La acción de inconstitucionalidad es un medio de control constitucional en México que permite determinar si una ley ordinaria contradice la constitución. Solo puede ser promovida ante la Suprema Corte por órganos del estado. Para invalidar una norma, el pronunciamiento de la corte debe ser aprobado por al menos ocho ministros. A diferencia del amparo, la acción de inconstitucionalidad puede alegar violaciones a garantías individuales o a aspectos formales o de fondo de la constitución.