La acción de inconstitucionalidad permite impugnar la constitucionalidad de normas, actos u disposiciones emitidos por órganos estatales ante tribunales competentes. Se basa en el principio de supremacía constitucional y tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales consagrados en la constitución, controlando el ejercicio del poder legislativo y asegurando la coherencia del ordenamiento jurídico. Su uso se ha ido incrementando en sistemas jurídicos democráticos para salvaguardar el estado de derecho.