El documento discute la situación del periodismo en México tras el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y otras víctimas, exigiendo una investigación exhaustiva y urgente por parte de la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión. Se critica la falta de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, así como la creciente impunidad en estos casos, que han llevado a un ambiente de inseguridad y autocensura. Diversas organizaciones demandan al estado mexicano el cumplimiento de sus responsabilidades en la protección de estos individuos y el acceso a la justicia.