1. Agua, oro y 'fracking'
César Rodríguez Garavito. El Espectador, Bogotá, 25 agosto 2014
Mientras escasea el agua en el país, el Gobierno y la Procuraduría
parecen empeñados en arriesgar las fuentes hídricas y cerrarles el
paso a los ciudadanos que las defienden.
Un primer riesgo es bien conocido: la minería de oro a cielo abierto y
gran escala, que precisa cantidades ingentes de agua para
desentrañar de las rocas las chispas doradas. Por ejemplo, para
extraer los 24 millones de onzas de oro que tendría la mina de La
Colosa, en Cajamarca (Tolima), serían necesarios nueve millones de
metros cúbicos de agua y cuatro millones de kilos de cianuro anuales,
según Semana Sostenible. Agua que vendría del río Coello y otros
que han nutrido la economía arrocera del Tolima y terminaría en un
lago artificial de químicos y escombros en el municipio de Piedras u
otro cercano a Ibagué.
Por eso los habitantes y las autoridades de la región han venido
usando el mecanismo constitucional de las consultas populares para
tener voz en las decisiones sobre el futuro del agua, la agricultura y
el medio ambiente, como lo hicieron el año pasado en Piedras. Por
eso también países como Costa Rica, que apuestan en serio por el
desarrollo sostenible, han prohibido la minería de oro a cielo abierto.
Cabría esperar que el Gobierno Nacional (que se muestra alarmado
por la sequía en otros departamentos) y la Procuraduría (que tiene el
deber constitucional de proteger el medio ambiente) respaldaran a
los protectores del agua en Tolima, Casanare, Santander, Antioquia y
2. otros lugares. En realidad pasa lo opuesto. La Procuraduría sigue
disuadiendo a las autoridades locales para que desatiendan los
pedidos ciudadanos de consultas populares, como lo hizo la semana
pasada en las sesiones del Concejo de Cajamarca. En contravía de un
fallo reciente de la Corte Constitucional (C-123 de 2014) y de
la posición de la misma Procuraduría en ese caso, advierte a los
alcaldes y concejales que podría sancionarlos por hacer las consultas.
El Gobierno, que ha defendido la misma postura, se perfila hacia una
promoción enconada de la minería y una oposición activa al
movimiento por el agua. Así se entiende el nombramiento de un débil
ministro de Ambiente y la prioridad encargada al vicepresidente
Vargas Lleras y el nuevo ministro de Minas de acelerar la locomotora
minera y la expedición de licencias de explotación.
Lo cual nos lleva al otro riesgo que se cierne sobre las fuentes de
agua: los planes gubernamentales de otorgar licencias, sin estudios
suficientes, para la explotación de gas mediante la técnica del
fraccionamiento hidráulico (fracking). Como se sabe, el fracking
requiere más agua que la minería tradicional, por consistir en grandes
inyecciones del líquido a presión, a fin de liberar el gas atrapado en
las rocas subterráneas. Lo que se sabe menos es que, precisamente
por el impacto que puede tener sobre el agua, el fracking ha sido
prohibido o suspendido en Alemania, Francia, Sudáfrica y en
departamentos y municipios de Canadá, España y Estados Unidos
(incluyendo el estado de Nueva York y 418 localidades). En varios de
esos lugares los ciudadanos se han manifestado en consultas
populares como las que erróneamente condena la Procuraduría.
En vista de la incertidumbre y lo mucho que está en juego, lo
procedente sería declarar una moratoria del fracking, como lo
propusieron Diana Rodríguez y Celeste Kauffman en nuestro blog de
La Silla Vacía, así como el exministro Manuel Rodríguez en su
columna en El Tiempo. Antes de que sea tarde.
* Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravi
Dirección web fuente:
http://www.elespectador.com/opinion/agua-oro-y-fracking-columna-
512752
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