Informe sobre libertad de prensa en la Argentina que se presentó en la 71ª Asamblea General de la SIP.

1. SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA
ARGENTINA
Informe Asamblea
Charleston, octubre 2015
En tres semanas, la Argentina tendrá elecciones presidenciales que
marcarán el comienzo del cierre de un ciclo de 12 años de gobierno, en el
que la prensa ha vivido su período más adverso desde el regreso de la
democracia.
Los obstáculos que ha encontrado el periodismo son, con matices, los
mismos que se registraron en esta etapa en otros países latinoamericanos
que tuvieron gobiernos intolerantes respecto de las voces críticas.
Uso de recursos públicos para montar gigantescos aparatos
comunicacionales destinados a la deslegitimación del periodismo
independiente y de la oposición; partidización de los medios públicos;
distribución discriminatoria de la pauta oficial con el objetivo de cooptar a
sus beneficiarios o castigar a los medios no adictos; aplicación selectiva de
normas para perseguir la disidencia; arbitrariedad en la asignación de
frecuencias de televisión digital abierta; sanción de leyes específicas para
desarticular a medios críticos y favorecer a voces oficialistas; presión a los
anunciantes privados para quebrar las ecuaciones económicas de las
empresas periodísticas; utilización de los organismos de control y de los
servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar; negativa a
brindar información a periodistas críticos; destierro de las conferencias de
prensa presidenciales; empleo de cadenas nacionales con fines proselitistas;
discurso oficial estigmatizante para los periodistas.
Desde la presentación del último informe sobre la Argentina en la
reunión de mitad de año en Panamá, se siguieron presentando ataques y
dificultades para el ejercicio de la actividad.
La presidenta Cristina Kirchner habló en 40 oportunidades por cadena
nacional en lo que va del año. Buena parte de ellas fueron empleadas para
destacar su gestión, alejándose de lo establecido en la ley de medios

2. sancionada durante su presidencia, que prescribe el uso de esa herramienta
"en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional".
En reiteradas ocasiones estas han sido, en cambio, vehículo de
manifestaciones injuriosas dirigidas contra la prensa, como ocurrió el
pasado 5 de agosto, al comparar a magistrados, periodistas y medios que se
ocupan de presuntos hechos de corrupción con los grupos de tareas que
secuestraban, torturaban y mataban durante la dictadura militar.
En este contexto de ataques permanentes a las empresas periodísticas,
preocupa el impulso por parte del Gobierno de un proyecto de ley que ya
tiene media sanción, tendiente a crear una comisión de neto carácter
político que apunte a denigrar al sector empresario, asociándolo con la
dictadura militar de hace 40 años. Todo ello al margen del Poder Judicial y
eludiendo, por ende, las garantías del debido proceso.
Los gastos en difusión y propaganda oficial del Estado nacional
cerrarán el segundo mandato de Cristina Kirchner en un monto cercano a
los 900 millones de dólares a tipo de cambio oficial.
Una cifra todavía superior será empleada en Fútbol para Todos,
programa estatal que televisa las competencias futbolísticas de primera
división y que tiene al Estado nacional como anunciante prácticamente
exclusivo.
El primer semestre de este año concluyó con una erogación de más
de 145 millones de dólares en pauta oficial. Su arbitraria asignación
respondió, en gran medida, a intereses electorales y actuó como
combustible indispensable para medios alineados con el discurso oficial.
Este doble estándar se refleja también en otras políticas de medios,
como la asignación de frecuencias audiovisuales. Días atrás, la editorial
Perfil denunció haber sido excluida de un concurso de televisión digital por
su línea editorial.
El trabajo periodístico fue perturbado por numerosos actos de
violencia e intimidación. En abril, el periodista Rodrigo Mansilla, de FM El
Chubut y diario El Chubut, fue golpeado y amenazado por un empleado del
municipio con cargo de secretario a raíz de su trabajo periodístico.
En julio, la garita de seguridad del edificio del periodista Jorge Lanata
fue apedreada y en el lugar fueron encontrados casquillos de bala
aparentemente arrojados con intención intimidatoria.

3. En agosto, el camarógrafo Jorge Ahualli, del canal de cable CCC, de
Tucumán, fue golpeado cuando filmaba el reparto de alimentos por parte de
militantes políticos en pleno proceso electoral en esa provincia.
Muchos de los ataques registrados en este período están vinculados a
la cobertura de casos de narcotráfico, fenómeno que crece de manera
alarmante en nuestro país.
Entre otros casos, se puede mencionar el de un grupo de empleados de
los canales 5 y El Tres y del diario La Capital, todos de la ciudad de
Rosario, quienes fueron amenazados y agredidos cuando realizaban
crónicas sobre un homicidio atribuido a bandas de narcotraficantes.
Maximiliano Pascual, del periódico La Posta Hoy, de Arroyo Seco
(provincia de Santa Fe), quien viene informando sobre el caso de
narcotráfico denominado “Carbón Blanco”, sufrió cortes con arma blanca
en sus orejas por parte de desconocidos.
Otros hechos interfirieron con el normal desenvolvimiento de medios
de comunicación en los últimos seis meses.
En junio, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la
validez de leyes que obligan a los medios gráficos de esa provincia a ceder
una página diaria a los partidos políticos durante los 10 días previos a cada
elección provincial.
En julio, y por más de dos meses, un juez interino resolvió en 24 horas
el bloqueo de todas las cuentas bancarias de la empresa editora del diario El
Tribuno, de Salta. Fue una medida inaudita y claramente excesiva, tras una
demanda por difamación promovida por el ministro de Economía de esa
provincia, que se enmarca en una ofensiva del gobierno local contra el
periódico.
En septiembre, el diario Democracia, de Junín (Provincia de Buenos
Aires), sufrió un corte abrupto en el suministro de pauta publicitaria
municipal en represalia por informaciones críticas a la gestión del
intendente de esa localidad.
Luego de las próximas elecciones, una nueva gestión podrá atender las
asignaturas pendientes en materia de libertad de expresión.
La Argentina no cuenta con una ley nacional de acceso a la
información pública ni con normas que regulen la distribución de la pauta
oficial.
El país mantiene disposiciones discriminatorias en materia impositiva
que recaen sobre medios gráficos.

4. También leyes específicas y artículos de los códigos de fondo que
afectan la libertad de prensa y que deben ser revisados.
Carece de normativas que contemplen la defensa de los derechos
sobre los contenidos periodísticos que atiendan los desafíos que plantea el
ecosistema digital.
Los medios públicos no deben seguir siendo usados como
instrumentos políticos de gobiernos de turno y las conferencias de prensa
tienen que volver a integrar la dinámica democrática.
Y un punto central: la hostilidad contra los medios y el periodismo,
una de las marcas distintivas de la gestión gubernamental de los últimos
años, debe ser reemplazada por un discurso que apueste al diálogo y a la
convivencia armónica de los argentinos.