorama de diálogo.
FOCO fue parte del grupo Clima y Energía donde el mayor eje de discusión fue el actual
marco de implementación (o intento de hacerlo) de APP (Acuerdos públicos-privados).
Las APP se han promovido en el Mundo (Francia es un ejemplo paradigmático) como la
solución para que los Estados puedan suplir necesidades de infraestructura y servicios
públicos con la participación del sector privado. Latinoamérica, especialmente
Colombia y Perú, asumió con entusiasmo este esquema como la solución a la brecha de
infraestructura que sufre la región. La Argentina de Mauricio Macri pretende entrar en
ese esquema.
Sin embargo, las organizaciones allí presentes dejaron en manifiesto su postura, la
preocupación sobre el avance acrítico de las APP, en cuanto a soberanía económica
(aumento de la deuda externa), social (escasez de consultas a las comunidades locales)
y ambiental (externalidades).
Todo esto, pese al terrible gaffe cometido en el marco del discurso de apertura del
evento por Pedro Raúl Villagra Delgado (representante argentino frente al G20) quien
manifestó que el G20 no es el espacio para discutir sobre derechos humanos, ya que
existen otros foros para hacerlo, poniendo como ejemplo el Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Estos dichos se contradicen con otras
declaraciones efectuadas en el marco del G20, como las que señalan que la
infraestructura debe estar centrada en la sociedad y no en los retornos de las
inversiones. Además, soslaya el logro de las organizaciones de la sociedad civil y los
movimientos sociales que en las últimas décadas han hecho que se incorporen los
derechos humanos como un aspecto central de las políticas gubernamentales. Una
vergüenza.
FOCO se retira de la instancia específica contra Barrick Gold
El 8 de Junio de 2011 FOCO INPADE, con la adhesión de numerosas organizaciones y
figuras políticas, presentó una denuncia ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la
OCDE en Cancillería por violaciones de la empresa Barrick Gold a las Directrices de la
OCDE.
En la denuncia, las organizaciones sociales pusieron de manifiesto las sistemáticas
violaciones de esta empresa a los Principios Generales de las Directrices, y
especialmente a los capítulos referidos a la protección y cuidado del medio ambiente,
gravemente afectado por las actividades de la empresa. Entre los daños enumerados se
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3. encuentran la afectación de las aguas superficiales y subterráneas por el uso de
productos químicos de muy alto riesgo, desvíos de corrientes de agua superficial y
subterránea sobre las cuencas de los ríos Las Taguas, Blanco y Jáchal; afectación del
aire debido a las voladuras de molienda y perforación que propagan partículas de
polvos como rocas, metales, arsénico, etc.; afectación del suelo por el traslado de
sustancias peligrosas, el uso de maquinarias de gran porte o la afectación por drenaje
ácido de actividad ligada a los proyectos; afectación a los glaciares (en 2005 Barrick
destruyó el glaciar Conconta, que abastecía el río Tudcum). Además, la empresa ocultó
datos sobre la presencia de otros cuerpos de hielo; respecto a la afectación a la
biodiversidad, en el caso de Pascua Lama – Veladero se eliminaron ambientes húmedos
que resultan claves para el desarrollo de la biodiversidad del área.
A esa situación se agregan los daños sociales, ya que se registran graves efectos sobre
la salud de la población: en Jáchal se manifiesta un gran porcentaje de población con
cáncer de hígado, estómago, riñones y otros, que se presumen consecuencia de la
explotación minera aguas arriba del río Jáchal, en el yacimiento Veladero; a ello se
agregan los impactos en la economía regional: por pérdida de valor de la región como
lugar turístico a causa de la destrucción de paisajes naturales y las restricciones de
acceso que impone la empresa sobre el territorio, disminución de la cantidad de agua y
electricidad de la que dispone la región, así como pérdida de la producción vinculada a
la cría extensiva de ganado, principalmente caprino, el cultivo de olivos y semillas y la
actividad forestal; finalmente, el no cumplimiento del derecho a la información: la
empresa difunde escasa información y fuera del alcance de los pueblos afectados por
su actividad. Si circula, lo hace en las agencias estatales provinciales con facultades de
contralor y/o fiscalización sobre las facetas que involucra la misma.
A nivel institucional, hay que mencionar el lobby contra la Ley de Glaciares, alegando
“derechos adquiridos”, así como numerosos casos de violencia: diversas
organizaciones sociales y ambientalistas locales fueron reprimidas por la policía
provincial y la seguridad privada contratada por Barrick, tal como ocurrió el 24 de
febrero de 2011.
Sin embargo, en estos siete años el PNC argentino demostró falta de interés y
capacidad para garantizar los principios que debe orientar la tramitación de la
denuncia. En primer lugar, vulneró los plazos aplicables ya que dictó la admisibilidad
formal de la denuncia dos años después de efectuada por FOCO INPADE y demoró
cinco años para convocar a las partes a la primera reunión de diálogo participativo con
miras a una posible mediación, que tuvo lugar recién el lunes 26 de marzo de 2018.
Mientras tanto, se sometió a la parte denunciante a un proceso burocrático de
intercambio inoperante de posiciones por escrito, que permitió a la empresa mantener
una extensa indefinición sobre su no voluntad de participar en una posible mediación.
Cuando ocurrió la citación, el 26 de marzo de 2018, el PNC argentino permitió que la
empresa negara hechos, circunstancias y escritos que surgen nítidamente del
expediente administrativo. Por ejemplo, los dichos de los representantes de Barrick en
esa audiencia en el sentido de que “la denuncia de FOCO INPADE no abordaba faltas o
violaciones comprendidas en las Directrices”, cuando el propio PNC había dictado la
admisibilidad formal del caso cinco años antes (2013). El PNC convalidó la posición de la
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4. empresa que alegó “no entender cuáles eran los reclamos de FOCO INPADE y cuáles los
términos de referencia para la mediación”, suscribiendo el PNC esas afirmaciones
diciendo que “ni las anteriores gestiones ni la actual entendieron jamás de qué se
trataba esta instancia específica promovida por nuestra organización”. Es lógico: un
gobierno de CEOs protegiendo empresas.
Por estas circunstancias, FOCO INPADE se retira del proceso lamentando las
circunstancias ocurridas.
Exgerente de PepsiCo imputado por la muerte de un trabajador
El 15 de mayo de 2015, el trabajador Andrés Expósito, empleado de la empresa LAIA S.A,
que se encontraba asignado a la tarea de toma de muestras de afluentes gaseosos de
las 40 chimeneas de la planta de producción de PepsiCo, falleció tras caer desde una de
las chimeneas. Aun habiendo ocurrido su muerte, la empresa continuó con “tareas
normales” y sin informar al personal. Al finalizar el turno tarde, los trabajadores recién
enterados de la dolorosa situación llevaron adelante una asamblea y la empresa
terminó declarando el asueto.
En un informe publicado por La Capital de Mar del Plata se informa que, si bien la
muerte del trabajador en un primer momento había sido enmarcado baja la calificación
legal de “averiguaciones de causal de muerte”, tras una exhaustiva investigación (que
abarcó el informe de autopsia, pericial, listado de llamados al 911, pericias fotográficas,
un informe de PepsiCo, declaraciones testimoniales y documentales) desde la Fiscalía
de Delitos Culposos entendieron que la muerte del trabajador ocurrió debido a una
“conjunción de diversos factores de riesgo indebido” tales como una deficiente
capacitación para la tarea, existencia de machimbre de PVC no distinguible de la losa
del entretecho del lugar, ausencia de señalización adecuada de la zona, omisión de
brindar elementos de seguridad acordes con la tarea en altura, falta de planificación de
la tarea, no acompañamiento al lugar e incumplimiento de procedimientos internos
que provocaron que la víctima pisara inadvertidamente una de las placas plásticas y se
cayera al piso.
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5. El entonces gerente de la fábrica, Alejandro Lute, y los cuatro encargados de la
seguridad en el trabajo fueron imputados por homicidio culposo. Además, Lute está
imputado por encubrimiento, ya que para la fiscalía fue él quien habría demorado
deliberadamente por más de dos horas el aviso del hecho a la policía (Expósito murió
poco después de las 11.30 y el llamado al 911 recién se produjo a las 14.06). De esta
manera, el ex gerente de la planta “posibilitó la alteración del lugar del hecho e impidió
la inmediata intervención de Policía Científica, obstaculizando también toda
comunicación con la firma empleadora de la víctima, con su compañero de trabajo y su
familia”. Finalmente, Lute está acusado de entregar un informe de lo sucedido con
datos falsos. Para la fiscalía, esto tuvo “la inequívoca intención de liberar de
responsabilidad penal a los restantes imputados”.
http://www.laizquierdadiario.com/Exgerente-de-PepsiCo-imputado-por-la-muerte-de-
un-trabajador
Cargill: ganancias y despidos
Cargill opera en Argentina desde 1947. Con el paso de los años se transformó en la
mayor empresa exportadora argentina, y una de las líderes en alimentos, productos y
servicios para el sector agroindustrial. La firma tiene 3.000 empleados en 60
localidades y 8 provincias. Posee establecimientos industriales, terminales portuarias,
acopios y oficinas comerciales.
Según los últimos números brindados por la Bolsa de Comercio de Rosario, la planta
que tiene Cargill en Alvear (Punta Alvear) ocupó en 2017 el primer lugar en el ranking de
exportaciones. Embarcó 3,8 millones de toneladas de granos, un 25% más que en 2016 y
un 121% más que en 2015. Su facturación global es récord: 7.780.821 de dólares por día
(324.000 mil dólares por hora y 5.403 por minuto).
Pese a estos números, a fines de enero la multinacional anunció el despido de 44
obreros de sus plantas ubicadas en el sur del Gran Rosario. Se enviaron telegramas a
aquellos operarios que rechazaron los retiros voluntarios, la política elegida para
reducir la plantilla.
La empresa ofreció más del 100% de indemnización para los trabajadores que firmaran
ese papel. Al no llegar al “número deseado”, Cargill optó por los despidos. La
intervención del ministerio de Trabajo de Santa Fe derivó en una conciliación
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6. obligatoria. Finalmente fueron 33 los despidos, ya que 11 operarios aceptaron los retiros
voluntarios. El sindicato de Obreros Aceiteros de Rosario pidió la inmediata
reincorporación y llamó a un paro de actividades, pero la empresa clausuró el diálogo e
impidió el ingreso de estos trabajadores.
reiterando en varios comunicados que contratará la misma cantidad de operarios y que
los reemplazos se harán en idénticas condiciones de contratación, es decir, como
empleados en relación de dependencia y en las mismas zonas geográficas. Sin
embargo, Daniel Yofra, secretario general del Sindicato afirma: "Con ese argumento
mañana dicen que quieren cambiar a cien y no pasa nada, todo permitido. Ellos tratan
de ahorrarse la antigüedad y también mostrar poder, para adoctrinar y disciplinar.”
https://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/Cargill-despidos-y-disciplinamiento-
laboral-con-facturacion-record-20180319-0034.html
760 estudiantes entrerrianos afectados por fumigaciones
El gobierno de la provincia de Entre Ríos denunció que 760 estudiantes del municipio
de San José, además de sus maestros, tuvieron que ser evacuados a causa de la
fumigación con agrotóxicos en un campo de la zona, y adelantó que presentará
acciones legales contra los responsables. Los establecimientos afectados son la escuela
primaria NINA N° 54 Carlos Sourigues de San José y las escuelas primaria NINA N° 32
Pronunciamiento y Secundaria N° 6 Esmeralda Bertelli de El Brillante, los cuales
recibieron los efectos de dos fumigaciones que se realizaron en tres días en una
plantación de nuez pecán en el barrio Perucho Verne.
El emprendimiento agrícola Pecanes Pierre S.R.L. habría violado la ley provincial 6599
respecto a las distancias para aplicar el insecticida, por lo que inspectores labrarían el
acta correspondiente.
A raíz de las fumigaciones, al menos 27 personas fueron atendidas en distintos centros
de salud con síntomas compatibles a los producidos por intoxicaciones con
agrotóxicos.
El centro de salud "Ambrosetti" atendió a 21 personas, entre docentes y estudiantes
con "alergias respiratorias ocasionadas por el producto utilizado para fumigar". En el
centro de salud "Tavella" se asistió a más de tres personas con "prurito en garganta,
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7. ojos y nariz", mientras que el hospital local recibió a otras tres con los mismos
síntomas.
En la última sesión del 2017, el Senado entrerriano había aprobado un proyecto de ley
de control de agroquímicos que ingresó ese mismo día en un acuerdo entre el
oficialismo y la oposición. El proyecto, que aún espera ser debatido en Diputados,
permitiría fumigar a menor distancia, ya que la actual legislación (vigente desde 1980)
prohíbe fumigaciones con todo tipo de agrotóxicos a menos de 3000 metros de
centros poblados.
https://www.rosario3.com/noticias/Entre-Rios-760-estudiantes-fueron-afectados-por-
fumigaciones-20180317-0019.html
Ratifican un fallo contra La Alumbrera
Catamarca. Un segundo fallo, que aún no está firme, ratificó que las empresas Minera
Alumbrera Ltd. y Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) deben dejar el medio
ambiente en el mismo estado en el que estaba hace aproximadamente dos décadas,
cuando comenzaron la extracción de metales. El pronunciamiento de María José
Posse y Mirtha I. Ibáñez de Córdoba, integrantes de la Sala I de la Cámara Civil y
Comercial Común de Concepción, confirmó la sentencia que dictó el titular del Juzgado
Civil y Comercial Nº2, Eduardo Dip Tártalo. Ambas decisiones recayeron en el ámbito
del reclamo por daños y perjuicios iniciado por los hermanos Carlos Alberto y José
Antonio Aranda, respecto a la polución de un manantial de Alpachiri.
En noviembre pasado, las vocales sostuvieron que Dip Tártalo estaba en lo correcto
al establecer una serie de obligaciones a cargo de las compañías demandadas, que en
2018 cerrarán la explotación del yacimiento. En su resolución del 12 de diciembre de
2016, el juez N°2 desestimó el reclamo de $ 400 millones de los Aranda, pero puso en
cabeza de Minera Alumbrera Ltda. y de YMAD el deber de recomponer en forma
integral los recursos naturales que habían usado para extraer, principalmente, oro y
cobre.
Posse e Ibáñez de Córdoba expresaron que, al analizar el planteo de los hermanos
Aranda, el magistrado priorizó los derechos a gozar de un ambiente sano y de agua
potable frente al derecho a la explotación minera de las demandadas. Y coincidieron en
que estaba facultado para hacerlo en función del principio precautorio previsto en el
artículo 4 de la Ley General del Ambiente, la cual define al postulado como la obligación
de adoptar medidas eficaces para impedir la degradación del medio cuando haya
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8. peligro de daño grave o irreversible aunque falte información o certeza científica sobre
la contaminación. Más si se tiene en cuenta, que durante el proceso, las empresas no
proporcionaron algunos datos ni pruebas solicitadas.
En su momento, el juez Dip Tártalo había ordenado numerosas medidas precautorias,
como la presentación de los estudios sobre el agua de los ríos que cruza el
mineraloducto en Tucumán; la constitución del fondo de restauración ambiental
previsto en la ley y la acreditación del seguro ya mencionado. El juez afirmó que las
empresas debían informar si cumplieron estas órdenes como consecuencia del cierre
de la mina. También resolvió aconsejar al Poder Ejecutivo la realización de
un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de
los ríos Medina, Chirimayo y Gastona, con el objeto de detectar las enfermedades y
patologías que guarden relación directa con la contaminación de los acuíferos de la
zona, entre otras recomendaciones.
http://www.contextotucuman.com/nota/105971/ratifican-un-fallo-ejemplar-que-obliga-
a-la-alumbrera-a-restaurar-el-ambiente.html
AMERICA LATINA
Incidente con relave en Chile
El pasado 21 de marzo voceros de la minera Caserones, al norte de Chile, reconocieron
que el día anterior se había producido la rotura de varios ductos que transportaban
relaves de operaciones al embalse Las Breas. El gerente de asuntos comunitarios de la
empresa, Jaime Andrade, afirmó que ese relave cayó a la zanja corta, llegó al río en una
mínima proporción, pero llegó. El hecho provocó la activación de un protocolo de
seguridad y realización de varias mediciones.
"Hemos estado en contacto con la autoridad prácticamente durante todo el día, y
esperamos que al final del día haya también una versión de carácter oficial por parte de
las autoridades, fuera de la que nosotros ya entregamos a la opinión pública", agregó
Andrade.
No es el primer incidente en esta mina. En septiembre de 2012, mientras revisaba las
instalaciones de un transformador de grandes dimensiones en el área industrial de
Caserones, Jairo Moreno Obando , profesional de una empresa de servicios a la
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9. minería, cayó desde el interior de un transformador a distinto nivel, desde una altura
aproximada de tres metros, para luego fallecer mientras era atendido en el policlínico
cercano al lugar del suceso.
La Minera Caserones es propiedad de SCM Minera Lumina Copper Chile, una compañía
que pertenece a las firmas japonesas Pan Pacific Copper Co., Ltd. (77,37%) - en la que
participan JX Holding, Inc. (66%) y Mitsui Mining & Smelting Co.,Ltd (34%) - y Mitsui &
Co., Ltd. (22,63%).
http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/medioambiente/contaminacion/region-
de-atacama-minera-caserones-reconocio-incidente-con-relave/2018-03-21/175203.html
http://www.soychile.cl/copiapo/policial/2012/09/16/119906/un-trabajador-colombiano-
murio-en-la-mina-de-caserones.aspx
Rotura de mineroducto en Minas Gerais (Brasil)
El 12 de marzo, un mineroducto de la empresa británica Anglo American se fracturó en
Minas Gerais y contaminó el río Ribeirão Santo Antônio, el cual abastece el municipio
de Santo Antônio de Grama. La información fue confirmada por la Secretaría de
Medioambiente y Desarrollo Sostenible de Minas Gerais (Semad). Según la compañía,
una despresurización en la línea troncal del mineroducto hizo que se derramara pulpa
de hierro en el cauce del río.
La tubería de 525 kilómetros es parte del proyecto Minas-Río, dirigido a extraer y
beneficiar mineral de hierro en Minas Gerais para luego transportarlo hacia el puerto
del municipio de São João da Barra, en Río de Janeiro. Al ser un proyecto que involucra
a más de un estado, la licencia ambiental correspondiente fue concedida por el
Instituto Brasileño de Medioambiente y de los Recursos Renovables (Ibama) y su
validez es hasta 2021.
Si bien no se produjeron víctimas y el flujo de mineral fue interrumpido de forma que
solo agua siga filtrando por la estructura, la empresa bloqueó el acceso a sus
instalaciones y envió equipos técnicos a la zona afectada para recolectar muestras del
agua y realizar una evaluación continuada.
http://agenciabrasil.ebc.com.br/es/geral/noticia/2018-03/rotura-en-mineroducto-de-
anglo-american-contamina-rio-en-minas-gerais
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10. Histórico fallo contra empresa minera en Colombia
El 16 de marzo, la Corte Constitucional condenó a la empresa Cerro Matoso S.A.,
(controlada por el grupo multinacional de recursos BHP Billiton) por provocar daños
irremediables al medio ambiente y a la salud de las personas que habitan en zona
aledaña a su complejo minero en el departamento de Córdoba (la 4ta mina a cielo
abierto más grande del mundo en operaciones de ferroníquel). Luego de tres años de
estudios, la Corte encontró que “la exposición al níquel causa daños importantes en la
salud humana, los animales y las plantas”.
Además, según el fallo, “la potencialidad de causar daños ambientales se advierte en el
número de hornos que integran el complejo industrial, la cantidad de partículas que
emiten al aire, así como el volumen de agua que es empleado generando una delicada
situación de salud pública en la zona, la cual se caracteriza por graves enfermedades
cutáneas, pulmonares, oculares, entre otras”. La dispersión de escoria, la presencia de
sedimentos en varios cuerpos de agua, la reducción de especies animales y vegetales,
así como la contaminación del aire circundante y diferentes ríos, quebradas y pozos
aledaños al complejo minero demuestran que el medio ambiente también fue afectado.
El fallo advierte que, aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales identificó
las infracciones, no ejerció sus facultades correctivas y sancionatorias al respecto. Por
otro lado, se denuncia que la empresa dilató la presentación de un Plan de Manejo
Ambiental Unificado y obstruyó el caudal de uno de los cuerpos de agua en la zona,
denominado Caño Zaino, además de alterar la composición química de varios cuerpos
de agua.
Por estos hechos, la Corte condenó en abstracto a Cerro Matoso, al pago de los
perjuicios causados a los integrantes de las comunidades indígenas y determinó que la
liquidación respectiva se realizará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
máximo seis meses. Respecto a los daños al medio ambiente que tengan
consecuencias patrimoniales individuales, se indemnizarán los cultivos o cosechas que
se hayan visto deteriorados como producto de la contaminación ambiental y las
pérdidas económicas causadas por la disminución de productividad agrícola y/o
pesquera.
La Corte además ordenó a la empresa brindar atención integral y permanente en salud
a las personas que se encuentren registradas en los censos del Ministerio del Interior
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11. como integrantes de las siete comunidades, que padezcan como enfermedades cáncer
de pulmón, silicosis, linfangitis carcinomatosa, etc.
http://www.elpais.com.co/colombia/historico-fallo-contra-cerro-matoso-por-
contaminacion-en-cordoba.html
RESTO DEL MUNDO
Juicio por coimas de Shell en Nigeria
Fiscales italianos afirman que Claudio Descalzi, ejecutivo de alto nivel de Eni, y
funcionarios de alto nivel en Shell aprobaron un arreglo que les permitió pagar
sobornos al Gobierno de Nigeria. Ese dinero fue transferido a una compañía controlada
por Dan Etete, el ex ministro de petróleo de ese país, a mediados de los 90 durante el
mandato del dictador militar Sani Abacha. En el juicio penal que empezó el 5 de marzo
en Milán, Descalzi enfrentará cargos por corrupción y soborno internacionales junto
con Paolo Scaroni, director ejecutivo de la compañía en el momento del trato.
Ejecutivos de Shell, entre ellos Malcolm Brinded, director de exploración y producción
global por entonces, también fueron procesados bajo esos cargos. Tanto Eni como
Shell niegan haber procedido de forma indebida, al decir que simplemente le pagaron
al Gobierno y no sabían que el dinero sería usado para sobornos.
En 2011, Shell y Eni adquirieron conjuntamente la licencia para la zona conocida como
OPL 245, en las aguas frente a la costa de Nigeria, pero hasta ahora su desarrollo se ha
estancado en medio de las investigaciones. La batalla por OPL 245 se remonta a 1998,
cuando el Gobierno del dictador Abacha otorgó los derechos para el petróleo a una
firma nigeriana recién creada llamada Malabu Oil and Gas. De acuerdo con documentos
de los tribunales, la compañía era propiedad de figuras cercanas al régimen de Abacha,
entre ellos su hijo, y Dan Etete. Se suponía que la compañía pagaría 20 millones de
dólares al Gobierno por la licencia, pero apenas pagó poco más de 2 millones, según
estos documentos. En el 2001, Shell acordó comprar un interés del 40% a Malabu en el
yacimiento petrolero, pero a los pocos meses Olusegun Obasanjo, el nuevo Presidente
elegido democráticamente, revocó la propiedad de Malabu. Shell ganó una nueva
licitación en el 2002 que le daba derechos exclusivos para operar el yacimiento como
contratista para la compañía petrolera estatal, prometiéndole pagar al Gobierno 210
millones de dólares. Pero Dan Etete, y luego el hijo de Abacha, continuaron (cada uno
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12. por su lado) sus reclamos sobre el sitio. Eni se involucró en el 2010, proponiendo
comprar a Malabu la participación en disputa uniéndose a Shell en una sociedad 50-50
para desarrollar el yacimiento frente a la costa. Eni y Shell terminaron concretando un
trato con el Gobierno nigeriano que incluía, por parte de la segunda, el pago de 320
millones por una participación del 50%. Eni pagaría poco más de 980 millones de
dólares por el otro 50%, 200 millones serían retenidos por el Gobierno nigeriano y 1.1 mil
millones de dólares serían destinados a Malabu a cambio de que abandonara todos sus
reclamos sobre el yacimiento petrolero.
https://gruporeforma.reforma.com/wsj/nota/default.aspx?
Folio=1827937&Idcol=325&plazaconsulta=&pc=reforma&impresion=0
Bayer compra Monsanto
La Unión Europea aprobó, con condiciones, la compra de Monsanto por parte de la
alemana Bayer. Esta firma podrá concretar la adquisición a cambio de resolver el
solapamiento de actividades en semillas y agricultura digital. Tras pagar por Monsanto
US$63.500 millones, Bayer pasará a ser el grupo más grande del mundo en semillas y
agroquímicos. En la Argentina, la empresa tendrá casi el 25 % del mercado de
agroquímicos, que mueve unos US$2500 millones.
En agosto de 2017, la UE había abierto una investigación sobre la adquisición de la
empresa estadounidense porque temía que la operación pudiera reducir la
competencia.
De hecho, si además de esta operación se concreta la fusión Dow-DuPont y la compra
de Syngenta por ChemChina, el mercado mundial (de unos US$100.000 millones)
quedará en un 56% en manos de tres grupos.
Según informó Bayer, la empresa ya recibió aprobaciones en más de la mitad de las
aproximadamente 30 autoridades regulatorias, incluyendo a Brasil y China. Solo queda
Estados Unidos. Hasta el momento, el Comité de Inversión Extranjera de ese país no
hizo cuestionamientos a la operación. Por otro lado, las condiciones cubren en
particular la desinversión de ciertas unidades de negocio de Bayer, incluyendo el
negocio mundial de semillas de cultivos como canola, algodón, soja (con excepciones
limitadas a la región de Asia), la plataforma de Investigación y Desarrollo para trigo
híbrido, el negocio mundial de semillas de hortalizas (Vegetable Seeds), el negocio
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13. mundial de glufosinato de amonio, así como ciertos herbicidas a base de glifosato en
Europa, predominantemente para uso industrial. Finalmente, la empresa agregó que
deberá desinvertirse el negocio global de nematicida "NemaStrike", de Monsanto.
Se espera que el cierre de la compra de Monsanto por parte de Bayer se produzca en el
segundo trimestre de 2018.
https://www.lanacion.com.ar/2118856-con-condiciones-europa-aprobo-la-compra-de-
monsanto-por-parte-de-bayer
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