El documento habla sobre la grave amenaza que representa el crimen organizado para la libertad de expresión en México. Señala que desde el 2000 han sido asesinados 64 periodistas y 11 siguen desaparecidos. Exhorta a fortalecer la legislación para proteger a los periodistas y aplicar sanciones más severas contra quienes los agredan. También pide a los medios y autoridades trabajar de forma coordinada para combatir esta amenaza y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.