El documento resume las acusaciones de la organización Artículo 19 sobre las fallas del gobierno mexicano para prevenir y garantizar la libertad de prensa, citando cifras de agresiones y asesinatos de periodistas. También critica a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada, y el Mecanismo de Protección por su incapacidad de investigar crímenes o proteger periodistas. Otras organizaciones acusan al gobierno de violar la libertad de expresión y perpetuar la impunidad. Finalmente, se present

1. Los casos de agresiones a periodistas
El caso del estado general de las agresiones a periodistas en México, presentado por la
organización Artículo 19. En éste se presentaron cifras sobre las agresiones y asesinatos de
periodistas en todo el país a lo largo de los últimos años, así como una serie de
señalamientos sobre las fallas y omisiones que, desde el gobierno y sus instancias, han
permitido las escaladas de violencia contra periodistas. Las acusaciones se presentaron
contra: el Estado mexicano por incumplir con su obligación de prevenir y garantizar el
derecho a informar y ser informados; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por no
generar recomendaciones específicas a funcionarios públicos agresores de la prensa; la
Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)
por su incapacidad de investigar los delitos cometidos contra la libertad de expresión; el
Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por
su incapacidad e inefectividad para proteger a periodistas y medios de comunicación
amenazados por su labor informativa; el Congreso Mexicano por no realizar las
adecuaciones legislativas que permitan garantizar la protección de periodistas y medios
amenazados por su labor; los gobiernos estatales y las procuradurías locales por su
incapacidad para garantizar la libertad de expresión e investigar los delitos cometidos contra
la prensa; al poder judicial por la impunidad que impera en los casos donde se consigna a los
agresores de la prensa; a las fuerzas de seguridad del país por la falta de protocolos para
atender y tratar a la prensa; al Gobierno del Distrito Federal por no garantizar la seguridad de
periodistas que documentan la protesta y por su falta de capacidad para castigar a los
responsables de estas agresiones.
La red Periodistas de a Pie también completó el cuadro de agresiones a la prensa. Atribuyó
que hemos llegado a esta situación por la enorme impunidad que impera en el país; por el
servilismo de parte de los directores de medios ante las autoridades; por la falta de una
organización gremial sólida e independiente y a la falta de profesionalización de los
reporteros y periodistas. Acusaron al Estado mexicano de violar los derechos de libre
expresión y opinión de los periodistas y la sociedad mexicana; a la Secretaría de
Gobernación por simular una política garantista y de protección de los periodistas ante la
comunidad internacional, valiéndose de un convenio con Freedom House (USAID); a la
Procuraduría General de la República y a la FEADLE de no investigar a profundidad las

2. agresiones en contra de periodistas y así perpetuar la impunidad y la violencia; a la CNDH de
no emitir medidas cautelares adecuadas en tiempo y forma; a los gobiernos locales de no
emprender acciones preventivas de protección, obstaculizar investigaciones y criminalizar a
los periodistas.
Se presentaron los casos emblemáticos de la periodista Regina Martínez reportera de la
revista Proceso (asesinada el 27 de abril de 2012) y el de Gregorio Jiménez reportero de
información policiaca de tres periódicos: Notisur, Liberal del Sur y La Red (secuestrado el 5
de febrero de 2014 y encontrado muerto cinco días después). Al respecto se acusa al
gobierno de Veracruz, a diversos funcionarios por incumplimiento o violación de
procedimientos. Al presidente Peña Nieto y la Procuraduría General de la República (PGR)
por no atraer los casos al ámbito federal, a la FEADLE por incumplimiento de función, a la
CNDH por omisión y a los medios de comunicación por mantener un esquema de
condiciones laborales que pone en peligro la vida de los reporteros.