El acuerdo interinstitucional por el plan nacional de integridad en Bolivia busca fortalecer la administración pública y el sistema judicial para combatir la corrupción y mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Se establece una comisión nacional de integridad compuesta por representantes de diversas entidades gubernamentales para coordinar y ejecutar políticas y acciones específicas en esta lucha. El plan incluye la promoción de la modernización del estado, la reforma judicial y la participación activa de la sociedad civil en la prevención de la corrupción.

1. Acuerdo Interinstitucional por el Plan Nacional
de Integridad
Considerando
Que, en el marco de las políticas de Desarrollo de Bolivia hacia el siglo XXI, se ha identificado el desarrollo institucional del
Estado y de la administración de la justicia, como uno de los pilares sobre los que se asiente y consolide la sostenibilidad de los
programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos.
Que, es necesario formular y ejecutar de manera sostenida programas y proyectos de reforma y modernización del Estado
boliviano, para adecuar sus estructuras y mejorar su capacidad de servicio a la colectividad.
Que, es también necesario promover la modernización del sistema judicial, tanto a través de la legislación vigente como de los
instrumentos e instancias responsables de la administración de justicia, para fortalecer la seguridad jurídica en el país y
promover un auténtico estado de derecho.
Que, por los niveles detectados de corrupción administrativa y la desconfianza que se ha generado en la población respecto de
las instituciones públicas y sus funcionarios, es urgente emprender acciones específicas para mejorar la capacidad de control,
prevención y sanción de los actos de corrupción.
Que, la debilidad institucional del Estado y del Sistema Judicial dan lugar a críticos escenarios de corrupción, socavando la
legitimidad de las instituciones democráticas, generando distorsiones en la economía, vicios en la gestión pública y deterioro de
la moral social.
Que, es necesario desarrollar la conciencia de la población sobre la gravedad del problema de la corrupción y la necesidad de
promover la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra este fenómeno.
Que, Bolivia cuenta con una actualizada legislación en materia de administración de justicia, recientemente enriquecida con las
leyes del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo; en materia de administración y control
gubernamental, con la Ley No 1178 SAFCO; y en materia de lucha contra la corrupción, con la Convención Interamericana
Contra la Corrupción de la O.E.A. ratificada como Ley de la República.
Considerando
Que, el Honorable Congreso Nacional, presidido por el Vicepresidente de la República, tiene, además de la responsabilidad
legislativa, la función fiscalizadora sobre las entidades del sector público velando por que los intereses de los ciudadanos sean
atendidos y respetados por todas las instituciones del Estado.
Que, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia tiene como mandato constitucional la función jurisdiccional, velando por la
aplicación correcta de la Ley y asegurando una equitativa y eficiente administración de la justicia.
Que, es responsabilidad del Ministerio de la Presidencia coordinar las acciones de los Ministros de Estado y realizar el
seguimiento y control de la Reforma del Poder Ejecutivo.
Que, es responsabilidad del Ministerio de Hacienda conducir la administración de los recursos públicos, velando por su
adecuado manejo, y promover la implantación de los Sistemas de Administración y Control, en procura de una gestión pública
austera, eficiente y transparente.
Que, es responsabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, promover la sistematización y actualización del
ordenamiento jurídico nacional y coordinar las actividades de administración de justicia con otras instituciones del Estado.
Que, el Ministerio Público tiene el mandato constitucional de promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los
intereses del Estado y la sociedad, así como investigar y promover la sanción de actos de abuso de autoridad, irregularidades o
delitos cometidos por los funcionarios públicos en perjuicio del Estado y de la ciudadanía.
Que, la Contraloría General de la República, como Organo Rector del Sistema de Control Gubernamental y autoridad superior
de Auditoría del Estado, tiene el mandato de promover la mejora en la administración de los recursos y operaciones del sector
público, la información que se genere sobre estos y la promoción de la responsabilidad por la función pública.

2. Que, el Consejo de la Judicatura tiene el mandato legal de coordinar acciones conducentes al mejoramiento de la
administración de la justicia con los órganos de los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, el Ministerio Público y otras
organizaciones públicas o privadas.
Que por lo tanto, es necesario emprender, de manera concertada y coordinada, acciones integrales de educación, prevención y
sanción de los actos de corrupción, entre todas las instituciones que tienen competencia en la materia.
Que, como iniciativa del Gobierno Nacional, se ha sistematizado un conjunto de acciones para el desarrollo institucional del
Estado y la lucha contra la corrupción, a través del Plan Nacional de Integridad.
Decididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las
funciones públicas, el Vicepresidente de la República Jorge Quiroga Ramirez, y los Honorables Walter Guiteras Denis y Hugo
Carvajal Donoso, en representación del Honorable Congreso Nacional, el señor Ministro Kenny Prieto Melgarejo, en
representación de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, los señores Ministros Carlos Iturralde Ballivián, Herbert Müller
Costas y Ana María Cortez de Soriano, en representación del Poder Ejecutivo, el señor Contralor Marcelo Zalles Barriga, en
representación de la Contraloría General de la República, el señor Fiscal General de la Nación, Oscar Crespo Soliz, en
representación del Ministerio Público, y el señor Consejero, Guido Chávez Méndez, en representación del Consejo de la
Judicatura, han convenido celebrar el presente Acuerdo Interinstitucional por el Plan Nacional de Integridad, contenido en las
siguientes cláusulas:
Cláusula Primera (Objeto).- El presente Acuerdo Interinstitucional, tiene por objeto promover y reflejar el compromiso de las
instituciones concernidas en la realización de las políticas y acciones conducentes al desarrollo institucional y de lucha contra la
corrupción, contenidas en el documento del Plan Nacional de Integridad, que forma parte del presente Acuerdo, u otras que
mejor convengan a estos propósitos.
Cláusula Segunda (Plan Nacional de Integridad).- En el marco del Plan Nacional de Integridad, las partes que suscriben este
Acuerdo se comprometen a desarrollar acciones en sus áreas específicas de competencia para:
Reforma Judicial
a) Promover el funcionamiento pleno de los órganos independientes del Poder Judicial, con el propósito de despartidizar la
administración de la justicia y ponerla al servicio del ciudadano.
b) Modernizar y actualizar la legislación vigente con el propósito de facilitar y simplificar la administración de la justicia.
c) Fortalecer los órganos e instituciones responsables de la administración de la justicia para que éstas sean más eficientes y
accesibles al ciudadano.
Modernización del Estado
a) Promover la aplicación plena de la Ley No 1178 (SAFCO), implantando efectivamente los sistemas de administración y
control en las instituciones públicas, promoviendo su modernización y desarrollando mecanismos de evaluación de la gestión
pública por resultados.
b) Ejecutar en forma generalizada y sostenida el Programa de Servicio Civil, a través del cual se implante la carrera
administrativa en la administración pública, se elimine la discrecionalidad y el tráfico de influencias en la nominación y remoción
de los servidores públicos y se ponga en vigencia una política de incentivos para los servidores del Estado.
c) Promover la modernización del Poder Legislativo, simplificando sus procedimientos de deliberación y tratamiento de temas
legislativos y desarrollando su capacidad de fiscalización.
Lucha contra la Corrupción
a) Implantar acciones que pongan en vigencia la Convención Interamericana Contra la Corrupción, suscrita por los Estado
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ratificada por Ley de la República

3. b) Promover la aprobación de una Ley que reglamente el Estatuto del Funcionario Público, bajo el principio constitucional de
que los funcionarios y empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o de
partido político alguno.
c) Establecer un reglamento que permita la implantación de un Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas de los
funcionarios públicos, de manera que se promueva un ejercicio de la función pública más transparente.
d) Fortalecer al Defensor del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, como las instituciones
encargadas, en diversas capacidades, de detectar, denunciar, investigar y realizar la prosecución de los casos de corrupción
administrativa, de manera que se ejerzan las sanciones que correspondan contra los funcionarios corruptos y se erradique la
impunidad.
e) Promover la actualización y mejoramiento de las normas que regulan los procedimientos de adquisición de bienes y
contratación de servicios de las instituciones públicas, para que los mismos garanticen transparencia y credibilidad y preserven
los legítimos intereses del Estado.
f) Modernizar los Servicios Nacionales de Impuestos Internos y de Aduanas, promoviendo la aplicación de sistemas de control
que permitan reducir sustancialmente los niveles de evasión tributaria, contrabando y corrupción en su administración, fijando
metas cuantitativas de incremento de las recaudaciones en beneficio del Estado.
g) Promover la modernización y la simplificación de los trámites y registros administrados por instituciones públicas, orientando
los mismos al servicio del ciudadano y eliminado las posibilidades de abuso y discrecionalidad de los funcionarios que los
administran.
h) Llevar a cabo una campaña masiva y sostenida de educación y concientización social sobre valores de respeto al bien
público y derechos ciudadanos.
Cláusula Tercera (Comisión Nacional de Integridad).- Se constituye la COMISION NACIONAL DE INTEGRIDAD, como
instancia de coordinación interinstitucional y de concertación de políticas y acciones destinadas a la implementación del Plan
Nacional de Integridad, como instrumento para el desarrollo institucional del Estado y la lucha contra la corrupción.
Cláusula Cuarta (Composición).- La Comisión Nacional de Integridad estará compuesta de la siguiente manera:
a) El Vicepresidente de la República, como Presidente Nato del Congreso Nacional, que presidirá la Comisión,
b) El Ministro de la Presidencia, que actuará como presidente alterno,
c) El Ministro de Hacienda,
d) El Ministro de Justicia,
e) Un representante de la Cámara de Senadores,
f) Un representante de la Cámara de Diputados,
g) Un representante de la Corte Suprema de Justicia
h) El Contralor General de la República
i) El Fiscal General de la Nación
j) Un representante del Consejo de la Judicatura
Cláusula Quinta (Tareas).- La Comisión Nacional de Integridad cumplirá con las siguientes tareas:
a) Analizar, coordinar y concertar políticas en materia de modernización del Estado, administración de justicia y lucha contra la
corrupción.
b) Recomendar a las autoridades e instancias que corresponda la aprobación de normas relacionadas con el desarrollo
institucional del Estado y la administración de la justicia.
c) Coordinar entre los participantes, la aplicación de políticas y la ejecución de programas destinados a modernizar la gestión
pública, promover una mejor administración de la justicia y erradicar la corrupción administrativa, en el marco del Plan Nacional
de Integridad.
d) Promover la formulación y ejecución de programas específicos en las áreas descritas en el inciso (a), y coordinar su
ejecución entre las instituciones públicas que corresponda.
e) Hacer seguimiento de la implantación de las normas, políticas y programas que se desarrollen en las áreas descritas.

4. Cláusula Sexta (Reuniones).- La Comisión Nacional de Integridad se reunirá periódica y ordinariamente por lo menos una vez
cada dos meses, y a convocatoria del Presidente o del Presidente Alterno, o a solicitud de dos de sus miembros, para casos
extraordinarios.
Cláusula Séptima (Pronunciamientos).- La Comisión Nacional de Integridad podrá emitir pronunciamientos con el consenso de
todos sus miembros a los efectos de efectivizar la implementación de las políticas recomendadas.
Cláusula Octava (Programas y Proyectos).- La Comisión Nacional de Integridad podrá promover la ejecución de programas y
proyectos en áreas relacionadas con las funciones señaladas en la cláusula quinta, así como con la implementación del Plan
Nacional de Integridad.
Cláusula Novena (Unidad Técnica).- La Vicepresidencia de la República dispondrá la creación de una Unidad Técnica, adscrita
a su tuición, que actuará como Secretaría Técnica de la Comisión y será responsable de hacer seguimiento de sus
pronunciamientos, así como administrar la ejecución de los programas y proyectos que se acuerden por la Comisión.
Cláusula Décima (Participación de la Sociedad Civil).- La Comisión Nacional de Integridad promoverá la participación de la
sociedad civil en las tareas de desarrollo institucional y lucha contra la corrupción mediante la convocatoria a un Consejo
Impulsor, cuyos miembros serán representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las áreas de acción del
Plan Nacional de Integridad.
Cláusula Décima Primera (Compromiso).- Los participantes que suscriben el presente Acuerdo Interinstitucional por el Plan
Nacional de Integridad, manifiestan su conformidad con las cláusulas precedentes y hacen público su compromiso por llevar
adelante las políticas y acciones en él descritas.
Suscriben el presente Acuerdo Interinstitucional en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los 21 días del mes de
septiembre de 1998 años,
Jorge Quiroga Ramirez
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y PRESIDENTE NATO DEL CONGRESO NACIONAL (gestión 1997-2001)
Walter Guiteras Denis
PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO NACIONAL (1998)
Hugo Carvajal Donoso
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS (1998)
Kenny Prieto Melgarejo
MINISTRO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (1998)
Carlos Iturralde Ballivián
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (1998)
Herbert Müller Costas
MINISTRO DE HACIENDA (1998)
Ana María Cortés de Soriano
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (1998)
Marcelo Zalles Barriga
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (1998)
Oscar Crespo Soliz
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN (1998)
Guido Chávez Méndez
REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA (1998)
Testigo de Honor:
Hugo Bánzer Suárez
EXCELENTISIMO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA (gestión 1997-2001)

5. INTRODUCCION
En 1999 Bolivia cumple 17 años de vida democrática continua y 13 años de vigencia de un modelo de desarrollo basado en la
economía de mercado. Durante este período se han implementado en el país notables reformas estructurales que han
modificado sustancialmente sus bases económicas, políticas e institucionales.
Actualmente, el país se enfrenta con el desafío de consolidar sus procesos de modernización para encarar las tareas de
desarrollo en el nuevo siglo, que le permitan combatir de manera efectiva la pobreza; principal problema estructural que afecta
a su población.
Para lograr este objetivo, es necesario articular y complementar los esfuerzos hasta hoy emprendidos a través de políticas y
programas en el ámbito económico, social e institucional, de manera que se pueda contribuir desde cada una de estas áreas, al
objetivo común de construir la Bolivia del siglo XXI.
El Plan de Acción del Gobierno, que comprende cinco años está basado en la implantación de políticas diseñadas sobre la
base de cuatro pilares fundamentales: Oportunidad, que busca desarrollar la base económica del país para proporcionar más
empleos y mejores ingresos para la población; Equidad, que plantea la lucha contra la pobreza mediante una efectiva provisión
de servicios básicos a la población; Institucionalidad, que pretende crear las bases de sostenibilidad institucional del país y
mejorar la administración de la justicia y; Dignidad, que se propone erradicar el narcotráfico.
En este contexto, se ubican las políticas en materia de desarrollo institucional, cuyo principal objetivo es consolidar el sistema
democrático como la mejor forma de convivencia social, que garantiza el respeto de los derechos individuales y colectivos de
los ciudadanos y permite, que el Estado se coloque al servicio de los mismos en procura de lograr su mayor bienestar.
En este sentido, la administración del Estado se convierte en uno de los elementos fundamentales que favorece el
fortalecimiento del sistema democrático, debiendo para ello establecerse instituciones basadas en normas, sistemas y
conductas, que aseguren un funcionamiento eficiente y transparente del Estado al servicio de la población.
Hasta la fecha en el país se han realizado esfuerzos importantes por consolidar un proceso de institucionalización, pero todavía
persisten debilidades estructurales del Estado que podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema democrático.
La población boliviana no percibe plenamente los esfuerzos realizados y contrariamente, desconfía del sistema político y de las
instituciones formalmente establecidas para representar sus intereses, porque encuentra que estas, no cumplen con su
mandato social y abusan de la administración del poder, dando lugar a hechos de corrupción e impunidad que tienden a
incrementar esta desconfianza.El hecho de que no se perciban los beneficios del modelo económico, así como la posibilidad
que ha otorgado la democracia de fiscalizar más efectivamente la actividad de la administración pública y con ello, hacer más
evidentes los casos de corrupción, han contribuido al aumento en la falta de credibilidad social en el sistema político.
La independencia del sistema judicial que asegure la vigencia del estado de derecho, la administración eficiente de las
instituciones públicas que deben proveer servicios a los ciudadanos y el manejo transparente y honesto de los bienes públicos,
se convierten en condiciones indispensables para desarrollar las bases institucionales del país y recuperar la credibilidad de la
población en el sistema democrático.
El Plan Nacional de Integridad (PNI), componente principal del Pilar de Institucionalidad, ha sido concebido como la estrategia
boliviana de desarrollo institucional y lucha contra la corrupción; pretende ser el mecanismo mediante el cual se encaren
medidas estructurales de corto y largo plazo para atender las necesidades de institucionalización del país.
La implementación del Plan requiere más de un período gubernamental y demanda el concurso, no sólo de todos los sectores
políticos y de los poderes del Estado, sino también de la participación activa de la sociedad civil, debiendo por tanto constituirse
en una Política de Estado orientada a alcanzar un objetivo común de la sociedad.
II. Antecedentes.-
A.- Evolución Institucional
Desde la recuperación de la democracia en 1982 y el ajuste estructural de 1985, el Estado boliviano inició un proceso de
institucionalización y organización que le permitió enfrentar con eficacia las tareas que le asigna su nuevo rol en el modelo de
desarrollo económico y social adoptado en el país.

6. Este proceso tiene relación con el fortalecimiento de las instituciones democráticas del Estado, el establecimiento de una
legislación moderna y la creación de mecanismos que permitan una mayor vinculación entre el Estado y la Sociedad Civil. En
este ámbito, en los últimos 16 años, se han alcanzado importantes avances.
Las transformaciones de la estructura económica significaron el tránsito de un modelo estatista de desarrollo a un sistema de
economía de mercado más abierto y con amplia participación privada. Esta característica permitió disminuir significativamente
la concurrencia de prácticas de corrupción y clientelismo que caracterizaban al Estado monopólico y dio lugar a un nuevo estilo
de gestión pública, caracterizado por su vocación de servicio en beneficio de la colectividad.
La necesidad de contar con instituciones fortalecidas para consolidar el proceso democrático, facilitó la adopción, por parte de
los sectores políticos, de importantes acuerdos destinados a reforzar las instituciones y/o promover sus procesos de
institucionalización. Entre los principales resultados alcanzados en esta materia se destacan:
a) El establecimiento de la Corte Nacional Electoral imparcial e independiente, constituida de manera concertada entre los
sectores políticos y en estricta aplicación de los procedimientos constitucionales establecidos para el efecto. Este acuerdo
restituyó la credibilidad al proceso electoral, aspecto fundamental de la vida institucional del país. A la fecha, la Corte Electoral
nominada en 1992, ha llevado adelante dos elecciones generales y dos municipales a nivel nacional, garantizando los principios
básicos de independencia y transparencia en la administración de estos procesos fundamentales.
b) La promulgación de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO), en 1990, representó también un
importante avance en materia de modernización de la administración pública, al crear modernos sistemas de administración y
control, bajo el régimen de responsabilidad por la función pública. La aplicación de esta Ley reforzó la institucionalización de la
Contraloría General de la República, como entidad independiente, con autonomía técnica y operativa, en las funciones del
control gubernamental. Desde 1992 cumple funciones por un período de diez años, el segundo Contralor General nominado y
electo de acuerdo a la Constitución Política del Estado.
c) La reforma constitucional, resultado de un proceso de concertación política, determinó en 1993, la promulgación de una Ley
de Necesidad de Reforma y, después de un período legislativo; el tratamiento y aprobación de enmiendas, siguiendo el
procedimiento legislativo previsto por la propia Constitución.
d) La promulgación de la Ley del Banco Central de Bolivia y la elección de su Directorio, modificó la tradicional costumbre del
nombramiento de sus autoridades por las administraciones del Poder Ejecutivo de turno, imposibilitando un efectivo
funcionamiento independiente en la administración de la política monetaria del país. En 1996 el Congreso Nacional eligió por
consenso a profesionales altamente calificados para ocupar los cargos de Presidente y miembros del Directorio .
e) La promulgación en 1993 de las Leyes de Descentralización Administrativa y Participación Popular, considerados como los
procesos de reforma y modernización del Estado más agresivos de la región, impulsaron al Estado a delegar en instancias
regionales y locales la administración de recursos públicos para el cumplimiento de diversas competencias vinculadas a la
provisión de infraestructura y servicios básicos, creando mecanismos de participación social en las tareas de planificación,
seguimiento y fiscalización de la administración pública.
f) La Reforma Judicial, permitió el establecimiento de Organos Judiciales independientes: el Consejo de la Judicatura y el
Tribunal Constitucional, además de la creación de la Defensoría del Pueblo como una instancias de apelación y protección de la
ciudadanía. A la fecha se han aprobado las leyes que regulan el funcionamiento de estos tres órganos y se ha nominado en
forma transparente y consensuada a los miembros de los mismos.
Este proceso de modernización y sus evidentes resultados de avance institucional, se aplican en el marco de una democracia
estable durante 16 años, período en el cual se han producido cinco transmisiones en la administración del Gobierno, en todos
los casos con alternancia de partidos políticos. Esta alternabilidad, viabilizada mediante diversos acuerdos políticos, buscó
asegurar la gobernabilidad del país, contribuyendo al proceso de institucionalización y a una permanente búsqueda de
consensos, para la adopción de políticas que trasciendan a las administraciones de Gobierno.
Sin embargo, a pesar de los importantes logros alcanzados durante el período democrático, con la ejecución de diversos
programas y reformas, los resultados de la gestión de las entidades públicas son todavía deficientes y su credibilidad
institucional por parte de la ciudadanía es pobre. Por otra parte, la seguridad jurídica, propia de un estado de derecho, tiene
serias limitaciones y en muchos sectores de la administración pública, todavía hay prácticas de discrecionalidad y corrupción.
Diversos estudios de evaluación de opinión pública, reflejan la escasa credibilidad de la sociedad en la mayor parte de las
instituciones públicas, de manera particular, en los sectores políticos y en las instituciones del orden, lo que significa un
debilitamiento de la confianza en el sistema político vigente que conduce a una cada vez menor, credibilidad de los ciudadanos
en sus gobernantes.

7. La población percibe que los sectores políticos recurren y se comunican con los electores únicamente en los períodos
electorales y posteriormente, no existen mayores posibilidades de comunicación y participación de las inquietudes ciudadanas.
También se percibe nítidamente que la administración pública continúa siendo objeto de manipulación por parte de sectores
muy reducidos.
En este contexto, la corrupción en la administración pública se manifiesta como uno de los problemas principales que
contribuye a debilitar la confianza de los ciudadanos, erosionando una importante base del sistema democrático.
B.- El Diálogo Nacional
En base a los antecedentes descritos, entre el 6 y el 18 de octubre de 1997, el Gobierno del Presidente Hugo Bánzer Suárez
convocó a un diálogo entre los titulares de los poderes públicos y del sistema político con representantes de diversos sectores
de la sociedad civil. Este encuentro, denominado «Diálogo Nacional Bolivia Hacia el Siglo XXI», que permitió encontrar
expectativas comunes de los diversos sectores de la sociedad para Bolivia en el próximo siglo, se ha constituido en un espacio
donde la sociedad civil puede participar en la definición de los objetivos y prioridades del país.
La primera etapa del Diálogo Nacional consistió en el funcionamiento de cuatro mesas, cada una de las cuáles analizó los
siguientes temas: Oportunidad, desarrollo económico, crecimiento y empleo; Dignidad, la problemática del narcotráfico;
Institucionalidad, justicia, estado de derecho y modernización del Estado y; Equidad, desarrollo social y lucha contra la extrema
pobreza.
La metodología utilizada para la realización del Diálogo Nacional, contempló la participación de moderadores independientes
que dieron al proceso mayor credibilidad y con ello, se logró una efectiva participación de todos los sectores del Estado y la
Sociedad Civil que asisitó a cada una de las mesas de trabajo.
En el caso de la mesa de Institucionalidad, las conclusiones alcanzadas estuvieron referidas a temas relacionados con la
reforma y modernización del Estado y de la gestión pública, el estado de derecho, la reforma constitucional, la administración
de la justicia, el sistema político, la participación de la sociedad civil y por último, la lucha contra la corrupción, tema transversal
a todas las áreas relacionadas con el desarrollo institucional.
El Diálogo Nacional dedicó una parte substancial de sus deliberaciones al análisis del marco institucional del desarrollo.
Garantizar la seguridad jurídica, promover la participación a través de un régimen descentralizado, erradicar la corrupción y
establecer una administración pública profesional y eficiente, son algunos aspectos a los que debería darse especial atención
en el proceso de desarrollo institucional.
En relación a los temas de desarrollo institucional y lucha contra la corrupción, el documento de conclusiones del Diálogo
Nacional recoge las siguientes recomendaciones:
124. «La independencia efectiva del Poder Judicial de la influencia de los partidos y de los grupos de poder económico es una
condición indispensable para su legal y correcto desenvolvimiento y para su moralización. En consecuencia, la despartidización
de la elección de los Magistrados y Jueces del Poder Judicial es un requisito insoslayable e impostergable»
135. «...se debe institucionalizar la carrera en la administración pública mediante la aprobación del Estatuto del Funcionario
Público y la ampliación del servicio civil, en todos los niveles del Gobierno Central, Prefecturas y Municipios»
144. «La corrupción es una grave amenaza a la sociedad y a las instituciones democráticas de Bolivia.»
145. «Su eliminación exige la concientización y movilización de las organizaciones de la sociedad civil; la aplicación sostenida y
consistente de Políticas de Estado, que comprometan a todas las fuerzas políticas; la moralización de las instituciones
constituidas para combatirla y un cuerpo jurídico actualizado y eficiente.»
146. «La campaña nacional de lucha contra la corrupción debe revalorizar la conducta ética individual y colectiva, promover y
difundir esos principios desde la familia, la escuela y las organizaciones de la sociedad, combatir el clientelismo, el
prebendalismo, el tráfico de influencias y toda forma de corrupción, y promover un sistema de remuneraciones más justa para
los funcionarios públicos.»
147. «Esa campaña debe sustentarse en la acción de los medios de comunicación e incluir seminarios, talleres, mesas de
diálogo entre el Estado y la sociedad civil y todas las formas de movilización indispensable para asegurar su éxito.»
Entre otras recomendaciones elaboradas por la mesa de institucionalidad, se planteó la necesidad de aprobar en el menor
plazo posible, las Leyes que reglamenten el funcionamiento de los Organos independientes del Poder Judicial (Tribunal
Constitucional, Consejo de la Judicatura y Defensor del Pueblo), leyes que fueron promovidas y aprobadas por el Gobierno y el
Congreso Nacional, en cumplimiento a las recomendaciones del Diálogo Nacional.

8. C.- Compromiso político ante la corrupción
El Gobierno del Presidente Hugo Bánzer Suárez, desde su asunción al poder, ha expresado su preocupación por el fenómeno
de la corrupción en el país. En este sentido, inició acciones adoptando un decálogo de normas éticas que deben servir de guía
para la actuación de los funcionarios gubernamentales. Posteriormente, en noviembre de 1997 invitó al país a una misión del
Banco Mundial y de la ONG Transparencia Internacional, para evaluar la posibilidad de implementar acciones coordinadas para
enfrentar el fenómeno de la corrupción.
Por su parte, el principal partido de oposición, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, ha manifestado públicamente su
voluntad y decisión de participar en la elaboración de una estrategia anticorrupción, con la vocación de transformarla en una
Política de Estado.
Las manifestaciones de voluntad política más las múltiples expresiones sociales de condena a las prácticas de corrupción en la
administración pública, afirman el consenso existente de encarar políticas específicas para corregir este problema y establecen
una coyuntura favorable para consolidar una Política de Estado en esta materia.
D.- Programas en curso
La elaboración e implantación del PNI y de una Estrategia de Lucha contra la Corrupción es un esfuerzo que no se inicia en un
vacío institucional o programático. Varios sectores y entidades estatales cuentan ya con programas, proyectos y actividades, las
que si bien no están específicamente orientadas a combatir el problema de la corrupción, tienen el propósito de fortalecer y/o
renovar su actividad en servicio de la colectividad, logrando así efectos de orden preventivo.
Entre los programas relacionados con el desarrollo institucional y la integridad que tienen efecto preventivo contra el fenómeno
de la corrupción, se destacan: la Reforma Judicial a cargo del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial; la implantación de los
Sistema de Administración y Control a cargo del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República; la
modernización de los Servicios de Impuestos Internos y de Aduanas; el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo; el
Programa Nacional de Gobernabilidad y el Proyecto de Reforma Institucional a cargo de la Vicepresidencia de la República y
otros, destinados al fortalecimiento institucional en el proceso de descentralización y participación popular, que se coordinan
con el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, que cuentan con el apoyo financiero
de diversos organismos multilaterales y bilaterales.
Sin embargo, muchos de estos programas y actividades, carecen de una adecuada coordinación o impulso de las instancias
políticas para lograr los objetivos y resultados propuestos, por lo que se presenta una situación de dispersión de esfuerzos que
debe ser corregida mediante la adopción de un marco de referencia estratégico claro, que integre las acciones y objetivos de
cada uno de estos programas.
E.- Percepción de la opinión pública sobre la corrupción
Una secuencia de encuestas de opinión pública realizadas durante los últimos 6 años indican la existencia de un importante
grado de conciencia ciudadana sobre el tema de la corrupción. Destaca también la sorprendente estabilidad en la calificación
que los ciudadanos bolivianos dan a la corrupción catalogándola como uno de los principales problemas del país.
En una estudio realizado en octubre de 1996, la ciudadanía ubicó a la corrupción como el sexto principal problema del país,
siempre detrás de los temas vinculados al desempleo, pobreza, crisis económica, educación y salud.
Problemas Nacionales %
Desempleo 51
Pobreza 44
Educación 35
Crisis económica 24
Salud 21
Corrupción 21
Bajos salarios/ingresos 11
Inflación/aumento de precios 11
Narcotráfico 11
Consumo de drogas 9
Violencia/crimen 7
Politiquería 6
Fuente: Encuestas & Estudios Oct 96

9. Sin embargo, conforme el país avanza en la solución o puesta en marcha de programas específicos en determinadas áreas, la
preocupación ciudadana por la corrupción se va haciendo cada vez más nítida. Una evaluación más reciente, de principios de
1998, demuestra que la percepción de la ciudadanía ha variado notoriamente, siendo la corrupción el principal problema
nacional que preocupa a la población. Vale la pena mencionar, que este estudio se realizó en momentos en que se publicaron
dos casos específicos de corrupción, aspecto que posiblemente influyó en la percepción de la ciudadanía.
Problemas Nacionales %
Corrupción 40
Desempleo 15
Narcotráfico 15
Pobreza 13
Educación 6
Caminos 5
Justicia 3
Fuente: Gobierno Feb 98
Percepción reciente de la población
Durante los meses de enero y febrero de 1998, un trabajo de encuestas permitió recoger la percepción de 6,851 hogares en 50
comunidades representativas del país, sobre temas relacionados con la corrupción en los servicios públicos. La metodología
empleada para la realización de este trabajo fue la «Encuesta de Desempeño de Servicios», que además de recopilar la
información sobre percepción de la muestra seleccionada, incluye la aplicación de grupos focales y entrevistas con informantes
claves para validar la información obtenida y para recoger criterios y recomendaciones sobre soluciones a los problemas
encontrados.
Los resultados de la encuesta mostraron que la percepción de corrupción en Bolivia es seria y alarmante. El 79% de los
hogares opinó que la corrupción en los servicios públicos es grave o muy grave, siendo esta opinión homogénea entre
personas de diferente edad, sexo o condición de miembro de familia. El problema de la corrupción parecería afectar más a la
gente más pobre, ya que en las comunidades de alta marginalidad hubo un 10% más de opiniones sobre la gravedad de la
corrupción.
Percepción Grado de Corrupción en Servicios Públicos %
Muy grave 25
Grave 54
Regular 16
Poco grave 4
Nada grave 1
Fuente: Gobierno Feb 98
Asimismo, tres de cada cuatro hogares señalaron que el uso de «coimas» en la gestión de los servicios públicos es frecuente o
muy frecuente, percepción que no varía en las comunidades más pobres. Parecería entonces que el pago de coimas resulta ser
la forma de corrupción más perceptible por parte de la población.
Por área geográfica, la percepción de la corrupción es mayor en las ciudades, sobre todo en las del eje central del país,
probablemente debido a que es allí donde se concentra la mayor parte de la burocracia estatal.
Se consultó también en cuál de los servicios públicos es urgente corregir el problema de corrupción. El 31 % mencionó que este
servicio es la Policía, seguido por la Aduana, en las ciudades y por las Alcaldías en el área rural.
La población identifica a la Policía como el servicio de seguridad ciudadana, asociada al conjunto de los servicios vinculados
con la administración de la justicia, lo que involucra a los otros actores del sistema judicial (jueces, fiscales, oficiales rurales,
etc.) que no son claramente diferenciados por la ciudadanía.
El grupo poblacional encuestado explicó su malestar con la Policía arguyendo, entre otros motivos, que muchas veces los
policías actúan con impunidad, no tienen educación, atemorizan a la población, sobre todo a los pobres, golpean a los
detenidos, no emiten facturas ni comprobantes por cobros que realizan, fallan o se parcializan en favor del que les ofrece más
dinero y piden dinero para brindar sus servicios.
Las soluciones propuestas por la población para disminuir la corrupción en la Policía y en los servicios de administración de
justicia asociados a ésta, plantean la necesidad de aplicar medidas de orden general como la difusión de los derechos

10. ciudadanos, la adopción de normas para combatir la impunidad y mecanismos para castigar a los corruptos. Entre las medidas
de orden administrativo, señalaron que se debe ejercer un mayor control y coordinación en el nombramiento de autoridades
locales y finalmente, en lo relacionado al personal que presta servicios, indicaron que se les debe exigir un mayor nivel de
educación, incrementar sus salarios, capacitarlos y concientizarlos, cambiar al personal corrupto y exigirles que porten
identificación durante su trabajo.
El estudio también analizó la percepción de la población respecto a la corrupción en las instituciones en las que se efectúan
trámites y registros. En esta área se identificó que los trámites que con mayor frecuencia realiza la ciudadanía son: cédulas de
identidad, registros en derechos reales, regularización (legalización) de documentos, certificados de nacimiento y pago de
impuestos.
La encuesta evidenció ciertas irregularidades en el funcionamiento de estos trámites, fundamentalmente en los tiempos que le
demanda al ciudadano realizarlos. Por ejemplo, en los trámites de derechos reales, entre un 65 y 70% de los usuarios
encuestados indicaron que demoran entre un mes y varios años, mientras que existe un 4% que resuelve el mismo trámite en
una hora.
Una característica común en los trámites que se realizan en diversas instituciones públicas, es la contratación de los servicios
de un gestor o «tramitador», recurso utilizado por un importante porcentaje de la población encuestada y, que de acuerdo al
estudio, es un elemento que tiene una relación directa con el pago de coimas. Es decir que, aquellas personas que utilizan
«tramitadores», tienen el doble riesgo de pagar coimas para la agilización del trámite que aquellas que no lo utilizan. Podemos
así observar la relación que existe entre «tramitador» y corrupción.
La población afirmó que para corregir los problemas de corrupción en los trámites públicos y para agilizarlos, se debe
establecer un adecuado sistema de información y orientación estos servicios. Los encuestados propusieron instalar en cada
oficina pública de trámites, un espacio de información que señale el costo del trámite, su duración, el lugar donde se realiza y
además, incorporar un buzón de quejas.
Asimismo, con relación al caso específico de las Alcaldías, que fueron identificadas en el área rural, como la segunda institución
más urgente de corregir, se recomendó elaborar ciertas medidas que permitan la despolitización de estas administraciones y
otras relacionadas a lograr la eficiencia de su personal, a través de un incremento de salarios, capacitación y concientización.
Percepción del Sector Privado
El estudio consideró también la percepción del sector privado. La muestra estuvo constituida por 1599 negocios de siete
capitales de departamento, incluida la ciudad de El Alto, que representa el 1.3% del total de negocios registrados por el Instituto
Nacional de Estadísticas.
El 90 % de los propietarios de negocios perciben que la corrupción en los servicios públicos es grave o muy grave.
El 82% de los encuestados coincidieron en señalar que la Aduana es la institución con mayores problemas de corrupción. Los
encuestados sugirieron adoptar medidas dirigidas a despolitizar la Aduana; implementar mejores sistemas de administración y
control; castigar a los corruptos; recibir apoyo de agencias internacionales y mejorar la calidad del personal.
El estudio en el sector privado, analizó la percepción sobre el grado de corrupción en los procesos de licitaciones públicas. Al
respecto 87% de los encuestados opinaron que estos procesos no son limpios, indistintamente si participaron o no.
El 43% de las empresas que concursaron en un proceso de licitación del sector público, afirmó que en dichas licitaciones ya
estaban «arregladas» con anterioridad, a un 24% se les pidió dinero para ganar el concurso y a un 19% se le solicitó dinero
para firmar el contrato ya ganado.
Para erradicar la corrupción en las licitaciones públicas, los encuestados recomendaron establecer algunos mecanismos que
conduzcan a lograr procesos transparentes. Las medidas propuestas se refieren a la publicación de convocatorias; la apertura
de los sobres de propuestas con presencia de los participantes; la obligación de informar públicamente los resultados de la
licitación; impedir el contacto del funcionario con las empresas concursantes; despolitizar los procesos; formar comisiones
calificadoras con expertos y promover la participación de agencias internacionales.

11. En cuanto al marco legal, se planteó la necesidad de promulgar una Ley de modificación de las actuales Normas Básicas de
Administración de Bienes y Servicios, a pesar de que se constató que el 41% de los encuestados que participaron en
licitaciones, desconocen estas normas básicas del sector público.
En conclusión, ambas encuestas mostraron que la percepción de corrupción en nuestro país es muy seria y generalizada en
todos los sectores de la sociedad.
Los resultados permiten afirmar que existe la necesidad de concentrar esfuerzos de lucha contra la corrupción, que deberían
orientarse principalmente a los servicios de administración de justicia y policía, a la aduana, a las alcaldías y a otras
instituciones que prestan servicios de trámites y registros públicos, además de mejorar los sistemas de licitaciones del sector
público.
Las principales recomendaciones que plantean las encuestas, están referidas a la necesidad de implantar mejores sistemas de
control, eliminar la interferencia política en las instituciones públicas, modernizar los servicios y fortalecer las instituciones;
reclutar personal competente para el sector público, mejorar sus salarios y; castigar los hechos de corrupción para evitar la
impunidad.
F.- Plan Nacional de Integridad
El 21 de septiembre de 1998 el gobierno presentó a la sociedad civil, la primera propuesta del Plan Nacional de Integridad. Esta
propuesta preliminar fue la base para la suscripción de un "Acuerdo Interinstitucional por el Plan Nacional de Integridad" que
permitió la conformación de la Comisión Nacional de Integridad.
La Comisión Nacional de Integridad está compuesta por representantes de tres grupos institucionales del Estado:
a) Poder Ejecutivo:
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia
b) Poder Legislativo:
Cámara de Senadores
Cámara de Diputados
c) Poder Judicial:
Corte Suprema de Justicia
Consejo de la Judicatura
d) Organos Independientes
Contraloría General de la República
Ministerio Público
La Comisión, presidida por el Vicepresidente de la República, en su calidad de Presidente Nato del Congreso, es la
responsable de velar por una adecuada coordinación entre las diversas instituciones estatales involucradas.
La función de la Comisión, es la de discutir y recomendar la aplicación de normas, políticas y programas de desarrollo
institucional en las áreas identificadas en el PNI, así como hacer el seguimiento de las mismas y coordinar su ejecución con las
instituciones de la sociedad civil.
Asimismo, la Vicepresidencia de la República ha creado la Unidad Técnica del PNI que actúa como Secretaría Técnica de la
Comisión Nacional y como Unidad de Coordinación del Proyecto. Esta instancia es la responsable de la administración
financiera y la coordinación técnica de los componentes de la estrategia.
G.- Primer Taller Nacional de Integridad
Durante los días 23 y 24 de noviembre de 1998, se desarrolló en la ciudad de La Paz, el Primer Taller Nacional de Integridad,
convocado por la Comisión Nacional de Integridad, con el objeto de dar a conocer y discutir con la sociedad civil boliviana, los
alcances de la primera propuesta del Plan Nacional de Integridad.
Este taller convocó a representantes de los tres poderes del Estado, la Policía, las Fuerzas Armadas, instituciones privadas,
líderes de opinión y representantes de la sociedad civil, tomando como base a las instituciones que participaron en la Mesa de
Institucionalidad del Diálogo Nacional.
Reforma Judicial y Modernización del Estado relacionados a la lucha contra la corrupción, fueron los temas analizados en
grupos de trabajo en los dos días que duró el evento.

12. Ambos grupos de trabajo formularon documentos de conclusiones que expresan el apoyo a las acciones previstas en la primera
propuesta del Plan Nacional de Integridad; plantean otras acciones e iniciativas en la lucha contra la corrupción, las mismas que
son incluidas en la esta versión y proponen un Plan de Trabajo para 1999.
El encuentro planteó también la necesidad de institucionalizar el Taller de Integridad como un mecanismo periódico y
permanente que permita reunir a las instituciones del Estado, el sistema político y la sociedad civil para el seguimiento y
evaluación de las acciones y medidas del PNI.
III.- El fenómeno de la corrupción.-
A.- Modernización del Estado y Lucha contra la corrupción
La modernización del Estado pasa principalmente por crear condiciones para que éste pueda asumir eficientemente el nuevo
rol que le asigna el modelo de desarrollo adoptado a nivel mundial; en su propio territorio, siendo eficaz en la promoción de un
desarrollo sostenible y compartido y, en el contexto de un mundo globalizado donde prima la economía de mercado y la
democracia. En este escenario sus principales objetivos giran en torno al interés colectivo; la reducción de la pobreza, la
seguridad jurídica, la protección ciudadana y de su medio ambiente, entre otros.
La primera generación de cambios estructurales adoptados en el país con el resurgimiento del proceso democrático en 1985,
ha sido la constancia de un primer paso para que el Estado asuma una nueva vocación y modelo: de un estado centralizado y
productor hacia otro mas bien regulador y descentralizado.
Es indispensable que el Estado avance en la definición de nuevos objetivos y campos de acción, desde donde pueda seguir
fomentando el desarrollo y provea un mejor y más eficaz servicio a la colectividad. Este proceso requiere principalmente de una
adecuada organización y coordinación administrativa, competencia en la provisión de servicios y participación ciudadana que
permita al Estado estar más cerca de la sociedad civil y lograr políticas de mayor consenso que contribuyan a perfeccionar cada
vez más la gobernabilidad.
En este contexto, la corrupción como un factor que afecta la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la credibilidad del Estado;
debe enfrentarse con acciones de orden preventivo que, entre otras, supone la implantación de sistemas de gestión más
eficientes, con mejor calidad de personal y mayor efectividad en la provisión de servicios, variables de correlación directa con el
desarrollo. No menos importantes son aquellas acciones que enfrentan situaciones de impunidad y deficiencias en la
administración de justicia.
Por otro lado, el fenómeno de la corrupción se convierte en un síntoma de la debilidad institucional, por lo que se hace
indispensable la adopción de medidas que ataquen las causas y no solamente los efectos de esta problemática. En este
sentido, son cruciales las políticas de desarrollo institucional y modernización del Estado que establezcan reglas de juego clara
para consolidar instituciones eficientes.
B.- Causas generales.-
Existen varios enfoques para aproximarse al fenómeno de la corrupción. Uno de ellos parte del estudio de las condiciones
estructurales y administrativas que favorecen su crecimiento.
1. Condiciones estructurales
Las condiciones estructurales son aquellas que provienen del ordenamiento y los sistemas bajo los cuales se organizan y
funcionan las estructuras económicas, políticas, sociales o jurídicas de un país. Cada uno de estos ámbitos puede contribuir en
diferente forma a que la administración del Estado y los bienes públicos sea más o menos propensa a la corrupción. Afectar
estas estructuras y hacerlas menos vulnerables permite minimizar y prevenir los riesgos para que se presente este fenómeno.
Estructura económica.-
Un enfoque tradicional sobre el fenómeno de la corrupción indica que a mayor cantidad de regulaciones y discrecionalidad de
los servidores públicos, aumentan las condiciones y posibilidades para que existan actos de corrupción. Para algunos autores,
los instrumentos de política económica que incentivan la corrupción, por ser fuentes de «cacería de rentas» (rent-seeking) son:
los monopolios estatales, las restricciones al comercio exterior, los subsidios, los controles de precios, tipos de cambios
múltiples, salarios bajos en el servicio civil, etc.

13. Cuanto mayor es la intervención del Estado en la economía, y por tanto su administración, se ejerce en forma discrecional
aprovechando su condición monopólica, mayores riesgos existen de corrupción en dicha administración.
Hay otros analistas que afirman que si la economía se abre a la competencia internacional sin barreras arancelarias o
aumentan súbitamente la llegada de inversiones extranjeras, la corrupción tiende a promoverse y a adecuarse en un ambiente
nuevo y desconocido.
Las consecuencias que tiene la corrupción sobre las estructuras económicas de un país son muy peligrosas para el desarrollo y
el crecimiento de este. Entre otros efectos negativos, la corrupción encarece la inversión en infraestructura básica y la
prestación de servicios públicos, disminuyendo así la posibilidad de extenderlos en beneficio de mayor número de usuarios. Por
otro lado, encarece la compra de tecnología más moderna y expone al país a la adquisición de tecnologías obsoletas; dificulta
la ejecución de una política industrial por la existencia de procesos generalizados de contrabando y le resta efectividad y
equidad a la política fiscal. En definitiva, resta la competitividad del país y se constituye en una importante restricción a su
crecimiento.
Estructura política
Cuando el sistema político y los políticos no asumen su verdadero rol de intermediación ni su función representativa y de
servicio a los ciudadanos, se fomenta la corrupción política, ocasionando que los ciudadanos sólo ingresen a esta actividad con
fines personales y egoístas.
La relación entre las oportunidades políticas y las económicas de un país, también afectan a la corrupción. Si las oportunidades
políticas superan a las económicas o aumentan sensiblemente en un período dado, habrá más gente dispuesta a entrar en
política como modo de hacer dinero, aspecto que conduce a un potencial incremento de la corrupción.
La falta de control social que pueda ejercer la sociedad civil es sin duda, una condición más que fomenta la corrupción. En este
sentido, es importante la participación de una fuerte oposición que controle al partido gobernante y mantenga un equilibrio en la
distribución del poder. Asimismo, la excesiva concentración y continuidad de un mismo grupo político en el poder, puede
convertirse también en una condición que fomenta la corrupción.
Finalmente, los efectos de la corrupción en la estructura política se ven reflejados en la disminución de credibilidad y legitimidad
de los gobiernos, y con ello, del mismo sistema democrático, condiciones indispensables para mantener la gobernabilidad en un
país.
Estructura social
La estructura social de un país es portadora de determinados valores éticos que pueden facilitar o dificultar el fenómeno de la
corrupción. Los cambios en dicha estructura social, pueden favorecer o perjudicar el control social que la sociedad ejerce.
Algunos analistas sostienen que «la corrupción tiende a incrementarse en períodos de rápido crecimiento y modernización
como consecuencia del cambio de valores, las nuevas fuentes de riqueza y poder y la paralela expansión de la administración».
Los efectos de la corrupción en las estructuras sociales se reflejan en el grado de cinismo que se puede presentar entre los
ciudadanos, la creación de desesperanza, desencanto e indignación; aspectos que propician una cultura política de
«incivismo», en virtud de la cual el ciudadano se va convirtiendo en evasor de sus deberes, no sólo como contribuyente, sino en
todos los demás aspectos de la vida en comunidad. Se destruye o se debilita la relación de cooperación entre los ciudadanos y
las autoridades; se genera un ambiente hostíl que poco o nada ayuda a la construcción de una sociedad participativa. Más que
una sociedad constructiva se va gestando una sociedad de gente negativa, que buscan sacar tanto provecho como sea posible
en beneficio personal y que les tiene sin cuidado lo que le pasa al vecino, a la comunidad, a su vecindario, a su ciudad, a su
región y a su país. La insolidaridad es un producto del cinismo y la apatía que genera la percepción de que existe un gobierno,
unos funcionarios y unos políticos corruptos.
Las estructuras sociales, al tener relación con los valores individuales y comunitarios, plantean un proceso de largo plazo y
sostenible en el tiempo. Los programas y campañas de educación, capacitación o difusión de información sobre el tema,
pueden contribuir en alguna medida, a encauzar la conceptualización del problema por la comunidad.
Estructura Legal
Finalmente, la carencia de una estructura legal adecuada, afecta al estado democrático de derecho que se ve limitado por
debilidades en su estructura institucional, reglas de juego poco claras y estables; carencia de un derecho administrativo
coherente y una disminuida seguridad jurídica. Deficiencias en el funcionamiento de instituciones fundamentales de la
estructura legal como el Ministerio Público y el Poder Judicial, acrecientan enormemente las condiciones para la existencia del
fenómeno de la corrupción.

14. La impunidad, calificada como «un proceso aberrante que impide el derecho a la justicia, a la verdad y que conculca los
principios básicos de los derechos humanos», tiene una directa relación con la corrupción y las estructuras legales que no
contribuyen a los procesos de esclarecimiento y sanción pública de actos de corrupción. También con las condiciones
administrativas que muchas veces contribuyen a que corruptores o corrompidos guarden códigos de silencio o prácticas
generalizadas de protección, lograda a partir de los privilegios políticos y parlamentarios.
La corrupción afecta las estructuras legales, sobre todo, creando incertidumbre, incredulidad e inequidad respecto a la
administración de justicia. Esto disminuye dramáticamente el bienestar del ciudadano y desincentiva la inversión y el ahorro.
Desestimula la inversión extranjera, porque ésta encuentra que no hay transparencia y, por lo mismo, no existe un trato
equitativo ni reglas limpias.
2.- Condiciones administrativas
Desde el punto de vista de la administración y la gestión, está también comprobado que pueden crearse condiciones favorables
para la existencia de corrupción, en la medida que los sistemas de gestión, control y de incentivos para los servidores públicos
no corresponden al grado de responsabilidad que éstos asumen y por tanto, dan lugar a que se creen estructuras informales de
funcionamiento de ciertos servicios en perjuicio de la ciudadanía, que es en última instancia a quien están dirigidas las
actividades del sector público.
Sistemas de gestión que fomentan la concentración de un excesivo «poder monopólico» en manos de pocos funcionarios, así
como aquellos que les otorgan excesiva discrecionalidad y no cuentan con instrumentos de rendición de cuentas y manejo
transparente de la información, dan lugar a la creación de «focos» de corrupción que pueden ser aprovechados por funcionarios
inescrupulosos en beneficio particular.
Asimismo, la inexistencia de sistemas de incentivos para los funcionarios o servidores públicos que son responsables de
proveer los servicios a la ciudadanía, tanto desde el punto de vista del reconocimiento adecuado por dichas funciones, así
como la existencia de sanciones efectivas para los casos en los que se actúe en forma deshonesta o ineficiente, da lugar a que
los servidores públicos no desarrollen valores de servicio a la colectividad y sean más proclives a ser corrompidos.
Por el contrario, sistemas de gestión que promuevan la responsabilidad y la «respondabilildad» (accounttabilty), son
imprescindibles para el control de la corrupción, ayudando a hacer más transparentes los procesos y a evitar la excesiva
discrecionalidad por parte de los servidores públicos.
Sólo en la medida que se establezcan incentivos reales para que los servidores públicos se sientan adecuadamente
reconocidos, tanto desde el punto de vista económico como social y se creen sensaciones de riesgo para las actividades y
conductas corruptas; se logrará que sean los mismos servidores públicos quienes resuelvan los actuales problemas de falta de
transparencia e ineficiencia en la prestación de servicios.
IV.- Situación en Bolivia.-
Sobre la base de las consideraciones formuladas anteriormente, se puede afirmar que para enfrentar el fenómeno de la
corrupción debe asumirse un proceso de transformación de las estructuras del país que en gran medida contribuyen y, a veces
hasta fomentan, su existencia. Esta tarea presenta grandes desafíos y dificultades que deben considerarse oportunamente.
Para ello, es necesaria una aplicación práctica de los conceptos y teorías existentes acerca del fenómeno de la corrupción,
realizando un diagnóstico de las condiciones actuales estructurales y administrativas que presenta nuestro país.
a) Las estructuras económicas, posiblemente las más trabajadas desde la implantación de la nueva política macroeconómica
en 1985, han permitido reducir las principales distorsiones en la economía. Cambios estructurales importantes como la
liberalización de los precios; de la tasa de interés y el tipo de cambio; la apertura de la cuenta de capitales; el establecimiento
de un tipo de cambio único para todas las transacciones; la privatización de empresas públicas; la eliminación de barreras
cuantitativas al comercio exterior y el establecimiento de un sistema tributario más simple, son algunas de las importantes
medidas que se ha tomado en Bolivia para eliminar las diferentes distorsiones de la economía, que en el pasado creaban
condiciones favorables para la corrupción, la especulación y el mercado negro.
En este contexto, se plantea el desafío de sostener los logros y continuar con el fortalecimiento de una economía todavía débil
y desequilibrada. En todo caso, cada vez es menos lo que falta por hacer para modernizar la estructura económica del país y

15. existen programas específicos orientados a tal propósito. Los efectos que estas medidas tendrán sobre la corrupción serán
seguramente indirectos pero altamente efectivos.
b) En relación a las estructuras políticas, es importante diferenciar el grado de avance que el país ha logrado alcanzar en el
desarrollo de su sistema político, respecto del comportamiento y las conductas que muchas veces se observan en los actores
políticos y que son normalmente las que crean percepciones muy críticas de parte de la población.
No puede negarse que las medidas adoptadas para la modernización del sistema electoral, así como las políticas y programas
orientados a incrementar la participación social y ampliar la base democrática del país, han afectado las estructuras sobre las
cuales se administra el poder y han contribuido a disminuir el grado de discrecionalidad por parte de los actores políticos.
Es también cierto, que a pesar de evidentes conductas poco éticas de parte de los actores políticos, que con frecuencia se
denuncian y se hacen públicas, incrementando la mala imagen que tienen ante la opinión de la población; existen otro tipo de
actitudes que demuestran un grado de desarrollo y madurez en estos mismos actores. Esto se refiere fundamentalmente, a la
capacidad que han demostrado los sectores políticos de llegar a acuerdos y poner en práctica políticas en beneficio del país.
Conforme el Estado se desarrolle, se consoliden las instituciones y se fortalezca el sistema democrático, los actores políticos
consolidarán también su madurez y podrán ejercer una efectiva representación de la población en servicio de la colectividad,
cumpliendo en forma adecuada el mandato que les asigna nuestro sistema de gobierno. Pero todavía persisten en el país, los
rasgos patrimonialistas y clientelistas en nuestro sistema político que caracterizan las conductas de sus actores, en cuya cultura
son consideradas legítimas y aceptables. Esto se explica, en gran parte, por el problema de las oportunidades económicas,
pues parecería que en nuestra realidad no existe forma de lograr una movilidad social si no es a través del acceso al poder
público. Mientras persistan estas conductas y esta cultura política será difícil superar estas condicionantes estructurales que
fomentan la corrupción.
c) En lo que se refiere a las estructuras sociales, se puede constatar por medio de diferentes encuestas, que la sociedad
boliviana en su conjunto, condena la corrupción y abiertamente manifiesta su malestar por los casos de corrupción que no son
debidamente sancionados. Sin embargo, y a pesar de que existen manifestaciones de voluntad por participar y apoyar acciones
de lucha contra la corrupción, en la práctica existe también una suerte de resignación, que incluso llega a convertirse en una
aceptación den los hechos. Es decir, se condena la corrupción, pero no se la enfrenta, se convive con ella.
En este sentido, parecería que la priorización de este problema en la escala de valores de la sociedad no está suficientemente
clara o no existe una conciencia social acerca de los derechos ciudadanos, ni el conocimiento de la leyes, que permita una
acción más decidida y efectiva por parte de la sociedad civil en demanda de una administración más eficiente y honesta por
parte del poder político. Por otra parte, la sociedad no encuentra los instrumentos con los cuales pueda participar en la lucha
contra la corrupción.
Campañas de educación, moralización y concientización sobre el problema y el alcance del rol social en la lucha contra la
corrupción, son indispensables para generar una base moral arraigada en la propia sociedad, que den lugar al cambio de
valores que aseguren la sostenibilidad de cualquier esfuerzo por erradicar la corrupción.
d) Respecto a las estructuras legales, resulta evidente que en Bolivia todavía no se ha consolidado un sistema jurídico acorde
con el grado de desarrollo que han alcanzado las otras áreas, lo que provoca un desequilibrio en el crecimiento institucional del
país.
Las condiciones en las que actualmente opera el Poder Judicial y la interferencia política de la que tradicionalmente ha sido
objeto, le restan credibilidad ante la población y un nivel de desconfianza que afecta seriamente el ambiente de seguridad
jurídica que debería existir como condición para promover el desarrollo nacional.
Por otra parte, es también cierto que la institucionalización y modernización del Poder Judicial, así como de otras instituciones
vinculadas a la administración de la Justicia, ya se ha iniciado y está en curso a partir de la última Reforma Constitucional.
A la fecha se han promulgado las Leyes que reglamentan el funcionamiento de los órganos independientes del Poder Judicial:
el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo, instancias creadas para resolver los problemas
de interferencia política en el Poder Judicial y asegurar una administración independiente de la Justicia, así como establecer
mecanismos de protección del ciudadano a través de la Defensoría del Pueblo.
Más aún, como se explicó en los antecedentes, los titulares de estos tres órganos han sido ya nombrados a través del
procedimiento establecido por Ley. Estas son entonces, instituciones en proceso de organización cuyo fortalecimiento será
necesario para consolidar un proceso de reformas del sistema judicial que seguramente demandará de mucho esfuerzo y
tiempo.

16. Estas acciones que se encuentran en curso, deben ser complementadas por otras ya previstas en la reforma, que incluyen el
fortalecimiento de instituciones como el Ministerio Público; la modernización de la legislación vigente y fundamentalmente, el
fortalecimiento de los sistemas administrativos del Poder Judicial, que permitan la creación de instituciones modernas y
eficientes que garanticen eficiencia en la administración de la justicia.
En el ámbito del derecho administrativo y tomando en cuenta las profundas transformaciones que está experimentando el
Estado, se hace también necesario contar con un marco normativo actualizado en materia de procedimientos administrativos,
en el cual se establezcan los principios que normarán la relación del ciudadano con la administración del Estado en cuanto a su
derecho de petición y apelación.
El éxito y sostenibilidad de este proceso de reformas dependerá fundamentalmente de la posibilidad de impedir la
subordinación de las medidas y nombramientos, a los intereses político partidarios o particulares. La lucha contra la impunidad
es un aspecto básico no solamente de las estructuras legales, sino una condición necesaria para que este plan tenga éxito.
El concurso de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción es un requisito indispensable y su participación está
condicionada a la credibilidad que se pueda tener sobre este Plan. Se alcanzará la credibilidad en el Plan sólo cuando la
población constate que se está luchando contra la impunidad.
e) En relación a las condiciones administrativas que favorecen la corrupción y fomentan la ineficiencia del sector público, la
actual legislación del país, prevé el establecimiento de modernos sistemas de administración y control orientados a lograr
mayor eficiencia, economía y eficacia en la administración de los recursos y operaciones del Estado (Ley SAFCO). Sin
embargo, desde 1990, año en que se puso en vigencia esta Ley, el Estado no ha llegado a concretar la implementación de los
sistemas previstos, y por el contrario, se ha confundido el espíritu de la Ley identificándola exclusivamente como un instrumento
de control y sanción, lo que constituye una visión parcial de sus objetivos.
Sin duda, la aplicación plena y efectiva de las previsiones establecidas en la Ley, a través de una adecuada reglamentación e
implantación, permitirá resolver los problemas de excesiva discrecionalidad y falta de transparencia de algunos servicios, que
de acuerdo a las propias encuestas descritas en el documento, son percibidos como las instancias más vulnerables a la
corrupción administrativa.
En este sentido, se plantea el desafío de completar la implantación de la Ley SAFCO y paralelamente, establecer una carrera
de servicio civil que permita que la función pública se desempeñe con un verdadero sentido de servicio a la colectividad y no de
administraciones o partidos temporalmente en ejercicio del gobierno.
V.- Objetivos del Plan Nacional de Integridad.-
A.- Objetivo General
El Plan Nacional de Integridad (PNI), componente principal del Pilar de Institucionalidad, tiene el objetivo central de prevenir y
combatir la corrupción, a través del fortalecimiento de la institucionalidad de las entidades estatales, para lograr servicios más
eficientes y resultados más eficaces para la colectividad, y, en el marco de un estado de derecho, promover la seguridad
jurídica plena a través de una efectiva protección de los derechos y garantías ciudadanas mediante un sistema judicial
accesible e independiente.
B.- Objetivos Específicos
Para el cumplimiento de este objetivo, el PNI se plantea el cumplimiento de objetivos específicos en materia de desarrollo
institucional del país organizándolos en tres áreas que darán lugar a la formulación de componentes específicos del Plan:
En administración de justicia y el entorno legal
- Establecer las bases institucionales y normativas que aseguren una eficiente y calificada administración de la justicia,
preservando el carácter de independencia de los Poderes del Estado y garantizando la vigencia plena del estado de derecho.
- Desarrollar el marco normativo necesario para adecuar los instrumentos legales vigentes en materia de derecho comercial,
administrativo, civil y penal, a las condiciones actuales de desarrollo económico y social, de manera que el sistema jurídico sea
consistente con el modelo de desarrollo adoptado por el país.

17. - Fortalecer a las instituciones responsables de la administración de la justicia para que las mismas puedan prestar una servicio
más eficiente y transparente a la colectividad, contribuyendo a desarrollar un clima de seguridad jurídica para toda la población
y para el desarrollo de las actividades económicas.
En modernización del Estado
- Modernizar la administración del Estado en el marco de su nuevo rol normativo, regulador y de provisión de servicios básicos,
para que dichas funciones se cumplan de manera eficiente, con transparencia y con una amplia participación de la sociedad
civil, y contribuyan al objetivo central de luchar contra la pobreza.
- Modernizar los sistemas de gestión de la administración pública en todos sus niveles, aplicando el concepto de la gestión por
resultados y una delegación efectiva de la responsabilidad en las autoridades públicas.
- Introducir sistemas de incentivos para el servicio civil, mejorando la calidad y profesionalidad de los funcionarios públicos y
eliminando el clientelismo político.
- Apoyar la modernización del Poder Legislativo fortaleciendo su capacidad de fiscalización, mejorando su marco normativo y
desarrollando su capacidad administrativa.
Lucha contra la corrupción
- Desarrollar mecanismos efectivos de prevención, educación y sanción, destinados a luchar contra las prácticas de corrupción
en la administración pública y a introducir valores de ética, moral y servicio entre los servidores del Estado.
VI.- Componentes del Plan.-
El Plan Nacional está basado en tres componentes, cuya ejecución demandará la participación de diversos sectores estatales y
de la sociedad civil.
Para establecer la vigencia del Estado de Derecho y contar con un sistema jurídico efectivo y eficiente, que no de lugar al abuso
y la transgresión legal y castigue efectivamente los casos de corrupción en la administración del Estado, será necesario
fortalecer la Reforma Judicial en curso y enfatizar las acciones destinadas a la investigación, prosecución, procesamiento y
condena de los hechos de corrupción.
En el ámbito preventivo, se deberá modernizar los sistemas de administración del Estado e introducir mecanismos de incentivo
efectivos, para que los servidores públicos ejerzan sus funciones con vocación de servicio a la colectividad y con principios de
transparencia e integridad. Este objetivo pasa necesariamente por integrar los esfuerzos de modernización del Estado hasta
hoy realizados, dando una plena aplicación al concepto de responsabilidad por la función pública expresado en la Ley SAFCO.
Finalmente y, para emprender claramente acciones específicas destinadas a luchar contra las prácticas de corrupción
administrativa, así como hacer explícita la voluntad del Estado y la sociedad boliviana por erradicar este mal, se plantea
también la necesidad de poner en práctica acciones específicas, con impactos y resultados inmediatos, que ataquen el
problema de la corrupción en los puntos más visibles y vulnerables en los que se produzcan este tipo de conductas.
En este marco, el Plan Nacional de Integridad identifica los tres componentes que se describen a continuación:
- Reforma Judicial
- Modernización del Estado
- Lucha Contra la Corrupción
A.- Reforma Judicial
La seguridad jurídica y la aplicación efectiva de la Ley es una condición indispensable para desincentivar la corrupción en la
administración del Estado. Mientras los hechos de corrupción que sean identificados, no sean adecuadamente procesados y
condenados, ningún esfuerzo de prevención administrativa tendrá éxito y por el contrario, se estarán otorgando mayores
incentivos a este tipo de actividades.
Para lograr una efectiva administración de la justicia es imprescindible resolver los problemas estructurales que afectan al
sistema judicial y superar las debilidades de las instituciones responsables por su administración. La independencia efectiva del
Poder Judicial constituye una condición para desarrollar programas de fortalecimiento institucional adecuados que mejoren las
condiciones en las que actualmente opera el Poder Judicial.

18. En este marco, el Plan Nacional de Integridad plantea acciones orientadas a modificar estas carencias estructurales del sistema
judicial a través de:
Poner en funcionamiento los nuevos Organos Constitucionales Independientes en el Poder Judicial.
El objetivo de contar con un Poder Judicial independiente y adecuadamente administrado, está planteado en la última Reforma
Constitucional, la misma que dispone la creación del Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, como dos instancias
colegiadas altamente especializadas, compuestas por profesionales que deben ser nominados a partir de sus cualidades
profesionales y no políticas y con atribuciones claramente establecidas mediante leyes específicas.
Al presente, el Congreso Nacional ya ha avanzado en la aprobación de las dos Leyes que reglamentan el funcionamiento de
ambos órganos, así como en la nominación de sus titulares, que han sido debidamente posesionados y se encuentran en
funciones.
Este proceso forma parte de las tareas de institucionalización que se plantea el PNI. Sin embargo, para que la existencia de
estas nuevas instancias del Poder Judicial puedan cumplir efectivamente con los objetivos que les señala la Ley, será necesario
proporcionarles todo el apoyo, fortalecimiento institucional y recursos necesarios para su funcionamiento. En este sentido, el
PNI destinará los recursos financieros y la asistencia técnica que facilite el trabajo de ambas instancias constitucionales.
Modernizar y actualizar la legislación
Para garantizar la vigencia efectiva del Estado de Derecho, es necesario contar con instrumentos normativos acorde a las
necesidades del modelo de desarrollo que establezcan claramente las reglas en materia jurídica, así como los procedimientos
que aseguren agilidad, transparencia y efectividad en la administración de la justicia. Esto implica la necesidad de completar el
marco jurídico existente y establecer un sistema judicial moderno y eficiente, para lo cual, y de manera complementaria a las
reformas que están en curso en el ámbito económico y social, se ha identificado la necesidad de modernizar o crear las
siguientes normas jurídicas:
a) Las Leyes Orgánicas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público, destinadas a actualizar las normas
institucionales que rigen el funcionamiento de estas instituciones y que deben ser compatibles y acordes con los cambios a que
ha dado lugar el proceso de modernización del Estado y el desarrollo de las instituciones democráticas.
b) La modernización de los Códigos que rigen el derecho Comercial, Civil, Familiar y Penal, que son los instrumentos que
establecen el marco jurídico básico en el cual se desarrollan las actividades económicas, sociales y políticas en el país.
c) La elaboración del nuevo Código de Procedimiento Penal que establece nuevas normas institucionales y procesales penales,
que reflejen el proceso de modernización del Estado, procurando una mayor eficiencia y celeridad en el desarrollo de las
causas judiciales.
d) La aprobación de la Ley de Procedimientos Administrativos y Proceso Contencioso Administrativo que tiene por objeto
establecer principios y normas, concebidas de forma simple e inteligible que hagan efectivo el derecho de impugnación y
petición de los ciudadanos y resguarden sus derechos.
e) La elaboración de leyes destinadas a simplificar y ampliar el acceso a la justicia, como la Ley de Reconocimiento de la
Justicia Tradicional y/o Comunitaria; la aplicación de la Ley de Arbitrajes y Conciliaciones; las modificaciones a la Ley de Fianza
Juratoria y la Ley de Garantías Patrimoniales.
f) La elaboración de la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal que tiene el objeto de establecer un procedimiento efectivo y agil,
que permita al Estado, en un marco de legalidad, transparencia y respeto de los derechos ciudadanos; la recuperación de
obligaciones económicas, adeudadas por particulares, cuyas indebidas e ilícitas acciones u omisiones le hubieren causado un
daño valuable en dinero.
g) La creación de leyes contra la impunidad en las que se establezcan las modalidades de procesamiento y sanción de
dignatarios de Estado, como las leyes de Juzgamiento de Altos Dignatarios de Estado; Juzgamiento de Ministros de la Corte
Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional y Consejeros de la Judicatura y la revisión de procesos por delitos
de prevaricato.
Fortalecer las instituciones vinculadas a la administración de la Justicia
Instituidos los órganos independientes que aseguren transparencia en el funcionamiento del Poder Judicial y concluidas las
actividades de modernización legislativa; será también necesario desarrollar las capacidades institucionales de las instancias

19. responsables por la administración de la justicia, dotándoles de los instrumentos necesarios para que cumplan de manera
eficiente y transparente los servicios en beneficio de los ciudadanos.
En este contexto se tiene previsto realizar las siguientes acciones:
a) Establecer la carrera judicial para el ordenamiento administrativo de los recursos humanos en el Poder Judicial, tanto a nivel
de jueces como del personal técnico y administrativo.
b) Fortalecer los sistemas administrativos del Poder Judicial dotando al Consejo de la Judicatura de los instrumentos necesarios
para promover una adecuada administración y control de los recursos financieros y no financieros.
c) Desarrollar programas de capacitación en la Administración de Justicia para jueces y personal del Poder Judicial.
d) Fortalecer el Ministerio Público como una de las instancias responsables de representar a la sociedad en casos específicos y
dotarle de la capacidad necesaria para que ejerza su función de manera eficiente e independiente.
e) Diseñar un proyecto para el desarrollo de un Plan Estratégico de información judicial, en el cual se incluyan mecanismos de
acceso a la Red Interamericana de Reforma Judicial y sistemas de información estadística donde se registren los fallos
judiciales.
f) Ampliar la cobertura del programa de oficinas de Defensa Pública y de Derechos Humanos a nivel nacional, urbano y rural;
con el propósito de ofrecer servicios de apoyo a la ciudadanía y lograr que los ciudadanos practiquen sus derechos y exijan una
adecuada administración de la Justicia.
Reforma Institucional de la Policía Nacional
De acuerdo a los resultados de la encuesta que afirman la desconfianza de los ciudadanos en la Policía Nacional y demandan
una mayor atención a su desempeño, el PNI tiene previsto:
a) Llevar adelante una Encuesta Nacional de desempeño y percepción ciudadana sobre servicios policiales, a través de la cual
se amplíen los alcances de la encuesta realizada por CIET Internacional y se identifiquen los principales problemas a ser
corregidos.
b) Promover programas de educación y capacitación sobre derechos humanos y ciudadanos para funcionarios policiales en
todos los niveles.
c) Promover la participación social en el diseño e implementación del Plan de Seguridad Ciudadana.
d) Diseñar un proyecto específico que permita una reforma institucional y administrativa de la Policía Nacional.
B.- Modernización del Estado
Como se mencionó anteriormente, Bolivia ha logrado importantes avances en materia de modernización de la gestión pública,
aunque los mismos todavía no han sido aplicados en su totalidad. En 1990, se aprobó la Ley 1178 SAFCO, que tiene como
finalidad establecer modernos Sistemas de Administración para programar y ejecutar las actividades del Estado, así como para
ejercer el control gubernamental sobre las mismas. Esta ley promueve el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos e
incorpora el concepto del «accountability», es decir la obligación que tiene todo servidor público -sin diferencias jerárquicas- de
asumir responsabilidad plena por sus actos, rindiendo cuenta no sólo del destino de los recursos públicos que se le confiaron
para administrar, sino también de la forma y resultados de su aplicación. El desarrollo de la capacidad administrativa para
impedir, identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado, es otro de los propósitos de la Ley.
La Ley señala que los Sistemas establecidos a cargo de los Organos Rectores, deberían contar con normas y reglamentos
básicos y específicos que permitan su pleno funcionamiento en el ámbito de cada institución pública.
Desde su aprobación en 1990, las normas y reglamentos básicos de la Ley SAFCO han sido gradualmente elaborados y
aprobados, aunque no todos se encuentran en plena ejecución. Alcanzar la aplicación plena de estos sistemas, permitirá no
sólo el establecimiento de una administración más ordenada, eficaz, eficiente y transparente en sus decisiones, sino evaluar y
definir políticas a partir de los resultados logrados, optimizando así, la utilización de los escasos recursos públicos.

20. Estos antecedentes tienen una relación directa con el objetivo de lucha contra la corrupción, puesto que la aplicación de los
sistemas administrativos promoverá no sólo la implantación de mecanismos preventivos de control en la administración de
recursos públicos, sino también el establecimiento de responsabilidades correspondientes por manejos dolosos o ineficientes,
vinculándolos con las sanciones que deben establecerse en cada caso.
Otro de los problemas detectados, se refiere a la baja calificación de los servidores públicos como consecuencia de las
deficientes condiciones laborales que ofrece la administración estatal a sus funcionarios. Bajos salarios; inestabilidad laboral;
falta de capacitación y desarrollo profesional; baja motivación y deficientes condiciones de infraestructura y equipamiento;
provocan una mala predisposición para el servicio público, ineficiencia y una permanente predisposición a la corrupción.
Las encuestas realizadas para la formulación del PNI, recomiendan resolver este problema mejorando las condiciones laborales
de los servidores del Estado e introduciendo mayores incentivos para el servicio público.
En este marco, el PNI busca recuperar plenamente los principios de responsabilidad por la gestión pública mediante la
aplicación del concepto de Gestión por Resultados en las instituciones estatales; la implantación completa y efectiva de los
sistemas de administración y control gubernamentales y, la creación y establecimiento de un sistema de Servicio Civil que
contemple incentivos para los servidores públicos que permitan motivar mayor calidad e integridad en su desempeño.
En este componente, el PNI contempla también la modernización del Congreso Nacional, de manera que éste pueda optimizar
su labor legislativa y de fiscalización.
El PNI abarcará todos los ámbitos del Estado, desarrollando acciones conjuntas e integrales en todos los Poderes y
permitiendo mayor eficacia en el logro de sus objetivos.
Las acciones específicas que se proponen para cumplir con este objetivo son:
Promover una Gestión Pública orientada a Resultados
En el marco de las normas establecidas por la Ley SAFCO y para hacer efectivo el concepto de administración previsto en esta
Ley, se promoverá la aplicación de un mecanismo de Gestión Pública por Resultados, que consistirá en:
a) Cada institución pública, a través de su máxima autoridad, elaborará para cada gestión anual, una programación de
actividades con metas y resultados claramente identificados y cuantificados con relación al tipo de servicios que le corresponde
brindar y lo presentará ante una instancia de evaluación del más alto nivel en el Poder Ejecutivo.
b) En base a la programación propuesta por cada institución pública, se concertará un Compromiso de Resultados, a través del
cual las instituciones comprometerán el cumplimiento de las metas señaladas y, el Poder Ejecutivo, les otorgará un nivel de
autonomía de gestión y recursos presupuestarios para que puedan cumplir con dicho programa.
c) La instancia responsable de la evaluación de los programas publicará a inicios de cada gestión, las metas y resultados
comprometidos por las instituciones públicas de manera que la ciudadanía pueda conocer el alcance de dichos compromisos.
d) A mediados de cada año y al finalizar la gestión, se llevará a cabo una evaluación sobre el cumplimiento de las metas y
resultados comprometidos sobre la base de indicadores objetivos previamente acordados para cada institución, estableciendo
el grado de cumplimiento y eficiencia alcanzados. Dichas evaluaciones permitirán elaborar un informe de desempeño
institucional que será de conocimiento del Presidente de la República y de las autoridades correspondientes en el Poder
Ejecutivo.
e) Las instituciones que mejor rendimiento hayan alcanzado en la gestión de sus metas y resultados, recibirán un
reconocimiento público y podrán beneficiarse de mayores niveles de delegación y autonomía de gestión en la formulación y
ejecución de sus presupuestos para los siguientes años.
f) Las instituciones que no alcancen niveles satisfactorios en el cumplimiento de sus metas y resultados, dependiendo del nivel
de incumplimiento, recibirán sanciones de diversa índole, siendo el titular y máxima autoridad de la institución, el principal
responsable por dichos resultados. A estas instituciones se les reducirán los niveles de autonomía de gestión, se introducirán
mayores controles en el uso de los recursos y se aplicarán auditorías financieras y operativas para identificar y corregir las
causas de su deficiente desempeño.
g) Las evaluaciones de desempeño institucional serán complementadas con la aplicación de Encuestas sobre Desempeño de
Servicios Públicos, en los casos en que las actividades de las instituciones estén directamente relacionadas con la prestación
de servicios al público.

21. Mediante la aplicación de este sistema de gestión, se pretende fortalecer el concepto de responsabilidad por la función pública,
en el que prevalezca el cumplimiento de resultados y la calidad de los servicios prestados, y no sólo de los procedimientos
burocráticos que podrían restar eficiencia y calidad a los servicios públicos.
Los efectos de la aplicación de este sistema sobre las prácticas de corrupción se producirán de manera indirecta, porque el
cumplimiento efectivo de las metas y resultados institucionales sólo podrá lograrse en la medida que se desarrolle una gestión
más eficiente y honesta, para lo cual cada institución deberá incorporar los controles internos necesarios que eviten que las
prácticas de corrupción perjudiquen su rendimiento institucional.
Implantar en forma generalizada el Programa de Servicio Civil
En base a los avances logrados hasta hoy por el Servicio Civil y con un nuevo enfoque, el PNI promoverá una aplicación
gradual pero generalizada de este sistema en todas las instituciones del sector público.
Este nuevo enfoque no pretende únicamente crear una élite de profesionales en la administración pública, sino introducir y
aplicar plenamente un sistema moderno, eficiente y transparente de administración de los recursos humanos del Estado.
Para ello se desarrollarán las siguientes acciones:
a) Cada institución pública debe cuantificar y evaluar el número de los empleados públicos con los que cuenta y la relación de
los mismos, con las actividades y tareas que realizan. Sobre la base de esta evaluación, se establecerán las necesidades de
recursos humanos calificados y de apoyo que requerirán las entidades estatales para cumplir con los objetivos, metas y
resultados institucionales fijados por año.
b) En base a la evaluación y los requerimientos planteados por cada institución, el Ministerio de Hacienda -como instancia
responsable de la implantación del servicio civil- acordará con las autoridades correspondientes, un Acuerdo de Reforma
Institucional, por un período determinado (3 a 5 años), en el cual la institución deberá ratificar a su personal calificado, sustituir
al que no cumpla con los requisitos de formación y experiencia necesarios y prescindir del supernumerario, implantando de esta
manera, un nuevo régimen de servicio civil y optimizando la planta de personal existente.
c) Establecido el Acuerdo de Reforma Institucional, las instituciones adheridas al programa, procederán a contratar, mediante
concursos públicos, a nuevos funcionarios o ratificar al personal existente que califique, aplicando procedimientos que
garanticen transparencia en los procesos de selección y eliminen la posibilidad de injerencia o discrecionalidad política en estas
nominaciones.
d) Los servidores públicos que se incorporen a través de este proceso, gozarán de los beneficios de un nuevo régimen laboral
sustentado en el Estatuto del Funcionario Público y en el Sistema de Administración de Personal de la Ley SAFCO. Esto
implica la existencia de normas y procedimientos de evaluación del desempeño a través de los cuales se aplicarán las políticas
de remoción y promoción de los servidores públicos, lo que permitirá asegurar la estabilidad laboral necesaria para dar
continuidad a las políticas y programas institucionales. Para ser consistente con los principios de la modernización del Estado,
se incorporará también en la administración del Servicio Civil, el concepto de evaluación del desempeño por resultados para
cada servidor público.
e) Para resolver el problema de la falta de incentivos, todos los servidores públicos que se incorporen por este proceso, se
beneficiarán también de una nueva escala salarial, competitiva con el mercado privado y acorde con sus niveles de
responsabilidad. Asimismo, estos funcionarios accederán a un programa de capacitación y desarrollo según las necesidades
institucionales. Dadas las restricciones financieras del sector público, estos incentivos serán financiados, en un inicio, con
recursos extraordinarios que serán puestos a disposición de las instituciones en la medida que cumplan con las metas y
resultados convenidos, hasta que el Tesoro General de la Nación pueda autofinanciar estos gastos en cada presupuesto
institucional.
Adicionalmente al ajuste en materia de recursos humanos, cada institución deberá complementar sus propuestas con políticas
de optimización de gasto y generación de ahorros que le permitan cubrir la mayor parte de los costos incrementales que
implicará la aplicación de estas políticas.
Dadas las características operativas y financieras del programa, se promoverá una aplicación gradual que se estima tendrá una
duración de 10 años para su implantación en todo el sector público. Esto implica que la reforma se aplicará individualmente en
cada institución en la medida que se cuente con los recursos financieros necesarios.

22. Se estima que como resultado de la aplicación de este programa, se reducirá - en diez años - hasta un 30% del personal actual
del sector público, logrando una administración menos burocrática y más eficiente. A través de este mismo mecanismo, se
deberán eliminar también todo tipo de contrataciones de personal extraordinario o de consultores financiados por la
cooperación externa para posiciones de línea en la administración pública.
Apoyar la modernización del Congreso Nacional
Paralelamente a las acciones propuestas por el Poder Ejecutivo en materia de desarrollo institucional, el Poder Legislativo
también llevará a cabo iniciativas específicas para lograr su desarrollo institucional y administrativo, las mismas que serán
apoyadas por el Poder Ejecutivo en coordinación con los otros poderes del Estado para fomentar la consolidación institucional
del país.
Estas iniciativas incluyen acciones destinadas a modernizar su marco normativo, fortalecer su capacidad de fiscalización y
desarrollar su capacidad administrativa. Para el efecto, se encuentra en funcionamiento la Comisión de Modernización
Legislativa, que es la instancia dependiente de la Vicepresidencia de la República, encargada de coordinar y realizar el
seguimiento de estas actividades.
Las actividades de modernización del Congreso Nacional, que incluye el PNI son:
a) Marco normativo: Que contempla la elaboración y aprobación de un nuevo Reglamento General del Senado y la realización
de ajustes al Reglamento General de la Cámara de Diputados.
En este mismo marco se prevé la reglamentación de algunos procedimientos legislativos generales como el tratamiento de
leyes a cargo de Comisiones Legislativas, en las cuales se apliquen convocatorias a Audiencias Públicas para la discusión de
los proyectos de Ley o para la aprobación de los Presupuestos Públicos de cada año.
b) Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización: Que incluye el diseño de un Sistema moderno de investigación y
asesoramiento legislativo y la implementación de un proyecto para el acopio de información en las regiones.
c) Modernización administrativa: Que prevé la reorganización administrativa del Congreso Nacional, la creación de una carrera
funcionaria en ambas cámaras y la implantación de la nueva Ley Orgánica del Congreso.
d) Sistemas de información: Que pretende lograr mayor transparencia en la gestión legislativa y establecer mecanismos de
relación con la sociedad civíl, a través del acceso al "Congreso virtual", así como a todas las leyes que se debaten en este
Poder.
C.- Lucha contra la corrupción
Los dos componentes antes descritos están orientados a atacar las condiciones que actualmente fomentan las prácticas de
corrupción en la administración pública, de manera que en el mediano y largo plazo se pueda crear una nueva cultura que
consolide una administración más honesta y eficiente.
Sin embargo, en el corto plazo es imprescindible asumir algunas medidas específicas que combatan este problema en forma
directa y focalizada. Estas acciones deben constituirse en señales concretas para la ciudadanía a fin de lograr la recuperación
de la credibilidad en las instituciones y en el mismo, sistema democrático.
Las medidas que se proponen en este ámbito no están dirigidas a la persecución o represión de los funcionarios corruptos,
pues ello debe darse como resultado del funcionamiento de los sistemas administrativos y del sistema judicial. Por el contrario,
estas medidas se han diseñado con el propósito de dotarle al Estado, en el corto plazo, de la capacidad mínima necesaria para
prevenir y detectar problemas de corrupción y en su caso, procesarlos mediante los mecanismos que correspondan para el
efecto.
Las principales medidas identificadas son:
Poner en vigencia el marco normativo de Lucha Contra la Corrupción
Para hacer explícita la voluntad boliviana de combatir la corrupción, será necesario contar con un marco normativo específico
en el que se señalen los objetivos y formas de desarrollar este proceso. Al respecto, Bolivia ya cuenta con una normativa lo
suficientemente explícita que plantea acciones para combatir la corrupción en el marco de un acuerdo internacional.

23. Se trata de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, suscrita por los países miembros de la OEA en marzo de 1996,
que fue ratificada como Ley de la República por el Congreso Nacional en enero de 1997.
En este documento se plantean acciones precisas que deben ser reglamentadas e implementadas a través de este
componente del PNI.
Lo importante, es mantener y dar continuidad a una voluntad ya manifestada en una anterior legislatura al aprobar este
importante marco normativo, quedando pendiente su difusión y aplicación plena en el marco del presente Plan.
Aprobar el Estatuto del Funcionario Público y el Código de Etica para servidores públicos
Los artículos 43 y 44 de la Constitución Política del Estado establecen desde su aprobación en 1967, que una Ley creará el
Estatuto del Funcionario Público, sobre la base del «principio fundamental: que los funcionarios y empleados públicos son
servidores exclusivos de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno» y que éste instrumento,
definirá los derechos y deberes de los funcionarios públicos con las disposiciones que garanticen la carrera administrativa, así
como la dignidad y eficacia de la función pública.
Dando cumplimiento a este precepto constitucional y con el objetivo de crear la base normativa sobre la cual se sustente la
carrera administrativa y el servicio civil, el PNI promoverá la aprobación del Estatuto del Funcionario Público, como Ley de la
República, en la que se establezcan los incentivos, derechos y obligaciones de los servidores públicos en todas sus jerarquías y
niveles.
Incentivos y derechos en relación a la necesaria estabilidad laboral y el establecimiento de normas claras en materia de
remuneraciones y condiciones laborales que el Estado debe proporcionar a sus servidores públicos, para que los mismos
desempeñen sus funciones con sujeción estricta a las leyes y sin ningún tipo de interferencia o discriminación y, obligaciones
en relación a la integridad, honestidad y vocación de servicio que debe caracterizar la conducta de los servidores públicos en
beneficio de la colectividad.
De manera complementaria, se promoverá la aprobación de un Código de Etica para los servidores del Estado, al que deberán
adherirse todos los funcionarios del sector público. Este instrumento establecerá las normas éticas de servicio que el ciudadano
podrá exigir a los funcionarios públicos, modificando las actuales formas de prepotencia, negligencia, discriminación o
ineficiencia que actualmente los caracterizan.
Para lograr una absoluta independencia en la administración de personal, se creará la Superintendencia General del Servicio
Civil, como entidad autónoma e independiente, que supervisará el régimen y gestión de la carrera administrativa en las
entidades públicas, velando por la aplicación de los principios de eficiencia y eficacia en la función pública; el logro de
resultados por la gestión; la dignidad y los derechos de los servidores públicos.
Implementar un Sistema de Declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios públicos
Uno de los aspectos que está previsto en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, tiene relación con la necesidad
de establecer mecanismos de control sobre el posible enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios del Estado.
Actualmente altos dignatarios de Estado (Presidente, Vicepresidente, Ministros y Viceministros) y otras autoridades, presentan
ante la Contraloría General del Estado, declaraciones juradas de bienes al momento de su nombramiento y a la conclusión de
su mandato.
Si bien es importante mantener esta práctica institucionalizada, es también necesario desarrollar una reglamentación precisa
acerca del alcance que deben tener estas declaraciones juradas y ampliarla para todos los funcionarios públicos que ejerzan
algún tipo de responsabilidad ejecutiva en la administración del Estado.
Con este propósito, el PNI promoverá que la Contraloría General del Estado desarrolle esta reglamentación estableciendo el
carácter público de las declaraciones juradas de bienes y rentas, la ampliación de su cobertura a todos los niveles de
responsabilidad ejecutiva y el establecimiento de un sistema de información para su seguimiento, de manera que por lo menos
cada dos años, se actualicen las declaraciones y se identifiquen posibles casos de enriquecimiento ilícito.
Fortalecer los mecanismos de denuncia, investigación y prosecución de casos de corrupción
De acuerdo a los antecedentes descritos, es evidente que la mayor deficiencia en el tratamiento de los casos de corrupción en
Bolivia, no tiene que ver con la falta de legislación o tipificación de los delitos, sino más bien con la inadecuada u omisa
aplicación de las leyes para sancionar los casos de corrupción.

24. Este es el fenómeno que da lugar a la impunidad y provoca un efecto de inseguridad y falta de credibilidad sobre la capacidad
que pueda tener el Estado en el control de estas conductas. El fenómeno de la impunidad se convierte en un incentivo que
fomenta mayor corrupción, dando lugar a una actitud de cinismo por parte, tanto de los funcionarios públicos que entienden que
la práctica de corrupción es siempre una opción, como de los ciudadanos, que se resignan a aceptar que las cosas sólo pueden
funcionar de esa manera.
En consecuencia, se ha establecido que para resolver este problema estructural, hace falta establecer y fortalecer a los actores
institucionales que tendrán la responsabilidad de identificar, investigar, formular acusaciones; confrontar jurídicamente los
procesos y velar porque las sanciones sean efectivamente aplicadas en contra de los corruptos.
En el pasado han existido intentos por crear instituciones u oficinas en reparticiones estatales para cumplir estas tareas, sin
embargo, los resultados han sido poco alentadores.
Dada la necesidad de implementar un programa orientado a la institucionalización del país, el PNI plantea la necesidad de
fortalecer a las instituciones que legalmente tienen competencia en estas materias, estableciendo programas específicos de
lucha contra la corrupción en cada una de ellas. En este sentido se plantea:
a) Fortalecer la Defensoría del Pueblo como mecanismo de recepción e investigación de denuncias de casos de corrupción en
la administración pública.
Por tratarse de una institución nueva y de reconocida independencia, la Defensoría del Pueblo podría constituirse en la
ventanilla de denuncias a la que la ciudadanía pueda acceder para denunciar los casos de corrupción. Esto necesariamente
implica desarrollar una capacidad institucional específica, que permita iniciar procesos preliminares de investigación y la
determinación del origen y procedencia de dichas denuncias. Según las características de los casos denunciados, la Defensoría
podrá rechazar las denuncias o remitirlas debidamente documentadas, ante el Ministerio Público o ante la Contraloría General
de la República, según corresponda.
b) Fortalecer la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República.
Con el propósito de apoyar la institucionalidad de la Contraloría –entidad independiente del Poder Ejecutivo y de reconocida
eficiencia a nivel nacional e internacional- es necesario complementar y fortalecer el trabajo de las Unidades de Auditoría o
Control Interno de cada una de las instituciones públicas.
Para ello, se propone desarrollar un programa de fortalecimiento de los sistemas de control de las instituciones coordinado y
liderizado por la Contraloría General de la República, a través del cual se fomente la capacidad preventiva de las instituciones
públicas, mediante la aplicación de las auditorías y controles establecidos en la Ley SAFCO.
Asimismo, se plantea la necesidad de fortalecer la capacidad de la Contraloría General y de sus unidades especializadas, para
que en los casos en que se detecten responsabilidades y problemas de corrupción, pueda profundizarse la preparación y
documentación de dichas causas, a fin de facilitar la función acusatoria que deban asumir las instituciones correspondientes en
contra de los implicados.
Este objetivo se podrá cumplir mediante la ejecución e implantación de un programa de desarrollo y capacitación en la
Contraloría sobre Investigación de Fraude (Auditorías Forenses), mecanismo para recabar pruebas mediante investigaciones
detalladas, que permitan aplicar las sanciones que correspondan en los casos de corrupción efectivamente demostrados.
c) Crear y fortalecer una la Procuraduría del Estado
Finalmente, para completar el marco institucional que asumirá la responsabilidad en el tratamiento y prosecución de los casos
de corrupción, es necesario que la instancia responsable de llevar adelante la función acusatoria en defensa de los intereses
del Estado, tenga la capacidad suficiente -técnica y operativa- para confrontar judicialmente los casos y lograr que se
dictaminen las sanciones necesarias para castigar los delitos de corrupción.
Para cumplir con este objetivo, el PNI promoverá la creación de una Procuraduría del Estado, a la cual se le dotará del personal
técnico y de recursos necesarios para formular las causas acusatorias debidamente documentadas, tanto desde el punto de
vista legal como administrativo, de manera que profesionales especializados puedan conducir eficientemente los procesos
acusatorios en contra de los funcionarios corruptos, ante las instancias judiciales que correspondan.

25. Por otra parte, a nivel de las Comisiones del Congreso, en tanto cabeza del Ministerio Público, se desarrollará también un
programa de fortalecimiento que permita el nombramiento de Fiscales Especiales para la prosecución de casos en los que se
encuentren involucrados los dignatarios de Estado o los mismos parlamentarios.
Hacer más transparentes las Normas de Contratación de Bienes y Servicios para el Sector Público (Licitaciones)
Una de las áreas más vulnerable a las prácticas de corrupción, está relacionada con los sistemas de licitaciones para la
adquisición de bienes y contratación de servicios por parte de las instituciones públicas.
Fenómenos de cohecho entre funcionarios de las entidades públicas contratantes y las empresas proveedoras, extorsión contra
las empresas proveedoras para lograr gratificaciones extra legales; malos controles de calidad de los bienes y servicios
adquiridos por parte del sector público a cambio de sobornos y, otras figuras de corrupción, son comunes en el funcionamiento
del sector público.
Este tipo de problemas, tiene antecedentes pasados que se intentaron corregir parcialmente. El antecedente más concreto en
la materia, es la contratación que hizo el gobierno entre 1987 y 1995, de Agencias Internacionales Especializadas en
contrataciones y adquisiciones para el sector público.
Este mecanismo de licitaciones a través de Agencias, se instaló de manera transitoria hasta que el Estado pudiera contar con
normas específicas sobre la materia en el marco de la Ley SAFCO, las mismas que en una primera versión fueron establecidas
a través de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, promulgada mediante una Resolución
Suprema en 1995. Estas normas fueron actualizadas en 1996 y se tiene prevista una nueva modificación en el corto plazo.
Como resultado de las encuestas realizadas al sector privado en diciembre de 1997 y por la experiencia adquirida por el país en
los últimos años, el PNI plantea la modificación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en
los siguientes aspectos:
a) Establecer que en cada licitación pública, se identifique una Comisión Asesora Externa para analizar los recursos
administrativos que correspondan y con atribuciones para conocer y recomendar resoluciones.
b) Establecer que todos los procesos de licitación pública o invitación directa sean completamente públicos, debiendo las
instituciones licitantes, dar a conocer al tiempo de la convocatoria, la composición de los comités de calificación, y
posteriormente, informar sobre el avance de cada una de las etapas de evaluación y adjudicación.
c) Establecer la competencia del Ministerio de Hacienda -en su calidad de Organo Rector del Sistema- la responsabilidad de
mantener una base de datos de los procesos de licitación y las adjudicaciones correspondientes para conocimiento público.
Asimismo, tendrá la obligación de instalar y mantener bases de datos de precios referenciales de los principales insumos
adquiridos por el sector público para evaluar la eficiencia de las adquisiciones y detectar posible adquisiciones con
sobreprecios.
d) Desarrollar una adecuada divulgación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios entre los
negocios y potenciales proveedores del sector público, así como entre los funcionarios responsables de adquisiciones y
contrataciones en las instituciones. Establecer sanciones económicas contra las empresas involucradas en casos de
corrupción.
Modernizar los Sistemas de Recaudaciones del sector público
Los servicios de recaudación tributaria en Aduanas e Impuestos Internos se caracterizan -como señalan las encuestas de
percepción- por su falta de transparencia y su manejo altamente político.
Sin embargo, se han realizado importantes esfuerzos por modernizar los sistemas de recaudaciones. El 1986 se implementó en
el país, la Reforma Tributaria, que alcanzó importantes avances, fundamentalmente en el Servicio Nacional de Impuestos
Internos.
Respecto al servicio aduanero, también se ejecutaron programas de reforma, pero sin mayor impacto y resultado en materia de
modernización institucional, por lo que al presente todavía subsisten graves problemas de administración y altos niveles de
evasión tributaria como consecuencia de la falta de sistemas transparentes en el manejo del comercio exterior.
En este sentido, uno de los objetivos centrales del PNI, está orientado a resolver de manera estructural las deficiencias
administrativas de las entidades responsables por la recaudación de tributos, que dan lugar a prácticas de corrupción
administrativa que dañan económicamente al Estado y repercuten en los todavía, bajos niveles de ingresos fiscales.

26. Las medidas previstas en este campo son:
a) Poner en vigencia un Plan de Contingencia para recuperar el control administrativo de las aduanas en fronteras y eliminar los
llamados funcionarios «supernumerarios» que prestan servicios ad-honorem en dichas entidades e iniciar un proceso de
institucionalización y modernización aduanera.
b) Habilitar mecanismos específicos para recibir denuncias y reglamentar procedimientos administrativos para su tratamiento y
sanción. Crear una unidad especial de seguimiento de los casos de corrupción y mantener una base de datos sobre los mismos
haciendo pública la información.
c) Incorporar el «principio de la buena fe» en los trámites de desaduanamiento e importación que se gestionan en el Servicio de
Aduanas.
d) Establecer un régimen especial de carrera administrativa de los servicios de recaudación de impuestos y aduanas.
e) Poner en vigencia y restituir -en el caso de Impuestos Internos- sistemas de evaluación y reclutamiento de recursos humanos
basado en criterios técnicos y de mérito profesional. Así también, establecer un régimen de incentivos salariales para el nuevo
personal técnico basado en criterios de productividad y evaluación de resultados.
f) Implementar sistemas informáticos modernos que no dejen margen de discrecionalidad a los funcionarios y que permitan la
automatización de la mayor parte de los procesos. Consolidar la implantación de los nuevos sistemas en el caso de Impuestos
Internos.
g) Promover la participación del sector privado en los procesos administrativos que puedan ser delegados y que demuestren
ser más efectivos y transparentes.
h) Promover la creación de mecanismos de integración y coordinación entre los servicios de impuestos internos y aduanas para
poner en marcha sistemas de cruce de información que optimicen los controles de evasión tributaria, particularmente en las
funciones de fiscalización y control ex - post.
i) Implementar el programa de Reforma Institucional en los Servicios de Impuestos Internos y Aduanas, aplicando criterios de
Gestión Pública por Resultados.
j) Tipificar la evasión tributaria como delito penal.
Poner en marcha un programa de simplificación de trámites y desburocratización
Una de las formas de corrupción que la población percibe de manera más directa y cotidiana es la que tiene que ver con los
trámites, autorizaciones y registros que debe solicitar ante las oficinas públicas, tanto en el ámbito nacional, departamental y
municipal.
La teoría académica desarrollada sobre la corrupción administrativa indica que este tipo de prácticas ocurren cuando se otorga
a los funcionarios públicos amplios márgenes de discrecionalidad en sus decisiones, monopolio sobre los servicios que puedan
brindar al cliente e insuficientes mecanismos de control que aseguren transparencia en sus funciones.
En este sentido, se hace necesario diseñar medidas concretas que permitan modernizar, hacer más eficientes estos trámites
públicos y minimizar las condiciones que hacen propicia o incentivan la corrupción en dichos procesos.
Por otra parte, se ha detectado a través de los estudios de percepción, que existe preocupación por parte de la población en
relación a la existencia de una corrupción institucionalizada en algunos de los trámites más comunes, lo que obliga a los
usuarios a contratar los servicios de gestores o «tramitadores» dando una aceptación implícita a este tipo de prácticas. Estos
trámites están ubicados tanto a nivel de las instituciones del Gobierno Central, como de las Prefecturas, Alcaldías y
Universidades.
En este contexto, el PNI plantea la necesidad de iniciar un proceso de simplificación y modernización de los trámites públicos,
mediante la adopción de ciertas medidas de carácter general y la ejecución de programas de reingeniería y automatización
individual de los trámites identificados como los más corruptos.
Estas medidas consistirán en:

27. a) La incorporación del «principio de la buena fe» en los trámites y registros públicos, que implica la eliminación, previo un
estudio legal de cada caso, de los controles y pasos innecesarios en los trámites, registros y autorizaciones que emiten las
instituciones públicas (legalizaciones, obligación de comparecencia personal, sellos de autorización, múltiples firmas, repetición
de entrega de documentos, y otros), presumiendo la buena fe de los clientes o ciudadanos que requieran de estos trámites.
b) La aplicación del principio del «silencio administrativo positivo», también a partir de una evaluación de cada caso, que implica
que cualquier solicitud será válida y aceptada si la institución o el funcionario competente no lo observa o lo rechaza en un
plazo previamente fijado.
c) La promulgación de una medida que obligue a todas las oficinas públicas a establecer ventanillas de atención al cliente, que
proporcionen información suficiente sobre los pasos, costos, responsables y plazos en los que deben completarse los trámites
que administren, así como la creación de mecanismos de denuncias y quejas sobre malos tratos o casos de corrupción.
d) La creación de una oficina de simplificación de trámites en el Ministerio de la Presidencia, que tendrá como función identificar
los trámites que sean percibidos como más corruptos y supervisar que se apliquen programas de modernización en las oficinas
responsables.
Ejecutar una campaña de educación y concientización ciudadana
La sostenibilidad de las acciones que se puedan emprender en la lucha contra la corrupción y el desarrollo institucional del
Estado, dependerá de que ciertos valores y principios se puedan reforzar en la población y en la educación de las nuevas
generaciones.
En este sentido, el PNI considera también el diseño y ejecución de una campaña masiva de educación y concientización de la
población en general para desarrollar estos valores y principios.
La campaña educativa informará a los ciudadanos los límites de la discrecionalidad en la administración pública y la diferencia
entre los espacios públicos y privados que se deben respetar en un Estado de Derecho.
La concientización estará dirigida a desarrollar los valores de respeto por lo público, de condena a las conductas de
aprovechamiento ilícito del poder, y del derecho que tienen los ciudadanos de recibir un adecuado servicio por parte del Estado.
La campaña que contempla el uso de medios masivos y alternativos, promoverá también un programa de incentivos al correcto
comportamiento cívico, a través del cual se otorgarán reconocimientos a los ciudadanos que ejerzan en forma efectiva sus
derechos y obligaciones.
VII.- Estrategia de Implantación.-
Las acciones y medidas diseñadas para la implantación del PNI, requieren por su naturaleza y sensibilidad, la participación
concertada de los diversos sectores del Estado y la Sociedad. El Gobierno, por si sólo, no podrá emprender esta tarea si no
cuenta con la participación de todos los sectores involucrados en el proceso de construcción institucional, que es interés de
toda la nación.
Se requiere entonces del establecimiento de un «pacto nacional» para la implantación del PNI, en el que estén involucrados
todos los sectores de la vida social, económica y política del país. La aplicación de un acuerdo de esta naturaleza demanda el
diseño de una estrategia de implementación del PNI que se fundamente en la aplicación de cinco principios:
A.-Jerarquización en la agenda pública
B.- Participación social
C.- Visión integral
D.- Aplicación gradual
E.- Ejecución descentralizada
A. Jerarquización en la agenda pública
Una razón por la cual las políticas de desarrollo institucional del país no se han aplicado con la misma celeridad que otras
reformas, se debe a que en ningún momento han recibido la atención necesaria, ni se les ha otorgado la prioridad suficiente
para que se ejecuten políticas y programas en este ámbito.

28. Emprender un Plan integral de desarrollo institucional y afectar sistemáticamente las estructuras de corrupción existentes en la
administración pública, demandan de una efectiva jerarquización en su tratamiento como parte de las políticas públicas.
Para lograr esta jerarquización, el Gobierno Nacional en coordinación con otras instituciones estatales, convocó a la creación
de la Comisión Nacional de Integridad, instancia responsable de la coordinación y seguimiento de la aplicación del PNI, así
como de su concertación y coordinación con otras instituciones de la sociedad civil.
B. Participación social
En el ámbito de la lucha contra la corrupción, se plantea la necesidad de contar con una participación generalizada de la
sociedad en las tareas definidas por el PNI. Para ello, es fundamental otorgarle al Plan, el más alto nivel de credibilidad, de
manera que todos estos sectores puedan efectivamente comprometer su participación.
Aplicar las estrategias contra la corrupción contenidas en el PNI será una tarea difícil considerando que son pocas las
instituciones que gozan de confianza y credibilidad por parte de la sociedad. De hecho, aunque el Gobierno demuestre su
absoluta voluntad para implementar el Plan, se requiere del apoyo y participación activa de la sociedad civil.
En este contexto se plantea la necesidad de conformar un Consejo del Plan Nacional de Integridad, integrado por reconocidas
personalidades de la sociedad civil y con la misión de asesorar, revisar y concertar las actividades de la Comisión Nacional de
Integridad respecto a la ejecución de las medidas del Plan. Esta instancia deberá establecer la realización de talleres y
actividades de diálogo con otros sectores de la sociedad civil, a fin de promover acciones coordinadas en la lucha contra la
corrupción.
Como mecanismo para lograr la participación de la sociedad civil se debe institucionalizar el Taller Nacional de Integridad y
consolidarlo como instrumento de participación y concertación permanente entre los diferentes sectores de la sociedad civil.
Asimismo y para apoyar las iniciativas de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, se creará un fondo de recursos,
destinado a financiar proyectos orientados a combatir la corrupción.
C. Visión integral
Para enfrentar de manera exitosa el complejo problema de la corrupción, se requiere una visión integral del fenómeno. Los
estudiosos del tema, aun cuando reconocen las peculiaridades de cada país en la elaboración de una estrategia anti -
corrupción, recomiendan desechar los análisis parciales del tema, pues estos pueden llevar a la elaboración de una estrategia
errada. La corrupción requiere ser abordada, entonces, con una aproximación multidisciplinaria.
Por lo tanto, se plantea el principio de la visión integral del Plan, que significa integrar los esfuerzos hasta hoy realizados, así
como las iniciativas y programas que se tenga previsto llevar a cabo en áreas vinculadas con el desarrollo institucional y la
lucha contra la corrupción, en una sola visión nacional del problema alrededor del Plan Nacional de Integridad.
Como se describió en los antecedentes, existe un conjunto de programas en marcha, que cuentan con financiamiento y
asistencia de diversos organismos y fuentes. Estos programas enfrentan parcialmente temas relativos al fortalecimiento
institucional del Estado; al desarrollo del sistema jurídico; al establecimiento de normas y sistemas de gestión; al fortalecimiento
del sistema democrático y la gobernabilidad, etc. Todos estos esfuerzos, así como otras iniciativas de la sociedad civil (iglesia,
empresa privada, ONGs, etc.) están convocadas a formar parte del PNI, en el marco del principio de visión integral.
D. Aplicación gradual
El desarrollo institucional y la lucha contra la corrupción son aspectos estructurales, que no sólo tienen relación con
mecanismos de orden administrativo y normativo, sino que están relacionados con las estructuras sociales, económicas,
políticas y legales del país.
La solución a este problema pasa necesariamente por afectar las estructuras sobre las cuales está sustentado, lo que implica
que cualquier medida que se plantee para superar este problema deberá ser entendida como una estrategia de largo plazo.
Por lo tanto, es recomendable que la estrategia que se adopte tenga un carácter gradual, que permita avanzar en áreas
determinadas, con efectos mensurables y de fuerte impacto político y en la opinión pública.
La aplicación de estas acciones prevé un período de tiempo de dos administraciones de Gobierno (10 años), que den
continuidad a la ejecución de las tareas planteadas en el PNI, de manera que estas se hagan sostenibles y se pueda percibir
cambios efectivos en las estructuras sobre las que se basa la institucionalidad del país. El «pacto» y la concertación son
fundamentales para cumplir con el principio de aplicación gradual de la estrategia.

29. E. Ejecución descentralizada
Por el carácter integral que deben adoptar las acciones de desarrollo institucional y lucha contra la corrupción, es difícil pensar
en la posibilidad de asignarle la responsabilidad por la ejecución de este Plan a una sola institución o sector, sea del Gobierno o
de la Sociedad Civil.
En este sentido, se plantea también la necesidad de asignar roles a cada uno de los sectores participantes, de manera que la
ejecución e implantación de las medidas previstas en el Plan se lleve a cabo bajo la responsabilidad de las instituciones de
cada área.
Dejaría de ser consistente concebir el proceso de desarrollo institucional, como el que se pretende fomentar con la implantación
del PNI, con agentes extraños a las instituciones que serán modernizadas. Por tanto, es también necesario que las instituciones
se corrijan y modernicen a si mismas, internalizando los nuevos principios y valores que fomenta el PNI y cumpliendo
efectivamente con el rol que se les asigne.
En consecuencia, la ejecución del Plan se realizará en forma descentralizada. La instancia constituida para impulsar el Plan
deberá contar apenas con mecanismos mínimos que le permitan hacer un adecuado seguimiento a la ejecución de las
actividades previstas en el Plan, pero la responsabilidad por la aplicación efectiva de dichas actividades corresponderá a cada
institución involucrada en el marco del principio de ejecución descentralizada.
PROYECTO DE REFORMA INSTITUCIONAL
El proyecto de reforma institucional del sector público boliviano busca hacer más eficiente y transparente la administración del
Estado para mejorar su capacidad de gestión, de provisión de servicios y de formulación y ejecución de políticas públicas a
través de: i) la implementación de sistemas de gestión públicas orientadas a resultados. ii) la selección de personal idóneo y
competitivo para la administración del estado, iii) la prevención de la corrupción y iv) la modernización de instituciones públicas
en forma progresiva.
El Proyecto tiene 3 componentes:
• Reformas Horizontales,
• Reformas Verticales y
• Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto.
Reformas Horitontales
Dentro del componente de reformas horizontales el proyecto financiará tres iniciativas: i) la implementación de un sistema de
gestión y evaluación por resultados en la administración pública, ii) la implantación del Servicio Civil, y iii) un plan de lucha
contra la corrupción.
1. Gestión y Evaluación por Resultados
Antecedentes
Los sistemas implementados a raíz de la Ley SAFCO, priorizan el control contable y presupuestario sobre la evaluación de los
resultados y el desempeño. En consecuencia, la evaluación de desempeño de las agencias gubernamentales raramente es
reflejada en el presupuesto nacional. La falta de un sistema de incentivos socava los esfuerzos por mejorar los servicios. El
Plan Integridad reconoce la necesidad de agregar al componente jurídico u contable de la Ley SAFCO la evaluación de
eficiencia, lo cual implica usar unos criterios diferentes de evaluación y una formación diferente del personal encargado de la
evaluación.
Objetivos
La Gestión y Evaluación por Resultados persigue el logro de una mayor eficiencia a largo plazo en la asignación de recursos y
una mayor orientación de servicio hacia el público a través el análisis y la evaluación continuada de la gestión pública. El
Gobierno espera que este sistema dote al proceso presupuestario de incentivos para el logro de una mayor racionalidad en la
toma de decisiones. Entre los resultados esperados la utilización creciente de técnicas de análisis en la toma de decisiones, la
introducción de mayor autonomía en la gestión (acompañada de la concesión de incentivos y la exigencia de
responsabilidades), la mejora de los sistemas de información estadística y contable, el aumento de conciencia del público sobre
sus derechos y un mayor control social.

30. El proyecto financiará la implementación de un Sistema de Gestión y Evaluación por Resultados del Gobierno central. El
sistema se extenderá a las Prefecturas Departamentales en una segunda fase. Este Sistema funcionará dentro del marco de
las normas establecidas por la Ley SAFCO, en la cual están definidos los alcances de la responsabilidad de la función pública y
los criterios que sirven de base para la evaluación de la gestión pública.
El sistema obligará a las instituciones públicas a definir los objetivos que pretende alcanzar, a expresar estos objetivos en
términos de indicadores y desarrollar medidas de costes y de resultados. A mediados de año y al finalizar la gestión se realizará
una evaluación del cumplimento de las metas sobre la base de indicadores objetivo previamente acordados, estableciendo el
grado de cumplimiento y eficiencia alcanzados. Bajo desempeño vendrá acompañado de medidas correctoras. El análisis de los
resultados se hará sobre la base de sistemas existentes de información contable y estadística y con la ayuda de técnicas de
evaluación como el análisis de sistemas, la evaluación costo-efectividad y el análisis coste-beneficio.
El Gobierno pretende que la Unidad de Evaluación sea independiente, técnica y neutral, sin entrar en la arena de la valoración
política de la actividad del sector público. Su función será plantear el control de eficiencia en las áreas adecuadas y
desarrollarlo técnicamente, haciendo pública su información para su utilización en el aumento de productividad del sector
público, y de una mayor responsabilidad de los funcionarios. La valoración de la eficiencia se hará de manera paulatina y
selectiva. Resulta necesario ir adquiriendo experiencia en la aplicación de la técnicas de evaluación, en la fijación de criterios de
eficiencia y en el desarrollo de índices de efectividad.
Actividades
La gestión de este componente requiere de un gran esfuerzo de coordinación gubernamental con las entidades en donde se
implementará el Sistema, con el Ministerio de Hacienda y las entidades generadoras de información como INE, Participación
Popular u otras. Por estas razones el Gobierno ha asignado la responsabilidad de la ejecución de este subcomponente a la
Dirección de Coordinación Gubernamental la cual depende del Ministerio de la Presidencia.
El Proyecto financiará los insumos necesarios, como consultorías, equipo y capacitación, para la realización y puesta en
marcha de este moderno mecanismo. Para la implantación del Sistema de Evaluación y Gestión por Resultados el Proyecto
contempla 4 actividades: i) Diseño del sistema de evaluación, ii) Adecuación Normativa, iii) Difusión de Resultados, y iv)
Fortalecimiento de la Unidad de Evaluación por Resultados.
Diseño del Sistema de Evaluación: El proyecto financiará el diseño del Sistema de Evaluación de Resultados. Esto
comprende el diseño de indicadores para la evaluación, los instrumentos de monitoreo de resultados, el sistema de información
y seguimiento.
Adecuación Normativa: El proyecto financiará las consultorías necesarias para la adecuación del marco normativo que
permita el establecimiento y funcionamiento del Sistema.
Difusión de Resultados: El proyecto fomentará la difusión pública de los resultados de gestión evaluados por la unidad
correspondiente, tanto para la retroalimentación de los responsables, control interno del gobierno y para la fiscalización por la
opinión pública.
Fortalecimiento de la Unidad de evaluación por Resultados: El proyecto financiará el fortalecimiento institucional de la
Unidad del Ministerio de la Presidencia que será responsable por el proceso de evaluación de las metas acordadas con las
entidades públicas.
2. Lucha contra la Corrupción
Antecedentes
El Gobierno y la Sociedad Civil reconoce que la corrupción como una de las mayores amenazas para el futuro de Bolivia. La
corrupción existente pone en riesgo la estabilidad macroeconomica, afectando la lucha contra la pobreza, perjudica a la
incipiente industria nacional y desestabiliza la democracia afectando la credibilidad del sistema político.
Para enfrentar este flagelo, el Gobierno ha aprobado el Plan Nacional de Integridad, el cual sistematiza un conjunto de acciones
para la Reforma Judicial, Modernización del Estado y Lucha contra la Corrupción.
El Plan de Integridad desarrolla las siguientes acciones de lucha contra la corrupción:

31. a) Implantar acciones que pongan en vigencia la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
b) Promover la aprobación de una Ley que reglamente el Estatuto del funcionario público, bajo el principio constitucional de que
los funcionarios y empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o de
partido político alguno.
c) Establecer un reglamento que permita la implantación de un Sistema de declaraciones de Bienes y Rentas de los
funcionarios públicos, de manera que se promueva un ejercicio de la función pública más transparente.
d) Fortalecer al defensor del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
e) Promover la actualización y mejoramiento de las normas que regulan los procedimientos de adquisición de bienes y
contratación de servicios en las instituciones públicas, para que los mimos garanticen transparencia y credibilidad y preserven
los legítimos intereses del Estado.
f) Modernizar los Servicios Nacionales de Impuestos Internos y de Aduanas, promoviendo la aplicación de sistemas de control.
g) Promover la modernización y la simplificación de los trámites y registros por instituciones públicas, orientados los mismos al
servicio del ciudadano.
h) Llevar a cabo una campaña masiva y sostenida de educación y concienciación social sobre valores de respeto al bien
público y derechos ciudadanos.
El ente responsable de coordinar las políticas y acciones destinadas a la implementación del Plan Nacional de Integridad es la
Comisión Nacional de Integridad. La Comisión Nacional de Integridad está integrada por el Vicepresidente de la República, el
Ministro de la Presidencia, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Justicia, un representante de la Cámara de Senadores, un
representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Corte Suprema de Justicia, el Contralor General de la
República, el Fiscal General de la Nación y un representante del Consejo de la Judicatura. El Vicepresidente de la República
preside la Comisión.
Objetivos
El objetivo del Proyecto es desarrollar mecanismos efectivos de prevención, educación y sanción destinados a luchar contra las
prácticas de corrupción en al administración pública y a introducir valores de ética y servicio entre los funcionarios.
Las medidas que se adoptarán en este ámbito están diseñadas con el propósito de dotar al Estado en el corto plazo, de la
capacidad mínima necesaria para prevenir y detectar problemas de corrupción.
Actividades
Las actividades del Plan Nacional de Integridad a ser financiadas por el Proyecto son: i) Mecanismos Preventivos de
corrupción, ii) Fortalecimiento Institucional para Denuncia y Prosecución de Corrupción, iii) Modernización de Trámites, iv)
Sistema de Contratación de Bienes y Servicios, y v) Campaña de Educación y Concienciación.
Mecanismos Preventivos de Corrupción: El proyecto financiará en este rubro: i) La Elaboración del Estatuto del Funcionario
Público, y ii) Sistema de Declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios Públicos.
Estatuto del Funcionario Público. Dando cumplimiento a lo dictado por la Constitución política del Estado el Proyecto
financiará la elaboración de la Ley del Estatuto del Funcionario Público. Esta Ley establecerá los incentivos, derechos y
obligaciones de los servidores públicos en todas sus jerarquías y niveles. Los incentivos contemplados son: estabilidad laboral,
normas claras en materia de remuneraciones, condiciones laborales y creación de una carrera administrativa. Las obligaciones
serán fijadas con relación a la integridad, honestidad y vocación de servicio que deben caracterizar la conducta de los
servidores públicos en beneficio de la colectividad. La Ley fijará criterios de contratación, remoción y ascenso. Asimismo de
manera complementaria, el Proyecto promoverá la aprobación del Código de Etica para los servidores del estado.
Sistema de Declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios: El Proyecto promoverá que la Contraloría General
desarrolle una reglamentación precisa acerca del alcance que deben tener las declaraciones juradas de bienes y rentas de los
funcionarios, ampliando su aplicación a todos los niveles de responsabilidad, y el establecimiento de un sistema de información
para su seguimiento. El Sistema será de consulta pública, para los ciudadanos que demuestren un interés legitimo, permitiendo
el control social de los posibles casos de enriquecimiento ilícito. Para ello el proyecto financiará las consultorías, el
equipamiento y la capacitación necesarios para llevar a cabo esta actividad.
Fortalecimiento Institucional para Denuncia y Prosecución de Corrupción: El Proyecto financiará el fortalecimiento de la
Defensoría del Pueblo y del a Contraloría General de la República.

32. Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo: El proyecto financiará en la Defensoría del Pueblo la creación de una ventanilla
de denuncias sobre casos de corrupción, donde podrá acudir la ciudadanía cada vez que detecte casos de corrupción en la
administración pública. Esto implica desarrollar una capacidad institucional especifica para recibir este tipo de denuncias y llevar
a cabo una investigación preliminar que permita establecer la procedencia de dichas denuncias. Según corresponda la
Defensoría dará curso a las denuncias o las archivará.
Fortalecimiento de la Contraloría General de la República: El proyecto fortalecerá la capacidad de la Contraloría para la
preparación y documentación de las causas contra implicados en casos de corrupción. Este se logrará mediante la implantación
de un programa de desarrollo y capacitación en la Contraloría sobre Auditorías Forenses. Para ello se planea contratar a
empresas de reconocido prestigio y con experiencia en auditoria forense y capacitación.
Fortalecimiento del Ministerio Público: El proyecto apoyará la creación y fortalecimiento de una Unidad de Prosecución de
Asuntos Administrativos del Estado en el Ministerio Público. Ello con objeto de dotar a esta entidad de la capacidad suficiente,
técnica y operativamente, para confrontar judicialmente los casos. Específicamente, el proyecto financiará el personal
especializado y el equipo necesario para consolidar la Unidad. Los fondos para el fortalecimiento del Ministerio Público
provendrán de la cooperación biláteral.
Modernización de Trámites: El PNI busca iniciar un proceso de simplificación y modernización de los trámites públicos
mediante la adopción de medidas de carácter general y la ejecución de programa de reingenería. Para ello el proyecto
financiará: i) el diseño de un nuevo marco normativo, ii) reingenería de trámites, y iii) oficina de simplificación de trámites.
Diseño de un nuevo marco normativo: El proyecto financiará el diseño de un nuevo marco normativo que promueva la
aplicación del principio de la "buena fe" y "el silencio administrativo positivo" en los trámites y registros públicos, lo que supone
la concurrencia de un principio de confianza mutua en la actuación de los individuos y el Estado. Asimismo esta nueva
normativa obligará a las Entidades públicas a informar fehacientemente al público sobre los pasos a seguir, tiempos y
responsables, así como los mecanismos de denuncias por incumplimiento o malos tratos.
Reingernería de trámites: El proyecto iniciará un proceso de simplificación y desburocratización de algunos trámites
seleccionados en forma piloto, para lo cual se contratará estudios de reingenería, equipamiento, capacitación y difusión de los
nuevos procesos.
Oficinas de simplificación de trámites: El proyecto financiará la creación de una oficina de simplificación de trámites en el
Ministerio de la Presidencia, con objeto de ampliar progresivamente la desburocratización de trámites.
Sistema de Contratación de Bienes y Servicios: El PNI busca hacer más transparente las Normas de Contratación de
Bienes y Servicios para el Sector Público. Para ello el proyecto financiará: i) la revisión de la Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bines y Servicios, ii) La operación de una base de datos que registre las licitaciones y adquisiciones públicas,
y iii) La divulgación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bines y Servicios.
Revisión de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bines y Servicios: El PNI ha identificado la necesidad de
actualizar las normas, y compatibilizar los diferentes procedimientos que rigen la adquisición de bienes y servicios para el
Sector Público. Entre otras cosas la nueva Norma establecerá Tribunales de Arbitraje y Apelaciones y la obligación de hacer
públicos los resultados de la licitación.
Operación de Base de Datos: El proyecto financiará una base de datos de los proceso de licitación y adjudicaciones
correspondientes para el conocimiento público. Esta Base de datos será mantenida por el Ministerio de Hacienda, el órgano
rector del sistema.
Divulgación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios: El proyecto desarrollará una
adecuada divulgación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios entre los proveedores del
sector público, así como los funcionarios responsables.
Campaña de Educación y Concientización: El PNI considerará primordial para la lucha contra la corrupción la internalización
en la población de ciertos valores y principios éticos. Para ello el proyecto financiará una campaña educativa, a través de los
medios de comunicación masivos y alternativos, dirigida a dar a conocer a los ciudadanos cuales son los límites de la
discrecionalidad en al administración pública, y a diferenciar con claridad los espacios públicos y privados que se deben
respetar en un Estado de Derecho. La campaña estará dirigida a desarrollar los valores de respeto por lo público, de condena a
las conductas de aprovechamiento ilícito del poder, y del derecho que tiene los ciudadanos de recibir un adecuado servicio por
parte del Estado.
3. Servicio Civil

33. Antecedentes
El gobierno ha decidido no continuar con el anterior sistema de servicio civil, el cual estaba enfocado en el financiamiento de los
salarios de servidores públicos situados en posiciones claves del gobierno central. De hecho, 260 posiciones han sido llenadas
competitivamente en una variedad de agencias, financiadas en parte por los donantes bilaterales y por el PPF. El PNI a tiempo
de reconocer la necesidad de aumentar la calificación de los servidores públicos, y de aumentar su predisposición para el
servicio público lanza un nuevo enfoque de servicio civil. Este nuevo enfoque ya no está dirigido a crear una elite de
profesionales en la administración pública, sino introducir y aplicar plenamente un sistema moderno y transparente de
administración de los recursos humanos del Estado.
Objetivos
El gobierno implementará un nuevo sistema de recursos humanos de una manera gradual en las organizaciones que califiquen
para un proceso integral de reestructuración y fortalecimiento. Para tal efecto, el programa de servicio civil será una parte
integrante de la reforma a la administración pública.
El sistema busca aumentar la transparencia y equidad de los procesos de personal, al tiempo de permitir una mayor flexibilidad
que exige la administración moderna.
El proyecto dirigirá el nuevo personal, a ser contratado competitivamente, a las agencias que estén siendo reformadas a tiempo
de transformarlas en organizaciones orientadas a resultados, además de sostenibles. Simultáneamente el gobierno busca
mantener el financiamiento bilateral de las posiciones claves fuera de las organizaciones piloto a ser reestructuradas.
La Dirección de Administración de Personal del Ministerio de Hacienda será fortalecido y su actuación será reformulada, en el
espíritu de la Ley SAFCO, para establecerla como el centro normativo de la administración de recursos humanos en el gobierno
central. La Dirección proveerá asistencia técnica a los Ministerios para ayudarlos a desarrollar y aplicar un sistema de méritos
de acuerdo a la nueva legislación a ser introducida y monitoreará la adherencia de los Ministerios a la nueva legislación. El
proyecto fortalecerá el Directorio y su habilidad de apoyar a la administración de recursos humanos en el gobierno y en las
entidades piloto en particular.
Este subcomponente está dirigido a promover la sostenbilidad de las reformas estructurales mediante: el la implementación de
una moderna normatividad relativa a la gestión de personal, la creación de un sistema de incentivos estrechamente vinculados
al Sistema de Evaluación por Resultados, el desarrollo e implantación de procesos descentralizados de Servicio civil, el diseño
de una estrategia de sostenibilidad financiera del programa, la capacitación del servidor público y el fortalecimiento de la
Dirección de Administración de Personal.
Actividades
Las actividades financiadas por el proyecto para este subcomponente son: i) Adecuación Normativo, ii) Implantación del
Servicio Civil, iii) Sistema de registro de recursos humanos, iv) Sistema Nacional de Capacitación, y v) Gestión del
Componente.
Adecuación Normativa: Entendida como la modernización del marco en el cual el programa de Servicio Civil efectúa sus
operaciones. La nueva normativa incorporará: sistemas de incentivos, sistemas de valoración de cargos, movilidad y de
evaluación del personal. En este componente el proyecto incluye actividades relacionadas con la difusión y capacitación en la
Norma Básica del Sistema de Administración de Personal, así como en la Ley del Estatuto del Funcionario Público.
Implantación del Servicio Civil: El proyecto financiará la aprobación de un modelo las reglamentaciones especificas del
Sistema de Administración de Personal, la compatibilización jurídica del reglamento especifico con las normas internas de cada
entidad. El proyecto también financiará las auditorías de personal de las entidades piloto con el fin verificar el cumplimiento de
la reglamentación. Por otro lado, el proyecto financiará la capacitación del personal del Sistema Nacional de Administración
Pública.
Sistema de Registro de Recursos Humanos: El proyecto financiará una base de datos que permita compatibilizar la cantidad
y la composición del personal que presta sus servicios. En este componente el proyecto financiará la realización de un
diagnostico integral de la administración pública en el tema del personal, vinculándolo al mejoramiento de los sistemas de
relevamiento de información de los recursos humanos. La base de datos permitirá contar con información confiable del
movimiento de personal, y dará na base sólida a las políticas de públicas en materia de capacitación, presupuesto,
actualización permitiendo la retroalimentación del proceso de reforma.

34. Sistema Nacional de Capacitación: El proyecto contempla la generación de una oferta de capacitación que cubra al menos
las áreas de gerencia pública, manejo de cambio institucional, y ética. Por otro lado, el proyecto financiará, el diseño curricular
de capacitación de las entidades piloto, instructores internacionales, eventos y materiales de capacitación y la puesta en
marcha del Sistema Nacional de Capacitación el cual permita afianzar la base de desarrollo de cuadros de personal estables.
Gestión del Componente: En este subcomponente el proyecto fortalece la capacidad de administración de la Reforma del
Servicio Civil, a través de un conjunto de actividades que ayuda al mejoramiento de sus operaciones en el marco de la reforma
y fundamentalmente le permitan a consolidar sus resultados a través de sistemas de programación, seguimiento y evaluación.
El subcomponente destaca la necesidad de desarrollar al personal de la unidad ejecutora como una de las bases del éxito del
proyecto.
Reformas Verticales
Dentro del componente de Reformas Verticales, el proyecto financiará en una primera fase, la modernización institucional y
administrativa de 6 instituciones. Las instituciones elegidas en esta primera fase son: el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de
Vivienda y Servicios Básicos; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; el Ministerio de Educacuón, Cultura y
Deportes; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Estadística (INE); el Servicio de Aduanas
(SNA); y el Servicio Nacional de Impuestos Internos (SNII). Con fondos de la cooperación bilateral el proyecto llevará a cabo la
reforma institucional del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. El componente brindará el financiamiento de la
asistencia técnica, la capacitación, tecnología de información y apoyo al Servicio Civil a las 6 instituciones.
Dado que la reforma de los Servicios de Recaudaciones del sector público tiene sus propias características, el componente de
reformas verticales se subdivide en: i) Reforma Institucional de las entidades piloto no Recaudadoras de Tributo, y ii) Reforma y
Modernización del Servicio Nacional de Impuestos Internos; iii) Reforma y Modernización del Servicio Nacional de Aduanas.
1. Reforma Institucional de las Entidades Piloto No Recaudadoras de Tributo.
Antecedentes
Desde 1985, Bolivia ha llevado a cabo un profundo proceso de transformación del papel del Estado. Hoy el país cuenta con
instituciones modernas que posibilitan el funcionamiento pleno de la economía de mercado, con participación popular. Sin
embargo, la administración pública del Estado no ha evolucionado acorde con lo anterior y continua funcionando con
estructuras y procesos vigentes en décadas pasadas, salvo en algunos enclaves de modernidad, frutos del nuevo papel del
Estado.
Las instituciones gubernamentales presentan serias deficiencias en la manera en que operan. Estas deficiencias incluyen
objetivos confusos, estructuras organizacionales sobrecentralizadas, procesos anticuados e inflexibles y sistemas de
administración obsoletos. Las instituciones de gobierno también sufren de una carencia de orientación de servicio al cliente, al
carecer de un adecuado sistema de medida del desempeño. Su estructura de personal es extensa, y generalmente no tienen
las habilidades administrativas esenciales. Por otro lado, la falta de continuidad funcionaria, la ineficiencia de sus sistemas de
gestión, la falta de personal capacitado ha llevado a la institucionalización de la corrupción.
A finales de los años 80 se definió el proyecto SAFCO, como una respuesta a la necesidad de modernizar el funcionamiento de
los sistemas de administración financiera y de control. Ello con el objeto de hacer más eficiente y eficaz la gestión de la
administración pública y atacar totalmente la corrupción. Pese a las intenciones de los sucesivos gobiernos, manifestadas a
través del apoyo al proyecto SAFCO y a sus continuador ILACO, la gestión pública todavía sufre en alto grado de ineficacia e
ineficiencia. La implantación de control y administración de la Ley SAFCO ha sido parcial. Por otro lado, la normativa existente y
los sistemas que rigen la administración pública además de incompletos son profusos, dispersos y, en algunos casos
contradictorios.
Objetivos
La reforma institucional del sector público boliviano busca hacer más eficiente y transparente la administración del Estado para
mejorar su capacidad de gestión, de provisión de servicios y de formulación y ejecución de políticas públicas.

35. El Gobierno busca que la Reforma y Modernización Institucional de cada entidad sea coherente e integral, en vez de una serie
de intervenciones ad hoc. Las intervenciones serán dirigidas estratégicamente hacia mejoras en los procesos donde le valor
percibido sea mayor desde el punto de vista usuario. Las intervenciones serán realizadas dentro del marco de una propuestas
de reforma bien definida e integrada, presentada en un Acuerdo de Reforma Institucional.
La Comisión Nacional de Integridad subscribirá con cada una de las entidades piloto un Acuerdo de Reforma Institucional (ARI)
como instrumento para el diseño e implementación de un proceso de reforma coherente en el Ministerio. El ARI resaltará los
objetivos principales de la reforma, los compromisos del Ministerio, fijando objetivos y metas debidamente cuantificadas, así
como el plan de acción de acción. El ARI considerará el conjunto completo de las actividades de modernización que deberán
ser llevadas a cabo por el Ministerio, sean o no financiadas por el Proyecto. En particular, el ARI establecerá mecanismos de
coordinación con otros esfuerzos de modernización (p.ej. ILACO). Cabe mencionar, que las instituciones piloto han sido
seleccionadas por el grado de compromiso de sus responsables, así como por factores tales como su importancia sectorial, la
iniciación de reformas complementarias dentro de estas organizaciones.
Actividades
Este subcomponente integra las reformas que se realizarán en las siguientes instituciones: Ministerio de Hacienda; Ministerio
de Vivienda y Servicios Básicos; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Instituto Nacional de Estadística (INE)
y Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
Para llevar a acabo estas reformas el proyecto financiará la asistencia técnica, la creación de unidades ejecutoras de la reforma
de cada institución, los costos increméntales de la nueva escala salarial de los empleados a ser contratados por el nuevo
Servicio Civil y la capacitación de dicho personal. La reforma está orientada a 3 elementos principales: i) reestructuración
organizacional, ii) adecuación normativa, y iii) servicio civil.
Reestructuración Organizacional: La reestructuración incluirá fortalecimiento, completar la descripción de las posiciones, el
cambio administrativo, los sistemas de información, la reingenería de procesos, el mejoramiento de la infraestructura, etc. Las
intervenciones estarán enmarcadas en un Acuerdo de Reforma institucional con cada institución. Básicamente, ñla
reestructuración organizacional consistirá en asistencia técnica, provista por consultorías internacionales.
Adecuación Normativa: El proyecto facilitará la reforma del marco legal relacionada a la misión, funcionamiento de la
organización incluyendo la elaboración e implementación de la estructura regulatoria prevista por la Ley SAFCO.
Servicio Civil: El proyecto financiará la nueva estructura de cargos acorde con el diseño organizacional. Entre otras cosas, el
proyecto posibilitará el diseño de una nueva escala salarial competitiva en el mercado laboral y que se ajuste a las
disponibilidades presupuestarias de cada institución. El proyecto financiará la renovación de los recursos humanos de las
instituciones piloto estableciendo mecanismos para asegurar un proceso transparente de reclutamiento promoción y remoción
basado en el mérito, la competencia y el desempeño. Asimismo, el proyecto financiará algunas actividades de capacitación de
los recursos humanos de las instituciones piloto.
Las reformas institucionales del Servicio de Adunas y el Servicio Nacional de Impuestos Internos difiere de las reformas
institucionales de los ministerios y del INE. Ambos Servicios serán sometidos a un régimen especial. En ambos casos las
actividades previstas serán objeto de un cofinanciameito por diferentes agencias internacionales.
2. Reforma y Modernización del Servicio Nacional de Impuestos Internos.
Antecedentes
Los servicios dedicados a recaudación tributaria, tanto de aduanas como de impuestos internos, se caracterizan por su falta de
transparencia y su manejo altamente político. En el caso del Servicio Nacional de Impuestos Internos (SNII), la Reforma
Tributaria del año 1986 y los Proyectos de Fortalecimiento a la Administración Tributaria financiados por el PNUD y BID han
permitido un avance sustancial en el desarrollo institucional de la institución. Lo que se ha traducido en avances en los
procesos de recaudación, permitiendo un incremento sostenido en la recaudación de impuestos. El proyecto busca dar
continuidad al proceso dando una mayor atención a las áreas de recursos humanos, fiscalización y los sistemas de
organización y gestión.
Objetivos

36. El objetivos central del proyecto es resolver de manera estructural las deficiencias administrativas, que dan lugar a prácticas de
corrupción condenadas por la población en general y en particular por los usuarios de estos servicios, y que causan uno de los
mayores daños económicos al estado reflejado en los todavía bajos niveles de ingresos fiscales.
Actividades
La reforma y modernización del Servicio Nacional de Impuestos Internos tiene los siguientes subcomponentes: i) Mejora de
Procesos, y ii) Organización y Gestión. El subcomponente Mejora de Procesos será financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). El subcomponente de Organización y Gestión será cubierto por la Asociación Internacional de Fomento del
Banco Mundial.
Mejora de Procesos: Este subcomponente integra las siguientes acciones: i) Servicio al cliente; ii) Sistemas Informáticos; iii)
Procedimientos Legales y Normativos; iv) Fiscalización
Servicio al Cliente: Las actividades de este subcomponente buscan ampliar la cobertura de asistencia al contribuyente a
escala nacional.
Sistemas Informáticos: El proyecto financiara la prosecución de los sistemas de información existentes actualmente en el SNI,
así como el diseño y desarrollo de los que sistemas que se requieran en el área de fiscalización.
Procedimientos Legales y Normativos: Incluye las modificaciones al Código Tributario, así como sus reglamentos. En esta
área el proyecto dará especial atención a los procedimientos de recuperación de la mora tributaria y a la simplificación de
procesos.
Fiscalización: A partir de los sistemas de información implementados, se busca desarrollar las herramientas necesarias para
facilitar los procesos de fiscalización. El gobierno busca aumentar la fiscalización, lo que permitirá reducir los niveles de
evasión.
Organización y Gestión: Incluye las siguientes acciones: i) Recursos humanos, ii) Sistemas de gerencia y iii) Lucha contra la
corrupción.
Recursos Humanos: Incorporar al personal de impuestos internos al programa de servicio civil, desarrollar programas de
capacitación permanente, implementar políticas de asignación de recursos humanos. El proyecto financiara el desarrollo de la
Ley de la Carrera Administrativa del Servicio Nacional de Impuestos y el Código de Etica
Sistemas de gerencia: Implementación de sistemas de planificación y de diferentes sistemas contemplados en la Ley SAFCO.
Asimismo se implementarán sistemas de gestión por resultados.
Lucha contra la corrupción: El proyecto busca desarrollar sistemas que permitan mejorar la lucha contra la corrupción. (p. Ej.
Sistema seguimiento de los casos con indicio de corrupción). Por otro lado, el proyecto mejorará el control interno de
supervisión de los procesos tributarios y el desempeño de los funcionarios en los procesos tributarios.
3. Reforma y Modernización del Servicio Nacional de Aduanas.
Antecedentes
El Servicio Nacional de Aduanas adolece de los mismos problemas que el Servicio Nacional de Impuestos Internos, pero la
situación en Aduanas es aún más grave. Actualmente, el Servicio Nacional de Aduanas atraviesa por problemas estructurales
que se traducen en la provisión de un servicio deficiente con efectos significativos reflejados en trámites burocráticos y lentos,
descontrol del contrabando, debilidad institucional para defender los intereses del Estado y corrupción.
Al igual que el SNII en aduana se han ejecutado programas de reforma, pero que no han tenido el mismo impacto y resultados
en materia de modernización institucional, por lo que al presente subsisten graves problemas de administración y altos niveles
de evasión tributaria como resultado de la falta de sistemas transparentes en el manejo del comercio exterior.
Objetivos

37. Al igual que en el SNII, el objetivo central es resolver de manera estructural las deficiencias administrativas, con objeto de
eliminar la corrupción y de mejorar los ingresos fiscales.
Actividades
Para responder a esta crisis institucional de Aduana el Gobierno ha elaborado el Programa de Reforma y Modernización de la
Administración Aduanera que tiene los siguientes componentes: i) Organización y Gestión, y ii) Procesos Aduaneros.
Organización y gestión: Este componente integra: i) Sistemas de Planificación y SAFCO, ii) Estructura Organizacional, iii)
Carrera Administrativa, iv) Lucha Contra la Corrupción, v) Recursos Humanos, vi) Gestión de Operaciones
Sistemas de Planificación y SAFCO: Implementar los sistemas de planificación que proporcionen instrumentos adecuados
para la planificación y programación de la gestión. Así como los sistemas contemplados en la Ley SAFCO.
Estructura Organizacional: Definir una nueva estructura que asegure el cumplimiento de objetivos y facilite la gestión de los
operaciones aduaneras.
Carrera Administrativa: Crear un marco normativo para la gestión de los Recursos Humanos que incluya la selección,
evaluación, promoción y movilidad funcionaria de la institución.
Lucha Contra la Corrupción: Implementar sistemas de control interno que coadyuven a la transparencia de los procesos
basados en la separación de funciones y competencias, el control de decisiones sensibles y inspecciones periódicas de
resultados.
Recursos Humanos: Incorporar al personal de aduanas al programa de Servicio Civil, desarrollar programas de capacitación
permanente, implementar políticas para la asignación de recursos humanos, desarrollar un Código de Etica para definir las
normas de conducta del personal.
Gestión de Operaciones: Mejorar la legislación aduanera al contexto actual del comercio exterior, elaborar manuales de
funciones y de políticas operativas, supervisar y controlar las operaciones en las unidades desconcentradas.
Procesos Aduaneros: Incluye: i) Procesos Unidades Desconcentradas, ii) Procesos de Control Expost, iii) Normativa y
legislación, iv) Informática y comunicaciones.
Procesos de las Unidades Desconcentradas: Desarrollo de nuevos procedimientos con la aplicación del principio de la
"Buena Fe" y la disminución de las inspecciones físicas en los trámites de desaduanamiento de las mercancías.
Procesos de Control Expost: Rediseñar los procesos de fiscalización para llegar sobre un mayor número de operadores de
comercio exterior con efectividad, implementar sistemas de intercambio de información con instituciones nacionales e
internacionales, implementar sistemas para el seguimiento de procesos y la cobranza coactiva.
Normativa y Legislación: Actualizar la normativa de acuerdo a las tendencias actuales del comercio exterior y la visión general
de los procesos aduaneros.
Informática y Comunicaciones: Adaptar e implementar un software especializado en la operativa aduanera e implementar un
sistema de comunicaciones a nivel nacional.
Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora
El componente de fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto financiará el persona, equipamiento y mobiliario
necesarios para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora, así como las actividades de difusión y capacitación interna.
Antecedentes
La Comisión nacional de Integridad quién tiene la responsabilidad entre otras de analizar, coordinar y concertar políticas en
materia de modernización del Estado, administración de justicia y lucha contra la corrupción. La Secretaría Técnica de la
Comisión es ejercida por la Unidad Técnica de la Comisión, esta Unidad es responsable de hacer seguimiento de los
pronunciamientos de la Comisión, así como administrar la ejecución de los programas y proyectos que se acuerden por la
Comisión. La Unidad Técnica está bajo la tuición de la Vicepresidencia de la República.

38. La Unidad Técnica es la responsable de coordinar y realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto. Para establecimiento y
funcionamiento el proyecto financiará el personal, equipamiento y mobiliario necesarios.
Objetivos
La coordinación del proyecto por la Unidad Técnica garantiza la plena integración del Proyecto con la Comisión Nacional de
Integridad. Por otro lado, la Vicepresidencia por su importancia institucional permite la integración del proyecto con los poderes
judicial y legislativo poderes, además de contribuir a la adhesión del ejecutivo.
Actividades
La Unidad Técnica coordinará y manejará los aspectos administrativos y de desembolso relacionados la contratación de
consultores, financiamiento de salarios, y la provisión de bienes y equipos bajo este proyecto. La Unidad Técnica está
conformada por un reducido pero experimentado equipo profesional. Integran la Unida el Director del Proyecto, un experto en
adquisiciones, un coordinador administrativo financiero, y consultores asignados a supervisar los componentes centrales del
proyecto.
Las actividades financiadas por el proyecto dentro de este componente son: i) Sistema de Administración, ii) Costos Operativos,
y iii) Capacitación y Difusión.
Sistema de Administración: El proyecto financiará el establecimiento de un sistema de administración financiera. Este sistema
permitirá a la Unidad Técnica preparar y dirigir las transacciones financieras y hacer el seguimiento del progresión del proyecto.
Costos Operativos: El proyecto financiará el persona, equipamiento y mobiliario necesarios para el funcionamiento de la
Unidad Ejecutora, así como las actividades de difusión y capacitación interna.
Capacitación y Difusión: El proyecto financiará parte de las actividades de capacitación del personal de la unidad así como la
difusión de los resultados alcanzados.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
Preámbulo
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden
moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;
CONSIDERANDO que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la
región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos
de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;
PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la
economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social;
RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la
finalidad de materializar sus propósitos;
CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y
gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha
contra la corrupción;
RECONOCIENDO que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada
de los Estados para combatirla eficazmente;
CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación
internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan
actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como
respecto de los bienes producto de estos actos;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes
del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la
sociedad, en todos los niveles;

39. TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y
que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y
DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las
funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio,
HAN CONVENIDO
en suscribir la siguiente
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Artículo I
Definiciones
Para los fines de la presente Convención, se entiende por:
"Función pública", toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en
nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
"Funcionario público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor público", cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus
entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre
del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.
"Bienes", los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales
que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
Artículo II
Propósitos
Los propósitos de la presente Convención son:
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de
corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
Artículo III
Medidas preventivas
A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de
medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:
1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán
estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los
funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los
funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que
tengan conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la
gestión pública.
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.
3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las
normas éticas que rigen sus actividades.
4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones
públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda.

40. 5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que
aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.
6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción.
7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la
legislación contra la corrupción de los Estados Partes.
8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción,
incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico interno.
9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las
prácticas corruptas.
10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar
que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle
la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal
detectar actos de corrupción.
11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los
esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad
en el servicio público.
Artículo IV
Ámbito
La presente Convención es aplicable siempre que el presunto acto de corrupción se haya cometido o produzca sus efectos en
un Estado Parte.
Artículo V
Jurisdicción
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya
tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio.
2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que
haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una
persona que tenga residencia habitual en su territorio.
3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya
tipificado de conformidad con esta Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no lo extradite a
otro país por motivo de la nacionalidad del presunto delincuente.
4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción penal establecida por una Parte en
virtud de su legislación nacional.
Artículo VI
Actos de corrupción
1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción:
a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones
públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo
o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones
públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese
funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus
funciones públicas;

41. c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en
el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;
d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente
artículo; y
e. La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de
comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.
2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más Estados Partes, en relación con
cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.
Artículo VII
Legislación interna
Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para
tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción descritos en el Artículo VI.1. y para facilitar la cooperación
entre ellos, en los términos de la presente Convención.
Artículo VIII
Soborno transnacional
Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y
sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus
nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor
pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita
cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, éste será considerado un acto de
corrupción para los propósitos de esta Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la asistencia y cooperación previstas en esta
Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.
Artículo IX
Enriquecimiento ilícito
Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo
hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un
funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no
pueda ser razonablemente justificado por él.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de
corrupción para los propósitos de la presente Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la asistencia y cooperación previstas en esta
Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.
Artículo X
Notificación
Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se refieren los párrafos 1 de los artículos VIII y IX, lo notificará al
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, quien lo notificará a su vez a los demás Estados Partes. Los
delitos de soborno transnacional y de enriquecimiento ilícito serán considerados para ese Estado Parte acto de corrupción para
los propósitos de esta Convención, transcurridos treinta días contados a partir de la fecha de esa notificación.
Artículo XI
Desarrollo progresivo

42. 1. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y la consecución de los objetivos de
esta Convención, los Estados Partes estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificación en sus legislaciones de las
siguientes conductas:
a. El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una persona que
ejerce funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en razón
o con ocasión de la función desempeñada.
b. El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una persona
que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, a
los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada.
c. Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por persona interpuesta o actuando como
intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente
para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado.
d. La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios públicos, de bienes muebles
o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran
percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa.
2. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, éstos serán considerados actos de corrupción para los
propósitos de la presente Convención.
3. Aquellos Estados Partes que no hayan tipificado los delitos descritos en este artículo brindarán la asistencia y cooperación
previstas en esta Convención en relación con ellos, en la medida en que sus leyes lo permitan.
Artículo XII
Efectos sobre el patrimonio del Estado
Para la aplicación de esta Convención, no será necesario que los actos de corrupción descritos en la misma produzcan
perjuicio patrimonial al Estado.
Artículo XIII
Extradición
1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los Estados Partes de conformidad con esta Convención.
2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a
extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales
delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí.
3. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado
Parte, con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de
la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
4. Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el
presente artículo como casos de extradición entre ellos.
5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación del Estado Parte requerido o por los tratados de
extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se puede denegar la extradición.
6. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se deniega en razón únicamente de la
nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque el Estado Parte requerido se considere competente, éste presentará
el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, a menos que se haya convenido otra cosa con el Estado
Parte requirente, e informará oportunamente a éste de su resultado final.
7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras
haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente,
proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas
adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.

43. Artículo XIV
Asistencia y cooperación
1. Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia recíproca, de conformidad con sus leyes y los tratados aplicables,
dando curso a las solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la
investigación o juzgamiento de los actos de corrupción descritos en la presente Convención, a los fines de la obtención de
pruebas y la realización de otros actos necesarios para facilitar los procesos y actuaciones referentes a la investigación o
juzgamiento de actos de corrupción.
2. Asimismo, los Estados Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica mutua sobre las formas y métodos más
efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción. Con tal propósito, propiciarán el intercambio de
experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los órganos e instituciones competentes y otorgarán especial atención a
las formas y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.
Artículo XV
Medidas sobre bienes
1. De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en
vigencia entre ellos, los Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, el
rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados
de conformidad con la presente Convención, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.
2. El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de otro Estado Parte, con respecto a los bienes o
productos descritos en el párrafo anterior, de este artículo, dispondrá de tales bienes o productos de acuerdo con su propia
legislación. En la medida en que lo permitan sus leyes y en las condiciones que considere apropiadas, ese Estado Parte podrá
transferir total o parcialmente dichos bienes o productos a otro Estado Parte que haya asistido en la investigación o en las
actuaciones judiciales conexas.
Artículo XVI
Secreto bancario
1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el Estado Parte requirente
amparándose en el secreto bancario. Este artículo será aplicado por el Estado Parte requerido, de conformidad con su derecho
interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte
requirente.
2. El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario que reciba, para ningún
fin distinto del proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorización del Estado Parte requerido.
Artículo XVII
Naturaleza del acto
A los fines previstos en los artículos XIII, XIV, XV y XVI de la presente Convención, el hecho de que los bienes obtenidos o
derivados de un acto de corrupción hubiesen sido destinados a fines políticos o el hecho de que se alegue que un acto de
corrupción ha sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho acto
como un delito político o como un delito común conexo con un delito político.
Artículo XVIII
Autoridades centrales
1. Para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en el marco de esta Convención, cada Estado
Parte podrá designar una autoridad central o podrá utilizar las autoridades centrales contempladas en los tratados pertinentes u
otros acuerdos.
2. Las autoridades centrales se encargarán de formular y recibir las solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la
presente Convención.
3. Las autoridades centrales se comunicarán en forma directa para los efectos de la presente Convención.

44. Artículo XIX
Aplicación en el tiempo
Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados vigentes entre los
Estados Partes, el hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Convención, no impedirá la cooperación procesal penal internacional entre los Estados Partes. La presente
disposición en ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la ley penal ni su aplicación interrumpirá los plazos de
prescripción en curso relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en vigor de esta Convención.
Artículo XX
Otros acuerdos o prácticas
Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada en el sentido de impedir que los Estados Partes se presten
recíprocamente cooperación al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, vigentes o
que se celebren en el futuro entre ellos, o de cualquier otro acuerdo o práctica aplicable.
Artículo XXI
Firma
La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo XXII
Ratificación
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de
la Organización de los Estados Americanos.
Artículo XXIII
Adhesión
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo XXIV
Reservas
Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a
ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósitos de la Convención y versen sobre una o más disposiciones
específicas.
Artículo XXV
Entrada en vigor
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo
instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el
segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya
depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo XXVI
Denuncia
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualesquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de
denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año,
contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado
denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados Partes.
Artículo XXVII
Protocolos adicionales

45. Cualquier Estado Parte podrá someter a la consideración de los otros Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención con el objeto
de contribuir al logro de los propósitos enunciados en su Artículo II.
Cada protocolo adicional fijará las modalidades de su entrada en vigor y se aplicará sólo entre los Estados Partes en dicho
protocolo.
Artículo XXVIII
Depósito del instrumento original
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos,
será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su
texto para su registro de publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de
las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros
de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de
ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.